martes, 30 de abril de 2013

REGULAR LAS PROFESIONES*


JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

El artículo 5° constitucional garantiza la libertad de trabajo a todos los habitantes de nuestro país.  Jurídicamente, ello significa que cada cual puede dedicarse a la actividad lícita que desee, sin que  nadie le pueda imponer forma alguna de trabajo, ni condiciones distintas a las previstas por el  derecho. Se trata, en realidad, de una manera de impedir que el Estado intervenga en la elección o el desarrollo laboral más allá del establecimiento de ciertas condiciones mínimas de prestación. 
Sin embargo, existe un tipo de trabajo al que la Constitución le asigna diferente regulación: no ya la mera abstención o, al menos, la mínima intervención estatal sino, por el contrario, mediante una fuerte determinación de sus posibilidades y alcances. Me refiero, desde luego, a las actividades que para su ejercicio requieren título profesional.
El propio artículo 5° de la Constitución confiere competencia a las autoridades federales y locales para determinar qué actividades serán consideradas “profesionales” y, en consecuencia, requerirán título, así como las condiciones exigidas para su otorgamiento y las autoridades  facultadas para hacerlo. Las diferencias de tratamiento jurídico entre la libertad de trabajo y la regulación profesional saltan a la vista. En el primer caso se garantiza la licitud de la actividad; en el segundo, contar con una autorización del Estado mexicano en la forma del “título profesional”. 
En el primer caso estoy ante una restricción prácticamente total al Estado con miras a que cada cual haga lo que mejor le acomode; en el otro, ante el ejercicio cierto y dirigido para certificar que una persona cuenta con capacidades específicas para desempeñar cierto tipo de actividades. ¿Qué explica diferencias tan importantes? Que en las sociedades modernas se ha considerado que el tratamiento de cierto tipo de situaciones humanas o naturales debe realizarse sólo por quien cuente con un determinado tipo de conocimientos; más aún, que el tipo de conocimientos requeridos deben enseñarse y certificarse por instituciones educativas de cierto nivel y capacidad, pues sólo así es posible garantizar su especificidad y, lo que es verdaderamente importante, el que sólo a ciertos sujetos calificados se les permita actuar en situaciones humanas o naturales consideradas importantes.
Definida así la situación actual, cabe preguntarnos si el modelo constitucional en vigor es suficiente para lograr lo que con él se quiere garantizar. Se trata de saber si el actual modelo de acreditación profesional permite, por un lado, que el sujeto cuente con los conocimientos necesarios para su eficaz desempeño y, por otro, que la sociedad cuente con la seguridad de que quien actúa como “profesional” es tal en el momento en que lo hace. La respuesta parece ser, desafortunadamente, negativa, al menos en un número muy amplio de aspectos. Por una parte, la amplísima concesión a los particulares para que puedan expedir los títulos universitarios y, por lo mismo, certificar que sus egresados sean profesionales competentes no parece haber sido la mejor opción. Hoy hay muchos profesionales, pero pocas posibilidades de evaluar su capacidad. 
Por otra parte, la ampliación de las posibilidades de expedición de títulos no se ha acompañado de ninguna acción de certificación de conocimientos. Por ello, quien sale a la vida profesional no tiene necesidad alguna de acreditar la actualización de sus competencias ni el mantenimiento de su aptitud profesional. Una vez titulado, por siempre será profesionista.
Para ser fieles a la lógica general que distingue entre la libertad para trabajar y la obtención de un título reconocido para desempeñar ciertas actividades socialmente relevantes, se hace preciso realizar algunos cambios en nuestro orden jurídico. Por una parte y como lo apuntamos en la colaboración anterior (16/IV/2013), es preciso revisar los reconocimientos de validez oficial de estudios (REVOE) otorgados y desde luego, imponer un sistema más riguroso para su concesión. 
Además, es necesario establecer los mecanismos para medir los conocimientos de quienes obtengan un título profesional para que puedan incorporarse a la práctica laboral. El título, entonces, vendría a ser un elemento de capital importancia pero no el único medio de acreditación de las competencias profesionales requeridas. También se hace necesario encontrar la manera de someter a los profesionales a un sistema periódico de acreditamiento de conocimientos y aptitudes, muy posiblemente por la vía de certificaciones. Las acciones que acabo de apuntar son fines a alcanzar para vertebrar a nuestra sociedad. El medio para lograrlo es, además de la vigilancia estricta al sistema del REVOE, el establecimiento de la colegiación obligatoria de los diversos profesionales del país o, al menos, de aquellos que deban actuar en campos especialmente complejos o de gran afectación social. La colegiación no es, desde mi punto de vista, un fin en sí mismo, sino el medio para elevar las calidades profesionales en tanto instrumentos para determinar la calidad competencial y la actualización. 
Frente a lo que acabo de afirmar habrá quienes en un extremo digan que propuestas como la mía son claramente anti-liberales, mientras que en el otro dirán que son elitistas. Creo que ninguna de estos extremos lleva en principio razón. No es contrario a la libertad regular razonablemente ciertos modos de actuar en sociedad y, sobre todo, hacerlo por pares que gozan de los conocimientos y prestigio en el campo sobre el cual se pretende incidir. Tampoco creo que sea elitista regular, toda vez que se está ante la salvaguarda de los bienes más preciados (salud, libertad, etc.) de miembros de la sociedad que no cuentan con los sistemas de información necesarios para distinguir entre buenos y malos profesionistas. Comenzar estableciendo la colegiación y, a partir de ahí, las certificaciones y re-certificaciones, es un buen paso para estructurar el ejercicio de ciertas profesiones que cumplen funciones trascendentes en la sociedad.

*El Universal 30-04-13

LOS PINOS*


JORGE ALCOCER

El pasado fin de semana el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa e hijos se instalaron en la residencia "Miguel Alemán", ubicada dentro del perímetro que ocupa el predio que todos conocemos como Los Pinos. Por ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, bueno será que la oficina presidencial informe el costo que para los contribuyentes ha tenido la reconversión de esa residencia a su uso original y lo gastado en su equipamiento.

A reserva de conocer el monto de lo gastado, en principio es justificable la decisión que tomó el nuevo inquilino de Los Pinos para contar con una casa en la que él y su familia cuenten con las condiciones para el desarrollo de su vida privada, y también pública. No me imagino a un presidente de Estados Unidos ordenando convertir las áreas privadas, de uso familiar, o los salones de recepción, de la Casa Blanca, en oficinas, como lo hizo Vicente Fox con la mencionada residencia, al inicio de su mandato, en el año 2000.

El poder político requiere de símbolos, de pompa y circunstancia, pero también de condiciones materiales para su ejercicio. Enrique Peña Nieto pudo haber proseguido con las adecuaciones a las llamadas "cabañas", para seguir usándolas como casa-habitación, pero optó por ordenar la readaptación de la residencia que albergó a ocho familias presidenciales a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Ojalá que la pequeña y bella casa "Lázaro Cárdenas", la primera construida por órdenes del General en Los Pinos, vuelva a ser sede de la oficina presidencial.

En 2003 entrevisté a Vicente Fox en su oficina dentro de la residencia Miguel Alemán; llamó mi atención el mal gusto y la deficiente planeación que distinguían los cambios realizados. Los muros originales fueron sustituidos por tabla roca, para dar lugar a oficinas y cubículos, tipo edificio de la Coca Cola. Enormes corredores, en los que era usual extraviarse; grandes salones de espera, descuidados y con mobiliario desvencijado.

La oficina presidencial, muy al estilo de Fox, era una especie de aparador, o pecera, con dos grandes ventanales en ángulo, sin cortinas, desde los que, para mi sorpresa, los turistas podían golpear los cristales con los nudillos para llamar la atención del Presidente, que presto acudía a saludarlos desde el interior de esa pecera. En el siguiente gobierno me reuní varias veces, en esa misma oficina, con el presidente Felipe Calderón. En una ocasión le pregunté por qué no había cambiado esa oficina; me miró resignado y me respondió algo así como: no puedo dar marcha atrás en todas las ocurrencias de Fox, y esta oficina es una de sus ocurrencias simbólicas.

La primera cena de gala que se ofrecerá en la rehabilitada residencia presidencial será esta misma semana, para Barack Obama; pompa y circunstancia de por medio, la Presidencia de México recobra prestancia, señorío. Y aunque a algunos eso no guste, creo que tiene positivo significado. Como lo tiene que el presidente Peña Nieto, obligado por la coyuntura, haya vuelto a utilizar el Palacio Nacional como sede para eventos públicos y privados, nacionales e internacionales.

Convertido casi en un museo por los anteriores presidentes, el antiguo palacio de los Virreyes merece un mejor uso, acorde con su historia y simbolismo. Ojalá que el actual gobierno lo siga usando, no solamente para fines ceremoniales, pues solo así esa sede del poder presidencial recibirá la atención y recursos para su mantenimiento. Ahí, en nuestra plaza mayor, el Zócalo, se expresa buena parte de la historia de lo que hemos sido y somos los mexicanos.

El poder se nutre de acciones, que el pueblo valora, aprueba o reprueba; también de símbolos, de tradiciones, música, literatura, arte y arquitectura. Somos diferentes porque somos singulares. No hay poder sin símbolos; el poder requiere expresiones que lo materializan, que lo dejan ver. Los Pinos, residencia oficial del presidente de México, es parte de la cultura, valores y tradiciones de varias generaciones, desde que don Lázaro decidió no convivir con las pulgas que, en el castillo de Chapultepec, derrotaron a la emperatriz.

Queda la duda sobre el uso futuro de las "cabañas" que, en Los Pinos, Vicente Fox hizo construir para casa habitación de su familia, que también utilizó su sucesor. ¿Se venden o se rentan? 

