jueves, 29 de noviembre de 2012

¿UN PODER EJECUTIVO SIN OPCIONES?*


MIGUEL CARBONELL

Han abundado, en los días recientes, los análisis que intentan ofrecer un balance de la gestión del presidente Calderón. El propio Presidente se ha referido a lo que para él han sido los logros y los problemas más importantes de su gobierno.

Calderón ha vuelto a repetir un argumento recurrente durante su sexenio: que cuando él llegó a Los Pinos era tal el grado de descomposición en el ámbito de la seguridad pública, que no tuvo otra opción más que sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y comenzar lo que a todas luces ha sido una “guerra” con más muertos que en Irak o Afganistán.

Lo cierto es que parece haber algunos problemas serios para dilucidar si el Presidente se apega a la verdad. Por ejemplo, si el deterioro era tan grande, ¿cómo es que no se reflejó en sus discursos siendo candidato? Cierto es que el candidato Calderón hizo propuestas y discursos de campaña en referencia a la inseguridad, pero nunca nos advirtió el grado del supuesto deterioro que luego dijo haber encontrado.

Por otro lado, llama la atención que si el deterioro era tan grave no se hubiera reflejado en ninguno de los indicadores estadísticos oficiales que existen: de hecho, tanto el homicidio como el secuestro habían venido bajando en los últimos años. El aumento trágico de ambos delitos (y de la extorsión, del robo de vehículos y de un largo etcétera) se produce en 2007 y sigue subiendo hasta el primer semestre de 2012. Si la situación ya estaba deteriorada pareciera que el trabajo de Calderón vino a empeorarla.

Nadie en sus cabales puede sostener que lo que tenía que haber hecho el Presidente era nadar de muertito o pactar con el narco. Dicho pacto simplemente no puede darse porque ni siquiera existe un interlocutor con el que pueda uno sentarse; los grupos delictivos son muy heterogéneos y además cualquier concesión por parte de las autoridades sería sencillamente inaceptable para los ciudadanos. Pero en lo que sí creo que faltó análisis y preparación fue en la forma en que se abordó el tema de la inseguridad.

La presencia de los militares fue necesaria para hacer frente al poder de fuego de los grupos criminales, pero no lo era la complicidad con que se les han tolerado las violaciones a derechos humanos. Tampoco era necesario que Calderón se empeñara en mantener en un alcance inaceptable el fuero militar, que tuvo que corregirlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco.

El Presidente tuvo la opción de apostar no sólo por la presencia de fuerza pública (militar y civil) en las calles, sino por fortalecer las capacidades de investigación de la PGR, cosa que no hizo. Eso generó que un número enorme de personas que fueron detenidas no pudieran ser procesadas ni condenadas. Eso tuvo como resultado que casi 15 mil cuerpos de personas asesinadas no hayan podido ser identificados y descansen hasta hoy en fosas comunes. El resultado evidente es que casos emblemáticos como el del michoacanazo o el de los generales del Ejército presuntamente corruptos simplemente no se han podido sostener ante los tribunales.

La gestión de cualquier político se mide por sus resultados. No sirven las excusas, ni decir que la situación vivida era sumamente difícil. Si los resultados no se logran el juicio de la historia será inevitablemente adverso.

Los resultados en el tema de seguridad son muy deficientes: el homicidio aumentó 300%, el cobro de piso 130% entre 2010 y 2012, durante la primera mitad de 2012 fueron denunciadas más de 30 mil extorsiones telefónicas, etcétera. Todo eso, además, nos costó mucho dinero: más de 130 mil millones de pesos durante 2012 si sólo contamos el presupuesto de Sedena, Marina, PGR y SSPF. Hay que sumar gasto local y el que hacen las familias para protegerse.

Ojalá que el próximo gobierno tenga claridad en: 1) una estrategia contra la inseguridad; 2) cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos; 3) gasto público más efectivo; 4) privilegiar la eficacia por encima de la fuerza bruta; y 5) investigación científica y profesional de los delitos. Solamente así se obtendrán resultados diferentes a los muy pobres que nos deja Felipe Calderón.

*El Universal 29-11-12

EL NUEVO GOBIERNO*


JOSÉ WOLDENBERG

Las preguntas aparecen de manera reiterada: ¿qué significa la vuelta del PRI a Los Pinos?, ¿se trata de una regresión?, ¿de algo natural propio de un sistema democrático?, ¿estamos ante el mismo Tricolor o es otro? No sé si los integrantes del PRI hayan cambiado, tampoco si su vida interna sea más participativa, democrática, ni si sus compromisos y proyectos se hayan renovado, pero el PRI es otro por el espacio que ocupa, y sobre todo vive en una circunstancia radicalmente distinta a la de hace 20 años. Paso a explicarme.

Durante décadas el PRI fue, por si usted nació y vive en Uganda, un partido hegemónico. La política se procesaba bajo su manto y a sus flancos solamente existían expresiones testimoniales o si se quiere germinales. Hoy ya no lo es. El PRI es un partido entre otros. Ganó la Presidencia pero no ocupa (casi) todos los cargos electivos como lo hacía en el pasado. Puede ganar o perder y encuentra a otras formaciones políticas que resultan auténticos contrapesos.

Al nuevo gobierno le sucederá algo similar. Es un gobierno de minoría, no solamente porque su candidato a la Presidencia logró un poco más del 38 por ciento de los sufragios, sino porque sus diputados y senadores no tienen los votos suficientes para hacer, sin más, su voluntad. El gobierno tiene entonces un contrapeso real en el Congreso. Avanzará si forja acuerdos; se estancará si no reconoce la pluralidad que habita en el órgano legislativo y actúa en consecuencia.

Incluso la Corte, durante décadas anulada en términos políticos, hoy es un auténtico poder y en ocasiones árbitro en las disputas entre diversos poderes constitucionales. Antes, esa función la ejercía de facto el presidente de la República, cúspide de la pirámide de autoridad, Tutor, Regulador, Máximo Mando, al que los otros poderes veían con reverencia. Hoy las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, entre un gobernador y un presidente municipal, entre un congreso local y una Secretaría de Estado eventualmente los resuelve la Corte. En alguna curva de la historia se perdió aquella Corte anodina en materia política.

A ello hay que sumar los órganos del Estado autónomos construidos en los últimos años: institutos electorales, comisiones de derechos humanos, institutos de acceso a la información pública son contrapesos eficientes a la labor del Ejecutivo. Ciertamente esas nuevas figuras están cruzadas por una tensión: no son pocos los gobernadores y congresos locales y el propio Presidente y el Congreso federal que han visto y ven con recelo la independencia de los mismos y han intentado (y en no pocas ocasiones logrado) convertir a esa red de nuevas instituciones en correas de transmisión de poderes públicos o partidos. No obstante, su existencia nos habla de una constelación de órganos del Estado que en principio no responden a la voluntad presidencial.

Pero más allá de las instituciones y poderes que se desprenden de la Constitución, se encuentra una sociedad un poco más organizada, más demandante, menos acostumbrada a callar y obedecer. Una sociedad civil que genera sus propias agendas, diagnósticos, reclamos, y que tiende a construir un contexto mayor de exigencia hacia el gobierno. Cierto, en la sociedad organizada los intereses de unos pesan más que otros, pero no parece existir posibilidad alguna de reconstrucción de una sociedad organizada para asentir solamente a la voluntad del "Primer Mandatario".

Y si a ello le sumamos los márgenes de libertad de los que ahora gozan y usufructúan los medios, el laberinto por el que debe transitar el Presidente se hace más complejo. No hablo solamente de la prensa donde la diversidad se reproduce todos los días, sino también de los más penetrantes medios de comunicación. Si antes las grandes televisoras y radiodifusoras funcionaban como una especie de amplificador de los deseos presidenciales, hoy han aprendido a ejercer una libertad y una crítica que difícilmente depondrán -en buena hora-. Pero en esa dimensión se han producido cambios preocupantes: medios monopolizados que en ocasiones se han rebelado contra disposiciones constitucionales y legales que no les han gustado, y hemos observado también no pocos episodios en los que los usufructuarios de los medios los utilizan para acosar y vapulear a políticos y competidores que nos les resultan gratos. En ese terreno se requieren nuevas reglas que fomenten el pluralismo, pero sobre todo capaces de regular a esos (en ocasiones) insolentes poderes fácticos.

Si a ello le sumamos que en México coexisten gobernadores de diferentes partidos, que el DF es un bastión de la izquierda como Guanajuato lo puede ser de la derecha, que a querer o no los ciudadanos nos hemos aclimatado al pluralismo que trasmina a lo largo y ancho de la convivencia social, y que en fin, los dispositivos de poderes y contrapoderes están activados, la gestión del próximo Presidente no podrá ser como la de sus antecesores del PRI, o por lo menos como la de quienes vivieron el "esplendor" monopartidista.

