tag:blogger.com,1999:blog-13279713131925773822024-03-12T17:21:03.751-07:00POLITICA Y DERECHOISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.comBlogger4212125tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-30706907635285613382013-09-10T00:00:00.000-07:002013-09-10T00:00:05.657-07:00MUCHAS GRACIAS<div style="text-align: justify;">
<b>Política y Derecho.</b></div>
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Norberto Bobbio decía que la Política y el Derecho son dos caras de una misma moneda, que todo dependía del lado que se viera para determinar la preeminencia de uno sobre el otro. Hoy hace cinco años comencé administrando este espacio y fueron precisamente estas líneas de Bobbio las que inspiraron el nombre y el contenido del blog, la perspectiva dependió de Usted amable lector. </div>
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Hace cinco años inició este proyecto que tuvo como objetivo primordial, la divulgación de opiniones y análisis de diversos personajes de la política y de la academia, muchos de ellos entrañables amigos y maestros. Fueron artículos que en su mayoría fueron publicados en los diversos diarios y revistas especializas, nacionales e internacionales, y que dieron cuenta puntualmente de los temas del debate actual, como son los Derechos Humanos y la Democracia, mismos que constituyen un eje articulador para el desarrollo de nuestro país.</div>
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Fueron más de 162,200 visitas que el blog tuvo en estos cinco años, lo cual agradezco enormemente por el interés y el tiempo que cada uno de ustedes se tomó para consultar, leer y comentar los artículos publicados. Es de mi agrado saber que las consultas no fueron sólo desde mi país México, sino también de Estados Unidos, Colombia, Alemania, Perú, España, Argentina, Venezuela, Francia y hasta Rusia. A todos ustedes mi agradecimiento sincero.</div>
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Hoy este espacio llega a su fin, el dinamismo con que funciona el mundo requiere de constantes cambios, es por ello que considero necesario fijar la mirada hacia nuevos proyectos. Este blog no hubiera sido posible sin su apoyo, gracias a todos por contribuir a la divulgación de las ideas contenidas en este espacio.</div>
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<b>MUCHAS GRACIAS.</b></div>
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Israel Alberto Hernández (Twitter: @políticaderecho) </div>
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ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-47020425394209996082013-09-07T11:20:00.002-07:002013-09-07T11:20:27.770-07:00TENEMOS BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, PERO CON RESTRICCIONES*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-fAiGDQfj4i4/UFqkR-INVWI/AAAAAAAAH2Q/HHdeJ0Z8rsg/s1600/01SALAZAR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-fAiGDQfj4i4/UFqkR-INVWI/AAAAAAAAH2Q/HHdeJ0Z8rsg/s320/01SALAZAR.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>PEDRO SALAZAR UGARTE</b></div>
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Los días 2 y 3 de septiembre continuó el debate en la SCJN sobre la contradicción de tesis 293/2011. Fueron cuatro días de intensa discusión y , finalmente, pudimos conocer el desenlace. El penúltimo día, el lunes 2, el ministro ponente, Arturo Zaldívar, lanzó una curva inesperada para los espectadores del debate pero ya conocida por sus colegas. Con afanes conciliatorios y advirtiendo que no se trataba de la decisión óptima para él, propuso una solución de compromiso entre las posturas que habían consolidado dos grupos aparentemente irreconciliables en el pleno del máximo tribunal mexicano.</div>
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El primer grupo –integrado por los ministros liberales-, se inclinaba a favor del llamado bloque, masa o red de derechos humanos sin reconocer jerarquía entre las normas que lo integran; el grupo conservador proponía dar prioridad a los límites o restricciones que contempla la propia constitución para el ejercicio de algunos derechos. Ante esta disyuntiva que se estaba bifurcando por sendas irreconciliables, el ministro Zaldívar, elaboró un proyecto híbrido: se acepta el bloque y se reconoce la fuerza vinculatoria de los límites. El ajuste, como quedó evidenciado en el debate, fue el resultado de un acercamiento entre las posiciones de la mayoría los ministros. </div>
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El lunes 2, primero, fijó su postura el Presidente Silva Meza. Abrió su intervención sintetizando los puntos a debate: a) “uno de los temas es determinar la posición, el lugar constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a partir de la reforma de junio de dos mil once, el contenido, y alcance nuevo, artículo 1° constitucional”; b) otro punto, “que en forma destacada ha cobrado importancia en el debate, es el relacionado con las restricciones constitucionales, con los límites constitucionales”; c) finalmente, aunque no ha sido objeto de mucha discusión, “la extensión, vamos a decirle así, de la vinculatoriedad, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.</div>
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Acto seguido, el Presidente Silva Meza, manifestó su completa adhesión al proyecto original presentado por el ministro Zaldívar:</div>
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El cambio (en 2011) no fue sólo de forma, ha sido eminentemente de fondo y podemos decir que el reconocimiento del catálogo de derechos humanos, de los que todas las personas somos titulares en México, se ha ampliado, y al hacerlo, ahora hay más derechos sustantivos reconocidos en México. Ese catálogo, ese catálogo es uno que se integra a la Constitución precisamente por disposición del propio texto constitucional, -–el artículo 1º-– y este artículo 1º que no hace distinciones entre los derechos humanos constitucionales y los que provienen de fuente internacional, y conjuntar las dos fuentes para entender el origen de los derechos humanos en México es hoy un mandato constitucional.</div>
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De esta manera confirmaba lo que muchos sospechaban: el proyecto original contaba con el apoyo de cinco jueces y tenía la oposición abierta de otros tantos. El voto del ministro Fernando Franco, hasta ese momento, se consolidaba –en teoría- como el factor potencialmente decisivo. Pero, antes de que éste tomara la palabra, después de la participación del Presidente Silva Meza y como él mismo anunció, intervino el ministro Zaldívar, para cambiar los ejes del debate. Su introducción adelantaba el ánimo que orientaba el proyecto ajustado:</div>
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…quiero expresar mi reconocimiento y personal agradecimiento a los integrantes del Tribunal Pleno por el esfuerzo que han venido haciendo para que logremos construir una opinión consensuada de este Tribunal Pleno tratando de ceder para que logremos avanzar en este tema cuya resolución es urgente.</div>
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Acto seguido, el mismo ministro Zaldívar, fijó su postura personal frente al texto modificado y anunció el primer voto concurrente de la tarde:</div>
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Yo he sostenido de manera reiterada que cualquier limitación o modalidad a los derechos humanos, debe analizarse caso por caso, y debe hacerse un análisis de ponderación, de razonabilidad, de proporcionalidad, en el cual se tome de manera muy clara y muy en serio, el principio pro persona y la cláusula de interpretación conforme, así como los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad que establece de manera categórica la Constitución; de tal manera, que el núcleo esencial de los derechos no es disponible y tienen que armonizarse los límites y las restricciones a la luz de estos principios…</div>
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Con ello dejaba en claro que el acercamiento de posiciones no implicaba claudicar a sus convicciones. Esta premisa sería retomada por algunos de los ministros que se sumaron al nuevo proyecto de sentencia. De alguna manera, los ministros que terminarían aprobando la resolución, adoptaron la lógica del compromiso que, según Han Kelsen, caracterizaba al funcionamiento de los parlamentos genuinamente democráticos y la trasladaron a la sede jurisdiccional perfilando un acuerdo en el que nadie perdería ni ganaría todo. La propuesta que sintetiza ese acercamiento de posturas fue resumida por el propio Zaldívar:</div>
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En tal sentido, recogiendo estas opiniones de siete de los señores Ministros integrantes de este Tribunal Pleno, envié a ustedes una propuesta de modificación del proyecto en la cual se conserva el rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, pero se establece también que cuando hay una restricción expresa en la Constitución, se tendrá que estar a lo que marca la norma constitucional.</div>
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Después de esa intervención quedó claro que los posicionamientos originales de los ministros se verían alterados. La primera prueba de ello emergió con la postura del ministro Cossío. Él había adelantado su conformidad con el proyecto original pero no estuvo dispuesto a votar el proyecto modificado. Esto fue lo que dijo:</div>
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Es verdad que podría haber un camino de tratar de construir consensos en el Tribunal Pleno, me parece un camino plausible pero también me parece que hay temas en los cuales no puede uno ceder la posición personal ni siquiera en aras de construir elementos o condiciones mayoritarias, y a mí me parece que éste es un tema que tiene esa característica.</div>
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Su argumento de fondo es interesante y merece un comentario. A juicio del ministro Cossío el compromiso al que terminarían llegando sus colegas –la votación sobre este punto sería de 10 votos a favor y solamente el suyo en contra- conlleva una contradicción lógica. Además, desde su perspectiva, se ha generado una regla general: “…siempre que haya una restricción constitucional o un texto expreso de la Constitución, se subordina el derecho convencional”. Por lo mismo, a su entender, la solución acordada constituye una regresión relevante porque se ha colocado a las restricciones constitucionales por encima de los derechos que limitan y, de paso, sobre las interpretaciones de Cortes internacionales que pudieran ampliarlos. Esta preocupación ha sido compartida, por ejemplo, por Geraldina González de la Vega, pero, como ella misma advierte, la objeción puede remontarse definiendo cuándo los límites a los derechos son legítimos y cuándo no.</div>
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Lo cierto es que el proyecto modificado perdió la adhesión del ministro Cossío pero obtuvo, primero, el apoyo del ministro Valls quién, al hacerlo expreso, aprovechó para distanciarse de la postura del primero:</div>
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Estimo que debe precisarse que lo anterior no significa que en un caso concreto tales restricciones o limitaciones previstas constitucionalmente no puedan ser objeto de interpretación alguna; pues insisto, la labor de nosotros –de los jueces constitucionales– no es de mera aplicación, por lo que estas restricciones sí pueden ser objeto de interpretación…</div>
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Para el ministro Valls, los efectos que se reconocen a las restricciones constitucionales no crean una regla general o universal, inamovible. Me parece que esa es una lectura prometedora porque apunta en la dirección propuesta por Geraldina González de la vega. Una postura similar fue la que adoptó –finalmente- el ministro Franco. Al sumar su voto al proyecto modificado y advertir que escribiría un voto concurrente también se alejó de las preocupaciones del ministro Cossío: “La situación fáctica es siempre variable, y efectivamente al caso por caso nos iremos obligando a poder ir resolviendo esto de la mejor manera posible”.</div>
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Este es el punto en el que, a mi entender, se concentrarán las disputas jurídicas venideras más relevantes sobre el tema. Si, como sostiene Cossío, al aprobarse el proyecto modificado se crea una regla general que coloca invariablemente a los límites constitucionales por encima de los derechos limitados, entonces, la fuerza del bloque constitucional ha quedado definitivamente neutralizada porque el principio pro persona dejaría de operar. Si, por el contrario, las restricciones a los derechos son excepciones potencialmente derrotables a través de la interpretación, entonces, el bloque de derechos consolida al nuevo paradigma en el que las nociones de jerarquía y supremacía constitucional no han dejado de tener sentido pero han mutado de manera relevante. Por lo pronto, por ejemplo, todos los derechos del bloque conforman un parámetro de validez o regularidad del resto de las normas del ordenamiento. La función de la constitución en tanto norma suprema sigue siendo, como diría Hans Kelsen, “fundamentar la validez” pero ahora se trata de una constitución ampliada.</div>
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Luis María Aguilar, sin mayores argumentos, celebró las modificaciones al proyecto y se pronunció a favor aunque también adelantó un voto concurrente. Lo mismo hizo el ministro Pardo Rebolledo. Con ellos el nuevo proyecto contaba con 5 votos a favor y solo uno en contra. El voto decisivo, paradójicamente, lo emitió la ministra Margarita Luna Ramos quien hasta entonces había manifestado resistencias frente al bloque, masa o red de derechos y había liderado la argumentación en contra del proyecto original presentado por el ministro Zaldívar. De manera que su voto a favor del proyecto modificado se fundamentó en la aceptación de la eficacia de las restricciones constitucionales. La propuesta del ministro Zaldívar modificada, con ese voto improbable, lograba la mayoría.</div>
