sábado, 27 de julio de 2013

EL PACTO: DEBILIDADES Y RETOS*

JOSÉ WOLDENBERG

El Pacto por México fue una agradable sorpresa. (Para mí, por supuesto. Soy incapaz de hablar por alguien más). Los tres principales partidos del país y el gobierno de la República asumían con claridad que no tenían, cada uno por separado, los votos suficientes en el Legislativo para hacer su peculiar voluntad. Que eran necesarios los acuerdos y que si estos eran ambiciosos, abarcadores, con sentido, mejor que mejor. Se trataba -entiendo- de trascender las alianzas puntuales y efímeras que se han repetido a lo largo de los últimos 16 años, pero también de dejar atrás los sueños guajiros de construir mayorías artificiales en el Congreso. Resultaba del reconocimiento de una realidad del tamaño de una catedral y ofrecía una ruta de transformaciones para el país.

Arrancó con logros nada despreciables. Las reformas constitucionales en materia de educación y telecomunicaciones fueron sus primeros frutos. El nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación les siguió. (Faltan por supuesto las reformas legales en las respectivas materias y está en curso el nombramiento de los titulares de Ifetel y la Comisión Federal de Competencia). Probó ser, con el concurso de las tres principales fuerzas políticas, un mecanismo capaz de dar frutos relevantes.

Sin embargo, desde muy temprano también aparecieron sus debilidades y se anunciaron los que serían sus retos mayores. En el PAN y en el PRD brotaron casi de inmediato las diferencias, las fracturas. Fue público y notorio que en el seno de ambos partidos existían corrientes a las que no les gustaba la fórmula de procesamiento del Pacto y/o sus contenidos y/o su significado. En el caso del PRI, al parecer, esas tensiones no se han presentado -o no con la fuerza en que han aparecido en los otros partidos- porque de nuevo la Presidencia de la República es capaz de alinear a los miembros de su partido. El siempre ambiguo tema de la disciplina sin la cual los partidos dejan de serlo.

Lo cierto es que los partidos suelen ser constelaciones complicadas. No son ejércitos y menos iglesias. Aunque compartan una "fe" y existan órganos de dirección jerárquicos, normalmente están poblados por corrientes, grupos, tribus (como las quiera usted llamar), que expresan sensibilidades, diagnósticos, idearios y ambiciones y alucines diversos. Su dinámica marca no solo la vida interna de la organización, sino modela su perfil. Y al parecer, ello no fue tomado en cuenta por las direcciones del PRD y el PAN (o para no exagerar, no fue tomado en cuenta con suficiencia). De tal suerte que el Pacto, que tan buenos augurios presentaba para el conjunto, se ha convertido en la manzana de la discordia en los partidos. El espectador tardío y naif bien puede preguntarse: ¿qué hubiera pasado si en el procesamiento y firma del Pacto hubiesen participado los coordinadores parlamentarios de los partidos o los portavoces de las corrientes que se sintieron excluidas de tan ambiciosa iniciativa? Una pregunta a destiempo, quizá buena para la especulación.

Pero además, para el periodo de septiembre parece anunciarse el desafío mayor del Pacto: la discusión y eventual aprobación de las reformas fiscal y energética. Dentro de los "acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad" aparecen enunciados dos grandes temas: 1) "Una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo" y 2) "Una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca del desarrollo". Y aunque en el caso de la primera se asienta con cuidado que: "Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación. Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de Hidrocarburos. (Compromiso 54)", no solo la tensión crece, sino que el PAN ya anunció que presentará, por su parte, una iniciativa en la materia.

Son dos temas sensibles que no pueden discutirse el uno sin el otro, e incluso sin hacer explícito y mensurable el horizonte dentro del cual se insertan, pero que sin duda tensionarán no solo las relaciones entre los firmantes del Pacto, sino en el seno de la misma sociedad. ¿Serán capaces los autores del Pacto de generar iniciativas conjuntas en esas materias? ¿O cada uno de los participantes pondrá sus aspiraciones sobre la mesa? ¿Se formarán con ello nuevos alineamientos o se mantendrá viva la noción de un pacto inclusivo? Son preguntas que se resolverán en las próximas semanas y meses.

Por lo pronto, más allá del desenlace puntual, volvemos a enfrentarnos, como país, a una realidad más grande y profunda que el Océano Pacífico: los acuerdos entre partidos son la pieza imprescindible para que cualquier reforma logre cuajar. Y si no se construyen, pues no habrá. Eso hoy lo entiende todo el mundo, aunque los acuerdos -los pactos- sigan teniendo tan mala opinión pública y prensa entre nosotros.

*Reforma 25-07-13

MONTIEL-VERSINI*

CARMEN ARISTEGUI

En este momento, miles de casos -en todo el país- se litigan en juzgados y tribunales de lo familiar en procesos tardados, farragosos y oscuros que parecen no acabar nunca y que, al paso del tiempo, terminan por fastidiar la vida de las personas.

Niñ@s y adultos quedan atrapados en conflictos interminables y laberínticos en los que, en no pocas ocasiones, gana el que tiene más influencia, el que mejores abogados tuvo o quien logró hacer valer su condición de poder frente al otro, en tribunales que lo permiten o lo toleran.

Sistemas de justicia familiar en los que los conflictos entre ex parejas se vuelven más acendrados. Lugares donde los que llegan, en un primer momento, tan solo distanciados terminan por desarrollar los odios más profundos.

Circuitos infernales que terminan por trastocar y envenenar la existencia de las personas.

A la espera de que se instaure el nuevo sistema acusatorio y la oralidad como recurso que agilice, entre otras cosas, estos procesos, en lugares como la Ciudad de México, se dirimen más de 100 mil casos, en los que van de por medio, además de sanidades mentales, patria potestad, custodias, manutención, visitas, vínculos familiares y demás asuntos que involucran y determinan la vida de miles de niñas, niños, adolescentes y adultos.

Dentro de los miles, algunos adquieren relevancia pública por los actores y circunstancias que los rodean.

Los casos Góngora-Orozco, Peña Nieto-Díaz Hernández y Montiel-Versini tocan sus puntas por tratarse de individuos que ejercen o han ejercido los más altos cargos de poder en el país.

El caso Montiel-Versini reviste el dramatismo de la madre a quien se le ha arrebatado la posibilidad, mínima, de ver, tocar y abrazar a sus tres menores de edad.

No sólo es para ella este tratamiento brutal. A los niños Montiel-Versini se les ha impedido ver a su madre, ni un solo día, por los últimos 19 meses. Sin que ningún juez mexiquense lo haya impedido. Sin justificación real para que ocurra. Sin que nadie mueva un músculo siquiera. Todos apostando al disimulo.

El caso Montiel-Versini reclama nuestra atención no sólo por los actores que involucra, sino porque coloca ante nosotros, de nuevo, las distorsiones que se causan por la persistencia de los usos y abusos del poder en México.

Versini es una mujer que no genera demasiadas simpatías, precisamente, por haberse relacionado con un personaje cuyo poder lo hizo competir por la candidatura presidencial y, en el trance, enfrentó uno de los más grandes descréditos de la política nacional. Montiel quedó atrapado en las redes de la disputa. Roberto Madrazo, su contrincante, se encargó de hundirlo acusándolo de corrupción, con elementos en la mano, durante una transmisión televisiva nacional. Reforma publicó, por su parte, informaciones y fotografías que exhibían riqueza y lujos que indignaron a la población. A Versini se le reclama haber sido partícipe del disfrute de una riqueza que debió ser investigada y sancionada, pero que escasamente sólo fue denunciada. Su sucesor y actual presidente de la República se encargó de cerrar la puerta a cualquier proceso sancionador.

Paga Maude, por extensión también, los efectos del caso Cassez, por su condición de francesa.

Versini vive la pesadilla de no poder ver ni un minuto a sus hijos, mientras que los pequeños crecen lejos de la madre y con el claro signo de la alienación parental. ¿Por qué? Porque el poderoso padre así lo ha decidido. Porque no hay juez en el Estado de México que se atreva a impedir la aberración. Porque nadie interviene. Porque nadie mueve un músculo. Porque todos juegan al disimulo. Porque las cartas que ha enviado al Presidente, a su esposa, al cardenal Rivera y al presidente de la CNDH o han sido ignoradas o devueltas en situaciones anómalas que merecen una investigación.

Cosas graves contó Versini esta semana que tendrían que llevar a la CNDH, por ejemplo, a investigarse a sí misma.

¿Qué explica que las dos cartas, por ejemplo, que fueron enviadas a Angélica Rivera y al ombudsman nacional -a direcciones diferentes- hayan sido devueltas sin contestar pero, ¡juntas!, con los sobres abiertos dentro de un paquete de mensajería de la empresa UPS internacional. El remitente decía Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Enviadas el 25 de febrero. De regreso estaban, el 6 de marzo. Juntas, sin más. A manera de respuesta.

A meses de recibir la carta, hecha la revelación por Versini esta semana la CNDH anuncia que empieza, finalmente, investigaciones por "...presuntas violaciones a los derechos humanos de una mujer que se duele de no poder ver a sus hijos en casi 19 meses, al parecer por obstáculos diversos que presenta el Estado mexicano".