*Reforma 29-11-12

martes, 27 de noviembre de 2012

FIN DE SEXENIO Y LA JUSTICIA EN CONSTRUCCIÓN*


JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Hacer un balance sobre la justicia en un sexenio exige aclarar algunas cosas previamente. La primera es que no se trata de considerar en exclusiva lo hecho y lo omitido por el presidente: no es un actor tan poderoso como para que todas las responsabilidades tengan que recaer en él, pero, paradójicamente, es lo suficientemente relevante en un sistema presidencial como para que mucho de lo habido y de lo no habido en el periodo le sea imputable. Muy particularmente, el presidente es responsable de las actuaciones positivas o negativas de su administración, pero no lo es completamente de las de las cámaras del Congreso, salvo en aquello en lo que no las hubiere incitado a actuar o no hubiere generado las acciones necesarias para forzarlas a ello. La segunda aclaración por hacer es que no cabe considerar únicamente lo que el propio presidente haya hecho y dejar de lado lo que no haya enfrentado o considerado. Si al tomar posesión encontró, por decirlo así, un mundo en marcha y actuó sobre lo ya dado con el fin de transformarlo, ese mundo resintió tanto lo que hizo como lo que dejó de hacer y, tal vez más importante, lo que comenzó a hacer y finalmente no concluyó.

Por una razón que no acabo de comprender pero que tal vez tenga que ver con la idea de que lo premiable son las acciones realizadas, el presidente y el Congreso en alguna medida han estimado que su gestión debe calificarse a partir de dos raseros: por lo que ha pretendido hacer y por las acciones concretas que llevó a cabo para lograr esas pretensiones. Así, por ejemplo, en materia de justicia penal lo relevante para él era incorporar una serie de excepciones para tratar con rigor a la delincuencia organizada; ello con independencia de que concomitantemente se diera cabida a un nuevo y complejo sistema acusatorio. Logrado el propósito general mediante la correspondiente reforma constitucional, el tema terminó entendiéndose palomeado y, como tal, delegable en alguien más para efectos de su culminación.

Se me podrá decir que la labor presidencial consiste en iniciar y culminar cierto tipo de acciones, así como delegar otras en actores políticos y administrativos distintos para su culminación. Ello no es completamente cierto en un sistema presidencial como el que tenemos en México. Para bien y para mal, el sistema presidencial hace recaer en un solo sujeto una enorme cantidad de responsabilidades de muy diverso tipo. Unas, en tanto jefe de Estado; otras, en tanto jefe de gobierno. Por lo mismo, al presidente de la república no sólo le corresponde ser un generador de cierto tipo de normas, sino también ser, permítaseme la palabra, un culminador de aquello que él mismo haya decidido emprender.

Es a partir del contexto identificado como, a mi juicio, debe valorarse el sexenio del presidente Calderón en materia de justicia. El juicio debe implicar no sólo lo hecho por él, repito, sino también lo hecho y omitido por las instancias administrativas que de él dependieron y las políticas que actuaron o debieron actuar en el mismo periodo, fuera para complementar sus ideas, fuera para reorientarlas o, inclusive, impedirlas. Descargar todos los males en el presidente en un contexto de democracia, federalismo y división de poderes significa constituir una pobre representación de la realidad. Es verdad que el presidente incurrió en muchos errores por acción y por omisión. Sin embargo, y hasta donde sé, otros poderes del Estado, federales o locales, contaban con los instrumentos necesarios para reordenar la realidad que estimaban inadecuada o de plano caótica.

Hablando específicamente de justicia, el balance a hacer en el ámbito legislativo pasa por la identificación de la confusión conceptual de la reforma en materia de juicios penales de 2008, la incapacidad de generar en más de un año una nueva ley de amparo para completar la reforma de 2010, la inexistencia de leyes para juzgar a los adolescentes, para establecer jueces especializados en cateos y arraigos, para generar un modelo integral de reparaciones a las violaciones a los derechos humanos, para regular la nueva acción en materia de competencia económica, para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y para generar un nuevo orden competencial a los tribunales de este fuero, por ejemplo. En el terreno administrativo, y por señalar un solo ejemplo, lo más relevante es el nulo avance prácticamente en cualquier ámbito en lo tocante al nuevo sistema penal acusatorio, restando escasos cuatro años para que entre en vigor la reforma iniciada hace ya poco más de cuatro años.

Del sexenio que culmina se están haciendo y se harán muchos balances. La mayoría de ellos serán críticos y, me atrevo a augurar, tendrán un eje más o menos común: en él se iniciaron muchas acciones, algunas de ellas
valiosas, bajo la idea de que con el mero inicio bastaba para lograr su realización. Lo que finalmente llama más mi atención es la incapacidad de entender que las acciones tomadas o las omisiones realizadas inciden en el mundo de diversas maneras, y que el ejercicio político y administrativo responsable necesariamente debe hacerse cargo de los efectos que éstas conllevan. El mundo es un hábitat complejo en el que no se puede actuar por palomeo, en donde no se debe esperar la colocación de la estrellita por la acción realizada para de inmediato ejecutar una nueva acción que permita recibir otro reconocimiento. El grado de fragmentación y dispersión existente en materia de justicia frente a lo mucho que se ha iniciado y lo poco que se ha concluido son una buena muestra de que el inmediatismo no es un buen modo de ejercer ni el poder político ni la acción administrativa.

*El Universal 27-11-12

LUCES Y SOMBRAS*


JORGE ALCOCER

La obra de todo gobernante es producto, antes que nada, de sus propios aciertos y errores, pero también de los de sus colaboradores y de las fuerzas políticas que acompañan y contrapesan el ejercicio del mandato.

El mayor acierto del presidente Calderón fue su respeto a las libertades políticas y, salvo contadas excepciones, a la crítica contra su persona y sus decisiones; de igual manera, cabe reconocerle el respeto a los otros dos poderes federales, a los gobernadores y presidentes municipales. Aunque en términos de crecimiento económico y generación de nuevos empleos los resultados que entrega son muy pobres, justo es reconocerle que hereda a su sucesor una situación económica estable, base necesaria para emprender reformas que impulsen la inversión y el empleo.

Por formación y convicción, Calderón fue un impulsor de cambios democratizadores durante los años previos a su arribo a Los Pinos; por esa historia personal, y por su experiencia como candidato presidencial, respaldó de manera activa la reforma electoral de 2007-2008, especialmente el modelo de acceso de partidos y autoridades electorales a la radio y la televisión; luego impulsó la reforma política, que daría frutos en agosto del presente año. Esas dos reformas constituyen su principal aporte al desarrollo democrático.

En cambio, Calderón no supo, o no admitió, cambiar el enfoque asistencialista de la política social; preservó y perseveró, como sus dos antecesores, en el modelo instaurado por Carlos Salinas: paliar la pobreza extrema, sin atacar sus causas. Al final de su mandato, México tiene el mayor número de personas con ingreso diario por abajo del mínimo de subsistencia; ese es el saldo más negativo de su política económica y social.

En la política exterior, el michoacano no encontró la brújula que lo guiara; la relación con Estados Unidos y Canadá, nuestros socios en el TLCAN, fue guiada por la inercia, sin iniciativas ni acciones dignas de recuerdo. Con América Latina, México ha perdido liderazgo tanto en los temas de integración económica como en el fortalecimiento de los procesos democratizadores. Frente a Europa no se tuvo claridad en los objetivos, ni consistencia en las acciones.

Hay consenso en que el saldo más negativo del sexenio que termina es la cauda de violencia y muertes que ha provocado la llamada "guerra contra el narcotráfico". Hasta el día de hoy no sabemos los motivos que llevaron al Presidente a emprender tal "guerra"; mientras los muertos y las víctimas colaterales se siguen acumulando en siniestro récord. Me constó que ese tema no formaba parte de las reflexiones y análisis en su equipo de transición; Calderón se va sin haber ofrecido una explicación al respecto.

Hay otro saldo negativo: la corrupción se extendió de manera imparable, sin que las iniciativas y acciones para combatirla y sancionarla hayan arrojado resultados; la corrupción y la impunidad guardan estrecha relación con el rompimiento de los pesos y contrapesos en la relación entre los tres órdenes de gobierno; son el saldo más pernicioso del feuderalismo.

Con su gabinete, Calderón actuó bajo la premisa de privilegiar a sus amigos de confianza, sin que por ello se abstuviera de despedirlos al influjo de sus cambiantes humores. Es cierto que la tragedia lo privó de tres de sus colaboradores más cercanos, pero visto de conjunto, su equipo cercano se distinguió por el bajo perfil, y al final por la designación de secretarios sin méritos ni experiencia. El suyo fue un gobierno de cuates.

Al PAN lo trató como si fuera una dependencia del gobierno; ignoró que, por historia y cultura propias, los panistas no comparten las formas del presidencialismo de antaño. Para enfrentar al PRI, promovió alianzas electorales con el PRD, sin cuidar candidaturas ni compromisos. Llegado el momento de la sucesión, Calderón enredó los hilos, con los resultados ya conocidos. Perdió el gobierno y hundió al PAN en una crisis sin precedente.

Felipe, a sus 50 años, tiene mucho tiempo por delante para hacer su personal balance; su lugar en la historia de México está asegurado, ya fue Presidente. Lo que vendrá es el juicio de la historia, una vez que los ánimos se sosieguen y haya tiempo para aquilatar y valorar la obra de su gobierno, con sus luces y sombras.

*Reforma 27-11-12

NI REGRESIÓN Y EFICACIA*


MARÍA AMPARO CASAR

El derecho de un nuevo mandatario a estructurar el aparato político y administrativo de acuerdo con sus preferencias parece inobjetable. Sobre todo cuando se acompaña de un razonamiento que explica los motivos para hacerlo y los resultados esperados.