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La ministra Olga Sánchez Cordero, quién sí había apoyado el proyecto original también sumó su voto al proyecto modificado. Su posición –amplia y sólidamente argumentada- quedó próxima a la del ministro ponente: sí al bloque de derechos pero no a la tesis de las restricciones como criterio supremo. Por lo mismo también anunció un voto concurrente. Además, de manera expresa, tomó distancia de la posición expresada por el ministro Cossío. El núcleo medular de su argumentación está contenido en el siguiente párrafo:</div>
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El principio pro-persona, se basa en que los derechos inherentes a la persona reconocidos jurídicamente como universales; y como les decía, como mandatos de optimización, deben ser protegidos por el Estado, por sus instituciones, por sus agentes, por sus empleados, por sus funcionarios y servidores públicos, y en este caso considero que la aplicación y la operación del principio pro-persona se manifiesta a través de tres reglas: la conservación de la norma más protectora; la aplicación de la norma más favorable en presencia de conflictos normativos que requieren la primacía de uno de estos derechos, así como la interpretación con el sentido más protector en cuanto a desentrañar el sentido y la visión más favorable.</div>
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El proyecto modificado acababa de recabar el séptimo voto. Tocaría al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –quien también se había pronunciado por el proyecto original- concederle el apoyo número ocho. También él manifestó su posicionamiento tomando distancia de las preocupaciones de Cossío. Sobre todo aclaró que, desde su punto de vista, el reconocimiento que se haría de las restricciones constitucionales no implicaba la creación de una regla general, universal y rígida. La ponderación entre los derechos, sus límites y otros principios y consideraciones constitucionales seguirá abierta y tendrá que resolverse al interior del nuevo bloque constitucional. Por lo mismo secundó el proyecto y descartó que el mismo tuviera un carácter regresivo. La postura del ministro Presidente fue prácticamente la misma. Así que el proyecto ganó su noveno voto con el apoyo del ministro Juan Silva Meza y, finalmente, obtuvo el décimo con el apoyo del ministro Pérez Dayán.</div>
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Vale la pena citar en extenso la valoración del ministro ponente –Zaldívar- sobre el acuerdo alcanzado:</div>
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Me parece que la decisión que estamos tomando en este momento por diez votos, es una decisión que implica un avance importante; se establece con jurisprudencia obligatoria por primera vez en nuestro país, que los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional, y esto —me parece que no es un logro menor— es un avance muy trascendente, que a algunos de nosotros nos hubiera gustado ir más allá, obvio que sí, como algunos otros de nosotros les hubiera gustado que quedara el tema de la jerarquía, pero precisamente el consenso interpretativo nos obliga a buscar una decisión en la cual no puede imponerse la voluntad de uno de nosotros sobre los demás cuando no se tiene la mayoría necesaria, y no se trata de buscar mayorías —estilo de lo que pudiera ser un parlamento— sino de construir decisiones de Corte, acercándonos cada vez más para lograr un punto en el cual podamos estar de acuerdo en lo esencial, y esto creo que fue lo que se logró, pero además de tener sentido obligatorio una masa de derechos que tendrán que aplicar a partir de ahora todos los jueces del país de manera obligatoria, también hay un punto muy importante: Damos seguridad y certeza jurídica; tenemos más de dos años que se dio esta reforma, y seguimos hablando de la reforma de los derechos humanos, de la reforma al artículo 1°.</div>
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La última tesis de esta intervención del ministro Zaldívar es particularmente interesante porque es un hecho incuestionable que las contradicciones judiciales sobre la (in)existencia del bloque de derechos y sus alcances habían generado incertidumbre e inseguridad jurídicas. De hecho, esa también era la preocupación del ministro Cossío, quien, en junio de 2013, junto a uno de sus colaboradores, escribió en la revista Nexos lo siguiente:</div>
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Sería conveniente que las contradicciones que ya fueron planteadas al Pleno de la Corte sobre estos temas sean resueltas a la brevedad posible. Si bien existe el riesgo de que los criterios contenidos en el caso Radilla resulten restringidos, al menos se protegerá la certidumbre de los ciudadanos cuando acudan a los tribunales a exigir justicia.</div>
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Desde esa perspectiva, la decisión adoptada, podemos suponer, dejó a todos los ministros satisfechos. Fue el propio el ministro Cossío, quien si bien por una cuestión de principios –según sus propias palabras- no pudo acompañar a la mayoría, trazó la ruta de las discusiones venideras: a) ¿las restricciones constitucionales tendrán una posición de jerarquía o de prevalencia sobre los derechos?; b) ¿se ha establecido una regla general o queda abierta la puerta para la ponderación caso por caso?; c) ¿prevalecerán las restricciones constitucionales o el principio pro persona cuando existan derechos limitados en situaciones concretas?</div>
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Esas monedas siguen en el aire pero ahora deberán resolverse sobre una base jurisdiccional inédita: la del bloque, masa o red de derechos constitucionales y convencionales. A mi juicio esa es la buena noticia de la decisión adoptada. Es verdad que la agenda liberal no avanzó en todos los frentes pero también lo es que se evitó la derrota que se avistaba en el horizonte cuando cuatro ministros y una ministra habían anunciado su voto en contra del proyecto original y el ministro Franco parecía inclinarse en la misma dirección. Con las modificaciones al proyecto se ganó lo principal y se perdió lo accesorio. Ahora me temo que disputa seguirá abierta pero ya no versará sobre cuáles son nuestros derechos sino sobre los alcances y efectos de las restricciones que se les pueden imponer.</div>
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Además, en la misma sesión, minutos depués de la votación narrada, se determinó que las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, incluso en aquellos casos de los que El Estado mexicano no sea parte, sí son vinculatorias para los jueces meixcanos. Es decir, los juzgadores de nuestro país, al emitir sus sentencias, deberán conocer y tomar en consideración las decisiones adoptados por los jueces interamericanos. No solo como criterios orientadores sino como criterios vinculantes. Así que, si los jueces deciden apartarse de los mismos, deberán justificar jurídicamente y con argumentos dicha determinación. Valls, Cossío, Gutiérrez Ortiz Mena, Sánchez Cordero, Zaldvíar y el presidente Silva Meza sumaron los seis votos que afianzaron este tesis. Ahora sí, en este tema, los ministros liberales se juntaron.</div>
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*<a href="http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3090">http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3090</a> </div>
<br />ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-36777846503187070832013-09-06T06:41:00.001-07:002013-09-06T06:41:36.272-07:00ANARQUISTAS*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-Gaa40LEf4m8/UFH79946tmI/AAAAAAAAHzE/OdLZDz78XYE/s1600/01WOLDENBERG.bmp" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-Gaa40LEf4m8/UFH79946tmI/AAAAAAAAHzE/OdLZDz78XYE/s320/01WOLDENBERG.bmp" width="320" /></a></div>
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<b>JOSÉ WOLDENBERG</b></div>
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No sé si hay alguien atrás de ellos. No soy detective. Pero lo que veo a distancia es suficiente. Si dicen que son anarquistas, santo y bueno, son anarquistas. Pero tienen un parentesco inocultable con los grupos de la ultra derecha europea, los tristemente famosos skinheads. Tomo como referencia el libro de Antonio Salas (no es su verdadero nombre), Diario de un skin. Un topo en el movimiento neonazi español. (Planeta), para citarlo en extenso.</div>
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1. "Un odio irracional, absurdo e irrefrenable nos embargaba a todos. Nos envolvía... Nos impregnaba... Aquel odio extraño y misterioso nos unía...como el vínculo secreto de una hermandad...". Tiene que existir un resorte para que algunos jóvenes se entrenen para agredir a la policía, los comercios, el bastimento público. Se cubren la cara, cargan sus mochilas con piedras o con lanzallamas o con resorteras que lanzan balines; se organizan y van al combate. Su ideología, o como se llame eso, tiene que estar alimentada por algo: un odio añejado y destilado. Y ya se sabe: no hay nada más potente que el odio, así sea difuso y confuso. Ese rencor es el cemento de su hermandad.</div>
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2. "El porvenir de un movimiento depende del fanatismo, y aun de la intolerancia, con que lo exaltan sus partidarios, exhibiéndolo como el único rumbo acertado...". Son palabras de Adolfo Hitler en Mi lucha. Se trata de grupos -por lo pronto- pequeños, encerrados en sí mismos, propietarios de una decisión que no cualquiera tiene. Enfebrecidos por sus "convicciones" desprecian a todos aquellos que no comparten sus métodos violentos. Los otros son blandengues, miedosos, timoratos. Exaltados e intolerantes, su repulsa por los que se encuentran fuera del círculo iniciático es inconmensurable.</div>
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3. "Las auténticas señas de identidad de los skinheads eran la violencia y el vandalismo. Por donde pasaban destrozaban trenes, establecimientos, coches; les daban palizas a policías, estudiantes...". No el discurso, no la propuesta, sino la fuerza destructiva es lo que los define. La violencia es una proclama más elocuente y aterradora que cualquier promesa. El vandalismo no es un accidente, sino el producto de la furia concentrada para expresar que el ímpetu que amedrenta está con ellos. Se distinguen de todos los demás. El 1o. de septiembre los maestros de la CNTE les pedían que se descubrieran el rostro, que no agredieran, y al no obedecer los segregaron.</div>
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4. "Los skinheads eran los más violentos, los más duros, los más irreverentes... y por tanto, para ciertos sectores de la juventud, eran los más audaces, los más intrépidos, los más consecuentes. Es decir, los más admirados". Es posible que aspiren a ser reverenciados. No por sus metas sino por su afán demoledor. Frente a ellos los cobardes se arredran, los políticos se espantan y las buenas conciencias se nublan por el terror. Y ellos entonces se reafirman como los más arrojados y decididos. No son los más admirados entre los jóvenes, pero sí quienes llaman a los reflectores, los que adquieren una potente visibilidad pública.</div>
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5. "Su estética... (tiene) un aspecto paramilitar". Recuerdan, en efecto, a los grupos paramilitares. Es posible que se emparenten más con Los Halcones que agredieron a aquella manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971 que con los movimientos estudiantiles. Si estos últimos deseaban ganarse lavoluntad de la sociedad, los anarquistas no tienen ese resorte activado. Por el contrario, buscan espantar a la opinión pública y logran inhibir a muchos de los que desean manifestarse pacíficamente.</div>
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6. "Abominan de la democracia, pero apelan a ella para poder ejercer un derecho que, sin ninguna duda, negarían a sus adversarios en caso de ostentar el poder que anhelan...". Bajo el manto de las libertades y los derechos humanos y aprovechando las debilidades policiacas, ellos agreden y desatan la violencia. Saben que si los policías se exceden pueden acusarlos de represores, que si no son tratados conforme a un debido proceso pueden apelar al respeto a los derechos humanos. Pero ellos no tienen ninguna consideración hacia los otros. Quisieran dinamitar los cimientos de nuestra incipiente democracia porque nada significa para ellos, pero saben que dentro de la misma algo los protege.</div>
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7. "En aquel grupo... me sentía temido. Y al concienciarme (sic) del miedo que generábamos a nuestro alrededor me sentí poderoso. Nadie se atrevería a provocarme, a insultarme, a humillarme mientras formase parte del grupo. Al contrario. Yo podría insultar, provocar e incluso agredir a quien me apeteciese...Esa sensación es embriagadora... Disfrutaba sádicamente el miedo que inspirábamos...No queríamos ser amados, queríamos ser temidos...". Lo que no se atreverían a hacer como individuos pueden hacerlo en grupo. Esa cofradía multiplica su fuerza, su potencia, amedrenta al resto y en principio proporciona impunidad. Ser el "más agresivo, violento y radical", pero en el anonimato y protegido por el clan.</div>
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8. "En un mundo de corderos, preferimos ser lobos" es una máxima neonazi en Europa.</div>
