jueves, 28 de febrero de 2013

EL GRAN MALENTENDIDO DE LOS "DATOS PERSONALES"*

RICARDO BECERRA LAGUNA

Se supone que una de las misiones más importantes de nuestra vida moderna es el trazo de la frontera entre lo público y lo privado, entre lo que debe conocerse y lo que queda legítimamente reservado al ámbito personal. Bien: allí se juega un pedazo de nuestra civilización.  

Habíamos empezado bien con la expedición de la Ley Federal de Transparencia, hace diez años: el gobierno tenía que exponer los documentos, los expedientes y en general, toda la información que antes consideraba “suyos”, exclusivos, de uso y conocimiento burocrático y discrecional.
Fue una saludable sacudida a nuestras costumbres patrimonialistas y desde entonces, ha ganado terreno en todas partes la sencilla noción de que, un organismo público –cualquier organismo público, pagado por los impuestos de todos y en ejercicio de las facultades que le confieren las leyes- es sujeto de exposición pública, salvo excepciones muy contadas.
No pasó siquiera un año cuando las agencias de gobierno esculpieron y esgrimieron un gran pretexto para evadir su obligación de transparencia: la información no se entrega (comenzaron a decir) porque revela, expone, exhibe, pone en riesgo, los “datos personales”.
La privacidad -vehiculada por los datos personales- se volvió excusa clásica en múltiples temas y casi en cualquier área: financiera, hacendaria, en la procuración de justicia, en la política social incluso.
La expansiva argucia tiene un supuesto, deudor del individualismo más crudo: mientras menos se conozcan los datos de cada quien, mejor. Y más que eso: es el propio sujeto quien detenta la potestad de determinar el alcance y el tamaño de lo que considera “su” privacidad. En esas estamos.
La discusión acerca de las declaraciones y las devoluciones de impuestos ilustra bien tal paradoja. Resulta que hemos definido como reservada la información de lo que yo -o el hijo del vecino- pagamos a Hacienda. ¿Por qué? Por ser un “dato personal” y en cualquier caso, resulta optativa su publicidad.
¿Lo ven? El interés público queda subordinado a una decisión individual. El pago de impuestos resulta ser un vínculo “discreto” entre el individuo y el Estado.
Acudo a otras fuentes de derecho y encuentro la noción exactamente contraria: “Ninguna obligación legal del ciudadano frente al Estado puede ser catalogada como secreta o confidencial”. “Ningún acto, trámite o procedimiento que relacione a los ciudadanos con su gobierno puede ser reservado, precisamente porque el Estado es la representación de todos”. 
Esto lo dice Lena Hjelm-Wallen, ex Ministra sueca experta en estos temas, y continúa: “…los funcionarios, los jueces, los legisladores deben hacer públicas sus declaraciones de bienes y de impuestos, pero esto vale también para todos los ciudadanos, para los miembros del gabinete, como para los CEO de las empresas, artistas, profesionistas, para todos. Cuántos impuestos se pagan es una información que constituye un bien público” (CIPP, Buenos Aires, 27 de abril, 2008).
Será en Suecia, porque en México, el embrollo con los datos personales continúa y se extiende, incluso en el mundo electoral.      
Hace poco, las autoridades tuvieron la puntada de explorar la posibilidad de arrancar de la credencial para votar la dirección del ciudadano porque “expone un dato sensible”: el domicilio. 
Aparte del daño autoinflingido (le resta un elemento de identificación crucial al instrumento electoral más importante), se muestra una extraña confusión práctica: la credencial para votar no es pública, no se exhibe, no es accesible por cualquiera. El propietario de cada mica –útil como pocas cosas- decide a quien la muestra y con quien desarrolla relaciones, trámites o transacciones. Pero el dato personal sigue a buen recaudo, bajo la responsabilidad de su dueño, utilizado según la necesidad y utilidad de cada quien sin necesidad de la tutela “cifrada o codificada” de las autoridades electorales. 
El enredo es ya demasiado grande. Incluso desde la elaboración de nuestras leyes, la idea maltrecha de los “datos personales” ha venido a dar al traste con el IFAI y su principal función: abrir el gobierno y mediante las políticas de transparencia, catalizar una amplia reforma al sector público del país.   
Desde hace dos años, el IFAI fue convertido en una institución bizca: vigila la transparencia de las agencias del gobierno con un ojo y cuida las bases de datos personales de las empresas privadas, con el otro. Es uno de los más graves errores de concepto y de diseño institucional de los últimos tiempos: el objeto del IFAI es el Estado, no las empresas, y mientras debe abrir la información de uno, queda condenado a regular la reserva de información en los otros. 
De esta suerte, los datos personales se han convertido en una parte excéntrica, incoherente e inconexa en el sistema jurídico de México.
Es una lástima porque, en efecto, los datos personales son cosa seria: en ellos se plasma parte del ámbito de la libertad individual, pero también, la región en la cuál no le rendimos cuenta a nadie.
Por eso, creo, el Congreso y las instituciones públicas deben pensar -otra vez- su concepto, su objetivo, su lugar y su acomodo, muy seriamente. Tal y como están ahora, los “datos personales” se han convertido en una extraña palanca que legitima la opacidad, que enreda a las instituciones y que produce decisiones bizarras, sobre todo porque se cree que se produce un virtud: entre menos datos públicos más gana en libertad el ciudadano.  Volveremos sobre el tema.

*La Silla Rota 25-02-13

COLISIÓN JAROCHA*


JORGE ALCOCER

En Veracruz, como en 13 estados más, el domingo 7 de julio del año en curso habrá elecciones para diputados locales y ayuntamientos; como en otros casos, en tierras jarochas el PAN y el PRD decidieron formar una coalición total para postular candidatos comunes. La ley permite formar ese tipo de alianzas, establece los requisitos que se deben cumplir, los plazos para hacerlo y las obligaciones que adquieren los partidos coaligados.

El Instituto Electoral Veracruzano (IEV) recibió, en tiempo y forma, la solicitud de registro de la coalición "Gran Alianza por ti" (PAN-PRD); verificó el cumplimiento de requisitos y le otorgó registro, como lo hizo con la coalición denominada "Veracruz para adelante", formada por el PRI, PVEM y Panal. (Como puede constatarse, los publicistas electorales, o sus musas, "andarán de vacaciones").

La coalición "Gran Alianza por ti" se aprestaba a la etapa de precampaña y selección de candidatos -que dará inicio el 3 de marzo- pero ocurrió lo inesperado. Cinco ciudadanos que se ostentaron como militantes del PRD en Veracruz, acudieron ante el Tribunal Electoral local para impugnar el registro de la citada Coalición; de los cinco, dos no lograron acreditar la militancia que decían tener, pero a los otros tres el Tribunal les reconoció esa calidad y por ese solo hecho admitió la demanda, aunque en la sentencia nada se dice sobre el agravio que les causa la decisión que impugnaron.

Realizado el "estudio de fondo" (que en este caso es una figura retórica) los magistrados locales José Lorenzo Álvarez Montero, Gregorio Valerio Gómez y Daniel Ruiz Morales (este último presidente del Tribunal y ponente en el caso JDC/09/2013) resolvieron, por unanimidad, revocar el acuerdo del IEV y en consecuencia cancelar el registro de la coalición entre PAN y PRD. El motivo: que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, al aprobar la citada coalición, no cumplió el requisito de hacerlo con el 60% de los votos de sus integrantes. Argumentan los magistrados veracruzanos que la falta, aunque formal, es grave.

Solo que, en la realidad, lo que tenemos es una muy deficiente sentencia, que está por provocar una colisión en tierras jarochas, entre el PAN-PRD y el PRI, que podría tener repercusiones inmediatas en las relaciones entre los dos partidos opositores y el gobierno federal, que podrá argumentar "eso a mí no me toca", pero nadie se lo va a aceptar, ni a creer.

Veamos el asunto: los estatutos del PRD señalan que el CEN se integra por 15 miembros, y que para sesionar deben estar presentes, al menos, 8 de ellos; cumplido ese requisito de quórum los acuerdos que adopte son válidos. A la reunión en que se aprobó la coalición en Veracruz asistieron 13 miembros, había quórum; 8 votaron a favor y 5 en contra. Si Pitágoras no miente, 8 es el 61.5% de 13; la regla del Estatuto perredista es el voto del 60%; requisito cumplido.

Pero los magistrados jarochos dicen que el 60% debe calcularse no sobre los 13 que asistieron, sino sobre el total de 15, y por tanto no se cumple el requisito, pues 8 es el 53.3% de 15. Los magistrados omitieron considerar la regla de quórum y funcionamiento del CEN perredista para realizar lo que el lenguaje jurídico denomina "interpretación sistemática y funcional". Con esa flagrante omisión dictaron sentencia: acuerdo revocado, coalición negada.

Puede ser que a muchos no agrade la alianza electoral entre el PAN y el PRD, pero la posibilidad y el derecho de formar coaliciones electorales está en la ley y la misma no debe quedar sujeta a interpretaciones parciales y sesgadas que dan lugar, con razón, a todo tipo de especulaciones. Es de toda evidencia que el Tribunal Electoral de Veracruz se equivocó al dictar la sentencia de marras.

Corresponderá al TEPJF, ya sea a la Sala Regional, con sede en Xalapa, o a su Sala Superior, deshacer el entuerto para restituir al PRD y al PAN el derecho a formar coalición en el proceso electoral veracruzano de este año. Esperemos que lo haga de manera pronta y expedita, para que las precampañas en ese estado inicien con normalidad, lo que supone que las coaliciones estén formalizadas y participen en igualdad jurídica.