*Reforma 26-07-13

INFANCIA Y VIOLENCIA*

ANA LAURA MAGALONI 

En México, ser un joven varón entre 18 y 25 años de edad que no terminó la primaria significa vivir en "un país tres veces más violento que el país más violento del mundo", según el interesante artículo de Merino, Zarkin y Fierro publicado en la revista Nexos de este mes. Según los autores, la tasa de homicidios de hombres entre 18 y 25 años sin primara completa, desde 2009, ha sido superior a 300 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa homicidios a nivel nacional, en el 2011, fue de 25 y en Honduras, el país más violento del mundo, la tasa fue 92 homicidios por cada 100 mil habitantes. "Estos jóvenes -señalan los autores- con baja escolaridad representan el 17% del total poblacional de hombres entre 18 y 25 años, pero 44% del total de homicidios. Son ellos, a los que parecemos decir: son prescindibles".

¿Qué relación existe entre los niveles de escolaridad y la violencia? ¿Por qué disminuye la probabilidad de ser matado con arma de fuego el aumento en los niveles de escolaridad? Una respuesta simplista diría que a menores niveles de escolaridad existen menores oportunidades laborales y que, por tanto, aumenta la propensión a cometer delitos y terminar muerto por arma de fuego. Sin embargo, esta respuesta es tan superficial que no permite buscar soluciones al problema. No es lo mismo participar en actividades ilícitas por falta de oportunidades laborales que ejercer violencia. La pregunta a responder es: ¿cuáles son los ingredientes sociales, psicológicos, familiares que propician o hacen más factible que una persona opte por ejercer violencia contra otros? Del análisis estadístico de Merino, Zarkin y Fierro sobre homicidios en México, me parece que una posible clave está en entender cuáles son las diferencias entre los contextos sociales y familiares de los varones que terminan la primaria y los que no lo hacen.

La academia norteamericana lleva tiempo intentando responder a una pregunta similar: por qué los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos tienen mucho menos probabilidades de terminar la universidad y de tener una vida productiva y feliz que los estudiantes de clase alta. Existe un gran debate al respecto. Sin embargo, algunos de los hallazgos más interesantes se han hecho desde las facultades de medicina y neurociencia. Después de una larga lista de estudios empíricos, lo que los académicos han concluido es que determinadas experiencias adversas en la infancia tienen un enorme impacto tanto en la salud como en el desempeño académico de los niños. Estas experiencias adversas han sido clasificadas en 10 categorías según nivel de gravedad. Se trata de experiencias como negligencia extrema en los cuidados físicos de los menores, padres/madres alcohólicos, adictos a la droga, encarcelados o en instituciones mentales, abuso sexual, abandono en casas de adopción, entre otras. El común denominador es que estas experiencias generan altos niveles de estrés en los menores, lo cual tiene repercusiones muy importantes en el desempeño escolar. Según señala Paul Tough, 51% de los menores que experimentan cuatro o más de las experiencias catalogadas como traumáticas tienen problemas de aprendizaje serios. Ello se debe a que el estrés afecta sobre todo a la corteza prefrontal, la cual es crítica para autorregular las funciones emocionales y cognoscitivas. Ello significa que los niños que crecen en ambientes familiares con alta tensión o estrés tendrán problemas para concentrarse, para permanecer sentados y para seguir indicaciones. Todo ello afecta negativamente su desempeño escolar. Pero, además, un mecanismo de defensa común de los menores que padecen experiencias traumáticas es ejercer violencia, de distintos tipos, en contra de otros. Todo ello junto es una combinación explosiva, pues, por un lado, disminuyen significativamente sus probabilidades de tener una vida productiva y, por el otro, aumenta la violencia social.

Me pregunto, en el caso de México, ¿qué porcentaje de los jóvenes de entre 18 y 25 años que no terminaron la primaria padecieron algunas de las experiencias traumáticas a las que se refieren los académicos norteamericanos? ¿Qué está pasando a puerta cerrada en los hogares? Hasta ahora, muy poco se ha hecho en México para abordar los problemas de violencia y abuso infantil. Ni siquiera tenemos dimensionada la gravedad del mismo. Tampoco existen protocolos en los hospitales públicos para canalizar a niños golpeados. Mucho menos la escuela ha generado mecanismos efectivos para detectar a menores violentados en sus casas. Todo lo que sucede en el hogar malamente se ha estimado que es "privado". Sin embargo, la violencia física y psicológica a los menores es un asunto de interés general, pues, según la investigación de punta en otros países, hogares violentos generan, en el largo plazo, comunidades violentas. Dicho de otra manera, Michoacán, Guerrero, los Templarios, los Zetas son, en último término, efectos de una sociedad que por muchos años ha sido extraordinariamente tolerante al abuso de los más débiles, tan tolerante que ni siquiera ve el problema.

*Reforma 27-07-13

PROMOVER EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA ELECTORAL*

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS

La integración regional está cada vez más presente; su amplitud abarca ramas no comerciales que con frecuencia pasan desapercibidas. Un ejemplo de ello es el Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, en el que participan órganos con actividades jurisdiccionales de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Desde su creación —en 2010— es propósito de este cuerpo colegiado compartir experiencias en la materia para fortalecer la actuación institucional, la solución a problemas comunes y la discusión sobre mejores prácticas en la regulación, administración y resolución de conflictos de naturaleza electoral.

Uno de los proyectos relevantes de este foro, es la formación de un portal web compartido de resoluciones judiciales electorales de los países miembros: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, República Dominicana, Panamá y Perú.

En efecto, el Portal de Jurisprudencia Electoral Americana reúne en una base de datos abierta para todo público las sentencias seleccionadas por los distintos tribunales. A la fecha, más de 200 resoluciones emanadas de organismos a nivel continental pueden consultarse y revisarse, clasificadas por país y tema.

En días pasados se llevó a cabo la 4° reunión del grupo en San José, Costa Rica. En ella, se presentaron cuatro nuevos productos: el tercer volumen de Sistematización de las Sentencias Judiciales en Materia Electoral, a cargo del Tribunal Electoral de Panamá, en la que se exponen resoluciones de los nueve países miembros sobre la protección, ejercicio y promoción de los derechos político-electorales, al igual que las garantías que debe contemplar la legislación electoral para hacerlos efectivos. También se dio a conocer Financiamiento de campañas electorales y agrupaciones políticas, publicación —coordinada por el tribunal del país anfitrión— que reseña importantes fallos de seis países sobre uno de los temas más sensibles del diseño electoral de las democracias latinoamericanas.

Con la intención de multiplicar la investigación comparada, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica propuso alojar en un portal ad hoc las revistas de los organismos electorales de América Latina.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentó una novedosa herramienta tecnológica impulsada por el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos: el Sistema de Sentencias Relevantes. El Sisrel contribuye a tres propósitos. A profundizar en la transparencia en la impartición de justicia al hacer accesible a un público no especializado el contenido, argumentos, interpretación y resultado de nuestras sentencias. A sintetizar la información para hacer comprensibles los apartados, considerandos y resolutivos de un fallo. A compilar de manera sistematizada nuestras sentencias relevantes para favorecer su ubicación y consulta. Constituye, en suma, un instrumento dinámico que permite ver la línea jurisprudencial que da origen a una determinada sentencia, al conjuntar los precedentes asociados entre sí, con lo cual se ofrece al usuario una visión integral.

Gracias al interés compartido por profundizar el intercambio de información, y la búsqueda por consolidar una base de datos jurisprudencial robusta, IDEA Internacional ofreció su acompañamiento técnico para que los países de la región que aún no son parte del grupo, desarrollen sistemas de compilación de su jurisprudencia. Asimismo, el TEPJF propuso desarrollar un metabuscado” para conjuntar en una sola plataforma las resoluciones concentradas en la base de datos desarrollada en 2004 por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y las agrupadas en el Portal de Jurisprudencia Electoral Americana.

Encuentros como éste refuerzan mi convicción de que los países de América Latina han logrado consolidar un valioso expertise en materia electoral. Entre mayores sean nuestros puntos de contacto, más relevantes los proyectos e iniciativas que podemos desarrollar conjuntamente.

*El Universal 24-07-13

TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: AGENDA PERDIDA*

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

El Congreso tiene en su larga lista de asuntos pendientes dictaminar las reformas en materia de transparencia y anticorrupción. Ambas iniciativas, aunque técnicamente debatibles, tuvieron su origen en la visión que el Presidente Peña Nieto quiso ofrecer de las instituciones propias de la gobernanza democrática en el país. Ambas fueron presentadas en el Senado por los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde desde el año pasado, pero ninguna de ellas fue listada para ser discutida en el periodo extraordinario de sesiones. La razón es sencilla, no existe consenso para aprobarlas. El impulso inicial se perdió y esas agendas, cruciales para avanzar en la dirección correcta, se han perdido en el marasmo de las negociaciones políticas partidarias.

Aunque concebidas de manera independiente, cada una de esas reformas constitucionales converge en la construcción de un sistema de rendición de cuentas eficaz para el Estado mexicano que tanta falta nos hace. La de transparencia mira al punto inicial que es la información y al derecho que tiene cada persona de tener acceso a los documentos que dan cuenta de las acciones y razones de los gobernantes en cada rincón del país. Aunque mucho hemos avanzado en esa dirección, las fallas que tiene el sistema son múltiples y es urgente reforzar tanto el marco normativo como el institucional, para dar contenido cabal a ese derecho que cotidianamente se vulnera, en particular en los estados y municipios. La reforma anticorrupción atendía el otro extremo de la rendición que cuentas. Buscaba crear un entorno institucional que corrigiera la impunidad y permitiera prevenir y sancionar la corrupción, ese mal sistémico que corroe la confianza y socava el tejido social.

