viernes, 28 de junio de 2013

LOS EXGOBERNADORES*

CARMEN ARISTEGUI

Los escándalos desatados en las últimas semanas por temas de corrupción, que involucran a figuras que han desempeñado responsabilidades de alto nivel político, como los gobiernos de los estados, exhiben, crudamente, una de las más grandes fallas de la llamada transición política mexicana: la debilidad o, en su caso, la franca ausencia de contrapesos y vigilancia a la hora de ejercer el Poder Ejecutivo en los estados de la República.

Virreyes, les llaman algunos a los gobernadores para dar cuenta del fenómeno que se gestó y que dotó -como en su momento los tuvo el Ejecutivo federal- de poderes metaconstitucionales y autoritarios, como herencia viva del viejo régimen, a los gobernadores. "Autoritarismo descentralizado", se le oyó decir, algún día, a Porfirio Muñoz Ledo para referirse al tema.

En un casi equilibrio político, los casos más sonados se refieren a tres ex gobernadores de partidos diferentes: Andrés Granier, del PRI; Luis Armando Reynoso, del PAN, y Juan Sabines, postulado por el PRD, y se agregan ahora los nombres de Fidel Herrera Beltrán y José Murat, según denuncia presentada en la PGR.

Granier llegó a la cárcel federal en el DF, pero sigue siendo reclamado por Tabasco. Acusado por delitos en ambos fueros, el ex gobernador enfrenta cargos por desfalco al erario, lavado de dinero y otras acusaciones.

Reynoso Femat ha promovido amparos contra la orden de aprehensión en su contra por delitos y peculado por 13,800,000.

Revelaciones periodísticas exhiben propiedades e inversiones que involucran también a su hijo y al amigo de su hijo, en algo a lo que le urge una averiguación ministerial.

En el caso del ex gobernador Sabines, diversos medios han dado cuenta de irregularidades en el uso de dinero público durante su mandato. El caso de la adquisición de reactivos médicos para pruebas de VIH que, de haber sido comprados y aplicados, en realidad, habrían cubierto a la población entera de Chiapas, EZLN incluido, lo cual no sólo no sucedió sino que resulta totalmente inverosímil como gasto público, es sólo uno de ellos.

Lo de Sabines ya trascendió a los medios y el tema ha llegado a la PGR.

Esta semana el abogado Horacio Culebro Borrayas presentó un voluminoso expediente con decenas de facturas a nombre del gobierno de Chiapas, decenas de facturas expedidas por cuatro constructoras: Goli, Moraza, Alzurio y del Sureste, que fueron beneficiadas con obras públicas en contratos millonarios.

El abogado presume -y así lo presenta en su denuncia formal- que las constructoras mencionadas son controladas por los ex gobernadores José Murat, de Oaxaca, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz. La presunción es que estas empresas, junto con otra de nombre Pakal, relacionadas con los ex gobernadores de Oaxaca y Veracruz, recibieron, por asignación directa, los contratos por intervención de Sabines.

Noticias MVS tiene el mismo expediente que fue entregado a la PGR e iniciará su propia investigación.

En el caso de Murat, ha respondido en llamadas -fuera del aire- al noticiero matutino, afirmado que él no tiene ni ha tenido constructora alguna en propiedad.

La Procuraduría estará obligada a investigar lo que Culebro Borrayas ha dejado en poder de la PGR y de los periodistas que han hablado con él.

Entre los papeles que el abogado entregó se encuentran estados de cuenta bancarios de HSBC en copia simple.

En su comparecencia, el denunciante le pidió a la PGR que solicite al SAT que informe si estas constructoras "... están dadas de alta en el fisco y si cubrieron impuestos fiscales correspondientes, además que se investigue a quién o a quiénes se le hacía cheques, depósitos o transferencias bancarias que están especificadas en dichos estados de cuenta".

También pide que se solicite a SCT y a la Secretaría de Infraestructura de Chiapas que "verifiquen si se realizaron dichas obras o éstas no se realizaron, ya que se tiene visto y entendido que, de dichas obras, algunas no se completaron y otras definitivamente no se hicieron, y que una vez que se encuentren debidamente comprobadas las aseveraciones que me permito hacer se consigne al juez penal correspondiente".

El caso en el que se involucra a los ex gobernadores Sabines, Herrera y Murat es de grandes dimensiones. Probablemente de mayor alcance que los de Granier y Reynoso juntos, no sólo por el monto de los contratos involucrados: 123 obras por asignación directa por un monto global de 1'829,235,938.32, sino por la presunción de una acción concertada entre esos tres ex gobernadores.

*Reforma 28-06-13

jueves, 27 de junio de 2013

EL DESAFÍO DEL CONGRESO Y EL FUTURO DEL PAÍS*

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

Contrario a una opinión generalizada, el Congreso ha sido una institución muy activa durante las últimas décadas. En números gruesos, más de 25 % del total de reformas constitucionales desde 1917 y 46% de la legislación federal vigente ha sido resultado de su actividad desde 2000. Pero el reto que enfrentará durante los próximos meses y su impacto potencial para el futuro del país hace palidecer lo realizado hasta ahora. Ello obliga a reiterar la necesidad de reflexionar sobre sus capacidades institucionales para realizar tareas que son cruciales para la gobernanza y el crecimiento del país. El inicio del sexenio se ha caracterizado por la acción legislativa. Se aprobaron reformas constitucionales de gran calado en educación, telecomunicaciones y competencia y se propusieron otras, aún pendientes, en materia de corrupción y transparencia, que previsiblemente serán acordadas durante un periodo extraordinario en julio y que permitirán salir del paréntesis en que estamos. Se discute además una reforma financiera que modifica un número importante de leyes, a las que se sumarán aquéllas que implican las reformas en materia fiscal y de energía. En el horizonte se perfila también una nueva reforma política. Este conjunto de cambios está modificando la arquitectura institucional del Estado mexicano al menos dos dimensiones. La primera mediante la creación de nuevos órganos con autonomía constitucional que realizan funciones administrativas y que requerirán de mecanismos novedosos de operación y articulación con el resto de las instituciones, en particular la administración pública federal. La segunda por una nueva concepción del federalismo que otorga amplias facultades normativas a la Federación a través de la expedición de leyes generales que serán aplicadas por órganos locales. Este sería el caso de la legislación sobre anticorrupción o transparencia. Sobre las implicaciones de esta nueva condición poco se ha reflexionado. Importa destacar que las reformas constitucionales marcan apenas el inicio de complejos procesos de implementación que suponen, entre otros elementos, la aprobación de la legislación secundaria, de cuyo diseño depende en buena medida el éxito de los objetivos que las animaron. La Constitución marca la ruta, pero deja amplios márgenes de acción a la ley. Sólo como ejemplo, las reformas en materia de telecomunicaciones y competencia obligan a crear o modificar al menos una docena de leyes de alta dificultad técnica, numerosas alternativas y muchos intereses que necesitan articularse en un plazo limitado de escasos 180 días. El resto de las reformas, propuestas o ya aprobadas, implica también numerosos cambios legislativos. ¿Cuál es la capacidad institucional que tiene el Congreso para resolverlos? Durante años se ha insistido que carece de ellas. Con notables excepciones, la mayor parte de los legisladores no tienen experiencia legislativa o administrativa. Por ello, debe insistirse en la urgente necesidad de establecer la posibilidad de reelección inmediata de los diputados para profesionalizar la actividad legislativa. Junto con ello, se requiere crear y fortalecer las estructuras de apoyo técnico que permitan dar contenido sustantivo a la tarea legislativa. Hoy el Congreso no cuenta con recursos humanos calificados para lograr un buen diseño de la legislación, para realizar análisis de impacto regulatorio, estudios de costo/beneficio o simplemente proyecciones de impacto presupuestal. Se trata de informar analíticamente el debate legislativo para poder mejorar el diseño y los resultados de las leyes, contrarrestar el cabildeo que con frecuencia captura el ánimo de los legisladores y permitir una adecuada rendición de cuentas de las opciones que se toman desde el Congreso.

*El Universal 27-06-13

DERECHOS HUMANOS EN EL DF*

JOSÉ WOLDENBERG

Las Comisiones de Derechos Humanos tienen una enorme importancia. Son el instrumento que el Estado ha diseñado para vigilar el comportamiento de las otras instituciones públicas en la materia. No es una tarea sencilla. Incomoda a muchos funcionarios. Pero es necesaria (imprescindible) para que la sociedad, sus integrantes, sepan que cuentan con una institución a la que pueden recurrir cuando sean agredidos o maltratados por cualquier funcionario o dependencia públicos. E incluso -bien vistas- son un auxiliar inmejorable de los titulares del Ejecutivo que pueden y deben ver en ellas una alerta, un visor, con relación a lo que sus colaboradores hacen o dejan de hacer en una materia tan sensible como la de los derechos humanos.

En particular la Comisión del Distrito Federal se ha convertido en un instrumento eficaz para la defensa de los derechos humanos... Para ello han sido necesarias varias cualidades que los titulares de la Comisión han sabido potenciar. En primer lugar, la autonomía. Se trata de la capacidad para actuar conforme a la ley por supuesto, pero tomando las decisiones sin la interferencia de los poderes que deben ser "vigilados" por la Comisión. Mientras en no pocas entidades de la República las Comisiones han sido succionadas por los respectivos gobernadores, la del DF ha sido capaz de actuar de manera independiente, entendiendo que si esa cualidad se erosiona, toda la labor del ombudsman se desfigura. Por supuesto, eso conlleva en no pocas ocasiones roces, tensiones y hasta distanciamientos con los titulares de las dependencias aludidas; pero habría que entender que esos choques se derivan del código genético de las propias Comisiones.