Si a alguien no le gustan las alianzas, que no vote por ellas; pero mientras estén en la ley, tienen derecho a existir.

*Reforma 26-02-13

EXPLICAR/JUSTIFICAR*


JOSÉ WOLDENBERG

1.Todo se puede explicar es la gran apuesta o ilusión del pensamiento ilustrado. Aunque mejor sería decir: todo se debe intentar comprender. Porque no siempre se puede. No obstante, explicar es una cosa y justificar otra.

El peor asesinato se puede explicar. Ferdinand Von Schirach cuenta la historia de Fähner, médico de familia, amable, educado, que jamás había cometido un solo delito ni siquiera una infracción. Conoció a Ingrid, tuvieron un corto noviazgo y se casaron. Su luna de miel fue una visita a El Cairo. Ahí, recostados en su cuarto de hotel, luego de hacer el amor, ella le pidió que le jurara que siempre la iba a cuidar, que jamás la abandonaría. Y él por supuesto lo juró.

Luego, poco a poco, la relación empezó a agriarse. Ella tiró la colección de discos de Fähner, amuebló el departamento en un estilo que le sacaba erisipela a él, se quejaba de la manera en que cogía los cubiertos, que nunca sacaba la basura. Después ella subió el tono. Empezó con los insultos: era un cerdo, un imbécil. En un arranque de furia se deshizo de los álbumes de la boda y el viaje de novios. Total, ella era una bruja y él un santo encarcelado.

A los 72 años, y con más de 40 de casados, un día Fähner estaba trabajando en el jardín. De repente, Ingrid abrió la puerta de la terraza y empezó a gritarle. Una vez más. Fähner le pidió a Ingrid que bajaran al sótano donde él guardaba las herramientas. Cogió un hacha sueca y magnífica y "le seccionó la bóveda craneal". Luego, le propinó otros 16 hachazos para separar la cabeza del tronco y cortarle los brazos y las piernas. Él mismo llamó a la policía y se entregó.

Von Schirach fue el abogado defensor de Fähner. Y logró para él una condena de solo tres años. Pero además, "la orden de detención fue revocada y anuladas las medidas de prisión provisional; se ordenó su excarcelación. Podría cumplir condena en régimen abierto... El reo debe pernoctar en la institución penitenciaria pero puede salir en libertad durante el día". ¿Cómo lo hizo? Contó la historia desde el punto de vista del asesino: una mujer irrefrenable en "chingar quedito" y un hombre débil, atado, incapaz de romper su lazo perruno. ¿Pero por qué no se divorció entonces?, preguntaría el último de la fila. Ah, porque había hecho el juramento de cuidarla toda la vida. Y no podía deshacerse de esa promesa. (Crímenes, Salamandra, 2011).

Demos por bueno el relato de Von Schirach. Se trató por más de cuatro décadas de una relación parecida a la de amo y esclavo que ahogó día a día a su cliente. Hasta que la olla exprés reventó. Eso explicaría el arranque criminal de Fähner. Y si a ello le sumamos el juramento al que se ató el sumiso esposo, la explicación resulta plausible.

Pero de la explicación a la justificación media un océano. Aunque una explicación abarcadora y comprensiva pueda acercarnos a los límites de la justificación. El narrador logra con maestría que entendamos al criminal y nos sintamos cercanos a él -no sobra repetir que es el abogado defensor- pero la pregunta inescapable es si no existía una salida diferente. Porque incluso bajo la certeza de que Fähner hubiese sido una víctima indefensa, un pobre hombre maltratado, vilipendiado, ahogado por su propia esposa, no es cierto que la única opción fuera el asesinato. Es decir, una cosa es explicar y otra justificar.

2. Los jóvenes viven una situación difícil. Millones de ellos no encuentran espacio en las instituciones educativas y tampoco existe una vía franca para colocarse en el mercado formal de trabajo. Los universitarios o preuniversitarios saben que la educación superior ya no es -como en el pasado- un elevador automático. El mercado de trabajo se estrecha, la informalidad se expande, las oportunidades para licenciados de las más diversas profesiones ya no son las de las décadas pasadas. Eso genera mal humor, coraje.

El Consejo Técnico del CCH ha planteado la posibilidad de reformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere actualizar los programas de estudio, reforzar la formación y actualización de los profesores, incluir un semestre de educación física, enseñar inglés durante los 3 años, colocar como materia optativa el francés, introducir un horario continuo, cursos en línea, tutorías para los alumnos, clases de una hora 50 minutos. A mí me parece más que pertinente, necesario. Algo que vale la pena apuntalar y defender. Pero aceptemos que a otros pueda no gustarle la pretendida reforma. Siempre sucede. Sobre cualquier asunto pueden existir diferentes puntos de vista.

En ese marco, unos jóvenes encapuchados agreden a trabajadores del CCH Naucalpan, prenden fuego en las instalaciones, toman la dirección del CCH en Ciudad Universitaria y hacen destrozos de ventanas, mobiliario, cámaras, porque no están de acuerdo con las anunciadas reformas.

Demos por bueno -aunque sea demasiado conceder- que es la difícil situación por la que pasan y su rechazo a la reforma académica la que explica su comportamiento. ¿Eso la justifica? Por supuesto, no.

*Reforma 28-02-13

VIOLENCIA NO*


PEDRO SALAZAR UGARTE

Primero lo primero: la violencia es inadmisible y debe censurarse. Las acciones perpetradas por los sujetos que tomaron el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM merecen total y categórica reprobación. Son actos antidemocráticos y antiuniversitarios. Ahora, algo cierto y delicado: aunque parezca paradójico, la censura de los violentos en ocasiones demanda el uso de la fuerza pública. El reto de las democracias reside en superar esa paradoja. Para lograrlo existen algunas máximas estratégicas: la coacción debe ser una medida extrema, excepcional, proporcionada y, en todos los casos, debe justificarse. De lo contrario, el uso de la fuerza puede detonar una espiral de violencia. Y, cuando ello sucede, la autoridad se desmorona y vencen los violentos. Por eso celebro la estrategia que han adoptado las autoridades universitarias.

Las autoridades deben intervenir para desactivar los conflictos y para recuperar la tranquilidad perdida. Esto vale en todos los ámbitos de la convivencia: el juez dirime el desacuerdo entre las partes; el IFE resuelve las controversias entre los partidos; el delegado desactiva los conflictos vecinales; etcétera. Así que, cuando un grupo de abusivos agrede a unos universitarios inocentes, lastima la imagen de la UNAM y afecta su patrimonio, la intervención de la autoridad, antes que otra cosa, debe servir para detener el abuso, recuperar la tranquilidad e impedir que el conflicto escale. Esto no supone brindar un halo de impunidad a los rijosos pero sí exige enfrentar el conflicto con una visión estratégica. El fin que se persigue explica los medios que se adoptan. Si la negociación es el camino que conduce a la estabilización de la situación y es el único antídoto contra la reproducción de la violencia, entonces, debe ser bienvenida. Para los violentos se trata de una victoria pírrica y aparente: lo que importa es que sus medios han quedado desautorizados y se ha recuperado el espacio para la acción civilizada. La política democrática —que es diálogo y negociación— es la antítesis de la violencia y es la ruta que debe imperar. Esa sí es una victoria verdadera.

Por eso comparto la estrategia de las las autoridades de la universidad para encarar los hechos acontecidos en los días pasados. El rector de la Universidad, en un discurso que merece una lectura atenta, reprobó categóricamente los actos vandálicos y explicó la lógica de las decisiones y acciones emprendidas. Al rechazo “con toda energía y sin consideración alguna” de los hechos violentos lo acompaña una actuación caracterizada por la “sensibilidad” y la “prudencia”. El rector sabe que resulta “ligero” y “superficial” pensar que un “problema como éste se puede resolver fácilmente con la aplicación de la fuerza”. La tesis está anclada a sus propias convicciones (“queremos demostrar —dice Narro— que frente a los jóvenes, antes que con la fuerza, se debe actuar con la palabra y la razón”) pero, sobre todo, hace palanca con su responsabilidad institucional (“queremos —remata— regresar a la normalidad no a las noches oscuras que han afectado a la universidad en otros tiempos”). Narro entiende que ceder ante las pulsiones que piden violencia contra los violentos podría “agravar, replicar o multiplicar” el problema. Hay mucha sensatez detrás de ese reconocimiento.

Evitar confundir la firmeza con el autoritarismo y comprender que el diálogo y la legalidad son instrumentos alternativos al uso de la fuerza para superar los conflictos son rasgos propios del pensamiento democrático. Lo contrario, pensar que la mano dura es el único antídoto contra los intransigentes, es propio del autoritarismo. La primera estrategia confía en la autoridad moral de la comunidad universitaria, en sus principios ilustrados para desactivar la sinrazón de los violentos; la segunda, en cambio, se mimetiza en la forma y en el fondo a la irracionalidad de los extremistas. Esta es una oportunidad para refrendar la vocación democrática de los universitarios.

*El Universal 28-02-13

viernes, 22 de febrero de 2013

LA REFORMA*


CARMEN ARISTEGUI

Efervescencia y expectativa se registran hoy en día dentro de la clase política, empresas y concesionarios de nuestro país. Ante la inminencia de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se discute dentro de un círculo cerrado, es que las conjeturas sobre el contenido y alcance de lo que cocinan los que del cónclave participan están a la orden del día.

Legisladores y concesionarios afirman no saber de qué trata, porque el terreno de negociación y de definiciones ha quedado en el espacio de actuación del llamado Pacto por México: básicamente la Presidencia, los líderes del PAN y el PRD y un puñado de conocedores que redactan la ley en su parte final.