Lo que no es comprensible es que en el debate parlamentario se hayan proferido descalificaciones en lugar de argumentos que alentaran una reconsideración de la propuesta de incorporar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la de Gobernación. "Peña Nieto nos dio la razón. Dijimos que era un proyecto restaurador del pasado autoritario", sentenció un perredista. "Se va a regresar a Segob el control político a través de la ley del garrote, ... es una vuelta al pasado totalitario e intolerante", remató en tribuna un diputado panista.

Las declaraciones son falaces: la intención es volver al pasado autoritario; se busca la gobernabilidad en los cuerpos de seguridad; se quiere utilizar la fuerza -y la inteligencia- para propósitos políticos.

Ninguno de los críticos intentó explicar por qué el regreso de la función de seguridad pública a Gobernación significaría una regresión. De existir en el horizonte, el retorno a un pasado autoritario no pasaría por una reorganización de la administración pública. Como si lo que importara fuera la institución y no la función. Como si los titulares de las dos Secretarías respondieran a un jefe distinto. Como si la separación de la función policiaca en una Secretaría independiente significara un dique contra una eventual tentación autoritaria o contra el uso político de la fuerza pública. Como si la fuerza pública y la inteligencia no hubieran sido utilizadas políticamente cuando se dio vida a la SSP. Como si la seguridad pública no fuera uno de los ingredientes indispensables de la gobernabilidad. En el debate parlamentario no hubo crítica seria ni alternativa al modelo propuesto por Peña Nieto.

Otra cosa es si el rediseño institucional se adecua a los propósitos buscados.

Es dudoso que unificando las tareas de seguridad pública y las muchas que tiene hoy la Segob desaparezcan las tensiones y la descoordinación que privaron durante los gobiernos panistas. Habrá coordinación si el titular del Ejecutivo sabe imponerla; si se diseña una política pública integral de seguridad y el nuevo Presidente alinea al gabinete.

La falta de coordinación y los pleitos más notables en el sexenio de Calderón ocurrieron al margen de la Segob: se dieron entre la PGR y la SSP, entre el Ejército y la Marina, entre éstas y la SSP. Si Peña no es capaz de imponer la disciplina al interior del gabinete, el pleito pasará a ser entre Segob y la PGR o entre Segob y las Fuerzas Armadas. La iniciativa de reforma no toca a estas instituciones.

Más dudoso todavía es si una Secretaría con las funciones que se quieren reunir en Gobernación puede ser eficaz bajo el mando de un solo hombre. El tramo de control que tendrá el próximo secretario de Gobernación es de tal magnitud que la eficacia se antoja difícil de lograr: desde la relación con los otros dos poderes hasta con los gobernadores y presidentes municipales; desde la negociación con los sindicatos hasta con los empresarios; desde el trato con los medios hasta con las iglesias; desde la política migratoria hasta la de protección civil; desde el orden jurídico hasta los derechos humanos.

Súmele usted a estas funciones la de la seguridad pública y seguridad nacional incluidas las labores de inteligencia, prevención y administración penitenciaria además de la coordinación entre la prometida gendarmería y la policía y la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y no, el argumento de que así operó antes de los gobiernos panistas no es muy útil. El contexto en 2012 es muy distinto. Las presiones de la labor de seguridad son otras. La policía pasó de tener 6,000 elementos a 36,000 y de un presupuesto de 10 mil millones a uno de más de 40 mil millones.

Agréguele, por último, la facultad de coordinar reuniones de gabinete para definir y dar seguimiento a la política de gobierno en asuntos prioritarios y atender aquellos de competencia concurrente de las dependencias de la Administración Pública.

Ante tan titánica tarea, la pregunta es si en términos de un gobierno eficaz, no hubiese convenido más la creación de una Secretaría del Interior y una Secretaría u Oficina de la Presidencia con las funciones de negociación política con los poderes, los órdenes de gobierno y las organizaciones sociales que, dicho sea de paso, no suelen requerir del uso de la fuerza.

*Reforma 27-11-12

lunes, 26 de noviembre de 2012

EL TRAJE DEL NUEVO PRESIDENTE*


JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Se equivocan los que afirman que para que el país esté bien es necesario que al presidente de la República le vaya bien. Cuando el mandatario viola la legalidad, agrede a los ciudadanos y conduce el país hacia el despeñadero, lo más conveniente no es subirse al barco y sonreír al capitán, sino remar a contracorriente y evidenciar las fugas del navío. El primero de diciembre la salud de la democracia mexicana no se determinará por el aplausómetro para Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino por la visibilidad de las protestas contra ambos.

En 2006, la interrupción simbólica del rito presidencialista de entrega-recepción de la banda presidencial en la Cámara de Diputados fue un gran avance político en nuestro país. La oposición de izquierda tomó en serio su responsabilidad de canalizar y representar el descontento social al interior de la instancia diseñada precisamente para dar cabida a la pluralidad política: el Congreso de la Unión. En un acto contundente de resistencia civil pacífica y de sacrificio político, un amplio grupo de legisladores tomó la tribuna de San Lázaro e impidió el desarrollo normal de la sesión en la que Calderón tomaría posesión como presidente de la República.

El repudiado presidente saliente, Vicente Fox, ni siquiera pudo presentarse. Calderón tuvo que entrar y salir del recinto por una improvisada puerta trasera, entre gritos y fuertemente custodiado por el Estado Mayor Presidencial.

Se cumplió estrictamente con la normatividad. El nuevo presidente protestó ante el Congreso de la Unión a guardar y hacer guardar la Constitución tal y como lo mandata el artículo 87 de la carta magna. Pero el rito de colocación de la banda presidencial se desacralizó y todo México pudo atestiguar, por lo menos en el terreno simbólico, el fin de la presidencia imperial. Con ello se evidenció la desnudez del rey y esta nueva conciencia crítica benefició a la sociedad entera.

Se repitió una escena similar el pasado 11 de mayo, cuando un amplio grupo de alumnos en la Universidad Iberoamericana recibió y despidió a Peña Nieto con gritos de ¡Fuera! ¡Asesino! ¡Cobarde! ¡Corrupto! y ¡Represor! Aquella manifestación también fue pacífica y no rompió en absoluto con la legalidad, que en ninguna parte obliga a los ciudadanos a vitorear a los candidatos presidenciales. El priísta pudo entrar sin problema en el auditorio universitario, exponer sus ideas con calma y contestar una veintena de preguntas antes de tomar libremente la decisión de escaparse por la puerta de atrás, detenerse en el baño y cancelar su entrevista con Radio Ibero.

La irrupción de la juventud dio aire nuevo al proceso electoral e iluminó la esperanza de miles de ciudadanos para participar e influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Las instituciones electorales finalmente traicionaron esta esperanza con su complicidad con los poderes fácticos. Pero ello no canceló la enorme importancia histórica del movimiento #YoSoy132.

En 1968, Samuel Huntington, finado profesor de la Universidad Harvard y uno de los más influyentes apologistas del imperialismo estadunidense, escribió en su libro El orden político en las sociedades en cambio que lo más importante para un país en vías de desarrollo no es su tipo de gobierno, sino su grado de gobierno. Es decir, en lugar de preocuparse por la democratización del sistema político, los líderes deberían priorizar la construcción de instituciones fuertes capaces de imponer el orden social.

Un elemento central para lograr este fin, según Huntington, es el fortalecimiento de la institución presidencial. Sostenía que el clásico refrán estadunidense de que lo que le es bueno para General Motors es bueno para el país debería también acuñarse como lo que le es bueno a la Presidencia, es bueno para el país. De acuerdo con esta lógica autoritaria, sólo un firme centralismo político podría generar las condiciones necesarias para un sano desarrollo frente a las amenazas que implicaban los vigorosos movimientos estudiantiles y socialistas de la época. El autor explícitamente halagó al sistema priísta mexicano como ejemplo a seguir a escala internacional.

Hoy el PRI busca resucitar el fantasma de Huntington y recuperar la fuerza presidencial supuestamente perdida durante los años de gobiernos panistas. Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley del Servicio Profesional de Carrera no podrían ser más transparentes (aquí mi análisis: http://ow.ly/fypMk). Se trata de garantizar que los criterios políticos y las preferencias personales sean los únicos que influyan en la administración pública federal, tanto en materia de seguridad pública como en contratación de servidores públicos y el combate a la corrupción. El vergonzoso apoyo de destacados legisladores del PRD a estas reformas, como Silvano Aureoles, Miguel Barbosa, Manuel Camacho y Armando Ríos Piter, confirma el abandono de la lucha democrática de la mayor parte de los líderes de ese partido.

México no resolverá sus problemas con el retorno del hiperpresidencialismo del pasado, sino con la consolidación del protagonismo social que cada día más es el signo de nuestros tiempos a escala mundial. La forma en que se desarrolle el relevo presidencial este 1º de diciembre será un importante indicador simbólico de lo que nos espera en los años por venir.

*La Jornada 26-11-12

PRIVILEGIAR LA AGENDA SUSTANTIVA DE LA TRANSPARENCIA*


JACQUELINE PESCHARD

No me cabe duda de que los nombramientos deben de provenir de los poderes establecidos, pues son éstos los que por su legitimidad de origen están facultados para hacerlo, sin embargo, los órganos constitucionalmente autónomos son instituciones que tienen encomendadas funciones de Estado, por lo que requieren de plena independencia de los poderes. La autonomía orgánica y constitucional está vinculada a la independencia de los titulares de las instituciones que tienen conferido dicho estatuto.