Una segunda cualidad es la de tender y fortalecer lazos de colaboración con las agrupaciones de la sociedad civil. No se trata solamente de una operación de mutua conveniencia, sino de la necesidad de no convertir a la Comisión en una isla sin soportes sociales. Por el contrario, la Comisión encabezada ahora por Luis González Placencia ha reiterado que se trata de "empoderar a personas y colectivos", de "construir ciudadanía", de generar "sinergias para fortalecer la institucionalidad democrática". Porque en efecto, el horizonte utópico de la CDHDF sería el de su desvanecimiento paulatino por falta de materia de trabajo, mientras una ciudadanía cada vez más y mejor organizada se convierte en el sujeto central de la vida democrática y las instituciones estatales hacen suyo el código de los derechos humanos. (Por lo pronto se trata de un escenario ideal, así que hasta donde alcanzo a ver, la Comisión seguirá siendo necesaria).

Una tercera cualidad de la Comisión es que sabe y asume que en materia de derechos humanos existen grupos vulnerables que reclaman una atención prioritaria. Porque si bien todos podemos ser víctimas, existen unos que por su situación específica resultan más sensibles a la violación de sus derechos. Mujeres, jóvenes, niños, personas con discapacidad, integrantes del colectivo LGBT, poblaciones callejeras, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, trabajadoras sexuales, como bien dice el propio informe de la CDHDF, requieren una atención especial. Y ello porque una enorme falla social tiñe nuestra convivencia. Seguimos siendo una sociedad profundamente desigual, polarizada y cargada de prejuicios, lo que es fuente primaria de un trato diferenciado e incluso discriminatorio para grupos sociales específicos.

La CDHDF también se ha esforzado en difundir una cultura, un cuadro valorativo, una forma de asumir las relaciones entre gobernantes y gobernados, que intenta crear una convivencia medianamente armónica y unas relaciones de poder donde la arbitrariedad, el despotismo, los maltratos queden desterrados. Es una tarea que no puede ni debe ser privativa de la Comisión. Por ello los lazos de colaboración con los medios de comunicación y el gobierno de la ciudad se han multiplicado. Habría quizá que buscar su fortalecimiento a través de las escuelas donde se lleva a cabo el proceso de socialización de la inmensa mayoría de los niños y jóvenes. Porque al final de cuentas, la tarea de arraigar una cultura de respeto a los derechos humanos es (debería ser) una tarea de todos.

Otra cualidad que me parece central. La capacidad para detectar algunos asuntos medulares que tienden a corroer el siempre frágil edificio de los derechos humanos. Se trata de temas que aparecen y reaparecen ante nuestros ojos y ante los cuales existe la posibilidad de que nos acostumbremos, que los veamos como parte natural de la vida. Como se dice en el informe de la Comisión, cuestiones como el arraigo, la presentación ante los medios de los presuntos responsables de algún delito, las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura, la desaparición de personas, los errores judiciales o las condenas injustificadas o las condiciones de los reclusos, son temas sobre los cuales la Comisión ha llamado la atención con denuncias, informes, estudios, seminarios.

Extracto del texto leído el 24 de junio durante el informe del ombudsman capitalino.

*Reforma 27-06-13

LAS LECCIONES DEL CASO GRANIER*

MIGUEL CARBONELL

Todos tenemos derecho a ser presumidos inocentes y a que sea un juez el que decida sobre nuestra posible responsabilidad por haber cometido un hecho ilícito. Eso se aplica al político más corrupto lo mismo que a un peligroso narcotraficante o a una persona acusada falsamente por haber violado a otra. Ese derecho asiste también, como no puede ser de otra manera, al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, quien deberá enfrentar un proceso judicial en el que se ventilen sus posibles responsabilidades por lo que parece que fue un saqueo sistemático y muy bien organizado de las arcas públicas de ese estado. 

Cualquiera que conozca el sistema jurídico mexicano sabe que los resultados finales de los procesos que se le abran a Granier son inciertos. Un pequeño error de la procuraduría puede salvar su pellejo. O bien puede haber un juez que lo condene a muchos años de prisión. O bien puede tomarse en consideración su edad y su estado de salud para decretar que tiene que compurgar la pena que se le imponga en su propio domicilio. Nadie puede saberlo de antemano. Ojalá que se logre una cabal aplicación de la ley, no solamente por lo que respecta a Granier, sino también a la tupida red de operadores, socios y cómplices que estuvieron a su alrededor, incluyendo desde luego a conocidos miembros de su familia. 

Ahora bien, lo importante del caso Granier no es la suerte que van a correr los implicados, sino el aviso de emergencia que nos lanza, para que evitemos que vuelva a suceder. No es la primera vez que nos enteramos de desfalcos de los gobernadores, algunos de los cuales se siguen conduciendo como si fueran verdaderos virreyes, ajenos a cualquier tipo de control. Hemos visto ejemplos escandalosos de aumento de la deuda pública sin que nadie haya respondido hasta el momento y sin que se justifique un abultamiento del gasto tan relevante como improcedente. 

¿Cómo podemos evitarlo en el futuro? ¿Cómo podemos hacer las cosas para que las instancias encargadas de auditar, fiscalizar, revisar e investigar no caigan en manos de la red de cómplices que exprimen el erario y acumulan cientos o miles de millones de pesos provenientes de la corrupción?, ¿qué tipo de semáforos amarillos deben existir para que cuando se sepa que un funcionario con un sueldo modesto conduce un Lamborghini que cuesta cientos de miles de dólares, sea inmediatamente investigado? 

Perseguir la corrupción ha sido una tarea en la que el Estado mexicano ha sido negligente, o estúpido, o cómplice. O las tres cosas a la vez. Los resultados están a la vista. Los responsables de desfalcos recientes viven casi todos en Europa o en Estados Unidos, disfrutando de la buena vida, mientras en sus estados hay hospitales sin medicinas, agencias del Ministerio Público sin impresoras, patrullas de policía sin presupuesto para gasolina y una larga serie de hechos que darían risa si no fueran muestras de una realidad trágica que afecta la vida de millones de personas. 

El pillaje sobre el presupuesto, en beneficio de gobernantes y de sus familiares, no es exclusivo de Tabasco. Quien diga que es la primera vez que pasa está mintiendo. Quien sostenga que no hay forma de evitar que vuelva a suceder, también está faltando a la verdad. 

Hacen falta candados, mecanismos de alerta temprana, comisiones ciudadanas, mayor atención de los medios de comunicación, involucramiento de la sociedad civil, participación de las universidades. No podemos permitir que en los estados la camarilla en el poder capture todas las instancias de control y se silencien en los hechos las herramientas previstas en la ley para sancionar la corrupción. Si no somos capaces de hacerlo, la democracia mexicana corre un grave peligro, porque se va a limitar a una estéril lucha de los partidos por sentarse en la mesa del poder y servirse con la cuchara grande del presupuesto público. 

Millones de mexicanos aspiran a que la democracia sea algo más que una autorización para el asalto y el pillaje. El dinero que pagamos los contribuyentes no puede ni debe servir para que se enriquezcan unos cuantos en perjuicio de la mayoría. Merecemos un mejor gobierno. Merecemos que se impida el saqueo del Estado. Merecemos un país sin corrupción.

*El Universal 27-06-13

miércoles, 26 de junio de 2013

LEGISLACIÓN ELECTORAL APEGADA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES*

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS

El pasado día 15 la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia) emitió una opinión sobre la legislación electoral federal mexicana. Ésta le fue solicitada por el presidente del Instituto Federal Electoral, a efecto de conocer en qué medida las normas que rigen los comicios en México son consistentes con estándares democráticos internacionales.

Si bien en México es inusual que las leyes se sometan a la revisión de cuerpos consultivos externos, lo cierto es que esta práctica es común en otras regiones del mundo. Desde 1990 la Comisión de Venecia ha emitido más de 500 opiniones solicitadas por autoridades de 50 países. Ello muestra el acierto del Consejo de Europa, la organización internacional más antigua del mundo, en crear un órgano experto que brinde soporte constitucional a los países miembros.

Las opiniones emitidas por la Comisión de Venecia fueron especialmente provechosas en la fase de diseño institucional de los países de Europa del Este durante los años 90. Lo son nuevamente ahora, al brindar soporte constitucional a las democracias que emergieron con la denominada primavera árabe.

Nuestro país forma parte de la Comisión de Venecia desde 2010. Sus representantes participamos activamente en la elaboración de estudios sobre leyes de diversa índole.

Paradójicamente, el país no había aprovechado la prerrogativa de requerir estudios sobre su legislación. Fue hasta ahora que el Instituto Federal Electoral solicitó la revisión de la legislación comicial y, al hacerlo, consiguió un insumo de primera importancia a los tomadores de decisiones.