Versiones periodísticas señalan que faltan acuerdos sobre el llamado órgano regulador y de competencia. Hay quien espera definiciones sobre los llamados must offer y must carry.

Preguntas obligadas sobre qué traerá la reforma sobre el tránsito del apagón analógico a la era digital. El tema suena para iniciados, pero los demás mortales no podemos estar ajenos a lo que se decida. Una sociedad ausente, indiferente o distraída en nada ayudaría frente a lo que decidan en la cúpula y las élites políticas.

Los expertos, con vena didáctica cuando hablan de la digitalización, dicen que lo que hoy pasa por un conducto se puede multiplicar por cuatro, cinco o más veces según el grado de definición, precisamente, gracias a la digitalización. Es decir que por donde hoy pasa un canal, mañana pasarán cuatro, cinco o más. Imaginemos un tubo por el que hoy sólo pasa una cosa, con las nuevas tecnologías pasarán por ahí muchas cosas más. ¿Qué van a hacer los que ponen las reglas del juego? ¿Van a dejar que los que hoy dominan prácticamente todas las telecomunicaciones y la radiodifusión, con el brinco tecnológico digital, no sólo mantengan su dominio sino que lo vean agigantado? ¿La reforma que viene contempla dejarles sólo una, dos o todas las nuevas frecuencias digitales? En un solo canal digital cabrían los contenidos, por ejemplo, de los canales 2, 4, 5, 9 que hoy existen. ¿Es eso suficiente para Televisa?

¿Conviene a México dejarle una sola frecuencia digital a cada una de las grandes televisoras o será mejor dejarles dos?, o ¿quienes hacen la reforma serán capaces de dejarles todo?

Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU, acaba de decir que de la digitalización no se habla en México, ni en América Latina, porque no se quiere que se hable de ello. Sometidos a las grandes presiones, los gobiernos y los Congresos de los países van resolviendo, a su manera, el tránsito inevitable hacia la digitalización y la multiplicación de señales. Los desafíos son enormes. O se condena a los países a la irremediable captura de sus Estados y autoridades o se logra dar un giro copernicano por la democratización.

Del mismo modo que sucedió con la negociación y la redacción del Pacto por México -prácticamente los mismos actores-, quienes impulsan la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión pretenden que aquellos que -entonces y ahora- se sintieron excluidos y dolidos por no haber sido partícipes en el origen, finalmente, se sumen y voten. A menos que prospere el intento descarrilador que, al parecer, pretende el senador Javier Lozano con una iniciativa de madruguete que presentó justo ayer, en la víspera de lo otro.

Si lo que se dice de la reforma empata con lo que pusieron en el texto del Pacto, sobre que el Estado debe "someter a los poderes fácticos", no sería de extrañar la reticencia y reacción de los aludidos. El hermetismo que mantienen los negociadores y redactores sobre el contenido hace suponer que temen una filtración que desate una andanada para descarrilarla.

El cónclave no ha dejado pasar prácticamente a nadie. Baste ver el encontronazo que narra la prensa entre los panistas Madero, quien está en la mesa, y Cordero, el calderonista, que no fue de los convidados pero que tendrá -si no se enoja demasiado y no hace de comparsa a Lozano- su espacio en el Congreso.

*Reforma 22-02-13

jueves, 21 de febrero de 2013

LOTERÍA DEMOCRÁTICA*


JOHN ACKERMAN

Los procedimientos actuales para el nombramiento por el Congreso de la Unión de los titulares de los órganos y organismos del Estado garantizan que la lealtad política y la mediocridad predominen por encima de la independencia ciudadana y la capacidad profesional. La profunda crisis de legitimidad que hoy aqueja tanto al Instituto Federal Electoral (IFE) como al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es más que el desenlace natural de procesos de selección sistemáticamente amañados desde hace dos lustros. Hay que actuar para que los próximos nombramientos para estas instituciones, y para la nueva Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, rompan con la lógica perversa de intercambio de favores.

La historia nos ha demostrado que a los políticos les interesan muy poco las opiniones de los expertos y menos las de los grupos ciudadanos que en cada coyuntura de nombramiento demandan plena transparencia y altura de miras a los legisladores. En lugar de esperar a que ahora sí la clase política se dé cuenta del enorme daño que está haciendo a las instituciones del Estado, a los ciudadanos nos toca construir y exigir la implementación de propuestas innovadoras.

Nuestro enfoque debe ser simultáneamente revolucionario y realista. No se trata de encontrar un grupo de ciudadanos puros para rescatar las instituciones, sino de instalar un procedimiento que aumente la posibilidad de que los nuevos funcionarios manden al diablo a la clase política y coloquen los intereses sociales en primer término. No se trata de una búsqueda de ángeles, sino de cerrar el paso a los vividores.

Hoy el mundo se encuentra al revés. Los procedimientos actuales garantizan que los consejeros, comisionados, magistrados y ministros tengan que rendir cuentas en primer lugar a sus padrinos políticos. Algunos cabildean sus nombramientos durante años y casi todos juran lealtad personal y obediencia política a cambio del favor de su nombramiento. Solamente en casos excepcionales ocurren traiciones patrióticas donde, una vez en el cargo, el funcionario pone en riesgo su futuro político al independizarse de sus patrocinadores y lanzarse con todo para defender el interés general.

Se debe invertir completamente el esquema. Si bien siempre existirá la posibilidad de que un nuevo consejero, comisionado, magistrado o ministro dé la espalda a la ciudadanía, hay que diseñar un sistema que asegure que tal comportamiento sea la excepción y no la regla. Para ello, el primer paso sería romper de tajo cualquier liga o relación entre el nombrado y quien decida el nombramiento. Los nuevos funcionarios no deberían deber su cargo a absolutamente nadie.

Existe un mecanismo muy sencillo y universalmente conocido para lograr esta independencia estructural: la lotería. Si los próximos consejeros y comisionados fueran seleccionados de manera aleatoria, de entre un grupo de personas de probada capacidad e independencia, nos encontraríamos en una coyuntura mucho más favorable que la actual.

Hoy tenemos la certeza de que la vasta mayoría de los seleccionados tengan un perfil gris y un comportamiento parcial. Con un sistema de lotería, existiría una probabilidad mucho más alta de que una mayor cantidad de los nombrados sean verdaderamente independientes y capaces.

Desde los tiempos de la antigua Grecia, la lotería ha sido reconocida como uno de los mecanismos de toma de decisión más estrictamente democráticos. Cuando el azar decide quién ocupe algún puesto o tenga que desempeñar una actividad, desaparecen las jerarquías y todos nos encontramos en un plano de estricta igualdad. El poderoso cuento de Jorge Luis Borges La lotería en Babilonia constituye una de las representaciones literarias contemporáneas más elocuentes sobre el poder democrático del azar y la incertidumbre.

El nombramiento de los titulares de los órganos y organismos de Estado por lotería consistiría de dos etapas. En primer lugar, tendría que haber una convocatoria pública, la inscripción de candidatos y un fuerte proceso de depuración de perfiles. En lugar de proteger a los candidatos del ojo público, habría que someterlos a una rigurosa investigación para descubrir cualquier conflicto de interés personal, político, profesional o económico que podría afectar su labor. También habría que someter a los candidatos a un riguroso examen de capacidades analíticas y de conocimientos en la materia correspondiente.

El objetivo de esta primera etapa sería eliminar del universo de posibles funcionarios tanto a los vividores como a los incapaces. Posteriormente, se aplicaría la lotería al grupo de candidatos que haya sobrevivido la primera etapa para determinar los seleccionados. Idealmente, el universo de personas que superan la primera etapa debería ser por lo menos diez veces más grande que la cantidad de puestos vacantes. Es decir, si hay tres vacantes, tendría que haber por lo menos 30 candidatos aptos para el puesto de entre quienes escoger.

Los políticos y los organismos autónomos nos han perdido la confianza. En lugar de esperar a que se rectifiquen solos, es hora de que los ciudadanos les atemos las manos y los obliguemos a trabajar por el bien común. Sólo de esta manera se podrá rescatar alguna esperanza en la vía institucional como vía para revertir la consolidación autoritaria que es el signo de nuestros días.

