viernes, 31 de mayo de 2013

IDEAS PARA MEJORAR EL PAÍS*

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Los primeros en someterse a un examen independiente para evaluar la calidad del servicio que prestan no tendrían que ser los maestros más humildes del país, sino el Presidente de la República y los locutores de los principales canales de televisión y radio. Y quienes deberían ajustarse el cinturón para enfrentar la desaceleración económica no tendrían que ser los vulnerables trabajadores, sino los mandos gubernamentales más altos y los oligarcas más adinerados. Y si se trata de castigos ejemplares, no habría que aplicarlos a los activistas que cuestionan al Presidente, sino a aquellos funcionarios públicos que todos los días se burlan de la inteligencia de los ciudadanos. 

México está de cabeza. Un grupo de personas de demostrada incapacidad profesional, que compraron sus cargos y concesiones públicas, busca hoy imponer a los demás su visión de calidad en materia informativa, humanitaria y del servicio público. Pero para avanzar como país la línea de mando tendría que correr precisamente en sentido contrario. Somos los ciudadanos quienes tenemos la responsabilidad de definir los estándares de calidad y garantizar su estricto cumplimiento por las autoridades y los poderosos.

Adrián Castillo, Fernanda López, Vania Mendoza, Valeria Gutiérrez y Eduardo Laguna, todos jóvenes estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (Cecyteg), han sido injustamente suspendidos de su escuela por una protesta pacífica durante un acto de Peña Nieto en León el pasado 16 de mayo. Al regresar a sus clases el próximo 3 de junio ellos tienen que entregar un ensayo en que propongan ideas para mejorar al país. Lo que no alcanzan a distinguir las autoridades escolares es que con las ideas expresadas en su protesta ellos ya han realizado esta importante tarea escolar.

Te reto a que vivas con el sueldo de mi papá, señaló una de las pancartas. Aquí nos encontramos ante una excelente propuesta que ayudaría al Presidente de la República a entender mejor la extrema vulnerabilidad social en la que vive la mayoría de la población. La demanda Salario mínimo al Presidente, para que vea cómo se siente ha sido una constante en las marchas de protesta desde hace años. Sería recomendable que la hija de Peña Nieto, quien durante la pasada campaña electoral se burló de la prole, acompañara a su padre en atender esta justa demanda social.

Y si también se sumaran los integrantes del gabinete y otros altos funcionarios públicos, por ejemplo los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Consejeros del Instituto Federal Electoral, tendríamos un significativo ahorro en el erario. El presupuesto federal se beneficiaría aún más, y se podrían evitar completamente los recortes ya planeados por la Secretaría de Hacienda, si se acompañara esta iniciativa con un nuevo impuesto sobre la riqueza a las fortunas más grandes (aquí para mayor análisis: ow.ly/lpd2a).

Peña ve y privatiza a tu madre. Pemex no se vende, rezó otra cartulina. Si bien la referencia a la progenitora del Presidente de la República es criticable y puede ofender a las buenas conciencias, la idea central es clara y además compartida por la mayoría de la población mexicana. Todas las encuestas demuestran que existe un consenso generalizado de que Pemex debería seguir siendo de los mexicanos y que no debería haber modificaciones privatizadoras al artículo 27 constitucional. En todo caso, si se llegara a reformar este crucial artículo tendría que ser para asegurar su actualización revolucionaria no para permitir su desarticulación neoliberal (mayor análisis aquí: ow.ly/lpdtH ).

Gastar 7 millones de pesos a lo pendejo en una bandera, cuando el país está en crisis! Antipendejos EPN, expresó otro estudiante. La protesta tuvo lugar precisamente en el momento en que el Presidente participaba en el izamiento de una bandera de 35x23 metros en León que la nueva alcaldesa priísta Bárbara Botello había celebrado como un recuerdo de Enrique Peña Nieto y un monumento a la alternancia. Tiene razón el estudioso alumno. Si bien los 7 millones de pesos supuestamente habían sido donados por un empresario leonés, este dinero efectivamente tendría que haber sido utilizado para fines verdaderamente útiles y productivos. Asimismo, es muy difícil creer que la donación de esta cantidad de dinero se hiciera de manera desinteresada. La presencia del Presidente de la República en el acto habla de que allí se sellaba un pacto más político que patriótico.

EPN eres: criminal, vendepatrias, corrupto, asesino y pendejo, conminó la última pancarta. Si bien la sentencia es rijosa y altisonante expresa de manera nítida el hartazgo social de millones de mexicanos, el mensaje de esta alumna coincide con lo expresado por los jóvenes de la Universidad Iberoamericana el año pasado, con la evaluación de millones de mexicanos sobre la calidad de la última elección presidencial y con el legado que dejó Peña Nieto en el estado de México. Esta opinión debería ser tomada en cuenta, ya que refleja los altos estándares en materia democrática con los que cuentan los alumnos.

La directora del Cecyteg, Irma Sánchez, ha señalado que suspendió a los alumnos por las palabras altisonantes que escribieron en las pancartas. Pero las escuelas públicas del país no deberían confundirse con escuelas de señoritas que enseñan buenos modales. Sánchez seguramente será premiado por las autoridades por defender la calidad educativa, pero los ciudadanos conscientes sabemos que Adrián, Fernanda, Vania, Valeria y Eduardo tienen razón en reprobar al Presidente y demandar gobernantes de calidad.

*La Jornada 21-05-13

jueves, 30 de mayo de 2013

REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO*

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

El pasado 22 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto en donde se cuestionó la constitucionalidad del artículo 951, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la posibilidad de que en un procedimiento de ejecución de un laudo, en una diligencia de embargo, el actuario pueda solicitar el auxilio de la fuerza pública para el rompimiento de cerraduras en el local donde deba llevarse a cabo la diligencia. Esto es, el precepto aludido refiere a que el actuario, adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública a efecto de romper las cerraduras del local en que practique el embargo.

En el asunto en comento se expone que el embargo es parte del procedimiento de ejecución, creado como un medio con el que cuentan las autoridades laborales, en específico, el presidente de la Junta de que se trate, para hacer efectiva la condena que se determinó a alguna de las partes, en el caso, a la empresa patronal. De esta forma, la diligencia de embargo se lleva a cabo después de requerir el pago a la parte demandada o condenada, y ésta no pruebe haberlo efectuado, como se refleja del contenido de los artículos 939 a 951 de la Ley Federal del Trabajo.

Así, en el embargo existe un procedimiento previo en el que el condenado es parte del mismo, en el que invariablemente se le ha otorgado la oportunidad de contestar, controvertir y ofrecer pruebas en beneficio de sus intereses, razón por la que la ejecución resultante de tal procedimiento mediante la orden de embargo, no resulta ajena a su conocimiento, de tal forma que puede estar consciente de que en cualquier momento se puede llevar a cabo la diligencia respectiva.

Conforme a lo anterior, la naturaleza de la medida de apremio consistente en el rompimiento de cerraduras, en lo estrictamente indispensable para practicar la diligencia de embargo, radica en función de la resistencia a obedecer un mandato jurisdiccional relativo al cumplimiento de una condena derivada de un laudo, cuya observancia es de orden público, pues de no continuar el procedimiento de embargo hasta lograr el pago de la condena, su omisión constituiría una violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita.

Por otro lado, la Segunda Sala precisó que el hecho de que se permita al actuario encargado del embargo, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local de que se trate, no quiere decir que se esté ante la presencia de un cateo, toda vez que esta última figura tiene como finalidad buscar objetos o personas específicos vinculados con algún ilícito o delito, debiéndose sujetarse a las formalidades prescritas en el artículo 16 de la Constitución Federal; en cambio, el embargo laboral tiene como objeto el cumplimiento de una condena de un juicio en materia de trabajo.

En conclusión, la acción relativa al rompimiento de cerraduras a petición del actuario encargado de una diligencia de embargo en un procedimiento de ejecución de un laudo, es constitucional, en atención a que tiene la naturaleza jurídica de una medida de apremio, la cual se encuentra regulada para el supuesto de que la parte condenada por una resolución laboral, se resista o entorpezca la celebración de una diligencia de pago o embargo decretada por mandato judicial; destacándose que el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en especial de los laudos, es de orden público y su omisión constituye una violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal.

