sábado, 18 de agosto de 2012

CONGRESOS LOCALES


JOSÉ WOLDENBERG

Como se sabe, el 1o. de julio también se eligieron 15 congresos locales (bueno, contando la Asamblea del DF). Resultan importantes no sólo porque son el Poder Legislativo local, sino porque de su composición dependen, en principio, los márgenes de acción, en ese campo, del Ejecutivo.
Pues bien, su composición no deja de ser elocuente. En siete no habrá mayoría absoluta de diputados de ningún partido; en cuatro, el PRI tendrá esa mayoría; en tres, el PRD, y en una, el PAN. En los primeros siete se requerirá de acuerdos para hacer avanzar cualquier iniciativa, y en los otros ocho, de inicio, algún partido puede hacer prosperar sus deseos sin la concurrencia de los otros.
En Campeche, el PRI ganó 20 de los 21 distritos de mayoría relativa; en Chiapas, el PRI tendrá 21 de 40 diputados (luego del reparto de uni y plurinominales); en el Estado de México, 41 de 75, y en Yucatán, 15 de 25. En esas cuatro entidades, además, el gobernador es del mismo partido, aunque en Chiapas se trate de un militante del PVEM, al que también postuló el PRI. Son los estados en los que sus respectivos gobernadores tienen condiciones propicias para hacer avanzar sus iniciativas.
Por su parte, el PRD ganó 34 de 66 diputados en la Asamblea Legislativa del DF; 27 de 46 diputados en el Congreso de Guerrero y 21 de 35 en Tabasco. Al igual que el PRI en las anteriores cuatro entidades, en estas tres, el jefe de Gobierno y los gobernadores también son del PRD por lo que especulativamente tienen buenas condiciones para que sus propuestas prosperen en el Legislativo local.
El PAN solamente en Guanajuato logró eso. "Su gobernador" será acompañado por 19 diputados de un total de 36.
En siete entidades, sin embargo, como ya apuntábamos, la negociación entre partidos (o bancadas) será necesaria. Colima tendrá 11 diputados del PRI, 7 del PAN, 3 del Panal, 2 del PRD, 1 del PVEM y 1 del PT. En Jalisco, el PRI tendrá 17 diputados, 15 el PAN, 5 MC y 2 PRD. En Morelos, el PRD-PT-MC logró 13, PRI-Panal 8, PAN 4, PVEM 3 y el Partido Socialdemócrata (local) 2. En Nuevo León, el PAN tendrá 20, el PRI-PVEM 15, el Panal 3, el PRD 2, el PT 2. En Querétaro, el PAN alcanzó 10, el PRI 6, la Coalición PRI-PVEM-Panal 4, Panal 2, PVEM 1, PRD 1, MC 1. En San Luis Potosí, la distribución fue la siguiente: PRI 9, PAN 6, PVEM 5, PRD 2, Panal 2, PT 1, MC 1 y un partido local 1. En Sonora la coalición PAN-Panal ganó 10 distritos (bueno, en uno fue solo el PAN) y la del PRI-PVEM otros 10. (En los datos de la página del Consejo Estatal Electoral de Sonora no aparecen los resultados de un distrito, el V, Nogales Sur). Al repartir los plurinominales ambas coaliciones quedan con 15 diputados cada una y dos más son para el PRD. (Todos los datos, salvo los de Sonora, están tomados de la revista Voz y voto 234. Agosto, 2012).
Esas cifras resultan interesantes para observar la distribución del poder en las entidades, pero sirven también para discurrir en torno a las dificultades que los gobiernos locales tendrán con sus respectivos legislativos. En Colima, por ejemplo, al gobernador del PRI le bastaría una alianza con el Panal para obtener una mayoría absoluta de asientos en el Congreso local (14 de 25), pero eso mismo no lo alcanzaría con un arreglo con el PVEM (12 de 25).
En Jalisco, la bancada del PRI necesitará de acuerdos con el PAN o con el MC para forjar una mayoría absoluta de votos. Si sólo lo hiciera con el PRD le faltaría uno (19 de 39). En Morelos, el gobernador del PRD puede mirar a varios lados para construir mayoría: la puede hacer con el PAN (17 de 30), con el PRI-Panal (21 de 30), con el PVEM (16 de 30), ya que con el PSD apenas quedaría mitad y mitad (15 de 30). Y ello, repito, porque solo no tiene los votos suficientes para aprobar nada.
En Nuevo León, el PRI, el PVEM y sus aliados locales tienen apenas 15 de 42 escaños. Si hicieran alianza con el Panal llegarán a 18, lo que tampoco les alcanza. Necesitarían los votos del PRD y el PT para obtener apenas 22 de 42. Claro, si la alianza es con el PAN -que por sí solo logró 20 escaños- tendrían una mayoría holgada. El PAN, por su parte, si logra un acuerdo estable con cualquier otro partido, puede convertirse en la voz cantante en el Congreso local. En Querétaro, PAN y PRI están parejos (10 y 10) si los 4 de la coalición que giró en torno al PRI se le suman a los 6 que obtuvo solo el PRI. Pero se requieren otros 3 para armar una mayoría absoluta y el PRI los puede encontrar en el Panal (2) y el PVEM (1).
En San Luis, si el PRI y el PVEM trabajan conjuntamente tendrán la mayoría absoluta de los escaños (14 de 27), pero si no, el PRI tendrá que buscar construir la mayoría con otros partidos. Y el caso de Sonora resulta curioso: un empate entre dos coaliciones: PAN-Panal y PRI-PVEM (15 a 15), sólo que el PRD puede ser el fiel de la balanza con sus dos diputados. Porque aunque falta un diputado de mayoría relativa por asignar, no alcanza para forjar mayoría absoluta. Se requieren 2.
El mundo de la representación es complejo; su aritmética sencilla.

LA HORA DE LA SOCIEDAD


JOHN ACKERMAN

México no avanzará hasta que la clase política, los poderes fácticos y los funcionarios públicos cuenten con un contrapeso social suficientemente fuerte para obligarlos a velar por el interés público en lugar de sus negocios personales. El cambio necesario no vendrá desde las cúpulas del poder sino desde la movilización ciudadana. Las “instituciones” son importantes en cualquier democracia, pero solamente funcionan cuando están sometidas a una fuerte presión social
El generoso periodo entre la jornada electoral y la toma de posesión del nuevo presidente es una oportunidad de oro para la articulación de un amplio movimiento social. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acata las órdenes del Consejo Coordinador Empresarial y valida sobre sus rodillas la elección de Enrique Peña Nieto, todavía habrán tres largos meses para construir una fuerza social suficientemente grande para resistir los embates que vendrían en contra de la libertad de expresión, los derechos humanos, los derechos laborales y la industria petrolera nacional. Este periodo también serviría para construir un proyecto ciudadano nuevo que limita y reparte el poder social, económico y político hoy en manos de los monopolios y los poderes fácticos y entregado a los intereses de Estados Unidos.
La oportunidad para la sociedad se ampliaría aún más si el TEPJF decide extender el periodo necesario para calificar la elección presidencial o, en su caso, invalida la elección con base en las pruebas aportadas por Andrés Manuel López Obrador o adquiridas por el mismo tribunal con base en sus amplias facultades de investigación. Un eventual gobierno interino no implicaría crisis política alguna, sino que solamente extendería durante unos meses más el “interregno” entre el gobierno saliente y el entrante que ya existe en los hechos. Tal situación podría ser la oportunidad ideal para la construcción de un nuevo pacto nacional, o incluso un nuevo Congreso Constituyente, desde la sociedad y sin la manipulación propia de los políticos y los burócratas.
Hay que celebrar entonces que el movimiento #YoSoy132 haya decidido ampliar su lucha más allá de solamente los temas de la imposición de Peña Nieto y la manipulación mediática. En su manifiesto del pasado 27 de julio, señalan seis prioridades: 1) Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión, 2) Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico, 3) Cambio en el modelo económico neoliberal, 4) Cambio en el modelo de seguridad nacional y justicia, 5) Transformación política y vinculación con movimientos sociales, y 6) Derecho a la salud.
Este manifiesto tiene muchas similitudes con las conclusiones de las mesas de discusión para un nuevo “Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad” celebradas en Ciudad Juárez el 10 de junio de 2011. En aquel momento, los movimientos solidarios con Javier Sicilia exigían, entre otros puntos, el esclarecimiento de los orígenes de las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo; la cancelación de la Iniciativa Mérida y de toda “asesoría policiaco-militar” de Estados Unidos; el retorno inmediato del Ejército a los cuarteles así como someter a juicio político a Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano. También demandaban democratizar y contar con espacios para la sociedad en los medios de comunicación electrónicos, expresaban su rechazo total a la reforma laboral y a la Ley de Seguridad Nacional, y pedían la cancelación de las concesiones mineras a empresas corruptas e irresponsables. Asimismo, cuestionaban las supuestas “candidaturas ciudadanas” y defendían la revocación de mandato como el elemento prioritario de una eventual reforma política.
Las mesas de Juárez fueron criticadas duramente por analistas cercanos al régimen por romper con “la pureza de un discurso ciudadano emanado del dolor” e incluso desconocidas públicamente por el mismo Javier Sicilia. Pero ahora regresan con fuerza en la voz de los jóvenes.
Es también una excelente noticia que el movimiento #YoSoy132 empieza a estrechar lazos con otros movimientos sociales, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros. El emergente Frente Nacional Contra la Imposición podría ser precisamente el vehículo social que tantos han esperado para articular una voz unida de protesta y propuesta a lo largo y ancho del país.
Recordemos que las “megamarchas” tan exitosas de las semanas pasadas no fueron convocadas por #YoSoy132, sino que surgieron de manera espontánea de las profundidades del descontento social que cada día se hace más presente. Las protestas la semana pasada en Nueva York, y anteriormente en Washington, DC, en contra de Carlos Slim demuestran que el descontento se internacionaliza y que también se diversifica más allá de Televisa para incluir a los otros poderes fácticos del país.
Una vez más han surgido críticas malintencionadas que buscan dividir el movimiento al lamentar que la “pureza” de los estudiantes se mezcle con los “revoltosos” de los otros movimientos. Pero estas críticas están basadas en un lamentable clasismo que busca debilitar este esfuerzo social y afortunadamente han sido ignorados por la mayoría de sus integrantes.
Otro gran acierto del movimiento ha sido la ausencia de liderazgos individuales. Así se complica sobremanera la cooptación de parte del gobierno y los medios de comunicación. También permite que los esfuerzos se articulen en función de causas en lugar de personas.
Se ve la luz al final del túnel. Son los jóvenes y la sociedad, no las “instituciones” electorales y el candidato del PRI, quienes merecen nuestra confianza y el beneficio de la duda. En ellos está la semilla de una nueva república.