Los argumentos que detienen una y otra reforma pueden ser atendibles, pero en el fondo muestran la falta de voluntad de los partidos políticos, de todos y cada uno de ellos, para conciliar posiciones y encontrar acuerdos razonables. Desde el punto de vista de la arquitectura constitucional, la creación de los organismos administrativos autónomos en materia de telecomunicaciones y competencia era mucho más problemática que la generación de un IFAI y una Comisión Anticorrupción con alcance nacional. En el caso de los primeros, la razón política se impuso a los argumentos técnicos. En los segundo son razones partidarias, mucho más cortas en visión, las que han dominado la mesa de negociación. Digámoslo claramente, a ningún partido parece convenir tener un marco reforzado en materia de transparencia y anticorrupción, aunque éste resulte imperfecto como producto de la negociación. En efecto, ¿por qué argumentar que los partidos políticos no son sujetos obligados en materia de transparencia cuando de hecho ya lo son y están regulados por el Cofipe? ¿Cómo sostener que las resoluciones del IFAI pueden ser controvertidas por las autoridades cuando hoy no cabe esta posibilidad? ¿Acaso tenemos que recordar a los señores legisladores que las autoridades tienen obligaciones pero no derechos? ¿Conviene más tener una institución especializada en la lucha contra la corrupción aunque no tenga ejercicio de la acción penal que seguir naufragando en la impunidad que genera el sistema vigente?

Es el momento de exigir a diputados y senadores que asuman cabalmente su papel de representantes de los ciudadanos y no de sus múltiples entramados de intereses partidarios.

*El Universal 25-07-13

LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI*

MIGUEL CARBONELL

Héctor de Mauleón, compañero de letras en El Universal, nos acaba de sacudir con un texto conmovedor y doloroso, que no debería quedar en el olvido. "Esclavas de la calle Sullivan" (revista Nexos, julio de 2013) es una pieza periodística de altísimo nivel que nos refiere detalles inhumanos en torno a la trata de personas.
Concretamente, De Mauleón ejemplifica con varios casos de mujeres que son reducidas a esclavitud y que dedican 10, 12 o más horas al día a atender a sus "clientes" en la calle de Sullivan, en el Distrito Federal. Esas largas jornadas de "trabajo" a veces suponen la necesidad de tener 30 o 40 relaciones sexuales... al día.

Las mujeres que se ven obligadas a una experiencia de esa naturaleza lo hacen bajo amenazas de los "lenones", quienes las golpean, violan y torturan permanentemente, bajo la mirada incólume de las autoridades.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que en el mundo hay al menos 2.5 millones de personas que son víctimas de trata, aunque advierte que por cada víctima conocida es probable que haya 20 más de las que no se tienen noticias.

En América Latina la trata de personas tiene por objetivo fundamentalmente la explotación sexual y sus víctimas son sobre todo mujeres y niños. Entre esas víctimas hay varias que pasan sus días y sus noches en la calle Sullivan, como lo relata magistralmente De Mauleón.

En 16 países, señala la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas tiene por objeto la extracción de órganos, tema en el que la dignidad humana llega a uno de sus niveles más bajos. Las personas dejan de ser sujetos de derechos humanos y se convierten simplemente en mercancías: eso es lo que produce la trata. Es la negación misma de nuestro sentido de lo que significa ser humano.

Lo curioso, como lo apunta el propio De Mauleón, es que el delito de trata de personas en México tiene un código postal muy definido. Casi se le puede ubicar por domicilio. Todas las investigaciones disponibles parecen apuntar hacia una pequeña ciudad de Tlaxcala, llamada Tenancingo. De ahí salen la enorme mayoría de victimarios. Es tanta la influencia de los lenones en esa ciudad que hasta en la prensa internacional se le ha llamado "el pueblo de los niños proxenetas", dado que 80% de sus adolescentes aspira a convertirse en eso cuando crezcan (El País, 30/VI/13).

Parece que precisamente en ese rumbo de Tlaxcala hay algunas mansiones fastuosas y de mal gusto, cuyos dueños claramente se identifican con el "éxito" delincuencial en el tema de la trata de personas. Lo saben todos, menos las autoridades, como suele suceder.

Lo ideal sería que entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) lanzaran un operativo para indagar esas fortunas, a fin de verificar si quienes habitan en dichas mansiones han pagado de forma correcta sus impuestos y para ver si (como es del todo probable) se dedican también al lavado de dinero. Pegarles en la bolsa puede ser un golpe estratégico contra esa industria del abuso, la tortura y la prostitución.

Mientras tanto, el gobierno del Distrito Federal haría bien en voltear a ver lo que está pasando en esa verdadera "zona roja" alrededor de Sullivan, donde cada noche cientos de mujeres son esclavizadas a pocos metros de la sede del Senado de la República y a unos pasos de la avenida emblemática de la capital del país, el Paseo de la Reforma Y junto a ello, urge iniciar un debate nacional sobre lo que debemos hacer en torno a las personas que se dedican al ejercicio del trabajo sexual. ¿Hay que legislar para que la prostitución sea como cualquier otra actividad empresarial?, ¿hay que sancionarla legalmente? En ese caso, ¿se debe castigar a quienes la ejercen o a los clientes?, ¿cómo podemos asegurar que quienes realizan trabajos sexuales cuenten con la asistencia médica y jurídica que requieran, siempre que les resulte necesaria?

No es un tema fácil, porque en él se cruzan intereses económicos, cuestiones morales y muchos tabús. Pero lo cierto es que no podemos dejar abandonadas a su suerte a decenas de miles de personas (incluyendo niños y niñas de muy corta edad), una vez que hemos leído el texto de Héctor de Mauleón y sabemos que la realidad es mucho peor de lo que podríamos haber imaginado. Permanecer callados sería tanto como darles permiso de trabajo a esos abusadores, verdaderos dueños de esclavos en pleno siglo XXI.

*El Universal 25-07-13

CRUZADOS E INFIELES*

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

La recreación de la convivencia democrática tiene como premisa fundamental el valor de la tolerancia. Sólo a partir del reconocimiento y respeto de las diferencias ideológicas pueden coexistir pacíficamente individuos diversos. Ello supone el asumir que nadie es poseedor de verdades absolutas y que la pluralidad que caracteriza a las sociedades modernas implica no sólo que hay quienes piensan distinto, sino que ello es válido y legítimo. La perspectiva relativista, es decir, asumir que las propias ideas —que se vale justificar y defender pero nunca imponer— no son las únicas posibles ni las únicas válidas, es una premisa fundamental, regla básica para que el juego democrático pueda llevarse a cabo.
Parece obviedad, pero es de las condiciones democráticas más difíciles de asumir y muchas veces (casi siempre) olvidada.

En un contexto de pluralidad política, es natural que existan diversas causas y principios diferentes que, con frecuencia, están contrapuestos; el gran dilema en una democracia es que dicha contraposición no suponga la negación y descalificación, sin más, de las causas y principios que se oponen a los nuestros. Ese es uno de los primeros y más importantes desafíos que una sociedad democrática le impone a sus miembros: el tener que convivir, tolerar y respetar las creencias, ideas, convicciones y propuestas (por muy distintas, contrarias y hasta repulsivas que puedan parecernos) de los demás.

Existen, por supuesto, límites a la tolerancia democrática. La frontera de lo tolerable está fijada por el respeto a los derechos fundamentales de los demás y por cumplir con las reglas del juego democrático; todo lo que no traspase esas fronteras forma parte de lo que debe aceptarse y respetarse por todos.

Las grandes experiencias autoritarias siempre han partido de la descalificación, negación y persecución de quienes tienen ideas que se alejan del pensamiento hegemónico. La mentalidad absolutista (creencia en verdades absolutas —por supuesto las propias— que deben prevalecer sobre las demás) constituye la premisa sobre las que se fundan los gobiernos autocráticos. La división maniquea del mundo entre buenos y malos, creyentes e infieles, entre quienes piensan lo correcto y quienes viven en el error, entre el "nosotros" contra los "otros", es el abono del que se nutren los autoritarismos. No es casual que Carl Schmitt, cuya teoría terminó por alimentar la concepción política del nazismo, haya planteado que la "verdadera política" se articula en la ecuación amigo-enemigo (y que éste último sea al que hay que identificar, combatir y hasta eliminar).

Hay temas naturalmente polarizantes en el debate contemporáneo, marcado por demasiadas emergencias y crisis, que hacen florecer la tentación de distinguir a quienes tienen la razón de quienes no. Es la manera sencilla, simplona (y muy atractiva) de resolver muchos de los complejos dilemas que viven las democracias de nuestros días.

Dividir el mundo entre quienes se asumen como modernos cruzados que luchan por las causas justas, buenas y necesarias, por un lado, y los infieles, los corruptos que viven en el error, perversos y egoístas que sólo persiguen sus oscuros intereses, por el otro, suele ser la salida fácil, la más cómoda, para enfrentar los dilemas que hoy enfrentamos.

La democracia, sin embargo, no es una forma de gobierno fácil ni sencilla. Supone muchas veces ser impermeables a las soluciones ligeras y le impone a sus miembros muchas responsabilidades y obligaciones. Una de ellas, en particular, es la de ser refractarios al discurso simplón de los cruzados y los infieles, los buenos y los malos, y asumir que en democracia las ideas (todas) se justifican mediante la discusión y los argumentos, que las diferencias son válidas y deben respetarse y que pensar distinto no significa siempre pensar contrario (que no hay blancos y negros, sino grises y matices).

No hacerlo es alimentar las pulsiones autoritarias de nuestras sociedades, que son muchas. Una nota final para los modernos cruzados: varias de aquellas misiones militares en nombre de Dios terminaron siendo algunos de los peores saqueos de la historia.

*El Universal 26-07-13

martes, 23 de julio de 2013

MOCIÓN DE CENSURA*

CIRO MURAYAMA

Con un abrazo para la familia Zenzes Cordera, en recuerdo de nuestro queridísimo Alex, el hombre sereno y cariñoso que amaba la velocidad.