*El Sol de México 30-05-13

A DOS AÑOS DEL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL*

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

En junio celebraremos dos años de las reformas constitucionales más importantes desde 1917: la de derechos humanos y la de amparo. Aunque concebidas independientemente, su efecto sumado generó un nuevo paradigma para entender y aplicar el conjunto de la Constitución. El calado del cambio y sus complejas implicaciones apenas empiezan a entenderse, y por ello también se han generado ya los primeros embates para revertirlos. 
El nuevo artículo primero tiene efectos directos en la operación del Estado mexicano. En apretada síntesis, amplía sustantivamente el catálogo de derechos humanos y precisa que éstos deben ser interpretados para otorgar a las personas la protección más amplia (principio pro persona); establece como primera obligación para todas las autoridades la promoción, respeto, protección y garantía de esos derechos y finalmente ordena que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. 
Todo lo anterior puede parecer un catálogo de buenas intenciones. Una reforma más que apunta a un horizonte de aspiraciones menos que a un conjunto de obligaciones. Quienes piensen así se equivocan gravemente. El nuevo artículo 1 constitucional marca un hito en la concepción del Estado y la política pública que encierra muchos y complejos dilemas. 
El catálogo de derechos humanos comprende tanto las libertades tradicionales como los derechos sociales (educación, salud, vivienda, medio ambiente, etcétera). Estos derechos no son meras construcciones abstractas, pues sus contenidos y alcances están desarrollados en la doctrina y la jurisprudencia internacionales y cuentan con mecanismos de protección ampliados, en particular el nuevo amparo. La pregunta que surge es ¿cómo compatibilizar la amplitud y universalidad del mandato constitucional —que implica derechos para todos- con las políticas públicas que por definición suponen fijar prioridades, luego jerarquizar el acceso a los derechos— a partir del reconocimiento de que los recursos que existen para atenderlos son escasos e insuficientes? La respuesta no es sencilla y sólo es posible esbozar algunas para el debate. 
Creo que el artículo 1 obliga a una reformulación del principio de legalidad. Hoy la autoridad no está obligada únicamente a ceñirse al mandato de la ley, sino que el mismo mandato la obliga a una acción y un resultado que está dado por el contenido concreto de los derechos. Esta idea se refuerza por el hecho de que la omisión de la acción puede disparar los mecanismos de garantía, en particular el amparo. Ahora bien, el horizonte del respeto y garantía de los derechos abre espacios discretos de decisión propios de la política pública a partir del reconocimiento que resulta imposible obtener resultados universales y completos inmediatos. La motivación de la decisión de política pública supone entonces reconocer explícitamente las opciones (qué derechos, qué objetivos, qué acciones, qué población, qué recursos, qué tiempos) y los mecanismos de rendición de cuentas precisos y completos para evaluar los resultados. 
Esta concepción permitiría un mejor funcionamiento de los mecanismos de garantía. Puesto que cada amparo supone individualizar el derecho a partir de un caso concreto, el juez difícilmente puede ver el conjunto de la política. Por ello se corre el riesgo que su intervención tenga efectos indeseables, pues en un ámbito de recursos escasos dar el derecho a uno significa quitárselo a otro. Existe una potencial sinergía positiva entre un buen diseño de política pública y un control judicial efectivo. Pero también la tentación de hacer demagogia vestida de derechos y política pública con toga. De buenas respuestas judiciales puede depender simplemente cambiar el rumbo del país. 

*El Universal 30-05-13

LAS HERENCIAS ÉTICAS DE MARTÍNEZ VERDUGO Y PÉREZ GAY*

CIRO MURAYAMA

La semana anterior fallecieron Arnoldo Martínez Verdugo (AMV) y José María Pérez Gay (JMPG). Por sus respectivas trayectorias y contribuciones a la democracia y a la cultura, dimensiones finalmente inseparables, se trata de dos pérdidas mayúsculas.

Siendo militante del Partido Comunista Mexicano, en los años duros de la Guerra Fría, Martínez condenó la invasión de Checoslovaquia por la URSS en 1968. Su deslinde frente al autoritarismo soviético, viniendo de una organización dogmática y disciplinada a la “línea” de Moscú, resultó atípico no sólo en México sino en las filas comunistas a nivel mundial. AMV se comprometió con la libertad sobre el riesgo de ser acusado de “hacer el juego al imperialismo”. Un gesto de enorme valentía que muestra el talante ético de AMV.

Arnoldo, como le decían sus camaradas, jugó un papel clave en la unificación de la izquierda en México. Ese proceso, a inicio de los años 80, para ser real y viable requería de la participación del PC. AMV impulsó la unificación y fue el primer candidato formalmente registrado de la izquierda a la Presidencia en 1982. Las izquierdas han sido propensas al sectarismo, a confundir intransigencia con congruencia. El sectarismo, con frecuencia un camino corto a la marginalidad política, se nutre de autoritarismo y de un autoconcedido velo de superioridad moral frente al resto. A eso renunció AMV al empeñar su energía en la construcción de un amplio partido de izquierda con arraigo popular: sin su tarea no se entenderían los triunfos que dos décadas después comenzara a cosechar el PRD.

AMV fue secuestrado en 1985, siendo secretario general del Partido Socialista Unificado de México, por los restos de una organización guerrillera. Tras su liberación, previo pago del rescate exigido por los secuestradores, el PSUM ratificó su compromiso con las vías legales, institucionales y democráticas para la transformación del país: una definición central para dejar atrás el delirio revolucionario por parte de la izquierda democrática.

José María Pérez Gay fue un introductor indispensable del pensamiento y la filosofía alemana y austriaca en México. Su tarea como traductor y divulgador de la cultura permitió que aquí se conocieran las vidas y obras de autores austrohúngaros como Hermann Broch, Robert Musil, Karl Kraus, Joseph Roth y Elías Canetti (a los que dedicó su libro “El imperio perdido”). Como escritor e intelectual, si es que cabe alguna distinción, Pérez Gay dedicó parte de su obra a tratar de entender los excesos totalitarios, quizá en la búsqueda de vacunas intelectuales contra ellos (véase “El príncipe y sus guerrilleros. La destrucción de Camboya” sobre la carnicería del Jemer Rojo).

El amplio bagaje cultural y la curiosidad intelectual de JMPG le permitieron poner en marcha un perdurable proyecto de televisión pública en nuestro país: el Canal 22, del que fue su primer director.

JMPG también fue, en los últimos años, uno de los compañeros fundamentales en el proyecto político de López Obrador. Desde esa trinchera, Chema siempre mantuvo puentes y lazos de diálogo con quienes no simpatizaban con el proyecto o incluso con quienes se le oponían, y supo, con la generosidad e inteligencia que le caracterizaban, conservar amistades y afectos por encima de los vaivenes de la política. Jamás le leí o escuché un improperio contra algún adversario, aunque sí juicios críticos; tampoco se deslizó a la comodidad de tachar como ignorante o corrupto a todo aquel ajeno a la misma causa política. Lo recuerdo en días aciagos, como el 3 de julio de 2006, cuando nos encontramos en las oficinas de “Nexos”, muy preocupado, no colérico, y conversador, ese don que lo distinguió y que es propio de las inteligencias con buena pluma.

AMV nos deja el legado de su coherente trayectoria; Pérez Gay la valía de su rigurosa obra intelectual. Nos corresponde a los vivos honrar el legado de esos dos mexicanos excepcionales.

*El Universal 30-05-13

JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY*

JOSÉ WOLDENBERG

En memoria de José Luis Victoria Toscano.


José María Pérez Gay fue un intelectual excéntrico en el sentido literal de la palabra: "fuera del centro", "fuera de la corriente". Sus temas, autores y tratamientos fueron singulares, alejados de las tendencias predominantes, de los usos y costumbres consagrados. Por ello fue capaz de introducirnos a mundos diferentes (y sugerentes)...por supuesto, a quienes fuimos sus lectores. Y para muestra tres botones.

1. En 1991 publicó El imperio perdido (Cal y Arena). Recreó la vida y obra de cuatro escritores en los estertores del imperio Austro-Húngaro. Karl Kraus, Robert Musil, Hermann Broch y Joseph Roth. Y agregó un ensayo sobre Elías Canetti "albacea", según Pérez Gay, de aquellos. Viena era algo más que la capital de un gran imperio; era la capital cultural de un gran imperio. Cruce de caminos, de nacionalidades, lenguas, tradiciones, era un espacio donde se acunaba y reproducía el psicoanálisis, la socialdemocracia intelectual, diferentes escuelas filosóficas, económicas, del derecho por no hablar de las enfrentadas corrientes musicales. Era una ciudad efervescente que expresaba el enigma, las tensiones y los crujidos propios de la modernidad.

Pérez Gay la visita preso de una melancolía oceánica recuperando textos, estampas cotidianas, pistas, biografías y anécdotas de los autores mencionados tratando de rastrear el sentido de su obra y de sus vidas. Es como él mismo dice de Broch "una brújula oscilante entre el asombro y el descubrimiento". Sabe, siguiendo a Bashevis Singer, autor más que lejano a Viena, "que la verdadera vida de una persona jamás puede ser escrita porque está más allá del poder de la literatura", pero que los retazos de su existencia -reunidos, explorados, explotados- algo sustantivo alumbran.

El libro no resultaba armónico, era más bien fragmentario y por momentos caprichoso. Pero poseía capacidad de seducción. Lo contado y la manera de contar lo volvía un texto hipnótico. Pérez Gay no solo era empático con sus autores sino que los abordaba con una pasión capaz de convertirlos en nuestros contemporáneos. El imperio perdido es un libro que lleva a otros libros, una puerta que abre múltiples puertas, una invitación a entrar en contacto y conversación con voces de otros tiempos, territorios y sensibilidades.

2. En 2004 publicó El príncipe y sus guerrilleros. La destrucción de Camboya, sobre la política de los jemeres rojos y su delirio fundacional que devastó no solamente la cultura, las instituciones, los bienes materiales, sino que cometió un documentado genocidio en aras de la supuesta e imposible construcción del hombre nuevo. Una historia de sectarismo y terror alimentada por la paranoia política y por un ideario que pretendía no dejar del pasado -literalmente- títere con cabeza. Una dictadura inclemente a nombre de un futuro por construir.

Pérez Gay rastrea en las leyendas tradicionales camboyanas, en el marxismo osificado de París (en donde estudiaron los principales dirigentes de los jemeres) y en la Revolución Cultural china (y en los bombardeos norteamericanos sobre Camboya) las influencias de esa alucinación que pretendió fundar todo y solo dejó un país convertido en ruinas, en un cementerio inabarcable. El Partido Comunista de Kampuchea es en el origen una organización clandestina que tiene que preservar la integridad de sus miembros; y quizá también esos códigos, propios de las sombras, explican ese "castillo de la pureza" que deseó expandir e imponer sus formas de ser y de pensar al resto de la sociedad. Disciplinados como un ejército y fanáticos como solo pueden ser los extremadamente religiosos, los jemeres fueron implacables, insensibles, devastadores. La escalofriante historia de una utopía más convertida en un infierno terrenal.