El documento en cuestión revisa las normas mexicanas, desde la luz de buenas prácticas internacionales sobre sistemas electorales y de partidos. Es gratificante que la Comisión de Venecia reconozca que éstas tienen elementos positivos que inciden en elecciones libres y justas. Entre otros, señala los avances logrados en términos de independencia del Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral, el financiamiento público a partidos políticos, los mecanismos de vigilancia del gasto y la creciente eficacia de las cuotas de género.

Es interesante la reflexión contenida en la opinión sobre la prohibición para la compra de tiempo en radio y televisión para propaganda política. La comisión reconoce que, si bien pudiera haber afectaciones a la libertad de comercio, la proscripción cumple con requisitos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, persigue el interés general y respeta el principio de proporcionalidad. Considera, por tanto, que garantiza la igualdad, sin poner en riesgo la libertad de expresión.

En general la opinión reconoce que la legislación electoral mexicana es robusta y apegada a estándares internacionales. Sin embargo, su riqueza mayor está dada por los elementos que aporta para el debate.

En este rubro se inscribe el llamado que hace la Comisión de Venecia para revisar la prohibición a la reelección legislativa inmediata en México. Aunque reconoce que hay tanto beneficios como riesgos asociados a la limitación de mandatos, el texto pone en evidencia que la tendencia internacional es a permitir la posibilidad de que los congresistas puedan ser electos para un nuevo periodo.

Asimismo, la opinión propone discutir la conveniencia del sistema tasado de nulidades que hay en México, en el que se requiere invalidar determinado porcentaje de casillas para anular una elección. Además, sugiere repensar las reglas de financiamiento y gasto, incluyendo la posibilidad de que una elección sea anulada por exceso de gasto de campaña. 
En el pasado las normas mexicanas no se ventilaban fuera del territorio nacional por evitar la crítica. Esa posición autorreferencial se prueba errada ahora que el poder reformador cuenta con un riguroso estudio —a partir de parámetros internacionales —para examinar las leyes mexicanas. En todo caso, la decisión sobre cómo regularnos sigue estando exclusivamente en los mexicanos. 

*El Universal 26-06-13

martes, 25 de junio de 2013

EL INE... SIN LÁGRIMAS*

RICARDO BECERRA

Por lo que a mi toca, lo que más me gusta de la propuesta creadora de un Instituto Nacional de Elecciones es que su sola idea, constituye una redonda y completa reivindicación del IFE.
Si. Metidos en esa extraña cacerola de racionalidad que es el Pacto, los políticos del PAN, PRI y PRD, tácitamente no sólo han admitido que el IFE no sólo es confiable, sino que lo es a tal punto, que debería hacerse cargo de toda elección constitucional celebrada en México.   
La propuesta del INE, fue elaborada y firmada a paso veloz y al calor de la postelección el año pasado, durante las semanas agitadas antes de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Y quizás por eso, la propuesta del INE quedó en un nivel tan abstracto. Han resultado difusos sus contornos y remotas sus implicaciones. Por lo mismo, han devenido tan exageradas las reacciones a la propuesta y tan desordenado su debate.
Ante ello vale la pena proponer una aproximación menos exaltada en la búsqueda de soluciones alternativas. Propongo esta:
Número uno: no pocos fenómenos democráticos han ocurrido en la escala local (alternancia, gobierno dividido, triunfos opositores en las alcaldías más importantes, cabildos realmente plurales, crecimiento e implantación de los partidos, tradicionales y nuevos, etcétera) y esos fenómenos han aparecido –en parte- porque muchos organismos electorales locales han hecho su trabajo. Es cierto que hay experiencias infames ó avances demasiado tímidos; en otras regiones hay retrocesos evidentes; también es verdad que las presiones e injerencias de los Gobernadores suelen perturbar el trabajo electoral local.
Pero el punto es si esta nebulosa problemática a la que no podemos cerrar los ojos, encuentra sólo una salida: la completa y radical centralización del trabajo electoral.
Número dos: tampoco es correcto pasarse de soberanista y abjurar del Pacto por un supuesto agravio al federalismo fundador. No es correcto porque, la verdad, desde hace rato, varios criterios y procesos electorales están perfectamente nacionalizados: no hay estado de la República que no coloque las mesas directivas de casilla mediante el famoso sistema de la insaculación de los ciudadanos; no hay lugar que no utilice y use de guía, la cartografía básica del IFE; no hay entidad que no elija a sus Consejeros Electorales desde el Congreso local y no hay Consejos que no le den mayoría de votos del órgano a los Consejeros, así nombrados. En todas partes existe la representación proporcional y todos los estados han hecho ya un movimiento constitucional para unificar y sincronizar sus calendarios electorales. 
Y más que principios, muchos de los instrumentos electorales prácticos son ya, cabalmente nacionales: no hay elección en el país que no tenga como condición primaria la credencial para votar con fotografía emitida por el IFE; todas las elecciones se basan en el padrón y en las listas nominales del Instituto Federal; el modelo de radio y televisión, completo, es administrado exclusivamente por el IFE; toda queja sobre propaganda en medios electrónicos debe ser trasladada allí, y si quieren revisar las cuentas de los partidos a profundidad, deben solicitar al IFE trascender el secreto bancario. 
En otras palabras: hay condiciones, procesos e instrumentos electorales, vitales, que son ya totalmente nacionales.
Por eso, creo, la discusión está en otra parte.
Admitamos primero la razón del Pacto por México: existen autoridades electorales locales capturadas por un solo partido, casi siempre, el partido del Señor Gobernador. Parece claro, razonable y necesario afianzar la autonomía política local de los procesos electorales.
Pero compartir la razón del Pacto no se traduce, obligatoriamente, en compartir su medicina. La operación re centralizadora es una forma extrema, pero puede pensarse alternativamente y por ejemplo, en Presidentes de los órganos electorales que sean propuestos desde el Senado y garantizar las dos terceras partes del Congreso Local como condición de aprobación de cualquier Consejero estatal.
Debe pensarse también en su carácter transexenal, es decir, que su estancia no dependa ni coincida de la del Gobernador y sobre todo, una profesionalización de sus funciones (con estancias de 7 años con posible reelección).
Simultáneamente a esta afirmación de “lo local”, sería importante dar otros pasos “nacionales”, especialmente en el terreno de la fiscalización de los dineros de los partidos bajo un solo procedimiento radicado en el IFE, en una suela cuenta nacional y bajo una responsabilidad nacional por cada partido. El mismo destino tendría que ocurrir en materia de transparencia: los partidos deberían ser sujetos obligados directos, en tanto entidades de interés público, revisados por el IFAI, con una sola unidad de enlace responsable de la información nacional. Igual dirección deberían adoptar los estados en el trazo de los distritos en sus territorios: estandarizar y adoptar los criterios y los sofisticados instrumentos del IFE –revisados hasta el tuétano por los partidos- para garantizar la existencia de circunscripciones y distritos electorales iguales, creados de manera ciega, sin sesgos ni mano negra.      
En la misma dirección, Pedro Salazar, ha propuesto la desaparición de los Tribunales estatales locales (pues se han convertido en escalones que todo el mundo se salta y todas las quejas acaban, como se sabe, en el Tribunal Electoral Federal). En este asunto, también parecería lógico una nacionalización de la justicia electoral con las Salas regionales, que ya son permanentes, operando normal y directamente en las elecciones locales.
En suma: llevamos más de 20 años haciendo elecciones locales “bífidas”, en las cuales la parte vertebral (credenciales y padrón) son ya nacionales, y por eso no hay razón para ninguna inquietud soberana. La autonomía política de los órganos locales es el centro del diagnóstico pactista y eso lo que debe encontrar respuestas rigurosas e imaginativas.
La mejor salida, en mi opinión, vendrá de saber evadir las intransigencias soberanistas o centralistas, y por tanto, forzosamente de una mezcla: fortaleciendo, profesionalizando las instituciones locales al mismo tiempo que se centralizan los temas modernos –los que se escapan de la dimensión local- pero que resultan cruciales para la competencia electoral: la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas.

*La Silla Rota 24-06-13

¿CUÁL REFORMA?*

JORGE ALCOCER

Decía Norberto Bobbio que el diálogo tiene un valor en sí mismo; sirve aunque sea solamente para conocer lo que piensa el otro; por ello es que no puede haberlo cuando por delante están las descalificaciones, los epítetos y los tabúes. Es lo que está pasando con la llamada "reforma de Pemex". Al que manifiesta acuerdo se le acusa de "traidor a la patria", mientras que a las voces críticas se las califica de "bramidos". Eso no es diálogo, ni debate.

Es válido que el debate empiece con la exposición de las ideas de quienes tendrán voz y voto en esta reforma; pero mucho ayudará que a ellas se sumen las de especialistas, a fin de conocer los diagnósticos y alternativas de solución que sobre el problema existen. Debatir con quienes presumen de convicciones inamovibles y en ellas anclan sus decisiones es perder el tiempo, recurso no renovable.

Hablar de la "reforma de Pemex" es achicar el debate, reducirlo al ámbito instrumental, dejando de lado los objetivos y metas. Así ocurrió en 2008, cuando el punto de partida fue un rotundo no a la modificación del artículo 27 constitucional, por lo que las soluciones adoptadas se limitaron a cambios en la estructura corporativa de Pemex -consejeros independientes y creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos- y a otorgar base legal a los contratos con incentivos. Los resultados, en términos del presente y futuro del sector energético, han sido insuficientes.