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<i>*Reforma 05-09-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-2335025280634213062013-09-06T06:40:00.000-07:002013-09-06T06:40:09.307-07:00LOS ESPÍAS DEL MUNDO*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-hz09jSNr-1E/UEUjML9axHI/AAAAAAAAHus/dCnzdmBX1Vo/s1600/01.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-hz09jSNr-1E/UEUjML9axHI/AAAAAAAAHus/dCnzdmBX1Vo/s320/01.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>CARMEN ARISTEGUI</b></div>
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Estados Unidos, la gran potencia, ha sido pillada en falta.</div>
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Los escándalos desatados por las revelaciones de Edward Snowden, conocidos a través de diferentes reportes periodísticos, han colocado al gobierno de Barack Obama en la difícil e incómoda situación de tener que dar explicaciones.</div>
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El último capítulo, revelado el domingo pasado por la cadena de televisión O' Globo, ha exhibido al gobierno de Obama como responsable de prácticas de espionaje intensivo en contra de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.</div>
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Ambos personajes han reaccionado de diferentes maneras frente al agravio. La presidenta Rousseff convocó de urgencia a una reunión de gabinete, exigió explicaciones rápido y por escrito. La primera respuesta que le fue enviada no la satisfizo y el propio ministro de Comunicaciones dijo, abiertamente, que la explicación norteamericana resultaba falsa. Se confirmó también que el motivo del espionaje a la carioca y su equipo era obtener información económica, comercial y sobre asuntos del petróleo para obtener -se entiende- ventajas indebidas en estas materias. El gobierno de Rousseff no se anduvo por las ramas. En estos momentos el gobierno de Dilma le exige a Obama que sea él personalmente quien explique a Brasil y a su Presidenta las razones por las cuales intervino sus comunicaciones. Le exige que lo haga por escrito y que lo haga esta misma semana. No sólo eso: ayer Dilma decidió cancelar el encuentro con Obama para fechas próximas. Sin medias tintas, la brasileña.</div>
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En el caso de Peña Nieto, lejos de aprovechar el mensaje que dio en Los Pinos, con motivo de su informe, al día siguiente de la revelación, optó por un tibio comunicado de su Cancillería, en el que ni siquiera se menciona que la persona espiada es el actual titular del Ejecutivo. El contraste tan fuerte con la postura brasileña hizo que el gobierno de México subiera un poquito el tono de su postura. Pidieron al embajador que investigara lo revelado por medios internacionales y que compareciera. Hasta donde se sabe, no ha ocurrido tal cosa.</div>
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Finalmente, ayer se anunció que Peña Nieto hizo una llamada telefónica a Barack Obama para hablar del tema. No se conoce la duración de la llamada, ni el tono de la misma. Sólo se dijo que Obama se comprometía a investigar. Llama la atención que se haya elegido la vía telefónica cuando los dos mandatarios estaban cercanos físicamente uno del otro. La llamada se hizo desde San Petersburgo, cuando los dos mandatarios estaban ya en el mismo edificio.</div>
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Las revelaciones sobre el espionaje a Peña Nieto podrían parecer menores si se considera los mensajes de texto dados a conocer como parte de lo espiado. Dos mensajes de texto en los que son citados nombres como Moreira, Jorge Corona, Juan Ramón Flores y Miguel Ángel González, en comunicaciones que según la diapositiva del informe ultrasecreto ("Filtración inteligente de datos: Estudio de los casos México y Brasil") no resultan del todo comprensibles.</div>
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Lo relevante no está en el contenido de los mensajes. Lo relevante es que formaron parte de lo que se obtuvo -al ser aplicado en una operación especial, durante dos semanas contra Peña Nieto y nueve de sus colaboradores- con el programa SATC ("Programa para el Ciberespacio Seguro y Confiable de la Agencia Nacional de Seguridad") identificado así en el documento original que sirvió de base para elaborar el programa especial de la televisión brasileña.</div>
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El documento, más que exponer grandes revelaciones producto de las intervenciones en los mensajes de los espiados, tiene como propósito mostrar las bondades y eficacias de la aplicación del sistema. Se habla, por ejemplo, de cuán eficaces han resultado los mecanismos de intervención. En una diapositiva se puede leer que, con su uso, es posible: "encontrar una aguja en un pajar de una manera eficiente y repetible".</div>
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En el apartado "(U) Classification" se celebra abiertamente el éxito del sistema de espionaje. Se puede leer que la información que antes era imposible de obtener en esta ocasión fue interceptada. Se señala que el SATC fue capaz de aplicar técnicas de espionaje en contra de personas de gran relevancia en México y Brasil, con mecanismos que les permitieron lograr lo que antes no habían logrado.</div>
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¿Cuánta información obtuvieron sobre Peña Nieto, Rousseff y sus respectivos colaboradores los norteamericanos? ¿Qué hicieron con ella? ¿Usaron sólo por única vez ese programa o, ante la eficacia demostrada y presumida en el documento, han recurrido a él en nuevas ocasiones? ¿Cuántas agujas del pajar han encontrado con sus técnicas de espionaje intensivo? Nada de eso ha sido revelado. Aún.</div>
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<i><br /></i></div>
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<i>*Reforma 06-09-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-11104695983772723132013-09-06T06:38:00.002-07:002013-09-06T06:38:50.362-07:00EL MENSAJE DE LA CORTE*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-TEU8Nlf2H64/T_-N30tJFqI/AAAAAAAAHik/opJzNWF4T9c/s1600/01FOTO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-TEU8Nlf2H64/T_-N30tJFqI/AAAAAAAAHik/opJzNWF4T9c/s320/01FOTO.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>MIGUEL CARBONELL</b></div>
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La Suprema Corte acaba de sentar un criterio de enorme importancia para el derecho mexicano en el expediente de la Contradicción de Tesis 293/2011.</div>
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Bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar ha señalado básicamente dos cosas muy positivas: la primera es que los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados por México tienen rango constitucional, es decir valen tanto como nuestra Constitución e incluso pueden ser aplicados de forma prevalente a ésta cuando otorguen una mayor protección a las personas. La segunda cuestión que afirma la Corte es que todas las autoridades de nuestro país, en los distintos niveles de gobierno, están obligadas a observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto aquella que deriva de casos en los que el Estado mexicano fue parte, como respecto de los criterios sostenidos en todos los demás casos que resuelva.</div>
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Creo que se trata de dos criterios importantes. El primero de ellos sobre el rango constitucional de los tratados no es en rigor muy novedoso, ya que así lo establece con claridad el artículo 1 de nuestra Carta Magna, pero la determinación sobre el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana incluso en los casos en que México no ha sido parte sí que supone una aportación original, ya que viene a modificar un criterio en sentido diverso sostenido por la Corte apenas en el 2011. Este cambio de criterio implica que los abogados mexicanos deben ponerse a estudiar a toda velocidad la jurisprudencia internacional, ya que a partir de ahora la van a poder invocar ante los tribunales mexicanos, los cuales estarán obligados a acatarla.</div>
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La mala noticia es que la Corte se negó (pese a que así lo proponía un brillante proyecto presentado originalmente por el Ministro Zaldívar) a reconocer que los tratados de derechos humanos pueden prevalecer frente a la Constitución incluso o sobre todo en los casos en que nuestra Carta Magna prevea ciertas restricciones a los derechos. Así sucede, por citar un ejemplo, con la figura del arraigo, que contiene una restricción al derecho de libertad y por eso mismo viola diversos tratados internacionales. En el caso del arraigo no prevalecerán los tratados, sino el texto constitucional. 10 Ministros estuvieron de acuerdo con ese criterio y solamente el Ministro Cossío votó en contra. Es un retroceso que anuncia nuevas condenas contra México en los tribunales internacionales. Ojalá hubiera prevalecido la propuesta originalmente presentada por Zaldívar, que tenía gran rigor lógico y jurídico.</div>
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Como quiera que sea, lo cierto es que la Suprema Corte le está enviando un mensaje muy claro a los abogados mexicanos: hay que ponerse de inmediato a estudiar los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.</div>
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En las recientes sesiones de la Corte, al discutir temas tan relevantes, se ha puesto en evidencia el papel tan positivo que está jugando el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ha estado sosteniendo posturas y argumentos muy frescos y renovadores, junto a quien lidera al bloque progresista de la Corte hoy en día, que es el Ministro Zaldívar. Si sigue como va, es probable que Gutiérrez Ortiz Mena –considerando su juventud y los muchos años que le quedan por delante en la Corte- pueda construir una de las más brillantes carreras judiciales de la historia del país.</div>
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Ojalá que en el futuro se sigan dando pasos hacia delante para garantizar una mayor eficacia de los derechos fundamentales y que se afirme cada vez más el compromiso de México con los tratados internacionales. La globalización que vive el país no puede ser solamente mercantil o financiera: necesitamos una globalización del Estado de derecho, de la efectiva garantía de los derechos humanos y de los estándares internacionales para proteger la dignidad humana.</div>
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Durante décadas el derecho mexicano estuvo completamente cerrado a cualquier influencia externa: era el tiempo del chauvinismo jurídico que tanto daño nos hizo. Por suerte eso ha cambiado de forma radical y ahora hemos dejado de tenerle miedo a las corrientes jurídicas que vienen de otros países o de cortes internacionales. Los juristas mexicanos necesitan abrir las puertas y las ventanas, para asomarse a ver lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Peses a sus muchas dudas y a algún error notable en su interpretación, la Suprema Corte nos está indicando que esa es la dirección correcta. No desaprovechemos la oportunidad de sumarnos a las más modernas corrientes del derecho. Es lo que muchos habíamos reclamado desde hacía mucho tiempo.</div>
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<i>*El Universal 05-09-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-56703722226569065752013-09-06T06:37:00.000-07:002013-09-06T06:37:20.755-07:00¿NUEVOS PARTIDOS?*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-zti_djR5wpY/T-3b6u_wJbI/AAAAAAAAHfY/eYkv2rGfItM/s1600/01FOTO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-zti_djR5wpY/T-3b6u_wJbI/AAAAAAAAHfY/eYkv2rGfItM/s320/01FOTO.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>LORENZO CÓRDOVA VIANELLO</b></div>
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A lo largo de las últimas tres décadas el proceso de cambio político en México ha transitado por la atención y solución de una serie de problemas que, si bien muchos de ellos estaban vinculados entre sí, gradualmente fueron planteándose como necesidades prioritarias en momentos determinados.</div>
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En ese sentido, un problema originario y del cual dependía el curso democratizador, fue resolver el carácter excluyente y discriminador que adquirió el sistema de partidos del viejo régimen y permitir no sólo el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, sino su inclusión en la arena electoral y su reflejo en órganos representativos del Estado. La reforma electoral de 1977 y las que le siguieron han mantenido —unas más que otras— ese espíritu aperturista e incluyente.</div>
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Desde entonces periódicamente se ha abierto la posibilidad para que organizaciones de ciudadanos puedan aspirar a convertirse en partidos previo cumplimiento de una serie de requisitos de ley.</div>
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Se trata de una lógica venturosa que no sólo es respetuosa de los principios democráticos y del pluralismo político, sino que permite concretar el derecho fundamental de asociación política de los ciudadanos.</div>
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Hoy, como consecuencia de las reglas introducidas en la reforma de 2007-2008, cada seis años, de cara a las elecciones intermedias (y no frente a cada elección como ocurría en el pasado, circunstancia que estoy convencido deberíamos revisar y reintroducir), se abre la ventana legal para que se intente la creación de nuevos partidos.</div>