3. Hace menos de dos años Pérez Gay publicó La profecía de la memoria. Ensayos alemanes. Textos varios que van de Walter Benjamin al ascenso del Tercer Reich, de la relación entre Martin Heidegger y Hannah Arendt al Berlín del siglo XX, de Habermas a Sebald. Otra vez, una canasta de descubrimientos, relaciones, incluso intuiciones, fruto de los afanes de un lector voraz que lo mismo reconstruye los trazos gruesos de una formulación teórica que las migajas de diferentes vidas. Ese rompecabezas que lo mismo usa documentación de archivos que libros consagrados, testimonios serios y maledicentes, estampas de la vida y leyendas trasmitidas oralmente, es armado con paciencia y ardor por un autor que escudriña en todos los rincones para develar "algo" que cree vale la pena.

Creo que José María Pérez Gay se acercó con desconcierto a las vidas que intentó reconstruir, a los ambientes culturales que se desvanecieron y a los proyectos políticos que trajeron más daño que alivio. Supo que la destrucción era eso: destrucción. Y pensó, sin embargo, que la memoria podía redimirnos, que el pasado seguía proyectándose sobre el presente y que en él quizá existía más luz que en el porvenir. (Escribí quizá). Al final, fascinación por la memoria. Un buen refugio. 

*Reforma 30-05-13

miércoles, 29 de mayo de 2013

PLANEACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO*

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS 

El pasado día 20 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), instrumento guía de las acciones de la administración pública federal. A este documento rector deberá seguir la elaboración de programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales que darán concreción a las directrices contenidas en el PND. 

Estas hojas de ruta suelen aportar diagnósticos, proponer objetivos y fijar prioridades sobre el rumbo que se propone para una nación. Son, por ello, ilustrativas de cómo un país se ve a sí mismo y hacia dónde quiere arribar. Esta consideración es especialmente cierta en países como México, donde por mandato constitucional, los planes de desarrollo se construyen a partir de modelos participativos, de manera que su redacción refleja debates vivos en la sociedad. Es el caso de la igualdad de género, objetivo que si bien ha estado presente en todos los planes nacionales de desarrollo, lo ha hecho en forma incremental. Conforme las mujeres y sus organizaciones han logrado mayor fuerza en sus demandas de justicia e igualdad, mayor peso ha adquirido el tema dentro de los planes de desarrollo. 

Así, por ejemplo, el PND 1995-2000 incluía algunas propuestas para detener el deterioro nutricional y fomentar la educación de las mujeres, pero lo hacía dentro de las políticas poblacionales y de política social. El ejercicio 2001-2006 incluyó un apartado que reconocía la necesidad de que la equidad de género fuera prioridad, pero la vislumbraba desde el objetivo de cerrar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. En 2007-2012 se dio un paso más, al crear un objetivo tendente a eliminar cualquier discriminación por motivos de género, además de garantizar la igualdad de oportunidades. 

El PND 2013-2018 avanza un peldaño más en esa espiral de reconfiguración conceptual, al incorporar la perspectiva de género como eje transversal. Es decir, considera la necesidad de revertir asimetrías, no en un apartado aislado, sino dentro de cada una de las cinco metas nacionales trazadas en el Plan. 
Con ello, el sistema de planeación democrática comenzará a asumir las tendencias de transversalidad de género que se fijaron como prioritarias desde la Cumbre de Beijing (1995). Esa estrategia se propone la integralidad de acciones, al buscar que la igualdad de género sea central a toda la actividad pública, incluyendo diseño de políticas, planeación, presupuestación, legislación e inclusive impartición de justicia. 

El supuesto sobre el que se erige es que la desigualdad de género está presente en todos y cada uno de los temas públicos, por lo que es necesario develar sus conexiones y definir instrumentos para corregirlas. 

En ello acierta el PND cuando propone 35 líneas de acción en temas tan diversos como la armonización de protocolos de investigación sobre homicidios de mujeres; igualdad de oportunidades en el mercado laboral; inclusión de la perspectiva de género en los programas educativos; integración demujeres al sistema financiero y la puesta en sintonía de la normatividad vigente con tratados internacionales. 
A pesar de ello, subsisten carencias en este plan. Entre otras, cabría mencionar la falta de un diagnóstico sobre las limitantes a la participación política y representación de mujeres en los órganos de toma de decisiones, o bien la falta de propuestas sobre sanciones concretas para quienes ejerzan violencia contra mujeres. La lente de género está presente en uno de los 15 indicadores de evaluación del PND. 

En todo caso, las posibilidades de avanzar integralmente en la eliminación de la desigualdad contra la mujer se han fortalecido con la adopción de estrategias de transversalidad. El turno está ahora en que todos los programas sectoriales y los presupuestos propongan acciones y recursos para fortalecer la igualdad de género y el pleno ejercicio de derechos por parte de las mujeres. A las y los ciudadanos nos corresponde fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las políticas públicas en la materia. 

*El Universal 29-05-13

martes, 28 de mayo de 2013

¿Y LOS DEFENSORES PÚBLICOS?*

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

La Constitución establece que todas las personas sujetas a averiguación previa o a proceso penal deben contar gratuitamente con un abogado que los asesore y defienda. Se trata de un importante derecho fundamental por medio del cual las personas pueden hacer frente a las acusaciones que sobre ellos recaigan; demostrar su inocencia —o al menos su no culpabilidad— y, en su caso, recuperar su libertad. La idea subyacente a esta parte del modelo de justicia penal es que, con independencia de la condición económica de cada cual, todo habitante del territorio nacional acusado de la comisión de un delito merece un juicio “justo” o, lo que es igual, que el Estado demuestre, a través de la actuación del ministerio público, que un delito se cometió y que una persona en concreto, más allá de toda duda razonable, es responsable de él. 
Dada la relevancia de este derecho, podría suponerse que está bien desarrollado entre nosotros, o que en el peor de los casos, tiene un nivel de cumplimiento que permite una defensa más o menos sólida al punto de impedir condenas indebidas. Ante la falta de estudios que demuestren estos aspectos, quiero mostrar los datos más significativos sobre el funcionamiento de esa institución.
Comenzando por los salarios de los defensores, la media nacional es de 16 mil 873 pesos, aun cuando en los estados de Tabasco, Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Tlaxcala y Quintana Roo, el ingreso es menor a 7 mil. En el otro extremo destaca el sueldo de los defensores federales, en tanto asciende a 63 mil pesos. Es importante mencionar que con independencia del monto, la totalidad de los defensores se encuentran impedidos de realizar cualquier otra actividad profesional, con excepción de actividades académicas, litigios en causa propia o el desempeño de cargos honoríficos. Considerados en conjunto los ingresos y los impedimentos, en el promedio resultan muy bajos los primeros y en algunos casos francamente alarmantes, dado el nivel de preparación y responsabilidades exigidos. 
En cuanto a los requisitos de ingreso, al 100% se le exige ser licenciados en derecho; al 66.70% no haber estado sujeto a proceso penal o no haber sido condenado por la comisión de un delito; al 57.60% ser mexicano en pleno goce de derechos; al 33.30% haber aprobado un examen de oposición; al 27.30% tener buena reputación o prestigio profesional y al 21.20% no estar suspendido, destituido o inhabilitado. Como datos particulares vale la pena destacar que sólo en el 3% de los casos se requiere asistir o aprobar cursos de capacitación o aprobar exámenes toxicológicos. En cuanto a la experiencia mínima requerida para ingresar al cargo, en el 18.2% de los casos no se exige ninguna, en el 72.8% de 1 a 3 años, y en el 9.1% de 4 y 5 años mínimos. 
Otro dato interesante tiene qué ver con el régimen laboral de los defensores, pues 66.7% de todos ellos están sujetos a una relación de confianza, el 6.1% de base y el mismo 6.1% a honorarios. Por si este aspecto no fuera significativo, sólo el 39.4% de los defensores goza de un servicio civil de carrera, lo que hace que la inmensa mayoría de ellos estén en una precaria situación laboral, sin una sólida base para acometer sus funciones y sin estímulos suficientes para mantenerse en el cargo. Estos datos son poco significativos para garantizar la “defensa adecuada” que exige la Constitución. Cabe agregar que el 84.8% de las defensorías se encuentran adscritas al Ejecutivo local, y sólo el 15.2% a los poderes judiciales (federal y locales). Dada la asignación de las procuradurías al Ejecutivo, no parece ser una buena idea mantener adscritos a él a defensores que no cuentan, a su vez, con las condiciones institucionales necesarias para actuar autónomamente.
El último dato a considerar es la relación entre el número de defensores existentes y de procesos penales abiertos (INEGI 2011). Lo primero que llama la atención es la enorme disparidad numérica. Mientras en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila y el Estado de México la relación fue de un defensor por cada 21, 26, 26, 27 y 30 delitos respectivamente; en Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes y Veracruz, fue de 119, 122, 131, 146 y 185, procedimientos para cada defensor, respectivamente. Si incluimos el caso de Veracruz, la media sería de 206 procesos por defensor; si lo excluimos por desproporcionado, la media se reduciría a 167 casos. Ello lleva a preguntar por el número “adecuado” de asuntos que un defensor puede atender a efecto de proporcionar la defensa en las condiciones exigidas por la Constitución. No tengo una respuesta precisa pero, de cualquier modo, la entrada en vigor de los procesos acusatorios habrá de modificar todo el sistema de esta materia. 
En efecto, de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, a más tardar el 18 de junio de 2016, “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del ministerio público”. ¿Qué resulta de comparar los datos sobre las condiciones actuales de la defensoría pública en todo el país, frente a esa exigencia constitucional? Desde luego, un evidente desbalance entre norma y realidad. Lo que la Constitución exige es, antes que nada, el establecimiento y mantenimiento de un sistema encaminado a la prestación de un servicio de calidad. Lo que las cifras demuestran es que la situación material de las defensorías en general y de los defensores en particular es, por decir lo menos, de descuido o hasta de abandono. 
Vuelvo a insistir en un hecho central. En junio del 2016 entrarán en vigor las reformas en materia penal y mucho falta por hacer. Entre los pendientes, la defensoría pública es particularmente importante. En el curso de preparación de juicios y comparecencia o audiencias, es difícil aceptar la posibilidad de un trabajo eficiente con los sueldos, cargas, preparación y, en general, condiciones actuales. El proceso de transformación necesario ni es fácil, ni barato, ni inmediato. Ojalá que hagamos todo lo necesario para que funcione de manera cabal. Los defensores públicos son parte esencial de ella.