LA TRANSFERENCIA IRRESPONSABLE DE ARMAS



OLGA PELLICER

La última semana de julio tuvo lugar un hecho muy desalentador. Las negociaciones para aprobar un Tratado sobre Comercio y Transferencia de Armas, que se llevaban a cabo en las Naciones Unidas en Nueva York, terminaron en un fracaso. Cuando parecía estar a punto de aprobarse un texto por consenso, la delegación de Estados Unidos anunció que se retiraba de las negociaciones; rápidamente lo secundaron otros grandes exportadores e importadores de armas, como Rusia, China, India.
El fracaso de la reunión en Nueva York deja un mensaje muy claro. No hay condiciones para restringir, mediante un acuerdo de alcance universal, la venta indiscriminada de armas. La vía está libre para que prosiga la venta de las mismas y crezcan el armamentismo y la violencia a lo largo del mundo.
El tratado que se estaba negociando tenía objetivos muy acotados. No se trataba de restringir en lo general, ni de buscar el debilitamiento de la industria militar. Se trataba de establecer criterios para que los Estados miembros suspendan la transferencia de armas cuando éstas contribuyen a la violación de derechos humanos, alienten actos de genocidio o estén destinadas a satisfacer la demanda de grupos terroristas u organizaciones del crimen organizado. Esto último es particularmente sensible para México; de allí el papel tan destacado que tuvieron los diplomáticos mexicanos a lo largo de las negociaciones.
Hay muchos motivos de procedimiento y de fondo que contribuyen a explicar el fracaso de las negociaciones. Entre los primeros se encuentra el haber trabajado bajo la regla del consenso, lo cual concedía a cualquier país la posibilidad de ejercer un veto. La necesidad de buscar ese consenso obligó a ir haciendo concesiones que, en opinión de varios analistas, llevaron a un texto tan débil que casi era mejor no aprobarlo. Aún así, el veto se ejerció.
Otros motivos tuvieron que ver con los tiempos políticos. Las negociaciones coincidieron con la campaña electoral en Estados Unidos, lo cual limitó la disposición inicial del presidente Obama de enfrentar las reacciones de quienes se oponían fuertemente al tratado, tanto dentro de su propio partido como en el de los republicanos.
En realidad, las causas para rechazar la reglamentación del comercio de armas son muy profundas y se derivan de cuestiones económicas, políticas e ideológicas. No puede pasar inadvertido el gran peso de la industria militar cuyas transacciones involucran más de 60 mil millones de dólares al año. Dicha industria está asentada, principalmente, en Estados Unidos, Rusia, y, en menor grado, China, Alemania, Reino Unido y Francia.
A su vez, el gusto por la posesión de armas tiene justificaciones fuertemente enraizadas entre las élites y el imaginario popular de varios países. Es algo que se advierte muy claramente en Estados Unidos. Allí domina el rechazo a cualquier regulación a la venta o posesión de armas porque, según ellos, tal regulación pone en peligro libertades fundamentales consagradas en la Constitución a través de la famosa Segunda Enmienda. En nombre de dicha enmienda se han gestado asociaciones extremas y poderosas, como la Asociación Nacional del Rifle, cuyo papel en el financiamiento y, por lo tanto, el triunfo de candidatos para integrarse o permanecer en las filas del Congreso es muy conocido
Aunque los objetivos del tratado poco tenían que ver con limitar la disposición interna de armas, la simple mención a una regulación de su comercio fue suficiente para que las cámaras de televisión de la cadena ultraconservadora Fox estuviesen estacionadas frente a Naciones Unidas a lo largo de las negociaciones. Inútil señalar que sus analistas subrayaban constantemente el peligro de que dicho tratado violara los derechos constitucionales de una ciudadanía deseosa de proteger sus libertades en materia de armas.
Por el lado de los países importadores, encontramos una viva justificación a la adquisición de armas por motivos de legítima defensa, protección del territorio y búsqueda de equilibrio militar en regiones que, de otra manera, serían sumamente inestables. Por ello, algunas delegaciones sostuvieron que se corría el peligro de restringir, en nombre de cuestiones humanitarias, el derecho a tener acceso al armamento indispensable para garantizar la independencia de sus países.
Lo anterior no significa que el rechazo a las restricciones establecidas en el borrado final del tratado fuese generalizado. Por el contrario, más de 90 países compartían la voluntad de prohibir la venta y transferencia de armas en los casos específicos a que nos hemos referido anteriormente. Entre ellos se encontraban conocidos exportadores como Alemania, Reino Unidos y Francia.
En otras palabras, hay un ámbito acotado, pero no por ello de poca importancia, en el que es posible seguir avanzando hacia la firma del tratado, aunque tomando conciencia de que países como Estados Unidos, Rusia, China, India, Paquistán, Cuba, Venezuela y otros no lo firmarán.
La pregunta ahora es qué conviene hacer en el futuro. Para países como México, una de las voces más firmes en las negociaciones, el tema no es trivial: ¿Se llevará el asunto a la Asamblea General de la ONU para que se convoque a una conferencia y allí sea aprobado por mayoría? ¿Vale la pena dar la batalla por un documento débil y que no será universal?
La respuesta es afirmativa. Al igual que otros documentos internacionales tendrá la fuerza de establecer un “deber ser”. Su papel no es detener el armamentismo. Su papel es ayudar a tomar conciencia de los miles que mueren anualmente como resultado de la venta irresponsable de armas. Restringir esa irresponsabilidad, para aquellos dispuestos a hacerlo, ya es un avance, aunque por lo pronto parezca muy incipiente.

LA MILICIA DESAFORADA


PEDRO SALAZAR UGARTE

Usted ¿cómo respondería el siguiente reactivo?: Con las decisiones de la SCJN en materia de fuero militar: A la Corte revisa y corrige sus propias decisiones; B la Corte acata sentencias de la una Corte Internacional; C la Corte desplaza a los legisladores; D la Corte complica la estrategia de lucha contra el crimen; E todas las anteriores. Si tachó la última opción, acertó. Veamos por qué.
La propia Corte hace algunos años había avalado la constitucionalidad del fuero militar. Con interpretaciones improbables y votaciones divididas determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar que permite que los militares que cometen delitos en los que están implicados civiles sean juzgados por tribunales castrenses y el artículo 13 de la Constitución que lo prohíbe expresamente no eran contradictorios. Ahora, con las decisiones de estos días, los ministros están cambiando ese absurdo criterio. 
Así que la opción A es correcta. Detrás de este viraje está la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros tres casos en los que se condenó al Estado mexicano y se le ordenó, entre otras cosas, reformar el artículo legal antes mencionado. Así que también la opción B es atinada. Y, como la instrucción de la Corte Interamericana exigía una reforma legal que el Congreso de la Unión nunca realizó, la respuesta C es buena. De hecho, con estas decisiones, los jueces subsanan una omisión legislativa. Y esto no le gustará a las Fuerzas Armadas, porque ahora sus integrantes pueden ser juzgados, condenados y castigados por la justicia civil. Esta eventualidad, previsiblemente, activará resistencias ante la estrategia de combate a la criminalidad. Así que, si consideró que la opción D era la correcta, tampoco erró.
Este viraje grávido de consecuencias fue posible por dos factores. Uno es la intervención de la Corte Interamericana, porque sus decisiones fueron el pivote de la mutación en la interpretación de los ministros. De hecho, la sentencia Radilla podría activar una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la militarización en su conjunto, lo que pondría a la administración calderonista en una situación muy vulnerable. Hoy la legitimidad legal de la decisión que puso a los militares en las calles pende de cuatro interpretaciones de la Corte que son tan endebles como las que sostenían al fuero militar. Así que el cambio en la interpretación de los jueces -como ya anunció uno de los ministros- podría ser de gran calado. El segundo factor que explica que esto sea posible tiene que ver, precisamente, con las personas. Sin la voz y los argumentos de los ministros que se han incorporado en los últimos años al pleno de la Corte, estos cambios no habrían tenido lugar. Y no porque ellos formen un bloque ni porque estén de acuerdo en todo -sus votaciones en casos delicados demuestran lo contrario-, sino porque aportan argumentos y puntos de vista nuevos sobre asuntos que se habían discutido antes, sin su presencia. De ahí la importancia de la renovación periódica de los jueces.
Por lo pronto, lo cierto es que Calderón dejará a los militares fuera del cuartel y desaforados. Ello sucederá cuando algunos altos mandos del Ejército son acusados de complicidad con el crimen organizado y mientras las denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas están en aumento. Vaya paquete para el nuevo gobierno. Peña Nieto -si el Tribunal Electoral avala su triunfo- tendrá que lidiar con esta compleja ecuación que él no provocó, pero que hereda con todas sus consecuencias. Y, para hacerlo, debe aferrarse a la agenda de los derechos humanos. No sólo porque eso es lo que ordena la Constitución, sino porque hacia allá soplan los vientos de la justicia. De hecho, aunque parezca paradójico, es la mejor maniobra para blindar a la milicia.