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Los requisitos son de dos tipos: por un lado, contar con una serie de documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) que tienen el propósito de darle a la organización en ciernes congruencia ideológica y estructura jurídica; y, por otro lado, un mínimo de afiliados a nivel nacional (el 0.26% del Padrón Electoral, lo que equivale a alrededor de 220 mil ciudadanos) con una presencia territorial determinada, misma que se constata con la obligación de realizar al menos, o bien 20 asambleas estatales con la presencia de 3 mil asistentes o más, o 200 asambleas distritales con por lo menos 300 asistentes cada una.</div>
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En el presente caso, para cumplir con esos requisitos las organizaciones de ciudadanos que notificaron su intención al IFE en enero de 2013, deben realizar sus asambleas y conseguir las afiliaciones necesarias en un periodo que va de febrero pasado a enero de 2014 (incluyendo la realización de una asamblea nacional como momento culminante de su proceso constitutivo). Se trata de un conjunto de actos complejo que toca al propio IFE verificar y validar.</div>
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El 29 de agosto el Consejo General del IFE conoció un informe sobre el estado del proceso de constitución de nuevos partidos (puede consultarse en la página web del Instituto). Se trata de un corte de caja que de ninguna manera arroja datos finales o conclusivos, sino que hace del conocimiento público los datos que se tienen hasta el momento. Van algunas cifras interesantes:</div>
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a) De las 52 organizaciones que manifestaron su intención originalmente, hoy subsisten 39 (10 no cumplieron los requisitos formales iniciales y 3 han manifestado su desistimiento).</div>
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b) Hasta ahora sólo cuatro organizaciones han señalado al IFE su programa de asambleas y sólo dos han realizado alguna asamblea con el quórum requerido por la ley.</div>
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c) Se han presentado 5 consultas a la Comisión competente del IFE que han sido respondidas en forma.</div>
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d) 22 organizaciones han concurrido a los talleres de capacitación que el IFE les ha ofrecido sobre el proceso y modalidades de revisión y certificación que el IFE realiza (la última fue “Morena”, la semana pasada).</div>
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Por ahora nadie puede adelantar vísperas y sacar conclusiones anticipadas. Hacer lo contrario es especular. Todavía hay tiempo (hasta enero) para cumplir con los requisitos y es normal que la agenda de asambleas se congestione hacia el final del plazo.</div>
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Además, todavía está pendiente el proceso de validación que hará el IFE cruzando la información de todas las organizaciones, a partir de febrero próximo así que las asambleas que hoy se han realizado, aún no pueden considerarse válidas en definitiva.</div>
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Es un proceso largo, pero importante para la vida democrática, que vale la pena seguir con atención.</div>
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<i>*El Universal 06-09-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-65123445537092102022013-09-03T07:16:00.000-07:002013-09-03T07:16:25.393-07:00SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE: LO BUENO, LO MALO Y LO AUSENTE*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-eZuVuYPLiqE/UA9Wjbg56GI/AAAAAAAAHmQ/BQeTDw2YdJg/s1600/01FOTO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-eZuVuYPLiqE/UA9Wjbg56GI/AAAAAAAAHmQ/BQeTDw2YdJg/s320/01FOTO.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>CIRO MURAYAMA RENDÓN</b></div>
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Ahora que existe un dictamen de la Cámara de Diputados que está a consideración del Senado, conviene centrarse en los aciertos y debilidades de la ley que regirá el acceso, la promoción y la permanencia de los maestros de educación obligatoria.</div>
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En primer lugar, y retomando una definición clave de la reforma al artículo 3° constitucional, es encomiable que quien llegue a ser profesor lo haga a través de un concurso público de oposición. Se cierra espacio a la entrada por herencia o venta de plazas, por afinidades políticas o, incluso, a través de favores sexuales exigidos por burócratas educativos y líderes magisteriales. Que podamos tener exámenes de ingreso diseñados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en lugar de grupos de interés, corporaciones o mafias definiendo quién se hará cargo de la educación de los niños es un avance que debe ser bienvenido y valorado, que dignifica en primer lugar a maestros y maestras.</div>
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Lo mismo puede decirse de la promoción y permanencia: ya no dependerá de tener un padrino político o de estar bajo la sombra de una organización corporativa para poder ejercer los derechos como trabajador de la educación.</div>
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También es un logro importante que desaparezcan las comisiones sindicales a costa del erario público. De ahora en adelante, quien se vaya a esas u otras tareas que le impidan cumplir con sus labores docentes, de dirección o de supervisión, se separará del servicio magisterial sin goce de sueldo.</div>
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Bienvenidos deben ser los estímulos para los maestros que vayan a trabajar a zonas marginadas, pues sólo así se podrán ir incorporando elementos a favor de la calidad y la equidad educativa.</div>
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Los defectos de la LGSPD están, sobre todo, en que sobrecarga la evaluación como elemento para deshacerse de los malos maestros —eso en principio no está mal— pero en cambio descuida el reconocimiento, la motivación del docente y no desarrolla una genuina carrera profesional.</div>
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Los artículos 22 y 53 del dictamen de la LGSPD contemplan que cuando un maestro sea separado de su cargo ello ocurrirá “sin responsabilidad para la autoridad educativa”, como si fuese válido despedir a trabajadores sin la indemnización correspondiente.</div>
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Otro desacierto es querer evaluar por lo menos cada cuatro años a todos los maestros, los que nos da a cerca de 300 mil evaluaciones al año, más de una por cada día hábil, lo que resulta una labor cuasi imposible que puede atentar contra la calidad misma de la evaluación.</div>
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Además, no hay diferenciación a la hora de evaluar entre un profesor con 6 años en servicio de uno que tenga 22 años comprobando su valía. Como en cada evaluación está en riesgo el empleo, en realidad nunca se alcanza la “definitividad”.</div>
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Bien pudo pensarse en un esquema con una evaluación al momento del acceso, la siguiente a los dos años y otra cuatro años después (así va el diseño del dictamen), pero añadiendo una más a los seis años, lo que daría un total de cuatro evaluaciones de desempeño en los primeros doce años de carrera, para entonces otorgar la definitividad. Más adelante el profesor se sometería a evaluaciones adicionales que tendrían como fin que los maestros mejoraran sus condiciones salariales.</div>
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Un vacío mayor es que la LGSPD no da las bases, y ese era su cometido, para el diseño de una carrera en el magisterio que resulte atractiva para los jóvenes que decidan dedicar su vida a la enseñanza. Así, a diferencia de lo que ocurre en las universidades donde se hace “carrera académica”, la LGSPD no contempla categorías ni niveles distintos entre los profesores según van ganando experiencia y acreditando destrezas y responsabilidad. Como no se definen con claridad los escalones de ascenso pero sí está claro que se puede perder el empleo, no hay en realidad un plan para el desarrollo de una carrera docente, hay diseñada más bien una suerte de corretiza evaluativa.</div>
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Recientemente escribió Olac Fuentes Molinar (“Las tareas del maestro y los desafíos de la evaluación docente” en el libro La reforma Constitucional en materia educativa: alcances y desafíos, Instituto Belisario Domínguez, 2013): “Las visiones más comunes acerca del trabajo escolar suelen estar construidas sobre falsas generalizaciones; algunas son expectativas infundadas y exigencias erróneas, otras son idealizaciones míticas, unas más se fundan en el desdén, la ignorancia o la indiferencia. Las imágenes sobre el maestro se sitúan en dos extremos: un apostolado uniforme y siempre menesteroso, y un ejército de simuladores y holgazanes”. El capítulo de evaluación de la ley fue pensado, sobre todo, desde esta segunda generalización equivocada.</div>
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<i><br /></i></div>
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<i>*El Universal 03-09-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-25604094150694264492013-09-03T06:59:00.001-07:002013-09-03T06:59:11.591-07:00INFORMAR SIN ESCUCHAR*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-LkJA9hJ6ocE/UABQUC76scI/AAAAAAAAHkM/WwUdgqv2Qeo/s1600/01FOTO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-LkJA9hJ6ocE/UABQUC76scI/AAAAAAAAHkM/WwUdgqv2Qeo/s320/01FOTO.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>DIEGO VALADÉS</b></div>
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Desde 1824 y hasta 1923 nuestras Constituciones establecían que los presidentes inauguraran y clausuraran todos los periodos de sesiones del Congreso. Benito Juárez lo hizo en 29 oportunidades entre 1861 y 1872, excepto durante la intervención francesa, y en sus 30 años de gobierno Porfirio Díaz informó al Congreso 61 veces. En 1923 ese deber se contrajo a inaugurar los periodos ordinarios y en 2008 la asistencia de los presidentes fue sustituida por la presentación de un informe escrito.</div>
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Con los años la obligación republicana devino en un torneo de complacencias en el que se medía el número y la duración de los aplausos, e incluso si estos se tributaban o no de pie. La obsecuencia es habitual en los sistemas cerrados, donde se tiende a sacralizar la figura del poderoso y a buscar el contenido críptico de sus mensajes y gestos. Así se subrayaba instintivamente cuando se hablaba de "glosar" el informe presidencial, sin advertir que "glosa" significa "explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender". Un ejemplo de la tarea adivinatoria se produjo cuando José López Portillo anunció la expropiación de la banca, en su último informe, y la atención se dirigió hacia Miguel de la Madrid, próximo a asumir la Presidencia, quien ante la ovación del pleno se limitó a unas frías palmadas protocolarias, llenas de sentido político en la ocasión.</div>
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Poco a poco la ovación fue desplazada por la impugnación, también sonora, que orilló a los presidentes a retirarse de la tribuna congresual. Hoy, el rito está roto. Excluidos por la política y luego relevados por la norma, los presidentes se conforman desde hace años con una ceremonia sin trascendencia constitucional y con un simbolismo político contraproducente, porque exhibe un repliegue forzado por situaciones fuera de control.</div>
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Los presidentes dejaron de asistir al Congreso, pero las causas de esa ausencia están variando. Ahora el problema no está relacionado con el talante asambleario sino con la protesta callejera. Esto es otra cosa. Es un indicador más del estrés creciente al que están sometidas las instituciones.</div>
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Ese fenómeno no puede ser visto con indiferencia porque denota que el deterioro institucional va en ascenso. La reiterada ausencia presidencial en el Congreso es una irregularidad que debe ser remediada. La distancia política entre la representación nacional y el gobierno acabará teniendo consecuencias adversas para la vida institucional del país. Si hay factores que impiden que el Presidente concurra al Congreso, deben explorarse otras medidas compensatorias.</div>
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Los actos informativos de los presidentes fuera del ámbito natural, que es el Congreso, en lugares y con modalidades cambiantes, muestran hasta qué punto está lesionado el sistema institucional. Empero, no podemos conformarnos con el retroceso como método e ignorar que las abdicaciones del poder son un síntoma de deficiencias intrínsecas, hasta ahora desatendidas. La solemnidad es prescindible, pero no la responsabilidad republicana de informar, escuchar y debatir, que deben realizarse conforme a las mejores prácticas democráticas.</div>
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<br /></div>
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A partir de 1997 los gobiernos carecen de mayoría en el Congreso. Desde entonces el sistema se ha mantenido imperturbable y tres lustros más tarde seguimos sin instrumentos para que la minoría en el gobierno escuche a la mayoría en el Congreso. La ausencia de esos mecanismos en el contexto del pluralismo democrático es una omisión que contribuye al déficit de gobernabilidad que padecemos.</div>
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<br /></div>
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En 2008 fue reformado el artículo 69 de la Constitución, facultando al Congreso para analizar el informe, formular preguntas por escrito al Presidente y citar a los miembros de su gabinete para que comparezcan e informen, "bajo protesta de decir verdad". Fue una reforma democrática que no ha dado resultados porque la práctica política la ha hecho casi inoperante. Los secretarios van poco y dicen menos; suelen esquivar los cuestionamientos y recitar lo que podría ser un largo boletín de prensa.</div>