El día de mañana, miércoles 24 de julio, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), puede enfrentar una moción de censura en el parlamento planteada por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), lo que implicaría la apertura de un procedimiento para destituir al actual jefe del Ejecutivo. Si bien la moción no tiene posibilidades formales de prosperar, pues el PP cuenta con la mayoría absoluta de los votos en el Congreso conseguida en las elecciones de 2011, lo cierto es que la solicitud de remoción del actual presidente significa llegar a un punto de no retorno en la crisis política y de legitimidad del gobierno que se suma a la grave crisis económica que afecta al país ibérico desde 2008.
La amenaza de la moción de censura por parte del principal partido opositor, a la que se han sumado las exigencias de dimisión por parte de Izquierda Unida y de UPyD, surgió la semana pasada tras la revelación de que Mariano Rajoy mantuvo comunicación vía SMS a lo largo de los primeros meses de este año con Luis Bárcenas, ex gerente del Partido Popular, actualmente preso y sometido a juicio por corrupción por haber acumulado una enorme fortuna de origen irregular, haber defraudado al fisco y pagado altas sumas en efectivo de forma clandestina a dirigentes del PP, Mariano Rajoy incluido, a lo largo de casi dos décadas.
Bárcenas fue, hasta hace unos cuantos meses, defendido por la dirección del Partido Popular. “Nadie podrá demostrar que no es honesto” llegó a aseverar Rajoy. Cuando en febrero el diario El País publicó documentos que mostraban que el ex tesorero del PP llevaba una doble contabilidad de ingresos (pagos hechos por empresarios a cambio de contratos, esto es, tráfico de influencias) y egresos (sobresueldos a los líderes del partido que no fueron declarados, es decir, dinero negro en manos de políticos de primera línea), el PP descalificó su verosimilitud diciendo que se trataba de “fotocopias de fotocopias”.
Un poco más tarde, cuando la justicia española encontró millonarias cuentas de Bárcenas en paraísos fiscales, el PP se deslindó del ex tesorero, pero éste demostró seguir a sueldo del partido, que entonces le despidió.
Al final de junio, tras haber sido dejado solo por la formación política de la que llevó las cuentas por veinte años, Bárcenas fue encarcelado y comenzó a hablar. 
A la fecha, Rajoy dice que su gobierno no cederá a ningún chantaje y que se mantiene en lo dicho a inicio de año negando cualquier acto indebido de su parte y de su fuerza política. No obstante, en estos meses se acumula la evidencia, su ex tesorero está preso y demuestra que la doble contabilidad no fue un invento mediático sino que la ha confirmado quien la operó.
El que Rajoy no haya aceptado dar explicaciones ante la representación popular que es el Parlamento es lo que ha activado la moción de censura. Paradójicamente, el hecho de contar con mayoría absoluta en el Congreso, en vez de darle margen de gobernabilidad al titular del Ejecutivo le ha llevado a despreciar los controles democráticos de la división de poderes y ha terminado por minar la credibilidad en el propio gobernante.
El hecho de que el PP arroje tierra sobre este enésimo escándalo de corrupción que se le acredita demuestra que la falta de probidad política y el desgaste de las instituciones democráticas avanzan de la mano, a grado tal que el sociólogo Enrique Gil Calvo habla de que el régimen español es “un auténtico Estado cleptocrático de cohecho, que se camufla tras la impecable fachada jurídica de un Estado democrático de derecho” (El País, 22/07/13).
Que la historia del financiamiento del Partido Popular la esté contando un preso desde la cárcel, que el jefe del Ejecutivo no dé explicaciones y que pueda mantenerse en su cargo a pesar de que la mayoría de los españoles opine que debe dimitir ya (una encuesta del diario El Mundo publicada este lunes 22 muestra que el 55% de los ciudadanos, incluido un 31% de los votantes del PP, apoya la dimisión), muestra que hay algo más que una manzana podrida en el reino de 
España. Evidencia que la tensión entre dinero y democracia siempre está al acecho y que la corrupción de los políticos puede devorar y vaciar de legitimidad no sólo a sus protagonistas directos sino al propio sistema democrático cuando no hay controles institucionales adecuados. El caso ha puesto en claro que el Tribunal de Cuentas en España es incapaz de hacer una adecuada fiscalización del dinero que va a la política, por lo que requerirán construir un órgano especializado con autonomía del poder político y económico para llevar a cabo esa tarea.
Tampoco es menor la falta de resortes internos en el propio PP contra las prácticas corruptas, lo que subraya la importancia de la calidad de los partidos políticos para la calidad de las democracias: con partidos mediocres o corruptos se tendrá necesariamente una democracia pobre y viciada.
Finalmente, esta crisis política nos recuerda que para que un gobierno sea democrático no sólo debe de emanar con credibilidad del voto ciudadano, sino que debe de apegar toda su actuación a la ley y someterse al contrapeso democrático ejercido tanto por la oposición como por poderes independientes.
Cuando esos controles fallan y la impunidad política se vuelve el pan de cada día, la crisis de legitimidad de la democracia está servida.

*El Universal 23-07-13

CASCABEL ENERGÉTICO*

JORGE ALCOCER

La semana pasada, sin esperar la reanudación formal de las reuniones del Consejo Rector del Pacto por México, el jefe nacional del PAN, Gustavo Madero, acompañado de los coordinadores de sus bancadas en las Cámaras del Congreso, adelantó el diagnóstico, objetivos, contenido básico y condicionante principal, de la iniciativa de reformas constitucionales que, en materia energética, presentarán legisladores del blanquiazul el miércoles 31 de este mes ante la Comisión Permanente.

Las reacciones no se hicieron esperar; Jesús Zambrano (PRD) amagó, una vez más, con salirse del Pacto, a lo que Madero, con su particular estilo, respondió: "no sean rajones". En las filas de la izquierda, la voz más significativa ha sido la de Cuauhtémoc Cárdenas, quien en entrevista para Milenio TV consideró que la propuesta anunciada por el PAN está "incompleta y mal sustentada", pues "no plantea una coordinación con la reforma fiscal. Simplemente plantea abrir a la inversión privada todas las áreas que hoy son exclusivas del Estado, pero si pretende dejarles el mismo régimen fiscal, por ejemplo, yo no creo que haya valiente que le vaya a entrar a que le cobren los impuestos por delante, o que le regulen los precios, etcétera, como sucede actualmente".

Por su parte, en su habitual comunicado de fin de semana, el coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, saludó la iniciativa panista y anticipó la disposición de los diputados del tricolor a discutirla: "Vamos por un debate informado, sensato y libre de prejuicios, y por una reforma energética que beneficie a las generaciones presentes y futuras con el aprovechamiento de un recurso que pertenece a los mexicanos".

En la presentación realizada ante los medios, Madero afirmó que en la iniciativa se propondrán reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como a diversas leyes secundarias, como lo han sugerido organizaciones empresariales y grupos de expertos.

El punto de partida es la tajante aseveración de que "PEMEX seguirá siendo una empresa propiedad del Estado mexicano. No se privatizará, sí se fortalecerá". Anticipan la intención de dotar a la paraestatal de recursos para atender el pasivo laboral, así como otorgarle autonomía de gestión y presupuestal. Y entonces, ¿dónde está lo novedoso de la iniciativa del blanquiazul?

Está en lo que llaman "Apertura a la competencia", que consistirá en dar paso a un "régimen de concesiones para la exploración y producción de hidrocarburos (petróleo, gas, shale gas y shale oil) en donde participarán PEMEX, empresas privadas y empresas público privadas". Y agregan: "Concesiones.- Se establecerá un régimen de concesiones manejado a través de SENER en donde habrá una ronda cero para PEMEX confirmándole todas las concesiones que ya se le han asignado (principalmente depósitos convencionales) y donde las nuevas concesiones serán asignadas a través de un proceso de licitación abierto a empresas privadas, público-privadas o PEMEX". A los concesionarios (supongo que incluyen a PEMEX) se les aplicaría un régimen fiscal basado en el pago de un "derecho de extracción más impuestos".

Augura Gustavo Madero que, de aprobarse la iniciativa, los beneficios serían: "inversión privada adicional (de) 20 a 30,000 mdd por año. 1-2% adicional de crecimiento del PIB. 100,000 empleos bien remunerados por año. Independencia energética. Bajar el costo de la energía eléctrica (hasta 40%)".

Para evaluar si tanta belleza es posible, y a qué costo para México y su sector energético, habrá que esperar a leer la Iniciativa, su exposición de motivos y el proyecto de Decreto por el que se reformarían los citados artículos de la Constitución, así como las leyes secundarias. Pero, antes que nada, habrá que ver si el PRI y el gobierno aceptan la condición, señalada con letras mayúsculas, sobre cuándo se discutiría tal iniciativa: "NECESARIAMENTE después de la reforma política y electoral". Por lo pronto, Madero le ha puesto el cascabel al gato en la más complicada de las reformas en puerta.

Posdata. El suplemento Enfoque cumplió su edición # 1000 el pasado domingo. Felicidades a René Delgado, Ernesto Núñez, Maricarmen Vergara, Octavio Ortega, y a todo el equipo que ha hecho posible, por casi dos décadas, tal esfuerzo de información y análisis.