martes, 14 de agosto de 2012

LA NORMALIZACIÓN Y EL PASMO


RODRIGO MORALES MANZANARES

Las recientes designaciones de los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN en ambas cámaras abonan a la normalización de la vida política. En primer lugar porque es una manera de acatar el mandato de las urnas y recordarnos por la vía de los hechos que el mes pasado votamos en muchas boletas y para elegir muy diversos cargos. Los poderes se van configurando, la política no se paraliza.
En el caso del PRI, los nombramientos parecen privilegiar el perfil de la negociación, asumen la necesidad de buscar acuerdos, y las coordinaciones recaen en personajes que no provienen del círculo íntimo del candidato presidencial. Es un primer gesto de pragmatismo. La nueva agenda legislativa ya tiene conductores.
Por lo que hace al PAN, las designaciones, si bien no resuelven todas las tensiones que atraviesan a ese partido, sí las encauzan. Sin duda que la reflexión interna que deberá emprender dicho partido tendrá que ir más allá de lo ocurrido en la reciente jornada electoral, y deberá encontrar explicaciones más alejadas de la coyuntura y, ojalá, poco ancladas en las personalidades. Por supuesto que los nombramientos solamente dan respuesta a la necesidad inmediata de empezar a trazar la nueva agenda legislativa (lo cual no es irrelevante), y quedará pendiente todo lo demás.
En todo este proceso de balances internos y primeras definiciones de los partidos a partir de lo ocurrido el primero de julio, sin duda se extraña la presencia de la izquierda. Aun cuando en los hechos el único agravio que se reclama está en la boleta presidencial, y se asumen como válidos y legales todos los demás resultados, no ha habido definiciones políticas en cuanto a las otras boletas.
Y las definiciones en cuanto a los mandatos no son menores. Se trata de trazar las prioridades legislativas a partir del reconocimiento de la fuerza propia; de apuntar las nuevas relaciones que como fuerza política tendrán con sus pares; en fin, de definir cuál será la inserción institucional de la izquierda y su papel en la confección de la nueva agenda pública del país. Frente a todo ello, lo que parece dominar es el pasmo y la silenciosa espera a las definiciones del líder. Curiosa manera de proceder.
Para casi todos, el guión está definido. La única justicia posible para AMLO es la que él mismo ya construyó: la elección se tiene que anular, cualquier otra consideración será un alegato leguleyo. Que si la fiscalización no se puede acelerar, que si los agravios son inoperantes, que si las pruebas no prueban nada, que si las causales son inexistentes, que los plazos, que si los escritos, etcétera, todo ello formará parte del mismo y conocido arsenal: las leyes e instituciones, sus formalidades y reglas sólo sirven cuando coinciden con AMLO, cualquier discrepancia es evidencia del complot. La única prueba que tiene que ofrecer AMLO es su palabra. No hay sorpresas.
Lo que hay, de mi parte, es desencanto. Mientras las otras fuerzas políticas han ensayado sus propias autocríticas, balances, definiciones, la izquierda sigue agazapada en espera del gesto del caudillo. Los demás no parecen dispuestos a perder el tiempo, la izquierda insiste en dilapidarlo.

PARTIDO Y GOBIERNO, EL MANDATO


JAVIER CORRAL JURADO

El Consejo Nacional del PAN resolvió el pasado fin de semana formar una comisión de Evaluación y Mejora del partido, a fin de llevar a cabo una consulta amplia que mejore su funcionamiento y el de sus gobiernos. Proponer las acciones necesarias que le permitan cumplir con su agenda democratizadora, y las medidas encaminadas a recuperar los valores contenidos en los principios de doctrina y la ética como condición preeminente de la acción política, así como una reforma normativa.
Esa es la dimensión de la tarea encomendada y no la refundación del partido, empeño éste con el que pretendió asemejarse a los fundadores, el Presidente Felipe Calderón. En realidad, él mismo retiró desde antes de que sesionara el Consejo Nacional, la idea refundacional; porque midió la resistencia que generó que precisamente él la propusiera. No tanto por su acepción; en realidad, mortificó la estrategia de enfocar todas las baterías hacia la responsabilidad del partido por los resultados electorales, y no asumir la responsabilidad del propio gobierno en la pérdida de confianza de nuestros electores.
Cuando el Presidente Calderón habla del partido y de la campaña, es duro, pero es exacto sobre el deterioro y los males que aquejan al partido; también tiene puntos acertados cuando critica los errores y las indefiniciones de la campaña presidencial. Sin embargo cuando se trata de la responsabilidad del gobierno en la derrota, no sólo es laxo, sino auto-complaciente; él mismo se evalúa y obtiene los mejores resultados. No se asoma en el Presidente la más mínima intención de auto-crítica; la mayor falla que reconoce es no haber atinado a comunicar los logros de su gobierno, y donde logró comunicar, el partido no supo conectarlos electoralmente. De aquí surge el exceso de su auto-evaluación: el mayor desatino es no haber ofrecido a los electores la continuidad de su gobierno.
Y ésta discusión a mi me parece esencial, determinar con toda claridad las acciones que nos fueron desdibujando ante los ciudadanos en todos los ámbitos de nuestra actuación, de ahí que celebre que el mandato del Consejo a la Comisión se haya extendido a analizar no sólo al partido, sino también a sus gobiernos, contra la pretensión Calderonista de concentrarnos sólo en las desviaciones partidistas para atajarlas con una reforma de estatutos. Porque luego se habla desde una cúspide moral, y se señala con tal fuerza las miserias del partido y la perversión de una militancia de ocasión, como si sobre la avenida Reforma de la Ciudad de México no se alzara una estela de luz como monumento a la inutilidad y a la corrupción, y como si el padrón del partido no estuviera engrosado de los padrones de beneficiarios de Oportunidades y del 70 y más.
Ese deslinde es esencial, si no queremos volvernos a equivocar. Nada se quiere decir de la estrategia militar, convertida en guerra, en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, que no sólo se convirtió en el discurso monotematico de todo el sexenio ahogando la difusión de otros logros ciertos en salud, infraestructura, programas sociales, economía, sino que además vulneró esencialmente nuestra apuesta doctrinal, ideológica y programática por los derechos humanos. El Estado de excepción se hizo permanente los seis años. En el saldo de decenas de miles de muertos, y otras tantas de mutilados y heridos, varios miles son de víctimas inocentes, pero todas, personas humanas a las que su categorización más ínfima no les quita su derecho a la vida ni al Estado justifica el atropello de sus derechos. Esta guerra tuvo su impacto electoral indiscutible.
Sin desperdicio para el análisis que realice la Comisión, Lorena Becerra y Rafael Giménez, los dos ex coordinadores de opinión pública de la Presidencia de la República, han escrito un gran artículo en el que aportan luces brillantes. Especialistas en la materia, acuden a numerosas encuestas de opinión que muestran "una y otra vez que los mexicanos deciden sobre su gobierno con los temas económicos y más recientemente con los de inseguridad en su mente".
"Las miles de muertes que están presentes en el imaginario colectivo pesan más que los cientos de miles de kilómetros construidos en carreteras. Y, por mucho, la percepción de falta de empleos y los bajos salarios permanecen como preocupación constante en la vida cotidiana de cada persona que tiene que luchar diariamente para llegar a fin de mes".
Los dos ex-colaboradores del Presidente refutan la tesis de que la oferta de continuidad "era el camino para que el PAN tuviera una oportunidad de gobernar por un tercer sexenio". El ejemplo es demoledor: "...el representante perfecto de continuidad del proyecto del presidente Felipe Calderón era Ernesto Cordero.... No obstante, el proyecto de continuidad no ganó adentro del partido... Ganó la oposición interna abanderada por Josefina. Si esta continuidad clara no contó con apoyo dentro de los mismos panistas, ¿por qué sería bien recibida en la población abierta?".
Determinar en qué momento se perdió el partido y dónde fracasó el gobierno son los dos ámbitos de la tarea que esta comisión tiene, y a la que han sido llamados 20 distinguidos miembros del Partido. Lo importante es que también se ha atajado la premura con la que se quería convocar a una Asamblea para noviembre próximo. Sin irnos a las calendas griegas, ésta se deberá verificar a más tardar en marzo del año que entra, previo informe que la comisión presente al Consejo Nacional a mediados de Octubre de este año. Buena decisión la de los consejeros nacionales, un proceso de reflexión sereno, pero franco; en unidad, pero sin sometimientos; sin prisas, pero sin pausa.

JUICIOS DE RECONSIDERACIÓN


JORGE ALCOCER

La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones federales sigue su curso; conforme a lo previsto en las leyes, a más tardar el día 19 de este mes la Sala Superior del TEPJF resolverá sobre los 53 recursos de reconsideración que fueron interpuestos en contra de sentencias emitidas por las cinco salas regionales del propio Tribunal en los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y senadores de mayoría relativa.
Del total de impugnaciones en contra de esas dos elecciones, solamente en un caso, el del distrito 6 del Estado de México, la sentencia de la sala regional con sede en Toluca decidió un cambio de ganador, al anular 13 casillas. De esa forma, la constancia de mayoría que originalmente había correspondido al candidato a diputado de la coalición Movimiento Progresista fue revocada para otorgarla al candidato postulado por el PRI. La Sala Superior resolverá en definitiva.
De los 53 juicios citados, 44 se refieren a la elección de diputados federales y 9 a la de senadores; el PRI es el quejoso en 25 de los juicios, mientras que el PAN interpuso 8, los partidos del Movimiento Progresista 15 y el PVEM 5; el PNA no presentó. El mayor número de impugnaciones corresponden al Estado de México con 12.
Comparado con el número de distritos electorales federales (300) y las 32 entidades federativas, los juicios de reconsideración que habrán de resolver los siete magistrados de la Sala Superior significan un porcentaje ubicado dentro de los parámetros de elecciones previas. En efecto, en 2006 la Sala Superior resolvió un total de 52, dato que confirma que la conflictividad de las elecciones de diputados y senadores es mucho menor que la observada en la elección presidencial, y que esto último es una variable directamente relacionada con la conducta del dos veces candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Las sentencias de la Sala Superior sobre los juicios de reconsideración son definitivas e inatacables, por lo que una vez emitidas el Consejo General del IFE procederá, de inmediato, a formular y aprobar el acuerdo para la asignación de diputados y senadores de representación proporcional. Contra ese acuerdo, los partidos aún pueden inconformarse, cuando aleguen error aritmético, incumplimiento de sentencias previas o aplicación incorrecta de las normas establecidas en el Cofipe para ese propósito. De presentarse nuevos juicios, éstos deberán quedar resueltos a más tardar el 25 de agosto, tres días antes del fijado para las sesiones de instalación de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Vuelvo a insistir en el contraste de conductas de los partidos de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y MC) frente a las elecciones celebradas el pasado domingo 1o. de julio; mientras que frente a la elección presidencial reclaman la nulidad por supuestas violaciones de los principios constitucionales, ante las de diputados y senadores de mayoría relativa sus inconformidades son puntuales y están siendo atendidas conforme a lo dispuesto por la Ley.
Viendo a futuro, la evaluación del sistema de medios de impugnación hoy vigente debe hacerse de conjunto, abarcando las tres elecciones federales y los juicios que, en su caso, se interpongan ante el TEPJF por las elecciones de gobernador, diputados, ayuntamientos, jefe de Gobierno y jefes delegacionales.
Tratándose de la elección presidencial, es conveniente que los tres magistrados que integran la comisión responsable de elaborar el proyecto de dictamen sobre el juicio de inconformidad contra toda esa elección den a conocer su programa de trabajo, considerando los plazos establecidos por las leyes. Por ejemplo, si para formular el proyecto de dictamen esperarán a que las sentencias sobre los juicios contra resultados distritales hayan sido aprobadas, así como la fecha límite para seguir considerando la admisión de nuevas pruebas por parte del Movimiento Progresista y su ex candidato presidencial.
Hay que tener presente que la tarea de esa comisión es formular el proyecto de dictamen, que deberá ser estudiado a fondo por los otros cuatro magistrados de la Sala Superior, quienes deben contar con el tiempo suficiente para valorar el proyecto y decidir el sentido de sus argumentos y votos.