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Se requiere mucho más. No es necesario volver a modificar la Constitución para que los secretarios concurran con regularidad a informar y debatir, sin que en cada caso su presencia sea objeto de regateo político. La función política no puede girar sólo en torno a la figura presidencial como si en el país nada hubiera cambiado con la caída de la hegemonía. Se elude que el gabinete tenga una presencia constante en el Congreso, con lo cual se prescinde de un instrumento de interlocución que toda democracia necesita y se corre el riesgo adicional de que los mediocres, refugiados en la obscuridad, se perpetúen en perjuicio de las funciones que tienen encomendadas.</div>
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<br /></div>
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Un diálogo fluido es indispensable para que los ciudadanos escuchemos las razones del poder. No es razonable que el gobierno desoiga lo que en las Cámaras se dice de sus programas y decisiones, ni que rehúya el debate institucional. La democracia implica deliberación continua, responsable y libre.</div>
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<i>*Reforma 03-09-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-45667634879621059312013-09-03T06:56:00.001-07:002013-09-03T06:56:54.512-07:00TEXTO Y CONTEXTO*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<a href="http://3.bp.blogspot.com/-eXv7liQ-QMA/UE8dktOLsXI/AAAAAAAAHyc/jto_2R1vPrU/s1600/01ALCOCER.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-eXv7liQ-QMA/UE8dktOLsXI/AAAAAAAAHyc/jto_2R1vPrU/s320/01ALCOCER.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>JORGE ALCOCER</b></div>
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Cumplidas las primeras 36 semanas del ya no tan nuevo gobierno, sugiero leer el texto del mensaje presidencial de ayer, y tener presente el contexto del Primer Informe de Gobierno.</div>
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Fue Vicente Fox el primer Presidente impedido de entrar al salón de sesiones de San Lázaro, para dirigir el tradicional mensaje con motivo del informe de gobierno; al año siguiente (2007) Felipe Calderón entró, subió al presídium, entregó el informe por escrito... y se fue. En agosto de 2008 se promulgó la reforma al artículo 69 de la Constitución, que eliminó la obligación del Presidente de acudir al Congreso cada 1o. de septiembre; a partir de entonces el informe se presenta por escrito, sin determinarse quién debe cumplir tal encomienda. El domingo lo hizo, como antes, el secretario de Gobernación, pero igual pudo enviarlo con un motociclista.</div>
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Por ese cambio, a partir de 2008, cada 2 de septiembre (salvo en 2011), Felipe Calderón usó el Palacio Nacional para realizar un evento, con invitados y escenografía a modo, para dirigir un mensaje, en cadena nacional de TV y radio. La sesión de apertura de sesiones del Congreso, cada 1o. de septiembre, con los discursos de los grupos parlamentarios, dejó de interesar. Por unos cuantos diputados, groseros y gritones, la República perdió el acto en que el Ejecutivo rinde cuentas al Congreso. Todos salimos perdiendo. Ojalá, antes de que termine el sexenio, veamos al presidente Peña Nieto en la "tribuna más alta de la Nación".</div>
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Para el Presidente su primer informe se convirtió en un juego de vencidas con los maestros de la CNTE y demás acompañantes, que desde hace semanas tomaron la Ciudad de México como rehén y al Zócalo capitalino como base. Peña Nieto anunció que daría su mensaje en el Campo Marte, a las 11:00 horas del pasado domingo; la decisión fue mal recibida. Ir a una instalación castrense fue interpretado como señal de temor; hacerlo antes de la apertura formal de sesiones del Congreso, como una descortesía a diputados y senadores.</div>
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El Presidente enmendó día y lugar; decidió esperar al cumplimiento de la formalidad constitucional, difiriendo su mensaje al día de ayer, desde la residencia oficial de Los Pinos, bajo una improvisada carpa, con el costo de evidentes errores de protocolo en el trato entre Poderes. Cobijado por sus invitados, Peña Nieto mandó su mensaje. Por la TV se veía tranquilo; aunque más que rendir cuentas de 9 meses, se refirió a expectativas de futuro. Nada le ayudó, para tal fin, mencionar cifras millonarias y billonarias, de gasto e inversiones. Esos datos pasan de noche, son demasiados ceros.</div>
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Peña Nieto insistió en que no quiere administrar, sino cambiar. Como dicen sus mensajes, quiere "mover a México". Su mensaje tuvo más de administración que de cambio. Fue un repaso y reparto de promesas, que de tanto decirlas se han desgastado; carecen de credibilidad. El texto tuvo como hilo conductor las frases de sus mensajes en TV y radio; se apegó a la teoría de sus publicistas, al repetir -martillear- careció de fuerza motivacional. Peña está -para bien- lejos del histrionismo de José López Portillo; produce en el público la misma emoción que Miguel de la Madrid. Lo que el actual Presidente no encuentra es su propia forma, eso que se llama "estilo personal de gobernar".</div>
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Sin dejar de lado al Pacto, y el consabido apapacho a los tres partidos, el Presidente puso el énfasis final en pedir apoyo para el Congreso en las reformas pendientes -energética y hacendaria- y exhortó a los mexicanos a hacerlas suyas. De la política nada dijo, como si fuera tema ajeno al jefe de Estado y a lo que pase con su gobierno. Veo remoto que el exhorto presidencial sea atendido, pues nadie sabe qué contendrá la segunda de esas reformas, y de la primera solo se ha dado a conocer la iniciativa constitucional. Falta la letra chiquita, esa en la que se esconde el diablo.</div>
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Sin grandes resultados para mostrar, el Presidente ponderó como tales una "economía estable" y una "democracia madura"; solo que ambas condiciones no están presentes en la percepción social. No puede considerarse estable una economía en vías de recesión, ni madura una democracia a la que una vez más se propone reformar, o deformar.</div>
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Tanto la estabilidad y el crecimiento económicos, como la madurez democrática, son metas por alcanzar.</div>
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<i>*Reforma 03-09-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-62154986088216528152013-08-29T09:33:00.002-07:002013-08-29T09:33:30.033-07:00JANO*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-YZbYnwTUX80/UDBE7WaXwMI/AAAAAAAAHsw/t-CNGFjhAe0/s1600/01.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-YZbYnwTUX80/UDBE7WaXwMI/AAAAAAAAHsw/t-CNGFjhAe0/s320/01.jpg" width="320" /></a></div>
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JOSÉ WOLDENBERG</div>
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Si la democracia tiene dos caras, hemos avanzado mucho en una y (casi) nada en otra. Me explico. Como Jano, la vieja divinidad romana, la democracia mira en dos direcciones opuestas: debe ser expresiva de la diversidad de opciones, ideologías, sensibilidades, intereses que cohabitan en una sociedad, y debe generar un orden para garantizar los derechos de todos y no quedar sujeta a la ley del más fuerte. Se trata de dos caras que viven en tensión, no fácilmente reconciliables, porque ponen en acto valores enfrentados: el ejercicio de las libertades una, y el límite a dicho ejercicio para preservar los derechos de terceros, la otra. Libertad sin orden, ya se sabe, puede generar anarquía y orden sin libertad es sinónimo de dictadura. Por ello, la democracia (dicen los libros de texto) supone un orden donde puedan expresarse libremente las distintas nociones, ideas y proyectos, en el entendido de que todas ellas son parte de un todo mayor que las protege y exige respeto para los otros.</div>
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Recordé aquella idea de Arthur Koestler de que cada individuo, familia, tribu, sociedad, Estado, porta al mismo tiempo una "tendencia integradora" y una "tendencia autoafirmadora". Cada uno de esos eslabones (los llamaba "holones" a todos, porque eran al mismo tiempo un todo y una parte de un sistema mayor) necesita y quiere preservar su individualidad y al mismo tiempo requiere ser y es parte de un todo mayor. "La tendencia autoafirmadora constituye la expresión dinámica de su carácter de todo, mientras que la tendencia integradora lo es de su condición de parte". Se trata de que "cada parte debe afirmar su personalidad...pero al mismo tiempo, la parte ha de someterse a las exigencias del todo". Suponía él que esos dos resortes tienen que mantener un cierto equilibrio, bueno para el conjunto y bueno para la fracción. Si ello no sucedía, se multiplicaban las "patologías". (Jano. Debate. Madrid. 1981).</div>
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<br /></div>
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Pues bien, en nuestra germinal democracia no son pocos los que quieren "afirmar su personalidad" asumiéndose como un "todo", sin tomar en cuenta que al mismo tiempo son solo "una parte" de un todo mayor que reclama una cierta y necesaria "integración" de esa parte. Me temo, sin embargo, que se requiere algo más que llamados a la buena conducta para construir ese equilibrio virtuoso entre las tendencias de "autoafirmación" y de "integración", entre los intereses y exigencias propios y los del conjunto.</div>
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Jano, dice Arthur Cotterell, no solo veía en direcciones distintas sino también hacia el pasado y el futuro al mismo tiempo. (Diccionario de mitología universal. Ariel. 1992). Luego de la brutal represión a la marcha estudiantil del 10 de junio de 1971 pasaron dos o tres años antes de que en el Distrito Federal se pudiera realizar una nueva manifestación independiente. El Zócalo y las calles de la ciudad estaban reservados única y exclusivamente a concentraciones del oficialismo. El espacio público solo podía ser usufructuado por aquellos que quisieran agradecer algo al Presidente, refrendar su lealtad a las instituciones, apoyar el esfuerzo del gobierno. Cuarenta años después, las libertades se han ampliado, extendido, multiplicado. En la capital y los estados se realizan marchas, mítines, concentraciones, acompañadas de unas más dilatadas libertades de expresión, de prensa, de asociación. Hemos, como sociedad, creado y robustecido la cara expresiva de la democracia. Basta abrir cualquier periódico al azar para enterarse de reclamos distintos, movilizaciones de todo tipo, acusaciones, ocurrencias y proclamas, amenazas y propuestas. Cada individuo, grupo, asociación, se reafirma, se expresa, demanda, exige. En buena hora.</div>
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La otra cara del asunto es que la democracia presuntamente también es un orden. Un marco que protege el ejercicio de las libertades, entendiendo que las mismas tienen un límite cuando se topan con los derechos de los otros. Supone que las partes que conviven y compiten bajo su manto tienen el derecho de "afirmarse" pero a condición de que acepten que no se encuentran solas en el escenario y que los otros merecen no solo respeto sino consideración. El marco normativo, la estructura del Estado, las garantías de las personas se suponen diseñados para armonizar los derechos individuales y sociales con la reproducción de la compleja vida en sociedad. Pues bien, en esa dimensión nuestros déficits están a la vista. No pongo ejemplos, solo pase la página.</div>
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Con mi disfraz de Jano veo hacia el pasado y observo mucho orden y escasa libertad, lo que puso en acto un fuerte reclamo democratizador; oteo el futuro y espero que el péndulo no llegue al otro extremo, porque ya se escuchan voces que suspiran por regresar al orden "a como dé lugar". Si mal no entiendo, tenemos entonces como país (no solo el Estado, no solo la sociedad) un reto de esos que se dicen de época: establecer un equilibrio entre libertades y respeto a los derechos de terceros, y creo que a eso se le llama orden democrático. Es sencillo decirlo, está en "chino" construirlo.</div>
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<i>*Reforma 29-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-5780484807900380192013-08-27T10:27:00.002-07:002013-08-27T10:27:13.520-07:00¿JERARQUÍA ENTRE DERECHOS CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES?*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-CbxGGIGpz30/T9EDeq6iXVI/AAAAAAAAHaA/mvGEGVEqkXs/s1600/01SALAZAR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-CbxGGIGpz30/T9EDeq6iXVI/AAAAAAAAHaA/mvGEGVEqkXs/s320/01SALAZAR.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>PEDRO SALAZAR UGARTE</b></div>
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La SCJN discute desde el día de ayer y durante los próximos días un asunto de trascendencia histórica. A partir de un par de proyectos –sólidos, claros y bien estructurados- elaborados por los ministros Zaldívar y Gutiérrez Ortiz Mena, los ministros deberán decidir cuál es la ubicación de las normas que contienen derechos humanos y que provienen de tratados internacionales (nótese: no sólo de los T.I. en la materia sino de todas las normas sobre derechos contenidas en cualquier T.I.).</div>
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<br /></div>
