sábado, 30 de marzo de 2013

LO QUE TÚ DIGAS*


JOSÉ WOLDENBERG

La democracia y la deliberación van de la mano. La deliberación es un atributo de la democracia y hay quien sostiene que no es uno más sino "el atributo". Si la deliberación no existe o resulta lánguida, pobre, susurrante, entonces la democracia no es tal o se encuentra debilitada, convaleciente. Si se parte de la idea de que las sociedades están cruzadas y modeladas por intereses, ideologías, percepciones, diferentes y que todas buscan y desean expresarse, entonces el intercambio de opiniones resulta inherente a la forma de gobierno democrática. No existe un diagnóstico sino diagnósticos en plural, no puede haber una propuesta sino diversidad de propuestas, es imposible la unanimidad y por ello la regla de mayoría y por ello la necesidad de acuerdos, transacciones, pactos.

Desde la dimensión de los derechos no se diga. La libertad de expresión es uno de los pilares de todo el edificio democrático, y si se vulnera, las cuarteaduras empiezan a debilitarlo. Todo mundo, entonces, tiene el derecho a expresarse, a decir lo que piensa, a rebatir al de enfrente, a confrontar puntos de vista. Se trata de la libertad que quizá hace posibles al resto de las libertades, y sin ella lo que aparece es un mundo mudo y sordo. Todas las dictaduras han abolido o restringido la libertad de expresión, no son compatibles con el ruido que generan las voces distintas y desafinadas de la sociedad. Pretenden que la sociedad sea el eco del Estado y que solo una opinión -la oficial- se pasee con soltura por el escenario público.

Pero hay que decirlo: la deliberación, el debate, la expresión de la diversidad son anteriores a la democracia. En las sociedades siempre palpitan diversas opiniones y entonces la polémica se instala. No hay manera de suprimir por completo el coro de voces que se pondrán a contradecirse unas a otras.

Pero discutir cansa y en ocasiones aburre. Sobre todo después de cierta edad, cuando uno ya sabe que, por más selectos que sean los argumentos, no se convence a nadie (o bueno, a casi nadie). Se trata de una tarea condenada al fracaso. Se pueden ofrecer datos, estadísticas, mediciones y el convencido no se moverá de su raya. Se pueden desplegar ejemplos históricos o estampas del presente, pero el vecino seguirá "montado en su macho". Se pueden citar autores, grandes obras, espectaculares construcciones intelectuales, y el otro no depondrá sus creencias. Lo mejor entonces es darse por vencido.

Me gusta, y mucho, la mini anécdota que cuenta Francesco Piccolo en Momentos de inadvertida felicidad (Anagrama, 2012). Escribe: "Entro en una zapatería porque he visto en el escaparate unos zapatos que me gustan. Se los señalo a la dependienta, le digo mi número, el 46. Ella vuelve y me dice: lo siento, pero no tenemos de su número.

"Luego añade siempre: tenemos el 41.

"Y me mira, en silencio, porque quiere una respuesta.

"Y a mí, al menos una vez, me gustaría decirle: vale, de acuerdo, deme el 41".

Vencerse, seguir la corriente, darse por satisfecho con cualquier respuesta no importa cuán descabellada sea. Estar de acuerdo por el placer que produce estar de acuerdo. Resignarse. Entrar en comunión con el otro, aunque el otro sea un necio. Descansar. Dejar de discutir. Dar por buena cualquier ocurrencia. Uf, qué alivio.

No estoy pensando en circunstancias análogas, como cuando se decreta una especie de tregua en el debate. El propio Piccolo nos recuerda y se pregunta: "¿Por qué, al discutir violentamente sobre cuestiones políticas, en un momento dado alguien dice: en el fondo, estamos diciendo todos los mismo, pero de manera diferente?". Bueno, la respuesta en sencilla: el hombre reposado lo hace para distender el ambiente, como fórmula de cortesía, como un llamado al cese de hostilidades, para generar un remanso, para bajar la tensión, para que la cena continúe. Y siempre se agradece, por supuesto, pero las posiciones quedan incólumes. Por ello, la fórmula deja sobre la mesa una especie de empate y a otra cosa mariposa.

Pero mi idea es otra, más radical: no la salida educada y fácil que deja a cada quien a salvo con sus creencias o convicciones, sino ejercer el placer de vencerse, dejar de oponer resistencia, asumir los argumentos, las ideas y hasta las necedades del otro. Desplegar una bandera blanca no para solicitar una pausa sino para decir "lo que tú digas" y poder uno creérselo. Convertir en victoria lo que los otros observarán como derrota. Darle la razón a quienes interpretan los sueños, a los que se cargan de energía el 21 de marzo, a los que conocen el futuro, al taxista colmado de prejuicios y formulaciones contundentes, a los que creen que en cuerpo sano hay mente sana. En fin... Modificar de raíz la fórmula con la cual nos relacionamos con los otros. Poder decir y asumirlo en serio: "ustedes tienen la razón y su razón es la mía (o la hago mía, sin chistar)". Imaginen por un minuto la tranquilidad, la quietud, el placer que ello produciría.

Total, estamos de vacaciones. Y total, ya volveremos a las andadas. El necio es uno.

*Reforma 28-03-13

EMPAPADOS*


PEDRO SALAZAR UGARTE

Sería miope negar el interés que despiertan los asuntos de la iglesia católica en la opinión pública. En los días pasados asistimos —algunos resignados y otros entusiastas— a una exhibición de poderío mediático y simbólico indiscutibles. El cambio de mando en esa institución milenaria secuestró horas de transmisión radio-televisiva, ocupó las primeras páginas de medio mundo y colonizó las sobremesas de muchas familias. Para colmo, y por si no bastara, sirvió para que, en México, algunos políticos violaran la Constitución y, de paso, —pienso en Mancera— dieran la espalda a la Constitución. Nos empaparon, pues.
Así que vivimos una coyuntura inmejorable para reivindicar el valor y el sentido de la laicidad. No sólo de la separación entre el Estado y las iglesias —condición elemental y mínima de la modernidad democrática—, sino de una dimensión más profunda y —por desgracia más descuidada— que pertenece a la cultura. Cuando hablamos de cultura laica aludimos a un conjunto de principios que hacen a la democracia posible porque sientan las bases para la convivencia de la diversidad. Tolerancia, diálogo y respeto son la terna medular de ese proyecto cultural. No se trata de fórmulas vacías, sino de imperativos para el Estado y para las instituciones que crean y recrean los valores de una sociedad. De ahí que sea lamentable el privilegio político y mediático obsequiado al catolicismo en estos días. En estas cuestiones no vale el argumento de las mayorías —las estadísticas con las que se llenan la boca los cultores de la reconquista religiosa— porque se trata de una cuestión de derechos. La tolerancia, el diálogo y el respeto son condiciones de posibilidad para algunas libertades fundamentales y para el derecho a no ser discriminados por razones de creencias. Esto implica que, en la esfera pública, ninguna pertenencia religiosa constituya un privilegio; y no se trata solamente de una exigencia teórica, sino de un mandato constitucional. El artículo 40 de la Constitución establece que nuestra república, además de ser democrática, representativa y federal, es laica. Con ello se sanciona la separación institucional entre la esfera política y la esfera religiosa pero también se decreta un compromiso con la cultura laica. Esa disposición constituye un parámetro de interpretación para otras normas jurídicas y constituye un rasgo distintivo del Estado mexicano. Un rasgo del que solíamos estar orgullosos.
El 18 de marzo, en México, fue día de asueto porque el 21 se conmemora el natalicio de Benito Juárez. Celebramos al personaje pero sobre todo su herencia política, de la que destaca el proyecto secular. Al día siguiente, excepcionalmente, no hubo clases en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La razón fue que el señor Bergoglio se convirtió en Papa. El contraste es significativo y tiene explicación jurídica porque, en este tema, la constitución argentina es muy diferente a la mexicana. Según establece en su artículo 2, el gobierno del país austral, “sostiene el culto católico, apostólico, romano”. Claro y contundente. Así que la presencia de Mauricio Macri —gobernante de Buenos Aires— y de Cristina Fernández en la fiesta de Bergoglio reposan en una norma confesional. Sustento del que —venturosamente— adolecen los viajes de Mancera y Peña Nieto.
El Presidente puede alegar —como hicieron otros mandatarios— que se trató de la toma de protesta de un jefe de Estado. Mancera, en cambio, no tiene cobertura. Tanto menos —y vale para ambos— porque participaron activamente en una ceremonia religiosa. Y que no digan que no había de otra. Ahí está el ejemplo del presidente Mujica. Cuando le preguntaron a su esposa —la legisladora Topolansky— por qué no acudieron al evento, respondió contundente: “Uruguay es un país absolutamente laico”. Y después agregó imprecisa: “En eso es diferente al resto de Latinoamérica”. En este punto, por desgracia, aunque nuestra Carta Magna la contradiga, nuestros gobernantes le dieron la razón.

*El Universal 29-03-13

martes, 26 de marzo de 2013

DEMOCRACIA Y DERECHOS


LUIS PRIETO SANCHÍS

Democracia y derechos son seguramente conquistas históricas inseparables: allí donde la voluntad de la mayoría como criterio básico de gobierno cede ante modelos autoritarios tarde o temprano desfallecen las libertades y los derechos; pero también allí donde estos últimos son suprimidos o severamente cercenados, más bien pronto que tarde la democracia queda enmudecida. Tal vez por eso la crisis política que hoy tantas voces diagnostican pueda interpretarse como una enfermedad de la democracia, para muchos secuestrada por un partidismo corrupto y aquejada en todo caso por un creciente divorcio entre representantes y representados, pero también al mismo tiempo como una esclerosis en el ejercicio de las libertades y un debilitamiento de la fuerza de sus garantías y de las instituciones que han de hacerlas realidad, lo que propicia una sociedad de ciudadanos cada día más inermes y, dicho sea de paso, admirablemente sumisos.