IFE Y TEPJF: TIEMPOS Y DESTIEMPOS


JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Aunque la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos concluirá hasta el 30 de enero del próximo año, de conformidad con el acuerdo 301/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobado el pasado 16 de mayo, eso no es obstáculo para que la Unidad de Fiscalización avance en la instrucción y sustanciación de las quejas relacionadas con dicha materia y brinde información fundamental para la calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La fiscalización de los recursos que manejan los partidos políticos y la atención de la quejas relacionadas con el manejo de dichos recursos son dos procesos que en algunos casos se interrelacionan; en otros se desarrollan en forma paralela y en otros más incluso se realizan en tiempos totalmente diferentes. Esas posibilidades están contempladas en el mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al señalar por una parte en el párrafo 2 del artículo 37: “Las quejas deberán ser presentadas dentro de los tres años siguiente al de la fecha en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el dictamen consolidado relativo a los informes correspondientes al ejercicio durante el que presuntamente se hayan suscitado los hechos que se denuncian…”; y por otra en el párrafo 4 del artículo 377: “Los proyectos de resolución deberán ser presentados al Consejo General en un término no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la recepción de la queja o denuncia por parte de la Unidad de Fiscalización”.
Por lo tanto la Unidad tiene que empezar de inmediato la sustanciación de las quejas y aunque no logre integrar todo el expediente, seguramente encontrará elementos que le permitirán avanzar en la resolución del caso, que eventualmente pueden ser fundamentales para la calificación de la elección.
El ejemplo más claro de esto es lo que sucedió en los días previos al proceso electoral: la Unidad emitió el acuerdo de recepción de la queja del Partido Acción Nacional por los monederos Monex el 26 de junio; ese mismo día dio vista a diversas autoridades y solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; tres días después, el 29 de junio, el Consejo General del IFE resolvió que no otorgaba las medidas cautelares que solicitaba el PAN, pero para ese momento ya se tenía la información del nombre del titular de la cuenta (aunque no se dio a conocer públicamente), del monto de recursos que había en la misma (poco más de 70 millones de pesos), del número de tarjetas (más de 9 mil) y, aunque no lo admitió formalmente, se infirió que también corroboró que dichas tarjetas estaban a nombre de las dos personas que el PAN identificaba como representantes generales o ante las mesas directivas de casilla del PRI. Las pruebas eran tan contundentes que el 25 de julio el PRI reconoció la existencia de dichos monederos.
Seguramente después de 40 días de investigaciones el expediente Q-UFRPP 58/12 ya debe tener muchos más elementos para establecer presuntas responsabilidades y líneas de investigación, si no es que llegar a conclusiones concretas. Entre otras la Unidad ya debiese haber averiguado el origen de los recursos con los que la empresa adquirió los monederos, si la empresa tiene cuentas en otras instituciones bancarias y si el destino de esos recursos también conduce a actividades vinculadas a la campaña del PRI y es de suponer que también se plantearon interrogantes que los medios ya respondieron, como el hecho de que los mismos accionistas y el administrador de esta empresa aparezcan en muchas otras empresas, la coincidencia de domicilios fiscales, la militancia partidista de varios de los involucrados y muchas otras más que seguramente ya se plantearon.
Pero además de esta queja ya se han interpuesto varias más o se han aportado pruebas supervinientes que ayudan a enriquecer este expediente, con lo cual la Unidad hoy debería tener ya respuesta sobre la existencia legal de todas las que se han llamado “empresas fantasma” o “empresas fachada”; si comparten accionistas, domicilio fiscal, administrador, vínculos partidistas; montos de los recursos que manejan; banco y número de cuentas bancarias que manejan y alguna idea sobre el origen de sus ingresos y el destino de sus recursos.
En esta etapa se debe encontrar incluso la denuncia sobre la cuenta del gobierno del Estado de México que hizo el senador Ricardo Monreal y que de primera impresión parece insostenible, pero cuando resulta que una cuenta de inversión –donde se movieron más de 8 mil millones de pesos en seis meses– tiene apenas un saldo promedio de poco más de 150 mil pesos, que el dinero que se deposita se retira el mismo día y que, en muchos de los casos, los retiros son en efectivo, las únicas dos explicaciones son que los financieros del gobierno son pésimos operadores o que la cuenta no es lo que se declaró oficialmente y entonces empiezan a tener sentido las denuncias de Monreal.
Bastaría con que antes del 6 de septiembre, fecha en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que calificar la validez de la elección presidencial, el IFE le pudiera entregar información suficiente sobre la existencia o no de las “empresas fantasma”, el origen claro y transparente de sus recursos o todo lo contrario, las dificultades para identificarlo y sobre el destino de los recursos.
Hay que aclarar que la confidencialidad de la información no opera para la autoridad judicial, por lo cual los expedientes no tienen que estar concluidos para ser revisados por el Tribunal Electoral; eso fue exactamente lo que sucedió en 2003 cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electores permitió al IFE revisar el expediente que integraba en relación al caso Pemexgate y que permitió a la autoridad electoral sancionar al PRI.
En este caso el Tribunal debe revisar cuidadosamente la información que haya reunido el IFE y si existen dudas razonables sobre el origen de miles de millones de pesos y evidencias de que dichos recursos se canalizaron hacia las campañas electorales, tendrá que tomarlas en cuenta para calificar la elección. Lo que está en juego no es realmente si se rebasaron o no los topes de gastos de campaña sino si existen indicios suficientes para presumir que ingresaron ilegalmente a una campaña electoral miles de millones de pesos y que no puedan identificarse claramente dichos fondos, o bien que claramente tengan un origen ilícito; por lo tanto el dictamen sobre los gastos de campaña de los partidos políticos no es indispensable para la calificación de la elección, pero sí lo es avanzar en la investigación y la integración del expediente.
Si la sustanciación de las quejas demuestra que no hay tales “empresas fantasma”, que todos los recursos provienen de actividades mercantiles legítimas y que los destinan al pago de nómina, proveedores, accionistas, etcétera, todos destinos lógicos y lícitos, ¡enhorabuena!, se habrán disipado todas las dudas y se justificará plenamente la declaración de validez de la elección. Pero si en cambio las dudas y los cuestionamientos se ensanchan habrá que reconsiderar seriamente cambiar la fecha de la calificación.
Lo que está a discusión no es si se rebasaron los topes de gastos de campaña o no, sino si se violaron los principios fundamentales consagrados en la Constitución.