*Reforma 23-07-13

INTERROGANTES*

MARÍA AMPARO CASAR

Los números reportados no favorecen la visión de un buen desempeño del gobierno. Bancos, organismos internacionales, calificadoras, corredurías y organizaciones empresariales han ajustado a la baja más de una vez las proyecciones de crecimiento del PIB mexicano para 2013. Del 3.5% a inicios del año, han disminuido al 2.7%. La inversión extranjera y nacional no fluye al ritmo esperado. El gasto público se ha ejercido a una tasa menor a la anticipada. La inflación supera las previsiones en particular en los productos alimentarios. La generación de empleos formales terminó el semestre con un desplome. Son estos indicadores los que explican la caída en la popularidad del presidente Peña Nieto de 55% en marzo a 45% en junio (GEA-ISA, 11-07-13). Los alarmantes indicadores de percepción de violencia y corrupción se han mantenido en los mismos niveles o han aumentado y el aprecio por las instituciones es cada vez menor.

Urge romper esta inercia. No porque la popularidad del Presidente importe demasiado, sino porque México tiene el potencial y la necesidad de crecer.

Sin embargo, el gobierno federal y el partido gobernante parecen estar instalados en la siguiente lógica: las reformas energética y fiscal son indispensables para impulsar la economía, si se rompe el Pacto estas reformas no saldrán adelante, si no salen no habrá inversión, ni crecimiento, ni empleo, ni bienestar. Luego entonces hay que mantener el Pacto en sus términos actuales y ceder a cualesquiera condiciones que pongan dos de las tres patas que lo sostienen: PAN y PRD.

Si esto es cierto, el Presidente se estará convirtiendo en rehén de la reforma político-electoral que han planteado estos partidos en el Senado. Una reforma que vale la pena analizar en detalle pero cuyo valor está, independientemente de sus méritos y deméritos, en servir como moneda de cambio.

Las interrogantes son si es necesario mantener el Pacto a toda costa para conseguir la aprobación de esas reformas y si el crecimiento depende de ellas. De la respuesta a estas dos interrogantes dependerá lo que ocurra en los próximos meses. Mi impresión es que si bien vale la pena preservar el Pacto y lo ideal es que las reformas sean aprobadas con el mayor consenso posible, el gobierno no debe apostar todas sus fichas a ello. Y no debe porque existen alternativas. Primero, ir trabajando con los instrumentos que tiene el Ejecutivo para generar crecimiento y que no pasan por el Congreso. Quizá pueda avanzarse más rápido si las reformas estructurales se aprueban pero la generación de empleos, el combate a la pobreza, el mejoramiento de los salarios, el aumento en la inversión y el combate a la corrupción y la impunidad no dependen ni entera ni únicamente del cambio en la legislación. Segundo, porque el gobierno tiene los votos del PAN para aprobar tanto la reforma energética -de la que ese partido ya ha planteado una versión cercana a las preferencias del Presidente- como la fiscal que el propio PAN propuso varias veces cuando era partido gobernante.

Al gobierno de Peña Nieto le está ocurriendo lo mismo que al de Calderón. Está apostando a que el crecimiento venga de las reformas estructurales aprobadas por amplio consenso. Esta estrategia de Calderón fue criticada en su momento. Ahora la crítica puede ser peor porque, a diferencia de Calderón, Peña tiene la posibilidad de sacar adelante por sí solo las reformas legales y con el PAN las constitucionales. Al final, a la gente le da igual el Pacto. Lo que quiere son resultados.

El gobierno no parece estar dispuesto a optar por ninguno de los dos caminos señalados: usar las facultades del Ejecutivo y/o abrazar el principio de la mayoría legislativa. No se ha dado una explicación a por qué. La respuesta que encuentro es el temor a una posible inestabilidad política si las decisiones en el Congreso se toman, como en cualquier democracia, por mayoría y no por unanimidad. Habría sin embargo que preguntarse, y ésta es la tercera interrogante, si no es mayor el riesgo de inestabilidad -como lo demuestran otras experiencias recientes en el mundo- cuando las condiciones de vida siguen deteriorándose y la sensación de falta de oportunidades aumenta.

Con este artículo me despido del periódico Reforma que me ha dado espacio durante más de 10 años para contribuir al debate público. Lo hago con agradecimiento y con el reconocimiento de haber gozado de la más absoluta libertad de expresión tanto en lo que toca a los temas elegidos como a la forma de abordarlos. Me despido de mis lectores con quienes espero reencontrarme próximamente en otro espacio editorial.

*Reforma 23-07-13

viernes, 19 de julio de 2013

LA CUESTIÓN PETROLERA*

DIEGO VALADÉS

La cuestión petrolera puede convertirse en un factor divisivo e incluso conflictivo en el curso de los próximos meses. Son ostensibles las presiones del extranjero y de una parte del sector empresarial mexicano para la apertura del petróleo a la inversión privada. Algunos de los argumentos que manejan los empresarios resultan ofensivos para la inteligencia porque aparentan ofrecer su participación como un acto de filantropía. Si esa inversión no fuera muy redituable es obvio que no les interesaría.

En torno a la cuestión petrolera hay una constelación de intereses muy conocidos. Las propuestas más controvertibles abogan por una reforma constitucional. Esta opción podría ser el detonante de una respuesta social que unos pronostican intrascendente pero otros anticipan candente. Lo de menos es quién acierte; lo de más es determinar si vale la pena que el gobierno corra el riesgo de quedar atrapado entre la protesta de la calle y la presión del capital. Cuando por decisión propia se llega a una disyuntiva así ya no importa lo que se haga después porque la derrota es segura. Se pierde en ambos frentes: ante unos porque imponen sus reglas y ante otros porque se defraudan sus expectativas. Aunque este sólo sea un escenario hipotético, debe evitarse.

Pemex soporta una doble presión: la de un sindicato voraz y corrupto, y la de una carga fiscal sin paralelo. Ambas están en el origen de sus limitaciones para ampliar su capacidad de exploración e inversión. En los países democráticos con los que se contrasta nuestra industria petrolera no hay uno solo donde se aplique a las empresas petroleras una carga impositiva semejante a la México; esto se suele omitir en los análisis y en las opiniones de quienes promueven la inversión privada en el petróleo.

Además, cuando se hacen comparaciones con Brasil, con Colombia e incluso con Cuba, no se tiene en cuenta que en México el petróleo es un símbolo. En ningún otro país esa industria está asociada a una gesta cívica que alcanzó proporciones épicas. Nuestras dos victorias contra la dominación extranjera se festejan todavía el 18 de marzo y el 5 de mayo. Renunciar a una de ellas sería demasiado exigir a una sociedad expoliada. Esto no se entiende en Wall Street, pero no conviene olvidar aquí.

Reformar la Constitución en materia petrolera es la decisión menos recomendable. Al margen de toda consideración jurídica o ideológica, esa estrategia podría conducir a un enfrentamiento social, y esta posibilidad, así fuera remota, debería hacer que se buscaran otras opciones.

En lugar de reformar los artículos 25, 27 y 28, que forman uno de los ejes del sistema constitucional mexicano, hay que estudiar una reforma sencilla que despejaría el camino para muchos emprendimientos fructíferos. La Ley de Asociaciones Público Privadas de 2012 prohíbe que Pemex participe en los proyectos que esa Ley regula. Modificar la fracción I del artículo 10 abriría oportunidades razonables para que los particulares invirtieran en los proyectos productivos, asociados a investigación e innovación tecnológica, a los que alude el artículo 3º de la misma Ley.

Con esa discreta reforma legal Pemex ampliaría el horizonte de la reforma energética de 2008. La sinergia entre las leyes de 2008 y de 2012 daría un ancho margen para la participación de capital privado, pero sin desmantelar las potestades constitucionales del Estado ni afectar aún más la mermada confianza pública.

La Ley de Asociaciones prevé esquemas de coinversión y periodos de recuperación para los particulares, sin otorgarles derechos de propiedad sobre los servicios ni sobre la infraestructura que desarrollen. En cambio la inversión basada en una reforma a la Constitución implicaría derechos patrimoniales permanentes. La modalidad de la Ley ofrecería atractivos a los particulares y preservaría el dominio exclusivo de la nación sobre el petróleo.

En la medida en que la Constitución no sea modificada, la nación conservará sus derechos y el Estado mantendrá su fuerza rectora. Es posible el progreso sin conflicto.

*Reforma 19-07-13

jueves, 18 de julio de 2013

LA DISPUTA POR LOS DERECHOS*

PEDRO SALAZAR UGARTE

Existe una moral positiva en todas las sociedades que se moldea con el paso del tiempo. Se trata de una moral históricamente determinada y anclada al contexto que interactúa con las morales individuales de los miembros de la colectividad. Ambos tipos de moral —positiva e individual— son contingentes. Ello supone que lo que hoy se considera un mal, mañana puede considerarse un bien y viceversa. El reto reside en identificar cuáles son los valores que deben mantenerse firmes y, al mismo tiempo, cuáles son los disvalores que siempre deben considerarse tales. Se trata de un desafío difícil porque, no sin argumentos, algunos afirman que tales bienes o males no existen porque todo es relativo y otros, por el contrario, esgrimen que hay valores inmutables y males eternos. En su extremo, ambas posturas son peligrosas porque conducen al relativismo cínico o al fundamentalismo dogmático.