*El Universal 28-05-13

CANTIDAD Y CALIDAD*

JORGE ALCOCER

En memoria de Arnoldo Martínez Verdugo.

 
En los años que comprende la transición, que para limitarnos al ámbito electoral ubicaré entre 1979 al 2000, las relaciones entre los partidos y sus grupos parlamentarios en el Congreso federal se caracterizaban por la predominancia de las directrices partidistas sobre el trabajo de los legisladores, cuyos coordinadores eran designados, en casi todos los casos, por los comités ejecutivos; las excepciones eran el PRI y el PAN. En el partido tricolor, el Ejecutivo ejercía la facultad -metaconstitucional- de poner y quitar coordinadores parlamentarios, mientras que en el blanquiazul los estatutos otorgaban -y otorgan- tal facultad al "jefe nacional", o sea al presidente del partido, previa consulta a los integrantes de cada grupo.

En las oposiciones, la tarea de coordinar a los diputados recaía, por lo general, en dirigentes de probada trayectoria y capacidad política; recuerdo, en las filas de la izquierda: Arnoldo Martínez Verdugo, Alejandro Gascón Mercado, Rolando Cordera; en el PAN: Abel Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz, Diego Fernández de Cevallos. En el PRI esas tareas eran encomendadas a políticos de la confianza del Presidente en turno, como Luis Marcelino Farías; Eliseo Mendoza, Arturo Núñez. En el Senado, monocolor hasta 1988, las preferencias presidenciales dieron para designar coordinador del PRI a un intelectual, como Miguel González Avelar, o a un líder cetemista, como Emilio M. González.

Varios hechos vinieron a cambiar las relaciones entre grupos parlamentarios y partidos políticos; algunos ocurrieron de manera concatenada, como fue el caso del incremento en el número de diputados plurinominales, que pasó de 100 a 200, merced a la reforma de 1986, impulsada por Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, y a los resultados electorales de 1988, que dejaron al PRI al borde de un ataque de nervios, con apenas 256 diputados, de un total de 500.

Vino en 1996 una nueva reforma electoral, y con ella la apertura del Senado a las oposiciones, con la creación de los 32 senadores de primera minoría y los 32 de lista nacional, que sumados significan la mitad del total. Valga resaltar lo anterior, ya que en la Cámara alta solamente la mitad del total de senadores son producto del voto directo y mayoritario de los ciudadanos, además de que los senadores plurinominales dieron al traste con la igualdad de representación de las entidades federativas en esa Cámara. En la elección federal inmediata siguiente a aquella reforma (1997) el PRI perdió la mayoría en San Lázaro. En 2000 perdería la Presidencia de México y la mayoría en el Senado.

El dramático incremento de la competencia electoral y el hecho de que en dos décadas (1976-1996) las cámaras duplicaron el número de sus integrantes, provocaron cambios cualitativos en el funcionamiento y peso específico del Congreso de la Unión, y en las relaciones entre los grupos parlamentarios y las dirigencias partidistas.

En el PRI la pérdida del Poder Ejecutivo liberó a los coordinadores parlamentarios del yugo presidencial, otorgándoles un poder y un protagonismo sin precedente; sin embargo, como lo demostró en 2001 la remoción de Elba Esther Gordillo, ese poder tenía contrapesos. En contraste, la llegada de Vicente Fox a los Pinos provocó no pocos conflictos entre aquél con Diego Fernández de Cevallos (Senado) y Felipe Calderón (Diputados), atemperados por la prudencia de Luis Felipe Bravo Mena, entonces jefe nacional del panismo. Más tarde, fue el presidente Felipe Calderón quien hizo destituir a Santiago Creel de la coordinación senatorial, poniendo el mal ejemplo.

En el PRD las coordinaciones son parte de las negociaciones y acuerdos entre las tribus, y aunque todas aceptan la formalidad de la investidura del respectivo coordinador, en los hechos los grupos parlamentarios perredistas reproducen la lógica de su vida interna partidista, cada tribu tiene sus jefes, cargos y territorios.

La transición y las alternancias provocaron un cambio radical en las relaciones entre los partidos y sus grupos parlamentarios, éstos pasaron al primer plano, pero lo que no han generado, aún, es la elevación de la calidad del trabajo legislativo. Para eso, hay que volver a anudar las relaciones entre los partidos y sus legisladores.

*Reforma 28-05-13

COSQUILLAS A LA CORRUPCIÓN*

MARÍA AMPARO CASAR

Los casos emblemáticos no hacen más que cosquillas a la corrupción política. En época de Salinas se encarceló a La Quina y se destituyó a 17 gobernadores; en la de Zedillo acabó tras las rejas Raúl Salinas; en la de Fox se aprehendió a Mario Villanueva, René Bejarano y Gustavo Ponce; en la de Calderón detuvieron a Carlos Ahumada, a Salazar Mendiguchía (Chis.), a Narciso Agúndez (BCS) y a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios y un juez del estado de Michoacán. En lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha aprehendido a Elba Esther Gordillo y destituido a Benítez Treviño.

Con sus diferencias de rango e impacto, estos casos respondieron al deseo o necesidad de los presidentes de disciplinar a miembros del sistema, ajustar cuentas, mandar una señal política o legitimarse. Unos más otros menos, estos casos quisieron ser simbólicos pero nunca hubo, y sigue sin haber, voluntad, compromiso o estrategia de combate a la corrupción.

Por cada uno de estos ejemplos que en su momento se consideraron emblemáticos cientos quedaron sin investigar e impunes. Las cárceles están llenas no de grandes defraudadores sino de pequeños delincuentes presos por delitos menores a los 5,000 pesos.

Hoy el caso Granier se agrega a la larga lista de escándalos políticos. No pasará de ser otra aguja en el pajar de la corrupción.

Una revisión de las primeras planas y la sección Nacional del periódico Reforma del 1o. de diciembre de 2012 al día de hoy me da un recuento de más de 70 presuntos actos de corrupción por parte de la clase política. Todos vergonzosos: desde las partidas presupuestales discrecionales de las que disponen los coordinadores parlamentarios hasta la construcción de la sede del Senado; desde la intención de funcionarios de Sedesol de utilizar programas sociales con fines electorales hasta la participación en actos religiosos de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz o; desde el tráfico de influencias del exministro Góngora para rebajar la pensión a sus hijos y encarcelar a su esposa hasta la acusación contra el exdiputado Jorge Kahwagi de propinarle una golpiza a su novia; desde la Estela de Luz hasta la intervención de César Nava en la defraudación a Pemex. La inmensa mayoría sin consecuencias. Si los políticos corruptos no pisan la cárcel o no son inhabilitados no es porque sean unas blancas palomas sino porque se pueden pagar buenos abogados, porque en la comisión de delitos borran sus huellas y empinan a sus subordinados o, más frecuentemente, porque los protegen sus pares y las estructuras de poder.

Cada nuevo gobierno ha prometido erradicar la corrupción. Los resultados no se ven por ningún lado. De Salinas a Peña Nieto la percepción de la corrupción y supongo que la corrupción misma, ha ido en aumento. Entre 2011 y 2012 México cayó cinco lugares en el Índice de Transparencia Internacional que mide la percepción sobre cohecho, nepotismo y corruptibilidad de los funcionarios gubernamentales, las instituciones y el sector público. De 176 países, pasó del lugar 100 al 105. En 2006 ocupaba el lugar 70. En 2009 el 89.

Transparencia Internacional refiere que los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas y que entre las prioridades se encuentran normas más efectivas sobre cabildeo y financiamiento político, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población.

Algunas de estas medidas han sido formalmente adoptadas en México pero su instrumentación ha sido cancelada en la práctica y sustituida por el método de los casos de alto impacto mediático. Pero así como está probado que la elevación de las penas no sirve para disuadir la comisión de delitos, el encarcelamiento selectivo de políticos tampoco sirve para disminuir el ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencia, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

Los intentos más visibles para frenar la corrupción siguen proviniendo del periodismo que ha hecho una labor importante al hacer públicas conductas ilícitas que de otra manera habrían pasado desapercibidas. Pero su eficacia es limitada porque los medios están para investigar y exhibir pero no para integrar averiguaciones, ni consignar, juzgar y condenar. Los políticos por su parte se siguen acomodando a la práctica de los casos emblemáticos a sabiendas que su eficacia es nula y que sus dividendos políticos, como fue el caso de la aprehensión de Gordillo, son cada vez menores.