*Reforma 30-04-13

BARRIENDO PRIVILEGIOS*


MARÍA AMPARO CASAR

Las reformas constitucionales atraen mayor atención por la dificultad aritmética que supone su aprobación y por la creencia de que lo que se inscribe en la Constitución es de mayor trascendencia que lo que se decreta por medio de una ley secundaria.

No siempre es así. El carácter de "constitucional" de una reforma no implica relevancia ni conlleva necesariamente potencial transformador. Las reformas a la legislación ordinaria o incluso los actos de gobierno pueden ser de mayor trascendencia que los decretos de reforma constitucional.

José Antonio González Anaya, director del IMSS, ha dado con una de esas reformas con potencial transformador y junto con el diputado Beltrones la ha operado en tiempo récord en el Congreso. La sencilla reforma homologa los conceptos que determinan el salario base de cotización con los del Impuesto Sobre la Renta y así termina con la práctica de un sector de los empresarios de reportar de manera diferenciada los salarios pagados a sus trabajadores según se trate del IMSS o del SAT. Ahora se sabe -o más bien se sabía pero no se había querido actuar- que, nada tontos, algunos empresarios sub-reportan los salarios al IMSS para reducir el pago por concepto de cuotas obrero-patronales pero abultan el costo de su nómina cuando informan al SAT para pagar menos impuestos. La lógica es impecable: paso uno, subestimo el salario base de cotización y reduzco mi carga de seguridad social; paso dos, sobreestimo la nómina y reduzco la base gravable para efectos del ISR. Negocio redondo. Tan redondo que los cálculos señalan que la disparidad entre las "dos nóminas" es de 7.5%. Tan redondo que de ser aprobada también en el Senado, esta iniciativa le permitirá al IMSS obtener hasta 3 mil millones de pesos.

Los empresarios pusieron el grito en el cielo e intentaron echar abajo la iniciativa con argumentos débiles y demagógicos. Primero recurrieron a la argucia de que se trataba de una reforma recaudatoria, que como tal era una reforma fiscal parcial y que en el Pacto se había prometido que reformas de esta naturaleza no se discutirían sino hasta el segundo semestre del año. En esta argucia, el PAN los acompañó y los diputados de este partido votaron en contra del dictamen. Después sostuvieron que la iniciativa era solo un paliativo para la desastrosa situación del IMSS y que lo que se requería era una reforma integral del Instituto. En efecto, se requiere y habría que promoverla pero mientras llega no está mal acabar con un abuso. Más tarde argumentaron que la iniciativa no buscaba la homologación ni mucho menos la simplificación sino que se trataba de imponer un aumento disfrazado a las cuotas patronales. Finalmente, se objetó que en realidad a quienes afectaría la reforma sería a los propios trabajadores que verían un incremento en las cuotas al IMSS de entre 11% y 48%.

González Anaya hizo bien su trabajo: demostró que a lo sumo el 20% de las empresas hacía uso del esquema, que para el resto el impacto sería de 3% y que del cambio en la base gravable a los trabajadores solo les correspondería pagar 2.6 de cada 100 pesos. Más aún, con la homologación, por cada peso que pague el trabajador, ganará 6.7 pesos por el aumento en las aportaciones a su cuenta de Afores e Infonavit.

Los empresarios lograron algunas modificaciones a la iniciativa de manera de hacerla menos gravosa para ellos: excluyeron de los salarios reportados al IMSS las aportaciones al fondo de ahorro a los trabajadores, el pago de alimentación en efectivo, los premios por asistencia y puntualidad o el pago por tiempo extra (siempre y cuando no rebasen el monto de exención que para cada una establece la Ley del ISR). Salvaron una parte de sus privilegios pero el sentido y profundidad de la iniciativa prevaleció.

La reforma es importante en sí misma. Se inscribe en la sana tendencia del nuevo gobierno y de los legisladores de disminuir los privilegios de que han gozado ciertos grupos sindicales -SNTE- y empresariales gracias a las exenciones otorgadas por el propio Estado o a la tolerancia de prácticas si no ilegales, sí cuestionables. Va en la misma dirección que la Ley de Amparo, la Reforma Educativa y la de Telecomunicaciones. Tiene potencial transformador: acaba con simulaciones y privilegios, refuerza la percepción sobre la voluntad y capacidad de la clase política de no arredrarse ante el poder de los particulares, simplifica la contabilidad, permite mayor transparencia. Eso sí, faltan los controles para que los recursos obtenidos se gasten en lo prometido: mejorar la atención médica.

*Reforma 30-04-13

jueves, 25 de abril de 2013

VENEZUELA Y MÉXICO*


JOSÉ WOLDENBERG

Mucho se ha escrito sobre las coincidencias entre las recientes elecciones venezolanas y las mexicanas de 2006. Lo cierto, sin embargo, es que sus similitudes son dos: una votación cerrada y una impugnación de los resultados por el segundo lugar. Lo demás es diferente. Y "lo demás" son muchas cosas.

Empecemos por las condiciones de la competencia. En nuestro país las principales fuerzas políticas han realizado un esfuerzo nada deleznable por construir un piso de equidad para la contienda. Y para ello han tomado dos palancas muy importantes: el dinero y el acceso a los grandes medios de comunicación. Un generoso financiamiento público que se reparte con dos criterios combinados (30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento de manera proporcional a la votación obtenida en la última elección federal) edifica un primer piso de equidad en la disputa. Los partidos y sus candidatos cuentan con suficiente dinero para desplegar todas sus potencialidades a lo largo y ancho del país y para entrar en contacto con el masivo universo de votantes.

Si eso fuera poco, los partidos y sus candidatos tienen garantizado un acceso a la radio y a la televisión a través de los llamados tiempos oficiales (con los mismos criterios que el reparto del financiamiento) durante las campañas, y ni ellos (a partir de 2007) ni nadie más (desde 1993) puede comprar espacio en esos medios. En el 2006 los partidos contaban además con recursos enormes para adquirir tiempos en radio y televisión y así lo hicieron. (Cierto, en aquel año varias empresas y organizaciones privadas violaron la ley y compraron tiempos en los medios; lo que fue señalado por el Tribunal). También el IFE entregaba y entrega antes de iniciar la contienda unos lineamientos a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión donde solicita que la cobertura de las campañas sea equilibrada, profesional, objetiva, etcétera. Y el propio Instituto hace un monitoreo del comportamiento de los noticieros de radio y televisión a lo largo de las precampañas y las campañas. Ni los lineamientos ni el monitoreo tienen fuerza coactiva pero sirven para generar un cierto contexto de exigencia a los medios.

En Venezuela no hay nada de eso. El gobierno de Hugo Chávez canceló el financiamiento público a los partidos de tal suerte que los cuantiosos recursos que llegan a las campañas o bien son desviaciones de las dependencias del Estado o recursos privados. Al abolir el financiamiento público se generó automáticamente un terreno de juego desequilibrado. Si eso fuera poco, el comportamiento de los medios es absolutamente faccioso. Los candidatos tienen solamente cuatro minutos al día para presentar sus propuestas al público, mientras el Presidente en turno puede decretar cadenas nacionales para él sin ningún límite. Los medios estatales actúan como si fueran gubernamentales, con una cobertura sesgada a favor de "su" candidato sin ningún rubor.

El proceso de la calificación presidencial en nuestro país es largo, tortuoso y ofrece una serie de garantías a los perdedores para interponer una batería de recursos ante un Tribunal especializado. Su duración: alrededor de dos meses. En Venezuela no hay nada parecido. Se votó el 14 de abril, al día siguiente se proclamó al vencedor y el 19 tomó posesión. Una calificación rápida e incontrovertible por la vía jurisdiccional. Las impugnaciones se presentan ante el Consejo Nacional Electoral como antes sucedía entre nosotros. Hasta 1986, en México, si un partido político no estaba de acuerdo con una resolución de la Comisión Federal Electoral podía impugnarla... ante la propia CFE.

Las diferencias también son oceánicas en el ambiente que rodea a los comicios y su secuela. El lenguaje del oficialismo venezolano es polarizante, no reconoce legitimidad a sus adversarios. Si no se encuentran alineados con él es porque expresan al antipueblo, a la reacción, al fascismo. Por ello pueden -según ellos- legítimamente impedir que se manifiesten, amenazar con destituir a un gobernador electo (Capriles) y callar a los diputados que no acepten el veredicto del CNE. Dígase lo que se diga, en materia de libertades y ejercicio de derechos son dos situaciones muy diferentes. El postelectoral mexicano de 2006 fue en extremo polarizado, tenso, difícil. Los ánimos estaban exaltados y las relaciones se volvieron tirantes, pero quienes se inconformaron con los resultados oficiales pudieron expresarse públicamente sin cortapisas y ejercer su derecho a la protesta y la manifestación pacíficas. Sus diputados y senadores consiguieron decir desde las tribunas del Congreso lo que quisieron, sin barrera alguna.

Sé que en materia electoral las comparaciones son difíciles, no solo odiosas, entre otras cosas porque las normas en ese terreno se parecen a los trajes a la medida, es decir, son fruto de experiencias singulares, intransferibles. Pero ya que las comparaciones se han multiplicado no creo que haga demasiado daño remarcar las diferencias.

*Reforma 25-04-13

miércoles, 24 de abril de 2013

UNAMonos*


EDGAR CORZO SOSA

Al día de hoy, siguen tomadas las instalaciones de la Rectoría de la UNAM por un grupo de personas “sin rostro”. Su actitud vandálica y sin sentido está lacerando, minuto a minuto, la libertad de todos los universitarios, de toda la sociedad.

Hay que dejar claro que los actos de violencia realizados son rechazados por la sociedad. Ninguna disconformidad, por más urgente que sea, puede tener como punto de partida la violencia y mucho menos la comisión de delitos. La manera de manifestar sus ideas los ha desacreditado por completo. A nadie se le puede permitir que destruya sin respeto alguno y después pretenda sentarse a negociar.