De nuevo los participantes en el debate ponen por delante lo que no quieren, a lo que pomposamente algunos llaman "principios". "No queremos privatizar Pemex", dice el gobierno; "quieren privatizar Pemex", acusan los críticos. Lo que nadie explica es qué entienden por "privatizar". Desde su creación, la empresa estatal ha requerido de miles de proveedores privados de bienes y servicios, y los seguirá necesitando. Por ahí no está el debate.

¿Cuál reforma? Aunque sea para ordenar el debate, quizá esa es la primera pregunta a plantear; si hablamos solamente de que Pemex sea más eficiente; de transformar su estructura corporativa, o de combatir la corrupción, se tratará de cambios administrativos, que podrían ser importantes, pero no atenderán la eficiencia de la industria. Mis maestros me enseñaron que para el diseño de la política económica es indispensable conocer el problema, fijar un objetivo y optar por un instrumento, evitando sobrecargar estos últimos con múltiples objetivos, muchas veces incompatibles entre sí.

Podríamos -quizá- convenir en que la reforma debe tener un objetivo: asegurar, a mediano plazo, el abastecimiento interno de energía. Podemos agregar que ese objetivo debe cumplirse en condiciones de accesibilidad y precios competitivos. Para lo primero, la variable central es la disponibilidad -presente y futura- de los recursos energéticos: petróleo, gas y otras fuentes. Lo segundo dependerá de la infraestructura con que se cuente, y de criterios que trascienden la relación costo-precio. Los casos más evidentes son los precios de la gasolina y la electricidad.

Habrá que disponer de información verídica sobre el destino y monto de las inversiones a realizar en el sector, y sobre la disponibilidad -interna y externa- de equipos, tecnologías, expertos y mano de obra calificada. A partir de esa información se abre el debate: ¿Puede el Estado mexicano asumir en su totalidad las inversiones requeridas en el sector energético; dispone Pemex de los equipos y tecnología para emprender los nuevos proyectos, o en cuánto tiempo estaría en condiciones de hacerlo; en qué casos la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, produce mejores resultados; cuáles son la ventajas, desventajas y costos de esa participación?

Una vez que se tengan respuestas, fundamentadas, procederá discutir los instrumentos jurídicos y administrativos que habrá que poner en práctica para alcanzar el objetivo. Las eventuales reformas, constitucional y a las leyes, son punto de llegada del debate; como lo serán también los posibles cambios en la estructura corporativa de Pemex.

Corresponde al gobierno aportar información, para pasar de conceptos pétreos a delinear los cambios que propone. No evitará con ello los epítetos, pero contribuirá al diálogo ordenado e informado, lo que tiene un valor en sí mismo.

*Reforma 25-06-13

MOLESTIAS DEMOCRÁTICAS*

MARÍA AMPARO CASAR

A pesar de los crecientes escándalos de corrupción política y de su progresivo desprestigio, los funcionarios públicos -electos o designados- han montado una exitosa estrategia para limitar el escrutinio al que deben estar sujetos en el desempeño de sus funciones y en el uso de los recursos públicos bajo su responsabilidad. Una estrategia que parece concertada, pues proviene de todos los frentes políticos y se vale de todos los métodos: desde la dilación en la aprobación de las iniciativas hasta las sentencias de la Suprema Corte pasando por el solapamiento de actos de corrupción de unos en favor de otros. Al final la conducta que ha prevalecido es la de salvaguardar "su derecho" a no rendir cuentas.

Lo ha hecho el Ejecutivo federal al dejar de impulsar la comisión anti-corrupción y no avanzar en la transparencia del gasto en compras y publicidad. Lo han hecho los ejecutivos locales al esgrimir la ficción del federalismo para evitar la aprobación de la reforma en materia de disciplina financiera. Lo han hecho los legisladores al frenar la ley que los sujetaría a la esfera de acción del IFAI, la eliminación del fuero y la reelección. Lo han hecho los partidos al resistirse a ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia.

A las muchas acciones contrarias a la rendición de cuentas ahora se suma la resolución de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte (8 de 11), quienes ante el amparo de un particular han decidido que las declaraciones de los diputados no deben hacerse públicas si no media su consentimiento.

Solo dos ministros acompañaron al magistrado Cossío en su proyecto de declarar inconstitucional el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas que sujeta la publicitación de la situación patrimonial del servidor público a su propia autorización. Propone su inconstitucionalidad, pues limita más allá de las excepciones que marca la propia Constitución el acceso a la información y vulnera el principio de máxima publicidad. Lo acompañó el ministro Valls argumentando la necesaria publicidad de las declaraciones patrimoniales para combatir la corrupción y transparentar la gestión pública. También el ministro Silva Meza al concluir que el umbral de protección de que los diputados gozan respecto a su privacidad debe ceder frente al interés público sobre todo cuando esa información se relaciona con la función democrática de control de la gestión pública y de prevención y exposición de actos de corrupción que puede ejercerse por la sociedad.

Finalmente el privilegio político prevaleció. Ni siquiera se logró acuerdo sobre la propuesta que hacía compatible la supuesta contradicción entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales. La solución se antojaba salomónica: elaborar versiones públicas en las que se salvaguardaran datos personales propios cuya difusión no es necesaria para el escrutinio sobre la función o desempeño de un servidor público o que involucraran a terceros.

La declaración patrimonial se inventó precisamente como un instrumento para responder por el desempeño y la aplicación de los recursos que corresponden al cargo. Es una manifestación sobre el puesto que ocupan, los ingresos y los bienes de los funcionarios. Se presenta y publicita para poder verificar la evolución de su situación patrimonial y checar que sea acorde con los ingresos recibidos. Se presenta también para detectar posibles conflictos entre intereses personales y las decisiones que se tienen que tomar por la naturaleza del cargo.

A nadie gusta que sus decisiones y sus finanzas estén siendo ventiladas. Pero cuando en una democracia uno escoge ser servidor público, está escogiendo también la obligación a someterse al escrutinio público en la mayoría de las actividades que uno realiza. Según las mejores prácticas los integrantes de todas las instituciones que reciben dinero público -poderes, organismos autónomos, contratistas privados, sindicatos y fideicomisos- deben presentar y hacer públicas no solo sus declaraciones patrimoniales sino también sus declaraciones de intereses para evitar favoritismos o tráfico de influencia. En esta materia no seríamos pioneros en América Latina. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú ya obligan a sus legisladores a hacer públicas las declaraciones patrimoniales. Chile y Colombia, también sus declaraciones de intereses. Con la ayuda de la mayoría de los ministros que no vieron la necesidad de contribuir a la rendición de cuentas -la propia y la ajena- los nuestros quedarán, por lo pronto, a salvo de esta molestia democrática.

*Reforma 25-06-13

LA CAÍDA DE LA DESOCUPACIÓN*

CIRO MURAYAMA

Los responsables de la política económica del país insisten en que México crecerá al 3.1% durante 2013, aunque las previsiones realizadas por diferentes centros del sector privado nacionales y extranjeros, como Bank of America Cerril Lynch, Banorte-Ixe y Santander, sitúan la expectativa más cercana al 2.5%.

Pero incluso de cumplirse las metas oficiales estamos en un escenario que implica, necesariamente, una disminución del ritmo de expansión de la actividad respecto al 2012 —que de por sí no puede calificarse como un año bueno en términos económicos— y un deterioro en la capacidad de generar empleo por lo que no mejorarán las condiciones de vida de la población, lo cual ha de ser el fin más importante de toda política económica.

Un dato que debería encender las alarmas económicas es que entre el último trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2013 disminuyó el número total de ocupados en el país de 48.2 millones a 47.77 millones, es decir, hay 426 mil personas menos trabajando de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Y si se compara con un trimestre previo, el tercero de 2012, la ocupación cae casi en un millón de personas (955 mil) en unos meses.

Hay que recordar, además, que seis de cada diez trabajadores laboran en condiciones de informalidad, lo cual subraya la mala calidad de la ocupación. Las precarias condiciones del trabajo han hecho que las familias deban cada vez más estar colocando a un mayor número de sus miembros como perceptores de ingresos, pero esa alternativa se complicará ante la contracción del empleo.

El eslabón clave en la relación entre economía y población, o entre actividad productiva y la sociedad es el empleo, pues de él depende que la generación de riqueza llegue o no a los hogares.

En nuestro caso el crecimiento económico es bajo y, ahora, la dinámica de la ocupación se vuelve negativa, lo que necesariamente se traduce en deterioro del bienestar de los mexicanos. Ese es el saldo de los primeros meses de gobierno, y no basta con decir que estamos en un entorno internacional que no es favorable, cosa que ya se sabía, sino que se requiere de definiciones para revertir la inercia hacia el estancamiento y a la baja (o negativa) creación de empleo.

No podemos seguir insistiendo en la falsa idea que la economía mexicana no enfrenta severos desequilibrios macroeconómicos, pues el hecho de que existan apenas 16 millones de trabajadores asegurados en el IMSS de más de 50 millones de trabajadores activos demuestra que el mercado laboral vive un profundo desequilibrio estructural en el que la fuerza de trabajo rebasa con mucho las capacidades de contratación que genera el tejido productivo. La población mexicana, joven aún y más educada que en cualquier momento previo de nuestra historia, le queda grande a nuestra economía.