*Reforma 28-05-13

viernes, 24 de mayo de 2013

REELECCIÓN, HIPERPRESIDENCIALISMO Y DEBILIDAD INSTITUCIONAL*

DANIEL ZOVATTO

El inicio, el día de hoy, del tercer período de Rafael Correa como Presidente del Ecuador (el segundo dentro de la Constitución vigente),  y la intención de los Presidentes Evo Morales y Juan Manuel Santos -comunicadas ambas durante los últimos días-, de buscar sus respectivas reelecciones en el 2014, evidencia que la fiebre reeleccionista en la región goza de muy buena salud.
Los deseos reeleccionistas del Presidente Morales recibieron un fuerte espaldarazo de parte del Tribunal Constitucional (TC) y del Congreso. Por su parte, el Ejecutivo boliviano acaba de promulgar, el pasado lunes 20 de mayo, la ley que permitirá al presidente Morales presentarse a las elecciones para buscar un tercer mandato en el 2014 que le convertiría, de ser elegido, en el presidente que más tiempo ha gobernado este país andino. Empero, la aprobación de la ley y la sentencia del TC son rechazadas por la oposición, que considera que se está vulnerando la Constitución y califica la decisión de “golpe a la democracia”.
De concretarse, ambos intentos reeleccionistas se unirían a una larga lista de presidentes que han hecho lo mismo en América Latina, muchos de los cuales (pero no todos) forman parte del ALBA y del “socialismo del siglo XXI”. Las recientes reelecciones de Hugo Chávez, en octubre de 2012, y de Rafael Correa, en febrero de 2013, precedidas por las reelecciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Ortega, en octubre y noviembre de 2011, respectivamente, no han hecho sino reforzar una tendencia general en la región: los mandatarios en ejercicio aspiran a seguir en el poder durante uno o varios periodos más (o de manera indefinida) y, en la mayoría de los casos, resultan reelectos y lo hacen con victorias contundentes, muchas veces en la primera vuelta y con mayoría absoluta en el Parlamento.

Auge del reeleccionismo en América Latina
En los años ochenta, con el retorno de la democracia a la región, salvo en Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Paraguay, en ningún país latinoamericano el presidente podía reelegirse de forma continua. No fue sino hasta mediados de los años noventa cuando en la mayoría de los países de América Latina empezó a triunfar la tendencia reeleccionista que se prolonga hasta la actualidad. El Perú de Alberto Fujimori, en su Constitución de 1993, y la Argentina de Carlos Menem, tras la reforma constitucional de 1994, introdujeron la reelección continua (dos mandatos seguidos).
Estos dos países iniciaron una tendencia que fue extendiéndose en numerosos países latinoamericanos: se unirían pronto Brasil en 1997 y Venezuela en 1999, país que, luego, en la posterior enmienda de 2009, aprobada mediante referéndum del 15 de febrero, introdujo la reelección indefinida. Y más recientemente, en la década pasada, las reformas constitucionales en República Dominicana (2002), Colombia (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y Nicaragua (2009) fortalecieron esta tendencia reeleccionista.

Modalidades
La reelección puede estar permitida o prohibida en términos absolutos o relativos y, como tal, da lugar a cuatro fórmulas principales y a una variada combinación entre ellas: 1) reelección indefinida; 2) reelección inmediata y prohibición de la reelección para períodos siguientes; 3) prohibición de la reelección inmediata y autorización de la reelección alterna, y 4) prohibición absoluta de la reelección.
Catorce de los 18 países permiten la reelección, si bien con modalidades diversas. Venezuela, es el único país que permite la reelección indefinida. En seis países —Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Nicaragua (por sentencia de la Corte Suprema de Justicia) y Ecuador— la reelección consecutiva está permitida, pero no de manera indefinida (sólo se permite una reelección). En otros siete casos sólo es posible después de transcurrido al menos uno o dos mandatos presidenciales: Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay. Sólo cuatro países prohíben de manera absoluta cualquier tipo de reelección: México, Guatemala, Honduras y Paraguay.
La reelección continua o inmediata es una modalidad que suele favorecer –sobre todo en los últimos años– al partido oficialista y/o al presidente en el poder. Desde que se iniciaron las transiciones a la democracia en la región, hace ya 35 años, todos los presidentes que buscaron reelegirse lo lograron, menos dos: Ortega en Nicaragua, en 1990, y Mejía en República Dominicana, en 2004.

Una tema complejo y polémico
La reelección es un tema muy controversial. Desde el punto de vista de la conveniencia o el perjuicio de la reelección, existe un debate de nunca acabar, en el que suele incurrirse en confusiones importantes (no se hace distinción entre sistemas presidenciales y parlamentarios), o en el que se desconocen las diferencias de cultura política (entre el presidencialismo estadounidense y los latinoamericanos, por ejemplo), las cuales desempeñan un papel crucial en este tema.
Los críticos sostienen que la reelección expone al sistema político al riesgo de una “dictadura democrática” y refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico inherente al presidencialismo. Los defensores de la reelección, por el contrario, argumentan que ésta permite aplicar un enfoque más “democrático”, en la medida en que posibilita a la ciudadanía elegir con mayor libertad a su presidente y responsabilizarlo por su desempeño, ya sea premiándolo o castigándolo según sea el caso.
El debate sobre la reelección en general se ha traslado en los últimos años al tema de la reelección indefinida. Sus defensores argumentan que en la medida en que sus propios partidos confirmen sus liderazgos y la ciudadanía los vote elección tras elección,  la reelección indefinida de una misma persona no es antidemocrática.
En mi opinión esto es cierto en un sistema parlamentario, pero no en uno presidencial, ya que en este último la reelección indefinida refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico inherente al presidencialismo y expone al sistema político al riesgo de una “dictadura democrática” o bien a un sistema autoritario a secas. Las nefastas experiencias reeleccionistas de Anastasio Somoza, en Nicaragua; Alfredo Stroessner, en Paraguay; y Joaquín Balaguer; en República Dominicana, así lo testimonian.
Además, la reelección indefinida suele atentar contra los principios de igualdad, equidad e integridad en la contienda electoral, al dar lugar a un ventajismo indebido a favor del presidente en funciones, en desmedro de los demás candidatos. La campaña electoral venezolana del pasado mes de octubre en la cual fue reelecto Chávez, es un claro ejemplo de esta patología.
Las conclusiones de un reciente seminario sobre el tema señalan que, en numerosos casos, la figura de la reelección presidencial en América Latina se ha caracterizado por ser más desafortunada que afortunada, puesto que ha servido para que algunos gobernantes pretendan permanecer de modo indefinido y hasta perpetuarse en el poder, ya sea por sí o por otros.
En dicho seminario hubo consenso, asimismo, en que los riesgos asociados con la reelección presidencial suelen estar directamente relacionados con el grado de institucionalidad de cada país: en aquellos con institucionalidad fuerte, los riesgos de una desviación patológica son menores, y son mayores en aquellos países con institucionalidad débil.
La institucionalidad fuerte se caracteriza por la existencia tanto de poderes públicos independientes del Ejecutivo, sobre todo el Poder Judicial, así como por un sistema de partidos políticos competitivos e institucionalizado.
Por otro lado, como lo demuestra la experiencia comparada latinoamericana, en países con institucionalidad débil la reelección indefinida, e incluso la inmediata, del presidente ha servido para concentrar el poder político en el Ejecutivo, con grave afectación al principio de división de poderes y sobre todo a la independencia de los órganos del poder público, a los cuales les corresponden funciones de control tanto jurisdiccional como político. Venezuela, Ecuador, Bolivia  y Nicaragua son algunos ejemplos de esta tendencia.

Tendencias reeleccionistas en la región en los próximos años
Durante los últimos cuatro años (2009-2012) 17 de los 18 países de América Latina celebraron elecciones presidenciales. En todos ellos, los presidentes que buscaron su reelección la obtuvieron. A partir de este año la región inicia un nuevo rally electoral, ya que entre 2013 y 2019 todos los países irán nuevamente a las urnas para elegir o reelegir a su presidente y, como es posible observar, América Latina vivirá una nueva ola reeleccionista.
En lo que se refiere al reeleccionismo en América Latina, la coyuntura política actual evidencia la existencia de tres tendencias principales, a saber:
1. Presidentes en el poder que buscarán la reelección continua
Ha sido el caso de Correa, quien fue electo en 2006 y reelecto bajo una nueva Constitución en 2009 y, nuevamente, el pasado mes de febrero. También es el caso de Morales, electo en 2005, reelecto en 2009, con cambio constitucional incluido, y quien buscará su reelección en el 2014.
Además, todo indica que Rousseff aspirará a la reelección en 2014, pues su popularidad y su gestión la sitúan como la candidata natural del PT. De no hacerlo, se rumora que quien intentaría regresar al poder sería el ex presidente Lula. Santos, como ya señalamos, también anunció su intención de reelegirse en 2014. El caso de Cristina F. de Kirchner, quien fue reelecta en 2011 es diferente. En términos constitucionales, no puede reelegirse para un tercer periodo. Ella no ha expresado su intención de ser reelecta, pero su círculo más cercano apuesta claramente a este objetivo: “Cristina eterna”. Todo depende de lo que ocurra en las elecciones legislativas de octubre de 2013.
2. Y volver, volver, volver…
Será el caso de Bachelet en Chile, quien ocupó el cargo entre 2006 y 2010; de Vázquez en Uruguay, quien en 2005 llevó al izquierdista Frente Amplio al poder; o de García (presidente en 1985-1990 y 2006-2011) y Toledo (2001-2005) en Perú para los comicios de 2016.
Además, Saca, presidente salvadoreño entre 2004 y 2009, ha lanzado su candidatura como líder del Movimiento Unidad, fuerza que compite con los grandes partidos del país, ARENA (su antigua agrupación) y el FMLN.
3. Reeleccionismo conyugal
Históricamente hubo casos en América Latina de esposas que sucedían a sus maridos presidentes debido a la muerte prematura del líder (María Estela Martínez de Perón, en la Argentina de 1974) o porque eran herederas directas de su liderazgo político (Mireya Moscoso en Panamá) o de su liderazgo social (Violeta B. de Chamorro en Nicaragua).
Pero, desde hace algunos años, nos encontramos ante un nuevo fenómeno: la reelección conyugal. Néstor Kirchner puso de moda esta tendencia en 2007, al ser electa su esposa Cristina Fernández. En la actualidad dos mujeres de presidentes o ex presidentes pueden aspirar a continuar la obra de su esposo.
En Perú aparece con fuerza la figura de Nadine Heredia, esposa del Presidente Humala, aunque para que ello ocurra debería haber una reforma que comportara una nueva interpretación de la normativa electoral. Y en América Central, tras el fracaso de Sandra Torres en Guatemala —quien trató infructuosamente de ser candidata a la presidencia (incluso se divorció de su esposo, el ex presidente Colom, para eludir los impedimentos constitucionales) —, Xiomara Castro, esposa de Zelaya, presidente de Honduras entre 2006 y 2009, se alza como la candidata de la izquierda para los comicios de noviembre de este año.