Invito a los “sin rostro” a que imaginen la siguiente situación. Un grupo de jóvenes de su colonia, a quienes han recibido en varias ocasiones en su casa e incluso han invitado a comer, llegaron pateando y rompiendo los cristales de su morada y después, como si nada hubiera pasado, quieren sentarse tranquilos a comer y a dialogar con ustedes con la intención de que el último acto vandálico que aquéllos cometieron, en que lesionaron a dos hermanos que habitan en la casa, no repercuta en su contra. Si los “sin rostro” logran imaginar esto, entonces sentirán lo que estamos viviendo los universitarios y la sociedad en general: incomprensión, indignación, injusticia y desprestigio institucional.

¿Y qué hacer? Ni duda cabe que mientras no se entreguen las instalaciones no hay motivo para entablar diálogo alguno. Por ello, respaldamos la determinación del Rector en el sentido de no entablar ningún tipo de comunicación mientras no entreguen las instalaciones; determinación que han hecho suya los universitarios y la sociedad. El mensaje es claro: nunca la violencia puede ser moneda de cambio.

Debe quedar claro que entablar una comunicación no significa “negociar”, ya que no puede ser materia de negociación las expulsiones de que fueron objeto algunos de los “encapuchados”, sobre todo después de haberse seguido un procedimiento contradictorio en el que participaron por haber cometido otros actos vandálicos, lo que pone en evidencia que son reincidentes y eso agrava todavía más su actuar. La aplicación de la ley o de la Constitución no se negocia, no en un Estado de Derecho.

No hay que olvidar, sin embargo, que los “sin rostro” ya dañaron la propiedad universitaria y que se están apropiando indebidamente de una propiedad que no es suya sino de la sociedad en general e inclusive es patrimonio cultural de la humanidad. Por tanto, al estar cometiendo delitos federales las autoridades universitarias hicieron bien en presentar las denuncias correspondientes. No hay ningún argumento alguno que justifique su actuar. Ni la intervención de instancias financieras internacionales, ni la supuesta privatización de la Universidad ni la invocación a una autonomía universitaria malentendida. Sólo son pretextos que lo único que evidencian es lo arbitrario de su actuar.

La Torre de Rectoría no puede estar ni un minuto más como rehén de unos delincuentes que lo único que quieren es que se les exculpe de todas sus fechorías. El tiempo prácticamente se ha agotado. Si en breve lapso continúa la sinrazón de los “sin rostro” no queda otro remedio que recuperar las instalaciones utilizando la fuerza pública. Ésta no es una solución deseada pero si necesaria. La fuerza pública es una medida extrema válida porque está reconocida por el derecho. Las autoridades universitarias han agotado todos los medios que están a su alcance, por lo que ahora corresponde intervenir a la Procuraduría General de la República recurriendo a la fuerza pública.

Es muy importante que llegados al uso de la fuerza pública las acciones a realizar se enmarquen escrupulosamente en la ley, y es de vital importancia que se respeten los derechos humanos, por tal razón resulta necesario convocar a los órganos que tienen por tarea la defensa de los derechos humanos para que estén presentes. Así no habrá excesos y en caso de darse se contará con los elementos probatorios necesarios para proceder contra quien haya hecho mal uso de la fuerza.

Entregadas las instalaciones, si los “sin rostro” están en desacuerdo por la expulsión de algunos de sus compañeros del CCH o la de ellos mismos, entonces podrán acudir a las vías previstas para manifestar su contradicción, pero vías que deben ser pacíficas y conforme a lo establecido en las leyes.

En la medida que el actuar de los “encapuchados” se apegue a lo que la sociedad y las leyes exigen, en esa medida puede lograrse un entendimiento universitario que mantenga la vida universitaria en armonía.  Los “sin rostro” no tienen mucho margen de acción. El oxígeno se les está acabando y mientras tanto vale la pena reiterar: UNÁMonos todavía más los universitarios y la sociedad para no dejar ni un resquicio a la sin razón de unos cuantos.

*Hechos y Derechos 23-04-13

FRAUDE INTELECTUAL Y DOGMAS ECONÓMICOS*

RICARDO BECERRA LAGUNA

Habían descubierto el umbral científico de la responsabilidad macroeconómica. Se suponía que la historia, la teoría y la estadística habían encontrado una fusión feliz. Las ecuaciones expansivas de Keynes habían encontrado su frontera matemática.

e ahora en adelante ningún gobierno, ningún político, ningún economista, podría ignorar la VERDAD (así, con mayúsculas): dos extraordinarios y clarividentes economistas habían encontrado la proporción mágica: el 90 por ciento de deuda (en relación al PIB de ese país) resulta el límite infranqueable (algo así como la velocidad de la luz, si la traspasas, desapareces), si lo superas, te condenarás a vivir décadas  de estancamiento o depresión.     
El formidable hallazgo fue publicado en enero de 2010, en plena crisis de las deudas europeas. Se llamó Growth in a Time of Debt y sus autores, Carmen Reinhart y Kenneth S. Rogoff de Harvard eran ya dos famosos por un libro directamente vinculado a su última investigación: (Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera, Fondo de Cultura Económica).
Pero, gracias a uno de esos contextos de exigencia gringos, que sus pares, otros tres economistas (esta vez de la Universidad de Massachusetts) pidieron las bases de datos y las corridas (¡en Excell!) que daban sustento a la nueva ley universal del 90 por ciento. Fue entonces que la refinada construcción intelectual comenzó a caer en pedazos.              
Como ha explicado Paul Krugman, los académicos de Boston descubrieron que  Reinhart y Rogoff “habían omitido algunos datos” convenientemente… “emplearon unos procedimientos estadísticos poco habituales y muy cuestionables… y finalmente, sí, cometieron un error de codificación de Excel”. En otras palabras: cucharearon algunas cifras para que acomodaran a sus conclusiones (no al revés).
No es la primera vez que pasa. Quiero decir: no es la primera vez que supuestas, sofisticadas, construcciones académicas, mienten, pero mientras se descubre, adquieren fama, encumbran a sus autores y sobre todo, prestan valiosos servicios a los dogmas y a las decisiones de la ortodoxia financiera en curso.
Otro ejemplo: el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para la economía europea en 2011. Como toda previsión, está basada en supuestos, en relaciones y proporciones preconstruidas: si esta variable sube, aquella otra asciende un tanto por ciento. Así se hace: santo y bueno.
Pero una cosa es la imprecisión de un modelo y otra muy diferente, la subestimación sistemática de cosas tan importantes como el crecimiento de un país.
Así, el FMI, prejuzgaba que el gasto público tiene un impacto bastante menor en las economías del viejo continente y en cambio, sobreestimaba el papel de emitir billetes. ¿Les suena? El modelo era una añagaza para “demostrar” que Keynes y la actuación masiva de los Estados no sirve, y en cambio, los Bancos Centrales deben ser venerados como modernos héroes de la política económica.  
En una revisión de sus propios errores, los ingleses aceptaron que “el multiplicador fiscal promedio durante los dos últimos años tendría que haber sido de 1.3, más del doble del estimado por nosotros” (Robert Skidelsky, Modelos de mal comportamiento. Diciembre 2012, PS). Y una vez descubierto, el FMI tuvo que hacer una expiación similar.    
En México también hemos padecido de esas licencias aunque de un modo más pedestre y tropical.
Recuerdo que en algún momento de 2001, la Secretaría de Hacienda de Gil Díaz, hizo presentar al incauto del Presidente Fox, una proyección del crecimiento económico en distintos “escenarios”: “con” reformas estructurales y “sin” reformas estructurales. Y claro: en las láminas de power point aparecía clara, prístinamente, cómo el primer escenario –el de las reformas estructurales- era notablemente superior al segundo.
Pedí el estudio y la base de datos por la ley de transparencia, y después de muchos circunloquios, Hacienda me respondió: el estudio no existe.
Algo parecido volvió a pasarme recientemente: durante el debate de la reforma laboral, desde la Secretaría del Trabajo, alguien anunció con precisión matemática que 400 mil empleos serían creados por su efecto. Pedí estudio, método y bases de datos y la respuesta fue la misma: el famoso cálculo “no se encuentra en sus archivos”.
Soy de los que cree que estas cosas no son mera anécdota, sino todo un síntoma. Se toman decisiones económicas por ideas preconcebidas, prejuicios, modelos de mal comportamiento, ajustados a modo. 
Quiero decir: la ortodoxia económica, necesita de vez en vez, del fraude intelectual.

*La Silla Rota 21-04-13

PEÑA Y LA PARCIALIDAD INSTITUCIONAL*


JOHN ACKERMAN

Enrique Peña Nieto se equivoca en su diagnóstico de la problemática nacional. Insiste que el principal reto es la construcción de un “Estado fuerte” y el fortalecimiento de la oficina presidencial, cuando en realidad lo que hace falta es la reorientación del formidable poder gubernamental hacia la defensa del interés público y el desarrollo nacional. Nuestras dificultades no surgen de una supuesta debilidad del Estado mexicano como tal, sino de su utilización parcial y el aislamiento de la clase política de la sociedad.

El desastre de los 12 años de gobiernos panistas se debe a que Vicente Fox y Felipe Calderón conscientemente utilizaron la silla presidencial para favorecer a sus amigos y atacar a sus rivales. El legado más importante, la “alternancia”, es la enorme acumulación de poder y riquezas en las manos de Televisa, Carlos Slim y El Chapo Guzmán. Las recientes liberaciones del general Tomás Ángeles y del exsubprocurador Noé Ramírez Mandujano comprueban una vez más la parcialidad de la actuación de las instituciones bajo el mandato de Calderón.