De esta forma, la informalidad absorbe lo que en otro contexto (el caso español, por ejemplo) se expresaría como unas muy elevadas tasas de desempleo. En México, si se comparan los desocupados abiertos (2.47 millones) con el total de trabajadores asegurados en el IMSS, tendríamos una tasa de desocupación formal del 15%, casi tres veces mayor a la formalmente reconocida.

Además, de los 32 millones de trabajadores subordinados que hay en México, esto es, que laboran para un patrón, sólo el 8.3% (2.66 millones) gana más de cinco salarios mínimos, esto es, que cuentan con una remuneración que rebasa los 320 pesos al día.

Tenemos empleo mal pagado y cada vez más escaso, y una economía que no crece a pesar de tener todavía una muy favorable coyuntura demográfica. Eso comprueba el fracaso de la política económica. Sin embargo en esta materia el cambio en los colores del partido gobernante no se ha traducido en alternancia en la forma de conducir al país.

Desde Brasil se nos recuerda que el circo no puede sustituir la falta de pan, y más valdría tomar nota aquí que ni buen circo tenemos.

*El Universal 25-06-13

NUEVO SISTEMA ELECTORAL*

JAVIER CORRAL JURADO

Tengo por el magistrado José Miguel Salcido, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, un afecto personal y un respeto político a su desempeño. Con ese ánimo asistí a su toma de protesta como presidente de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales de la República Mexicana, que ejercerá por segundo periodo consecutivo. Salcido aprovechó el acto para lanzarse en contra de la propuesta que busca crear un órgano nacional electoral y pidió un amplio debate sobre el tema. Estoy de acuerdo en orear la discusión, en la que me coloco exactamente en sentido contrario a la posición del magistrado.
Si algún momento ha acreditado la necesidad de un órgano nacional electoral es el actual, en el que se libran procesos electorales en 14 entidades del país y ha quedado demostrada —incluido el caso de Chihuahua— la subordinación política de la justicia electoral al contentillo de los gobernadores de los estados, quienes tienen prácticamente capturados a los órganos electorales locales y en no pocos casos a los tribunales mismos.

La necesidad de contar con una autoridad electoral de carácter nacional no ha surgido como una iniciativa exclusiva del PAN. El compromiso 90 del Pacto por México busca “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.”

De la suscripción de ese acuerdo nació la iniciativa de reforma a los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución que presentaron el 14 de mayo de 2013 los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso y que se sometió a consideración de la Cámara de Diputados. El propósito central es crear un Instituto Nacional de Elecciones.

Actualmente la Constitución en el inciso d) de la fracción IV del artículo 116, permite la posibilidad de un modelo de cooperación entre la autoridad federal electoral y las autoridades electorales locales, ya que éstas últimas pueden convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

Contrario a la idea de que convertir al IFE en una autoridad electoral nacional única, implicaría más gasto, sobrecarga de trabajo e imposibilidad técnica de organización de las elecciones municipales, en realidad estaríamos ante un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos y redundaría en el ahorro de cuantiosos recursos que hoy se lleva el mantenimiento de dos estructuras casi paralelas, la federal y las locales, con largos periodos de descanso entre unas y otras.

Además, la exposición de motivos de la iniciativa es clara en afirmar que con el nuevo Instituto se aprovecharían las estructuras y áreas existentes en el actual Instituto Federal para atender lo relativo a las elecciones locales, así como se adoptaría la infraestructura y el capital humano existente en los institutos electorales estatales, lo cual implica de manera inmediata una reducción en el gasto electoral. En cuanto al argumento de que no tendría capacidad de llevar acabo las elecciones en todos los municipios, es insostenible, pues el actual IFE organiza elecciones en todo el país, sección por sección.

El dato más contundente es el penoso papel que realizan los órganos locales. Se está generando un fenómeno que Andreas Schedler ha identificado como “menú de manipulación electoral” que reconoce una diversidad de tácticas utilizadas por grupos que buscan perpetuarse en el poder: el fraude electoral, la represión, la inequidad en la contienda y la manipulación de actores y reglas clave en el juego democrático, y que en muchas entidades federativas ha implicado que se recurra al desvío de recursos con fines partidistas para reducir la incertidumbre que conlleva una elección y garantizar el triunfo de su partido político.

Por la subordinación de la mayoría de los Congresos estatales al gobernador en turno, los organismos electorales en las entidades federativas presentan un panorama muy distinto en su integración y una ausencia de mecanismos para garantizar la calidad de las elecciones y la proyección de los resultados; es el caso del funcionamiento oportuno y riguroso de los sistemas de resultados preliminares, o de la difusión de los cómputos finales a la sociedad, para garantizar la transparencia en la administración de los comicios.

La reforma constitucional fortalece el marco normativo que rige los procesos electorales e influye positivamente en las condiciones de equidad, fiscalización y transparencia bajo las que se desenvuelve la competencia electoral, de ahí que sea impreciso indicar que sólo pretende crear un instituto nacional electoral, ya que el objetivo de la iniciativa, además, es impulsar la mejor fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el rebase de topes de gasto de campaña y la emisión de una ley electoral y de partidos políticos para garantizar mayores condiciones de equidad en las contiendas que permitan una participación justa y equilibrada de todas las fuerzas y expresiones políticas.

*El Universal 25-06-13

LA PATENTABILIDAD DE LA NATURALEZA*

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

El pasado día 13, la Corte Suprema estadounidense dictó una importante resolución en materia  genómica y de patentes. En ella dio un ejemplo relevante de la necesaria vinculación entre  derecho y ciencia, como única manera de tratar a fondo algunos de los problemas cuya resolución  corresponde actualmente a los tribunales. Asimismo, y de forma más concreta, la Corte determinó  –de manera general– ciertas condiciones para la patentabilidad de procesos genómicos y, más en  particular, de algunos conocimientos que pretendieran ser patentados. Por la relevancia de todo  lo recién señalado, es importante considerar el asunto con el detenimiento que permita este  espacio.
A mediados de 2009, la Association for Molecular Pathology y otras organizaciones y personas,  demandaron a la oficina de patentes, a la empresa Myriad Genetics y a la University of Utah Research Foundation, con motivo del otorgamiento de diversas patentes relacionadas con los  genes BRCA1 y BRCA2, cuya mutación se encuentra vinculada con el riesgo de padecer cáncer de  mama y de ovario. Los demandados, en efecto, descubrieron la localización precisa y la secuencia  de los genes mencionados en los cromosomas 17 y 13. Los demandantes consideraron a su vez,  que lo hecho por Myriad y el Fondo de la Universidad de Utah no podía registrarse como patente,  pues únicamente se limitaba a un “producto de la naturaleza”. 
El litigio fue conocido en primera instancia por un juez del Distrito Sur de Nueva York. Éste resolvió  que aun cuando el ADN hubiera sido identificado y separado, en ningún caso se alteró la forma en  que se encontraba en el cuerpo, ni la información en él contenida. Consecuentemente, se  pronunció en contra del otorgamiento de la patente. La decisión fue apelada y una Corte Federal  de Apelaciones del Segundo Circuito determinó, en julio de 2011, dos cuestiones: que la  comparación entre las secuencias del ADN no era patentable, pero que sí lo eran los procesos de  separación genética y de identificación de mutaciones vinculadas con el cáncer. 
La Corte Suprema ejerció sus competencias para conocer del caso, pero en marzo del 2012 lo  devolvió a la Corte de Apelación a fin de que resolviera el asunto conforme con el criterio  establecido por ella en el litigio entre Mayo Collaborative Services y Prometheus Laboratories. Este  importante criterio consiste en establecer que para hablar de descubrimiento patentable debe  haber algo más que una “ley de la naturaleza, un fenómeno natural o una idea abstracta.” 
Con base en la determinación anterior, la Corte Federal resolvió confirmar sólo en parte lo dicho  por el juez, ello a partir de distintas opiniones de sus tres integrantes. En lo que coincidieron, sin  embargo, fue en reiterar que el acto de separación genética sí es patentable aun cuando no  llegaron a coincidir en lo que tal “separación” significaba. A partir del criterio Prometheus, dos integrantes de esa Corte se pronunciaron por la patentabilidad del proceso de separación de los  genes BRCA1 y BRCA2.
El asunto fue conocido nuevamente por la Corte Suprema y resuelto, como ya apunté, el pasado  día 13. Partiendo del artículo correspondiente (101) de la Ley de Patentes, la Corte Suprema  comenzó por señalar que tal tema implica un delicado equilibrio entre el establecimiento de incentivos para la creación, descubrimiento e innovación, y los obstáculos para el flujo del  conocimiento. La Corte estimó entonces que Myriad no había creado o alterado la información  contenida en los genes BRCA1 y BRCA2, debido a que el orden de los nucleótidos existía así en la  naturaleza. Igualmente, señaló que en lo que pretendía patentarse no había ningún tipo de alteración genética del ADN. Lo que a Myriad, a final de cuentas, se le reconoció fue el  descubrimiento de la localización precisa y la secuencia genética de los dos genes apuntados. La  razón para finalmente negar la patente al proceso anterior terminó siendo que esa empresa en  realidad “no creó nada” y que la separación de los genes, a pesar de ser relevante, no puede  conllevar un acto de invención.
En un agregado sobre los efectos de la sentencia, la Corte determinó expresamente aquello que  no fue materia de la resolución. En primer lugar, señaló que al no haberse planteado cuestiones  sobre si Myriad había descubierto o no métodos de manipulación genética, la Corte no estaba  pronunciado sobre ellos; en segundo lugar, dispuso que no estaba decidiendo si el modo de aplicar  sus descubrimientos conllevaba o no la posibilidad de otorgar una patente; finalmente, tampoco  negó la posibilidad de que se llegara a otorgar una patente a quien lograra alterar el orden de los  nucleótidos.
Para ejemplificar lo anterior, supongamos que una persona descubre un nuevo elemento de la  tabla periódica y considera que por ese solo hecho cualquiera que lo utilice debe pagarle una  contraprestación. Evidentemente, esto contraría el sentido común. Sin embargo, me parece que  no habría ningún problema en admitir que, cuando con ese elemento se llevara a cabo  determinado tipo de aleaciones o transformaciones, quien las realice sí tendría la posibilidad de  obtener una patente y cobrarnos a los demás el pago amparado precisamente en la misma. Dados los enormes cambios que estamos viviendo en materia genómica, lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos adquiere particular importancia.
Uno de los aspectos más relevantes de este caso consiste en la enorme cantidad de buen conocimiento científico de que se allegaron los diversos tribunales para resolverlo. Desde luego que la decisión en sí misma es trascendental, pues resuelve un conflicto presente con claridad y define un estado de casos incierto. Sin embargo, a partir de ello, se generaron los estándares mediante los cuales pueden enfrentarse problemas jurídicos complejos que requieran de la intervención de la ciencia en casos futuros. Tal vez la mejor lección que esta sentencia arroja es la conciencia de los jueces para preguntar de lo que no saben a fin de resolver cabalmente el tema que se les plantea, más allá de las consabidas formas jurídicas en las que tan cómodamente suelen encontrarse.