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El debate ha comenzado con el proyecto del ministro Zaldívar (que busca resolver una contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados) y se atoró en nudo complejo pero, desde mi perspectiva, superable. Podemos llamar al atorón “el dilema de los límites constitucionales a los derechos humanos”. La objeción fue planteada por el ministro Pardo Rebolledo y seguramente será el eje de las discusiones de los días por venir. Así que conviene conocer sus coordenadas.</div>
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<br /></div>
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jerarquíaLa tesis central del ministro Zaldívar –que yo comparto- es que la constitución reformada en 2011 “establece un nuevo catálogo de derechos humanos integrado, tanto por derechos humanos de fuente constitucional como de derechos humanos de fuente internacional”. Entre esos derechos, entonces, sin importar cuál sea su fuente u origen no existe una relación jerárquica. Están, por así decirlo, en el mismo nivel normativo que, por cierto, es el máximo nivel dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Por eso –siguiendo las tesis del ministro ponente- constituyen un parámetro de validez para el resto de las normas jurídicas. Esos derechos son una masa o una red que debe articularse y coordinarse a través de diversos principios y técnicas de interpretación. Ello es necesario porque con cierta frecuencia, inevitablemente, dos o más derechos de ese amplio catálogo puede entrar en tensión o incluso colisionar. Al resolver esos casos problemáticos los jueces deben buscar una solución que permita –en la medida de los posible- armonizar los derechos; ello en el entendido de que éstos son interdependientes e indivisibles. Lo que importa –y estos es muy importante- es garantizar que, más allá de la solución a los casos problemáticos concretos, todos los derechos coexistan en un plano de igual jerarquía.</div>
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<br /></div>
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La objeción del ministro Pardo Rebolledo en realidad introduce un dilema que el proyecto de Zaldívar no se propone resolver: ¿qué deben hacer los jueces cuando la constitución mexicana establezca una restricción o límite a un derecho humano y exista un tratado en el que ese derecho se encuentre ampliamente protegido? Pensemos, por ejemplo, en el caso del arraigo judicial que nuestra constitución permite y que constituye un límite a la libertad personal (amparada por el principio de presunción de inocencia) que contraviene diversos tratados internacionales[1]. En casos como éste, según el ministro Pardo, la restricción constitucional debe prevalecer, por razones de jerarquía, sobre la norma o normas internacional(es). Su argumento es interesante porque se basa en el texto del propio artículo 1º constitucional (motivo principal de la contradicción y del debate en curso) que, en su primer párrafo, a la letra, dice: </div>
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<br /></div>
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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.</div>
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<br /></div>
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Para el ministro Pardo Rebolledo ese párrafo establece el parámetro último de jerarquía y coloca a la constitución –cuando impone límites o restricciones- por encima de las normas constitucionales o convencionales que recogen derechos humanos. El argumento puede expresarse en una frase como la siguiente: “las restricciones constitucionales están por encima de los derechos”. El solo fraseo que acabo de proponer –si en efecto logra resumir, como pienso, la postura del ministro Pardo-, muestra lo paradójico del argumento. Consideremos, por ejemplo, como lo propone el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena que será discutido la próxima semana, aquellos derechos cuyo ejercicio, según la propia constitución, no pueden limitarse ni restringirse (Art. 29). Me parece que su sola existencia constitucional avala la tesis que propone el ministro Zaldívar y desarticula la objeción del ministro Pardo Rebolledo.</div>
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<br /></div>
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En todo caso, si se impone la lógica de las jerarquías como propone Pardo, estos derechos serían las normas de mayor jerarquía en el ordenamiento:</div>
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…no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección a la familia, el nombre, la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.</div>
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<br /></div>
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Pero lo cierto es que también estos derechos –en realidad como todos- en situaciones concretas pueden entrar en tensión o colisionar y, por lo mismo, aunque su ejercicio no pueda ser objeto de restricciones o limitaciones, tendrán que ser objeto de ponderaciones y armonizaciones. Y esta es la tesis de Zaldívar. A partir de hoy conoceremos la postura de los demás ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto, hay que decirlo, nuestros jueces constitucionales, están debatiendo con inteligencia y con argumentos. Y eso se agradece.</div>
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<br /></div>
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[1] El ejemplo no fue planteado por el ministro Pardo Rebolledo pero sí por el ministro Sergio Valls en una breve intervención.</div>
<i><br /></i>
<i>*<a href="http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3021">http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3021</a> </i>ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-46755250781027988082013-08-27T08:35:00.000-07:002013-08-27T08:35:06.265-07:00FIERROS EN LA LUMBRE*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-eXv7liQ-QMA/UE8dktOLsXI/AAAAAAAAHyc/jto_2R1vPrU/s1600/01ALCOCER.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-eXv7liQ-QMA/UE8dktOLsXI/AAAAAAAAHyc/jto_2R1vPrU/s320/01ALCOCER.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>JORGE ALCOCER</b></div>
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<br /></div>
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Más allá de lo que supone la saturación de temas para el trabajo del Congreso y su relación con el Ejecutivo y los partidos, hay que recuperar las condiciones materiales para que los legisladores y el Presidente puedan desarrollar sus tareas, sin el riesgo de padecer hechos como los vividos la semana pasada. Ayer por la tarde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados intentaba llegar con la CNTE a los acuerdos que permitan iniciar el periodo ordinario y sesionar con normalidad. Ojalá así sea, pero la amenaza de tormenta sigue presente.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El próximo domingo dará inicio el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; en la sesión de apertura, deberá darse cuenta de que se recibió el Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, que será analizado en sesiones posteriores en cada una de las Cámaras.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
De los temas por atender en las sesiones ordinarias destacan las leyes reglamentarias de la reforma política promulgada en agosto de 2012 (candidatos independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente). Sigue en trámite la reforma al IFAI, devuelta por los diputados al Senado, en tanto que este último devolvió a aquéllos la reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios. Los senadores tendrán que resolver, cuanto antes, sobre las designaciones de los comisionados del Ifetel y la Cofeco, con base en las propuestas que ya les envió el presidente Peña Nieto. De igual forma, espera turno en San Lázaro la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, que motivó las radicales acciones de protesta de la CNTE.</div>
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<br /></div>
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Están pendientes de envío al Congreso las iniciativas de reformas a las leyes en materia de telecomunicaciones, televisión y radio, y competencia económica, en tanto que en el Senado sigue atorada la de reforma constitucional "anticorrupción" y no ha sido enviada, por el Ejecutivo, la de propaganda gubernamental. En materia electoral, la lista de temas sigue creciendo, unos derivados de los compromisos del Pacto por México y su adendum, y otros producto de las exigencias de cada partido; aunque se anunció que las mesas instaladas por el Consejo Rector trabajarían a marchas forzadas, no se avizoran, en el corto plazo, los acuerdos que permitan alcanzar el voto de, al menos, los tres mayores grupos parlamentarios, que sin ser un requisito jurídico, es necesario por razones políticas.</div>
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<br /></div>
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Con o sin reforma electoral, los diputados tendrán que emitir la convocatoria para la renovación del Consejo General del IFE (cuatro consejeros electorales y el consejero presidente), lo que deberá quedar resuelto a más tardar el 30 de octubre; de lo contrario, ese Instituto tendrá que funcionar con solamente cuatro consejeros.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Legisladores y dirigentes del PAN y PRD insisten en que primero deberán desahogarse los asuntos electorales, luego lo demás; lo que deja sin fecha previsible el debate y votación de las iniciativas de reforma energética, y la que se anuncia en materia fiscal, a presentarse por el Ejecutivo el 8 de septiembre. El Presupuesto de Egresos debe quedar aprobado antes del 16 de noviembre, lo que supone que previamente esté aprobada la Ley de Ingresos, y ésta a su vez requiere de las leyes tributarias, y de tener definido el régimen fiscal de Pemex.</div>
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<br /></div>
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Son muchos fierros en la lumbre.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No sabemos si el presidente Peña Nieto enviará al Congreso, el 1o. de septiembre, hasta dos iniciativas con carácter preferente, como lo hizo el ex presidente Felipe Calderón en 2012, o si mantendrá la decisión de no usar esa facultad.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hay que hacer un alto en el camino para evitar que la agenda legislativa siga llenándose de asuntos en los que no existen condiciones para dictamen y votación; al tiempo que los ya incluidos en ella deben tener orden y concierto para su desahogo.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El mérito del Pacto fue abrir camino para la construcción de acuerdos entre el gobierno y los partidos políticos; su defecto ha sido tratar al Congreso como ventanilla receptora de iniciativas que carecen de la fuerza que solo otorga el diálogo entre los grupos parlamentarios para hacer posible su aprobación. Parece llegado el momento de subsanar el defecto, o al menos no seguir metiendo más fierros a la lumbre.</div>
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
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<i>*Reforma 27-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-62684904452108133232013-08-26T22:02:00.001-07:002013-08-26T22:02:28.695-07:00#derechoalaverdad*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3.bp.blogspot.com/-CbxGGIGpz30/T9EDeq6iXVI/AAAAAAAAHaA/mvGEGVEqkXs/s1600/01SALAZAR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-CbxGGIGpz30/T9EDeq6iXVI/AAAAAAAAHaA/mvGEGVEqkXs/s320/01SALAZAR.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>PEDRO SALAZAR UGARTE</b></div>
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¿La matanza de decenas de personas migrantes y el secuestro de otras tantas por el crimen organizado puede considerarse una violación grave de los derechos humanos? Esa es la interrogante —aguda, inquietante, detonadora— que ha planteado Artículo 19, una organización de la sociedad civil conocida y reconocida por su defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, a los comisionados del IFAI. Lo ha hecho al solicitar tener acceso a la averiguación previa en poder de la PGR relacionada con la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en el 2010. En principio, dicha indagatoria, por ley, es información reservada por lo que, al menos por ahora, no es de dominio público. Sin embargo, la legislación también señala lo siguiente: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”. Lo que pide Artículo 19 es que se active esta excepción.</div>
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Dos comisionados del IFAI —Jacqueline Peschard y Ángel Trinidad—, echando mano de argumentos legales, de interpretaciones de la SCJN, de información de la CNDH y de tratados internacionales, a mi juicio con razón, apoyaron la solicitud presentada. La mayoría de sus colegas, en cambio, les dio la espalda. Para sustentar sus votos, los primeros, argumentaron que los terribles hechos acaecidos en Tamaulipas califican dentro de los supuestos contemplados en la norma; los segundos, en cambio, aunque manifestaron su pesar por lo grave de los acontecimientos, rechazaron calificarlos como violaciones de derechos humanos. El argumento clave de esta postura mayoritaria fue que los homicidios, vejaciones y secuestros no fueron cometidos por las autoridades del Estado.</div>