Hoy Peña Nieto envía señales de absoluta continuidad. La detención de Elba Esther Gordillo, la utilización de programas sociales para fines políticos en Veracruz, la extraña ventilación pública del caso de Ricardo Monreal y el sorpresivo otorgamiento de amparos a MVS Comunicaciones para que pueda seguir gozando de sus concesiones de banda ancha 2.5 Ghz, todos demuestran que sigue vigente la política de utilizar la ley y las instituciones con fines políticos y para pagar favores personales.

Por mucho que Gordillo sea un personaje políticamente indefendible y muy probablemente corrupto, la forma y el fondo de su detención respondieron a evidentes coyunturas e intereses políticos (mi análisis aquí: http://ow.ly/kbLZp). Con respecto a Monreal, no existía necesidad alguna de publicitar el supuesto plan de atentado en su contra. Las declaraciones en los medios de comunicación tanto del procurador Jesús Murillo Karam como del mismo Monreal solamente tienen lógica dentro de un contexto en que el gobierno federal estaría utilizando los múltiples esqueletos que el político zacatecano tendría en su proverbial “clóset” para silenciar a una de las voces más fuertes de la oposición política.

El caso MVS es también llamativo. El actual subsecretario de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, fue durante años director jurídico de MVS Comunicaciones y litigó personalmente el asunto de las concesiones de la banda 2.5 Ghz. El año pasado el mismo presidente de MVS, Joaquín Vargas, hizo públicos sus intercambios con Javier Lozano en el caso de Carmen Aristegui, evidenciando la absoluta disposición del empresario a negociar contenidos y espacios con el gobierno. La sorpresiva cancelación de mis propias participaciones en este mismo medio respondió a la misma lógica. Todo parece indicar que Vargas será el nuevo empresario mediático apapachado por el régimen, equivalente a lo que ocurrió con Emilio Azcárraga durante las administraciones de Fox y Calderón.

Con absoluta razón entonces 73% de la población mexicana se encuentra “insatisfecha con el funcionamiento de la democracia”, de acuerdo con Latinobarómetro, y solamente 38% de los ciudadanos tienen “interés en los asuntos que se discuten en el Congreso”, según la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional del IIJ-UNAM. Existe una justificada desconfianza ciudadana en los políticos y en las instituciones realmente existentes porque no han funcionado para resolver los problemas de la gente. De acuerdo con un estudio de la ANUIES, por ejemplo, de seguir las tendencias económicas actuales, para 2020 solamente 6% de los jóvenes egresados con licenciatura al año encontrarían un empleo de calidad.

No debería sorprender a nadie entonces la velocidad con la cual se ha desgastado la imagen pública del Pacto por México. De acuerdo con una encuesta de la empresa Parametría (http://ow.ly/kaf6V), hoy solamente 21% de la población cree que el pacto “beneficiará a gente como usted” y 31% cree que les “perjudicará”. Únicamente 35% de los encuestados creen que el pacto beneficiará “al país”. Los ciudadanos tienen claro que el pacto no es más que un acuerdo entre los mismos políticos desacreditados de siempre para avanzar sus propios intereses.

Los ciudadanos mexicanos aparentemente no son tan fácilmente manipulados y engañados como lo imaginan los grandes consorcios mediáticos. Otro ejemplo es que, de acuerdo con el periódico Reforma, Peña Nieto inicia su mandato con una tasa de aprobación ciudadana (50%) menor que cualquier presidente mexicano al inicio de su sexenio en las últimas dos décadas. Hasta Ernesto Zedillo, quien asumió la Presidencia en diciembre de 1994 en medio de una doble crisis económica y política de enormes proporciones, con una fuerte devaluación del peso y un movimiento guerrillero en Chiapas, inició su mandato con una tasa de aprobación (53%) más alta que la de Peña Nieto.

Aun Calderón inició su sexenio con mayor entusiasmo ciudadano. Después de las conflictivas elecciones de 2006, todavía 58% de la población aprobaba la gestión de Calderón en marzo de 2007. Y no existe comparación desde luego con la histórica “luna de miel” de Vicente Fox, quien inició su mandato con 70% de aprobación ciudadana.

El desgaste del Pacto por México y la debilidad de Peña Nieto son buenas noticias para las luchas ciudadanas a favor de la construcción de un nuevo Estado que defienda el interés público. Significa que el juego de intereses y de manipulación institucional de la vieja clase política podría estar acercándose a su fin y que la sociedad mexicana pronto tendría su día.

*Proceso 24-04-13

UNAM: AUTONOMÍA NO ES AISLAMIENTO*


PEDRO SALAZAR UGARTE

La autonomía es la condición en la que se encuentra una persona o una institución que, para ciertas cosas, no depende de nadie. Eso dicta el diccionario y sugiere el sentido común.
El ente autónomo puede crear sus normas y contar con órganos propios, pero ello no supone que habite en una isla apartada de los demás. Valga esta premisa para reflexionar sobre los límites que enmarcan la actuación de las autoridades de la máxima casa de estudios frente al hostigamiento y los embates de los vándalos que han asaltado a la rectoría en estos días.
La reflexión es importante porque no faltan las voces y los estrategas de la tinta que, con buenas o malas intenciones, desde la opinión pública y la palestra mediática, denuncian omisiones y sugieren acciones por parte de los directivos de la universidad. Ello bajo la premisa --implícita o declarada-- de que lo que sucede en la UNAM sólo es un problema de la UNAM.
La universidad pública más importante del país es parte del Estado mexicano y ha sido un actor clave en su consolidación y en su transformación democrática. Los universitarios, desde los cubículos, los libros y las aulas, han incidido en el devenir nacional como pocos actores sociales.
La UNAM ha sido y sigue siendo una institución que no ha claudicado de su responsabilidad y que ha asumido --en las buenas y en las malas-- su papel de conciencia crítica y factor de transformación cultural, política y social. Sin duda ha tenido sus problemas y sus momentos, pero ha sido un catalizador de la pluralidad, un medio para la inclusión y un factor de estabilidad. Sólo por eso merece un reconocimiento y puede esperar --legítimamente-- una actitud corresponsable por parte de las autoridades, de la opinión pública y de la sociedad cuando es víctima de delitos como los perpetrados en estos días y los que tuvieron lugar en el CCH Naucalpan. No nos confundamos: golpear personas, prender fuego a instalaciones, invadir y ocupar espacios públicos son conductas delictivas.
Las autoridades de la universidad han acudido a las instituciones responsables de procurar justicia para presentar las denuncias correspondientes. El rector Narro ha advertido que no cederá ante el chantaje y que agotará las vías institucionales. Entonces, ¿en dónde está la omisión que algunos acusan?
Dice Fernando Escalante que "para lidiar con 20 encapuchados bastarían dos patrullas" (La Razón, 23/04/13). Tal vez tenga razón, pero me pregunto: ¿quién debe enviarlas y asumir la responsabilidad de esa acción policiaca? La UNAM no es ministerio público y no tiene facultades para ejercer la violencia estatal. Valga la obviedad: es una universidad, no una entidad federativa. Así que, en todo caso, si de lo que se trata es de identificar funcionarios omisos, éstos no están en Ciudad Universitaria. Y lo mismo vale para la prevención de estos hechos reprobables: la UNAM denunció los acontecimientos en Naucalpan desde febrero y hoy estamos donde estamos.
La autonomía sirve para activar los mecanismos internos de discusión sobre los problemas universitarios, para involucrar a la comunidad en defensa de la institución y de los principios que la distinguen: la reflexión, la deliberación, el acuerdo. También vale para repudiar el abuso y el chantaje. Y eso sólo es una parte de lo que cotidianamente hace la universidad para desterrar el fantasma de la violencia.
Hoy las aulas están repletas de estudiantes formándose para el futuro, de profesores impartiendo clase, de investigadoras pensando y escribiendo, de administrativos mantenido activa una infraestructura impresionante y de directivos gestionando trámites, procesos y proyectos. Todo eso mientras unos facinerosos acampan en la rectoría. Nadie niega que esto último altera la rutina universitaria y lastima la imagen de la universidad, pero ésta funciona y produce. Hay que afinar la puntería al identificar a los destinatarios de nuestros reclamos, porque los violentos y los omisos están en otra parte.

*El Universal 24-04-13

AUTONOMÍA LIMITADA*


JORGE ALCOCER

Aunque la historia de los organismos autónomos, como el IFE, la CNDH, el Banco de México y el INEGI, es breve, existe consenso entre los especialistas en que la característica definitoria de la autonomía es que se ejerce frente a los demás órganos del Estado, llámense poderes o entes públicos; salvo en lo que hace a la facultad de la Cámara de Diputados para fijar el presupuesto de egresos de los organismos dotados de esa calidad constitucional, en lo demás tienen libertad para ejercer las atribuciones que las leyes les otorgan.

Esos organismos no son autárquicos, están sujetos a controles que las propias leyes establecen. Por ejemplo, las resoluciones del IFE son impugnables ante el TEPJF, y en el ejercicio de los recursos que año con año se le asignan, su Contraloría Interna dispone y ejerce de facultades de vigilancia y fiscalización; al titular de esa Contraloría lo designa la Cámara de Diputados, ya que a esta corresponde elegir a los consejeros electorales y al consejero presidente.

Es posible que esta semana quede concluido, en lo que hace al Congreso de la Unión, la reforma que, una vez aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, dará lugar a dos nuevos organismos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel); parecería que la propuesta de otorgar autonomía de rango constitucional a esos dos organismos reguladores por fin quedará atendida.

Sin embargo, a la vista de lo aprobado -hasta ahora- por las dos Cámaras, cabe la pregunta sobre el alcance de la autonomía que se está otorgando a la Cofeco y al Ifetel, respecto de los cuales se establecen modalidades que permiten aseverar que estamos ante un modelo de autonomía limitada, en comparación con la otorgada a los organismos primeramente citados.