*La Jornada 18-02-13

LA CIENCIA FORENSE EN MÉXICO*


JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

En la sesión del pasado 25 de enero, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la licenciatura en Ciencia Forense. Se trata de un programa dirigido a formar profesionales que en cuatro años sean capaces de entender y participar en “la investigación y análisis de los indicios de un hecho presuntamente delictuoso, con la finalidad de presentar esos resultados ante la autoridad jurídica correspondiente y coadyuvar en la prevención del delito, y en la procuración y administración de justicia”.
Saber que en la Universidad se están dando los pasos necesarios para preparar a una nueva clase de forenses capaces de coadyuvar en las tareas que diversos actores deben realizar en los procesos penales es, sin duda, una buena noticia. Los egresados deberán trabajar en la identificación, recolección, clasificación, análisis y explicación de información relacionada, en principio, con la comisión de delitos. Estas tareas, a su vez, deberán ser realizadas con respecto a una investigación o a un proceso penal y en ellos aportar sus datos. En ocasiones, actuarán por parte de las policías, por ejemplo en levantamiento de cadáveres, determinación del tipo de lesiones o condiciones de muerte; en otros, auxiliarán a los agentes del MP para clasificar las conductas a efecto de consignar por la comisión de determinados delitos; también podrán auxiliar a los juzgadores con el fin de proporcionarles datos o explicaciones necesarias para dictar su sentencia; finalmente y de manera importante, estos nuevos profesionales llegarán a ser de gran apoyo para los defensores, a efecto de acreditar la inocencia de sus clientes o, al menos, introducir dudas razonables a su favor, haciendo operativa la presunción de inocencia.
México vive un problema muy serio de seguridad que, en buena medida, afecta o debe afectar a las averiguaciones previas y a los procesos penales. Ambos se encuentran, por lo demás, en un complejo proceso de transición al sistema acusatorio. En poco más de tres años, nuestro orden jurídico completo habrá migrado hacia la oralidad. Ello supondrá formas de actuación más flexibles, inmediatas, más profesionalizadas, no como un happening ni como un deseo, sino como el resultado de la reforma penal de 2008.
Imaginemos, para comprender cabalmente el problema, que estamos en una situación en la cual los juicios orales son ya realidad. El momento central de esos procesos será la audiencia y en ella se desahogarán todas las pruebas, de cargo y de descargo, las cuales tendrán que irse recabando desde que se tenga el conocimiento del delito. En esta hipótesis, lo que se logre acreditar en la audiencia será lo que se haya probado en el juicio, nada más. El peso de las pruebas en ese acto será determinante en cuanto al resultado de culpabilidad o inocencia.
En un proceso tecnificado y en el que es plenamente operante la presunción de inocencia, ¿a quién va a corresponder la elaboración del material probatorio? La respuesta obvia es: a la parte que lo ofrezca. Sin embargo, ello lleva a una segunda interrogante: ¿a quién le corresponde ayudar a esa parte para que su prueba sea robusta? La respuesta es que a los peritos o especialistas, muchos de los cuales podrán ser los egresados de la nueva licenciatura de la UNAM, o de universidades que quieran seguir un curso semejante, como lo han hecho las universidades de Nuevo León y de Zacatecas, las que también han incorporado a su oferta educativa la licenciatura en ciencia forense. A nivel posgrado, esta disciplina ya se imparte en el Inacipe, IPN y las universidades Autónoma de Veracruz, de Tabasco y de Guadalajara.
Entre los temas que están pendientes de desarrollar para darle buen curso y destino a la reforma penal en marcha, el tema forense es de la mayor importancia. Por ello, debe integrarse con seriedad una vez que se decida tomarlo en cuenta. Aunque se dice que las comparaciones pueden resultar odiosas, existe un buen ejemplo de cómo podríamos actuar. En 2009, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publicó el informe “Fortaleciendo la Ciencia Forense en los EU”. El trabajo fue producto del mandato emitido por el Congreso de aquella nación al Procurador General, para proveer de fondos a la citada Academia a fin de crear un “Comité Científico Forense” que identificara las necesidades forenses del país, incluyendo las necesidades de laboratorios criminales en todo el territorio; recomendara el modo de maximizar el uso de tecnologías forenses para resolver crímenes, investigar muertes y proteger a la gente; identificara avances científicos o tecnológicos que pudieran asistir a los órganos del Estado en sus tareas; hiciera recomendaciones para incrementar el número y la calidad de los científicos forenses; lograra la diseminación de las mejores prácticas en la materia; examinara el papel de la ciencia forense en las tareas de seguridad nacional y generara fuertes bases de datos.
El Comité Forense, convocado a nombre de la Academia, se constituyó por un amplio grupo de expertos en diversas disciplinas. Trabajó durante dos años y terminó rindiendo un muy amplio y completo informe en el que, además del diagnóstico, propuso acciones de trabajo concretas. Desconozco el grado de avance de las acciones tomadas para desarrollar el informe. Sin embargo, lo que ahora resalto es la importancia de tener un cuerpo de ideas encaminadas a transformar la acción forense en los Estados Unidos.
A poco más de tres años de que entre en vigor nuestra reforma penal, es momento de preguntarnos qué hacer con sus aspectos forenses. La constitución de la licenciatura de la UNAM es un gran paso, pero a sus primeros egresados los veremos en al menos cinco años y su número no alcanzará para cubrir todas las necesidades.
Por ello, se hace necesario actuar desde ahora en nuevas fuentes, con inteligencia y capacidad transformadora. En tiempos en los que la ciencia exige una mayor participación social y donde el derecho necesita transformar sus usos con base en el conocimiento científico, trabajar en la ciencia forense parece ser un campo no sólo posible, sino también necesario.

CONAGO*


JORGE ALCOCER

Por vez primera desde el relevo presidencial, ayer tuvo lugar, en Chihuahua, la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), singular sindicato de ejecutivos estatales del que también forma parte el jefe de Gobierno del DF.

Los antecedentes de la Conago se remontan al segundo semestre del año 1999, cuando los entonces gobernadores de Puebla, Tabasco y Quintana Roo buscaron convencer a los de otros estados, gobernados por el PRI, de hacer un frente común para impulsar cambios en las fórmulas de distribución de fondos federales e imponer reglas para la selección del candidato presidencial de ese partido. Enterado del asunto, el presidente Zedillo instruyó al secretario de Gobernación para hablar con los gobernadores y dar cauce a sus pretensiones, sin admitir que formaran un bloque.

Zedillo argumentó a su favor el contenido de la Constitución, que establece lo siguiente:

"Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras".

En pocas palabras, los Estados de la Federación, es decir sus poderes locales y sus órganos de gobierno, tienen impedido formar, entre ellos, alianzas, establecer tratados o celebrar coaliciones, así le llamen "conferencia".

Pero en diciembre de 2000 se concretó la primera alternancia y el PAN llegó a Los Pinos de la mano de Vicente Fox. En enero de 2001, el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, retomó la idea de formar un bloque de gobernadores, solamente del PRI, para hacer un frente común ante el nuevo gobierno y negociar un trato diferente al de antaño; para tal fin presentó a sus colegas un proyecto de acta constitutiva y estatutos para crear una asociación civil que no violara lo establecido en el texto constitucional antes citado.

Ante tal situación, Santiago Creel, secretario de Gobernación, se reunió con los gobernadores del PRI para analizar el proyecto de Arturo Montiel. El acuerdo al que se llegó fue que el Ejecutivo federal daría su anuencia a la creación de la Conago, a condición de que en ella participaran los gobernadores de todos los estados y el jefe de Gobierno del DF. Para darle la vuelta a la prohibición constitucional, se acordó que la Conago sería una instancia informal y deliberativa, que presentaría propuestas y recomendaciones tanto al Presidente como al Congreso de la Unión; la presidencia del sindicato de gobernadores sería rotativa y se formarían comisiones de trabajo sobre diversos temas del federalismo.

La Conago se institucionalizó en los meses siguientes, hasta convertirse en un foro para la negociación entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal; aunque su peso e influencia sobre las Cámaras del Congreso de la Unión ha sido marginal, entre otras razones por la resistencia de los coordinadores parlamentarios en admitir la injerencia de los gobernadores en las decisiones legislativas.

La Conago fue producto directo de la primera alternancia; es posible afirmar que en el año 2000 un Presidente priista se hubiese opuesto, como lo había hecho en su momento Ernesto Zedillo, a la pretensión de formar una alianza de gobernadores, así fuese con el pretexto de apoyarlo. La balcanización del poder político que se vivió durante los siguientes 12 años no surgió de las alternancias locales; tiene su causa primordial -a partir del año 2000- en la ruptura de los mecanismos metaconstitucionales (Carpizo) de control que por décadas distinguieron las relaciones entre el Presidente y los ejecutivos locales.

En esta segunda alternancia cabe la pregunta sobre las formas que habrán de marcar el trato entre el presidente Peña Nieto y los ejecutivos estatales, empezando por los de su propio partido. Es evidente que para restablecer el mando presidencial es indispensable terminar con la balcanización de los poderes locales y con la feudalización municipal. En ese contexto el Presidente tendrá que definir el papel y las atribuciones que está dispuesto a reconocer para la Conago.

Restaurar el presidencialismo autoritario no solo parece imposible, sino también indeseable; sin embargo, proseguir con lo vivido en los años anteriores, con un Ejecutivo maniatado por presiones de todo tipo y desde varios frentes, sería igualmente indeseable.

SIN PUDOR Y SIN TEMOR*


MARÍA AMPARO CASAR

Tres oficios han aprendido o perfeccionado los gobernadores: el oficio de endeudarse, el de utilizar los recursos públicos a discreción y más recientemente el de "tomar prestado el dinero ajeno".

Del primero da cuenta la duplicación de la deuda de los estados en los últimos 12 años. Del segundo, la ausencia de cuentas públicas claras que permitan conocer el destino del gasto. Del tercero, el que hayan retenido el impuesto sobre el trabajo de los servidores públicos y no lo hayan enterado a la Federación.

En estos tres oficios la mayoría de los gobernadores y otras autoridades estatales han actuado al margen de la ley sin consecuencia alguna.

Los estados tienen derechos y obligaciones. Pueden contratar deuda pero están obligados a hacerlo bajo ciertos supuestos y garantías. Pueden utilizarla solo para ciertos propósitos y están obligados a rendir cuentas sobre ese gasto. Deben retener el impuesto sobre el trabajo de los servidores públicos pero solo para entregárselo a la Tesorería de la Federación.

Pero no. Han contratado más deuda de la que pueden pagar, han dejado de informar en qué han gastado los recursos provenientes de la deuda y han dejado de entregar a la Federación parte de los impuestos retenidos.