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No se trata de una disputa menor si atendemos a su implicaciones y consecuencias. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias la omisión estatal ante la violencia criminal puede considerarse un acto cómplice? Si la respuesta es nunca, entonces, los comisionados de la mayoría llevan la razón. Pero si la posibilidad existe, entonces, estamos obligados a considerar los hechos sucedidos, a calibrar su gravedad y, sobre todo, a preguntarnos qué pudieron y debieron hacer las autoridades para evitarlos. La tesis de Artículo 19, secundada por Peschard y Trinidad, se inclina en esta dirección y está inspirada en una teoría garantista de los derechos humanos que sostiene que la violación de los mismos también puede provenir de parte de los particulares —en este caso del crimen organizado— y que, cuando ello sucede, invariablemente conlleva responsabilidad estatal. Sus colegas adoptaron una concepción conservadora que la mayoría de los tribunales internacionales han venido abandonando.</div>
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Que quede claro: a los comisionados no se les pidió deslindar responsabilidades ni determinar consecuencias jurídicas relacionadas con los hechos delictivos. Lo que se les solicitó fue determinar si las características de lo sucedido en San Fernando activan la excepción legal que sirve para derrotar a la reserva de información relacionada con los hechos. Y no hay que perder de vista que la verdadera excepción es que las averiguaciones previas sean información reservada porque, en materia de transparencia, constitucionalmente impera el principio de máxima publicidad. Así que la petición estaba en sintonía con la misión institucional del IFAI.</div>
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Vale la pena recordar que ese instituto también es garante del derecho humano de protección de datos personales y que éste, por mandato de ley, se opone a los particulares. Así que el argumento central de la mayoría —integrada por los comisionados Laveaga, Pérez Jaén y Arzt—, hace agua en su propia casa. Lo cierto es que los derechos humanos pueden ser violados por todos los poderes —públicos o privados— y es un deber del Estado evitar que ello suceda. Los secuestros y asesinatos de migrantes en Tamaulipas y en otras partes del país no son delitos comunes. Nada de eso.</div>
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<i>*El Universal 26-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-31672179767389672672013-08-24T08:44:00.001-07:002013-08-24T08:45:16.223-07:00¿NACIONALIZAR LAS ELECCIONES?*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-B7HtylUIxsM/T_TkUzOJlLI/AAAAAAAAHhQ/1-YZOMYQL2A/s1600/01FOTO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-B7HtylUIxsM/T_TkUzOJlLI/AAAAAAAAHhQ/1-YZOMYQL2A/s320/01FOTO.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>LORENZO CÓRDOVA VIANELLO</b></div>
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Desde la propuesta inicial del Pacto por México, y más ahora con la instalación de las mesas de instrumentación de los temas político-electorales de dicho acuerdo y de su posterior addendum, se ha puesto en primer plano la posibilidad de nacionalizar los procesos electorales del país.</div>
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Aunque la propuesta no es nueva (se discute de ella desde la reforma de 1990), también es cierto que nunca había concitado consensos tan amplios.</div>
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Dos son los argumentos fundamentales que se han puesto sobre la mesa para respaldar esa propuesta: a) la duplicidad de costos que supone la coexistencia de institucionales federales (el IFE y el Tribunal Electoral) con órganos electorales administrativos y jurisdiccionales en cada entidad federativa, y b) la “captura” y subordinación que estos últimos padecen frente al poder de los Ejecutivos locales.</div>
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No estoy cierto que esos argumentos invariablemente nos conduzcan a concluir la necesidad de nacionalizar los procesos electorales. En efecto, por un lado, la creación de órganos electorales nacionales únicos, me temo, acarreará una reingeniería institucional que, con mucha probabilidad, incrementará los costos de operación actuales del IFE y del TEPJF.</div>
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Por otro lado, la creación de un instituto y de un tribunal electoral nacionales no son la única vía para enfrentar la eventual injerencia que los poderes ejecutivos locales pueden tener sobre los órganos electorales de sus respectivas entidades. Otra solución, más sencilla, es fortalecer esos órganos estableciendo, desde la Constitución Federal, garantías tales como la inamovilidad de sus miembros, periodos de designación transexenales, los perfiles de sus integrantes, autonomía financiera, etcétera.</div>
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Difiero de quienes sostienen como objeción a la eventual nacionalización de las elecciones que ello vulneraría el pacto federal. La organización de las elecciones es una función eminentemente técnica que no tiene que ver con el ejercicio del poder soberano de cada entidad. Ello explica por qué existen Estados federales en los que la organización de las elecciones, tanto federales como locales, son organizadas por órganos nacionales (como ocurre en Canadá o Brasil), o bien federaciones en donde las elecciones federales son organizadas por órganos electorales locales —y hasta municipales— en sus respectivas demarcaciones (como ocurre en Estados Unidos).</div>
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Pero quienes abanderan la propuesta no pueden dejar de tomar en cuenta una serie puntos de manera previa. La eventual nacionalización implica un ejercicio serio y razonado que debe contemplar y resolver una serie de complejidades, objeciones e inconvenientes reales; de otro modo, la propuesta puede llegar a generar problemas mayores de los que buscan resolverse. Es la típica decisión que no puede ser tomada a la ligera y sin una reflexión muy seria y puntillosa.</div>
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Y es que el punto de partida de toda reflexión sobre el tema es que hoy día tenemos un diseño electoral en el país que ha funcionado y que, a pesar de que es sin duda perfectible, y aunque sin duda es, en muchos sentidos, disímbolo, ha permitido que la legalidad electoral funcione, que la pluralidad política se recree a lo largo y ancho del país, que la representación política refleje esa pluralidad y, en general, se hayan naturalizado entre nosotros fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, la ausencia de mayorías predefinidas y elecciones competidas y frecuentemente con resultados cerrados.</div>
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La base sobre la que se ha construido nuestro sistema electoral es la existencia de un consenso básico y transversal en relación con las reglas del juego político. Al parecer existe un consenso amplio y generalizado sobre la pertinencia de nacionalizar las elecciones y es algo que no puede desacreditarse a priori. Pero lo que sí debemos exigir es que si se avanza en una operación tan profunda y radical, ello ocurra habiendo tomado en cuenta todas las aristas y complejidades que esa transformación supone; que se hayan sopesado a la luz de ese análisis la pertinencia de la idea y que se convengan las soluciones para resolver esas problemáticas.</div>
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No hacerlo implicaría poner en riesgo los logros que hemos obtenido y abriría la puerta a un delicado flanco para la dimensión electoral de nuestra democracia. Sea cual sea la decisión que se tome, en suma, debe ser muy seria y ponderada y ser refractaria a la improvisación.</div>
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<i>*El Universal 24-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-40273885159695668442013-08-24T08:39:00.000-07:002013-08-24T08:39:17.659-07:00CAMBIO DE PARADIGMA*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-EIw_-TJPqKM/UM66K0BnAlI/AAAAAAAAIqg/jHQQgcToEA0/s1600/01MAGALONI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-EIw_-TJPqKM/UM66K0BnAlI/AAAAAAAAIqg/jHQQgcToEA0/s320/01MAGALONI.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>ANA LAURA MAGALONI </b></div>
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El lunes que viene, el Pleno de la Suprema Corte tiene la posibilidad de sentar las bases jurisprudenciales para que los jueces y los litigantes en México tengan parámetros claros sobre cómo operar, en el día a día, la reforma constitucional de derechos humanos. Los proyectos a discutir son del ministro Arturo Zaldívar y del ministro Alfredo Gutiérrez. Ambos resuelven contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados que tienen que ver centralmente con los problemas jurídicos que se derivan de dotar de rango constitucional a las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales suscritos por México. Todos estos temas son muy técnicos y es difícil siquiera dimensionar, para alguien ajeno al mundo del derecho, la relevancia e implicaciones concretas de cada uno de ellos. No obstante, haciendo abstracción de las cuestiones técnicas, creo, lo que está en juego para todos nosotros es qué tan amplio o restringido es el catálogo de derechos humanos de rango constitucional que podemos hacer valer frente a la autoridad y bajo qué principios o criterios deben interpretar y hacer efectivos tales derechos los jueces. Sospecho que en este tema, como en muchos otros, la Corte estará dividida: los ministros que quieren preservar el statu quo vs. los que entienden que la reforma de derechos humanos es un cambio de paradigma.</div>
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Esta discusión de los ministros se inserta en un México que en donde el viejo modelo político de gestión de la conflictividad social está roto. La administración de Calderón apostó a generar un nuevo modelo centrado en el uso de la fuerza coactiva del Estado. Su apuesta no resultó o fue incompleta. La posibilidad de que el Estado mexicano pueda construir mecanismos duraderos y efectivos de control y pacificación de conflictos no sólo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y el ejercicio de la fuerza coactiva. También, creo yo, se necesita de una profunda transformación de la administración de justicia. En concreto, necesitamos jueces que generen nuevos referentes colectivos sobre la relación entre el derecho y la justicia. Esto es, requerimos de jueces que, a través de sus decisiones, nos permitan comprender por qué el derecho que nos rige es justo, razonable y socialmente útil. Ello es lo que, en una democracia, incentiva el acatamiento voluntario de las normas jurídicas. En este sentido, el discurso jurídico que domina en el ámbito jurisdiccio- nal -acartonado, reiterativo, formalista-, y que es propio de jueces que operaron en un régimen autoritario, es uno de los obstáculos más importantes que enfrentamos para cons- truir esos nuevos mecanismos de pacificación de conflictos propios de una democracia.</div>
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La reforma constitucional de derechos humanos bien implementada puede convertirse en el motor de cambio del paradigma argumentativo de los jueces en México. El tipo de retórica jurídica que se necesita para hacer operativos los derechos humanos en la resolución de conflictos jurisdiccionales exige un nuevo tipo de destrezas argumentativas tanto para la profesión legal como para los jueces. Las normas de derechos humanos se caracterizan por utilizar un lenguaje axiológico y particularmente genérico. Su propósito, además, es poner al ciudadano en el centro del quehacer de la autoridad, incluidos los jueces. Todo ello hace que sea imposible utilizar la típica retórica judicial de análisis de puntos, comas y letras. Los jueces ya no podrán argumentar que "si la sentencia es injusta es culpa del legislador". Dicho en forma positiva, los derechos humanos, como normas de rango constitucional, obligan a todos los jueces y a los abogados litigantes a argumentar soluciones jurídicas que tienen que hacerse cargo de los valores que nos dan identidad como colectividad y que le dan sentido a un régimen democrático. También tendrán que hacerse cargo de las implicaciones, en términos sociales, políticos y económicos, de las soluciones propuestas. Las malas sentencias seguirán existiendo como hasta ahora. La diferencia es que, con el paso del tiempo, la calidad del discurso jurídico y su posibilidad de diálogo con la sociedad y la opinión pública permiten generar un debate público de mayor calidad sobre el desempeño de los jueces, así como mejores referentes colec- tivos sobre la relación entre el derecho y la justicia. Inclusive las malas sentencias se discutirán desde un paradigma distinto: la razonabilidad, la justicia, la utilidad de la solución propuesta, la congruencia con la jurisprudencia nacional e internacional, etcétera.</div>
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Los proyectos de Zaldívar y de Gutiérrez son el prototipo de la nueva retórica jurídica que necesita nuestro sistema de administración de justicia. Ambos son proyectos increíblemente claros, analíticos, congruentes y persuasivos. Además, son muy complementarios en contenido. Me parece que los ministros que no estén de acuerdo con tales proyectos tendrán problemas para rebatirlos con buenos argumentos jurídicos. Pero, sobre todo, la pregunta que está en el aire es, finalmente, cuántos de los 11 ministros tienen clara la función histórica que le toca a la Corte desempeñar en este México conflictivo y convulsionado. Preservar el statu quo es receta para el desastre. Veamos qué pasa el lunes en la Corte y quién es quién de los ministros.</div>
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<i>*Reforma 24-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-68641643216350148072013-08-22T06:21:00.000-07:002013-08-22T06:21:51.582-07:00EL DF Y SU REFORMA*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-Z1_vaKfsfFg/UG2V8c-WzSI/AAAAAAAAH-Q/91on5-5wq9g/s1600/01WOLDENBERG.bmp" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-Z1_vaKfsfFg/UG2V8c-WzSI/AAAAAAAAH-Q/91on5-5wq9g/s320/01WOLDENBERG.bmp" width="320" /></a></div>