lunes, 13 de agosto de 2012

EL VERDADERO PROBLEMA


ANA LAURA MAGALONI

Esta semana la Suprema Corte dio un giro de 180 grados a su posición con relación al fuero militar: los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados penalmente por tribunales ordinarios cuando la víctima sea un ciudadano. Por muchos años la Corte había sostenido lo contrario, a pesar de que artículo 13 de la Constitución parecía establecer otra cosa: "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". Este párrafo constitucional había sido interpretado en el sentido de que el "paisano" no era una víctima civil, sino un presunto responsable civil. Es decir, la Corte había sostenido que la restricción del fuero militar sólo operaba cuando los miembros de las Fuerzas Armadas cometían un delito en complicidad con un civil. Honestamente es una interpretación poco persuasiva y alejada por completo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La pregunta relevante para darle sentido al artículo 13 constitucional es cuándo y por qué se justifica que los miembros de las Fuerzas Armadas sean juzgados penalmente por sus propios tribunales y cuándo, en cambio, es muy delicado que ello sea así y, por tanto, es preferible que los juzgue la jurisdicción ordinaria.
La principal justificación del fuero militar tiene que ver con las características sui generis de la institución. Las Fuerzas Armadas ejercen una serie de funciones vitales para la supervivencia del Estado. Sus miembros están sujetos a una serie de obligaciones y deberes diferentes y más rigurosos que los de los ciudadanos. Así, la finalidad del fuero militar es que la propia institución se encargue de hacer valer ese catálogo particular de reglas y sancionar su incumplimiento, pues son los miembros de las Fuerzas Armadas quienes mejor entienden la génesis, el propósito y el valor de dichas reglas. El fuero militar, por tanto, es un mecanismo que tienen las Fuerzas Armadas para controlar y garantizar la disciplina interna de sus miembros con un catálogo de obligaciones básico para su buen funcionamiento.
Sin embargo, tratándose de determinadas conductas, es preferible, en términos de la legitimidad y fuerza de la propia institución, que sean los tribunales ordinarios quienes juzguen a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas comete un delito contra un ciudadano -homicidio, tortura, detención arbitraria- es extraordinariamente relevante que el asunto se investigue y se juzgue sin que haya la menor sospecha sobre la complicidad, encubrimiento o sesgos de la institución. Ese tipo de conductas son tan graves que requieren de un tipo de enjuiciamiento distinto al que puede proveer la justicia castrense. De punto de partida, un tribunal militar no tiene el asidero de legitimidad para ser percibido por la víctima y por la colectividad como un árbitro imparcial. Además, dadas las características de la jurisdicción militar, el juicio no puede tener el tipo de escrutinio y publicidad que tiene un juicio ordinario. Finalmente, la jurisdicción militar no está diseñada para hacer justicia a la víctima sino para vigilar y garantizar la disciplina militar. Todo ello hace que sea mucho más razonable, en términos de la fortaleza y legitimidad de la institución, que sea la jurisdicción ordinaria quien investigue y juzgue a los militares que comenten delitos en contra de civiles. Este principio es aceptado por la comunidad internacional como un estándar mínimo de respecto a los derechos humanos.
Sin embargo, para el caso de México, en contraste con la mayoría de los países de la región, la jurisdicción ordinaria es tan frágil y manipulable que difícilmente puede garantizar un juicio imparcial y creíble para sancionar las conductas delictivas de los miembros de las Fuerzas Armadas. De punto de partida, si el Ejecutivo en turno no quiere investigar y juzgar estos casos, tiene una Procuraduría a su servicio. Basta con que la PGR reciba la instrucción de no investigar para que estas conductas queden en la completa impunidad. Como bien señalaron Juan Carlos Gutiérrez y Santiago Aguirre, abogados que defienden algunos de los casos que en esta materia está revisando la Corte: "se debe garantizar ahora que la Procuraduría General de la República realice su trabajo en la integración de averiguaciones relacionadas con abusos contra civiles por parte de militares, y que los procesos judiciales se ciñan a Derecho y a estándares internacionales" (Reforma, 10 de agosto). ¿Cómo garantizar esto que solicitan los abogados con el sistema de procuración e impartición de justicia que tenemos?
El verdadero cuello de botella para que los abusos de autoridad sean castigados no es el fuero militar sino el sistema de procuración e impartición de justicia. Una y otra vez se nos olvida que sólo una justicia penal potente y creíble puede proveer la legitimidad que requiere el Estado para ejercer la fuerza pública contra sus ciudadanos. Sin juicios de verdad es imposible diferenciar las conductas abusivas de las conductas legales que llevan a cabo los miembros de las instituciones de seguridad (Fuerzas Armadas y policías). Bien por la decisión de la Corte. El reto ahora es apostarle a la justicia en serio.

¿PRECIPITAR LA FISCALIZACIÓN?

RICARDO BECERRA

Si hemos de creer en los dichos y las denuncias de la Coalición Movimiento Progresista -a estas alturas- lo decisivo, lo importante, lo que falta para calificar la elección de julio –dicen- es una indagatoria acerca de esa millonada malhabida, pregonada en decenas de conferencias de prensa y que habría sostenido la campaña del PRI y su candidato presidencial.

En tales circunstancias, afirma la Coalición, el IFE debe apurar la investigación, debe “limpiar el cochinero”, de modo que los magistrados del Tribunal Electoral tengan todos los elementos para evaluar las condiciones de la competencia política pasada. Y lo debe hacer también, para no pecar de pereza y no ser cómplice de un fraude costoso y maquinado que –han dicho- inyectó la friolera de ¡4 mil 599 millones de pesos! (cifra manejada por algunos de los albaceas del movimiento y consagrada en el texto “Fraude 2012”, repartido por millares en las últimas semanas). 
Bien. Estas denuncias fueron interpuestas a mediados de junio pasado y el IFE las ha tomado en serio y por sus cuernos.
Subrayo: todas las denuncias (no sólo las presentadas contra el PRI, sino contra el propio Movimiento Progresista) para ofrecer un resultado cierto, serio y en el menor tiempo posible.  
Pero ¿qué es lo que hace el IFE en estos casos? Típicamente, avanza por un proceso de siete pasos, siete etapas obligadas por la ley y por cualquier procedimiento respetable de fiscalización y auditoría. Veamos.
Lo primero es revisar que los números cuadren, es decir, recibir y escudriñar en los papeles contables, de modo que cada ingreso, gasto, factura, contrato, etcétera, esté reflejado en los documentos del partido y del candidato, y que todos estén ubicados en los rubros permitidos. A los más desesperados, hay que recordarles que no estamos hablando de unos pocos pesos, ni de una sola campaña, sino de 628 campañas multiplicadas por cada uno de los partidos políticos en contienda.
¿Por qué? Porque la campaña de Peña Nieto, por ejemplo, no ocurrió en soledad ni en el vacío, sino envuelta por 500 candidatos a diputados y 128 a senadores. Cada uno tuvo erogaciones permitidas y topes que respetar. Cada uno debe probar la legalidad fiscal de sus gastos. A veces un acto de campaña corre a cuenta del presidencial, a veces es cofinanciado por dos o más candidatos a diputados y senadores, y lo mismo ocurre con espectaculares, pendones, volantes, etcétera. Es decir: el IFE debe corroborar la autenticidad de cada gasto y debe ubicarlo en el cajón adecuado para sumar correctamente.
Una vez que ha realizado esta labor, el IFE llama a cada partido para que solvente dudas y aclare cuestiones polémicas. Insisto: no se trata de una parsimonia burocrática, sino de procedimientos que cualquier auditor está obligado a respetar, justamente porque quiere hacer sólida e incontrovertible su propia investigación.    
Luego viene una etapa aun más laboriosa: los gastos y los ingresos, deben ser contrastados, ya no con la contabilidad misma del partido, sino con los agentes que se supone saldaron las operaciones más importantes. De esa suerte, los movimientos y los ingresos reportados en sus cuentas deben ser cruzados con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y los gastos, deben ser corroborados por las empresas proveedoras, las que brindaron bienes y servicios a las campañas.
Se trata, sí, de un océano de papeles, pero el IFE no puede trabajar de otro modo que no sea la meticulosa comprobación de cada uno.
El cuarto paso es la elaboración de un dictamen preliminar, para cada campaña. Acto seguido, el IFE convoca a cada partido (derecho de audiencia) para que aclare o corrija las afirmaciones o imputaciones del dictamen y, finalmente, si es que el partido pudo enmendar errores, el IFE da paso a la confección de su dictamen definitivo que deberá conocer el Consejo General.
Vuelvo a decir: no se trata de un modelo deliberadamente tortuoso: así son todas las auditorías, todos los procesos de fiscalización que se respeten, en México y en el mundo. 
Ahora bien, el IFE puede actuar acicateado por una denuncia o una queja que le abra una compuerta más rápida y que le permita saltar los procedimientos y las formalidades descritas arriba.
Lo puede hacer, por supuesto y está previsto en ley… si quien se queja es capaz de poner sobre la mesa algo más que una multitud de objetos inconexos (declaraciones, notas periodísticas, relatos, fotos, anafres, cobijas, estufas, machetes, picos, palas, tarjetas telefónicas, de crédito, de débito, etcétera) todos dispersos, que pueden ser indicios de algo, pero que –a pesar de todo- el IFE ha tomado en serio. 
En esas estamos: elementos y objetos, números de cuentas, conferencias de prensa y un alegato articulado por los dirigentes de la Coalición, pero no una reconstrucción documentada que compruebe un supuesto enorme fraude, las montañas de dinero arrojadas a la campaña tricolor.   
Que eso haya ocurrido –o no- debe documentarlo y demostrarlo el propio IFE, precisamente porque la Coalición no lo hizo. Debe ir en busca de pruebas, piezas del rompecabezas, debe interrogar a cientos de personas, instituciones y organismos, debe comprobar cada una de sus afirmaciones y debe hacerlo discretamente para no afectar a quien no haya tenido vela electoral ni en el dinero que la soportó.
Y lo mismo aplica para el caso Soriana, que el Caso Monex, que las supuestas aportaciones ilegales a Morena y a “Honestidad Valiente”. 
El IFE no es un mago que resuelva casos con el sombrero y el pase de declaraciones o de “indicios”. Al IFE debe exigírsele seriedad, rigor, respeto puntilloso a los procedimientos, es decir, debe exigírsele una fiscalización bien hecha.
Ya lo apuntaba Rushdie en su “Mar de historias”: no hay mejor instrumento del demonio que la precipitación, “la forma segura por la que fracasan los hombres”. Aplica a la fiscalización.