Sin embargo y por paradójico que resulte, aunque esta simbiosis pueda considerarse confirmada por la historia, democracia y derechos encarnan valores y modelos de justificación tendencialmente conflictivos: el criterio fundamental de la democracia reside en la autonomía de los ciudadanos expresada a través de los votos. En cambio, los derechos y su sistema de garantías operan como un límite al poder de la mayoría, son siempre, en feliz expresión de Ferrajoli los derechos del más débil, más precisamente los derechos de la persona y del ciudadano frente al poder, y definen así la esfera de lo indecidible por las instituciones e incluso, cuando nos tomábamos en serio los derechos sociales, también en parte la esfera de lo indecidible que no. Por decirlo en pocas palabras, mientras que el poder, incluso si es democrático, siempre es susceptible de degenerar en despotismo y de sucumbir a la tentación de la vieja razón de Estado, los derechos encarnan su único límite jurídico y han de servir a la razón de la justicia aun en aquellos casos en que lo desaconseje la razón política; el fortalecimiento de los derechos representa, entonces, una limitación a lo que puede ser democráticamente decidido.

El constitucionalismo de los derechos quiere ser una invitación a contemplar en sus variadas implicaciones esa otra fuente de legitimidad que incorpora el constitucionalismo contemporáneo; esa otra fuente que no es el principio mayoritario ─invocado por los políticos de manera constante y a veces como único argumento para justificar toda decisión y poner fin a toda deliberación en una democracia que gusta presumir de deliberativa─ sino que es precisamente su limitación y condicionamiento sustantivo. Porque el constitucionalismo de nuestros días no sólo diseña un sistema formalmente democrático de acceso y ejercicio del poder, sino que pretende asegurar asimismo un muy denso contenido material de principios y derechos fundamentales, rígido y judicialmente garantizado, cuya vocación consiste justamente en la protección del más débil. Las instituciones de garantía de los derechos, en especial las instituciones judiciales, se yerguen así como el necesario contrapunto a las instituciones de gobierno; y por eso nunca será bastante la independencia entre unas y otras, como al parecer nunca cesarán tampoco los intentos por desvirtuarla.

Son numerosas las implicaciones que presenta este modelo de legitimidad dual para nuestra comprensión del sistema jurídico, y algunas de ellas intentan ser examinadas en El constitucionalismo de los derechos: la crisis del legalismo ante la fuerza normativa de las constituciones, las nuevas exigencias de racionalidad argumentativa, la presencia y el papel de la moral en el Derecho, el llamado activismo judicial, la neutralidad de la ciencia jurídica o incluso la cuestión siempre abierta de la obediencia al Derecho son algunos de los escenarios teóricos en que se proyecta el modelo comentado. Hay sin embargo un aspecto que me parece capital y que precede a todos los demás; un aspecto que, recordando el título de un bello libro de Calamandrei, consiste en actuar la Constitución. El déficit de justificación o de aceptación social que hoy aqueja a nuestro sistema político posiblemente requiera medidas que operen sobre el modo de organizar la democracia, que depuren el sistema de representación y de formación de mayorías, pero a mi juicio exige sobre todo más derechos y mejor garantizados. En suma, actuar la Constitución equivale a hacer reales y efectivas unas promesas que cuentan con más de treinta años de existencia; sin duda, algunas de ellas pueden ser de difícil cumplimiento, máxime en las actuales circunstancias económicas, pero la mayor parte resultan perfectamente asumibles si se cumple el designio de fortalecer el ejercicio de los derechos y la independencia y efectividad de sus instituciones de garantía.

VIDAS HIPOTECADAS: DENUNCIAR EL PODER*


GERARDO PISARELLO

Bertolt Brecht dejó escrito que quien pretenda combatir la mentira y la ignorancia debe superar, al menos, cinco dificultades. Debe tener, primero, el valor de escribir la verdad, aunque en todas partes intenten sofocarla. Debe poseer, además, la inteligencia para descubrirla en medio del ruido y de la manipulación. Debe dominar, asimismo, el arte de hacerla manejable como arma. Debe presentar, en cuarto lugar, la capacidad de dirigirse a aquellos que la utilizarán de manera más eficaz. Y debe, por fin, desplegar la astucia necesaria para difundirla entre ellos. A juzgar por estas palabras, es muy probable que, de haber tenido en sus manos este libro, Brecht hubiera sonreído complacido.

Y es que Vidas hipotecadas es, ante todo, un libro valiente. Uno de esos libros que irrumpen sin pedir permiso, en el momento justo en el que los mismos poderes que han generado la crisis se disponen a pactar su propia impunidad y a culpabilizar a los más vulnerables. Denunciar al poder, descubrirlo in fraganti borrando sus huellas e intentando diluir su responsabilidad, no es tarea fácil. Mucho menos cuando se hace con nombres y apellidos, como ocurre en estas páginas. De todas las explicaciones de la crisis que circulan en los medios, hay una recurrente: la que todo lo atribuye a los designios de los «mercados», concebidos como una suerte de entidad misteriosa capaz de operar al margen de la voluntad de las personas de carne y hueso. Contra esta suerte de pensamiento mágico se sublevan estas líneas. Cuando los autores de este libro hablan del poder, del concentrado bloque de poder del concentrado bloque de poder financiero, inmobiliario y constructor que está detrás de la crisis española, no lo hacen con el ánimo de quien trata un fenómeno inescrutable, que ocurre porque sí, porque las cosas no pueden ser de otro modo. Lo hacen, por el contrario, señalando una trama mafiosa que se ha construido a golpe de decisiones y de actuaciones normativas muy concretas. Y que ha contado con el respaldo explícito de administraciones de diferente color político, de tribunales y de los propios partidos políticos.

La existencia de esta trama no es un fenómeno reciente. Como bien muestra el libro, hunde sus raíces en el franquismo, pero ha operado con comodidad tras la instauración de la monarquía parlamentaria. Si los autores se ocupan de ella no es por simple vocación inquisitiva. Es, sobre todo, por la violencia que su voracidad especulativa ha infligido a miles de familias. Esta identificación con las víctimas, con todas aquellas personas que además de perder sus casas y sus empleos han visto hipotecadas sus vidas por la codicia de unos pocos, es otro de los signos de valentía de estas páginas. Porque hay que ser valiente, en los tiempos que corren, para ponerse del lado de los más vulnerables. Para defender sus intereses sin engañarlos ni eximirlos de responsabilidad. Pero distinguiendo siempre su situación de la de aquellos que desde el privilegio y el abuso trafican con las necesidades ajenas.

Claro que, como el propio Brecht recuerda, la predisposición para decir la verdad puede resultar estéril si se carece de la inteligencia para descubrirla. Y este es un libro inteligente. Mucho más, desde luego, que los interminables documentos oficiales e informes académicos que ni previeron la debacle actual, ni son capaces de ofrecer salidas justas y sostenibles a la misma. A lo largo de las páginas que siguen, los lectores encontrarán indignación. Pero una indignación razonada, apoyada en datos empíricos sólidos y en una comprensión profunda de la economía política y de las vías jurídicas que han propiciado la crisis. En la defensa de su punto de vista, los autores no están solos. Y para probarlo, convocan en su apoyo a algunas de las voces que mejor han interpretado lo que está ocurriendo: gente como el geógrafo David Harvey, la periodista Naomi Klein y, entre nosotros, los economistas José Manuel Naredo y Albert Recio. Estas afinidades consiguen que Vidas hipotecadas se adhiera a un género singular: el del ensayo reivindicativo, dirigido a inflamar, que no por ello renuncia al sentido de complejidad de las cosas ni a la necesidad de explicar con rigor por qué la realidad es como es.

Que esto sea así no debería sorprender. Después de todo, Ada Colau y Adrià Alemany son dos de los activistas más lúcidos que el movimiento por el derecho a una vivienda digna ha dado en Barcelona en los últimos años. Y lo son, entre otras razones, porque desde su implicación en V de Vivienda, primero, y como caras visibles de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), más tarde, han exhibido un gran talento para comunicar la verdad en diferentes registros y para hacerla manejable como arma, como pedía Brecht. Este libro no constituye una excepción. Es un trabajo de activistas, pero no del activista que prefiere anteponer su vanidad o su propia jerga a la comunicación de los argumentos que utiliza. Lo que aquí se dice, se dice de forma directa y comprensible, con una pretensión deliberada: desbordar el círculo de los ya convencidos e incidir en el sentido común medio que suele regir en estos temas.

Seguramente, este afán pedagógico también obedece a otra de las exigencias brechtianas: la de saber evaluar en qué manos resultará más eficaz la verdad que se procura comunicar. También en este punto, el trabajo se revela como una apuesta ambiciosa. Por un lado, es una radiografía incisiva de la burbuja urbanística e inmobiliaria que sintoniza, tanto en el diagnóstico como en la terapia, con las propuestas de grupos como Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro o el propio 15-M. Por otro, aspira a ser, de manera más específica, una herramienta operativa al servicio de los afectados por la crisis hipotecaria. Los capítulos con consejos y recursos para las personas y familias amenazadas por desalojos deben leerse en esta clave. Como un recurso práctico, de asesoría sindical, orientado a impulsar la solidaridad entre los afectados, a liberarlos del miedo y la parálisis, y a reforzar su capacidad de autoorganización.