Las iniciativas de reforma en materia de transparencia presentadas por las principales fuerzas políticas y que se discuten en el Senado coinciden en la conveniencia de dotar a los organismos garantes de autonomía constitucional, para fortalecer y extender sus competencias y lograr que el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública obligue por igual a todos los Poderes y a los tres niveles de gobierno. Se trata de colocar un mismo nivel de exigencia para todos los sujetos obligados.

A pesar de que existe un acuerdo entre las fracciones parlamentarias para que los nombramientos de los integrantes de los órganos garantes de transparencia se hagan escalonadamente y se pueda combinar la frescura de los nuevos miembros con la experiencia de los restantes, no hay coincidencias en cuanto al esquema de su nombramiento. Mientras que la iniciativa del PRI y PVEM propone que el Ejecutivo federal designe a los integrantes y que el Senado pueda objetarlos, la del PAN y PRD busca dejar fuera al Ejecutivo, para que sea competencia exclusiva del Senado, a través de una votación calificada de dos terceras partes.

En nuestro marco legal, la intervención de dos Poderes es una de las fórmulas previstas para impulsar la independencia de los organismos de Estado. Sin embargo, la figura de la no objeción, tal como está planteada para los organismos garantes de transparencia, no asegura una participación activa y responsable del Senado, pues si no hay pronunciamiento sobre la designación presidencial en dos ocasiones, el nombramiento quedará firme, lo cual derivaría en anular la participación de dos Poderes que es precisamente la palanca de la independencia.

De ahí que es indispensable que este modelo contemple la ratificación del Senado, en positivo, y por la misma mayoría calificada, tal como sucede para el caso de los ministros de la Suprema Corte o los magistrados del Tribunal Electoral. La ventaja de este modelo es que señala con claridad las responsabilidades de cada uno de los poderes y obliga a una participación declarada del Senado. Asimismo, al acotar y especificar la manera como interviene cada uno de los poderes, se agiliza el procedimiento.
Las limitaciones de este modelo de nombramiento están justamente en la participación del Ejecutivo, que en una materia como la de transparencia es quien concentra no sólo el mayor caudal de información y de documentos gubernamentales, al tener encomendada la administración pública, sino quien ejerce los volúmenes más grandes de recursos económicos, que es el asunto toral de la rendición de cuentas, que es el estadio superior de la transparencia.

Por su lado, el esquema de la intervención exclusiva del Senado tiene la gran ventaja de depositar el nombramiento en manos de un poder colegiado y plural, lo cual, de entrada, sugiere una mayor deliberación y análisis de los candidatos. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que con frecuencia los nombramientos surgen del reparto de cuotas partidarias, más que de la cabal ponderación de las cualidades de los postulantes. Así, el esquema de la mayoría calificada que busca impedir que una sola fuerza política determine por sí sola el nombramiento, tiende a desembocar en una suerte de reparto escalonado, o acuerdo cupular, que lejos de reducir las posibilidades de que se generen correas de transmisión con los partidos políticos, las fomenta.

Es importante que se privilegie la agenda sustantiva de la transparencia por encima de cualquier cálculo político-partidario. Es indispensable que se abran espacios para dar voz organizaciones de la sociedad civil que han insistido en fórmulas de nombramiento que aseguren la vigencia de la autonomía y la independencia como pilares de la transparencia.

*El Universal 26-11-12

viernes, 23 de noviembre de 2012

NUEVOS MINISTROS, MISMA CORTE*


MIGUEL CARBONELL

La elección de Alberto Pérez Dayán y Antonio Gutiérrez Ortiz Mena como nuevos integrantes de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación no estuvo exenta de sobresaltos. Quedará para la historia parlamentaria del país las razones por las cuales los senadores que unos días antes no habían votado por Pérez Dayán de repente y sin ofrecer ningún argumento cambiaron el sentido de su voto. Quedará también para la historia la explicación de cómo confeccionó el presidente Calderón una ternas que iban ya del todo inclinadas hacia los dos candidatos que salieron finalmente elegidos. Los cuatro magistrados federales que las integraban iban de relleno, como con claridad lo apuntaron todos los analistas en los días precedentes a la elección que hizo el Senado.
Lo cierto es que Pérez Dayán y Gutiérrez Ortíz Mena llegarán a una Suprema Corte que todavía no define bien a bien el perfil que quiere tener en la construcción de la democracia mexicana. Mientras que algunos de sus integrantes se inclinan por un papel más garantista y comprometido con la defensa de los derechos humanos, otros siguen teniendo una visión formalista, acartonada y decimonónica del sistema jurídico.
Ha sido mucho lo que han hecho Ministros como Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva por cambiar a la Corte en la dirección correcta. Pero enfrente se han topado con el conservadurismo de varios de sus colegas, incluyendo a los dos ministros que están por jubilarse y serán sustituidos dentro de unos días por Pérez Dayán y Gutiérrez.
De hecho, los ministros que salen se ubicaron en el ala más conservadora de la Corte. Don Guillermo Ortíz Mayagoitia siempre defendiendo con sólidos fundamentos y exquisita argumentación sus puntos de vista. Sergio Aguirre Anguiano ofreciendo prejuicios en vez de argumentos y monsergas interminables en vez de razones jurídicas. Al primero se le va a extrañar por lo mucho que aportó a la discusión; del segundo solamente cabe celebrar su salida, tomando en cuenta todo lo que obstaculizó el desarrollo de la Corte e incluso de la democracia mexicana. Por mucho, Aguirre Anguiano ha jugado el papel más triste y patético de la Corte en las últimas décadas.
Ahora llegan dos nuevos ministros de quienes cabe esperar ideas frescas y una actitud diferente a la de quienes van a sustituir. Pérez Dayán deberá demostrar que no es lo mismo ser magistrado de circuito que Ministro de la Suprema Corte. Gutiérrez deberá acreditar con hechos que no solamente sabe defender al gobierno (como lo ha hecho en los años recientes desde su cargo en el Servicio de Administración Tributaria), sino que también puede ponerse del lado de los particulares amparando sus derechos fundamentales. Ambos serán Ministros hasta el año 2027, de modo que tendrán en sus manos la definición de lo que será la Suprema Corte en las próximas décadas y prácticamente durante la mitad del siglo XXI. Es una gran responsabilidad que esperemos sepan desempeñar, por el bien de todos nosotros.

*El Universal 23-11-12

jueves, 22 de noviembre de 2012

'LA VÍSPERA'*


JOSÉ WOLDENBERG

Mientras el país espera conocer los nombres de los secretarios de Estado que acompañarán la gestión del próximo Presidente. (Bueno, corrijo la frase excesiva). Mientras algunos (o muchos), y sobre todo los directamente involucrados, esperan conocer los nombres..., el día de hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM se presentará la edición en DVD de la película La Víspera, de Alejandro Pelayo. Guadalupe Ferrer -directora de la Filmoteca- me invitó a escribir la nota que acompaña a la película y ante la inminencia de los destapes, transcribo una parte de ella.

La Víspera es un largometraje independiente en blanco y negro del lejano año 1982. Pelayo trató de recrear el momento previo al destape. Pero no el del presidente, sino el de un candidato (tapado) a una secretaría de gobierno. Reconstruye un día en la vida de un hombre ansioso y nervioso. Se trata del momento en que los posibles funcionarios se convertirán, por magia del dedo del Presidente, en los próximos miembros de su gabinete. Todos los signos parecen apuntar a que ocupará -de nuevo- el cargo de secretario de Estado. Un alto dignatario del partido se acerca a darle la buena nueva, se "filtra" en la prensa su nueva promoción, llegan a su casa los colaboradores más cercanos y los integrantes de su familia. Esperan que la noticia sea develada, que el anuncio cambie sus vidas, que la designación vuelva a convertir al Ingeniero en Secretario.

Pelayo se aleja de la caricatura, de la simplificación extrema, lo que no le impide arrancar algunas sonrisas cuyo resorte es el patetismo extremo de la situación... El tono de la película es más bien pausado, frío. Como si se retrataran los usos y costumbres de una comunidad extraña y ajena. Recuerda la sensibilidad del antropólogo que se acerca a su caso de estudio con una cierta mirada crítica pero comprensiva, distante pero fascinada por el descubrimiento de "algo nuevo".

Ernesto Gómez Cruz da vida al funcionario disciplinado que espera el llamado el Presidente. Es un hombre protocolario, serio, servicial. Hombre de partido, fiel a sus reglas escritas y sobre todo a las no escritas. Hace 12 años vivió una situación similar y fue ungido por el Señor Presidente. Luego cayó en desgracia, tuvo que pasar a la "banca" y al parecer ha llegado el día de su nuevo encumbramiento... La espera es larga y tensa. Pero no hay salida. Es necesario hacerse de paciencia hasta que el "dedo" hable.

Se barajan los nombres de aquellos que deben y pueden acompañar al Ingeniero en su futura encomienda. Éste rememora la emoción y el agradecimiento eterno que le causó la invitación del entonces presidente electo para ser uno de sus secretarios. Ese día cambiaron no sólo la vida del Ingeniero y su familia, sino la de sus amigos, colaboradores, conocidos, es decir, de todos aquellos que conformaban su pequeño sistema solar, donde él como el Astro Rey brillaba entre todos. Ahora, ilusionados, esperan que la función se repita. El reino de las expectativas priva en los salones de la mansión, todos aguardan con fervor que el nuevo Líder Indiscutible se acuerde del Ingeniero.