En las democracias constitucionales maduró la tesis de que los derechos humanos son esos bienes valiosos que no pueden someterse a negociación ni a votaciones mayoritarias. Constituyen el límite de lo que puede y de lo que no puede decidirse, como afirma un renombrado jurista italiano. En esta medida son el punto fijo de la moral positiva del constitucionalismo democrático. Alguien podría objetar que esta premisa podría conducirnos por la senda del dogmatismo de los derechos. La objeción es interesante porque, si eso sucediera, la propia agenda de los derechos podría convertirse en un expediente odioso. Sin embargo, en principio, esto no sucede porque este proyecto está vacunado contra la cerrazón al contemplar a la pluralidad, a la diversidad y a la tolerancia como parte de sus cimientos. Se trata de una agenda abierta que corresponde a una sociedad igualmente abierta y democrática. 
La reflexión viene al caso porque hoy, en México, está abierta una disputa en torno al significado y relevancia de los derechos humanos. Ello, sobre todo, después de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011 y, en particular, en el ámbito de la práctica y los estudios jurídicos. Para algunos destacados abogados —como Fernando Gómez Mont— resulta una “pedantería académica” decir que esa reforma dio paso a un “nuevo paradigma constitucional” en el país; en el mismo sentido, Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, piensa que con esa modificación constitucional se ha “abierto la caja de Pandora”. Sus posturas tienen eco en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —sobre todo en la Segunda Sala—, en donde algunos ministros se resisten a reconocer a los tratados internacionales en materia de derechos humanos una jerarquía constitucional. Lo mismo sucede en el Poder Legislativo, en donde se han presentado iniciativas para dar marcha atrás al cambio constitucional en ese punto concreto. 
En contrapartida, juristas como Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia piensan que esa reforma —junto con la de amparo— “se inspiran en una concepción de avanzada y entrañan un nuevo paradigma constitucional, en virtud de que se han ensanchado el horizonte de los derechos humanos, reforzando las garantías jurisdiccionales y fortaleciendo de manera decidida el Estado de derecho”. Lo mismo dicen, entre otros, Luis Daniel Vázquez, José Luis Caballero, Santiago Corcuera o Carbonell. Y, como la disputa existe, la tesis encuentra promotores en la Corte —sobre todo en la Primera Sala— como el ministro Zaldívar, quien piensa que la reforma inaugura “un nuevo paradigma que fortalece la centralidad de los derechos humanos como la finalidad última de toda la ingeniería constitucional”. Y Cossío que, con razón, nos previene de los peligros que las contradicciones de criterios en el tema conllevan para la certeza del derecho. 
Se trata de una disputa cultural relevante para nuestra democracia constitucional porque pienso que sólo la segunda interpretación conduce hacia la consolidación de esta forma de gobierno. 

*El Universal 18-07-13

LOS RESULTADOS*

JOSÉ WOLDENBERG

A la memoria de un hombre bueno, divertido, cálido: Alex Zenzes.


Dar los resultados electorales tiene su gracia. Comienzo esta recapitulación del 6 de julio de 1988. La jornada electoral había transcurrido, pero en el momento en que debía fluir la información sobre los resultados de la primera elección presidencial competida de la era moderna, el sistema se cayó y se calló. Se desplomó y enmudeció. A partir de ese momento nada de lo que sucedió en materia de cómputo electoral resultó creíble.

Ese día asimilamos de manera dramática que conocer con rapidez y certeza los resultados de los comicios es un eslabón fundamental de todo proceso electoral. Dos valores hay que conjugar: rapidez sin certidumbre no vale nada y certidumbre lenta genera demasiada tensión. Fue por ello y porque nuestra legislación establece que el cómputo oficial se hace tres días después de los comicios, que se hizo necesario idear mecanismos para que la misma noche de la elección la autoridad pudiese ofrecer resultados veloces y ciertos (confiables). Para atender esa exigencia fueron creados los sistemas de resultados preliminares y adoptados los conteos rápidos. El primero es un censo, casilla por casilla, de las cifras que aparecen en las actas, y que puede ser consultado por cualquiera en tiempo real de manera agregada (resultados nacionales, estatales, distritales) o absolutamente desagregada (casilla por casilla). Los conteos rápidos son ejercicios a partir de una muestra representativa que proporcionan una estimación estadística de lo que serán las cifras finales.

En 1994 por primera vez fueron utilizados ambos. El PREP solo lo puede llevar a cabo la autoridad electoral (es la única que cuenta con la capacidad para recabar la totalidad de las actas) y quizá alguno de los grandes partidos. Pero conteos rápidos están al alcance de organizaciones no gubernamentales, diarios, televisoras, etcétera. El IFE afinó ambos instrumentos. Era necesario trascender el trauma y la crisis que generó la caída del sistema. Insisto: la noche de la elección el público tiene el derecho y la necesidad de conocer las tendencias electorales. Y el entonces secretario de Gobernación y presidente del IFE, Jorge Carpizo, estimuló a quien se puso enfrente, a realizar sus propios conteos rápidos. La lógica del doctor Carpizo era sencilla y contundente: si los conteos se realizan de manera profesional y objetiva por múltiples actores, al final estos acabarán coincidiendo con los de la autoridad y se generará una espiral de confianza. En esos comicios se realizaron 11 o 12 conteos rápidos y todos -salvo uno- coincidieron en las cifras finales. De esa manera diarios, televisoras, asociaciones civiles, refrendaron lo que la autoridad informó. Un auténtico círculo virtuoso.

En 1997, 2000 y 2003 el "modelito" volvió a funcionar. El IFE proporcionó datos censales desagregados con el PREP y estimaciones de los resultados finales a través de conteos rápidos. Pero también múltiples actores realizaron sus propios conteos y, como era de esperarse, coincidieron con los del Instituto. Además, en esos años -y aún antes- se multiplicaron las encuestas que fueron midiéndole el pulso a la voluntad de los electores a lo largo de las campañas. De esa manera conocimos las oscilaciones de los humores públicos, las altas y bajas de los candidatos y sus partidos, de tal suerte que no llegábamos a las urnas con una venda en los ojos, sino con información de cómo se había movido esa voluntad incierta y voluble de lo que llamamos sociedad. Un esfuerzo múltiple, cuyo eje y ancla era la autoridad electoral, que tendía a fortalecer la credibilidad de los resultados.

En 2006, sin embargo, el Consejo General del IFE con el aval de los representantes de los partidos, decidió que si la votación era muy cerrada no se darían los resultados de los conteos rápidos. (Creo que hoy todos reconocen que fue un error. Es precisamente cuando las elecciones son más reñidas que se requiere toda la información que tiene la autoridad). El PREP funcionó, pese a las fantasías que se pusieron en acto, de manera adecuada, pero al omitir los resultados del conteo, el resto de los actores que habían realizado ejercicios similares también se los guardaron. Quizá pensaron: "si la autoridad no los proporciona, nosotros menos". Ese silencio no solo afectó a esa elección sino que sentó un precedente y ahora ni los medios ni las agrupaciones no gubernamentales quieren "arriesgarse" con la presentación de los resultados de sus propios conteos. Se sentó un mal precedente.

A pesar de ello, las encuestas se siguieron realizando en serio y en serie. Pero, dado el escándalo que se produjo en 2012, cuando un puñado de importantes encuestadoras estuvo dando a lo largo del proceso un posible escenario que resultó mucho más estrecho el día de la elección, ahora también han menguado de manera considerable las encuestas que se hacen públicas sobre las intenciones del voto. Total: que el mecanismo que tan buenos resultados dio a lo largo de un periodo, parece que -por miedo- se empieza a desmantelar.

*Reforma 18-07-13

martes, 16 de julio de 2013

RETROCESO*

JORGE ALCOCER

En el largo transitar hacia una relativa normalidad del sistema electoral, las encuestas jugaron un papel positivo. Como pioneros hay que recordar a Ana Cristina Covarrubias (1988), María de las Heras (1991) y Roy Campos (1994); a ellos siguió una segunda generación de encuestadores. Cuando la revista Voz y Voto colocó su primer ejemplar en marzo de 1993, en la portada aparecía una pregunta: "¿Quién cree?". Las respuestas las daba una encuesta de la doctora Covarrubias.

Encuestas y encuestadores terminaron por formar parte del paisaje electoral de México; sus ejercicios contribuyeron a reducir la incertidumbre sobre las volátiles preferencias del electorado, para luego contribuir al conocimiento oportuno de las tendencias de resultados la noche de la jornada comicial. De la importancia de la demoscopia aplicada a elecciones da cuenta que las dos empresas privadas de TV incorporaron a sus servicios de información, desde 1994, a casas encuestadoras. Reforma fue pionero en contar con un equipo propio en la materia, en tanto que otros medios impresos, tanto en el DF como en el interior, contrataban servicios de encuestadores externos.

A partir de 1994 las encuestas a la salida de casilla y los conteos rápidos se incorporaron al caudal informativo para conocer con oportunidad las tendencias de resultados la noche misma de la elección; en ese año, el IFE inauguró la práctica de realizar el segundo de esos ejercicios. Poco a poco ese tipo de encuestas se extendieron a las elecciones para gobernador. En 2006 se produjo la decisión del Consejo General del IFE de no informar el resultado del conteo rápido -que fue certero- la noche de la jornada electoral. En 2012 el fracaso de la encuesta diaria patrocinada por el Grupo Milenio produjo un enorme daño a la credibilidad de la demoscopia electoral, pero el conteo rápido del IFE resultó certero.

Con esos antecedentes, en 2013 los medios de comunicación se retrajeron en su esfuerzo demoscópico electoral; incluso en Baja California las encuestas publicadas fueron escasas, y el pasado domingo 7 ningún medio de comunicación tomó el riesgo de difundir resultados de encuestas de salida o conteos rápidos. No quiere decir que no se hayan hecho esos ejercicios, pero este año se mantuvieron a la sombra.

Llamó la atención que, al proclamarse triunfadores en la elección para gobernador de BC, apenas pasadas las 18 horas (hora local), tanto el PRI como el PAN invocaron encuestas, sin dar datos duros ni nombres de los encuestadores. La polémica y conflictos generados por tales proclamas dominaron el escenario postelectoral de la semana pasada.