Reflexión final
En estos treinta y cinco años de recorrido democrático, América Latina pasó de ser (al inicio de la Tercera Ola Democrática) una región de fuerte vocación anti reeleccionista a una claramente pro reelección. La actual fiebre reeleccionista (muy pocos están dispuestos a dejar el poder y muchos de los que se fueron desean regresar), en mi opinión, es una mala noticia para una región como la nuestra caracterizada por la debilidad institucional, la personalización creciente de la política, la crisis de los partidos y el hiperpresidencialismo.
En estos tres décadas y media de vida democrática en la región hemos podido observar a presidentes que manipularon y reformaron las constituciones a su favor y otros que, en cambio, respetaron la institucionalidad vigente. Los del primer grupo (Menem, Cardoso, Fujimori,  Mejía, Chávez, Morales, Correa y Uribe) cambiaron las reglas del juego una vez en el poder para impulsar reformas constitucionales que les permitieran ser reelectos. Los del segundo grupo (Lula, Vásquez, Lagos o Bachelet, entre otros) en cambio, pese a los altos índices de popularidad con que acabaron sus mandatos, no trataron de forzar la institucionalidad y respetaron la letra de la Constitución.

Resumiendo: El fortalecimiento y la consolidación de nuestras aún frágiles democracias no pasan por líderes carismáticos y providenciales. Ya lo dijo el ex presidente Lula: “Cuando un líder político empieza a pensar que es indispensable y que no puede ser sustituido, comienza a nacer una pequeña dictadura”.
En mi opinión, el camino a seguir es otro: mediante la participación madura y activa de los ciudadanos; con instituciones legítimas, transparentes y eficaces; con la existencia de un sistema de frenos y balances entre los poderes, con liderazgos democráticos y una sólida cultura cívica.

jueves, 23 de mayo de 2013

SEGUNDA VUELTA*


JOSÉ WOLDENBERG

Las bancadas del PAN y el PRD en el Senado la han vuelto a poner en la mesa de discusión.

La primera olita a favor de una segunda vuelta para elegir al Presidente apareció -si mal no recuerdo- luego de las cerradas y polarizadas eleccio- nes del 2006. La tensión con que se vivieron las semanas que siguieron a los comicios preocupó a más de uno. Y no era para menos. Los humores públicos estaban caldeados, la animadversión entre los competidores permeó a la sociedad, el ambiente estaba electrizado. ¿Cómo conjurar ese nerviosismo producto de un conflicto real?

Y entonces no faltaron los que sacaron la receta: una segunda vuelta. El problema de la fórmula es que ni lógica ni políticamente resuelve por sí misma lo que se quiere evitar. Nada garantiza que en una segunda vuelta los resultados no sean cerrados. Cierto que hay ejemplos de segundas vueltas donde las cifras finales resultan más abiertas que en la primera ronda, pero nadie en su sano juicio puede asegurar que eso indefectiblemente sucederá. Por el contrario, eventualmente la diferencia entre el primero y el segundo lugar puede ser más apretada.

Tampoco la fórmula garantiza que en el segundo round la polarización sea menor que en el primero. Por el contrario, si solo se enfrentan dos, la temida polarización bien puede agudizarse. Ya sé que los afectos al rational choice dirán que si los candidatos finalistas desean ganar tienen que moverse al centro y que están obligados a ello. No obstante, creo que confunden lo que es una herramienta analítica con un dictado de comportamiento inescapable. Me explico: la fórmula analítica intenta dar respuesta a por qué las personas actúan como actúan, pero nada garantiza que un individuo determinado se salga del canon. Eso es lo que hace difícil -entre muchas otras cosas- la vida en común.

Luego el asunto se sofisticó. Por decirlo de alguna manera. Apareció el tema de la legitimidad. ¿Era legítimo un Presidente con menos del 50 por ciento más uno de los votos? Más allá de que el concepto de "legitimidad" es cada vez más evanescente por su uso excesivo y excedido (cualquier político o comentarista hace alusión a la ilegitimidad de... cuando no le gusta algo), lo cierto es que si las reglas del juego establecen que se es Presidente con la mayoría relativa de los votos, la famosa legitimidad no se afecta. Recordemos que el presidente Fox con apenas el 42 por ciento de los votos no tuvo ese problema porque todos (los perdedores) asumieron que había ganado. Por supuesto en 2006 y 2012 el tema volvió a aparecer pero no por el porcentaje de votos de los ganadores, sino porque el segundo lugar impugnó los resultados (2006) o las condiciones en las que transcurrió la contienda (2012).

El "problema" mayor de nuestros recientes presidentes ha sido otro. Su convivencia con un Congreso en el cual ni él ni su partido tienen la mayoría de los votos para hacer su voluntad. Y en ese terreno la segunda vuelta no ofrece nada. Los ejemplos latinoamericanos son claros: un buen número de presidentes electos en segunda vuelta que no cuentan con el respaldo mayoritario en sus respectivos congresos. Es una derivación natural de haber importado solamente la mitad de la fórmula francesa (allá existe segunda vuelta para Presidente pero también para los legisladores).

No resultó casual que en la propuesta del presidente Calderón para introducir el segundo round para la Presidencia se estableciera que sería coincidente con la primera y única vuelta para elegir al Congreso. La intención ni siquiera quería ser disfrazada: se buscaba que al quedar solamente dos candidatos a la Presidencia, éstos "jalaran" el voto legislativo hacía sus mismos partidos. Quizá de esa manera pudiese obtener la tan anhelada mayoría absoluta en las Cámaras. El problema, en todo caso, sería para la tercera fuerza, que resentiría sin duda su descalificación para competir en el momento definitivo.

Esa original receta para reducir artificialmente la pluralidad creo que topa (por fortuna) con la incertidumbre de las grandes formaciones políticas. En las últimas tres elecciones presidenciales el tercer lugar ha sido diferente: PRD en 2000, PRI en 2006 y PAN en 2012. Así que para todos resulta riesgosa su implantación. En ese terreno no convienen los exorcismos. Hay que asumir que la historia -esa fuerza inclemente- ha forjado tres grandes referentes políticos con los que se conecta la inmensa mayoría de los votantes. Y si no queremos hacerle al aprendiz de brujo hay algunas vías para conjugar esa diversidad de manera productiva: a) a través de negociaciones y pactos o b) buscando el formato político más adecuado para procesar coaliciones.

Pero no hay que exagerar. La segunda vuelta en la elección presidencial sí sirve para una cosa importante: para que al final el ganador no tenga más aversiones que adhesiones. Dado que el triunfador tendrá siempre más del 50 por ciento más uno de los votos, los que tengan más rechazos que afectos no podrán ser titulares del Ejecutivo. No es poca cosa.

*Reforma 23-05-13

miércoles, 22 de mayo de 2013

¡AH, CHIHUAHUA!*


JORGE ALCOCER

En noviembre de 2011 la tenacidad e inteligencia de un pequeño grupo de mujeres, con y sin partido, agrupadas en la red Mujeres en Plural hizo posible la ya histórica sentencia SUP-JDC-12624/2011 mediante la cual la Sala Superior del TEPJF ordenó al IFE, y a los partidos y coaliciones, respetar la cuota de género en los términos establecidos en el primer párrafo del artículo 219 del Cofipe, sin excepción. Por ese juicio y esa sentencia, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión hay el mayor número -absoluto y relativo- de mujeres legisladoras en la historia de México.

Ese enorme paso en la lucha para igualar las oportunidades entre mujeres y hombres no había podido trascender al ámbito de las elecciones locales, cuyas leyes y prácticas siguen ancladas en el pasado. El número de diputadas en los congresos locales es muy reducido; al igual que en las presidencias y cabildos municipales, cargos en que las mujeres son garbanzo de a libra. El DF no es excepción.

Las leyes electorales de los estados y del DF contienen normas relativas a la cuota de género, pero en muchos casos con porcentajes por debajo de la norma federal, y en casi todos con la misma excepción que motivó el juicio ante la Sala Superior: la cuota no aplica cuando los partidos aplican "procedimientos democráticos" para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular; súmese a lo anterior la reiterada práctica de todos los partidos de fijar reglas internas que hacen nugatoria la cuota.

Este año 14 estados tienen comicios locales, el 7 de julio se elegirán diputados locales y ayuntamientos municipales, y solo en un caso gobernador. Pese a la referida sentencia y al compromiso de los partidos de actuar en consecuencia con ella, el número de mujeres que serán registradas como candidatas seguirá sin cumplir con la cuota del 40% mínimo. Los partidos se amparan en la excepción que sigue presente en las leyes electorales locales, y además hacen trampas, a ciencia y paciencia de los institutos electorales estatales.

Las mujeres que en esos estados militan en partidos políticos tienen temor de acudir ante el TEPJF en defensa de su derecho; pueden perder su trabajo, o su esposo sufrir represalias, o simplemente ser tachadas de "conflictivas" en su propio partido. Lo más difícil para promover un juicio como el que 10 mujeres interpusieron en 2011 ante la Sala Superior es encontrar mujeres que lo firmen. En esta materia, por desgracia, "fuera de México, todo es Cuautitlán".