Sobra decir quizá que el desenlace no es el esperado. El hombre del partido vuelve para decirle que los tiempos han cambiado, que es el momento de los jóvenes... Fiel, sin embargo, a la disciplina, a la jerarquía, al poder, el Ingeniero ofrece un último y patético discurso a sus invitados... Derrotado, amargado, lloroso, en tinieblas, se encuentra por fin solo.

Alejandro Pelayo narró el ritual que prevaleció (y prevalece) a lo largo de los años. Un régimen presidencial cuyo Poder Ejecutivo encarna en una sola persona con facultades para nombrar, sin intromisión alguna, a su gabinete. Un germen de cine político realista, crítico, irónico, que intentaba develar algunos de los entretelones de la vida política del México de entonces.

Porque (hoy como ayer), una vez que el Presidente es electo, éste tiene facultades suficientes para nombrar a su equipo de colaboradores por sí y ante sí. Es su magna voluntad la que priva. Nadie, legalmente, puede obstaculizarlo. Y entonces, situaciones como las que recrea La Víspera seguramente no son muy diferentes. Existe una legión de colaboradores que se sienten con los méritos necesarios para ser designados por el Señor Presidente -dador de cargos y encargos- para ocupar "una alta responsabilidad". Y los días previos han de ser de incertidumbre y anhelos, de dudas y súplicas a todos los santos, de movimientos "estratégicos" (una llamada a..., una comida con..., una entrevista en...) y espera petrificada.

La Víspera hace alusión al momento definitivo en la trayectoria de una persona: aquel que lo lanzará al estrellato de la política o lo dejará en el círculo de espera por tiempo indefinido. Un momento dramático cuando se le vive, un momento tragicómico cuando se le observa. A fin de cuentas, eso de la solidaridad con el otro es más bien un buen deseo en el que nadie cree. Más bien, la desgracia del vecino suele ser la alegría del compadre

*Reforma 22-11-12

miércoles, 21 de noviembre de 2012

¿NOS TIMARON CON LA CORTE?*


PEDRO SALAZAR UGARTE

No sé si usted lo recuerde pero hace algunos años --2010 y 2011-- el Tribunal Constitucional español atravesó una crisis severa. Esa corte, que había sido un ejemplo para la justicia constitucional en América Latina, asistió al derrumbe de su prestigio porque los actores políticos fueron incapaces de procesar con responsabilidad la renovación de algunos de sus integrantes. El caso es complejo y sus particularidades dificultan las comparaciones, pero aquella experiencia nos arroja dos lecciones que conviene recuperar.
La primera es simple pero relevante: las instituciones nunca están completamente consolidadas. En México ya vivimos la crisis del IFE y ahora podríamos estar cerca de un descalabro en la SCJN. No nos quedaremos sin ministros --como sucedió en España--, pero el procesamiento de las sustituciones puede mermar la credibilidad de nuestra Corte Suprema.
La segunda lección se desprende de la anterior: las fallas de la política pueden mermar la credibilidad de instituciones con responsabilidades técnicas especializadas. Al IFE lo zarandeó el teje y maneje político que difirió contra las normas y los plazos legales el nombramiento de tres consejeros. A la SCJN le podría pasar factura el accidentado proceso en el que se han enfrascado el presidente Calderón y los senadores para designar a los reemplazos de los ministros Aguirre y Ortiz Mayagoitia.
Después de dos pasarelas y 11 candidatos tendremos dos nuevos ministros que llegarán a la Corte legalmente, pero con la legitimidad tocada. Sus nombramientos estarán enmarcados por un contexto de activismo social sin precedentes, pero provendrán de un proceso deficiente. Vaya contradicción. Nunca sabemos por qué los propusieron, por qué los elegirán ni cuál es el acuerdo político --cada vez más evidente-- detrás del nombramiento. Un déficit en todos los frentes.
Al final perdió la Corte. Justo cuando el país atraviesa una transición constitucional --objetivamente hablando-- y necesita de un verdadero tribunal constitucional, el Ejecutivo y los senadores se las ingeniaron para lesionar y demeritar el perfil del pleno de la SCJN con dos designaciones que seguramente serán cuestionadas. Y no se trata de una descalificación a priori de la trayectoria ni de la persona de seis profesionales que aspiran a la Corte y merecen consideración y respeto. Se trata de subrayar el desatino que supone presentar nombres sin justificar su selección; repetir la inclinación hacia los miembros del Poder Judicial (para colmo descartando a los magistrados que se desempeñaron de mejor manera en la ronda precedente); incluir perfiles tecnocráticos sin ofrecer explicación alguna, desoír los llamados de organizaciones y especialistas que pedían privilegiar la agenda sustantiva sobre los acuerdos cupulares.
Básicamente. Así que, también acá --como pasó en España-- la crisis de la justicia se incuba en el fracaso de la política y no en la ineptitud de los --posibles-- nombrados. Pero podría ser una crisis importante. Hoy necesitamos una Suprema Corte solvente y garantista. Es la coyuntura histórica la que lo demanda, no la ideología de moda ni la agenda progresista. Y, en cambio, nos ofrecen un tribunal en el que, durante los próximos 15 años, tal parece que podremos identificar al ministro que puso Calderón y al que negoció Peña Nieto.
Hace algunos días una coalición de organizaciones civiles realizó una petición pública, simple y sensata: "La presentación de nuevas ternas abre la posibilidad de que en éstas se incluyan perfiles externos al Poder Judicial de la Federación, más proclives a desarrollar interpretaciones novedosas que potencien el contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos con perspectiva de género".
En respuesta, lo que ofrece Calderón son cinco nombres de magistrados --uno de ellos rechazado en dos ocasiones por los propios senadores-- y un técnico en materia fiscal. Esto no da siquiera para diálogo de sordos; a esto se le llama autismo institucional.

*El Universal 21-11-12

martes, 20 de noviembre de 2012

EL BODRIO DE PEÑA NIETO*


JOHN ACKERMAN

La propuesta de Enrique Peña Nieto para supuestamente combatir la corrupción es un bodrio que de manera cínica y malintencionada ignora la vasta experiencia acumulada en México y América Latina en la materia. Mezcla elementos incompatibles de distintos modelos internacionales con la única intención de tender una cortina de humo para encubrir la andanada de fechorías que su gobierno iniciará a partir del 1 de diciembre. Los ingenuos intelectuales y figuras de la sociedad civil que decidan acompañar esta nueva aventura institucional pondrán en grave riesgo su prestigio y credibilidad.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (RAE), el término “bodrio” significa “una cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto” o, con mayor precisión, “un caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos”. La propuesta de Peña Nieto cumple a cabalidad con esta definición.

La parte medular de la iniciativa no se encuentra en el proyecto de reformas constitucionales enviado al Senado de la República para crear una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sino en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) remitida a la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa, hoy a cargo de Manlio Fabio Beltrones, propone la total desarticulación de los actuales sistemas de control interno y de profesionalización de la administración pública federal por medio de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A partir de la reforma, los contralores internos de cada secretaría de Estado ya no dependerán de la institución supuestamente independiente y profesional que tendría que haber sido la SFP, sino que serán nombrados directamente por los titulares de la secretarías correspondientes. En consecuencia, cada una de éstas se convertirá en feudo exclusivo de su titular, sin posibilidad de control o intervención alguna desde la SFP o, por medio de ésta, desde la propia Presidencia de la República.

Con ello desaparecerá la posibilidad de articular acciones a nivel federal para combatir la corrupción o mejorar la administración pública. Cada secretaría se convertirá en un principado de territorio exclusivo de su titular. Nos despediremos así de una vez por todas del lastimado servicio civil de carrera tan cacareado por Vicente Fox como uno de los supuestos “grandes logros de la transición democrática”.

Si bien la reforma señala que la Secretaría de Hacienda asumiría algunas de las facultades normativas con las que hoy cuenta la SFP, una comparación sistemática del viejo artículo 37 de la LOAPF con la propuesta del nuevo artículo 44 de la misma normatividad demuestra que el PRI busca aumentar en lugar de reducir la discrecionalidad y las oportunidades para la corrupción dentro del gobierno federal.

Es cierto que la SFP ha fracasado olímpicamente en cumplir con sus responsabilidades legales desde su creación hace una década. Pero ello no justifica tirar al niño con el agua sucia.

Como complemento del descontrol “interno” que genera la reforma en manos de Beltrones, Peña Nieto también propone debilitar el sistema de control “externo” con su propuesta de creación de la CNA, hoy en manos de otro representante de la honestidad republicana, el senador Emilio Gamboa.

México ya cuenta con una poderosa arma de control externo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Si bien el desempeño de esta institución no ha sido carente de críticas, en general ha destacado como una de las más efectivas al nivel federal. Con un presupuesto mucho menor que la SFP, la ASF ha hecho un trabajo formidable al señalar los enormes huecos existentes en materia de rendición de cuentas, así como al resarcir parcialmente los enormes desfalcos al erario cometidos cada año.

El antiguo auditor superior, Arturo González de Aragón, siempre insistió en que una de las reformas para el combate de la corrupción más estratégicas consistía en dotar a la ASF de plenas facultades para fincar sanciones administrativas directamente a los entes auditados. Asimismo, durante los debates parlamentarios a raíz de la creación de la ASF en 1999 surgieron muchas voces, como la del entonces diputado Pablo Sandoval Ramírez, que proponían que la ASF incluso pudiera tener facultades de ejercer directamente la acción penal.