Sabemos que en BC fueron realizadas, el día de la jornada comicial, al menos ocho encuestas de salida, y supongo que igual número de conteos rápidos. Cabe deducir que algunas de ellas sirvieron para sostener las contradictorias proclamas de triunfo del PRI y el PAN. Solamente Roy Campos (Consulta) publicó los resultados de su conteo rápido en ese estado. Otras siete empresas han guardado silencio.

Por fuentes confiables se sabe que entre las otras siete están: GCE (Liébano Sáenz); Parametría (Francisco Abundis); BGC (Ulises Beltrán) y Mendoza, Blanco y Asociados (asociados a TV Azteca). Es claro que al no haber difundido los resultados que obtuvieron, tales empresas no están legalmente obligadas a informar de la realización de sus encuestas. Sin embargo, dar a conocer los resultados, como ha hecho Roy Campos, mucho ayudaría a desentrañar lo ocurrido la noche del domingo 7 en BC.

Por los antecedentes es dable suponer que para el PRI trabajaron GCE, Parametría y BGC; en cambio, nada sabemos de las contratadas por el PAN. Cabe la pregunta de si la decisión de no difundir el resultado de Mendoza Blanco y Asociados fue de la encuestadora o de TV Azteca. Supongo que también hubo conteos rápidos, ¿quiénes fallaron, quiénes no?

Al vapuleado Consejo General del Instituto Electoral de BC corresponde informar cuántas encuestas le fueron notificadas para la jornada electoral, como establece la ley.

La AMAI, que agrupa a las principales encuestadoras, ha hecho mutis en el asunto; una mal entendida solidaridad de gremio tiende un manto de sombras a lo ocurrido con las encuestas y los encuestadores en BC.

En un domingo 7, lo avanzado en años parece perdido.

*Reforma 16-07-13

lunes, 15 de julio de 2013

¿INSTITUTO Y TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES?*

CÉSAR ASTUDILLO

En 1946 se tomó una decisión fundamental para la forma de organizar las elecciones en México, al dejar que cada ámbito de gobierno se hiciera cargo de llevar a cabo sus propios comicios. La gestión de las elecciones por instituciones federales y estatales obtuvo su configuración definitiva en 1996, cuando se incorporaron bases constitucionales de observancia obligatoria para todas las leyes en materia electoral.

En 2007 se produjo una inicial oleada de reclamos de los partidos políticos hacia las instituciones electorales de los estados. Se argumentaba desde entonces su notoria cooptación por parte de los gobernadores y que su presencia sólo ha duplicado una burocracia que ha venido a acrecentar el costo de las elecciones. Más de cinco años después, al calor de las elecciones de 2012 y de las 14 que acaban de discurrir, la exigencia se ha visto notablemente redimensionada al grado de que hoy día el Pacto por México incorpora la propuesta de crear un nuevo órgano electoral de alcance nacional, erigido sobre la estructura del IFE, que organice los comicios en todo el país, lo que en lógica acarrearía la conversión del TEPJF en un tribunal nacional, con la consecuente desaparición de los tribunales electorales de los estados.

Es evidente que existen instituciones electorales en donde la injerencia gubernamental está presente. Pero no se puede generalizar. No son todas, ni lo están en igual magnitud. Sin embargo, el discurso político es homogéneo, sin matizar ni hacer las distinciones necesarias

Estoy persuadido de que el diagnóstico es errado y, consecuentemente, de que la solución propuesta es incongruente e ineficaz. En efecto, baste echar un vistazo a la dinámica institucional de los estados para advertir la debilidad estructural en que se encuentran los congresos estatales, los poderes judiciales y los órganos constitucionales autónomos, y constatar su ineficacia para desplegar la función para la que han sido concebidos: desconcentrar el poder, balancearlo y ejercer controles efectivos frente al Ejecutivo. Si esto es verdad, no estamos ante un problema que se circunscriba específicamente a lo electoral, sino ante un fenómeno que se expande a todo el arreglo institucional.

En efecto, el verdadero problema estriba en que la transición democrática al interior de las entidades federativas sigue siendo uno de los grandes pendientes de nuestra evolución política. Si bien el pluralismo que hoy tenemos se gestó desde la periferia, el avance quedo abruptamente detenido. La alternancia del año 2000 no fue capaz de sustituir la directriz política que tenía en el presidente de la república al principal contralor de los gobernantes, y de reemplazarla por un efectivo principio jurídico que ensamblara un abigarrado conjunto de controles a aquellos personajes que, dada su repentina carencia de patronazgo político, se erigieron en grandes señores feudales de sus territorios.

A nadie se le ocurriría sostener que dado que todas las instituciones padecen el mismo problema hay que proceder a su desaparición. La solución no debe pasar por visiones cortoplacistas o parciales. La salida no está en extinguir, sino en fortalecer a las instituciones, principalmente aquellas que interesan en mayor medida a los gobernadores, como son las instituciones electorales, desde donde pretenden influir en su sucesión, las auditorías superiores, a través de las cuales buscan sanear las cuentas públicas y los órganos de transparencia, desde donde buscan obstaculizar el acceso a la información de su gestión pública.

Visto lo anterior, si en verdad queremos aportar una solución eficaz al problema electoral o a las falencias que presentan las demás instituciones estatales, debemos empezar por lo fundamental, repensando de raíz un sistema de controles efectivos al interior de las entidades federativas. Sólo enseguida será válido replantear los problemas técnicos, económicos y operativos que traería consigo la propuesta de crear instituciones electorales nacionales y sólo entonces estaremos en aptitud de subrayar las garantías institucionales, personales, económicas y técnicas que inyectarían nueva vitalidad a la función electoral de los estados y que inexorablemente pasan por una reforma de los artículos 116 y 122 constitucionales.

*El Universal 15-07-13

sábado, 13 de julio de 2013

MÉTODOS POLICIACOS*

ANA LAURA MAGALONI

Los abusos policiacos suceden en todas partes del mundo. Detenciones e interrogatorios a punta de golpes y amenazas forman parte de los desafíos de cualquier director general de la policía. La diferencia entre unos países y otros es cuan repudiable, en términos del sistema de justicia y de la opinión pública, resultan tales excesos. Esto último sí nos dice algo respecto del carácter de la sociedad y de la fortaleza de sus instituciones.

Los datos de la primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social del CIDE, realizada en 2012, posiblemente no sorprenda a nadie que viva en nuestro país. Prácticamente 6 de cada 10 detenidos sufrieron golpes y agresiones durante la detención. Los tipos de agresiones más frecuentes fueron: patadas (85%), puñetazos (83%), agresión con objetos (68%), lesiones por aplastamiento (62%), asfixia (56%) y toques eléctricos (35%). Además, como sucede en las dictaduras militares, 5 de cada 10 detenidos no fueron puestos a disposición del MP "sin demora" como lo marca la Constitución, sino que antes pasaron varias horas siendo interrogados en algún cuartel militar o de la Policía Federal. Finalmente, 4 de cada 10 detenidos se declararon confesos, de los cuales 60% lo hicieron porque fueron torturados, amenazados, presionados o chantajeados.

Estos datos son públicos desde hace algunos meses y no han generado más que indiferencia. Parece que estamos resignados a que estos métodos de las Fuerzas Armadas y la policía sean inevitables: "así son las cosas en México", "se lo merecen los detenidos", "algo habrán hecho", "sólo así se les puede atrapar", y un largo etcétera.

Dada nuestra resignación con los abusos policiacos me parece interesante analizar, como punto de contraste, una vieja sentencia del Tribunal Supremo de Israel: el Comité Público contra la Tortura en Israel vs. el Estado de Israel. Este asunto se resolvió en 1999. El tribunal examinó las denuncias presentadas por el Comité que consideraban ilegales ciertos métodos de interrogación utilizados por los investigadores del Servicio Israelí de Seguridad General. El Estado de Israel no aceptó que esos métodos fueran ilegales ni que constituyeran actos de tortura. El tribunal, por un lado, señaló que esos actos no eran tortura propiamente sino reflejaban una "violencia física moderada" pero, por el otro, consideró que los miembros del Servicio Israelí de Seguridad no estaban autorizados para utilizar la violencia física, moderada o no, como método de interrogatorio a los sospechosos de terrorismo. Lo que me parece relevante para el caso de México es la clase de argumentos que dieron los jueces de Tribunal Supremo de Israel.

"Una sociedad democrática -argumenta el tribunal- amante de la libertad, no acepta que los investigadores recurran a cualquier medio para descubrir la verdad. Las prácticas utilizadas en los interrogatorios de la policía de un régimen dado revelan el carácter de ese régimen". (...) "A veces el precio de la verdad es tan alto que una sociedad democrática no está dispuesto a pagarlo". (...) "Una investigación ilegal menoscaba la dignidad humana del sospechoso. También menoscaba la imagen de la sociedad". (...) "Una investigación razonable es necesariamente una investigación en la que no hay tortura, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes a la persona". (...) "La dignidad humana incluye también la dignidad del sospechoso sometido a interrogatorio". (...) "Las prohibiciones son absolutas. No admiten excepciones".

Los jueces, en una democracia, son quienes controlan que el poder coactivo del Estado no se exceda y, al mismo tiempo, cuando saben hacer bien su trabajo, los jueces hacen explícita la brújula axiológica que le da legitimidad al ejercicio de la coacción estatal. Dicha legitimidad se traduce en confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia. Es posible que parte de la fortaleza del servicio de inteligencia de Israel se deba a que sus jueces no les han permitido a los investigadores salidas falsas como recurrir a la tortura para obtener información.