La primera diferencia estriba en el método para la designación de los futuros comisionados, en los que habrán de intervenir, en primera instancia, un Comité Técnico de Evaluación, que tendrá la facultad de calificar a los aspirantes para integrar, por cada vacante, una lista de entre 3 y 5, que será turnada al presidente de México, quien de cada lista escogerá uno, no queda claro si para proponerlo o para designarlo. El seleccionado por el Ejecutivo pasará al Senado para su "ratificación", por el voto de dos terceras partes. Hago notar la confusión en que incurre la minuta, a revisión en Diputados: es de toda obviedad que si el Ejecutivo propone, entonces el Senado designa; solamente si el Ejecutivo designa, el Senado ratifica. Las "propuestas" no pueden ser sometidas a ratificación, eso es una contradicción de términos que contiene la citada minuta.

La autonomía supone la inamovilidad de los integrantes de los órganos de dirección de los organismos a los que se otorga tal calidad. En el caso del IFE, para remover de manera anticipada consejeros electorales fue necesario disponerlo desde la propia Constitución. En alto contraste, los comisionados de la Cofeco y del Ifetel podrán ser removidos por el Senado, y aunque se establece que eso sólo podrá ocurrir por faltas "graves", conforme a la ley, es una espada de Damocles sobre las cabezas de aquellos, que además son sujetos de juicio político.

Una tercera limitación a la autonomía es la obligación que se impone a los presidentes del Ifetel y la Cofeco de presentar, anualmente, un Programa de Trabajo, y trimestralmente un informe, ante las dos Cámaras y el Ejecutivo, debiendo comparecer cada año ante el Senado, y ante cualquiera de las dos Cámaras cuando sean citados. El Ejecutivo podrá solicitar a aquellas que los citen a comparecer.

Al Ifetel se le está adhiriendo -¡en un artículo transitorio!- un "Consejo Consultivo" honorario, figura inédita en organismos con dirección colegiada. De los autónomos existentes a la fecha, solamente la CNDH, que tiene una presidencia unipersonal, cuenta con un órgano consultivo permanente, nombrado por el Senado.

También es extraño que los contralores internos de los dos nuevos organismos sean nombrados por la Cámara de Diputados, siendo que el Senado será quien designe -o ratifique- a los comisionados. Es como si el Senado designara al contralor del IFE.

Tanta creatividad solo se entiende para limitar a los nuevos órganos "autónomos".

*Reforma 23-04-13

UNAM: EL CHANTAJE DE LOS POCOS*


MIGUEL CARBONELL

La UNAM está inerme frente a los violentos. La toma de la Rectoría (una más, de las muchas que ha sufrido la Universidad a lo largo de su historia) por 20 sujetos incapaces de articular una sola demanda concreta, armados con tubos y palos, con el rostro cubierto, demuestra que la Universidad cuenta con escasos medios para ser defendida. 

La postura del Rector Narro ha sido encomiable. En primer término ha presentado ante la autoridad competente (la PGR) la denuncia de hechos por la comisión de varios delitos. En segundo lugar ha dicho que no habrá diálogo con los violentos. En tercer término ha apostado a la responsabilidad de los universitarios para que el edificio sea devuelto lo antes posible. 

Eso es mejor que provocar un escalamiento de la violencia, que es lo que están buscando los asaltantes de la Rectoría. Saben que sus incomprensibles demandas no tienen ni sustento ni futuro y apuestan a "calentar" el ambiente para lograr un mayor apoyo. Les conviene la violencia y la están buscando provocar, afanosamente. 

Aunque la toma del edificio es una ofensa y además es un delito, lo cierto es que la Universidad sigue trabajando. Miles de alumnos llegan cada mañana armados (ellos sí), con libros, computadoras y libretas, dispuestos a seguir estudiando sin desmayo. Cientos de profesores e investigadores cumplen igualmente con su trabajo, sin distraerse en estériles confrontaciones, que en el pasado tanto daño causaron a nuestra Universidad. 

Por eso es que el tiempo juega a favor de los verdaderos universitarios. Los violentos seguramente se cansarán y abandonarán su inaceptable actitud. Eso sí: deberán enfrentar las consecuencias de sus actos. Sería un pésimo mensaje si se permitiera la impunidad, pues los daños al edificio (que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO) tendrán que ser pagados con el dinero de todos los contribuyentes. 

Un papel impresionante lo han jugado los estudiantes (los de verdad, quienes por serlo no necesitan taparse el rostro y romper vidrios), quienes se han manifestado junto al edificio de Rectoría demandando su devolución a las autoridades. Algunos de ellos han incluso intentado dialogar con los asaltantes, pensando que pudieran éstos ofrecer algún argumento, alguna mínima razón que justifique sus acciones delictivas. Pero no obtuvieron nada, como es obvio. De esos sujetos no salen razones, sino simplemente discursos delirantes por medio de los cuales pretenden reivindicar cosas bien concretas. Por ejemplo, piden como condición para terminar con su ilegal toma de la Rectoría que se termine con la explotación que conlleva el sistema capitalista. Sería de risa, sino fuera porque los que pronuncian esa "reivindicación" (por llamarla de algún modo), están armados por palos y tubos. 

Lo peor de todo es que hay "intelectuales" (pocos; bueno, solamente uno, en rigor) que los justifican, ya que pretende ver nexos entre los asaltantes de Rectoría y la lucha magisterial en Guerrero y Oaxaca. Es el mismo delirio, pero enfocado desde otro punto de vista. 

Veremos en qué termina todo. De momento las autoridades universitarias han demostrado temple y prudencia. La comunidad entera está con ellas. Y lo estará también si deciden recurrir a la aplicación de la ley, que para eso está. El diálogo y el ejercicio de la paciencia siempre son recomendables, pero no hay que descartar el uso de la legalidad, que nos protege a todos los que queremos una Universidad abierta y trabajando, para rendirle buenas cuentas a los ciudadanos que financian con su dinero el presupuesto universitario.

*Nexos 24-04-13

viernes, 19 de abril de 2013

EDUCACIÓN: NI EL GARROTE NI EL MACHETE*


CIRO MURAYAMA RENDÓN

La situación de la educación básica en México es crítica, tal como lo comenzaron a documentar los estudios de Gilberto Guevara Niebla desde los 90 del siglo pasado ("La catástrofe silenciosa") y como confirman los resultados de la prueba PISA de la OCDE. Pero a la mala calidad de la educación la acompaña, con demasiada frecuencia, una pésima calidad en el debate sobre la propia educación. Es el caso de las dos visiones extremas, que sin embargo se retroalimentan y justifican una a otra, que por un lado señalan como único culpable del desastre educativo al profesorado y, por el otro, denuncian que el problema es un mero intento privatizador y de violación de los derechos laborales del magisterio.

Por fortuna, tenemos una reforma al artículo 3° constitucional que, sin ser una reforma integral para la educación, sí da un piso para enfrentar los problemas en una de las dimensiones más relevantes: el acceso, promoción y permanencia de los maestros.

Para quienes han simplificado el diagnóstico y dispuesto de importantes plataformas mediáticas para defenestrar al profesorado (a través de películas y espacios en cadenas de televisión que mucho contribuyen a destruir el trabajo del sistema educativo), la única variable que explica la mala educación es la baja formación del docente, su pereza y falta de compromiso. En esa lógica la evaluación al desempeño debe servir como garrote frente a malas prácticas y malos maestros. Se ignora, desde esa perspectiva, que aun en condiciones sociales adversas para los alumnos, con rezagos lamentables en infraestructura escolar básica, con responsabilidades laborales que implican con mucha frecuencia atender a varios grados de primaria a la vez, hay millones de niños que cada año son bien formados, que obtienen resultados satisfactorios incluso en la prueba PISA. Hay miles de maestros comprometidos, responsables y trabajadores. En la andanada contra los maestros de la escuela pública se olvida intencionadamente que los resultados de la escuela privada en la prueba PISA también dejan qué desear, y que la variable que más favorece a este tipo de educación es precisamente el nivel socioeconómico de los alumnos y no la calidad de su enseñanza.

Desde el otro extremo, quienes denuncian conspiraciones imperialistas para privatizar la escuela pública y despojar sin más de sus derechos a los trabajadores de la educación, se reivindican prácticas contrarias a la calidad educativa e incluso francamente corruptas en la asignación de plazas y en la promoción de los maestros. La negación de toda responsabilidad magisterial en la mala calidad de la educación termina por desconocer el derecho a la educación de niños y jóvenes. Esta reacción, que cierra vías de comunicación y pretende intimidar a gobernantes, legisladores y ciudadanos, la del machete que quiere descabezar la reforma constitucional, es del todo funcional al discurso antimagisterial y antisindical.

Pero entre ambos extremos hay un campo abierto para hacerse cargo de la complejidad de los problemas educativos y para poner en marcha una evaluación que sirva como un instrumento de mejora educativa y no como simple herramienta de castigo o simulación.

Las leyes secundarias deberán precisar cómo ha de realizarse una evaluación que atienda a la heterogeneidad social del país, pues como afirma Olac Fuentes: sería un error pretender pruebas estandarizadas porque los niños de México no son estandarizables, ni sus familias y comunidades ni sus condiciones de vida. Las competencias de los maestros deben medirse no en exámenes de opción múltiple, sino en su desempeño en el aula, y eso implica ir a los salones de más de un millón y medio de docentes, lo cual revela que evaluar bien va a ser un reto formidable.

*El Universal 18-04-13

¿QUÉ HUBIERAN DADO?*


JOSÉ WOLDENBERG

En solidaridad con los compañeros de Mural.