¿Por qué lo hacen y a la luz del día? ¿Por qué incurren en prácticas ilegales sin pudor y sin temor? La respuesta más sencilla es: porque pueden. Porque resulta racional hacerlo: me allego de mayores recursos por vía de la contratación de deuda con la banca y por la vía de adeudos fiscales a la Federación, gasto sin control, ahogo las finanzas públicas de mi estado, pido perdón y se me otorga. Si algo falla, que paguen los que vienen atrás. Porque años de experiencia les dice que sus actos no tienen consecuencias. Porque saben que no serán auditados, evaluados, juzgados, condenados y mucho menos castigados. Porque en México, con demasiada frecuencia, las conductas ilegales no solo no se castigan sino que se premian generando así un gran incentivo para la repetición de esas mismas conductas.

Tal es el caso de la decisión de los legisladores que en la Ley de Ingresos de la Federación 2013 optaron por cancelar/perdonar/condonar el 100% de los adeudos fiscales por concepto de Impuesto Sobre la Renta a los estados y municipios del país y, para rematar, por regalarles una condonación por adelantado del 60% y 30% para el 2013 y el 2014.

Perdonar es abdicar/declinar/desistirse al derecho a imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones. Pero al hacerlo, las consecuencias no desaparecen, las contraen otros. Esos otros somos los contribuyentes. El resultado neto es que los legisladores premian una conducta ilegal y al hacerlo nos transfieren el costo.

La cadena causal es cristalina: los gobernadores evaden sus responsabilidades, los legisladores avalan la conducta y los contribuyentes asumen las consecuencias. Negocio redondo. La lección para los gobernadores es ejemplar. Nada más pernicioso para las finanzas públicas y más lucrativo para los gobernadores.

Pero los ciudadanos no estamos inermes. Tenemos instrumentos -a partir de la reforma constitucional del 2011 podemos acogernos al interés legítimo y al amparo colectivo- para actuar como contrapeso al poder político cuando éste se utiliza en contra de los derechos individuales. Haciendo uso de ellos un conjunto de ciudadanos interpusimos un amparo contra el Congreso porque al haber condonado la deuda, nosotros -y todos los contribuyentes- deberemos pagar con nuestro patrimonio la irresponsabilidad de los gobernadores y la clemencia del Congreso; porque el hecho de que estados y municipios no hayan enterado esos recursos implica que el gasto público previsto por la Federación no se haya cumplido; porque el Congreso no analizó, informó y difundió el impacto que esta medida tendría en las finanzas públicas y que aunque es difícil de calcular podría alcanzar los 300 mil millones de pesos; porque quebrantó la norma constitucional que estipula la obligación de los ciudadanos de contribuir a los gastos públicos (art 31) "para satisfacer los objetivos a los que estén destinados" (art 134); porque el acto acarrea una inequidad fiscal.

Podemos ganar o perder pero interponiendo el amparo se exhibe un desfalco, se contribuye a evitar que los actos de los gobernantes pasen inadvertidos y, sobre todo, a que no tengan consecuencias. Con ello, se favorece la puesta en práctica de conductas que incentiven la responsabilidad y no la impunidad.

*Reforma 21-02-13

NI EXORCISMOS NI MAGIA; POLÍTICA*


JOSÉ WOLDENBERG

Una derivación virtuosa y, al parecer, no planeada del Pacto por México, es que por lo pronto parecen quedar congeladas las aspiraciones por modificar la legislación para convertir a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños. Me explico.

Como se sabe o debería saberse, el resultado más decantado y visible de nuestro proceso democratizador es que en el Congreso coexiste una pluralidad política equilibrada. Ninguno de los partidos ha logrado desde 1997 la mayoría absoluta (50 por ciento más uno) de los diputados, y lo mismo ha sucedido en el Senado desde el año 2000. No es una casualidad, tampoco una sorpresa. Es el resultado de un sistema multipartidista que refleja a una sociedad diversa, compleja, con muy distintas sensibilidades y aspiraciones.

La fórmula para integrar la Cámara de Diputados incluso premia a la primera fuerza política hasta con un 8 por ciento más de asientos con relación a sus votos. Pero como desde hace seis legislaturas ningún partido ha logrado más del 42.2 por ciento de los sufragios, pues ninguno ha conseguido la tan deseada mayoría absoluta de representantes.

Esa situación contrasta vivamente (y para bien) con las largas décadas de hegemonía de un solo partido (del PRI, por si usted vive en Timor Oriental). Recordemos que desde 1929, primero el PNR, luego el PRM y después el PRI, no solo contaron con mayorías absolutas en las dos Cámaras, sino incluso con mayorías calificadas (más de dos terceras partes), y en el caso del Senado con el 100 por ciento de los escaños. No fue sino hasta 1988 que el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados e ingresaron al Senado los primeros cuatro legisladores de la oposición. (El caso de Jorge Cruickshank en 1976 no creo que pueda ser considerado como antecedente, porque fue postulado conjuntamente por el PPS y el PRI).

Pero ciertamente el pluralismo equilibrado instalado en el Congreso hace más difícil la toma de decisiones. El largo periodo de predominio de un solo partido acostumbró a muchos a ver al circuito legislativo como un mero trámite en donde la voluntad presidencial era procesada con celeridad y sumisión. El Presidente y su partido tenían los votos suficientes en el Congreso para hacer que sus iniciativas se aprobaran en forma expedita. Y ello cambió de manera radical a partir de 1997/2000. Desde entonces un solo partido no puede hacer su voluntad en el Congreso. Desde entonces fue necesario hablar, escuchar, negociar, acordar si se quería sacar adelante cualquier iniciativa. Desde entonces resulta más tortuoso, lento, difícil, aprobar una reforma constitucional o legal, nombrar una comisión, establecer el orden del día, dar por buena la Ley de Ingresos u ofrecer vía franca al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y entonces surgió la añoranza. Una fuerte ola de opinión conservadora se desató. "El equilibrio de fuerzas complica demasiado la gobernabilidad". "Así no se puede. El Congreso es lento, incapaz, se encuentra atorado". "Requerimos de una mayoría que haga eficiente la gestión de las Cámaras". "Que el que gane, gane, y pueda realizar su proyecto sin estorbosos obstáculos". Y esa corriente desencantada, presurosa y nostálgica empezó a idear y a proponer fórmulas para transformar a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños. Total, en aras de la eficiencia y la velocidad, la ley podía retocar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y concederle a quien más votos obtuviera (digamos el 38 por ciento) la mayoría absoluta de los asientos (por lo menos el 50 por ciento más uno). No importaba que con ello se trastocara la "voluntad popular", no importaba que como por arte de magia, una minoría (la más grande) se convirtiera en mayoría y el conjunto de las minorías que sumaban la mayoría de los votos se volvieran en conjunto minoría, de lo que se trataba era de inyectar eficiencia, eficacia, rapidez, agilidad, a un Congreso trabado.

No se trataba de una reacción marginal. Concurrieron académicos destacados, periodistas serios, e incluso el actual presidente de la República hizo eco de esa aspiración restauradora. Y no faltaron las fórmulas ingeniosas: reintroducir una "cláusula de gobernabilidad"; permitir que el porcentaje de votos totales se pudiera aplicar en la pista plurinominal sin tomar en cuenta el número de escaños alcanzados en la uninominal; suprimir o reducir el número de diputados plurinominales. En fin, fórmulas para construir una mayoría artificial hay muchas y variadas.

Pues bien, la firma del Pacto por México, entre muchas otras cosas, nos dice que la ruta puede y debe ser otra. La forja de una mayoría fruto de las artes de la política. Ni exorcismos ni magia; política. Porque si ninguna fuerza tiene la mayoría, lo conveniente y lo pertinente es formarla a través de la negociación y el acuerdo. Y eso representa el Pacto. Un Pacto que además es inclusivo, por lo pronto, de los tres principales partidos del país. No es poca cosa.