Llama la atención cómo, en la sentencia mencionada, los jueces resaltan una y otra vez la dignidad humana del sospechoso. En ese caso se trataba de sospechosos de terrorismo. En México, en 2012, 60% de los internos en las prisiones federales fueron sentenciados por estar vinculados al negocio de la droga y de ellos más del 80% se les acusó de trans- portar, poseer, vender al menudeo o plantar. Sólo 10% fue- ron vendedores al mayoreo.

En realidad no es central la conducta por la que se les acusa. Desde la óptica mexicana, no hay lugar a hablar de la dignidad humana del acusado. Mucho menos estaríamos dispuestos a que algunos de ellos fueran puestos en libertad por un juez que estimara que la detención e interrogatorio policiaco fueron inconstitucionales. Para muestra el caso Cassez. Lo que nosotros queremos encubrir con el falso debate entre los derechos de la víctima y el acusado en realidad tiene que ver con lo que señala el Tribunal Supremo de Israel: lo que admitamos que pueda suceder en la detención y en un interrogatorio policiaco revela la naturaleza de nuestro régimen político y las convicciones democráticas de la sociedad.

*Reforma 13-07-13

jueves, 11 de julio de 2013

RENOVACIÓN ENERGÉTICA: EL FUTURO ES HOY*

MIGUEL CARBONELL

México está frente a un peligroso cuello de botella que puede detener el desarrollo del país durante décadas y borrar de un plumazo todo lo que hemos avanzado en bienestar social. Si no resolvemos de manera urgente el desabasto de energía por medio de una reforma constitucional y legal rigurosa, estaremos ante las puertas de un gran desastre nacional.

Durante décadas hemos dependido, para financiar el gasto público, de la renta petrolera. Todo los datos disponibles señalan que el petróleo se acaba a gran velocidad. Entre 1999 y 2012 las reservas de crudo disminuyeron 23%. Mientras que EU cada vez produce más petróleo como resultado de la exploración en aguas profundas y ultraprofundas, pero sobre todo por la técnica llamada shale oil, nosotros vamos declinando a un ritmo estratosférico.

En 2004 fuimos capaces de producir 3 millones 383 mil barriles diarios; en 2013 las proyecciones indican que rozaremos apenas 2 millones 544 mil. La caída es brutal y todavía no la sentimos porque los precios internacionales se mantienen muy altos, pero si llegaran a bajar un poco, tendríamos que aplicar drásticas medidas de austeridad en el gasto público: se cerrarían escuelas y hospitales, se despedirían funcionarios públicos, se eliminarían programas de apoyo a las personas más pobres, se aumentarían los impuestos, etcétera.

En 2012 en EU se perforaron 9 mil 100 pozos en yacimientos de shale oil y shale gas, en México fueron apenas tres. Durante ese mismo año Estados Unidos perforó 137 pozos en aguas profundas y ultraprofundas, México apenas seis. Y el problema no es solamente el petróleo, sino también el gas que utilizamos para calentar nuestra comida, para bañarnos y mover nuestra industria. Durante 1997 importábamos sólo 3% del gas que consumíamos; actualmente importamos cerca de 33%.

De hecho, el Sistema Nacional de Gasoductos alcanzó su tope de capacidad en noviembre de 2012. En el primer semestre de 2013 se han generado 13 alertas críticas, las cuales pueden dar como resultado el desabasto de gas en buena parte del país. La capacidad de transportarlo está hasta el tope. El futuro nos alcanzó.

Hoy tenemos la capacidad de transportar 5 mil millones de pies cúbicos de gas diariamente; para 2026 necesitaremos transportar más de 8 mil 400 millones de pies cúbicos. O nos ponemos las pilas para invertir en gasoductos o terminaremos bañándonos con agua caliente una vez por semana en las ciudades del país.

Un tercer tema relevante en materia de reforma energética es la gasolina. En 1997 importábamos 25% del consumo nacional. Hoy importamos 49% y todo indica que esa cifra seguirá subiendo en los próximos años. Eso nos cuesta una millonada enorme, como resultado de que no tenemos capacidad de refinación en el país. Es absurdo que saquemos tanto crudo, lo llevemos al extranjero a que lo refinen, lo compremos mucho más caro en forma de gasolina y paguemos para que lo transporten de vuelta a México.

La importación neta de petroquímicos le costó al país 14 mil 500 millones de dólares en 2012. Es el costo de tantos años de demagogia y de cerrar los ojos ante lo evidente. Lo que sucede es que el futuro ya llegó, nos guste o no. Ahora estamos obligados a actuar y a hacer una profunda reforma energética, si queremos tener un país con futuro.

Y por si fuera poco todo lo que llevamos dicho, hace falta agregar que persiste el robo de gasolina a través de tomas clandestinas por todo el país. En el 2012 fueron detectadas mil 744. Tenemos poco combustible, nos cuesta muy caro y todavía hay algunos aprovechados que se lo roban. Es el colmo. Como ciudadanos, deberíamos exigir de manera muy firme que el gobierno y el Congreso trabajen lo antes posible en el diseño de una reforma energética profunda y no meramente cosmética. Obviamente, una reforma de esa naturaleza va a afectar a intereses creados, comenzando por los del sindicato de Petróleos Mexicanos y su muy cuestionable dirigencia.

Pero lo que está en juego es demasiado importante. O tomamos las decisiones correctas lo antes posible, o el futuro nos pasará por encima y volveremos a ser el país pobre y subdesarrollado que hemos sido durante tanto tiempo. El avance que hemos logrado se puede borrar en pocos años. ¿Estarán nuestros políticos a la altura del reto o seguiremos retrasando la toma de decisiones que urgen al país?

*El Universal 11-07-13

DE 'CARRO COMPLETO' A CARRO NUEVO*

CÉSAR CAMACHO QUIROZ

"Carro completo" es una expresión evocativa de las sospechosas unanimidades; coloquialismo que remite a un pasado cada vez más lejano; de un marco jurídico e instituciones viejas, de una sociedad que era poco más que un testigo de lo que ocurría; en síntesis, de un México que ya no existe.

Hoy prevalece la pluralidad que enriquece las decisiones de interés general, normas inspiradas democráticamente, instituciones abiertas al escrutinio ciudadano y una sociedad que es protagonista central de nuestra vida pública. En un escenario así, si con "carros" hubiera que explicar por qué el PRI obtuvo un saldo ganador en las elecciones del domingo pasado, tendríamos que hablar de carro nuevo.

Nuevo por la fortalecida vocación democrática del partido, plasmada en renovados principios, en un programa de acción audaz y propuestas que le hacen sentido a los ciudadanos, que nos han hecho más competitivos, y que guiaron una forma de proselitismo basada en la solidaridad y la cercanía política de la dirigencia nacional, de los estados y de los municipios, con todos los candidatos en los 15 estados en los que hubo elección, especialmente con aquellos que compitieron desde la oposición, y en el contacto personal y directo con los militantes y simpatizantes, lo que imprimió mística, fortaleció el espíritu de cuerpo, y convirtió en uno solo el esfuerzo de miles de personas.

Fue así que el PRI ganó 55% de los 1,204 cargos en disputa. Partido comprometido con las mujeres de México, y revitalizado por ellas pues fue el único que cumplió sobradamente con la cuota de género que establece la Ley, y triunfó con 58 de ellas que serán nuevas diputadas locales priistas y 40 presidentas municipales que sumarán esfuerzos al "empoderamiento de la mujer" en nuestro país.

Organización nacional que ganó, manteniendo o recuperando 481 ayuntamientos de 931 en juego; entre ellos 8 de 13 capitales de estados: Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chetumal, Culiacán, Ciudad Victoria, Xalapa y Zacatecas; y algunas de las ciudades más importantes como Cancún, Veracruz, Tijuana, Ciudad Juárez, Fresnillo, Gómez Palacio y Torreón, entre muchas otras.

Militancia eficaz que de un total de 273 diputaciones locales en disputa, ganó 186; alcanzó la mayoría en 10 de 13 legislaturas locales. Lo cual da fuerza adicional al PRI en los congresos de los estados, que forman parte del "constituyente permanente" que debe aprobar las reformas transformadoras que el país requiere.

Equipo de trabajo contundente con el que, vale la pena apuntar, en Hidalgo y Durango ganamos todos los distritos; en Veracruz gobernaremos a más del 70% de la población estatal, con mayoría absoluta en la legislatura local y 99 municipios; en Quintana Roo obtuvimos todos los ayuntamientos y 14 de 15 distritos; y ganamos 3 a 1 en el distrito XVII de Sonora en elección extraordinaria.

Respecto a Baja California, el cómputo oficial inició ayer. Ahí estamos haciendo valer la voluntad de la mayoría, y porque somos demócratas, en su momento, a ella nos vamos a plegar.

Como lo hace el Presidente de la República, como en las entidades que ya servimos, y donde el PRI en transformación ganó, gobernaremos democráticamente; respetando las diferencias, escuchando las ideas de quienes piensan distinto y dando buenos resultados.

La lección de esta elección es clara: en la democracia nadie gana para siempre, ni lo pierde todo; se gana sin derrotar a nadie; en democracia a todos nos va bien, porque siempre habrá más coincidencias que diferencias.

Por eso es imperativo superar el episodio de esta elección; que cada partido exija y reciba lo que conforme a la voluntad popular y la Ley le corresponde y que, de inmediato, todos juntos nos pongamos al servicio de la comunidad, para perfeccionar el marco legal de la democracia, y continuemos discutiendo y acordando aquello que transformará al país.

*Reforma 11-07-13