El 6 de septiembre de 1958 los líderes magisteriales de la sección IX del SNTE, presididos por Othón Salazar, fueron arrestados, luego de que la manifestación que encabezaban fue reprimida. ¿Qué hubieran dado entonces por contar con una Comisión de Derechos Humanos que diera fe de lo sucedido? El 28 de marzo de 1959 el Ejército ocupó las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales y los locales sindicales. Miles de trabajadores fueron despedidos y los principales dirigentes acabaron en la cárcel. Demetrio Vallejo y Valentín Campa estuvieron en prisión más de 11 años. Su delito: ejercer el derecho de huelga. ¿Qué hubieran dado por que los abusos contra ellos se hubieran documentado en la prensa de entonces? Y los médicos residentes en 1965 y los estudiantes en 1968 y los del 10 de junio de 1971, y tantos más... ¿Qué hubieran dado porque la idea de que todos portamos derechos que no pueden ser vulnerados por la autoridad se estuviera convirtiendo en hegemónica?

Son preguntas absurdas, ilógicas por atemporales, emparentadas con aquella especulación juguetona que decía: "si mi abuelita tuviera ruedas...", pero que sirven para subrayar la importancia y el significado del informe del ombudsman capitalino sobre los sucesos del 1o. de diciembre. Porque la recomendación de Luis González Placencia ofrece toda su luz leída como un eslabón significativo en el largo, tortuoso e inacabado proceso por hacer del respeto irrestricto a los derechos humanos el basamento de nuestra convivencia.

Se trata de una especie de iceberg, donde la recomendación es apenas la cúspide; pero bajo la cual se encuentran aquellas pequeñas agrupaciones que clamaban por la libertad de los presos políticos a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta; el movimiento del 68 por las libertades democráticas y contra los abusos de la policía; las organizaciones que en los años setenta denunciaron las aprehensiones sin orden judicial, las torturas, los asesinatos y las desapariciones como secuela de la "guerra sucia"; las movilizaciones por el respeto a los derechos humanos en el marco de la "guerra" contra el narco; y también las respuestas estatales como la creación, primero, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego de comisiones similares en todas las entidades hasta la crucial reforma del artículo primero de la Constitución. En fin, un duro proceso.

Están también los avances tecnológicos que hoy ayudan a que "las cosas" difícilmente puedan ocultarse. Si hubiera que ejemplificarlo, ahí está el testimonio filmado de la aprehensión el 1o. de diciembre de un joven de chamarra azul que puede observarse en el informe de la CDHDF. Es solo un botón de muestra, pero (creo) significativo. Se ve con claridad que el chavo está solamente filmando la detención de una persona. No hace nada más, solo graba, en medio de un pequeño grupo. De repente, dos policías arremeten contra él y se lo llevan. Pero, ¡oh sorpresa!, alguien más estaba filmando a quien estaba filmando, y su testimonio es fundamental para probar que el joven de la chamarra azul no estaba haciendo nada ilegal. Las nuevas tecnologías ayudan, como nunca antes, a documentar los hechos. Decenas, centenas, quizá miles de personas logran testimonios gráficos de los acontecimientos y ello sirve para crearles un contexto de exigencia inédito a las autoridades.

Pero más allá de la apropiación masiva de las nuevas tecnologías hay un profundo cambio en el ambiente en relación a la centralidad de los derechos humanos. Si en los años enunciados en el primer párrafo la noción ni siquiera era utilizada por las víctimas, hoy se ha expandido y no existe institución o personaje público que no haga una reverencia retórica ante ellos. Si uno lee con detalle la recomendación de la CDHDF, aparece todo el cuerpo normativo que intenta cerrarle el paso a las detenciones arbitrarias y a los malos tratos. Cada uno de los eslabones del presunto andamiaje de la justicia es analizado: la actuación de la policía, del ministerio público, de la jueza, de los custodios. Cada uno tiene facultades pero también responsabilidades y límites y está obligado a asumir que los "presuntos culpables" tienen derechos: a conocer por qué se les detiene, a ser llevados ante autoridad competente a la mayor brevedad posible, a su integridad personal (lo que supone un dique a los "tratos crueles, inhumanos o degradantes" y a la tortura). Porque como bien dice la resolución de la CDHDF los "derechos a la manifestación y a la protesta pacíficas" son irrenunciables y puntal de la democracia.

Y el contexto ha cambiado también para los policías. El abuso, la violación de derechos, la impunidad -que no se han erradicado- hoy se enfrentan a un ambiente menos permisivo, a instituciones protectoras de los derechos humanos, a medios más abiertos y libres, a una parte de la sociedad que demanda justicia y no impunidad para los transgresores de la ley, pero en el entendido que incluso estos últimos tienen derechos que no pueden ser atropellados.

*Reforma 18-04-13

BOMBA POLÍTICA*


CARMEN ARISTEGUI

El PAN ha dado un violento golpe de timón en su relación con el PRI y con el gobierno federal. Ha hecho tambalear el Pacto por México y ha dejado puesta la primera gran bomba política del sexenio del PRI, con Enrique Peña Nieto en la Presidencia de México.

En conferencia de prensa -junto con el excandidato Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz y los coordinadores parlamentarios Cordero y Villarreal- Gustavo Madero presentó, este miércoles, un conjunto de grabaciones que muestran a funcionarios y exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, y a candidatos y representantes del PRI, como parte activa en por lo menos ocho reuniones del llamado "Grupo Boca del Río", realizadas entre el domingo 3 de febrero y el domingo 7 de abril del año 2013, durante las cuales organizan y evalúan durante horas las estrategias y procedimientos para la utilización masiva de las estructuras, recursos, padrones de beneficiarios y demás elementos de los programas sociales del gobierno federal como Oportunidades o el Seguro Popular.

En las reuniones en las que participan poco más de 50 personas, entre ellas Fidel Herrera, y que fueron grabadas por alguna persona que se encontraba en la primera fila -a juzgar por el espacio libre que hay entre el receptor de imágenes que se encuentra oculto y el presídium- se escuchan las voces de quienes conducen lo encuentros, leen lista de presentes, dan la palabra y presentan por nombre a los oradores.

El PAN tiene en su poder 13 horas de grabaciones de las cuales aproximadamente dos horas y media son con video y el resto solo registran el audio del lugar.

Se escuchan afirmaciones y conductas que violan flagrantemente la ley y dejan al descubierto el uso franco y llano de recursos gubernamentales puestos al servicio del PRI para las elecciones que se realizarán el próximo mes de julio en el estado de Veracruz.

La evidencia es demoledora y deberá traer consecuencias.

El viraje que da el PAN esta semana con las revelaciones coloca a Enrique Peña Nieto en una encrucijada.

El dirigente del PAN le echa en cara, en una misiva que le envió e hizo pública, que: "Los compromisos democratizadores y reformadores ...del Pacto por México...no se están acatando ni por los funcionarios federales de su gobierno ni por los gobernadores de los estados donde gobierna su partido.

"Cada día, tenemos más evidencias de que en los 14 estados donde se llevarán a cabo elecciones este año se están utilizando estructuras, recursos y programas federales para impulsar a candidatos del PRI.

"Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, y del Gobierno del estado de Veracruz representado por Javier Duarte...".

Con las grabaciones en la mano el PAN le pide a Peña que: Integre la PGR la averiguación por la denuncia penal que ya presentaron contra funcionarios federales y estatales; que se separe de sus cargos a Robles y Duarte; que se destituya a los funcionarios federales involucrados; que se destituya a los delegados federales, operadores políticos encargados de los programas sociales y de salud; que Sedesol suspenda las bajas de beneficiarios en los programas de apoyo social, hasta que se transparente su uso; que la SHCP investigue las cuentas de cheques de los gobiernos de los 14 estados, en particular una mencionada del gobierno de Veracruz, radicada en Puebla, y que se convoque a una mesa con los tres presidentes de los partidos para dar seguimiento a denuncias sobre uso indebido de programas y recursos federales.

Al momento de escribir estas líneas, solo se había destituido a seis de los funcionarios de Sedesol involucrados en el Caso Veracruz y solo habían "separado de su cargo" a Ranulfo Márquez, hoy delegado de Sedesol y hasta hace dos años presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y operador político electoral en las campañas de Miguel Alemán y Fidel Herrera para gobernador. ¿Sabía eso Rosario Robles de su delegado en Veracruz, al que solamente retiró del cargo pero no destituyó y mucho menos denunció, en medio del escándalo?

Aunque fuerte, la bomba del PAN no logró revertir los efectos causados desde las esferas gubernamentales y de justicia, que asestaron fuertes golpes a las actuaciones del sexenio anterior. La sentencia absolutoria a Noé Ramírez Mandujano, la liberación del general Tomás Angeles Dauahare y los cuatro amparos para MVS se suman a la liberación de Cassez y el encarcelamiento de la aliada política de Calderón, Elba Esther Gordillo; colocan ante la opinión pública al gobierno de Felipe Calderón como una gestión corrupta, ineficiente y digna de ser repudiada.