*El Universal 25-06-13

jueves, 20 de junio de 2013

¿INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES?*

PEDRO SALAZAR UGARTE

El dato es cierto: muchos gobernadores controlan a las autoridades electorales de sus estados. Esa falta de autonomía se traduce en inequidad y parcialidad durante los comicios para renovar gubernaturas, congresos locales y autoridades municipales. Esta es la razón principal por la que se discute en el Pacto por México la propuesta de crear un solo Instituto Nacional Electoral, que sería responsable de organizar todas las elecciones en el país. Desde un punto de vista técnico la iniciativa es viable pero, desde mi perspectiva, no es deseable. Expongo tres razones y paso a delinear una propuesta alternativa.

Debemos tomarnos el federalismo en serio y esta es una propuesta que apunta en la dirección opuesta, se decanta en clave centralista. Por medio de las elecciones se integran, de forma directa o indirecta, todos los poderes estatales, así que no es una cuestión de poca monta desde la perspectiva competencial. En segundo lugar, ese mismo centralismo conlleva riesgos políticos. Si se aprueba la propuesta los conflictos electorales municipales retumbarán en la ciudad de México y, de esta manera, potencialmente, contaminarán la política nacional. Finalmente, por las mismas razones, el diseño electoral nacionalizado podría colocar de nueva cuenta la agenda electoral en el centro de la ecuación política. Y eso es un error sobre todo ahora que, por fin, después de décadas, la agenda de las reformas ha logrado librarse del yugo electorero. Hasta hace poco parecía que los actores políticos mexicanos eran incapaces de pensar más allá de lo electoral.

Ahora ofrezco las pinceladas de una propuesta alternativa orientada a superar la preocupación que motiva la propuesta. Nuestro diseño electoral ya es una combinación de actores y potestades locales, federales y nacionales. Existen institutos locales que organizan las elecciones en sus estados, un Instituto Federal Electoral que organiza los comicios federales pero que es autoridad nacional en materia de radio y televisión y un diseño de justicia electoral que opera en los tres niveles. Sobre estas piezas puede ajustarse el modelo para fortalecer la autonomía política de las autoridades locales sin lesionar al federalismo. La clave está en identificar qué es lo que debe nacionalizarse y qué no.

Para empezar, puede reformarse el artículo 116 de la Constitución Mexicana para fortalecer desde ahí a las autoridades electorales locales. En esa disposición ya se establecen algunos principios que deben contener las legislaciones estatales en la materia. Así que, desde ahí, pueden imponerse reglas para el nombramiento de los consejeros electorales, plazos para la duración de sus cargos, perfiles y requisitos. De esta manera, desde la Constitución nacional pero con deferencia al federalismo, se construirían murallas legales al control político de los gobernadores.

En paralelo, tal como sucede en materia de radio y televisión, puede considerarse la posibilidad de nacionalizar la materia de fiscalización. Ese es un tema particularmente delicado que el Instituto Federal Electoral puede centralizar en un esquema de colaboración con los institutos estatales. Así, el IFE, seguiría siendo autoridad federal en su ámbito de competencias pero nacional en estas dos materias concretas. Lo ideal, para que este esquema funcione, sería acompañar este ajuste con un rediseño del modelo sancionatorio vigente. En concreto, trasladar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todas las potestades sancionatorias en ambos rubros. Un esquema similar existía en el pasado: el IFE instruye, las Salas Regionales del Tribunal sancionan en primera instancia y la Sala Superior tiene la última palabra.

En síntesis: organización electoral federalizada; institutos electorales constitucionalmente blindados; fiscalización y radio y televisión nacionalizados; y régimen sancionatorio judicializado.

*El Universal 20-06-13

GOBIERNO IMPOSIBLE*

JOSÉ WOLDENBERG 

Imaginemos qué hubiese pasado en las tres últimas elecciones generales si las reglas que acaban de presentar los senadores del PRD y el PAN en su "agenda mínima" hubiesen estado vigentes. Segunda vuelta, ratificación del gabinete por las dos Cámaras y moción de censura, pueden, de manera combinada, armar un batidillo. La segunda vuelta simbólicamente fortalecería al Presidente, solo para que a la vuelta de la esquina se viera atrapado por el Congreso. Veamos.

1. Los senadores proponen "segunda vuelta electoral para la elección presidencial". En 2000, 2006 y 2012 hubiese sido necesaria ya que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50 por ciento más uno de los votos. En 2000 Vicente Fox y Francisco Labastida se hubieran enfrentado en una segunda ronda. En 2006, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador y en 2012 Enrique Peña Nieto y López Obrador. Demos por bueno que cualquiera de ellos podía ganar.

2. El Presidente electo hubiera tenido que presentar al Congreso (a sus dos Cámaras) la aprobación de un "Jefe de Gabinete" y de todos los integrantes de su gabinete. Además un "convenio programático", de tal suerte que se instalara un gobierno de coalición.

a) Si en 2000 el ganador de la segunda vuelta hubiera sido Fox, tendría en principio el apoyo de 206 diputados y 46 senadores del PAN (recuerden que nadie plantea la segunda vuelta para los legisladores). Hubiese tenido la necesidad de sumar a 45 diputados y a 19 senadores para construir esa mayoría en el Congreso. Solo el PRI le hubiera garantizado forjar más de 50 por ciento más uno en ambas Cámaras. Con sus 211 diputados y sus 60 senadores no solo tendrían mayoría absoluta sino incluso calificada. Con el PRD y sus 50 diputados le hubiera bastado para tener mayoría absoluta en esa Cámara pero sus 15 senadores no resultaban suficientes. Entonces, una sola opción.

b) Si el ganador hubiese sido Francisco Labastida, el escenario le ofrecía dos opciones. Con sus diputados y senadores (ver supra) hubiese podido optar por el PAN o por el PRD. Con el primero en la Cámara de Diputados hubiese sumado 417 y en el Senado 106. Pero también con el PRD hubiera podido tener mayoría absoluta: 261 en diputados y 75 en senadores.

c) Ahora imaginemos que López Obrador hubiera ganado en segunda vuelta en 2006. Con 158 diputados del PRD, PT, Convergencia y 31 senadores de los mismos partidos, hubiera estado obligado a pactar con el PAN o con el PRI la formación de un gobierno de coalición. Felipe Calderón, por su parte, con 206 diputados y 52 senadores hubiese estado en la misma situación. El Verde, el Panal y Alternativa Socialdemócrata sumaron 32 diputados y 7 senadores, insuficientes para construir mayoría tanto para AMLO como para Calderón. No sigo con los numeritos para 2012 por falta de espacio.

La fórmula obliga a construir un gobierno con apoyo mayoritario. Esa es su virtud. Reconocer que no convienen -o que son muy arduos- los gobiernos de minoría. El "pequeño detalle" en la propuesta es que no dice qué sucede si no se logra una negociación como la diseñada. En la fórmula, el Presidente está sujeto a la voluntad (buena o mala) de una o dos fuerzas políticas distintas a las de su partido. Es su rehén porque no aparece trazada una salida ante la imposibilidad de forjar una mayoría absoluta que respalde la gestión presidencial. ¿Se podría dar el caso de un Presidente sin gabinete? Absurdo.