Esta combinación entre denuncia y profundidad analítica, entre llamamiento a la movilización y preocupación por los problemas inmediatos, es una de las mayores virtudes del libro. Sería equivocado, no obstante, atribuirla a una simple intuición teórica. Si este libro es posible, lo es porque quienes lo escriben no son simples observadores externos de un fenómeno social extendido. Por el contrario, lo que los autores explican aquí refleja lo que ellos, y muchas otras personas como ellos, llevan años haciendo en centros sociales, en colectivos de defensa de migrantes, en asociaciones de vecinos, en las calles y en los barrios. Esta experiencia personal no los exime de errar ni los vuelve infalibles. Pero ayuda a explicar por qué su mensaje ha logrado romper el cerco que el poder mediático suele imponer a las ideas críticas, llegando a miles de personas y ganándose el respeto y la confianza de los propios afectados.

Ya en la Antigüedad clásica, la abolición de la esclavitud por deudas fue una de las banderas irrenunciables del movimiento democrático que desveló a la oligarquía y a los grandes acreedores. Siglos más tarde, este ensayo viene a actualizar el viejo y noble reclamo, vinculándolo a la erradicación de los grandes privilegios financieros, urbanísticos e inmobiliarios y a la garantía del derecho a una vivienda digna para todas y todos. Porque con vidas hipotecadas no hay libertad, ni democracia merecedora de ese nombre. Y porque, como recuerdan día a día las mujeres y hombres de la PAH, «¡sí se puede!».

*Sin Permiso 24-03-13

EL LENGUAJE DEL MITO*


JOSÉ WOLDENBERG

¿Está Hugo Chávez en vías de convertirse en un mito cultivado? El fervor en las calles, el anuncio de su embalsamamiento (al parecer cancelado), los discursos de su sucesor, su traslado al Museo Militar, la multiplicación de comentarios críticos y apologéticos no sólo en Venezuela sino en todo el mundo, parecen el preludio de un proceso de conversión de un político popular y autoritario en un ícono de las "aspiraciones de un pueblo", en una figura más allá del tiempo y del espacio, una ausencia presente que modelará buena parte de las energías y las pasiones políticas de su país. El hombre está en vías de dejar de ser hombre para convertirse en bronce, nostalgia, leyenda.

Chávez hizo que la renta petrolera, que durante décadas benefició a la cúpula de la sociedad, derramara sus beneficios a la base de la pirámide social. Puso en acto un resorte justiciero. Abatió los índices de pobreza, mejoró el acceso a la salud, multiplicó a la población que sabe leer y escribir. Logros para nada deleznables en una región del mundo en la que la insensibilidad hacia la desigualdad social es ancestral. No diversificó la planta productiva de Venezuela y subrayó su dependencia del hidrocarburo, pero se ganó la adhesión de franjas enormes de la sociedad venezolana con su política redistributiva y su retórica a favor del pueblo.

Se benefició, en un principio, del enorme descrédito de un sistema bipartidista (AD y COPEI) autorreferente, escindido de los sentimientos mayoritarios, e incluso del perdón a su intento de golpe de Estado; y luego, en los años iniciales de su gobierno, de una oposición hegemonizada por golpistas y después por abstencionistas, que llegaron al extremo de hacerle el "vacío" solo para ayudarle a que alcanzara la totalidad de los asientos en la asamblea legislativa.

Ha tenido además un enorme impacto en esa constelación diversa y abigarrada a la que por economía de lenguaje llamamos izquierda. Su resorte justiciero, su lenguaje exaltado y antiimperialista, su división del mundo entre revolucionarios y reaccionarios, tiene enormes reverberaciones en el Continente. Y las legiones de sus seguidores se multiplican no solo en Venezuela sino en toda América Latina. Expresan -hasta donde yo alcanzo a ver- una vieja concepción de las izquierdas por estos lares: la subordinación de prácticamente todos los valores a uno solo, la justicia social. Si ésta se despliega o se dice que se despliega (más allá de su sustentabilidad), todo parece estar permitido, incluso sacrificar o erosionar los valores democráticos. Y ya sabemos o deberíamos saber que cuando eso sucede, lo que se expande es el autoritarismo y la sumisión, el deterioro de las libertades y el silencio; los abusos, la indefensión.

Hay una retórica que seduce a cierta izquierda: la idea de que el pueblo es uno y sus enemigos múltiples. El primero es un bloque monolítico sin fisuras; compacto y portador de todos los valores. Y sus enemigos no son más que antipueblo, encarnaciones del averno, imbuidos de intereses perversos, siniestros. Si así se divide el mundo, no resulta mal que el pueblo erija a un caudillo que lo represente, a un hombre que lo conduzca a su propia salvación, que sea capaz de enfrentar, sin misericordia, a las fuerzas del mal.

Sobra decir que en ese relato el pluralismo, que de manera natural se expresa en la sociedad, es reducido a dos bandos irreconciliables. Los diferentes programas, ideologías, formaciones políticas, intereses, pero incluso las diversas sensibilidades y modos de ser, son opacados -incluso borrados- ante un esquema bipolar, maniqueo, reduccionista. Conmigo o contra mí, es el dictado del caudillo; porque desde su mirador no hay lugar para matices, gradaciones, diversidad de colores.

No es casual entonces la aparición de una letanía y una práctica autoritarias. Son la desembocadura "natural" de una visión que por interés o convicción simplifica el campo de la política. Hugo Chávez, desde la Presidencia, polarizaba con su discurso a la sociedad. Las alusiones a los otros no sólo eran descalificadoras (como suele suceder en todo terreno donde hay enfrentamientos) o críticas, sino denigratorias, desconociendo la legitimidad de la existencia de otros que no comulgaban con sus proclamas y políticas. Por ello, acosó a los medios de comunicación, vulneró a los otros poderes públicos, legisló por decreto, trató de construir un ejército faccioso. Entendió bien que el discurso redentorista tiene siempre tintes religiosos y por ello no tuvo empacho en equipararse a Cristo; una figura más allá de la historia capaz de llevar a su grey a una especie de paraíso terrenal.

No obstante, la historia está abierta diría Perogrullo, y en Venezuela subsiste un ordenamiento republicano, rutinas electorales y en el espacio público otras organizaciones y redes, de tal suerte que mucho está por escribirse. A fin de cuentas, como decía Henry Bech, aquel alter ego de John Updike, "el mundo ha sobrevivido a todos sus salvadores" (El libro de Bech).

*Reforma 21-03-13

EN UN AÑO*


CARMEN ARISTEGUI

Cuando empiece a correr diciembre de 2013, se habrá cumplido el primer plazo establecido por Enrique Peña Nieto para poder evaluar el alcance de las acciones de su gobierno en materia de crimen y violencia.

En un año, a partir del inicio de su gobierno, se podrá contar con un primer balance sobre los resultados de su estrategia para enfrentar al crimen organizado y hacer "cortes de cómo vamos en esta estrategia", dijo al concluir su visita a Roma.

Por lo pronto, en los primeros 100 días de gobierno, la dinámica del sexenio anterior continúa prevaleciendo. El volumen de ejecuciones y violencia en el país se mantiene al mismo ritmo que los años anteriores.

El semanario Zeta de Tijuana -que llevó, puntualmente, el conteo de las ejecuciones en el sexenio pasado- confrontó, nuevamente, los informes del Sistema Nacional de Información, con los de las Procuradurías y Secretarías de Seguridad estatales y otras fuentes. El estudio arrojó el primer dato duro del sexenio: el número de ejecuciones relacionadas con el tema del crimen organizado ("ejecuciones", "enfrentamientos", "homicidios-agresiones" y "ajustes de cuentas") alcanzó en el primer trimestre la cifra de 4 mil 549 muertes en contextos de violencia extrema.

El análisis de las cifras que hace Zeta destaca otro dato preocupante: la nueva administración muestra mayor reticencia que la anterior para mostrar información. El desfase entre lo que informan las Procuradurías estatales y lo que ofrece el sistema informativo federal es todavía más acentuado que en revisiones anteriores.

En el caso de Baja California, por ejemplo, el registro estatal es de 59 ejecuciones, mientras que el sistema federal sólo da cuenta de 15.

Se requiere una explicación de por qué el Sistema Nacional de Información reporta menos homicidios que las Procuradurías. Sería bueno no tener que esperar un año para saberlo.

Si el gobierno de Peña Nieto no instrumenta, con rapidez y eficacia, una estrategia de combate al crimen, reducción de violencia, abatimiento de la impunidad y recomposición del tejido social con respeto pleno a los derechos humanos, podríamos tener como escenario la continuación de lo que Zeta ha llamado "la hecatombe" del sexenio pasado. Con la metodología del semanario, hoy podemos tener un acercamiento al tamaño de la catástrofe. En seis años: 83 mil ejecuciones.

Hay disponibles otros insumos de información que vienen de fuera. A principios de semana se presentó el primer estudio sobre México realizado por
International Crisis Group (ICG) -una Organización No Gubernamental, con financiamiento mixto, creada en 1995 y dirigida para la resolución y prevención de conflictos armados internacionales y quien decidió incorporar a México en el universo de conflictos observados a nivel internacional. Actualmente ICG monitorea más de 60 conflictos internacionales.

En su reporte: "El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el estado de derecho en México" señala que si bien México es la decimocuarta economía a nivel mundial, también presenta uno de los peores casos de violencia registrados a escala global.

Establece dos ejes para lo que denomina como el "desafío titánico que México enfrenta": primero, el terreno de presión para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y, segundo, el imperativo para reducir los homicidios, secuestros, extorsiones y demás crímenes asociados ahora también a los cárteles de las drogas.

El punto de partida para reconocer la realidad mexicana y delinear una estrategia para resolverla parte del reconocimiento de "...la existencia de grupos delictivos sin ideología que, sin embargo, son capaces de controlar algunas áreas y desplegar grupos militarizados". La actividad de estos grupos ha trascendido al tráfico de drogas y se han diversificado y fortalecido de tal manera que pueden enfrentar a las Fuerzas Armadas con sus propios grupos armados.