Pero a los políticos “dinosaurios” como Peña Nieto les incomoda la ASF porque su diseño institucional complica el control político. La ASF depende formalmente de la Cámara de Diputados, una entidad sumamente plural y dinámica, y además cuenta con una total independencia técnica y de gestión que le permite investigar los rincones más recónditos de la administración pública federal y estatal. Desde el punto de vista del priismo tradicional que hoy regresa, dotar a esta institución de aún más facultades sería como tirarse un balazo en el pie.

Peña Nieto, entonces, prefiere crear de la nada un organismo burocrático que opaque, controle e interfiera con las auditorías de la ASF. De acuerdo con su propuesta, solamente la CNA podrá fincar sanciones administrativas, y sus cinco flamantes comisionados serían nombrados directamente por el presidente de la República. La propuesta pasa totalmente por alto las innovadoras experiencias con el diseño de organismos autónomos y ciudadanizados en países hermanos como Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Venezuela.

El colofón es que Peña Nieto quiere que tanto la Comisión Nacional Anticorrupción como la ASF se sujeten al mandato de un nuevo “Consejo Nacional por la Ética Pública”, encabezado ni más ni menos que por el mismísimo presidente de la República. También participarían en este Consejo, entre otros, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; los secretarios de Gobernación, Hacienda y Educación Pública; el procurador general de la República; los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como un par de “ciudadanos” de utilería. En otras palabras, en el próximo gobierno las figuras más corruptas de la clase política nacional nos vendrán a dar clases de ética y honestidad.

*Proceso 19-11-12

¿QUIÉN ABRE LA TIENDA?*


JORGE ALCOCER

Corría el año 1998, el Presidente ordenó al secretario de Gobernación y al director del Cisen someter a pruebas de control a los mandos superiores y medios de la Policía Federal de Caminos, que debían ser incorporados a la naciente Policía Federal Preventiva. Realizadas las pruebas el informe era que la mayoría de los examinados había reprobado; así se le informó al Presidente; "córranlos a todos", ordenó. Entonces, el director del Cisen le dijo al Presidente: ¿Y quién abre mañana la tienda?

Cesar y despedir, de golpe, a decenas de policías de caminos, algunos con varios lustros de antigüedad, además de representar un severo problema operativo, significaba el riesgo de que algunos de ellos se pasaran al bando opuesto, ya fuese por sus nexos previos o por el sólo temor de ser sometidos a investigaciones más de fondo. La solución que se adoptó, en aquel momento, fue mantener bajo reserva el informe y proseguir con los exámenes, al tiempo que se diseñaba un esquema de capacitación, entrenamiento y control de retiro, a mediano plazo.

Un dilema semejante tendrá que atender, el próximo 1o. de diciembre, o sea, dentro de 11 días, quien sea designado secretario de Gobernación. Lo anterior en virtud de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que el Presidente electo propone la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, creada a finales de noviembre de 2000, con la consecuencia de que las facultades que la ley vigente le otorga a esa dependencia pasen a la Secretaría de Gobernación, que en tal virtud reasumiría las facultades que en materia de seguridad pública se le otorgaron en la reforma de 1998.

El próximo inquilino del Palacio de Covián tendrá que definir cuántas de las subsecretarías que hasta hoy integran la Secretaría que desaparece habrán de subsistir en el nuevo esquema orgánico; tendrá que resolver también cuál es el modelo de relaciones internas que en Bucareli habrá de permitir y asegurar el trabajo coordinado entre las áreas de naturaleza eminentemente política (Gobierno, Enlace Legislativo) y las de disciplina y mando policiaco; así como en qué lugar del tablero quedan las áreas de Migración, Población, Derechos Humanos y Asuntos Religiosos, o qué va a pasar con la Dirección de Juegos y Sorteos, que una vez más adelantó el regalo navideño a los dueños de casinos, esta vez legalizando las máquinas tragamonedas.

Son muchas las interrogantes que genera la iniciativa de Enrique Peña Nieto, y quizá no puedan tener respuesta sino hasta que se concluyan los diagnósticos y balances, lo que solamente podrá ocurrir cuando el cambio de guardia en el Ejecutivo quede completado. Pero inevitable es que el día 1o. de diciembre el titular de Gobernación tendrá que "abrir la tienda" de la seguridad pública, y decidir si al frente siguen los mismos que la han atendido estos seis años, o hay nuevos dependientes, así sea con el carácter de personal temporal, encargados de la continuidad básica, en tanto llegan los de planta.

La experiencia enseña que una vez que el gobierno arranca sus tareas, resulta cuesta arriba realizar cambios en su estructura y en los mandos superiores. El primer defensor de que las cosas sigan como estaban será el secretario, o subsecretario, aunque le hayan dicho que su designación era temporal. Por eso fue correcto que Peña Nieto presentara al Congreso su propuesta de cambios a la estructura orgánica y la distribución de competencias entre las Secretarías de Estado con la antelación que permitirá que entren en vigor el primer día de su mandato. Falta por ver si los legisladores del PAN y del PRD están dispuestos a facilitar la alternancia, para que las decisiones del próximo titular del Poder Ejecutivo, en un ámbito de su estricta competencia, puedan ser llevadas a la práctica sin mayores obstáculos.

Con los días contados, el Congreso dispone de 10 para atender la iniciativa depositada originalmente en la Cámara de Diputados, de forma tal que, quizá como el acto final de su mandato, el presidente Calderón la promulgue y publique el 30 de noviembre.

La iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción es de naturaleza constitucional, por lo que está sujeta a otros tiempos y procedimientos.

*Reforma 20-11-12

lunes, 19 de noviembre de 2012

LAS BOLETAS ELECTORALES... SIN LÁGRIMAS (2)*

RICARDO BECERRA LAGUNA

La prensa se ha encargado de difundirlo: las boletas electorales del año 2012 están destruyéndose, ahora mismo, en 300 puntos del país, conforme a la ley y a los cánones técnicos, o sea, en los lugares adecuados, sin afectar al medio ambiente y haciendo viable el reciclaje de casi mil toneladas de papel.

En cambio, las boletas de las elecciones 2006 no han tenido tanta suerte. El IFE pudo haber hecho lo mismo con ellas luego de ganar todos los litigios nacionales e internacionales; luego de seis años de procesos judiciales y administrativos; estaba preparado todo para hacerlo simultáneamente, pero resulta que el 25 de octubre pasado, un Comité de Naciones en Ginebra, tuvo la puntada de solicitar la suspensión de la medida, hasta que sus señorías tengan tiempo y paciencia para “revisar el fondo” del caso.
En otras palabras: no se destruyen porque los jueces ginebrinos van a estudiar y averiguar. Santo y bueno.
Desde ahora, yo podría apostar que el famoso Comité, resolverá de la misma manera que han resuelto todas las instancias que han revisado el caso: la información relevante se encuentra en las actas y es pública (es decir, el derecho de acceso subsiste), la destrucción es una medida práctica y de sentido común y, por si fuera poco, es un mandato literal de la ley.  
Pero ¿cuál es el núcleo jurídico esencial sostenido por el IFE en este larguísimo litigio? ¿Cuál es la razón por la cuál las boletas se han vuelto un tipo de documento cuya existencia –de la cuna a la tumba; de su impresión a su destrucción- se haya estrictamente tutelada, vigilada y custodiada?
Digámoslo fácilmente: en las boletas se deposita el voto secreto de cada ciudadano y es a partir de ellas, que se configuran las matemáticas de la “voluntad popular”.
Nadie tiene derecho a marcar más de dos boletas de una misma elección; cada persona que toca a las boletas está claramente definida (funcionarios especializados en el IFE, los Presidentes de casilla, cada votante, el escrutador, los Consejeros Distritales y los jueces Comisionados, nada más), y el robo o trasiego de las boletas, está drásticamente penalizado en la ley. Por eso son custodiadas con tanto celo por el propio Ejército, ni más ni menos.     
¿Lo ven? Las boletas no son “un documento oficial” similar a un oficio, a un contrato, a una licitación o a una circular. Ni siquiera a un expediente secreto. Las boletas no son documentos reservados, ni confidenciales; son públicos si, pero en tres momentos procesales, bien delimitados: el escrutinio y cómputo de los vecinos en las casillas; el cómputo en los distritos (tres días después de la elección) y durante la apertura de paquetes que ordene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Insisto: esto tiene sentido porque las boletas electorales son el documento en donde se deja establecida la voluntad política, secreta y directa de cada ciudadano. Constituyen, por eso mismo, documentos singulares, sujetos a un marco jurídico propio, de especial tutela.
Vean la trayectoria de su existencia. Tan pronto han sido impresas en Talleres Gráficos de México, con la supervisión de los partidos políticos, las boletas quedan bajo la custodia del Ejército mexicano, quien es el responsable de trasladarlas a cada uno de los 300 distritos del país. Allí los Consejos ciudadanos las cuentan, las ordenan y revisan que cada dato impreso sea el correcto.
Bajo estrictos controles, las boletas son entregadas a los ciudadanos, Presidentes de casilla, quienes vuelven a hacer la misma verificación. Son ellos, quienes las ponen a la vista de los partidos en el pie de la casilla para ser firmadas (solo las boletas autografiadas por los partidos, el mismo día de la elección, son las que cuentan).
Concluye la votación de cada casilla y sobreviene entonces el primer momento de máxima publicidad para las boletas ya marcadas (artículo 229 COFIPE): el escrutinio en cada una de las casillas instaladas, en presencia de los funcionarios de casilla, de los representantes acreditados de los partidos políticos, de los observadores electorales, medios de comunicación, etcétera.
Los resultados de este procedimiento plenamente público se plasman en un acta, cuya publicidad es garantizada de forma irrestricta y permanente (hoy mismo y en cualquier momento se les puede ver y están a la más completa disposición, incluso Internet).
Tres días después, ocurre el cómputo distrital en el que se vuelve a activar el acceso a las boletas por alguna de las muchas causales de recuento (artículos 295 al 298 del COFIPE). Este es el segundo momento de su máxima publicidad. 
Cuando todo esto concluye, el IFE remite los expedientes al Tribunal Electoral. Y es el Tribunal el único órgano facultado para ordenar una nueva apertura de esos paquetes, y un nuevo y tercer momento legal de acceso y publicidad de las boletas electorales (artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación).
Al terminar el proceso, cuando todas las etapas y todas las controversias han quedado saldadas, las boletas deberán ser destruidas (artículo 302 de la ley).
Ningún otro documento bajo la responsabilidad de algún organismo o ente público mexicano, está predestinado a ese final inevitable.
Este es el campo legal y material que el IFE ha esgrimido en sus últimas controversias; las razones y los argumentos de su posición. La manera que entiende (que debemos entender) la destrucción de las boletas, según el derecho, nuestra historia electoral, la economía (son mil toneladas de papel) y, creo, el sentido común.