*Reforma 19-04-13

martes, 16 de abril de 2013

EL MOMENTO ORWELLIANO*

RICARDO BECERRA LAGUNA

Asistí y escuché una de las intensas sesiones que el Senado de la República desarrolló, para rediscutir las reformas de competencia y telecomunicaciones. Anoto tres impresiones -siempre paradójicas- desde la gayola del espectador:


1)     Estado fuerte, pero no tanto. La minuta de la Cámara de Diputados y de la Mesa del Pacto por México crean una institución vasta y poderosa, dotada de muchas atribuciones y de facultades excepcionales para un organismo de su tipo. Otorgará o denegará concesiones en frecuencias de radio y de televisión, por ejemplo (una de las palancas preferidas de nuestro presidencialismo histórico). Sancionará mediante procedimientos excepcionales a quienes violen la ley. Determinará las políticas generales de desarrollo del sector más expansivo y dinámico de la economía, el único que creció –y mucho- aún en medio de la gran recesión.
Una autoridad como enseñan los libros: con los instrumentos suficientes para “conjugar las lógicas parciales y con alcance para la regulación del conjunto”, E. S. Phelps, Economía Política).  
Pero no. Para el Consejo Coordinador Empresarial y para varios abogados allí presentes, una entidad abarcadora y poderosa representa un peligro, vulnera derechos –el debido proceso- y pone en riesgo los intereses de sus agremiados.
¿Por qué? Por lo que sus propios representantes confesaron en Tribuna: porque durante décadas, algunos de los más conspicuos socios concesionarios, han abusado del recurso de amparo, justo para frenar, posponer, y al final, burlar los actos de la autoridad.
La toma de las antenas del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, mediante un operativo armado y encapuchado; la reducción del tiempo del Estado en las frecuencias concesionadas, por la magia de un decreto Presidencial; las reformas legales votadas en siete minutos, sin discusión y por unanimidad, para permitir incorporar en las mismas frecuencias, ya concesionadas, servicios de telefonía, de Internet o de datos agregados, gratis, sin costo alguno, como regalo de un bien público; el desafío a la reforma electoral de 2007 y la más acre campaña de descrédito acometida en contra de una institución pública (el IFE) son, de suyo, hechos que configuran la historia real que hay detrás de esta reforma. 
Los mismos expositores, abogados todos, mostraron la estadística: casi 300 recursos de amparo de los cuales, el 80 por ciento resultó improcedente. Una forma de saltar y ningunear a la autoridad.
De allí la preocupación: en el nuevo esquema, esas constantes fugas, esas sistemáticas añagazas legales, serán mucho más improbables y difíciles.  
Los reformadores –los Senadores- deberían tener claro que el Estado fuerte, reglas firmes, sin atajos, autoridades dotadas de suficientes instrumentos son, precisamente, la precondición de la competencia y de la vitalidad de los mercados.
Así que es importante no caer en el garlito y no admitir el barroquismo de diseñar instituciones y leyes para facilitar… su evasión en nombre, claro, de las garantías y del Estado de derecho.
Dicho de otro modo: el IFETEL tiene que ser muy poderoso, al menos tan poderoso, como los consorcios que está llamado a regular.  

2. El poder judicial no se da por aludido. Nuevas instituciones, procedimientos sumarios en materia de competencia económica, Tribunales especializados: es decir, todo un mundo paralelo al poder judicial, ahora también en telecomunicaciones. ¿No le dice nada a los señores Ministros de la Corte?
Todo el entramado construido a nivel federal y en las 32 entidades para garantizar transparencia y acceso a la información –con sus costos asociados- también tuvo que erigirse porque los jueces, los tribunales regulares, administrativos, de distrito, colegiados o no, se tardan mucho, alegan estar saturados o simplemente, no responden a la demanda real de justicia.      
En el Senado, todo el debate giraba en torno a un implícito consenso: hay que crear nuevas instancias porque las regulares, administrativas, no están a la altura de la exigencia ni de los tiempos ni de la dimensión política de esta regulación.   
¿Qué tienen que decir sus señorías, Ministros y Magistrados sobre esta construcción de “justicias” paralelas, en muchos de los temas, los más modernos y más difíciles que le importan a la nación?

 3. El momento orwelliano.  ¿Y las televisoras? ¿Y Telmex? No presentaron ponencia. Los intereses que la reforma toca muy especialmente, no se sienten con la obligación de plantear ante el poder Constitucional, su postura, sus razones, el mediano plazo del sector y como se ven ellos en el futuro nacional de las telecomunicaciones.
En Estados Unidos o Canadá, las leyes y las reformas de este calado (financieras, de energía o agroalimentarias, por ejemplo) obligan “a cantar” a las principales empresas involucradas, transparentar visiones y clarificar las cosas que están en juego.
En México no, y algo peor: nadie, salvo Raúl Trejo, aludió por su nombre a los consorcios y a los dueños que serán afectados por la reforma de telecomunicaciones.
Durante una buena parte de la sesión, orwellianamente, la audiencia cobraba tintes de seminario académico, tecnológico, jurídico, comparativo, cuidando al extremo de no hablar de antecedentes, ejemplos y casos concretos, mucho menos de los nombres Televisa, TV Azteca, Telmex y sus dueños, como si el Gobierno y los partidos en el Pacto no hubieran pensado, precisamente en ellos, a la hora de elaborar la reforma que se debatía en el Senado.     
Como estudioso de las telecomunicaciones y como intelectual, como periodista, Trejo uso su tiempo para explicar porque es defendible la reforma y se creyó con el deber de cantar las verdades a los poderes de hecho de nuestro país, pues tales corporativos se han convertido en un poder semejante al de un Estado, al de un ejército o al de un partido, con frecuencia, al de varios partidos (véase su ponencia aquí: http://wp.me/p1JuY-Ci).
Creo que las personas y las empresas mexicanas que toca este cambio constitucional necesitan “cantar su verdad” en la misma medida que necesitan que se les “canten sus verdades” y no para denostarlas, abolirlas ni expropiarlas, sino para que hallen un nuevo acomodo, legítimo, legal, democrático, en el sistema político de la post-transición y dejen de imaginar su papel como poderes remotos, más allá de los controles de la democracia, a los que debemos solicitar su gracia y su favor, ganadores en dinero y poder en el cambio político mexicano.  
Si volteamos a ver el escenario económico y político del México contemporáneo, veremos que todos los poderes, constitucionales o de hecho, tienen contrapeso: el gobierno federal, los gobiernos locales, los Congresos, los partidos, las iglesias, el ejército, todos, menos los medios de comunicación, cuya primera intentona de regulación y contrapeso efectiva se discute ahora mismo en el Senado.
Gracias al Pacto por México, se abrió una coyuntura política que tardó 30 años, o más, en llegar. Es una oportunidad irrepetible.
Grave y grande es la responsabilidad de nuestros Senadores.

*La Silla Rota 15-04-13

RESISTENCIAS*


JORGE ALCOCER

Esta semana podría haber votación en el Senado sobre la minuta de reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica que, todo indica, regresará a los diputados con cambios, para que en San Lázaro, antes de bajar la cortina del segundo periodo ordinario de sesiones, haya una segunda discusión y votación y el procedimiento avance hacia las legislaturas estatales.

Como las Cámaras cerrarán sesiones ordinarias el 30 de abril próximo, lo deseable es que el dictamen que cuatro comisiones senatoriales turnen al pleno sea discutido y convenido con la de Puntos Constitucionales de los diputados, utilizando la figura denominada "reunión en conferencia"; desde luego, esta parte final del procedimiento legislativo tendrá mejores posibilidades de culminar positivamente si las juntas de coordinación política respaldan los cambios, en el entendido que se trata de mejorar lo hasta ahora alcanzado.

Por su complejidad y por las resistencias -inevitables- que esta reforma ha generado, sin restar un ápice a las facultades del Congreso de la Unión, es fundamental que el acuerdo del Consejo Rector del Pacto por México se mantenga y fortalezca para que los cambios que, en su caso, aprueben los senadores y ratifiquen los diputados sigan reflejando los aspectos esenciales que hicieron posible la firma de la iniciativa por el presidente de la República y los coordinadores de los tres grupos de mayor peso numérico en San Lázaro.

Lo anterior es relevante ante las abiertas críticas y discrepancias que los organismos cúpula de la patronal, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han venido manifestando en este proceso. La aceptación, que en apariencia había otorgado esos organismos en los días posteriores a la firma de la iniciativa, ha dado paso a manifestaciones como las vertidas en un desplegado del CCE, y las externadas por voceros de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en varios foros. La causa principal de la inconformidad patronal es la disposición que no permitirá la suspensión del acto reclamado cuando los sujetos regulados impugnen, vía amparo, las resoluciones del futuro Ifetel y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

Lo que los organismos empresariales no dicen, o no conocen, es que en reciente estudio sobre las telecomunicaciones en México, la OCDE señaló como uno de los puntos débiles del régimen regulador: "El recurso judicial del amparo, que supone la suspensión o desestimación de decisiones de regulación, ha frustrado o retrasado una y otra vez el proceso de regulación, a veces durante años". A ese respecto, la propia OCDE considera un "acontecimiento alentador" la determinación de la SCJN, de mayo de 2011, que establece la improcedencia de la suspensión cuando se trata de resoluciones de la Cofetel en materia de interconexión (OCDE-Cofetel, 2012, pp. 128-129).

En la nueva Ley de Amparo se ha establecido la improcedencia de la suspensión, tratándose de resoluciones que aplican a sujetos titulares de concesiones o permisos, entre otros las telecomunicaciones y la radiodifusión, en los que está involucrado el uso de bienes propiedad de la nación. La reforma constitucional va más lejos, ya que además de elevar de rango la disposición anterior, la generaliza, de forma tal que cuando la Cofeco, o en su caso el Ifetel, encuentren condiciones o prácticas monopólicas y, en consecuencia, ordenen medidas correctivas, sus resoluciones podrán ser impugnadas mediante amparo indirecto, pero los jueces no podrán otorgar la suspensión. Olvida también la patronal que en este, y en muchos otros de sus puntos nodales, la reforma en curso se explica por los usos y abusos en que las empresas privadas han incurrido durante décadas.

Un tema que los senadores podrían modificar, para bien, es el relativo a las facultades de la Cofeco, que la minuta plantea, a mi juicio de manera incorrecta, trasladar al Ifetel para los dos sectores que serán regulados por este último; comparto la crítica de Eduardo Pérez Motta, presidente de la primera, en el sentido de que las mejores prácticas internacionales, en esta materia, contemplan pesos y contrapesos, reglas e instituciones, que permiten controlar al controlador.

Espero que los cambios que el Senado apruebe sean para avanzar, no para frenar.