Peña Nieto y su gobierno tienen un desafío monumental. Trasciende al propio territorio mexicano. Centroamérica, por ejemplo, ha sido impactada enormemente en los últimos años. Hace un lustro, en la ruta de la cocaína, ahí se almacenaba el 20% antes de llegar a EU. Hoy el 80% se almacena en la zona y luego es enviado a México a través de "trabajo esclavo" de migrantes, sobre todo hondureño y guatemalteco.

Tiene frente a sí la responsabilidad de contestar y resolver preguntas como las que se formularon los presentadores del informe de ICG: "¿Cómo un país que es la 14 economía del mundo y tiene una sociedad sofisticada convive con una violencia tan severa?".

*Reforma 22-03-13

MENTIRA SISTÉMICA*



ANA LAURA MAGALONI

La semana pasada, la CNDH presentó una denuncia ante la PGR contra dos agentes del Ministerio Público federal y 15 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, entre los que destacan Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. El motivo de la denuncia, según el presidente de la CNDH, es que la PGR investigue los presuntos delitos en que incurrió el personal policiaco que participó en la detención de Florence Cassez. No sé si la denuncia prospere o no y desconozco las motivaciones políticas de la misma. De lo que sí estoy segura es que muchas de las irregularidades del caso Cassez son sistémicas. Es decir, una y otra vez -no sólo en el caso Cassez- la policía comete abusos en el proceso de detención que el MP y el juez avalan sin pestañear. Nuestro sistema no va a cambiar por sancionar a algunos funcionarios. La apuesta, me parece, debe ser reconstruir el sistema de pies a cabeza para que tenga el grosor institucional suficiente que asegure que el castigo penal sea creíble, técnico (no político) y de acuerdo a ciertos estándares básicos de debido proceso.

El caso Cassez ilustró una de las características más perversas del sistema penal mexicano: la mentira y la simulación como método de trabajo. Es cierto que no es frecuente que la policía arme montajes mediáticos. Lo que es absolutamente sistémico es que mienta y falsee información. Uno de los principales desafíos de la reforma a la procuración de justicia en México pasa por resolver los graves problemas que existen en torno a la simulación, la mentira y la desconfianza. Todos los operadores del sistema operan bajo el entendido que no es un valor institucional el apego a la verdad. Así, por ejemplo, el Ministerio Público puede ordenar a la policía judicial que lleve a cabo determinada diligencia y la policía presenta un informe por escrito en donde señala que no obtuvo la información que se le solicitó, aunque en realidad no haya siquiera hecho el intento. También el Ministerio Público le puede ordenar a un perito que se traslade al lugar de los hechos a realizar la criminalística de campo y el perito lleve a cabo su dictamen con la sola información del expediente y sin haber ido nunca al lugar de los hechos. Asimismo, el Ministerio Público, al momento de tomar la declaración del detenido, escribe en forma rutinaria que antes de que declarara el detenido se le informaron cuáles eran sus derechos constitucionales, pero en realidad no fue así. También, cuando el detenido confiesa su participación en los hechos delictivos, el Ministerio Público señala por escrito que estuvo asesorado por el defensor público como lo dispone la Constitución, pero en realidad dicho defensor nunca estuvo presente y sólo pasó a firmar en otro momento las constancias respectivas.

Así, la simulación y la mentira forman parte de la cultura institucional. El procedimiento escrito es el vehículo para ello. Todos los operadores del sistema saben que la información contenida en los legajos de papel de la averiguación previa no corresponde a la realidad, pero no importa. Jurídicamente el MP tiene fe pública y ello significa que, salvo prueba en contrario, el juez debe tomar como verídico todo lo que el MP asienta en el expediente durante la fase de investigación.

Esta cultura de la simulación y la mentira es una herencia del autoritarismo. Desde sus orígenes, la procuración de justicia se diseñó para ocultar lo que sucedía todos los días en los sótanos de esa institución. El Ministerio Público se dedicaba a simular un proceso investigativo que nunca había existido y a ocultar la enorme arbitrariedad con la que operaba la policía judicial. El juez, por su parte, simple- mente ratificaba ciegamente la acusación. Todos sabían que el proceso era una mentira, que los legajos de papel eran falsos, pero, parte de la función que tenían que desempeñar, era simular que no era así.

¿Cómo erradicar la mentira y la simulación del sistema de persecución criminal? Esta pregunta no figura en el debate sobre la reforma de justicia. Tampoco parece ser parte central del debate post-Cassez. Yo creo que ello se debe a que no hemos dimensionado el impacto que tiene la mentira en la calidad de la justicia. No hay sistema de justicia en el mundo que pueda funcionar correctamente si no existe un acuerdo básico de todos los actores de no mentir. ¿Cómo podemos lograr que ello sea posible en México? Estoy convencida de que este es el mayor desafío de la reforma penal y que de la respuesta a esta pregunta dependerá la posibilidad de transformar o no nuestro obsoleto sistema de procuración e impartición de justicia.

*Reforma 23-03-13

PRIMER PASO*


JORGE ALCOCER

Lo he dicho antes: cuando oigo hablar de "parteaguas", me pongo el impermeable. La aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen relativo a la reforma constitucional en telecomunicación, competencia económica, televisión y radio es apenas el primer paso de un trayecto largo y sinuoso.

Con el colmillo político afilado, los coordinadores de los tres principales grupos parlamentarios supieron colocar por delante el objetivo principal; dejando de lado tanto los resquemores como las presiones de tirios y troyanos; construyeron los puentes de entendimiento, que hicieron posible una sólida mayoría de 414 votos aprobatorios. Atrapados en su laberinto, los diputados del PT, MC y un segmento minoritario del PRD decidieron votar en contra. Sumaron 50 votos, testimonio de conversos y de jóvenes que no leen.

Mantengo frente al dictamen aprobado críticas y reservas, pero entiendo que el valor a tutelar es sentar las bases constitucionales que permitan romper la anómala condición de virtual monopolio que caracteriza a la mayoría de los sectores clave de nuestra economía. El foco de atención ha estado en telefonía, fija y móvil, en televisión, abierta y de paga; pero si observamos otros sectores de la economía, encontraremos la misma situación de predominio monopólico.

La reforma en curso es como las muñecas rusas llamadas matrioska, que tienen adentro varias. Las tareas que deberá emprender el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para dar paso a la competencia en el sector, podrían palidecer ante la titánica tarea que se asigna a la Comisión Federal de Competencia, responsable de impulsar la misma condición en los demás sectores de la economía.

Un economista del siglo XIX, hoy casi olvidado -se llamaba Carlos Marx-, anticipó, en sus últimos escritos, que los motores del capitalismo maduro serían la competencia y el crédito. Así es. La competencia dinamiza la inversión, fortalece los mercados, beneficia a los consumidores, permite multiplicar el empleo y elevar el ingreso de los trabajadores. El crédito es el combustible que hace funcionar los motores de la industria, el comercio y los servicios. Pero ambos motores requieren regulación.

Vendrá el dictamen, debate y votación en el Senado, que se verá sometido a iguales o mayores presiones que las ejercidas por los sujetos regulados. Indebido será pedir a los senadores que aprueben en automático la minuta que les ha turnado su colegisladora, como indigno sería que los cambios que, en su caso, aprueben, sean producto de las presiones de cualquiera de los dos emporios privados, enfrascados en sorda lucha por obtener ventajas para sí y perjuicios para el otro.

Es deseable que si en el Senado se considera necesario hacer modificaciones a la minuta, el asunto sea trabajado en conferencia con los diputados, para que el trámite legislativo quede concluido en abril y la minuta así aprobada por ambas Cámaras sea enviada a las legislaturas estatales, las que, cabe recordar, solamente pueden pronunciarse por el sí o por el no, sin hacer cambios.

Concluido el trámite de reforma constitucional, y promulgado el respectivo decreto, corresponderá al Congreso adecuar la legislación secundaria, que incluye la expedición de una ley única para regular los servicios de telecomunicaciones en eso que se denomina el triple -o cuádruple- play, teléfono, internet, televisión y radio. También deberán adecuarse, entre otras, las leyes que rigen a los órganos reguladores.

Al presidente Peña Nieto corresponderá instrumentar muchas de las acciones contempladas en los artículos transitorios del decreto, algunos con deficiente redacción y mala sintaxis. Un problema adicional es que no existe armonía, conceptual ni temporal, entre el proceso de adecuación de las leyes, a cargo del Congreso de la Unión, y las acciones que se imponen al Ejecutivo, lo que deja un espacio mayúsculo para la incertidumbre, o la discrecionalidad.

Bien harían los coordinadores parlamentarios en promover, cuanto antes, grupos de trabajo, con legisladores, especialistas, comisionados en activo y funcionarios del gobierno, para redactar las iniciativas de reforma a las leyes vinculadas a lo que resulte aprobado en el Congreso. En múltiples ámbitos existen experiencias y conocimientos que deben ser aprovechados para que los siguientes pasos sean firmes.

*Reforma 26-03-13

CAMBIO DE ÉPOCA, LA PENOSA RESISTENCIA*


JAVIER CORRAL JURADO

Por una abrumadora y jubilosa mayoría de sus 9,300 delegados, la XVII Asamblea Nacional panista, celebrada el domingo pasado, resolvió otorgar a todos los militantes del partido el derecho a elegir de manera directa a los Presidentes de los Comités Directivos Municipales, Estatales y del Comité Ejecutivo Nacional, y a sus comités. Se trata de una de las reformas más importantes que se han realizado en las últimas décadas y constituye un giro trascendental para iniciar la recuperación política y la rehabilitación moral de Acción Nacional, tras la mayúscula derrota electoral que sufrimos el año pasado. El cambio supone una nueva época, y sin duda, un estrujamiento a las élites, grupos y cacicazgos que se han enquistado en las estructuras del partido en todo el país.