*La Silla Rota 19-11-12

LAS REFORMAS EN TRASPARENCIA HOY*


JACQUELINE PESCHARD

En estos días se están discutiendo en el Senado de la República iniciativas de las principales fuerzas políticas para reformar nuestra Constitución Política en materia de transparencia y acceso a la información, encaminadas a fortalecer el régimen de transparencia en el país.

Desde hace 10 años, cuando se promulgaron las primeras leyes sobre el tema, éste ha concitado siempre el más amplio consenso entre los diferentes actores políticos. No hay partidos ni políticos que se animen a pronunciarse abiertamente en contra del discurso de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, porque es algo políticamente correcto.

Por principio, informar a la población sobre las decisiones y los programas que diseñan las autoridades gubernamentales y, particularmente, sobre los recursos que utilizan para ponerlos en marcha, permite el escrutinio de los ciudadanos sobre el poder, haciéndolo más responsable de sus actos. Contar con herramientas para controlar al poder es una condición insoslayable de cualquier sistema democrático. He ahí el vínculo estrecho entre transparencia y democracia.

En estos 10 años, la Federación, los estados y el DF han publicado sus respectivas leyes en la materia e incluso han reformado buena parte de ellas para ponerlas en sintonía con el artículo 6º constitucional que fue modificado en 2007 para establecer los principios básicos y concretos para alcanzar la regla de la “máxima publicidad” de la información pública en todos los órdenes y niveles de gobierno. No obstante, los estudios comparados que han hecho organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 o Fundar, así como instituciones académicas como el CIDE o los propios organismos garantes del acceso a la información, muestran no sólo heterogeneidad en las normas, sino importantes asimetrías en la aplicación y la interpretación de las mismas.

Estas diferencias, además de militar en contra del mandato constitucional, impiden el ejercicio uniforme de un derecho fundamental de todos los mexicanos, independientemente de su lugar de residencia. El disfrute de los derechos no puede estar condicionado por el tamaño, densidad económica o partido gobernante en una entidad. Pretender lo contrario carece de cualquier asidero jurídico o moral.

Las reformas constitucionales en discusión coinciden en su intención de combatir esas asimetrías en el ejercicio de un derecho fundamental, al proponer que todos los organismos garantes de la información pública, entre ellos el IFAI, se conviertan en órganos constitucionalmente autónomos, a fin de que los tres poderes y los órganos autónomos estén sometidos a las mismas exigencias de transparencia y a una vigilancia pareja por parte del mismo órgano garante. Actualmente todos los institutos y comisiones de transparencia del país cuentan al menos con autonomía funcional para desarrollar con independencia sus labores de control en el acceso a la información pública, pero solamente en 19 entidades federativas dichos organismos son orgánicamente autónomos y están ya constitucionalizados. El IFAI es uno de los que al momento solamente tiene autonomía funcional.

Con objeto de avanzar en la uniformidad interpretativa y de procedimientos de acceso a la información y transparencia, las iniciativas de reforma proponen que el IFAI pueda revisar las resoluciones de las autoridades de transparencia locales, a solicitud de alguna persona inconforme con las mismas. Este mecanismo tiene la ventaja de que podrá generar incentivos positivos a favor de criterios más sólidos de interpretación y de procedimientos más eficaces para determinar la clasificación o la desclasificación de la información pública en los distintos ámbitos de las estructuras del poder.

Estos son los beneficios de dotar al IFAI de estas atribuciones transversales y sería conveniente que, al ser una suerte de segunda instancia, pudiera también formular guías o parámetros de interpretación y tener capacidad de atracción en casos de contradicción de criterios, por ejemplo.

Este es sólo un primer paso para avanzar hacia la edificación de un sistema nacional de transparencia, pues no es suficiente tener buenas normas, sino, además, autoridades de transparencia probadamente independientes y recursos suficientes para que los órganos garantes puedan desarrollar eficazmente sus tareas en favor de la transparencia de la gestión pública.

*El Universal 19-11-12

domingo, 18 de noviembre de 2012

EXCESOS Y CARENCIAS*


ANA LAURA MAGALONI

La iniciativa legislativa de Enrique Peña Nieto de dotar de mayores atribuciones a la Secretaría de Gobernación me parece que puede ir en la dirección correcta, siempre y cuando se corrijan sus defectos y se enmienden sus carencias.

Según señaló el Presidente electo, su iniciativa "propone que la Secretaría de Gobernación asuma la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública; también la conducción de las políticas en materia de seguridad interior, prevención del delito y del sistema penitenciario; la de desarrollar tareas de vigilancia fronteriza y protección civil; la de ejercer el mando sobre la Policía Federal y auxiliar". Es decir, Peña Nieto pretende concentrar en Gobernación la articulación y conducción de las políticas federales en materia de seguridad pública. Para ello, propone concentrar en el mando y dirección del secretario de Gobernación todas las fuerzas de seguridad pública federales de carácter civil, lo cual puede ser un instrumento eficaz para que las directrices sean uniformes y coordinadas y diluir así la fragmentación de las acciones del gobierno federal en esta materia.

La iniciativa de Peña Nieto se parece a lo que en Europa son los denominados ministerios del Interior. En España, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene como principal función la preparación y ejecución de la política del gobierno español en materia de seguridad ciudadana. Ello pasa, entre otras atribuciones, por la dirección y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el control de las empresas privadas de seguridad, la administración de las instituciones penitenciarias, las políticas en materia de migración y extranjería, así como las acciones en materia de protección civil. Si uno revisa la estructura orgánica de dicho ministerio, se puede observar que atiende todos los temas clave en materia de seguridad: terrorismo, policía internacional, sistema penitenciario, coordinación con las policías locales de las comunidades autónomas, entre muchas otras. Yo me imagino que algo así sucederá con el organigrama de la nueva Secretaría de Gobernación.

Ahora bien, este modelo concentrado, con relación a las políticas de seguridad que propone Peña Nieto, necesita atender dos aspectos: uno, sacar de la Secretaría de Gobernación los temas de política interna y las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes y, dos, fortalecer las políticas en materia de justicia como mancuerna indispensable de las políticas de seguridad. En este último rubro, una Secretaría de Justicia, similar a los ministerios de Justicia europeos y de América Latina, haría mucho sentido.

El Ministerio del Interior en el modelo europeo (no en el latinoamericano) no es quien gestiona el diálogo y los acuerdos con los partidos de oposición y el Congreso de la Unión. En el caso de México, ello hace mucho sentido. Muy rápido varios líderes del PAN y del PRD reaccionaron negativamente a la propuesta de Peña Nieto, destacando que venimos de un pasado autoritario en donde los cuerpos de inteligencia y policiales se utilizaron para reprimir o controlar a opositores políticos. Por nuestra historia, el "apartado político", si se puede denominar así, de la Secretaría de Gobernación debería pasar a la Oficina de la Presidencia de la República. Ello garantizaría que las políticas de seguridad puedan legitimarse como políticas de Estado y no como políticas partidistas. Además, ya es suficiente reto el de la seguridad pública en México, como para que el mismo secretario se encargue además de consensuar con los partidos políticos las iniciativas de ley. Muchas atribuciones y retos para una sola Secretaría.

Ahora bien, en muchos de los países en donde existe un Ministerio del Interior también existe un Ministerio de Justicia. La otra cara del problema de seguridad tiene que ver con la justicia en dos sentidos. En primer término, toda política de seguridad requiere, como pieza de cierre, de un aparato de justicia que controle y sancione los abusos de la policía y, a la vez, aplique creíblemente la ley a quien delinque. En segundo término, toda política de seguridad también necesita de mecanismos jurisdiccionales apropiados para administrar y gestionar la conflictividad social en general. Ello evita que muchos de estos conflictos se tornen violentos. Los ministerios de Justicia tienen como una de sus principales atribuciones asegurarse de que las instituciones de justicia cuenten con el marco normativo, los recursos y los instrumentos de política pública necesarios para cumplir con sus tareas. En México, no hay una institución que se encargue específicamente de esta tarea. El Consejo de la Judicatura Federal administra al Poder Judicial de la Federación, pero no es un órgano para diseñar las políticas públicas que le permitirían a los jueces desempeñar mejor sus funciones. La posibilidad de construir un piso firme, con relación a la paz y prosperidad del país, requiere de un sistema de administración de justicia más accesible a los ciudadanos y más potente y confiable. ¿Será que Peña Nieto ha dejado en un segundo plano las enormes asignaturas pendientes que tiene nuestro país con la justicia? Quiero pensar que no.