*Reforma 21-02-13

¿NECESITAMOS TANTOS PARTIDOS POLÍTICOS?*


MIGUEL CARBONELL

El pluralismo político es algo muy sano en un régimen democrático. La posibilidad de elegir entre varios proyectos de país robustece la participación ciudadana y le otorga sustancia a cualquier proceso electoral. Es algo que siempre se debe apoyar.
Pero en México parece que estamos a punto de irnos a un extremo del que quizá no obtengamos muchos beneficios. El IFE está tramitando la solicitud para que sean creados 52 nuevos partidos políticos. Algunas peticiones ya están siendo desechadas, por incumplir manifiestamente con los requisitos que exige la legislación, pero la enorme mayoría sigue adelante.
Los hay para todos los gustos. Algunos incluso son copia de antiguos partidos que tuvieron en su momento el registro como tales y lo perdieron por falta de apoyo popular (es el caso del Partido Demócrata de México, el tristemente célebre PDM).
Ha solicitado el registro una agrupación que propone llamarse "Partido Unificador de Estados Democráticos Evolucionarios y Nacionalistas", cualquier cosa que ello signifique. También lo ha hecho la "Asociación de Profesionistas y Profecionales (sic) de Servicios Comunitarios", quienes en caso de obtener el registro seguramente dedicarán parte de sus recursos a tomar clases de ortografía.
Hay igualmente una propuesta para crear el "Partido Humanista", el "Partido Universitario de México", el partido "Pueblo Republicano Colosista" y el "Partido Demócrata Migrante Mexicano".
Los demás andan en un canal parecido, salvo un par de ellos, que parece que sí representan a un sector de la ciudadanía suficientemente amplio como para poder competir en los siguientes procesos electorales (me refiero a Morena y a Concertación Mexicana).
Uno se pregunta si ese tipo de respuestas serán adecuadas para superar el actual abismo que existe entre la ciudadanía y sus representantes populares.
En todas las encuestas aparece la marcada desconfianza que le tenemos a los representantes populares: confiamos menos en un diputado que en un policía y todavía menos en los representantes de un partido político. De forma más marcada e intensa dicha desconfianza aparece entre los jóvenes, que se sienten muy poco afectos a los partidos existentes y en general a la clase política nacional.
Ese problema existe y sería inútil negarlo. La pregunta importante es si para superar ese problema la mejor solución es darle el registro a organizaciones con dudosas credenciales democráticas, cuyo principal objetivo seguramente será participar del generoso régimen de prerrogativas económicas que acompañan al registro como partidos.
El IFE, por supuesto, se encuentra entre la espada y la pared, ya que si dichas organizaciones cumplen con los requisitos que marca la ley estará obligado a darles el registro. No se trata, por tanto, de un problema de la autoridad electoral, sino de una cuestión que debe resolver en primera instancia la propia ciudadanía.
¿Vale la pena apoyar a esas organizaciones para que se conviertan en nuevos partidos? ¿La democracia mexicana necesita que en las boletas electorales del 2015 aparezcan quince o veinte o cuarenta nuevos emblemas de los partidos que están tramitando su registro?
La solución no parece fácil. Por un lado hay que promover el pluralismo y permitir que los ciudadanos voten a un abanico amplio de ofertas electorales. Por otro lado es evidente que muchos de los nuevos partidos serán franquicias al servicio de sus fundadores, con el propósito descarado de obtener recursos públicos para enriquecerse. Es probable que los partidos que finalmente obtengan el registro susciten la misma frustración que hoy sienten muchos mexicanos por los partidos que ya existen.
En todo caso, lo que hay que exigir siempre es que se asegure un funcionamiento interno democrático, que los derechos de la militancia están adecuadamente garantizados (en ello tienen mucho que decir los tribunales electorales) y que las agendas de cada partido sean claras respecto a los grandes temas nacionales.
De esa forma podremos al menos evitar que los partidos sean controlados por una familia o que vendan su proyecto político al mejor postor (de ambas cosas hay ejemplos bien conocidos en el panorama político nacional).
Ojalá que a la luz del proceso de registro que se está llevando a cabo ante el IFE, los ciudadanos pensemos y discutamos a profundidad el modelo de sistema de partidos políticos que el país necesita. Lo peor que podemos hacer es dejar ese tema en manos solamente de los políticos profesionales, ya que están acostumbrados a servirse con la cuchara grande, a costa del dinero de los contribuyentes. Por tanto: nuevos partidos sí, pero que lo sean de verdad y no meros membretes.

*El Universal 21-02-13

viernes, 15 de febrero de 2013

LA CONSTITUCIÓN REFORMADORA*


DIEGO VALADÉS

Nuestra norma suprema ha sido ejemplar en más de un sentido. En su fase inicial cimentó la renovación del poder político; transformó las relaciones sociales; propició el optimismo colectivo e incorporó la idea de constitucionalidad a la cultura cívica del país. En esa etapa tuvimos una Constitución revolucionaria.

En un segundo ciclo las funciones de la Constitución derivaron hacia otros derroteros. Los objetivos de cambio cedieron su espacio a los de estabilidad; la norma se orientó hacia la permanencia de un orden hegemónico y se privilegiaron la armonización de intereses, la temperación de las expectativas colectivas y la consolidación del poder presidencial. La tarea adaptativa de la Constitución se vinculó al ejercicio concentrado del poder, de suerte que las reformas siguieron un ritmo que se situaba entre lo más que los gobernantes estaban dispuestos a ceder y lo menos que los gobernados estaban dispuestos a aceptar. Tuvimos entonces una Constitución conservadora.

Pero el orden constitucional no podía detener las legítimas exigencias en materia de derechos fundamentales sin desnaturalizar sus objetivos. De ahí que se aceptara liberalizar el régimen electoral y transformar el aparato jurisdiccional, a trueque de mantener incólume la estructura del poder político. En esencia, lo que interesó fue preservar la intangibilidad de los dirigentes, sustrayendo a los gobernantes del control por parte de los representantes y eximiendo a los representantes del control por parte de los representados. Se creó así un sistema constitucional sui generis en el que coexisten instituciones avanzadas en materia de derechos humanos e instituciones retrógradas en materia de obligaciones políticas. En esta tercera etapa, la que corre, tenemos una Constitución contradictoria.

El hecho político de que la Constitución contenga instituciones en conflicto produce desarreglos que las hacen disfuncionales, porque esas antinomias afectan sus objetivos. Si se añaden los errores en el diseño institucional, se entenderá cómo esas deficiencias de nuestro sistema están en el origen de muchos de los problemas que afligen al país.

Por sus defectos, las instituciones no pueden dar respuestas certeras a la pobreza; a los desajustes estructurales del sector público; a la concentración excesiva de la renta nacional; a la violencia delictiva; a las exigencias de bienestar y de equidad social; a la laicidad efectiva de la vida pública; al combate a la corrupción y a la impunidad; no podemos alcanzar estos objetivos porque nuestras instituciones están lastradas por sus propias contradicciones.

La “voluntad política”, tan invocada en otras épocas, poco resuelve hoy, porque ya no estamos en la dimensión del voluntarismo personal sino del pluralismo democrático. Pero mientras no remocemos nuestro régimen de gobierno, uncido a un modelo de hegemonía de partido que ya no existe, y en tanto que no revisemos en conjunto el aparato normativo para sistematizarlo, seguiremos padeciendo los efectos del déficit de gobernabilidad que tiende a acentuarse con el paso del tiempo y con el peso de la rutina.

Para superar las omisiones y las contradicciones que afectan la vida institucional de México necesitamos una Constitución no sólo reformada, también reformadora.

La Constitución de hoy ya no es la de 1917. De los 136 artículos que la componen, sólo 22 no ha sido modificados. Esto significa que el 16 por ciento permanece intocado. Ahora bien, si lo medimos de otra manera y mensuramos qué porcentaje del texto actual es el que fue aprobado en Querétaro, veremos que esos 22 artículos corresponden apenas al 3 por ciento de la extensión del texto vigente. Esto es lo que nos queda de 1917.

No controvierto la pertinencia de la mayor parte de las reformas, pero sí cuestiono la incorporación a la Constitución de muchos preceptos que debieron quedar en la legislación secundaria. Si los agentes políticos lo hacen así es por las dudas que les inspira un ordenamiento volátil. Pero a fuerza de recargar a la Constitución con disposiciones que son ajenas a su jerarquía, trasladaron a ella esa volatilidad y hoy nuestra carta fundamental se ha contaminado por el lenguaje de la desconfianza y por la estrategia de la ficción.

Las instituciones son regularidades en el comportamiento de quienes ejercen el poder y de sus destinatarios. Tienen un componente normado y otro practicado; resultan de la voluntad y de la cultura; organizan a la sociedad porque imponen reglas del juego a todos sus integrantes. La regla de reglas es que cada uno acepta subordinar su comportamiento a las normas, a trueque de que los demás hagan lo mismo. Cuando esas reglas son rotas u omitidas, se producen episodios de anomia.

La vida útil de las normas guarda relación que la adhesión espontánea que inspiran o con la aptitud coercitiva que mantienen. Si la adhesión se difumina y la coacción se fragiliza, las normas se tornan sustituibles. Este es un fenómeno complejo porque ante los accidentes que merman su credibilidad o incluso su positividad, un sistema constitucional puede recuperarse si adopta medidas oportunas y eficaces.

Estoy consciente de que toda simplificación es reduccionista. Cada ciudadano interesado en la cuestión institucional tiene su propia posición acerca de lo que nos falta. La lista es grande, pero con el ánimo de plantear lo substancial, advierto dos grandes problemas: la caduquez del régimen de gobierno y las distorsiones crecientes que padece nuestra norma suprema.

Dicho en forma sucinta, un régimen de gobierno concentrador del poder y ajeno a formas democráticas de control político, contrasta con las normas electorales del propio sistema constitucional y con la creciente cultura democrática de la sociedad. En cuanto a las deformaciones de la carta suprema, son el resultado de múltiples reformas, acumuladas por décadas pero redactadas sin un proyecto sistemático y sin una técnica uniforme. Con independencia de lo pertinente que pudieron ser esas reformas en su circunstancia, hoy exhiben un texto que ha ganado en frondosidad pero perdido en coherencia.

En una época de intensos cambios en esta materia, México no ha configurado un sistema constitucional acorde con un orden democrático consolidado, con una sociedad plural y con unas instituciones funcionales.

El mundo ha vivido las dos décadas más activas en la historia del constitucionalismo. En el último decenio del siglo XX y en el primero del XXI, 98 de los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron nuevas constituciones, entre ellos 8 de los 19 países latinoamericanos. Esto, además de varias constituciones que han sido reformadas en su esencialidad. En Argentina se considera que la reforma de 1994 tuvo como resultado una nueva Constitución y la Constitución refundida de Bélgica, de ese mismo año, también equivale a un nuevo texto.

Entre nosotros es el momento de analizar qué queremos hacer con la Constitución. Lo prioritario es reformarla en lo conducente al régimen de gobierno. La actual configuración del poder mantiene al país en condiciones precarias e imposibilita los llamados cambios estructurales requeridos por nuestro aparato productivo. Los hechos hablan por sí solos: la asimetría entre los órganos del poder político y la ausencia de controles políticos hace que las decisiones gubernamentales sean objeto de dudas comprensibles. Hace apenas unos años, al privatizar la banca, se dijo que siempre sería mexicana; poco duró esa promesa. Hoy es, en su mayoría, extranjera. Para justificar su entrega se adujo que sería a cambio de crédito abundante y barato; hoy es escaso y caro. No nos fue mejor con el argumento de que los ferrocarriles serían más eficientes en manos particulares. Hoy dependemos más del oneroso y contaminante trasporte automotor y tenemos un tendido inferior al que dejó Porfirio Díaz.