De hecho, la determinación fue una respuesta a la problemática que ha venido padeciendo el partido desde hace tiempo y que se ha recrudecido de manera alarmante en los estados y durante las últimas presidencias nacionales. El cambio procedimental es una respuesta al tamaño del problema. Durante años el partido pudo procesar problemas, sortear crisis, generar debates internos, consensar diferencias, dar facultades a los presidentes del partido para negociar con el gobierno, ratificar posiciones, pronunciamientos de esos mismos funcionarios, etcétera.

Nuestra vida interna era un motivo de alegría que refrendaba la convicción partidaria, la membresía comprometida. Hubo un tiempo que algunos llamaron a la vida interna del partido "escuela de ciudadanos en lecciones de democracia". Hoy con el sistema clientelar se ha erosionado la vida ciudadana con acarreados en asambleas estatales y nacionales sometidas a la línea de los grupos, que impiden la entrada de panistas independientes. La onda grupera ha quebrado lo más preciado del panista: su compromiso con el partido, su lealtad se ha movido a la del grupo.

Las consecuencias de esta forma de tomar decisiones ha sido terrible. Renuncias, panistas haciendo campaña para candidatos de otros partidos. Una división interna que causa polaridad, odio, personalismos. El bien del partido no es referente, la verdad ha sido rehuida, la mística ha quedado ridiculizada: empañada por las venta de posiciones o el trueque de favores. La política interna se ha convertido en un juego de tahúres y no en un esfuerzo ciudadano para establecer una patria ordenada y generosa. 

El poder paulatinamente empezó a transformar al partido. La selección de candidatos sobre todo los de listas (representación proporcional) dio pie a asambleas amañadas, a grupos que impiden la propia gobernanza interna, afiliación masiva de nuevos miembros, a cerrar el debate interno a cualquier propuesta que afectara los intereses de los grupos. En los consejos estatales —y cada vez más también en el nacional—, ya no valen los argumentos, ni los perfiles, ni las buenas exposiciones. Durante el Consejo Nacional que definió la lista plurinominal de candidatos al Senado de la República, el mejor discurso sin duda, fue el de Luis Felipe Bravo Mena, y sin embargo el mismo órgano eleccionario que antes lo había hecho presidente nacional, lo colocó en el décimo lugar de la lista. No entró.

Lo peor se da en los estados, donde se replican estas experiencias. Hay líderes informales en cada estado que determinan la suerte del partido y se ha convertido el partido en fortaleza inexpugnable e intransitable. Si no fuese por lo dañino a la vida institucional sería motivo de risa las escenas en nuestras asambleas para elegir consejeros donde hombres humildes ya entrados en años votan no por lo que oyen o por la propuesta sino por la lista enmicada que le dieron de donde busca nombres y los coteja contra los que escribió en un papel. En la Asamblea Nacional que eligió al Consejo hace tres años, las listas estaban impresas en papel seguridad.

La narración de las anécdotas da para tratados de picaresca. En estas circunstancias la autocrítica es inevitable con toda la crudeza por más dolorosa que ésta sea. Esto fue lo que realizaron los panistas: asumir el problema, darle dimensión y reconocer que el partido va en tobogán hacia su aniquilamiento. Los panistas enfrentaron el problema con entereza y con enorme entusiasmo, reconocimos que el problema es el diseño estructural, que la corrupción, la ambición y el rampante pragmatismo nos están hundiendo y nos han hecho olvidar o dejar para otro día los motivos espirituales que nos han congregado.

Nuestras ideas básicas que representan los anhelos de los panistas siguen intactas. Las ideas libertarias, republicanas que descansan en la noción de la eminente dignidad de la persona siguen teniendo validez, no han tenido caducidad. Ha sido lo adjetivo, lo procedimental, lo que se ha votado. No para destruir el partido sino para reencauzarlo a su ideal democrático.

El partido requiere regresar a su voluntad ciudadana individual que es la suma de todos en un momento dado. El PAN quiere regresar a la democracia interna, real y efectiva y no a la parálisis y a la falta de circulación de sus directivos y de sus órganos. No quiere ser un partido corporativo ni de élites o cuadros que sólo ven por su interés. Acción Nacional quiere renovar su vida interna para seguir siendo el partido defensor de la democracia, la persona humana, la libertad en lo social y en lo económico.

Tenemos que reconocer que los sistemas indirectos nos dieron satisfacción, líderes entrañables, programas de gobierno, plataformas políticas, pero ese método ha dejado de funcionar y ha afectado la libertad interna que requerimos cambiar. Si no extirpamos el mal perdemos el rumbo y el alma que nos ha hecho políticos distinguibles frente a otras denominaciones políticas.

La democracia directa se da para buscar mayor legitimidad en los gobiernos y en los partidos. Democracias consolidadas, gobernadas por métodos indirectos usan las consultas ciudadanas directas en plebiscitos, referéndums y elecciones primarias. Ligar la democracia a los sistemas indirectos siempre, es crearse falsas necesidades, fetichismos institucionales. Desde luego que la reforma requiere delinearse con claridad para evitar que el miedo se apodere del partido. Para crear espacios para el debate interno, la reflexión y la propuesta.

Éste es el significado de lo acontecido; es una lástima que frente a una decisión tan clara, tan abrumadora, tan contundente, haya una penosa resistencia que va desde la insolencia de calificar la reforma como “perredista”, “populista”, “presidencialista”, hasta la operación puesta ya en marcha para derribarla en tribunales. La defenderemos con toda decisión.

*El Universal 20-03-13

PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA*


EMILIO ÁLVAREZ ICAZA

Hace más de 55 años, de hecho antes de que se creara la Organización de las  Naciones Unidas, los Estados de América se dieron cita para darle vida a la  Organización de los Estados Americanos (OEA). Una de las consecuencias más  destacables de ese hito fue la acción visionaria de la creación de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concebida en su documento  fundacional, la Carta de la OEA. La CIDH se configuró desde el inicio como un  órgano principal de la Organización, encargada de la defensa y promoción de los  derechos humanos en el hemisferio.

Mucho ha cambiado el continente americano desde entonces, mayormente para bien. V Se ha avanzado en la democratización, en la lucha contra el analfabetismo, la  desigualdad y la exclusión. También se han superado dictaduras y gobiernos de  facto, sin olvidar los pendientes y sin desatender que los riesgos no han sido  erradicados.

En estas dinámicas de cambio son muchos los actores que se han comprometido para  ese fin. Uno de ellos, con aportes determinantes en épocas obscuras y en  momentos de transiciones y consolidaciones democráticas, ha sido la CIDH. La  comisión ha puesto su grano de arena para combatir las violaciones de derechos  humanos, combatir los abusos de poder y la impunidad; pero sobre todo a  coadyuvar con víctimas, Estados, organizaciones de la sociedad civil y demás  actores, desde y mediante los derechos humanos, a consolidar la democracia en la  región. Reformas constitucionales, nuevos o modificados marcos normativos y  desarrollo e implementación de política pública son sólo algunos de los ejemplos  que figuran en la lista de contribuciones.

Sin embargo, sin dejar de considerar los avances, tampoco pueden perderse de  vista los grandes pendientes y desafíos en la región. Mucha gente espera  justicia; millones viven en condiciones de pobreza; las víctimas de la violencia  y el abuso se cuentan también por millones, entre otras dolorosas realidades.  Hoy no existe país en el que no se cometan violaciones a los derechos humanos.  No hay un sólo Estado en cuyo territorio las violaciones a los derechos humanos  sean cosa del pasado.

Este es justamente el gran desafío para gobernantes, sociedades y entidades como  la CIDH; considerando el contexto actual, ¿cómo enfrentar las violaciones a los  derechos humanos en democracia?; ¿cómo responder de mejor manera a las  víctimas?; ¿cómo desarrollar acciones que contribuyan a evitar las violaciones  estructurales a los derechos humanos?; y ¿cómo acelerar los procesos de  consolidación democrática desde los derechos humanos?

En este contexto, y en parte como respuesta a estas y otras preguntas, la CIDH  ha realizado un proceso creativo, incluyente y democrático, basado en diversos  foros a lo largo del continente, encuentros, audiencias, consultas electrónicas  y presenciales, reuniones con víctimas, Estados parte y observadores; así como  con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras muchas acciones. De  esta manera, ha dado muestras de diálogo y voluntad de escuchar para contribuir  a la construcción de una nueva etapa del Sistema Interamericano de Derechos  Humanos (SIDH).

Como consecuencia, desde su autonomía e independencia, la CIDH hizo público,  este martes 19, la reforma de su reglamento; así como la modificación de algunas  de sus políticas y prácticas, lo que, sumado al documento que difundió el 23 de  octubre de 2012, atiende las recomendaciones emanadas de la Asamblea General de  la OEA en Cochabamba, Bolivia, en junio pasado. Para más detalle ver (www.cidh.org).

Aunado a lo anterior, este próximo viernes 22, en la ciudad de Washington DC,  Estados Unidos, se tendrá una oportunidad histórica para avanzar en la atención  y buscar resolver algunos de los problemas que aquejan a la región. En la sede  de la OEA se llevará a cabo una Asamblea General Extraordinaria para reflexionar  y decidir sobre el fortalecimiento de la CIDH, en particular y del SIDH en  general.

Contar con una CIDH fortalecida con más y mejores recursos —financieros,  jurídicos y políticos— para responder de manera más ágil a las víctimas, los  Estados y las organizaciones; que desarrolle acciones de promoción y defensa de  los derechos humanos; que coadyuve en la atención a casos y causas y que  contribuya a desarrollar las capacidades institucionales y normativas de los  Estados en esta materia, se vuelve entonces un gran objetivo del horizonte  civilizador democrático del continente para los próximos años.