En Chihuahua, imitando lo que hizo el Consejo General del IFE en 2011, su homólogo en el Instituto Electoral local emitió un acuerdo validando la excepción que contiene la ley electoral del estado, e ignoró la jurisprudencia del TEPJF, que obliga a integrar las fórmulas de candidatos que corresponden a la cuota, con propietario y suplente mujer. Era una calca de lo combatido por las Mujeres en Plural en 2011.

Pero, ¡ah, Chihuahua! Cuatro ciudadanas de ese estado pidieron el apoyo de la red Mujeres en Plural y gracias a ellas interpusieron el juicio para proteger sus derechos, y ganaron.

El 15 de mayo la Sala Regional del TEPJF con sede en Guadalajara -a la que corresponde jurisdicción en Chihuahua- que preside la magistrada Mónica Soto, resolvió no sólo aplicar los mismos criterios que la Sala Superior utilizó en noviembre de 2011, sino que dio un paso adicional, al establecer que la excepción a la cuota de género por motivo de "procedimientos democráticos" de selección de candidatos es inconstitucional y por ende inaplicable (SG-JDC-048/2013 y acumulados); de igual forma, los tres magistrados de la citada Sala decidieron, en aplicación de jurisprudencia, que en la fórmula de candidatos de cuota, propietario y suplente deben ser mujeres.

Aunque la sentencia solo aplica para Chihuahua, establece un precedente que permitirá invocarla en futuros juicios ante el TEPJF en los otros 13 estados, o en casos posteriores; es también importante para la reforma electoral en puerta.

Habrá que estar pendientes de que el Instituto Electoral de Chihuahua y los partidos políticos acaten la sentencia. Por lo pronto, Mujeres en Plural ha dado un nuevo paso.

Posdata: al parecer, el Consejo General del IEECH maniobró para incumplir la sentencia, obligando a un nuevo juicio.

*Reforma 21-05-13

sábado, 18 de mayo de 2013

CIFRAS FALSAS DEL VI INFORME PRESIDENCIAL*


CIRO MURAYAMA

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, el presidente de la república debe presentar cada año, en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, “un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.

Como se sabe, el 1 de septiembre fue durante las décadas de partido hegemónico el día del presidente: una escenificación donde el mandatario se presentaba ante un Poder Legislativo dominado por su partido para hacer una lectura autocomplaciente de sus logros de gobierno.

Ese cómodo ritual llegó a su fin gracias al tránsito democratizador y a la irrupción de la pluralidad política en el Congreso e, incluso, durante el sexenio de Vicente Fox se canceló la ceremonia del mensaje presidencial ante legisladores. Pero lo que no ha cambiado y, en todo caso, debería cobrar mayor relevancia es la obligación constitucional del Ejecutivo de rendir cuentas ante los representantes populares. Sin embargo, el último informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa más que un ejercicio objetivo y veraz, incluyó disimuladamente un conjunto de cifras erróneas, falsas, sobre aspectos centrales de la situación del país y de su población.

Esto es así porque si bien en 2010 el INEGI levantó el Censo General de Población y Vivienda, cuyos resultados fueron dados a conocer en 2011, en el VI Informe de gobierno de 2012 se ignoraron los resultados de dicho censo y se trabajó con las estimaciones previas del Consejo Nacional de Población (Conapo), lo que implicó, entre otras cosas, que se ofrecieran datos de cobertura a inflados.

Las estimaciones de población hechas por Conapo con base en el conteo de población de 2005 proyectaron que para 2010 en México habría un total de 108.4 millones de habitantes, pero el Censo contó en realidad a 112.3 millones de personas, esto es 4 cuatro millones adicionales.

Queda todavía por dilucidar con precisión a qué se debió tan amplia desviación de las estimaciones con los resultados censales. También es preciso determinar hasta dónde ese “exceso” de población se explica por el incremento de las tasas de fecundidad en los últimos años que estaría ligado al abandono de las políticas demográficas y de planificación familiar a lo largo de las administraciones federales 2000-2006 y 2006-2012.

Ahora bien, más allá de esa discusión sobre las causas del incremento poblacional, lo cierto es que sin tomar en cuenta la evidencia robusta y actualizada del censo de 2010, el VI Informe incluyó en la página 292 del anexo estadístico la estimación conservadora y errónea de Conapo. ¿Por qué el Ejecutivo anterior decidió fingir que había 4 millones de habitantes menos de los que en realidad poblaban el territorio nacional? Una respuesta puede estar en que el uso de la cifra equivocada permitió presentar datos más favorables en materia de cobertura de servicios sociales básicos. Así, como dio cuenta esta semana la nota de Silvia Garduño en el diario “Reforma” (13/05/13, p. 2), “la cobertura de vacunación entre los niños de uno a cuatro años es superior a 98%, pero al recalcular este indicador con los resultados del Censo, la cifra cae 10 puntos porcentuales”.

Lo mismo ocurre con la tasa neta de matriculación en secundaria. El VI Informe del presidente Calderón arrojó un porcentaje de cobertura de 95.9% para 2010, pero tomando en cuenta a la población realmente existente medida por el Censo el dato cae a 81.1% (Ibíd.).

De esta manera los indicadores de logros de la anterior administración federal en temas tan relevantes como cobertura de servicios de salud y educación estuvieron sobreestimados, aun cuando había cifras oficiales, las del INEGI, para evitar cualquier confusión. Siendo así, no estamos ante un error metodológico sino, claramente, ante un intento de engaño al Congreso de la Unión y a la opinión pública por parte de quien fuera jefe del Estado mexicano.

*El Universal 16-05-13

'PALABRAS MÁGICAS'*


JOSÉ WOLDENBERG

Un ensayo personal y dolido sobre la forma en que la esperanza fue defraudada. Así podría definirse la película de Mercedes Moncada, Palabras mágicas; para romper el encantamiento; documental sobre las promesas que desató el triunfo de la revolución sandinista y la triste desembocadura de la misma.

Aquel 19 de julio de 1979 está en la memoria de muchos nicaragüenses (y no solo de ellos). La derrota de la dictadura familiar de los Somoza que se alargó de 1934 hasta esa fecha fue recibida con optimismo no solamente en aquel país sino en el resto de América Latina. Unos milicianos jóvenes entraron a Managua y desencadenaron el júbilo de la población. Grandes concentraciones, banderas rojinegras ondeantes, música, bailes, retórica, pero sobre todo monumentales ilusiones envolvían el ambiente. Era el día cero, dice Mercedes Moncada. El punto de partida del "hombre nuevo".

Su testimonio es un ir y venir a partir de esa fecha. Con imágenes de archivo y las más filmadas por ella, en tono documental pero incluyendo sosegadas o perturbadoras escenas ¿surrealistas o hiperrealistas?, recuperando testimonios pero sobre todo con un texto personal (ísimo), Moncada cuenta una historia trágica, circular, desencantada. Una gesta transformada en un nuevo gobierno abusivo, patrimonialista, gangsteril.

El último no es un adjetivo al azar. La larga secuencia en la cual un grupo de jóvenes lumpen se ufana de sus "hazañas" resulta no solo elocuente sino desconsoladora. "Cuando los liberales iban a hacer sus cosas, los sandinistas venían y nos armaban para que les metiéramos la bronca", dice uno de ellos con esa arrogancia producto de un machismo elemental (¿hay de otro?), una cultura de la violencia bien enraizada y la convicción de que serán impunes. Les prometen que "los van a sacar si caen presos". "Ellos son la fuerza del Estado", dice sonriendo y satisfecho un chavo.

La relación de Moncada con Nicaragua no es solo racional. La película deja ver una pasión contenida, una tensión de amor y odio de quien sabe que jamás podrá escapar de ese laberinto bipolar que es el país centroamericano. "Su fuerza de gravedad" es irresistible, inescapable y ella sabe o intuye que así será y seguirá siendo: "este país no me va a soltar". Quizá ese resorte es el que hace que la película resulte querible. No un manifiesto, no una diatriba, sino una narración desencantada producto de una fe que se ha evaporado.

Tres claves creo encontrar en la película para ese desengaño: la distancia crítica ante la violencia, ante la fusión de la política y la religión y la oceánica corrupción. Luego de los años de guerra, de asesinados y más asesinados, de entierros solemnes y féretros cobijados por las banderas o las flores, de llamadas reiteradas a la lucha y a ofrendar la vida por la patria, "cuando el humo se disipó y finalmente pude ver ya no éramos los mismos; la muerte dejó de ser heroica y fecunda". Esa revelación fruto de la experiencia, de la afligida e insobornable realidad, es quizá uno de los resortes fuertes del testimonio. "La muerte es solo muerte, nada más; no fecunda nada". "Muertos, muertos y más muertos. Muertos inútiles, inútilmente muertos". Un tema espinoso para los que siguen pensando que la violencia es la partera de la historia.

La otra es la que tiene que ver con la utilización de la religión para fines políticos. En una sociedad donde las procesiones se suceden y cobijan una fe popular dilatada y expansiva, donde los santos son paseados por las calles en un clima de fiesta y redención, el culto religioso se mezcló en el combate político. Moncada parece extrañar aquella religiosidad primera del FSLN. Aquel Cristo "proletario, hambriento, revolucionario", substituido por una alianza de clara conveniencia entre el presidente Ortega y la Iglesia oficial. Soy más pesimista. Me temo que el desenlace estaba ya incubado en una política insuficientemente escindida de la fe, lo que ha desembocado en esos mensajes espectaculares en las calles de Managua que rezan: "Nicaragua cristiana, socialista, solidaria".

La tercera fuente de desencanto no es otra que la corrupción. La repetida, cansina, recurrente corrupción. Las empresas de la familia Ortega a través de las cuales -dice la película- se "administran" los recursos que llegan del exterior, sobre todo de Venezuela. Una nueva elite de origen revolucionario que desde las instituciones estatales realiza los negocios más lucrativos (¿dónde he escuchado eso antes?) y que en su momento se benefició de la "piñata"; no otra cosa que la conversión de empresas y recursos estatales en propiedades de los prominentes hombres del FSLN. "Yo me sentí traicionada por todos; los unos por la corrupción, los otros por haberse callado tanto tiempo y ser cómplices del engaño".