GRUPO MAYOR


MANLIO FABIO BELTRONES

En una reciente entrevista, el político español Miquel Roca, uno de los siete llamados padres de la Constitución y exponente histórico de la tradición pactista española, expresó que su vida y su pensamiento solo se logran entender bajo el paraguas de una palabra: pacto; "...el afán del acuerdo para avanzar". (El País, 4 de agosto).
Esa vocación pactista ha de ser recuperada, necesariamente, en esta nueva etapa nacional: la de la segunda alternancia democrática mexicana. Y es que esa es la gran decisión que tomó la mayoría de electores el pasado 1 de julio: que el país viva una segunda alternancia y que esa segunda alternancia sea conducida por el PRI.
El tránsito a la segunda alternancia debe ser el punto de partida del lanzamiento de una iniciativa formal de recomposición política basada en la vocación pactista; encabezada por Enrique Peña Nieto y acompañada por la representación del PRI en el Poder Legislativo.
Para tener éxito en esta aspiración estamos obligados a entender en su totalidad el mandato de las urnas: los mexicanos optaron por un Congreso plural, sin mayorías. Por ello, los 207 diputados del PRI que instalaremos el próximo 1 de septiembre la LXII Legislatura, constituiremos el grupo mayor de la Cámara de Diputados.
Hablar de grupo mayor y no mayoría no es un asunto de términos, sino de tener el valor de conocer nuestros límites y desafíos. Partamos de un hecho contundente: desde 1997 el PRI dejó de tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Somos el grupo mayor. No podemos auto engañarnos ni simular. Y construir mayorías ficticias puede tener costos muy altos. La idea de conformar un grupo mayor parte de la definición de sus objetivos, no del cálculo de su tamaño. Aquí cinco de ellos.
1. Acompañar y asistir a la Presidencia Democrática en la segunda alternancia. Nuestra tarea será la de construir las alianzas legislativas que aporten valor al trazo transformador que ha planteado Enrique Peña Nieto. Una mayoría artificial no puede asegurar gobernabilidad ni rumbo claro. El grupo mayor, que se reconoce en su realidad, tiene más posibilidades de emprender con éxito las exigencias más apremiantes de la sociedad mexicana.
2. Un grupo mayor para gobernar, no para que nos gobiernen. Las alianzas parlamentarias del grupo mayor se configurarán a partir de nuevos arreglos, no podrán ser superficiales o de objetivos exclusivamente electorales. Serán acuerdos duraderos y no concesiones a corto plazo.
3. El grupo mayor asume sus responsabilidades frente a los otros grupos parlamentarios. Con ellos, diálogo, debate, respeto y reconocimiento. Decía Don Jesús Reyes Heroles: "Más vale la fuerza de la política que la política de la fuerza". Hoy vale la pena tener la audacia de parafrasearlo: Más vale la fuerza de los acuerdos que los acuerdos a la fuerza. El grupo mayor tendrá el reto de encaminar los acuerdos por la vía de la inclusión y el diseño de incentivos para la cooperación política.
4. El grupo mayor tendrá como razón de Estado que la política jale a la economía. Crear los acuerdos indispensables para crecer y activar el mercado interno, aprobar una reforma hacendaria integral y tomar las decisiones económicas que permitan alcanzar un ritmo de crecimiento sostenido, con igualdad y estabilidad. Estos cambios estructurales no los puede garantizar un solo grupo. Se necesita del respaldo de la pluralidad.
5. El grupo mayor entiende la división de poderes como distribución de responsabilidades. Como la fuerza legislativa del partido en el poder, nuestra agenda es la del Ejecutivo. Suscribimos las tres iniciativas que serán presentadas al Congreso de la Unión en septiembre:
1. La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.
2. La profundización y ampliación de la transparencia en todos los órdenes de gobierno y poderes de la Unión.
3. La creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno.
Los mexicanos decidieron y nos corresponde acatar ese mandato con determinación y con resultados. Es un momento crítico en el que no caben los regateos ni las evasivas. Estamos listos para asumir nuestra nueva encomienda con sentido de la historia, a la altura de las exigencias de los mexicanos y visión de futuro.

jueves, 9 de agosto de 2012

ROMPIENDO EL SILENCIO

JOHN ACKERMAN

“No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: ¡basta de envenenar la verdad con el dinero! ¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! […] ¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! ¡Construyamos el camino que florece en nuestras manos!” Así concluye el histórico manifiesto del movimiento #YoSoy132 pronunciado a las puertas de Televisa al concluir la toma pacífica de sus instalaciones el pasado viernes 27 de julio.
Los jóvenes han tenido el enorme acierto de identificar la democratización de los medios de comunicaciócomo uno de los objetivos prioritarios en la lucha por lograr una democracia auténtica. Es también correcto ubicar a la empresa Televisa como una de las principales responsables tanto de la degradación del debate público nacional como de la corrupción de la esfera de competencia política. Al establecer acuerdos con actores políticos como Enrique Peña Nieto y PVEM, la televisora de Chapultepec ha fomentado un mercado negro en materia de entrevistas y coberturas “informativas” que no tiene lugar en un contexto democrático.
La abultada telebancada, que incluye más de 15 diputados y senadores cercanos a Televisa y Tv Azteca, también demuestra que la relación entre las televisoras y el PRI y PVEM ha rebasado el intercambio de favores para entrar en una etapa de verdadera simbiosis, en que es cada vez más difícil distinguir dónde terminan las empresas mediáticas y dónde inician los institutos políticos. Mientras, el Instituto Federal Electoral (IFE) se vanagloria con el supuesto éxito en la aplicación del nuevo modelo de comunicación política. Leonardo Valdés afirma que “la industria de la radio y la televisión cumplió con su responsabilidad legal y con la democracia”.
Nada más lejano de la realidad. En primer lugar, no hay razón para confiar ciegamente en la cifra de 97 por ciento de cumplimiento de la transmisión de los más de 43 millones de promocionales durante las campañas, precampañas e intercampañas. Hace falta elaborar una auditoría ciudadana para saber hasta qué punto se cumplió cabalmente con la pauta del IFE. También existen indicios de que las televisoras jugaron a conveniencia con los tiempos entre la recepción de los órdenes o espots nuevos del IFE y su cumplimiento, por ejemplo con el retiro tardío del promocional calumnioso en contra de López Obrador y el remplazo particularmente veloz de los espots de Peña Nieto.
El monitoreo del IFE de la cobertura de las campañas en radio y televisión fue también deficiente. En lugar de evaluar y contabilizar de manera integral la atención mediática prestada por cada empresa de radio y televisión a cada uno de los candidatos, el IFE contrató a la UNAM solamente para sumar los segundos de las “notas informativas” y determinar hasta qué punto éstas serían “adjetivadas” con la inclusión de alguna afirmación explícita. Quedaron totalmente fuera de este ejercicio la contabilización de la cantidad de entrevistas a cada candidato, los comentarios de los locutores y analistas, así como los aspectos de producción, colocación y encuadre de las mismas “notas informativas”.
En estos aspectos más sutiles, pero igualmente dañinos para la equidad, hubo una burda manipulación mediática en favor del candidato del PRI que no ha sido tomado en cuenta por el IFE. El consejero electoral local Bernardo Barranco es una de las únicas voces críticas que desde dentro el IFE ha hecho señalamientos al respecto, al comentar el sesgo mediático en el estado de México. También habría que recordar cómo las empresas de radio y televisión traicionaron a la democracia al no convocar un solo debate propio entre los candidatos presidenciales, limitar la transmisión del primer debate y negarse a transmitir el tercero, convocado por el movimiento #YoSoy132.
El omnímodo poder del duopolio televisivo es particularmente agresivo, pero otras empresas también han decidido privilegiar su negocio por encima de su independencia. Tal es el caso, por ejemplo, de MVS Comunicaciones, que si bien hoy todavía mantiene el invaluable espacio de Carmen Aristegui, ya empieza a dar peligrosas señales de subordinación al poder al cancelar la transmisión de las colaboraciones de un servidor sobre el tema de la calificación de la elección presidencial (aquí mi carta de renuncia a MVS: http://ow.ly/cKtK9 ).
Mis señalamientos respecto al trasfondo político de este caso no se realizan a la ligera, como ha señalado Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, sino que están plenamente fundamentadas y comprobadas. No es coincidencia, por ejemplo, que el actual vocero del PRI, Eduardo Sánchez, muy recientemente litigaba para MVS el tema del refrendo de la concesión de la banda 2.5 GHz. Esperemos que Peña Nieto se conforme con haber logrado mi renuncia al noticiero de Luis Cárdenas y no pida también incidir en los espacios de Aristegui.
No podemos confiar en las instituciones estatales o la clase política para lograr las transformaciones profundas que necesita el país. Todos debemos poner nuestra parte para seguir el ejemplo de valentía y lucha de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Hablan por todos cuando se niegan a mantenerse callados y rechazan la imposición de un nuevo presidente cuyo único objetivo será distribuir prebendas entre sus amigos, en lugar de velar por el interés público.

LXII LEGISLATURA

JORGE ALCOCER

Esta semana los futuros grupos parlamentarios que tendrán mayor número de legisladores en la LXII legislatura del Congreso de la Unión eligen a sus respectivos coordinadores.
Se esperaba que entre ayer y hoy fuesen designados los del PAN; para coordinar a los senadores, Ernesto Cordero, que llega al escaño sin experiencia legislativa, lo que buscará compensar con la adquirida en su desempeño como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda, y con una pequeña ayuda de sus amigos, como Héctor Larios y Roberto Gil, que fueron coordinadores en anteriores legislaturas. Para San Lázaro la competencia está entre José González Morfín, actual coordinador de los senadores, y Luis Alberto Villarreal, todavía senador; aunque el primero, oriundo de Michoacán, cuenta con una larga trayectoria como legislador, el guanajuatense ha realizado un intenso cabildeo entre sus colegas. Por Estatutos, la decisión y fecha está en manos de Gustavo Madero, jefe nacional del blanquiazul.
El jueves 9 tocará el turno a los futuros legisladores del PRI, lo harán primero los senadores y dos horas después los diputados. Para tomar la estafeta de Beltrones se perfilan dos aspirantes: Emilio Gamboa Patrón y Cristina Díaz. Al ex secretario particular de Miguel de la Madrid lo respalda su largo colmillo en quehaceres legislativos y de gobierno; a favor de la secretaria general del PRI juegan intereses internos, que ven con recelo la repetición, enroque de por medio, de lo vivido en 2006, cuando el yucateco fue electo coordinador en San Lázaro y el sonorense en Xicoténcatl. Para la coordinación de los diputados, Manlio Fabio Beltrones está apuntado sin competidor al frente; su elección parece de trámite.
En el PRD las tribus siguen buscando ponerse de acuerdo para elegir esta misma semana; en el Senado hay varios aspirantes: Alejandro Encinas; Armando Ríos Piter; Alejandra Barrales; Manuel Camacho. Todo apunta a que la decisión final se dará entre los dos primeros. Para San Lázaro, Miguel Alonso Raya, varias veces diputado, no tiene competidores con peso propio, lo que falta son los votos que le otorguen mayoría, y la disciplina interna que impida la fuga de algunos diputados, más lopezobradoristas que perredistas, hacia el PT o MC.
Los nuevos coordinadores tendrán como primera tarea la integración de las mesas directivas y establecer el turno para presidir las juntas de coordinación política. La ausencia de mayoría absoluta hace obligado el acuerdo entre los tres grupos de mayor peso numérico. En el Senado la decisión está en manos del PRI y del PAN, ya que por ley solamente ellos tienen derecho a presidir la Junta. La práctica, desde el 2000, salvo una excepción, ha sido que los coordinadores de esos grupos se turnen en los dos cargos, por año legislativo, procurando que quien preside la Mesa Directiva sea de un grupo diferente al de quien ocupa ese cargo en San Lázaro.
A quien presida la Cámara de Diputados (2012-2013) y en consecuencia el Congreso de la Unión, corresponderá entregar la banda presidencial el 1o. de diciembre; si se mantiene la práctica del 2000 y 2006, le corresponderá al PRI, en cuyo caso el PAN presidiría en el Senado.
La siguiente tarea de los coordinadores parlamentarios será integrar las Comisiones y comités en cada Cámara, observando los criterios de equidad y pluralidad a que obliga la ausencia de mayoría absoluta. En las decisiones sobre quienes integrarán las mesas directivas de cada Comisión quedará prefigurada, en parte, la agenda legislativa del primer año de la LXII Legislatura; digo que "en parte", porque hay Comisiones cuya importancia es permanente, por ejemplo las de Hacienda; Puntos Constitucionales; Gobernación; la de Presupuesto en San Lázaro, o las de Relaciones Exteriores en el Senado.
De la actividad de las Comisiones, de la experiencia y capacidades de los legisladores que las integren, dependerá, en gran medida, la eficacia del trabajo de la siguiente legislatura. Si los coordinadores aspiran a impulsar reformas trascendentes, por las Comisiones deben empezar, privilegiando las capacidades por sobre las cuotas.
Vendrá después la agenda del primer periodo de la LXII Legislatura, en que la primera reforma debiera ser la del propio Congreso.