3. Pero además, según la iniciativa, existiría la posibilidad de una "moción de censura a cargo de cualquier Cámara para destituir al jefe de Gabinete o a los integrantes del gobierno". O sea que en el momento que la mayoría congresual (construida previamente) se rompiera sería posible que el gobierno, en minoría en las Cámaras, viera cómo uno tras otro de sus integrantes podría ser censurado por una alianza opositora. Incluso en algunos regímenes parlamentarios se ha llegado a la conclusión de que las mociones de censura a los gobiernos solo son posibles si las hasta entonces minorías ofrecen la forja de una nueva mayoría alternativa; para no propiciar ausencias de gobierno. ¿Pero qué pasa en un régimen presidencial donde el titular del Ejecutivo no emerge del Legislativo?

En las elecciones intermedias de 2003, el PAN vio disminuir el número de sus diputados hasta 151 y el PRI creció hasta tener 224. El Tricolor con el Verde (17), PT (6) y Convergencia (5) tendrían los votos suficientes para censurar a los miembros del gabinete. En 2009, también, tanto el bloque de izquierda como el PAN descendieron en sus respectivos diputados.

4. No está mal que por fin se haya instalado la discusión de cuál es el régimen de gobierno que mejor embona con un sistema pluripartidista equilibrado. Al parecer ningún hechicero logrará erradicar esa diversidad en el mundo de la representación. Pero el eventual nuevo diseño de gobierno debe ser armónico y capaz de fomentar la gobernabilidad. No una aspiradora que succionando iniciativas de aquí y de allá acabe trazando las líneas de un gobierno imposible.

*Reforma 20-06-13

miércoles, 19 de junio de 2013

EXTRAORDINARIOS*

JORGE ALCOCER

De manera previsible, e inevitable, la agenda electoral de este año, que abarca 14 estados con elecciones locales, incluyendo la de gobernador en Baja California, ha introducido un pesado elemento de confrontación entre las dirigencias de los partidos, y entre éstas y el gobierno federal, que tiene virtualmente paralizados los trabajos del Pacto por México, en lo que hace a la formulación de nuevas iniciativas de reformas constitucionales o legales.

Desde hace varios días las reuniones del Consejo Rector del Pacto tienen como único motivo la revisión de las quejas y denuncias que, con motivo de las campañas locales en esos 14 estados, presentan los dirigentes del PAN y del PRD ante el secretario de Gobernación, actuando como testigo de este muro de lamentaciones el presidente del PRI. Más allá de que las denuncias tengan fundamento en hechos probados, o probables, salta a la vista la perniciosa influencia que sobre las negociaciones para construir reformas siguen teniendo las contiendas electorales. Es un ciclo que se repite una y otra vez, con la misma lógica e iguales actores.

Los tres partidos suscriptores del Pacto hacen de lado a las autoridades electorales locales; institutos y tribunales son descalificados de facto. Nadie les concede capacidad, ni autoridad, para conocer, investigar y sancionar las conductas denunciadas. El Pacto ha quedado convertido en tribunal electoral de alzada. A 18 días de la jornada comicial del domingo 7 de julio, parece imposible que desde la Ciudad de México sean atendidas con prontitud y eficacia las numerosas quejas de panistas y perredistas. Las elecciones de 2013 volverán a ser evaluadas por sus resultados, no por la calidad de los procesos y las instituciones.

En esas condiciones se percibe como un gesto de optimismo mediático el anuncio, por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, en ambas Cámaras, de la realización de dos periodos de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión; uno a dar inicio el 15 de julio, en tanto que el otro tendría lugar en la segunda quincena de agosto, para empalmarlo con el inicio del periodo ordinario.

En el primer periodo extraordinario, serían atendidas algunas de las minutas pendientes de dictamen y votación, como son las de reforma constitucional en materia de transparencia (IFAI) y la que daría lugar a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, así como la que permitiría al Congreso expedir un Código Penal de aplicación general; punto obligado será culminar el procedimiento para designar a quien deba cubrir la vacante de Consejero Electoral del IFE, merced a la sentencia del TEPJF.

Con Perogrullo hay que señalar que no se puede iniciar un segundo periodo extraordinario sin haber cerrado el primero. La ley establece que ese tipo de sesiones solo pueden terminar cuando se hayan agotado los temas para las que fueron convocadas, o bien porque haya que iniciar las sesiones ordinarias. Si esas condiciones se cumplen, en la segunda quincena de agosto entrarían a dictamen y votación las leyes derivadas de las reformas en materia educativa, y las de telecomunicaciones y competencia económica, así como el paquete agrupado como reforma financiera, que ya está presentado ante la Cámara de Diputados.

Hasta hoy no conocemos las iniciativas sobre educación, telecomunicaciones y competencia económica; sin ellas, convocar a un periodo extraordinario sería como invitar a una comida sin menú. Por elemental prudencia, la convocatoria que podríamos tener en esta misma semana será solamente al primero de los extraordinarios, esperando que los resultados del 7 de julio permitan cumplir con la fecha de su inicio.

El nudo gordiano está en la elección de gobernador en Baja California; el triunfo del PRI dejará a Gustavo Madero en una posición aún más precaria frente a sus críticos internos, lo que provocará una reacción radical respecto de la continuidad del Pacto. Aunque el PRD tiene puestas sus fichas en otros territorios (Veracruz, Quintana Roo) la posible radicalización de Madero provocaría una conducta similar de parte de Jesús Zambrano. En la otra cara de la moneda, la victoria del PAN será leída como el precio pagado, por el Ejecutivo federal, para mantener a sus dos opositores en la mesa.

¡Vaya embrollo!

*Reforma 18-06-13

lunes, 17 de junio de 2013

REFORMA ELECTORAL DURADERA*

CÉSAR ASTUDILLO

Ninguna democracia puede presumir haber realizado una reforma electoral definitiva. Menos una como la mexicana, que ha hecho transitar su sistema político por el sendero de la reforma electoral. Imposible pensar en una reforma definitiva, pero imprescindible sostener las bondades de una reforma duradera. Un cambio, para ser duradero, debe tener la capacidad de ensamblar las exigencias de una reforma electoral integral con las necesidades de una reforma política de gran calado, porque sólo mediante una adecuada articulación entre ambas podrán sentarse las bases de una gobernabilidad democrática proclive a convertir la pluralidad política en gobiernos legítimos, y a inyectar eficacia a la toma de decisiones, la confección de políticas públicas y la concreción de una agenda legislativa. Por ende, más que una lista de ajustes menores debemos pensar seriamente en la necesidad de una cuarta generación de reformas político-electorales dirigidas al sostenimiento de un entramado institucional de largo aliento que escape de las coyunturas y vicisitudes de las últimas elecciones y de las visiones cortoplacistas, y ponga en el centro del debate modificaciones que pasan inicialmente por lo electoral, pero que enseñan la totalidad de sus implicaciones cuando generan sus efectos prácticos sobre la dinámica gubernamental. La segunda vuelta para la elección presidencial, la reelección legislativa y de alcaldes, la calificación de la elección presidencial, la fecha de investidura presidencial, entre otras, se adscriben a esta tipología de reformas en favor de la gobernabilidad. En esta lógica, más que proponer la reducción del financiamiento público, debemos reflexionar sobre la vigencia del modelo de financiamiento para advertir si es todavía justificado un arreglo basado en la preponderancia de los recursos públicos, o si es momento de dejar que quienes financien en mayor medida las elecciones sean los militantes y simpatizantes. Más que ajustar el modelo de fiscalización es necesario repensar si estamos satisfechos con un esquema de revisión posterior, o si debemos transitar hacia un sistema de contabilidad simultánea de los partidos que permita dar seguimiento en tiempo real a sus activos, pasivos, gastos y deudas. Más que flexibilizar el manejo de spots electorales, realicemos un diagnóstico certero sobre el modelo de comunicación político-electoral para advertir el comportamiento de los principales sujetos implicados, la pertinencia del spot para auspiciar una comunicación fluida entre actores políticos y ciudadanos, la forma de generar debates más amplios y de mejor calidad, y los correctivos para eliminar las derivaciones negativas del modelo. Más que auspiciar la cerrazón y la opacidad de los partidos, deberíamos reflexionar si en los últimos 35 años hemos sido capaces de construir un sistema de partidos competitivo y vigoroso, o si su consolidación, apertura, transparencia y compromiso democrático requiere relanzarse inexorablemente a partir de una renovada ley de partidos. Más que considerar a los ciudadanos actores secundarios del escenario público, necesitamos repensar cuál es el papel que deben jugar en el proceso de toma de decisiones colectivas, cuál es el margen de acción de sus derechos políticos ahora que podrán postularse como candidatos independientes. Finalmente, más que pensar en extinguir a las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y persecutoras del delito de los estados, debemos advertir cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo electoral, y cuáles las adecuaciones urgentes para asegurar su independencia respecto a los Ejecutivos estatales, para garantizar el profesionalismo de sus actuaciones y para incrementar el nivel de responsabilidades ante conductas permisivas o deshonestas. La reforma no será duradera mientras no completemos los pendientes de las reformas de 2007 y 2012, que tienen en suspenso la ley del derecho de réplica, la ley de propaganda gubernamental, la de participación ciudadana y la reforma conducente de las candidaturas independientes. La labor es ardua, pero si no actuamos con presteza, decisión y altura de miras caeremos en una reforma de mínimos que será meramente coyuntural, y que postergará de nuevo una reforma auténticamente duradera en beneficio de la salud de nuestro sistema democrático. 