*Reforma 17-11-12

POR UNA ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA*


ANDREA GREPPI

Las democracias son sistemas en constante evolución. En buena medida, su fortaleza está precisamente en eso, en su capacidad para reinventarse a cada paso. A finales del siglo pasado, el riesgo de que las democracias entraran en una nueva espiral degenerativa, por su incapacidad para defenderse de sus enemigos, parecía definitivamente conjurado. La democracia se encontraba en una fase de extraordinaria expansión, celebrada por todos. No se hablaba más que de los éxitos de la tercera ola, del consenso universal en torno a sus ideales y de cuál sería la manera más eficaz para exportarla a los rincones más alejados del planeta. Pero el clima no tardó en cambiar. Transcurridos algunos años desde entonces, hemos ido comprendiendo que las tendencias que en aquel momento empezaron a manifestarse iban para largo. El nuestro es un tiempo de malestar y desafección, en el que la corriente democratizadora ha quedado en suspenso. Y lo sorprendente es que la democracia parece haber perdido su más preciada virtud, la capacidad de aprender de sus fracasos. Tanto en el ámbito local, como nacional y supranacional, proliferan los regímenes híbridos, aproximaciones más o menos consistentes a un modelo que se supone inalterado, pero en el que se van recortando los márgenes en que el ciudadano ejerce su capacidad de elección.

El análisis de las evidencias disponibles depara nuevas sorpresas. Los principales hitos del proceso involutivo al que asistimos no tienen tanto que ver con la fallida realización de sus presupuestos materiales, como siempre habían argumentado los críticos de la democracia liberal. Frente a todo pronóstico, descubrimos que es en la forma de los procesos democráticos donde están apareciendo los síntomas más graves de desequilibrio. Los dos principios fundamentales en torno a los que fue articulándose la evolución de la democracia moderna ─el principio de representación y el de separación de poderes─ están desbordados por las circunstancias y amenazan con quedar desfigurados. Nuevas exigencias sistémicas condenan a la irrelevancia los procedimientos democráticos y nuevos poderes se colocan por encima de la ley, usurpando la soberanía popular. Lejos de empobrecerse por ser demasiado representativas y formales, nuestras democracias fracasan por no serlo bastante.

El propósito de La democracia y su contrario es mostrar las circunstancias y las causas de este proceso degenerativo, indicando también una vía para su posible recuperación. Dos son los obstáculos a los que nos enfrentamos: de un lado, la dificultad que encuentra la opinión pública para tematizar y elaborar nada que se parezca al interés general, la suma de demandas que habrían de ser representadas; de otro, la dificultad para legitimar los mecanismos de gobernanza democrática en un entorno cada vez más ingobernable. En estas condiciones, la recuperación de una razonable expectativa de progreso pasa por la reconstrucción del andamiaje institucional necesario para sostener la existencia de una esfera pública democrática. Esta ha de ser la prioridad. No hay alternativa: las instituciones de la moderna democracia son la más poderosa y sofisticada herramienta que tenemos en nuestras manos para ordenar los procesos de formación de la opinión y la voluntad. En ausencia de artefactos como estos, abandonado a la pura espontaneidad, el público no alcanza forma alguna de entendimiento. Necesitamos,  por tanto, reconstruir las debilitadas instancias de mediación discursiva, para seleccionar problemas y articular razones, y hacer frente así al bloqueo informacional en el que han caído los procesos de legitimación democrática. Necesitamos defender las reglas del juego, sabiendo que son ellas las que proporcionan la infraestructura comunicativa necesaria para que el ciudadano pueda pensar con su propia cabeza y hablar con voz propia.

Es mucho lo que nos va en ello. Sin discusión, ninguna democracia puede sostenerse en el tiempo. De hecho, esto es ya lo que puede estar sucediendo. Sobran los indicios: la posibilidad de una regresión de largo alcance no es tan lejana. Porque las degeneraciones futuras de la democracia no adoptarán ya el semblante violento de los viejos totalitarismos del pasado, sino la apariencia amable, y aparentemente inocua, de una síntesis entre tecnocracia y populismo, en la que el poder formalmente atribuido al elector habrá quedado vacío de cualquier contenido. No es improbable que en una situación como esta seguirán celebrándose elecciones parecidas a las nuestras. Pero, sin deliberación, serán elecciones sin democracia.

*Blog Trotta 24-10-12

viernes, 16 de noviembre de 2012

CHIAPAS*


CARMEN ARISTEGUI

Algo ha pasado en el sureste mexicano esta semana.

Como por arte de magia le fueron retirados todos y cada uno de los cargos judiciales que pesaban en contra de Pablo Salazar Mendiguchía, el ex gobernador de Chiapas, y por los cuales se le mantuvo en la cárcel durante más de 500 días. Fue detenido el 7 de junio de 2011, en Cancún, Quintana Roo, acusado de una serie de delitos que lo llevaron a la cárcel del Amate, en la entidad que gobernó.

Salazar y 50 de sus ex colaboradores sometidos a juicios similares recibieron la noticia de su liberación, a días de que concluya el gobierno de su sucesor, Juan Sabines, a quien acusó, desde el principio, de usar la justicia para perseguirlo políticamente.

Lo que se ayer se informó luce como el intercambio entre las partes para cerrar el caso y no dejar rastro de lo sucedido. El ex gobernador anuncia su liberación, al tiempo dice que ha decidido desistir de las quejas presentadas ante la CNDH durante los 11 procesos judiciales en su contra.

En un lacónico texto, Salazar agradece a la CNDH su trabajo y a las personas que fueron solidarias con él durante el tiempo de su reclusión. Dice, sin más: "Con este comunicado, doy por concluida esta página en la vida de Chiapas". Es evidente que para lograr su liberación y la de sus ex colaboradores no sería suficiente con desistirse ante la CNDH. Un acuerdo como al que parecen haber llegado las partes -desatando, desde el poder político, las ataduras que mantuvieron al ex gobernante en la cárcel- muy probablemente va a ir de la mano de un periodo de silencio del propio ex gobernador. Muy pronto lo sabremos.

Con el finiquito judicial y la cancelación de quejas en materia de derechos humanos se pretende dar por concluida una de las confrontaciones más graves y virulentas de los últimos tiempos entre un mandatario saliente y su sucesor.

Sabines hizo valer el control que sobre los órdenes de gobierno y factores de poder del estado tuvo durante su mandato para aniquilar a quien, probablemente, pretendió convertirse en contrapeso y adversario institucional desde un escaño en el Congreso. En las intenciones de Salazar de convertirse en senador de la República, sin la anuencia de Sabines, están -dicen los cercanos al ex gobernador- los motivos por los cuales se desató una jauría judicial.

Los juicios abiertos contra Salazar Mendiguchía y su equipo iban desde el presunto desvío de recursos para la adquisición de pólizas de seguros que los beneficiarían al terminar su gestión hasta temas de negligencia criminal en la trágica historia de la muerte de bebés que no recibieron atención médica en el Hospital de Comitán. Se le acusó también de desviar recursos para los damnificados del huracán Stan y de practicar abuso de autoridad en contra de Florencio Madariaga, que fue encarcelado en tiempos del gobierno de Salazar, y quien se desempeña hoy como el nuevo ombudsman de la entidad.

Las acusaciones públicas de Salazar contra Sabines pasaron de los señalamientos iniciales de persecución y crecieron, después, en acusaciones graves de manipulación judicial, espionaje, e imputaciones serias por presuntos hechos de corrupción asociados, entre otras cosas, a los escandalosos niveles de endeudamiento de la entidad. Las denuncias públicas quedaron hechas por el ex gobernador, pero no fueron nunca procesadas en el ámbito judicial.

Los hechos de los que el gobierno de Sabines acusó a Salazar han quedado sepultados dentro de un régimen de justicia, a todas luces, dominado por el poder político que puede hacer uso de él. El gobernador, a través de intermediarios, pudo fincar cargos, encarcelar al adversario y liberarlo después, en medio de lo que parece ser una negociación política al margen del sistema judicial. En el ajedrez habrá estado el joven gobernador que llega al gobierno de Chiapas. Aunque se ha declarado compadre, Sabines de Manuel Velasco, no parece haber ningún incentivo para el joven entrante en mantener a Salazar Mendiguchía entre los barrotes de una cárcel.

Hace unos días el gobernador saliente del estado de Chiapas se llevó, de la afición congregada en un estadio de futbol, la rechifla de su vida.

En el marco de un homenaje al futbolista Salvador Cabañas, a la hora de hacer uso del micrófono, y tratar de articular frases elogiosas para el futbolista, se desató la fuerte silbatina que daba cuenta del nivel de reprobación con el que termina su gobierno el mandatario. Capítulos polémicos acompañaron su gestión de seis años, el caso Salazar es uno de ellos.

*Reforma 16-11-12