ERRANDO EL CAMINO

MARÍA AMPARO CASAR

El PAN comienza a procesar mal su fracaso en las urnas. Desde luego que se imponen el análisis y reflexión para un partido que acaba de perder la Presidencia, que a lo largo del sexenio dejó ir varias gubernaturas y que tuvo un pobre desempeño en las elecciones legislativas: en seis años pasó de 53 a 38 senadores y de 207 a 114 diputados.
No cabe duda que el PAN se alejó de su doctrina y principios. La adopción de prácticas que cuando eran oposición prometían combatir (corrupción, clientelismo, corporativismo y uso patrimonial de los cargos gubernamentales) decepcionó a buena parte de sus simpatizantes. Pero plantear que la derrota se debió a ese alejamiento, pretender reconstituirse a partir de un cambio de estatutos e intentar hacerlo abonando a la división del partido es errar el punto de partida.
Una manera más sencilla de abordar el análisis del fracaso electoral es, por ejemplo, voltear a ver a quien los derrotó y concluir que fue el inverso de las variables del éxito del eje PRI-EPN lo que venció al eje PAN-JVM.
El PAN no cuidó la selección de candi- datos, no reforzó durante los últimos seis años su organización territorial, ni preparó cuadros. Confundió el crecimiento en número de afiliados con el de electores. En 12 años la militancia creció 399% pero los votantes disminuyeron en 21% (Maricarmen Nava, Enfoque, 22/07/12). Se les olvidó que muchos de los militantes activos o adherentes buscaron serlo para obtener un puesto de elección popular o un cargo en la administración pública. Tampoco forjó alianzas permanentes con otros partidos. Mucho menos protegió la unidad o conformó un equipo de campaña eficaz y disciplinado detrás del cual se alinearan los cuadros gubernamentales del PAN y las estructuras del partido.
Esto del lado formal y de la normatividad electoral. Suena mal decirlo pero, del otro lado, del de los malos usos y costumbres de la política mexicana, también fueron más diestros sus contrincantes: la intervención de los gobernadores, el uso de recursos públicos, el apoyo de los poderes fácticos, la relación con los medios fueron mejor operados en y desde el PRI que en y desde el PAN.
El otro factor de la derrota cuyo reconocimiento no aparece por ningún lado es la percepción de un mal desempeño gubernamental y no, como se ha dicho, "el desgaste natural del poder". Si la tesis del desgaste fuera cierta no podría explicarse el triunfo arrollador del PRD en el DF que lleva gobernando la ciudad desde hace 15 años.
Suena difícil que estos elementos de la derrota electoral sean corregibles a través de la recuperación de los principios y doctrina "originales" del PAN o a través de una reforma estatutaria que mejore la selección de candidatos, establezca castigos ejemplares para los militantes corruptos o plantee una administración distinta del financiamiento público. Ni la falta de unidad, ni la ausencia de una estructura territorial robusta, ni la selección de candidatos competitivos, ni mucho menos la falta de eficacia en el gobierno se corrigen a través de la modificación de las normas que rigen la vida interna de un partido.
Dice la carta de los cinco expresidentes del PAN que en la reflexión se deben evitar dos extremos: el de las recriminaciones estériles que abonen a la división y el de la negación de los problemas. Tienen razón, pero ellos mismos, al igual que la dirigencia actual, incurren en esos extremos.
Unidad de propósito en torno a lo que hay que hacer y eficacia en su ejecución bajo un liderazgo fuerte es lo que le hace falta al PAN para reconstituirse y prepararse para las 14 elecciones del año entrante. Eso es precisamente lo que no se ve por ningún lado. En sentido contrario, lo que está dejando ver el PAN es una dirigencia del partido y un Presidente todavía en funciones que compiten entre sí no sobre lo sustantivo sino sobre quién se queda con el partido. No importa quién de los dos gane más adeptos dentro de los consejeros; no importa si Calderón logra que Madero se vaya antes de diciembre o si Madero logra quedarse hasta agosto del año que viene. Lo que no puede haber es dos encargados de administrar la derrota y de crear las condiciones para una futura victoria.
La reforma estatutaria puede ser pertinente, pero si se mira otra vez al PRI que recuperó la Presidencia, mantuvo su dominancia en el terreno de los gobiernos locales y recobró su estatus de primera minoría en ambas Cámaras, se podrá discernir con claridad que sus triunfos poco tuvieron que ver con una reforma estatutaria y mucho con la unidad y pragmatismo que estuvieron ausentes en el PAN.



UNA OCURRENCIA DE GORA VIDAL

JOSÉ WOLDENBERG

Gore Vidal escribió lo siguiente: "A medianoche Iris vino a mi habitación y le dije que perdí los powells en el Cuerpo de Infantería de Marina en Iwo Jima... No me importa -dijo ella- quiero lo que queda". "No quería líos por provocar envidias como las que causaban los hermosos padres hills de Myra". "El mejor de los cirujanos de Escandinavia creó una vez una delicada whizzer white tan hábilmente ideada como el oído de un caracol". "Mi rehnquist es más grande que el suyo". ¿Quiere saber de qué se trata? La siguiente es la historia.
En 1973 Gore Vidal escribía un divertimento. Una secuela de su novela Myra Breckinridge (1968) en la que un hombre se convertía en una suculenta mujer a la conquista de Hollywood (luego se haría una película encabezada por Raquel Welch). En la novela que apenas estaba creando, Myron, volvía a ser un hombre gracias a un tratamiento de hormonas, a la reimplantación de un pene y a la succión de las fabulosas tetas de Myra. Se trataba de un hombre de 35 años, conservador, casado, que entraba por la televisión al Hollywood de 1948 pero que no podía despojarse de los resortes que lo movían como mujer. Myron era tradicionalista, Myra turbulenta, Myron quería ser fiel a su esposa, Myra deseaba capar a todos los hombres, Myron aspiraba a la tranquilidad hogareña, Myra anhelaba conquistar a la Meca del cine. Sobra decir que se trataba de una comedia disparatada, plagada de incidentes chuscos, de referencias continuas al cine y de provocaciones al por mayor.
Por supuesto el texto estaba plagado de alusiones a vergas, vaginas, senos, güevos, que explicaban las sucesivas transformaciones de hombre en mujer (Myra) y de mujer a hombre (Myron). Vidal, creo, se divertía con sus ocurrencias; le gustaba sacar de sus casillas a los bien pensantes. No resultaba siquiera demasiado original, pero sí un hombre desafiante, juguetón, llamativo.
En esas estaba, cuando "una decisión del Tribunal Supremo deja a cada comunidad el derecho de decidir qué es pornografía. Hablando en nombre de la mayoría del Tribunal, el presidente del mismo, Warren Burger, admitió que, aunque no se ha encontrado todavía ninguna relación entre el consumo de pornografía y la conducta antisocial, cualquier comunidad puede llegar a la conclusión de que esta relación existe si así lo quiere; dicho de otro modo, una comunidad indignada puede quemar a una bruja aunque, en realidad, las brujas no existan". (Myron. Grijalbo, España, 1976).
La decisión pretendía ser "salomónica". Que cada comunidad decida lo que considera o no pornografía; pero como bien señalaba Vidal, si el propio presidente del Tribunal afirmaba que no existían evidencias de que el consumo de pornografía tuviese derivaciones perversas, el dejar que en cada condado se decidiera acarrearía males mayores (léase censuras).
Escribía sonriendo: "Naturalmente, la decisión del Tribunal ha alarmado y confundido a los traficantes de obscenidad, quienes aseguran arteramente que en la actualidad faltan pautas. Se quejan de que los ancianos de Drake, Dakota, pueden poner objeciones a la aparición de la expresión 'me cago en...' en una novela mientras que los bohemios de Los Ángeles tal vez quieran leer palabras aún peores. ¿Debe el editor, preguntan, sacar dos ediciones, una con la expresión 'me cago en...' para los poco exigentes habitantes de Los Ángeles y otra con la expresión 'mecachis en...' para los exigentes de Drake? ¿O bien zanjar la cuestión publicando solo para Drake?" (La traducción original al español es de Ramón Alonso).
Ante esas dudas y esas vacilaciones, que según la ironía de Vidal tenían en vilo a la industria editorial y a los creadores y editores; él, afirmaba, tenía la solución. "Con el deseo de atenerme en todo momento a la letra y el espíritu de la decisión del Tribunal, he eliminado cuidadosamente de este libro (Myron) aquellas palabras que podrían molestar a alguien. Como los libros no son sino palabras, un libro es pornográfico si contiene palabras 'malas' o 'soeces'. Eliminando esas palabras 'malas' o 'soeces' se tiene una obra 'limpia'".
¿Cuál debía ser la fórmula? Leamos: "En esta novela he sustituido las malas palabras por unas muy buenas: los nombres de los magistrados que participaron en la decisión mayoritaria del Tribunal. Burger, Rehnquist, Powell, Whizzer White y Blackmun llenan este vacío; sus nombres sustituyen a las palabras 'malas' o 'soeces'. También me he apropiado de los nombres del padre Morton Hill S.J. y del señor Edward Keating, dos conocidos luchadores en la batalla contra la obscenidad. Creo que estas situaciones son no sólo edificantes y redentoras socialmente sino que tienden a revitalizar un lenguaje que se ha vuelto anticuado e inexacto a causa de una preocupación exclusiva por el contenido".
Así, el pene se convirtió en rehnquist, los güevos en powells, la vagina en whizzer white, un chupapollas en un chuparenquist, las tetas serían padres hill; el culo, blackmun, coger era sustituido por burgeren. Problema resuelto. Todos contentos.