En la medida en que esto avance, las personas de todo el continente americano  contarán con mejores instituciones para proteger sus derechos y coadyuvar a  transitar a una democracia en la que se garantice el ejercicio de los derechos  para todos y todas en cualquier lugar del hemisferio.

Este ejercicio ha dado ya resultados muy positivos, por lo pronto ha desarrollado una discusión continental que ha generado la convicción de que la  CIDH y el Sistema son un patrimonio de los pueblos de América, construido a base  de dolor, esperanza y congruencia de todos los actores y que se deben preservar,  fortalecer y mejorar.

*El Universal 20-03-13

LA VOCACIÓN TRANSFORMADORA*


MIGUEL CARBONELL

En lo que va de sexenio hemos atestiguado la presentación de una serie de iniciativas que pueden, en conjunto, suministrar el marco jurídico necesario para sacudir a México y proyectar al país de forma decidida hacia el futuro. 

Aunque de momento solamente se ha publicado la reforma educativa, ya están en ruta las modificaciones para fortalecer la rendición de cuentas y ampliar el alcance de la transparencia de la información pública, contar con un órgano nacional y órganos estatales encargados de combatir la corrupción, abrir la competencia en el sector de las telecomunicaciones, reducir el fuero de los altos funcionarios, exigir cuentas a partidos y sindicatos, etcétera. 

Faltan todavía algunas iniciativas que, sin duda, no serán del agrado de todos, pero que tenemos que discutir con madurez y apertura: la energética y la fiscal. 

México puede convertirse en actor central del mundo dentro de un par de décadas. Estamos ante la posibilidad objetiva de aumentar la calidad de vida de los mexicanos, siempre y cuando tomemos decisiones correctas. Lo primero que hay que hacer es mejorar lo más valioso que tenemos: nuestra gente. 

Necesitamos ofrecer una educación incluyente y de calidad a nuestros jóvenes, de forma que estén preparados para los retos del siglo XXI. Eso significa que necesitamos que estén bien capacitados para un mundo que requiere el conocimiento del inglés y que se mueve fundamentalmente a través de internet. Necesitamos que las personas tengan buena salud, para que sean capaces de aprovechar al máximo sus vidas: para ello es indispensable una red de seguridad social que atienda con eficacia y calidad a enfermos y que se modernice tecnológica y financieramente. 

Si los mexicanos tenemos buena salud y estamos bien preparados, podremos dejar atrás a muchos otros que no tienen tantas ventajas geopolíticas y naturales como nosotros. 

Pero además de preparar y cuidar a nuestra gente, debemos aprovechar las riquezas que tiene nuestro entorno geográfico: tenemos petróleo y gas en abundancia, pero hay que saber explotarlo en las mejores condiciones. Eso significa que debemos reducir los costos de extracción, terminar con las prácticas corruptas que no son excepcionales en la industria energética y obtener los mejores precios en los mercados interno e internacional. 

El salto de México hacia un futuro de mayor prosperidad requerirá de fuentes de financiamiento adicionales a las que hoy tiene el Estado. No nos engañemos: pagar buenos servicios médicos, equipar aulas y tener profesores bien pagados, construir carreteras, puertos y redes de comunicación para distribuir banda ancha a todas las comunidades exige que todos aportemos más a través de nuestros impuestos. Sería iluso pensar que podemos financiar el desarrollo que el país requiere sin hacer una transformación a la forma en que pagamos (o no pagamos, hay que decirlo con todas sus letras) impuestos en México. 
La tan pospuesta y temida reforma fiscal debería empezar por lo más básico: que todos paguen lo que la ley señala. Puede parecer obvio, pero conviene repetirlo ya que estamos lejos de haberlo logrado. Abundan las prácticas de evasión y elusión fiscal, a veces con la complicidad de leyes mal redactadas y repletas de agujeros por donde se pueden escabullir empresas medianas y grandes. Gran parte de la economía informal del país simplemente no paga nada. Mientras un profesionista puede llegar a entregar casi la mitad de sus ingresos al fisco, los taxis piratas o los vendedores de contrabando están al margen de la legislación fiscal (salvo los “impuestos” informales que terminan en los bolsillos de sus adinerados líderes sindicales o gremiales). 

Debido a mi carrera académica, viajo con frecuencia a otros países para dar cursos y conferencias. Llevo 15 años viajando con frecuencia y he visto la transformación de muchas naciones parecidas a la nuestra. Países sumidos en la mediocridad o en medio de una grave violencia son hoy destinos atractivos para las inversiones y han hecho enormes avances en educación. México no ha cambiado a la misma velocidad. En pleno siglo XXI negarse a cambiar no equivale a quedarse en el mismo sitio, sino a rezagarse de forma clamorosa. Por eso hay que celebrar que se planteen los cambios que el país necesita. Ojalá que se aprueben en los mejores términos y que México se decida a saltar con determinación hacia el futuro que nos está esperando. De nosotros depende. 

*El Universal 21-03-13

TELECOM Y AUTONOMÍA DEL ESTADO*


CIRO MURAYAMA RENDÓN

La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones propone una transformación importante en el sector, pero sus efectos son mayores pues implica una significativa recuperación de la autonomía del Estado frente a los grupos de interés particular. 
Señalo sólo cinco grandes problemas que han subsistido en este campo. 

1) Una legislación obsoleta. Las leyes en la materia llevan tantos años sin ser actualizadas que incluso tenemos leyes distintas para telecomunicaciones y radiodifusión. Arrastramos así un fuerte rezago histórico en regulación y definición de derechos y obligaciones de los participantes.

2) En las autoridades reguladoras predominó la discrecionalidad que después se combinó con debilidad. Fueron comunes la autorización opaca de concesiones de frecuencias de radio y televisión, así como el trato (des)favorable contra algún agente privado en particular según las conveniencias políticas del gobierno en turno. 

3) Se consolidó una altísima concentración industrial que se tradujo no sólo en elevadas posiciones dominantes de mercado, sino en abusos contra usuarios y competidores, así como en incumplimiento de disposiciones legales. 

4) Se desdeñó la importancia de los medios públicos, privando sobre todo un razonamiento de índole político-mercantil en las definiciones estatales en materia de medios de comunicación.

5) Los grandes consorcios se volvieron poderosos no sólo en términos económicos sino políticos, imponiendo sus agendas particulares en las decisiones del Estado. He ahí los ejemplos de la “Ley Televisa”, de la andanada contra la reforma electoral o del poder de veto para que a pesar de la resolución de la Suprema Corte en 2007 pasaran casi seis años sin que se actualizara la legislación. 
La iniciativa constitucional se hace cargo explícitamente de estos problemas. 

1) Se tendrá una legislación convergente, no separada, para telecomunicaciones y radiodifusión. Pero la legislación no sólo se actualiza sino que incorpora desde su planteamiento constitucional el derecho a la información —que es de los ciudadanos y no de las empresas— así como la libertad de expresión y consagra a las telecomunicaciones como derecho público.

2) Se crea una autoridad constitucional autónoma, colegiada en su toma de decisiones, que determinará la asignación y revocación de concesiones. Este órgano además tendrá capacidad de sanción. Como se ve, el gobierno pierde atribuciones pero se fortalece la regulación del Estado; se empieza a superar el binomio discrecionalidad-debilidad en las decisiones públicas.

3) Ahora el Ifetel tendrá la facultad de declarar agentes económicos preponderantes e incluso ordenar la partición de monopolios. Pero no sólo es un asunto de cuotas de mercado, sino que se consideran obligaciones de los concesionarios para no rebasar los tiempos de publicidad o emitir publicidad engañosa. La autoridad también podrá sancionar prácticas discriminatorias para evitar abusos y barreras frente a competidores. Es decir, se protegen los derechos de audiencias, consumidores e inversores.

4) Se creará una cadena nacional de radiodifusión pública con autonomía operativa y funcional, con una política editorial imparcial —no gubernamental— definida por un consejo ciudadano.

5) La iniciativa de reforma constitucional fue planteada por el presidente con el respaldo de los tres principales partidos políticos, recogiendo en buena medida las demandas y propuestas elaboradas desde la academia y la sociedad civil. No se trata de la reforma confeccionada por el sastre de un poder fáctico, sino de una definición hecha en la órbita del poder político legítimo. 

PD. Me hubiera gustado que se prohibiera toda compra de publicidad oficial en radio y TV, pero dada la fuerza de los intereses contra la iniciativa, es hora de no perder lo más por lo menos y de apoyar esta reforma tantas veces vetada. 

*El Universal 21-03-13

miércoles, 20 de marzo de 2013

PARTIDOS Y CUOTEO*


JORGE ALCOCER

Por si alguien tiene dudas sobre la forma como en algunos partidos políticos se actúa en la elección de consejeros electorales, o de integrantes de otros organismos públicos colegiados, remito a la nota publicada por el reportero Óscar del Valle, en la sección Ciudad de este diario, el pasado viernes, a propósito de la obligada sustitución de Luigi Paolo Cerda, consejero del Instituto Electoral capitalino (IEDF), destituido por la Sala Superior del TEPJF.

"En la selección de los siete consejeros, al PRD le tocaron cuatro, dos de ellos eran de IDN, y uno de ellos fue Luigi, por lo que nos toca elegir al nuevo consejero" (p. 5). El diputado local declarante, "que prefirió omitir su nombre", pertenece, es obvio, a la tribu que pastorea René Bejarano, Izquierda Democrática (sic) Nacional, a la que también tocó poner a la presidenta del IEDF, Diana Talavera, la que anunció que el destituido será recontratado como director en el propio Instituto.