La democracia es incertidumbre de resultados pero certidumbre de procedimientos. Hasta ahora sólo contamos con las instituciones de la incertidumbre: el sistema electoral. Nos falta la segunda parte, las instituciones de la certidumbre, y estas conciernen al régimen de gobierno, que incluye al sistema representativo.

Pero no es todo. La Constitución está desfigurada. En este sentido tenemos dos opciones: un cambio de Constitución o una Constitución reordenada. Considero que, metodológicamente, primero deberíamos intentar su reordenación. Excepto el régimen de gobierno, el resto de la Constitución es rescatable si se somete a una revisión técnica sin modificar sus principios. Esta reordenación implicaría reescribirla para suprimir los excesos reglamentarios que ahora contiene, para uniformizar su estilo y para reubicar muchos de sus preceptos, como los que mantienen a las comisiones de derechos humanos y a la procuraduría general de la República en el capítulo del Poder Judicial.

La ventaja de una reordenación consiste en que los principios no se someten a un debate constituyente. Los principios de laicidad, bienestar, rectoría del Estado, justicia social y equidad tienen impugnadores abiertos y encubiertos; la prudencia indica no exponer al país a una nueva negociación sobre los consensos básicos que ya nos rigen. Empero, si no hay reformas satisfactorias al régimen de gobierno y se elude la opción de reordenar el texto constitucional, las circunstancias nos podrán llevar a un cambio completo que no nos debe tomar por sorpresa.

Sé que proponer este tipo de medidas es más sencillo que llevarlas a cabo. Pero no olvidemos que es la propia Constitución, en el artículo 39, la que otorga alv pueblo “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Este es un principio esencial del constitucionalismo que figura entre nosotros desde Apatzingán: “la facultad de… establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía” (artículo 2º).

También advierto que estoy hablando “en frío”, pues no hay un ambiente generalizado para impulsar medidas como las planteadas. Esto, empero, no es un obstáculo para pensar en lo conveniente y, con muchas probabilidades, en lo inevitable. Rousseau proclamó el derecho de cada generación a tomar sus propias decisiones y afirmó: “Si queremos fundar algo duradero, no pensemos en hacerlo eterno” (Contrato social, III, xi). Tenía razón.

La reordenación constitucional puede ser esa vía. De optarse por esta modalidad de reforma, mucho de lo que ahora figura en la Constitución podría integrarse a leyes constitucionales, ya propuestas por nuestro admirado maestro Héctor Fix-Zamudio. Estas leyes serían aprobadas por mayoría calificada, lo que daría seguridad de permanencia a los acuerdos entre los agentes políticos, que ahora han hecho de la norma suprema el instrumento predilecto de sus pactos.

*Campus-Milenio 14-02-13

miércoles, 13 de febrero de 2013

VERICUETOS DEL PACTO*


JORGE ALCOCER

La experiencia me ha enseñado que entre los peores adversarios de las agendas o pactos que contienen compromisos legislativos están sus propios redactores, quienes impulsados por buenas intenciones siembran de ellas el camino del infierno.

De las tres iniciativas pactadas como "inmediatas" el 2 de diciembre, solamente la educativa se ha concretado, quedando pendientes, hasta la fecha, la de telecomunicaciones y la relativa al endeudamiento de entidades federativas y municipios. Sin embargo, el Pacto no ha sido óbice para que legisladores de diversos grupos parlamentarios hayan tomado la iniciativa para presentar, por su cuenta y riesgo, propuestas al respecto. Es el caso de la suscrita por el senador Alejandro Encinas (PRD) en telecomunicaciones, y la del también senador Roberto Gil (PAN) sobre el tercero de los temas antes mencionados.

A pretexto del Pacto, el 1o. de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto declinó presentar ante el Congreso de la Unión las dos iniciativas preferentes a que tenía derecho, conforme al nuevo texto del artículo 71 constitucional; ya no podrá hacerlo sino hasta el próximo 1o. de septiembre. Queda la pregunta si tal renuncia fue una graciosa cortesía ante los demás firmantes del Pacto, o fue producto de la ausencia de diagnósticos que ubicaran dos asuntos de urgente reforma legal, para dar lugar a la formulación de las correspondientes iniciativas. Lo cierto es que se dejó pasar la oportunidad.

Cada grupo parlamentario definió, antes del inicio del periodo de sesiones, su propia agenda legislativa; aunque hay temas en común respecto de los identificados en el Pacto, sigue ausente la definición de los tiempos y movimientos que permitirían dar, a los compromisos establecidos en cada instancia, el contenido específico que conduzca a la presentación de iniciativas, compartidas por los grupos parlamentarios que aseguren su aprobación.

Parece necesario pasar del enunciado general de temas a la identificación de coincidencias y discrepancias, que den lugar al siguiente paso de la negociación en las instancias técnicas y de dirección del Pacto, para abrir luego la consulta con los grupos parlamentarios y ventilar ante la sociedad lo que se quiere hacer. El acuerdo entre los actores de la política es imprescindible para avanzar, pero el respaldo de la sociedad es necesario para dar un piso sólido a las reformas que se pretenden.

En el Pacto hay compromisos que solamente se explican por la coyuntura en que el documento fue redactado. Véase el punto 5.2 en el que se anuncia la intención de adelantar la fecha de la toma de posesión del presidente de la República al 15 de septiembre, del año que corresponda. La verdad es que el argumento introductorio es inaplicable. "La tecnología electoral actual" nada tiene que ver con el plazo que media entre la declaración de Presidente electo, a cargo del TEPJF, y la toma de posesión. Pero además, no encuentro razón para complicar, cada seis años, la ceremonia del grito de independencia, ¡a partir del año 2024!

Similar consideración puede hacerse respecto de las acciones enunciadas en el punto 5.3. "Partidos Políticos y Elecciones". Podemos estar de acuerdo en que "los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes", pero es necesario un diagnóstico, objetivo y fundado, de la aplicación de la reforma electoral 2007-2008, y la evaluación del desempeño de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, en los procesos realizados de 2008 a 2012.

Es necesario considerar que hay varios plazos límite para futuras reformas electorales: el que deriva de la reforma política de agosto de 2012 es de un año, en tanto que para reformas al Cofipe el plazo se extiende hasta junio de 2014. La obligada renovación del Consejo General del IFE -tres consejeros electorales y la reelección o renovación de su actual presidente- queda en medio de ese lapso, pues vence el 30 de octubre de 2013, sin considerar la designación de quien habrá de sustituir a Sergio García Ramírez.

Desde septiembre de 2012 han proliferado iniciativas de reforma electoral, presentadas ante las dos Cámaras. Poner orden requiere definir tareas, señalar responsables de cumplirlas y establecer un calendario de actividades que se compadezca de los plazos límite.

*Reforma 12-02-13

LEY DE AMPARO: COSTOSA OMISIÓN*


PEDRO SALAZAR UGARTE

Desde hace más de una década profesores, jueces y abogados han insistido en la necesidad de contar con una nueva Ley de Amparo para México. Estudios académicos, proyectos legislativos y ‘libros blancos’ dan cuenta de ello. Las malas prácticas, las interpretaciones restrictivas y las mañas de los litigantes fueron distorsionando el llamado “juicio de garantías” a lo largo de los años y; todas juntas, esas desviaciones motivaron la causa reformista que avanzó de manera prometedora en 2011 cuando se modificaron los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución. Con aquella reforma cambiaron las bases constitucionales del juicio de amparo de manera significativa: se ampliaron los supuestos para su procedencia, se incluyó a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como parámetro para otorgar dicho medio de protección, se contempló la figura del interés legítimo (individual y colectivo), se consideró la posibilidad de realizar declaratorias generales de inconstitucionalidad, etc. Sin embargo, como era normal que sucediera, los alcances de esas reformas constitucionales y su impacto potencial en las relaciones entre el Estado y las personas quedaron —por decirlo de alguna manera— “suspendidos” hasta que no se aprobaran reformas a la ley secundaria.

Aquel año, en 2011, mediante un transitorio constitucional, los propios legisladores se dieron ciento veinte días para llevar a cabo las modificaciones legales. De hecho, en un gesto inusitado de responsabilidad, tuvieron el cuidado de posponer la entrada en vigor de las nuevas normas constitucionales durante un plazo de tiempo idéntico. Con ello, podemos legítimamente suponer, buscaban garantizar que las reformas constitucionales entraran en vigor una vez que estuviera aprobada la nueva legislación secundaria. Un cálculo digno de parlamento platónico. Pero la cruda realidad se impuso, la responsabilidad se esfumó y han pasado más de dieciséis meses desde que las reformas constitucionales entraron en vigor sin que se hayan aprobado las reformas a la ley secundaria. Así que la Nueva Ley de Amparo, hasta el día de hoy, brilla por su ausencia. Un caso de parálisis legislativa que, entre otros efectos, empujó a la Suprema Corte de Justicia a reemplazar al legislador adoptando Acuerdos Generales para sortear la situación. Todo un atentado contra la división de funciones entre los Poderes de la Unión del que pocos se sorprendieron y muchos menos se alarmaron.