¿Y NUESTRO FEDERALISMO?

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Nuestra Constitución dispone en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal. Esta decisión es la más importante determinación estructural de nuestro orden jurídico.
Sencillamente, establece qué formas de actuación corresponden a qué autoridades y cuáles de sus actos podrán anularse en caso de que no se respeten tales delimitaciones. En el fondo, el sistema federal no es más que un gran orden competencial, dado que cada una de las partes en que se divide cuenta con unas reglas bastante precisas de asignación para realizarse, básicamente, en espacios territoriales delimitados: la
federación en todo el territorio nacional y los estados, el Distrito Federal o los municipios, en aquel que les sea propio.
El modo como se halla establecido el sistema federal en nuestra Constitución es relativamente simple: a la federación le corresponden facultades expresamente señaladas en ella y a los estados todo lo que no les esté asignado en aquella; al Distrito Federal lo expresamente señalado en la Constitución y lo no asignado a los órganos federales; finalmente, a los municipios lo expresamente previsto en el texto constitucional. Los problemas que suelen darse en cualquier sistema de descentralización de competencias, como lo es el federal, no se dan por lo general a este nivel generalísimo de asignación, sino en el de su aplicación..
Que la Constitución disponga, por ejemplo, que la salubridad general de la república es una competencia exclusiva de la federación implica cuándo se está frente a un tema general y cuándo no, pues en este segundo caso corresponderá a los estados actuar en ella. Si al Congreso de la Unión le corresponde expedir las leyes necesarias para distribuir la función educativa entre la federación, los estados y los municipios, es necesario identificar cuáles son los límites legislativos de ese órgano y cuándo se ha invadido la esfera de competencias de los propios estados o municipios.
A diferencia de lo que comúnmente se cree, el problema de delimitar las competencias entre los órdenes normativos mencionados no es un ejercicio teórico ni, mucho menos, divertimento de abogados. En el asunto hay un fondo de mucha mayor importancia: saber quién, cómo y para qué regular conductas humanas. Si, por seguir con los dos ejemplos utilizados, a la federación o a un estado le corresponde generar las normas en materia de salubridad, entonces, y por obvio que parezca, ello no podrá ser realizado por los estados, el Distrito Federal o los municipios. Si la forma de distribución de la función educativa es en un estado de un signo valorado como más favorable que en la federación, o viceversa, ello resulta irrelevante para el orden competencial que le da sustento a nuestro orden federal.
Además de los problemas a que da lugar el lenguaje constitucional, inherentes por lo demás a cualquier actividad que parta de la interpretación de un texto, existen otros que complican el funcionamiento de nuestro sistema federal. Ante todo, porque es producto de reformas y adiciones hechas en condiciones coyunturales y, por lo mismo, de muy poca comprensión general. Al incrementarse los problemas de seguridad pública, se reforma el sistema nacional sin tener en cuenta las categorías ni los alcances que un sistema de coordinación tiene en nuestro marco constitucional; al considerarse relevante cierta enfermedad se le incorpora a la ley y sin mucha lógica se asigna a la federación o a las entidades federativas.
Días como los que vivimos, posteriores a una elección compleja, son propicios para valorar lo que se ha hecho bien y lo que debiera corregirse antes de que los nuevos titulares de los órganos representativos asuman sus funciones. En este contexto, me parece que el federalismo es uno de los temas que debiéramos poner en primer lugar de la reflexión. He tratado de explicar de un modo básico sus condiciones de funcionamiento y algunos de sus problemas. Sin embargo, y para efectos de llamar la atención, puedo decir que nuestro federalismo, además de los problemas semánticos que le son inherentes, se ha construido con mala técnica desde hace varias décadas. Ello no es lo más grave. Para mí, y usando una expresión coloquial y evocadora, lo delicado del asunto es que está roto. No soy de los que creen que estemos asistiendo a un problema de neofeudalismo por la mera generación espontánea de una clase particular de gobernantes. Más bien, creo que se trata de un problema derivado de la falta de asignación de competencias y/o de una muy confusa asignación de ellas.
El sistema federal que tenemos propicia que en muchos casos a nadie le corresponda la realización de ciertas funciones, o que otros varios la compartan sin claridad de ejecución, o que en otros más no sea posible la vigilancia del cumplimiento de las normas o del gasto de los recursos, por ejemplo. Revisar a fondo el sistema federal es, me parece, una cuestión esencial de nuestro futuro. No es un mero problema formal, ni una cuestión para pasar el rato. Dado el sentido completamente estructural y estructurante de la totalidad de nuestras relaciones, es un tema sustantivo. Este problema no se limita a arreglar sólo la seguridad pública, ni los asentamientos humanos, ni la educación. Se trata de discutir el todo federal a fin de generar un modelo nuevo en el cual, la seguridad, los asentamientos o la educación, por ejemplo, encuentren una racionalidad y permitan, al final de las cosas, una gobernabilidad efectiva y democrática.

"STRIP TEASE" EN EL AEROPUERTO

MIGUEL CARBONELL

La CNDH dedicó su recomendación 33/2012 a un tema que podría parecer menor, pero que en realidad afecta a millones de personas cada año. Resulta que en el aeropuerto de Villahermosa detuvieron a una mujer porque sonaba en el arco de seguridad la prótesis mamaria que, por indicación médica, usaba luego de haber sido sometida a una mastectomía como producto de un cáncer de seno.
La persona que tenía que revisar a la pasajera le pidió que se sacara la prótesis, pero no en un lugar reservado que estuviera fuera de la mirada de los demás pasajeros y de los otros miembros del equipo de seguridad del aeropuerto, sino en el sitio mismo en el que había sonado el arco detector de metales, a la vista de todos.
Pese a la incomodidad que eso le supuso, la pasajera accedió, ya que le era de suma importancia tomar su vuelo, que saldría en pocos minutos. El elemento de seguridad agarró la prótesis, la depositó en una canastilla de plástico y la pasó por la máquina de rayos X, de nuevo a la vista de todos. Una vez desahogada esa indigna (y hasta inhumana) revisión, le fue devuelta la prótesis a la pasajera.
Esas son las dimensiones de un caso que encierra (como acertadamente lo documentó la CNDH) una vulneración de los derechos humanos de una persona, como consecuencia involuntaria de haber sido sometida a un tratamiento contra el cáncer de mama. Pero hay algo mucho más importante en ese caso, de lo que cual deberíamos tomar buena nota. Me refiero a la manifiesta falta de preparación del personal a cuyo cargo está la seguridad de los aeropuertos en México.
Por razones vinculadas con mi trabajo soy un usuario frecuentísimo de los aeropuertos. Cada año tomo entre 100 y 150 vuelos, tanto en México como en el extranjero. En México las reglas para la revisión de equipajes y personas son de los más variopintas, dependiendo a veces de la hora, del aeropuerto e incluso de la persona a la que le toca revisar al pasajero.
En algunos aeropuertos se deben abrir las maletas que van a ir documentadas como piezas de equipaje, en otros no. Algunos encargados de revisión a veces piden que uno se quite el saco cuando viste de traje y otros no. Los arcos detectores tienen calibrada una diferente intensidad según los aeropuertos: tengo un cinturón que nunca suena en los arcos del DF pero sí en los de Monterrey y Acapulco.
La preparación de los revisores es tan pobre que ni siquiera saben lo más elemental de sus tareas. Por ejemplo, hay quien usa el bastón para detectar metales (en una segunda revisión, una vez que ha sonado el arco detector) como si fuera una especie de máquina de rasurar: lo pega al cuerpo del pasajero, oprime con fuerza y lo va bajando y subiendo por piernas, torso y brazos (¡¡¡¡). Me ha pasado varias veces.
Hace poco, en un aeropuerto de los más pequeños del país solamente había una máquina detectora de metales para revisar a los pasajeros pero el día que tuve que volar no servía, de modo que nos revisaron manualmente (en sentido literal): un agente nos fue "palpando" el cuerpo y la ropa a todos y cada uno de los azorados viajeros.
La mayor parte de quienes revisan a los pasajeros (y, por tanto, de quienes depende la seguridad aérea del país) son empleados de empresas particulares cuyo principal objetivo es ganar dinero fácilmente; a leguas se nota que pagan salarios miserables.
Otra parte de la vigilancia (aunque no de la revisión ordinaria de los pasajeros) está a cargo de la Policía Federal, que sin duda está mucho más entrenada que los empleados de las empresas contratadas por los aeropuertos. Pero su trabajo también es cuestionable. He visto en cientos de ocasiones a policías federales distraídos revisando su teléfono celular o hablando por él durante largo rato, sin esmerarse en vigilar. También he visto que los policías tienen un especial "interés" en detener e "investigar" a mujeres jóvenes, sobre todo si responden al muy mexicano estereotipo según el cual son "de buen ver". En ese caso las interrogan, les piden papeles y les hacen sobre todo perder el tiempo; para esa difícil tarea suelen trabajar en equipo, seguramente por la sospecha que levantó algún escote o la breve longitud de una falda.
Ya hace un tiempo la CNDH tuvo que tomar cartas en el asunto, por las indignas revisiones a que son sometidos los pasajeros en los aeropuertos. Su recomendación 33/2012 vuelve sobre el mismo tema, lo que indica que las autoridades siguen siendo negligentes.
Ojalá en esta ocasión se repare debidamente el daño causado a la pasajera, pero que sirva también para poner en orden un sector de los transportes que puede poner en riesgo la seguridad nacional.