El reparto de consejeros por cuotas partidistas se acentúa cuando, como es el caso del DF, un partido puede, por sí mismo o con sus aliados, alcanzar la mayoría calificada de votos que se exige para las designaciones. En este Fuenteovejuna, al PRI y al PAN les correspondió, a cada uno, un consejero; el séptimo fue producto del acuerdo de los demás partidos, que probablemente usaron el imparcial método del volado para decidir a quién le tocaba.

En la capital, cuyo gobierno es, desde 1997, la joya de la corona del perredismo, las cuotas tribales afectan todos los niveles de la administración. Hace poco un amigo, recién nombrado para un alto cargo, platicaba la imposibilidad de integrar su equipo de trabajo con personal calificado, las plazas están ocupadas por personas amparadas por las tribus; no hay forma de obtener sus renuncias.

El cuoteo ha terminado por afectar a la mayoría de los institutos electorales, y en no pocos casos, a los tribunales locales en esa materia. Hay registro de casos extremos, como el de un diputado local que hizo a su esposa consejera electoral, o de otro dirigente partidista que canjeó el voto de sus diputados por un cargo jurisdiccional... para su esposa. En el caso del IFE la experiencia más negativa se vivió en octubre de 2003, cuando ante la cerrazón de la bancada perredista, PRI y PAN decidieron repartirse ocho lugares, dejando uno para el Verde, lastimando la fama pública de los así nombrados.

Para lavar sus propias culpas, los partidos integrantes del Pacto por México han propuesto, en la iniciativa de telecomunicaciones, que los comisionados de los órganos reguladores en esa materia y en competencia económica sean designados mediante un procedimiento en el que habrán de intervenir, como proponentes, los titulares del Banco de México; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que integrarán el Comité de Evaluación de aspirantes, les aplicarán un examen de oposición, los calificarán y remitirán al Presidente un mínimo de 3 y un máximo de 5 candidatos por cada vacante. El Ejecutivo nombrará a los comisionados y al comisionado presidente, con ratificación del Senado por mayoría calificada, con una cláusula de salida que, en un extremo, permitirá al Presidente hacer la designación de manera directa.

Algo parecido, pero de manera extra legal y sin intervención presidencial, ocurrió a fines de 2011, cuando los coordinadores de los diputados solicitaron a 4 personalidades elaborar propuestas para elegir a 3 consejeros electorales del IFE, después de 13 meses sin acuerdo. Ante ese antecedente, a la luz de la iniciativa antes señalada y ante la eventual transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral, hay quienes adelantan la idea de adoptar el novedoso procedimiento, para la designación de, al menos, 3 consejeros electorales y el consejero presidente, antes de que termine octubre de este año.

Pero mientras los partidos no modifiquen sus conductas, no habrá norma constitucional que impida el cuoteo. En cambio, hacer públicas las deliberaciones en las juntas de coordinación política y que cada candidato sea evaluado en sus méritos, no en razón del origen partidista de la propuesta, podría ser más efectivo que seguir llenando la Constitución de barroquismos angelicales.

*Reforma 19-03-13

FRENANDO ABUSOS*


MARÍA AMPARO CASAR

Frenar abusos y ampliar derechos son el denominador común de las iniciativas de reforma de esta temporada. Son caras de la misma moneda. Las dos hablan del atraso de nuestra democracia y quizá -dependerá del resultado final- de las ganas de superarlo.

Las reformas aprobadas -solo la educativa- o en puerta -todas las demás- revelan la radiografía de la sociedad y la política mexicanas. Una sociedad cargada de privilegios gracias a las concesiones que a lo largo de muchas décadas fue otorgando el Estado y a los abusos que han cometido sus beneficiarios al amparo y con el contubernio de quien concedió esos privilegios. Una clase política que se ha despachado con la cuchara grande y que ha gozado de impunidad porque también se ha dotado a sí misma de privilegios que no caben en una democracia.

La reforma educativa busca establecer el derecho a tener una educación de calidad y para ello encuentra necesario frenar los abusos en los que incurrió el SNTE al ser receptor de recursos millonarios que se gastan sin recato y sin rendir cuentas a los agremiados, al asignar a decenas de miles de maestros a labores distintas a la de la enseñanza, al permitir la venta o herencia de plazas, al propiciar una carrera magisterial al margen del desempeño, al apropiarse de la política educativa pidiendo y obteniendo puestos en la estructura de la SEP y controlando las Secretarías de Educación de los estados.

La reforma a la ley de amparo obedece a la necesidad de frenar los abusos cometidos por los particulares que, al obtener la suspensión del acto de autoridad contrario a sus intereses, logran prolongar de manera casi indefinida sus privilegios, impiden el cumplimiento de la ley y anulan la efectividad de una política pública. Con ello el Estado recupera el derecho a determinar la política pública en los sectores de la economía que funcionan en regímenes concesionados.

La reforma al fuero de los funcionarios públicos y autoridades electas tiene su origen en la distorsión y el abuso que de esta figura se ha hecho y que más que salvaguardar el derecho a manifestar sus opiniones con entera libertad como era su propósito original les ha otorgado inmunidad/impunidad por la comisión de actos delictivos colocándolos por encima de la ley.

La reforma a la contabilidad gubernamental tiene como propósito detener el abuso que los gobernadores han hecho de los recursos públicos y que potencialmente regresa a los ciudadanos el derecho a conocer en qué se gastan sus impuestos y a llamar a cuentas a sus gobernantes. La misma intención tiene la iniciativa para poner condiciones y límites a la adquisición de deuda de los estados. Aquí se tutela el derecho de los ciudadanos a que su futuro no quede empeñado porque un gobernador decidió endeudar a las generaciones por venir.

La reforma al IFAI pretende sumar a sindicatos, partidos y Congreso a la red de sujetos obligados y con ello ampliar el derecho a la información y detener la utilización discrecional o de plano la malversación de fondos públicos.

La reforma a las telecomunicaciones ambiciona moderar las prácticas monopólicas y así restablecer el derecho de otros empresarios a participar en un mercado en ascenso, a la ciudadanía a acceder a la banda ancha y a extender el derecho a la información. Una reforma que quiere restituir la facultad del Estado para definir el rumbo de la política en telecomunicaciones y cuya definición ha cedido a un puñado de empresarios.

Con estas reformas el Estado -incluidos el Ejecutivo y los órganos autónomos- recupera instrumentos y capacidades pero, ojo, también adquiere responsabilidades. La primera de ellas es la de no cometer abusos porque, no se nos olvide, estos nunca han sido propiedad exclusiva de los privados. Los instrumentos que ha recuperado el Estado no son neutros: lo importante es qué se hace con ellos; cómo y para qué se usan. Pueden utilizarse para deshacerse de un liderazgo sindical incómodo y suplantarlo por otro afín pero igualmente pernicioso o para transformar el sindicalismo; pueden servir para acosar a las empresas mediáticas actuales y beneficiar a nuevos grupos económicos o para propiciar la inversión y la competencia; pueden usarse para someter a las entidades federativas o para incentivarlas a entrar a un régimen de responsabilidad; para someter a los funcionarios públicos al régimen legal o para perseguirlos. En fin, pueden servir sólo como instrumentos de poder, prestigio político y legitimación o como instrumentos de transformación.

*Reforma 19-03-13

jueves, 7 de marzo de 2013

CONTRASTES DEL CINE MEXICANO*


JOSÉ WOLDENBERG

Lo sabemos: las películas narran historias, recrean mitos, generan modas, apuntalan o erosionan usos y costumbres; ilustran y ponen a circular supercherías, encumbran estrellas, impactan el lenguaje; unas desean ser pedagógicas y otras subvertir el orden, las hay analíticas y complejas y también elementales y rutinarias; entretienen, aburren, entusiasman; alimentan discusiones y modelan gustos y aspiraciones. Son, en una frase, un fenómeno cultural en el sentido antropológico de la palabra.

En ocasiones, alguna se desprende del conjunto, y por su lenguaje, puesta en escena, argumento, tono, tensión, se convierte en una auténtica obra de arte. No es común, pero sucede.

No obstante, el cine es también una industria. Y para reforzarla, en un mundo donde la competencia es expansiva, se requieren políticas específicas. Antes, sin embargo, son imprescindibles diagnósticos que ilustren sobre el estado que guarda tan singular industria. Es en ese contexto que el Anuario Estadístico 2012 que presenta Imcine tiene un enorme valor. Si no queremos juicios a vuelo de pájaro, "impresionistas", volátiles, tenemos entonces que documentar lo que sucede en "nuestro" cine. El Anuario ayuda -y mucho- a ello. Los datos son elocuentes. Y una síntesis excesivamente comprimida sería la siguiente: en materia de producción avanzamos. Pero en el renglón de exhibición y distribución tenemos problemas agudos. Veamos.

En 2012 se produjeron 112 largometrajes, de los cuales el 63 por ciento fueron apoyados por el Estado. De ellos el 43 por ciento resultaron las primeras películas de sus respectivos directores. Se produjeron además 622 cortometrajes. 22 millones es el costo promedio de un largometraje mexicano. Las 112 películas filmadas representan un crecimiento importante de la producción. En 2007 se hicieron 70, en 2008 el mismo número, en 2009 la cifra bajó un poco, 66; en 2010 se filmaron 69, en 2011 73 y el gran salto se produjo en 2012. Los datos son aún mejores si se les compara con nuestro pasado reciente: en 1997 se filmaron solo 9 películas, un año después, 11, en 1999, 19 y en 2000 28. En 2001, 21, en 2002 14 y en 2003 29. La llamada industria cinematográfica languidecía. La cifra de 112 largometrajes no se alcanzaba desde 1964, cuando se filmaron 114. Al parecer, los estímulos fiscales y el incremento de recursos a Imcine han cumplido con su misión: elevar la producción cinematográfica. Sin duda, una buena nueva.