Una secuencia, casi al final, es un montaje de las aguas de lluvia encharcadas y de los ríos que corren por las calles. Son escenas de 1979 y de ahora. Parece que nada ha cambiado. "Caminamos en círculos sin parar... regresamos al mismo punto".

*Reforma 16-05-13

REFORMA POLÍTICA*


CARMEN ARISTEGUI

Una nueva reforma política "definitiva" se aproxima para ser discutida en el Congreso y producir los nuevos lineamientos para organizar, regular y sancionar las competencias político electorales en el país.

La clase política y el Congreso harán el recuento de las irregularidades, de las prácticas permitidas y no permitidas que generaron más conflictos, enconos e impugnaciones durante las contiendas por el poder en los comicios más recientes.

Se dirá que, con estas modificaciones a la ley, no volverán a ocurrir las cosas que sí ocurrieron en la elección anterior.

Se rediseñarán los mecanismos de competencia; se abrirán algunas puertas, se cerrarán algunas ventanas y, como es previsible, se volverán a dejar las suficientes rendijas para volver a empezar.

La habilidad e imaginación para sortear leyes y prohibiciones y tomar ventajas indebidas frente a los demás competidores en las disputas por el poder desde la vía electoral ha sido el nombre del juego y la condición previa a múltiples reformas que se han cocinado en el país por ya un buen número de años.

La notable evolución en leyes y preceptos modernizadores de los últimos años es innegable. De los tiempos en que ser oposición estaba proscrito y podía significar cárcel o hasta la muerte, a los tiempos de hoy en que se discute cómo reglamentar las candidaturas independientes o si es deseable una segunda vuelta para la elección presidencial, han pasado muchas reformas. A pesar de ello, nadie puede decirse satisfecho -ni en lo federal ni en lo estatal- sobre las condiciones actuales para la contienda.

Fraudes y marrullerías se han sofisticado en algunos casos. El "Monexgate" marcó un grave precedente -no sancionado- del levantamiento de una estructura paralela para la obtención y dispersión de recursos millonarios -de origen desconocido- que fueron triangulados y ocultados a través de empresas fachada, con prestanombres y triangulaciones, desde la cual se impulsó la candidatura presidencial del PRI.

Otros mecanismos perversos se mantienen intactos como si nada hubiera pasado desde los tiempos más viejos de la política. A la vista, el "Caso Veracruz".

Será interesante ver cómo se resuelve la tensión que ha generado la maquinaria del "Pacto por México", con quienes tienen la representación formal para formular y aprobar leyes.

Con motivo del escándalo por la utilización de los programas sociales para favorecer ilegalmente las campañas veracruzanas se adelantaron los tiempos para impulsar una nueva reforma política. Quedó eso como una de las condiciones del PAN y PRD para no pararse de la mesa. Sin embargo, la disputa de liderazgos dentro de los propios partidos y la defensa del Congreso de su papel y representatividad han hecho que los grupos parlamentarios de estos dos partidos anuncien que -independientemente de la propuesta de consenso que se anticipa del Pacto- ellos impulsarán su propia agenda para una reforma política.

Han adelantado que contendrá 30 puntos. Es de esperarse que varios sean coincidentes con los que planteen los del Pacto por México, si es que no se pliegan a la propuesta que ahora procedería desde el Congreso.

Varios de los puntos apuntan a sancionar algunas de las prácticas de abuso más ostensibles que se dieron durante los comicios pasados.

La propuesta bipartidista plantea: la pérdida de la candidatura y registro por rebasar topes de campaña; la revocación de concesiones en radio y televisión a quien intervenga ilegalmente en las campañas; sanciones penales por propaganda o publicidad encubierta; fiscalización anticipada y durante las campañas de candidatos y partidos en competencia; sanciones graves y nuevas tipificaciones ante la compra y coacción del voto, etcétera.

Se propone, también, la segunda vuelta para elecciones presidenciales, reelección de legisladores y eliminación del fuero presidencial.

Los senadores, panistas y perredistas, les madrugaron a los firmantes del Pacto -o por lo menos eso parece- y adelantaron que buscarán también una fiscalía anticorrupción y una Fepade independiente.

El PAN, por su parte, ha lanzado la idea de crear un organismo electoral centralizado para llevar a cabo las tareas de organización de todas las elecciones en el país, habida cuenta de la crisis de autonomía y desempeño de los órganos electorales en el país. Muchos pros y otros tantos contras tiene la idea.

Independientemente de quién lleve a batuta o la iniciativa, lo que está en claro es que está en ciernes una nueva reforma electoral.

*Reforma 18-05-13

CONFLICTOS Y JUSTICIA*


ANA LAURA MAGALONI

En este tiempo, el mosaico de conflictos sociales de nuestro país se ha hecho más visible y ruidoso. Los maestros de Guerrero bloqueando la carretera y destruyendo edificios en Chilpancingo, los ultras de la UNAM tomando la Rectoría, el movimiento magisterial amenazando con paralizar la Ciudad de México, por mencionar algunos. ¿Qué hacer frente al conflicto violento? ¿Cómo pacificarlo? ¿Cuál es la capacidad del Estado para restablecer la paz?

No creo en soluciones de mano dura. Existe evidencia suficiente de que ello no funciona. Tampoco creo que quienes se envuelven en la bandera del Estado de derecho y la "aplicación estricta de la ley" tengan una clara idea de cómo diferenciar este discurso del de la mano dura. Más bien son muy parecidos. De punto de partida, para hablar de soluciones jurídicas (y no políticas) al conflicto, tenemos que asumir que la capacidad institucional para aplicar la ley de forma creíble, igualitaria y legítima es muy delgadita. Imaginemos qué pasaría, por ejemplo, una vez que los policías hubiesen detenido a los maestros de Guerrero o a los ultras de la UNAM. La película que sigue es un proceso judicial lleno de vicios, de abusos y de mentiras, un ejercicio de simulación de que la ley importa cuando los propios aplicadores de la ley son los primeros en actuar al margen de ésta, un MP sin capacidad de articular una historia y ofrecer evidencia contundente, un juez sin la independencia que requiere un árbitro creíble, un defensor público inexistente y desdibujado. El resultado: un montón de personas encarceladas a la mala, sin que sea creíble para nadie que ese juicio y esa sentencia son actos de "aplicación estricta de la ley". Todo lo contrario, la justicia penal mexicana sirve como instrumento de venganza y de represión social. Mientras que ello sea así, es muy delicado utilizarla para intentar hacerle frente a los conflictos sociales. Quiero pensar que parte de la prudencia que ha mostrado la administración de Peña Nieto frente a las trifulcas de maestros y ultras tiene que ver con ello.

Si queremos que sea el derecho y no la política la forma de gestionar la conflictividad social, es indispensable reformar a fondo el sistema de procuración e impartición de justicia. Se trata, finalmente, de implementar la accidentada y olvidada reforma penal.

Sin duda, el contexto ha cambiado para la reforma penal. En el sexenio anterior se creía que esta reforma era importante, pero que no era el momento para su implementación. Es por ello que a nivel federal, desde el 2008, en que se aprobó la reforma constitucional hasta la fecha, no ha pasado nada. Todo lo contrario, parece que la PGR está en ruinas. Al mismo tiempo, la orfandad política de la reforma penal durante el sexenio de Calderón hizo que cada entidad federativa que se animó a implementarla lo hiciera de manera aislada, diseñado su propia ruta de implementación, su propio entendimiento de la misma, con resultados muy diversos. Los pocos diagnósticos existentes coinciden en que el accidentado proceso de implementación de la reforma penal se ha caracterizado por su heterogeneidad en las formas de implementarla, por el despilfarro de recursos y por la falta de una visión compartida.

Todavía estamos a tiempo de enderezar el proceso de implementación, pero se requiere un empuje serio. Para ello, Peña Nieto debería atender en los siguientes meses cuatro puntos estratégicos.

Primero: la Ruta Crítica de la reforma. Aquí se requiere del liderazgo político del presidente de la República. Se necesita generar una visión compartida y un acuerdo nacional, que involucre a todos los gobernadores, para que decidan en qué orden y cómo se va a ir implementando la reforma en todo el país. El Presidente no se puede desentender de lo que sucede en el ámbito local, pues es ahí en donde se encuentran las principales demandas de justicia ciudadana. En materia penal, lo federal es bastante irrelevante para el ciudadano de a pie. ¿Cómo trabajar con los gobiernos locales para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos? Este continúa siendo un desafío insalvable para el presidente Peña Nieto.

Segundo: se necesita un órgano de implementación con mucha más fuerza política y presupuestal que la Setec, ello implica poner atención en la conformación de dicho órgano e incluir a funcionarios federales y locales del más alto nivel. Revisemos las mejores prácticas internacionales en este respecto y actuemos en consecuencia.

Tercero: la implementación de la reforma a nivel federal tiene un gran desafío: los casos de delincuencia organizada se seguirán por el proceso tradicional. La excepción es tan amplia que fácilmente se puede convertir en la regla. Hay que cubrir este hueco tomando decisiones con visión de largo plazo.

Cuarto: la institución clave para activar la reforma es la defensoría pública. Esta institución tiene la posibilidad de romper los equilibrios perversos. Se trata del abogado para quien no tiene recursos ni accesos. La defensoría ha sido muy abandonada en términos presupuestales y políticos. Ello genera ventajas para su reforma: no hay mucho que perder para los defensores y hay todo por ganar. Aprovechar esta ventana de oportunidad me parece crucial.

*Reforma 18-05-13