Ello a pesar de que la ley de amparo no es un ordenamiento cualquiera porque de sus disposiciones depende la protección de nuestros derechos fundamentales. De hecho, no es casual que la reforma constitucional en esta materia fuera seguida de inmediato por la reforma en materia de derechos humanos. Los efectos de ambas operaciones están íntimamente concatenados y la aprobación de las leyes secundarias —en éstas y en otras materias sensibles— es el ancla para los cambios constitucionales. Por lo mismo resulta crucial la aprobación de las reformas legales que hoy se discuten en la Cámara de Diputados. Sobre todo ahora que se escuchan voces deseosas de echar marcha atrás en ambos frentes.

Sin duda la propuesta a discusión tiene defectos y limitaciones. El amparo es una materia muy compleja por lo que habrá que esperar a que las nuevas normas legales, una vez aprobadas, surtan efectos para poder calibrar todas sus virtudes y defectos. Ya habrá tiempo para realizar los ajustes necesarios. Eso sucede en cualquier materia porque en ninguna existen reformas definitivas. Lo importante es que la legislación se apruebe: en cuestiones de derechos y de su protección es tan importante evitar las reformas regresivas como superar el inmovilismo estéril. A la reforma de derechos humanos la amenazan las primeras y a la reforma de amparo la tiene secuestrada lo segundo. La peor ley en esta materia es la que no ha sido reformada; así que es hora de superar esa omisión tan ominosa.

*El Universal 12-02-13

jueves, 7 de febrero de 2013

LEY DE PARTIDOS*


JOSÉ WOLDENBERG

Supongamos por un momento que Lazar Kaganovich, aquel compañero de Stalin al que llamaban el Lobo del Kremlin por su política de terror, hubiese llegado a tierras mexicanas. Seguramente habría sentido la necesidad de cambiar su apellido. No le iba a resultar fácil andar tan campante presentándose como el señor Kaganovich. Algo similar le hubiese pasado al general Heriberto Jara si hubiese tenido que vivir en Israel. Porque Jara en hebreo significa mierda. En ambos casos la modificación del apellido hubiese sido no solo justificada sino obligada. Hay entonces cambios nominales que tienen sentido. Y mucho.

Recuerdo que en el Consejo General de Representantes del STUNAM, en los años setenta, había un delegado que se llamaba Jorge Negrete. Y hoy un director teatral mexicano carga el nombre de Francisco Franco. Imagino que al primero más de uno le ha pedido, con un dejo de sorna, que cante "México lindo y querido"; y para el segundo, en algunos momentos, no ha de haber resultado fácil ser el homónimo del dictador español. No cambiaron su nombre, saben que así como el hábito no hace al monje, el ser homónimo de alguien no los convierte en ese alguien; pero si lo hubiesen hecho, habría resultado comprensible.

Incluso conocemos movimientos reivindicativos que han puesto uno de sus acentos en el cambio de nombre. Los negros estadounidenses reclamando ser llamados afroamericanos; las prostitutas exigiendo para sí el trato de sexoservidoras para dejar atrás la agresividad ofensiva de la palabra puta; o las trabajadoras asalariadas en los hogares revelándose contra el apelativo de gatas para exigir su trato digno como trabajadoras domésticas. En esos casos se trata de cambios de nombres acicateados por la carga despectiva de las denominaciones anteriores. Son transformaciones nominales con un sentido de orgullo que incluso quieren e intentan modificar relaciones sociales de desprecio y discriminación.

Pero hay modificaciones nominales que simple y llanamente nada cambian. Resultan no solo anodinas sino carentes de sentido. Pasar de ciego a invidente significa nada porque, hasta donde alcanzo a ver, "ciego" nunca tuvo una carga peyorativa. Transformarse de Convergencia -que nada dice- a Movimiento Ciudadano -que también dice nada- desemboca en una mutación nominal sin gracia ni significado. E incluso se dan alteraciones nominales más bien chuscas o patéticas, como la de aquel chiste de tercero de primaria, en el cual Juan Caca llega finalmente ante el juez que está dispuesto a ayudarlo, y le solicita por favor y con fervor el cambio anhelado: quiere llamarse Pedro Caca. (Creo que ando demasiado escatológico este día, además de tristemente payaso).

Pues bien, estamos al parecer frente a una nueva pretensión de cambio nominal que se emparenta con estos últimos. Una transformación baladí, sin sentido. En el más que relevante Pacto por México se estableció en el compromiso 89 que "se aprobará una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales". Y a partir de ese momento han aparecido algunos comentarios que abonan en la misma idea. Sí, dicen con júbilo, se requiere una ley de partidos como en Brasil, Perú, Chile o Guatemala. No tengo absolutamente ningún argumento en contra de una Ley General de Partidos. El pequeño detalle reside en que ya existe, funciona, se aplica y se encuentra en el Cofipe. Juzgue el lector si no.

Todo el Libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es una ley de partidos. Contiene: disposiciones generales, reglas para la constitución y registro de los partidos, los derechos y obligaciones de los mismos, regula la constitución, registro, facultades y obligaciones de las agrupaciones políticas nacionales; las obligaciones de los partidos en materia de transparencia, los asuntos internos de los mismos, las fórmulas de su acceso a la radio y la televisión, el financiamiento público y otras prerrogativas, las formas en que se fiscaliza el manejo de sus recursos, su régimen fiscal, su acceso a franquicias postales y telegráficas, las fórmulas para integrar frentes o coaliciones e incluso para llevar a cabo fusiones, las causales para la pérdida del registro y los procedimientos para liquidar a la organización. En suma, una ley de partidos. Que no se llama así pero que lo es. No hay duda alguna. (En los estados existe algo similar para los partidos locales).

Por supuesto que se puede reformar. Por supuesto que hay campos de regulación insuficiente y otros sobrerreglamentados. Claro que se deben hacer modificaciones. Pero, por favor, ley de partidos existe en México aunque no se le cite así. Porque un manco no deja de serlo cuando lo llamamos "ciudadano con capacidades diferentes" y una cucaracha no será un águila aunque le modifiquemos el nombre para llamarla "ave de rapiña". Lo dicho: hay operaciones de cambio de nombre que tienen sentido... y otras, pues no.

*Reforma 07-02-13

¿QUE FUTURO PARA EL IFAI?*


SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

El IFAI enfrenta una doble encrucijada. Por un lado, en el curso de las próximas semanas y con base en la minuta de reformas aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados determinará la nueva configuración constitucional del órgano garante de la transparencia. En la agenda hay temas complejos y delicados. Por otro lado, el instituto enfrenta una seria crisis interna que se desencadenó tras la elección de su nuevo presidente. 

Las acusaciones entre comisionados son graves y enrarecen el ambiente del debate parlamentario. Apunto algunas ideas con el ánimo de contribuir a una salida. 

Primero, juzguemos al IFAI por lo que ha construido en sus 10 años de vida y no sólo por la coyuntura actual. Sin duda existen muchos problemas, pero hay un amplio reconocimiento a que el instituto ha contribuido a que los mexicanos tengamos más información sobre el quehacer gubernamental. Segundo, exijamos una investigación objetiva, imparcial, expedita y transparente para determinar si existen responsabilidades de algún comisionado en el ejercicio de sus funciones y proceder en consecuencia. Esta es una condición indispensable para restaurar la confianza dentro y fuera de la institución. 

Tercero, evitemos creer que la crisis se soluciona removiendo a todos los actuales comisionados. Ello implicaría vulnerar la autonomía de la institución, perder la experiencia y empezar todo de nuevo. En realidad, el problema atañe al procedimiento de designación. Esta es una cuestión espinosa que no hemos resuelto adecuadamente para ninguno de los órganos autónomos y reguladores colegiados. Reconozcamos que no se trata de encontrar a ciudadanos ideales e impolutos, sino profesionales expertos en la materia, con trayectorias probadas e independencia de juicio. El mecanismo de designación tiene que garantizar objetividad, efectividad y transparencia. 

En el Senado este procedimiento fue uno de los aspectos más debatidos. El resultado de la negociación acabó en el peor de los mundos. ¿Por qué? La minuta de reforma establece que el Senado, previa consulta a la sociedad (?), y a propuesta de los grupos parlamentarios, nombra a los comisionados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. El presidente puede objetar este nombramiento en un plazo perentorio. Este mecanismo supone, por la lógica de actuación propia de un órgano parlamentario, que los candidatos se seleccionen luego de una negociación entre partidos. El resultado será -recordemos al IFE- un sistema de cuotas y vetos cruzados. Peor aún, la facultad que tendría el presidente para objetar una designación le representaría un enorme costo político. Por ello es poco probable que la utilice, aun teniendo razones para hacerlo. 

Si queremos construir instituciones de Estado, reconozcamos que en su integración deben concurrir en paridad dos poderes. El Ejecutivo tiene mejores probabilidades de seleccionar candidatos técnicamente viables y políticamente aceptables, siempre y cuando esté obligado a razonar públicamente la idoneidad de sus propuestas. El Senado puede entonces realizar eficazmente su función de comprobar la calidad de los candidatos y proceder a designarlos (no sólo ratificarlos u objetarlos) mediante un voto calificado. Esta condición obliga a que concurran al menos dos partidos políticos. 

Cuarto, evitemos caer de nueva cuenta en el error que sean los propios comisionados quienes designen a su presidente. Dejemos esta decisión en manos del Senado y evitemos los incentivos perversos que genera una elección inter pares. 

Aprovechemos la oportunidad y tomemos las lecciones para lograr el mejor de los diseño posibles. Será responsabilidad de nuestros legisladores distanciarse del escándalo y avanzar en la construcción de un nuevo IFAI fortalecido. 

*El Universal 07-02-13