228 millones de personas fueron al cine en 2012. Un promedio de dos veces por habitante. La asistencia viene creciendo: en 2010 concurrieron 190 millones; en 2011, 205. Un incremento del 8 y el 11 por ciento respectivamente. Y algo similar sucede con los ingresos de taquilla. Aunque la asistencia al cine se encuentra más que concentrada: el 27.6 por ciento del total sucede en el DF. La asistencia general dejó en taquilla 10,672 millones de pesos. Pero el 89 por ciento de esos ingresos lo generaron películas norteamericanas. Solo el 4 por ciento entró por películas mexicanas y el 6 por ciento por europeas. A ver películas mexicanas solo concurrieron 10.9 millones de espectadores, es decir, el 4.78 por ciento. Incluso la cuota de mercado del cine mexicano bajó: en 2010 fueron 11.5 millones y un año después 13.8. En 2012 se estrenaron 319 películas, 67 de las cuales fueron mexicanas. Pero 25 de ellas no las vieron ni mil personas. No se requiere ser Einstein para documentar el privilegio que los exhibidores otorgan al cine norteamericano. Ello tiene dos consecuencias alarmantes: un buen número de películas mexicanas simple y sencillamente no encuentran lugar para ser proyectadas (en los próximos Anuarios sería bueno informar del número de películas que jamás se estrenaron) y otro tanto solo lo hace de manera marginal, simbólica. Se trata del cuello de botella más relevante del cine mexicano. Y eso lo percibe la mayoría de los espectadores. Según una encuesta citada en el Anuario, el 81 por ciento de las personas contestó estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con la siguiente afirmación: "las salas de cine estás saturadas de películas extranjeras y se relegan las mexicanas".

No obstante, el número de películas mexicanas estrenadas viene creciendo de manera sistemática desde 1999 (de 11 a 67), luego de una caída espectacular -un auténtico desplome- a partir de 1991. En 91 se estrenaron 88 cintas y en 1998 solo 8. (Por supuesto que el tema de la calidad del cine mexicano debe colocarse en el centro de la discusión, pero el Anuario Estadístico es eso: una compilación de cifras pertinentes que ilustran la situación de la industria).

El cine acompaña la vida de muchos de nosotros. Y es una industria que da empleo a miles de personas. El gusto por las películas es expansivo. Y es bueno saber que el año pasado se realizaron 82 festivales de cine en nuestro país, de los cuales 25 sucedieron en el DF. Extraigo una conclusión personal: vale la pena apuntalar al cine. Aunque sea en unos gramos, nos auxilia a mejorar la vida.

*Reforma 07-03-13

CASO ELBA ESTHER, ¿EN QUÉ CONSISTE LA ILICITUD?*


MIGUEL CARBONELL

El caso de Elba Esther Gordilo puede convertirse en el más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por las implicaciones que tiene y por la enorme visibilidad pública de la principal implicada, ha llamado la atención de los medios nacionales e internacionales.
Uno de los puntos más relevantes del caso tiene que ver con el delito que le están imputando a "La maestra": lavado de dinero, previsto en el artículo 400Bis del Código Penal Federal. Los abogados de Gordillo han adelantado que sostendrán que no se configura el delito ya que los fondos utilizados no tienen un origen ilícito. Seguramente ese será el gran tema que deba dilucidar el juez encargado del caso y el principal motivo de defensa de Elba Esther.
Pero lavado de dinero no se configura solamente a partir de fondos con un "origen" ilícito, sino que lo que exige el código penal es que la ilicitud se presente en cualquier momento en que dichos fondos estén en poder o sean empleados por una persona.
De hecho, la ilicitud comienza desde el momento mismo en que se transfieren cantidades enormes de dinero a personas que no tienen nada que ver con la administración del Sindicato y ese mismo dinero se destina a cuestiones bien alejadas de lo que prevén los estatutos del propio gremio.
En el caso de Elba Esther, es obvio que los fondos del SNTE no pueden ser utilizados lícitamente para una serie de gastos que la PGR logró acreditar. Así por ejemplo, se les transfieren más de mil trescientos millones de pesos a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, quien a su vez utiliza parte de ese dinero para pagar el uso de aviones particulares (2 millones 682 mil dólares se los paga a la empresa Avemex SA de CV a través de 42 distintas transferencias), a tiendas de lujo en Estados Unidos (realiza 22 transferencias por un valor total de dos millones cien mil dólares a tiendas como Neiman Marcus, a una tarjeta de crédito a nombre de la propia Elba Esther).
Otros dos implicados (Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores) reciben importantes cantidades de dinero y, en una operación típica de quien intenta lavar dinero, lo dispersan a través de un gran número de cuentas bancarias de diferentes países. Así por ejemplo, lo mandan a bancos en Suiza, Estados Unidos, España, Santa Lucía y Liechenstein. Con parte de esos fondos se paga la casa situada en el número 1 de Green Turtle Road, en Coronado, California (al menos un millón de dólares invertidos en esa casa provienen de una cuenta abierta en el LGT Bank en Liechenstein).
Teniendo en cuenta esos elementos, parece que sí se configura la "ilicitud" de los recursos y se acredita la hipótesis de lavado de dinero, a reserva de lo que señalen los jueces que están conociendo del caso. 
Entre Nora Ugarte, Isaías Gallardo, José Manuel Díaz Flores y una empresa llamada "Gremio Inmobiliario El Provisor SA de CV" manejan más de dos mil quinientos millones de pesos.
Lo que ahora deben hacer las autoridades (y lo debemos exigir los ciudadanos) es que consignen a los implicados por el delito de defraudación fiscal. Las leyes fiscales obligan a toda persona que recibe ingresos a hacer las declaraciones correspondientes y a pagar la parte correspondiente en forma tanto de Impuesto sobre la Renta como IVA o IETU según sea el caso. La señora Nora Ugarte seguramente le debe una cantidad enorme al fisco mexicano al igual que los demás implicados en este caso. Si no acreditan que pagaron puntualmente sus impuestos también estarían en la hipótesis de haber cometido un delito fiscal. 
El SAT es muy efectivo cuando se trata de contribuyentes cautivos. Los que pagamos cumplidamente esperamos la misma efectividad y contundencia hacia Elba Esther y sus socios. Que paguen lo que la ley señala y, si no les alcanza porque ya se gastaron el dinero, que se utilicen sus bienes. Ojalá, por una vez, se haga justicia como corresponde. 

*El Universal 07-03-13

DESAFUERO*


CÉSAR ASTUDILLO

Es evidente que la eliminación del fuero a los servidores públicos representa una de esas decisiones que gozan de amplio respaldo entre la ciudadanía y que resulta particularmente difícil no suscribir.

Sin embargo, hay al menos dos cosas que me preocupan al respecto. La primera de ellas deriva del inadecuado entendimiento de lo que es y significa el fuero. A ello ha contribuido que la clase política se haya encargado de ver en la figura una pócima mágica para la inobservancia de la ley y un salvoconducto para la impunidad, sin comprender que más que un privilegio que protege a personas determinadas, representa una garantía de la función pública y una salvaguarda de la autonomía e independencia de nuestras instituciones.

En efecto, tradicionalmente hemos entendido al fuero como aquél privilegio del que gozan los funcionarios federales y locales que impide su sometimiento a un proceso penal si antes la respectiva cámara de Diputados no ha otorgado la correspondiente autorización, la cual depende en muchas ocasiones, más de la conformación interior de los grupos políticos, que de la efectiva constatación de la evidencia que se les pone frente a sí.

La reforma, en un sutil manejo del lenguaje, mantiene el privilegio procesal de los servidores públicos, pero elimina la declaración de procedencia, es decir, el mecanismo para desaforar, como comúnmente se le conoce. Con ello, los servidores públicos deberán afrontar su eventual responsabilidad penal sin pasar previamente por el desafuero, sin que ello ponga en riesgo su libertad personal, aún y cuando el delito que se les impute sea catalogado como grave, lo cual, en una circunstancia normal no sería admisible para ningún ciudadano. Sólo si la sentencia resulta condenatoria, entonces el funcionario deberá ser separado del cargo y sometido a la pena impuesta judicialmente.

Lo apenas señalado evidencia que la deferencia hacia los personajes públicos se mantiene y que en contraste con los demás, gozarán de una presunción de inocencia reforzada y de un privilegio hacia su libertad personal que los ciudadanos no tenemos.

El tema no tendría mayor relevancia si no fuera por la circunstancia y el momento en el que se produce. En un contexto nacional en donde la institución presidencial ha fortalecido su autoridad a través de un compromiso político como el pacto por México; en un entorno en el que ha reforzado su liderazgo nacional al erigirse en el jefe político de alrededor de las dos terceras partes de los gobernadores del país; en un momento en el que ha reivindicado una posición clave dentro de la estructura del partido en el poder; y en el instante mismo en el que goza de un respaldo sin precedentes por el golpe de autoridad derivado
de la detención de la lideresa del SNTE, parece anticlimática la eliminación del fuero.

Es así porque contrario al proceder del Congreso, el empoderamiento del Ejecutivo federal y, hay que decirlo, de los ejecutivos estatales en proporciones semejantes, evidencia la inexorable necesidad de que el Estado afiance las garantías institucionales y los controles democráticos para contener, hoy más que nunca, cualquier exceso o desviación del poder. Lo que no es admisible es que precisamente en el momento de mayor apogeo de la autoridad presidencial se acometa al debilitamiento de los diques de contención que garantizan un ejercicio equilibrado y racional del poder.

La reforma, no obstante, al no eliminar la inmunidad procesal, mantiene la protección de las instituciones y sus servidores públicos, y eso es de suyo saludable; y al quitar el candado del desafuero termina por aproximar un poco más a los altos funcionarios del Estado con los ciudadanos, y eso ya es ganancia.

*El Universal 07-03-13