*Reforma 16-04-13

LO MÁS POR LO MENOS*


MARÍA AMPARO CASAR

Habría que felicitar a los senadores por no arredrarse frente a aquellos que argumentaban que en aras de que transitara rápidamente la iniciativa de ley de telecomunicaciones la Cámara alta debía abdicar a su función de Cámara revisora. A quienes proponían la abdicación habría que recordarles que precisamente para eso, para que las iniciativas no transiten rápidamente y para tener la oportunidad de un doble filtro, es para lo que existe el bicameralismo. No solo se decía que si el Senado no aprobaba la minuta tal y como provenía de la Cámara de Diputados se arriesgaba el "perder lo más por lo menos" sino que se llegó al extremo de llamar antipatriotas y vendidos a los senadores que dieron la batalla por modificar una iniciativa que, si bien va en la dirección correcta y constituye un avance indiscutible, tiene problemas serios que es posible corregir a sabiendas que no hay ley perfecta. Por el debate público que se sostuvo en las semanas pasadas estaba claro que la intención de los senadores no era "descafeinar" la reforma sino simplemente evitar consecuencias que en el corto y largo plazo crearían más problemas que los que solucionarían.

No se sabe hasta dónde llegarán los senadores en las correcciones a la iniciativa de ley pero está claro que han identificado los principales problemas. Primero, poner en la Constitución detalles que son propios de leyes secundarias o incluso de reglamentos y que impedirían la rápida adecuación de aspectos que el dinamismo de los medios de comunicación requiere. Establecer en la Constitución la fecha del apagón analógico es una aberración similar a la de poner el número de segundos que debe durar un promocional electoral. Segundo, eliminar la ambigüedad que permitiría abrir la puerta para limitar o hacer nugatorio el must carry, must offer entre la televisión abierta y cerrada. Tercero, redefinir la métrica o criterios para determinar la dominancia de mercado bajo la lógica de que lo que se debe castigar no es el tamaño de una empresa sino las prácticas monopólicas. Cuarto, establecer o aclarar la necesaria coordinación con las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes, pues la política de telecomunicaciones no se agota en las áreas de competencia y las facultades que se quieren otorgar al Ifetel.

Pero sobre todo esperemos que reconsideren la autonomía constitucional que se quiere otorgar al Ifetel o, al menos, que reduzcan su margen de discrecionalidad. Los órganos autónomos encargados de las políticas públicas deben ser independientes de los regulados, no necesariamente del Ejecutivo. Es importante rediseñar las facultades del Ifetel estableciendo con claridad los márgenes dentro de los cuales pueden ejercerlas. De otra manera se estaría pasando de la discrecionalidad/arbitrariedad del Poder Ejecutivo a la discrecionalidad/arbitrariedad del órgano autónomo. Puestos a escoger quién sabe que sea peor porque, al fin y al cabo, el Ejecutivo tiene legitimidad democrática, está acotado en sus decisiones por otros poderes y órganos y tiene la obligación de rendir cuentas. Si no hay manera de controvertir las decisiones del Ifetel, la seguridad jurídica desaparece y uno de los objetivos que busca la reforma -el de detonar la inversión- quedará seriamente mermado. Si no se quiere crear un poder absoluto, se debe establecer claramente que los poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) pueden interponer controversias constitucionales y estipular los mecanismos de rendición de cuentas a los que estará sujeto.

La iniciativa de convertirlo en órgano de autonomía constitucional deja en el aire muchas ambigüedades que serán definidas por los reglamentos que emitan los propios reguladores (siete personas que deberán ser no solo competentes sino libres de toda sospecha y posibilidad de ser capturados) en lugar de que los definan las leyes secundarias aprobadas por los legisladores. Entregarle la facultad de reglamentación de un bien de dominio público además de crear un problema jurídico puede resultar contraproducente. Finalmente, también habría que justificar por qué se quiere repartir la función de combatir a los monopolios en dos instituciones: el Ifetel en el mercado de las telecomunicaciones y la Cofetel en el resto de los sectores económicos.

El Senado tiene la oportunidad de corregir y la está tomando. La decisión de consultar a los especialistas es meritoria. Ninguna de las modificaciones que se han propuesto en los foros y que muchos senadores comparten son regresivas. Sin perder lo más por lo menos podrán entregar una mejor reforma.

*Reforma 16-04-13

¿Y LOS ABOGADOS?*


JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

En colaboraciones anteriores he señalado algunos de los temas propios del proceso de cambio que en materia de justicia se viene dando en el país. Dichas modificaciones se están desarrollando, principalmente, en los procesos (amparo, penal, mercantil, competencia económica, administrativos) y poco en los órganos. Al final de este esfuerzo, observaremos que los órganos existentes realizan tareas muy parecidas a las actuales, pero mediante procesos orales o abreviados. 
Sin embargo, existen otros aspectos de la actividad jurisdiccional que no están siendo abordados y que convendría analizar. Uno es el relativo a la función de los profesionales del derecho y su acreditamiento para actuar cotidianamente como tales. Por más que nos empeñemos en transformar las instituciones de justicia y los procesos para impartirla, si quienes participan como litigantes, asesores, fiscales, juzgadores o en otra calidad procesal no están debidamente capacitados, el esfuerzo no alcanzará sus objetivos. 
En las labores de justicia debe darse la clara acción estatal para mantener al alcance de quienes van a dirimir un asunto ante los tribunales todos los medios necesarios para ello. Si como atributo del Estado moderno se prohibe la venganza privada y la justicia por propia mano, ello se entiende gracias al mantenimiento de órganos capaces de resolver esos conflictos de manera rápida, transparente, racional e imparcial. Ésa es la oferta que, por decirlo así, le corresponde al Estado para el cumplimiento de una de sus funciones primarias. Con ello, sin embargo, no se concluye la acción judicial. Es preciso entender las necesidades y posibilidades de participación de quienes, precisamente, se ven obligados a litigar. 
Dada la complejidad de los litigios y de su elevada condición técnica, quienes constituyen las partes materiales de los litigios se sirven de personas que, para abreviar, actúan por ellos en los complejos juicios a enfrentar. Por tratarse de una actividad socialmente importante, el Estado cuenta con la atribución de autorizar a las personas que puedan participar en ella. También cuenta con la competencia para ordenar la formación de esos profesionistas. Como se ve, no estamos frente a un tema menor, pues finalmente se trata de establecer los requisitos y las condiciones de promoción y acreditación de quienes habrán de defender los intereses de otros en un litigio ante los tribunales que, finalmente, acabarán decidiendo sobre ellos. El tribunal, es verdad, definirá si a una persona le corresponde o no la custodia de sus hijos, si permanecerá o no en prisión, si es o no propietaria de cierto bien, o si debe o no ser reinstalada en su empleo después de haber sido despedida de él, por ejemplo. Cada una de estas valiosas posibilidades será determinada, repito, por lo sentenciado en un tribunal. 
Sin embargo, lo que este último haga estará determinado por lo que los abogados de las partes sean capaces de presentar, demostrar y argumentar dentro de un juicio. Si conforme al modelo dominante en el mundo sobre el modo de impartir justicia, los jueces deben guardar una imparcial distancia respecto de las partes, lo que éstas hagan en un proceso será atribuible a sus abogados; lo que dejen de hacer, también. 
Si atendemos a los datos proporcionados por Luis Fernando Pérez Hurtado en su carácter de Director del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A. C. (CEEAD), en el ciclo académico 1991-1992, había 118 escuelas de derecho en todo el país; en el 2001-2002, estas aumentaron a 623 y en el 2011-2013 llegaron a 1,287. Como el propio doctor Pérez Hurtado lo señala en sus estudios, en las últimas décadas las escuelas de derecho en México han aumentado a un ritmo de una escuela por semana. Otros datos son igualmente reveladores: en los ciclos escolares identificados, el número de alumnos pasó de 111,025 a 193,949 y a 261,287, mientras que el de cédulas profesionales otorgadas pasó de 7,669 a 17,269 y a 30,468, respectivamente. 
En el fondo de este incremento está, desde luego, el del número de escuelas y detrás de éste la facilidad con el que los particulares obtienen el “reconocimiento de validez oficial de estudios (REVOE)” por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con demostrar que se cuenta, siempre en términos muy laxos, con personal que acredite una preparación adecuada; instalaciones que satisfagan las condiciones pedagógicas, de seguridad e higiene que las autoridades determinen y los planes y programas de estudio que las autoridades educativas estimen procedentes, deberá otorgarse el REVOE. A partir de ahí y bajo la división de trimestres, cuatrimestres o semestres en lapsos que pueden ir de dos años ocho meses a cinco, en modalidades escolarizadas o “abiertas”, los estudiantes obtendrán su grado de licenciado en derecho y casi en automático, la cédula que les permite actuar sin más, al menos como posibilidad, en cualquier campo profesional. Al egresar y desde luego sólo en el aspecto formal, no existe diferencia entre la certificación del peor alumno de la peor escuela y el mejor alumno de la mejor escuela. Será la vida o, tal vez dicho con mayor crudeza, los descalabros profesionales los que distingan a los malos abogados. Finalmente, los daños a los clientes serán la trágica forma de diferenciación profesional. 
Para que las reformas en materia de justicia alcancen sus objetivos plenos, es preciso introducir correctivos en el ejercicio profesional de los abogados. Uno de estos puede ser elevar los requisitos para otorgar el REVOE, así como una supervisión más enfática a las escuelas de derecho en el país. Otro de los correctivos podría ser el establecimiento de la colegiación obligatoria y, con ella, de mayores exigencias para ejercer la profesión entre los cuales podría estar la preparación continua para la certificación periódica, por ejemplo. La primera propuesta pasa, básicamente, por la reformulación de disposiciones administrativas por parte de la SEP; la segunda, por la aprobación de alguna de las cuatro iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión. Regular la actividad de los profesionales del derecho es también una manera de incidir seriamente en la reforma al sistema jurídico y judicial del país.

*El Universal 16-04-13