*El Universal 16-06-13

UN PRESIDENCIALISMO MODERNO*


MANLIO FABIO BELTRONES 

Es un signo muy alentador para la vida nacional que la discusión pública se ocupe hoy de la modernización del régimen político. Las propuestas son muy amplias, diversas, y coinciden, desde distintas arenas y posturas, en la necesidad de ponerlo al día bajo la premisa casi indiscutible de que hemos vivido dos procesos de alternancia y sigue pendiente la transición a un nuevo régimen.

Seguimos teniendo el mismo sistema que se conformó hace varias décadas, cuyo mayor éxito –ampliamente reconocido– ha sido la estabilidad y el cambio institucional. Sin embargo, en los últimos años ha sido recurrente la necesidad de tener un régimen en el que todos nos reconozcamos, y que integre y aliente la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad, y reconozca su capacidad de contribuir a la cohesión, el bienestar, la seguridad y el desarrollo autónomo de la nación. 

A partir de este consenso básico, cabe preguntar: ¿Cómo podemos avanzar en la construcción de un nuevo sistema político que nos permita convivir con eficacia dentro de la pluralidad y dar mejores resultados, generando gobernabilidad y acuerdos?

El Pacto por México es, sin duda, un punto de referencia obligado en esta ruta de modernización del régimen político. No obstante, esta buena y muy oportuna idea que tuvieron tanto los partidos políticos que lo suscriben como el gobierno federal que lo propuso, debería ser institucionalizada y reglamentada con mecanismos específicos que fortalezcan y modernicen el régimen presidencial, al tiempo que garanticen su funcionalidad a partir de una relación fluida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Quienes hemos participado en los debates recientes –y ahora no será la excepción– reconocemos la relevancia de que las iniciativas de acuerdo político se formalicen en cambios institucionales que perduren y se regularicen más allá de los actores del presente. También sabemos que es indispensable afinar y ordenar las propuestas que se han presentado en distintos foros, porque en su diversidad es posible advertir un conjunto ambicioso e inclusive contradictorio de ideas.

El debate contemporáneo gira alrededor de la tríada compuesta por el Estado, el mercado y la sociedad. Al respecto vale recordar que el presidencialismo mexicano fue eficaz en un sistema internacional bipolar, en el que México avanzó por una vía intermedia, de centro, para eludir tanto la dictadura y el totalitarismo como los excesos del mercado libre. Fue un periodo no sólo con estabilidad política, sino también con un sostenido crecimiento económico en un tiempo prolongado.

En el escenario bipolar, las posiciones afines al comunismo de entonces no daban importancia al sistema democrático como un fin, sino como un medio para obtener el poder por una vía no violenta y entonces aplicar un modelo económico no capitalista, que restringiría las libertades individuales. Por su parte, el liberalismo a ultranza apostaba al capitalismo y al imperio del mercado, aun en contra de los derechos sociales, también bajo un Estado de signo autoritario. 

Ni en uno ni en otro extremo del espectro ideológico había un compromiso genuino con la democracia. 

Hoy existe una sociedad que ha madurado en la conciencia democrática y realidades económicas globales a las que ninguna nación que aspire al crecimiento y al progreso puede sustraerse, a riesgo de tener un papel marginal en el desarrollo y rendimientos decrecientes de sus economías.

Con esta visión del presente, el pasado y el futuro inmediato es que debemos realizar la síntesis de posturas y acuerdos legislativos que nos permitan concebir la reforma del régimen presidencial. 

Nosotros estamos convencidos que no será con una reforma instrumentada para excluir del juego a uno de los partidos políticos, como se logrará una verdadera transición democrática. 

Los elementos indispensables para la definición de un rumbo propio están a la mano, a pesar de la complejidad de las transformaciones de nuestro tiempo y de la incertidumbre sobre el curso de la economía global. Persisten las asignaturas de reducir la pobreza y la desigualdad social y de afianzar el estado de derecho, el régimen de libertades y los espacios públicos.

Por ello, la necesidad de modernizar el régimen político no es un elemento que, siendo indispensable, deba detener el curso de las grandes reformas que México necesita para lograr un crecimiento económico sostenido y generar empleos de calidad. Me refiero, desde luego, a las reformas energética y la fiscal que abordaremos al comenzar el periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo. 

Optar entre una reforma política o una económica es un falso dilema, contraponerlas o condicionar una a la otra sería una mezquindad y no un acto de responsabilidad con una auténtica voluntad de modernidad.

*Reforma 16-06-13

viernes, 14 de junio de 2013

COALICIONES EN LA AGENDA*

JOSÉ WOLDENBERG

El Pacto por México expresa el compromiso de introducir una reforma constitucional para fomentar gobiernos de coalición. Dice que el Presidente tendría la facultad constitucional de optar por un gobierno de coalición construyendo un acuerdo con otros partidos que debería traducirse en un programa de gobierno, una agenda legislativa y un gabinete conjunto. Por su parte, la "agenda mínima" que presentaron los senadores del PRD y el PAN establece también los "gobiernos de coalición". Dice: "inclusión de la figura del Jefe de Gabinete, ratificación congresional de todos sus integrantes y aprobación de convenio programático por ambas cámaras". ¿Hemos llegado así a una desembocadura "natural" del proceso democratizador mexicano? Un repaso histórico no está de más.

Hegemonía. Durante largas décadas el Presidente estuvo acompañado de lo que Sartori llamó un partido hegemónico. Un partido que lograba ocupar la inmensa mayoría de los escaños en el Congreso. La Cámara de senadores era habitada solamente por legisladores del tricolor y en la Cámara de Diputados la presencia opositora resultaba simbólica. Ello permitió al "Primer Jefe" ser el "Primer Legislador". No creo exagerar si digo que tanto "su" partido como el Legislativo se pensaban a sí mismos como puntales de la gestión presidencial, y entonces los problemas de gobernabilidad en el sentido estrecho del término (la capacidad que tiene un gobierno para hacer avanzar sus iniciativas en el Congreso) eran inexistentes.

Pluralismo equilibrado. El proceso de transformaciones democratizadoras que vivió el país a partir de la reforma política de 1977 paulatinamente tendió a equilibrar la presencia de las distintas fuerzas políticas en el mundo de la representación. El quiebre inicial se vivió con las elecciones de 1988, por las cuales por primera vez en su historia el PRI dejó de tener el número de diputados suficientes como para modificar por sí mismo la Constitución. Pero la diversidad nivelada se instaló en la llamada Cámara baja en 1997 y en el Senado en 2000. Desde entonces ninguna fuerza política ha podido con sus votos reformar una ley, hacer avanzar una iniciativa, conformar una comisión. La contundente aritmética democrática ha obligado a todos a aprender a negociar. Desde entonces cada propuesta que ha fructificado ha sido resultado de un acuerdo. No obstante, durante los primeros 15 años de esa nueva situación, los diferentes pactos han sido coyunturales, puntuales, y por ello, efímeros. La gobernabilidad -en el sentido apuntado- se hizo más difícil, tortuosa, lenta.

Los exorcistas. A lo largo de ese periodo aparecieron también diversos intentos de exorcismo. No podía ser de otra manera. Tantos años de falta de obstáculos a la voluntad presidencial tenían que generar un sentimiento de añoranza por aquellos tiempos. Y así, desde la academia, el periodismo y la política empezaron a inventarse o reinventarse recetas para conjurar la pluralidad equilibrada que habita el Congreso. Auténticos magos saltaron a la escena: ¿por qué no volver a introducir una cláusula de gobernabilidad que convirtiera la mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños? ¿Por qué no permitir que toda la votación obtenida se aplicara sin límite en el reparto de diputados plurinominales? ¿Por qué no hacer una segunda vuelta en la elección presidencial que coincidiera con la primera y única vuelta para elegir al Congreso? No fueron propuestas marginales. Las primeras dos las enunció el hoy Presidente y la tercera el anterior. Su intención: si los votos no le eran suficientes al partido mayoritario para ser la mayoría absoluta en las Cámaras, pues la ley les podía dar una buena ayudadita.

Pluralismo y efectividad. El Pacto por México es una expresión clara de que las principales fuerzas políticas del país han comprendido que cuando los votantes no construyen una mayoría congresual, la política tiene que hacerlo. Y ahora, las iniciativas que se presentan significan un paso más. Si ya el Pacto estaba pensado para ser menos efímero que los acuerdos puntuales, ahora se trataría de establecer en la Constitución que el Presidente eventualmente pudiera construir un gobierno de coalición a través de un programa de gobierno, una plataforma legislativa y la negociación de un gabinete bi o multi color. En la propuesta del Pacto, el gobierno de coalición aparece como una posibilidad: se requeriría la voluntad del Presidente y que se lograra forjar un acuerdo. Si no, el Presidente seguiría al frente de un gobierno de minoría. En la iniciativa de los senadores del PRD y PAN el Presidente debe lograr la ratificación de su gabinete y del "Jefe de Gobierno" en "ambas cámaras", como si se tratara de un régimen parlamentario (sin serlo). En esa iniciativa todo el poder lo tiene el Congreso y el Presidente puede acabar siendo su rehén. Si no logra el gobierno de coalición, habría una crisis mayúscula de gobierno. Por su flexibilidad y su carácter potestativo la iniciativa del Pacto parece superior.

*Reforma 13-06-13