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<b>JOSÉ WOLDENBERG</b></div>
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En 1996, en el marco de la reforma política-electoral más ambiciosa y abarcante de cuantas hemos tenido y con el respaldo de los cuatro partidos que entonces ocupaban asientos en el Congreso (PRI, PAN, PRD y PT), se dio un paso importante en la democratización del Distrito Federal. Entonces se acordó que el jefe de Gobierno y los jefes delegacionales fueran electos y que la Asamblea de Representantes se transformara en una Asamblea Legislativa con facultades incrementadas.</div>
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Hoy quizá estemos a las puertas de una nueva reforma que ampliará los márgenes de autonomía de la ciudad capital. El jefe de Gobierno ha presentado una iniciativa que, de prosperar, requeriría de dos momentos diferenciados para hacerse realidad: a) una reforma constitucional primero y b) un proceso constituyente que desembocaría en una Constitución para el DF. Esa y otras iniciativas en la materia ya están en la mesa del Pacto por México y eventualmente pueden generar los acuerdos necesarios. Ya se sabe, pero no sobra repetirlo: ninguno de los partidos tiene los votos suficientes en el Congreso como para despacharse con "la cuchara grande".</div>
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La iniciativa de reforma constitucional del doctor Mancera supone que el DF pase a denominarse Ciudad de México. Se mantendría como la capital y la sede de los Poderes de la Unión. Gozaría de "autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos y las particularidades expresamente establecidas" en la Constitución. La hasta hoy inexistente Constitución de la Ciudad de México incorporaría "los derechos humanos... y establecería las más amplias garantías para su protección". La fórmula de integración del Poder Legislativo de la ciudad sería resuelta por la Asamblea Constituyente, y ella misma definiría "la división territorial y la organización político-administrativa de la entidad". El titular del Poder Ejecutivo sería -como hoy- electo y duraría en su encargo seis años. Se establecería la necesidad de diseñar "mecanismos de coordinación administrativa entre la Ciudad de México, la Federación y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana". "Las demarcaciones territoriales" tendrían un gobierno a cargo de un titular electo por votación universal y contarían con "un órgano colegiado" también electo cuyas facultades serían de supervisión y evaluación del gobierno. En las elecciones de los ejecutivos y los cuerpos colegiados de las demarcaciones podrían contender candidatos independientes y los postulados por los partidos; y los integrantes de los "órganos colegiados" serían electos "según los principios de mayoría y de representación proporcional". La ciudad contaría con organismos constitucionales autónomos (como el resto de las entidades y como sucede hoy). Los Poderes Federales solamente tendrían las siguientes facultades: legislar en materia de coordinación metropolitana, intervenir en materia de deuda pública y "dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión en la capital". Quien encabece la fuerza pública de la ciudad podría ser removido por el presidente de la República "exclusivamente por causas graves". Existirá un Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro con representantes del gobierno de la ciudad y de los municipios conurbados.</div>
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Todo lo anterior aparece en la iniciativa de reforma constitucional presentada por el jefe de Gobierno. Luego, lo que procedería es la realización de un evento Constituyente. Según el esquema presentado en los artículos transitorios, la Asamblea Constituyente se instalaría el 15 de mayo de 2014 y debería concluir sus trabajos a más tardar el 31 de agosto. En ese bosquejo sería "facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del DF elaborar y remitir el proyecto de Constitución... que será discutido y votado en la Asamblea". Aunque se asume que las reglas para la integración de la Asamblea deberán estar en los artículos transitorios de la Constitución, por lo pronto no aparecen y se enuncia que están pendientes. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores sería el órgano garante de la debida instalación de la Asamblea, y una vez instalada ésta "gozará de plena autonomía". Para el desahogo de sus trabajos la Asamblea podrá crear comisiones, pero los acuerdos definitivos serán tomados por el pleno. Los integrantes de la misma tendrán un carácter honorario, es decir, no recibirían remuneración. Y la Asamblea no podrá interferir en las funciones de ninguno de los Poderes de la Unión ni del gobierno del DF. Tampoco podrá "realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los gobiernos federal o del Distrito Federal".</div>
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Se sabe que el PAN desea que "las demarcaciones territoriales" sean municipios y ese será un punto sensible del eventual acuerdo. También las bases para la integración de la Asamblea generarán debate. Pero por lo pronto tenemos una propuesta, una ruta y una oportunidad.</div>
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<i>*Reforma 22-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-75790296812599870392013-08-22T06:12:00.001-07:002013-08-22T06:12:55.644-07:00LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PLAZAS Y LAS CALLES*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-HJK_dmA2qQE/UG2U5zq9aII/AAAAAAAAH-I/2egzTiT9Uu8/s1600/01CARBONELL.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-HJK_dmA2qQE/UG2U5zq9aII/AAAAAAAAH-I/2egzTiT9Uu8/s320/01CARBONELL.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>MIGUEL CARBONELL</b></div>
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En todo régimen democrático el derecho a manifestarse es un derecho humano que debe ser garantizado sin falta en favor de cualquier individuo que tenga razón o motivo para estar inconforme con decisiones del gobierno. La protesta ciudadana es indispensable para nivelar la agenda pública y arrebatar a los políticos el monopolio del debate nacional.</div>
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Pero para que la democracia no esté secuestrada por grupos que viven de organizar protestas para obtener beneficios económicos y laborales, no se debe permitir que nadie se apropie de nuestras plazas y nuestras calles, que deben estar permanentemente abiertas para todas las voces y todos los grupos.</div>
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Cuando un movimiento magisterial francamente regresivo y violador de los derechos humanos de millones de niños dice que va a ocupar la plaza del Zócalo de forma indefinida, lo que en realidad está haciendo es privatizar un espacio público, que —como tal— debería estar disponible para todos, tengamos o no motivos por los cuales manifestarnos.</div>
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No voy a discutir ahora sobre las nulas razones que aducen los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán para repetir su estrategia de chantaje con la que han logrado desviar cientos de millones de pesos de nuestros impuestos hacia los bolsillos de unos cuantos líderes (como lo ha documentado con precisión Carlos Loret de Mola en estas mismas páginas y como lo ha denunciado desde hace años la agrupación Mexicanos Primero), lo que sostengo es que no se puede permitir que una plaza que es de todos los mexicanos sea “confiscada” por unos cuantos, impidiendo a los demás que también transitemos, protestemos o la recorramos cuantas veces se nos pegue la gana.</div>
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Solamente se les permite tal atropello porque son muchos y porque las autoridades siguen viviendo bajo fantasmas del pasado. ¿Qué pasaría si llegara un ciudadano, solamente uno, y quisiera quedarse a vivir en el Zócalo durante semanas o meses, día y noche sin interrupción? Lo más probable es que sería rápidamente removido por la policía. Pero si eso mismo lo hacen 500 o mil personas entonces se cree que se les debe permitir. No parece razonable ni lógico.</div>
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¿Qué pasaría si ese mismo ciudadano solitario decidiera caminar por en medio de uno de los carriles de Paseo de la Reforma todos los viernes por la tarde, cargando una pancarta de protesta contra cualquier cosa? Seguramente en pocos minutos llegaría una patrulla y lo quitaría de en medio. ¿Cómo es que se les permite a ciertos grupos de ciudadanos que cierren calles y avenidas cuando se les venga en gana y sin ninguna consecuencia? ¿Bajo qué argumentos la autoridad decide dejar de aplicarles la ley y permitir que violen los derechos humanos de los demás, ya sea el derecho a la educación o el derecho a la libertad de tránsito?</div>
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Repito: el derecho a la libre manifestación e incluso el derecho a la protesta es un derecho humano y es indispensable para todo régimen democrático. La oposición al gobierno por medios pacíficos también alimenta y da valor a la democracia. Las voces disidentes son esenciales para que la ciudadanía tenga acceso a distintos puntos de vista y se pueda ir conformando una opinión pública verdaderamente libre. Eso está fuera de toda duda. Lo único que no se debe permitir es la privatización de espacios públicos, lo que de ninguna manera puede entenderse como un derecho humano.</div>
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Las calles y las plazas son de todos y deben seguirlo siendo. Las autoridades deben garantizar que las plazas sirvan tanto para protestas de los maestros como para que paseen las familias, para conmemorar fechas cívicas como para organizar un concierto o una feria del libro. Solamente cuando se da esa concurrencia de posibilidades los espacios públicos se convierten en elementos verdaderamente compartidos, a partir de los cuales se desarrolla un sentimiento de comunidad y de cooperación social indispensable para el avance de cualquier sociedad humana. Pero si las plazas son “secuestradas” por los intereses de unos cuantos y la indolencia (o el miedo) de la autoridad, lo más probable es que estemos ante un retroceso cívico de importantes dimensiones. Y eso es algo que no deberíamos permitir nunca, por el bien de todos.</div>
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<i>*El Universal 22-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-38156959020357550482013-08-21T06:13:00.001-07:002013-08-21T06:13:23.361-07:00EL TRIUNFO DE LA OPACIDAD*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-KgeRqUMHst4/UhS803tu1PI/AAAAAAAAJBU/Ib64ursdGBM/s1600/01.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="210" src="http://4.bp.blogspot.com/-KgeRqUMHst4/UhS803tu1PI/AAAAAAAAJBU/Ib64ursdGBM/s320/01.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>MAURICIO MERINO</b></div>
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La información sobre la reforma de transparencia ha fluido a cuentagotas, porque los diputados federales cancelaron la apertura que llevó al Senado a aprobar un proyecto que, en su momento, mereció todo el reconocimiento. Y hoy sabemos la razón: las buenas nuevas se cayeron en medio de argumentos que, en efecto, no podían defenderse sino hasta construir una mayoría aceptable.</div>
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Varias veces he escrito en este espacio que la falta de un buen sistema de rendición de cuentas puede convertirse en el Talón de Aquiles del sexenio. Y ahora observo que este riesgo comienza a volverse realidad: el retroceso que implicaría la reforma modificada por los diputados llevaría, en la práctica, a la anulación de lo que ya se había ganado en diez años de existencia del IFAI. Y aunque la reforma fuera presentada con la misma potencia de la propaganda oficial que ha acompañado las decisiones previas del gobierno, al final será imposible tapar el sol con los dedos del poder.</div>
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Apenas el lunes 19 se presentó el Décimo Informe de labores del IFAI, y en cada uno de sus párrafos puede verse la tensión que ha existido para honrar el principio constitucional de máxima publicidad. La institución ha tenido que vencer amparos sistemáticos; litigios ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante la Suprema Corte de justicia; resistencias burocráticas de toda índole e, incluso, la más flagrante impunidad de los funcionarios que se han negado a abrir la información que está en sus manos y que, aún así, siguen todavía en sus puestos sin recibir sanción alguna. La breve historia del IFAI ha sido una historia de disputas continuas para enfrentar los obstáculos de quienes siguen viendo a la administración pública como su patrimonio personal.</div>
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Para conjurar esos despropósitos, en el Senado se aprobó que el IFAI ganara autonomía plena y que sus decisiones fueran definitivas e inatacables; y se aprobó también que la transparencia llegara tan lejos como los dineros públicos -en todos los casos e incluyendo también a los partidos y los sindicatos--. No obstante, en la Cámara de Diputados no sólo han propuesto que el principio constitucional de máxima publicidad se acote en función de criterios de seguridad (en sentido muy extenso, incluyendo la seguridad pública y la financiera, interpretadas al buen juicio de cada funcionario), sino que los ministros de la Suprema Corte de justicia se conviertan en los verdaderos titulares del IFAI, al dotarlos de autoridad para corregir sus decisiones mediante los recursos que interpondría el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, la PGR, el Banco de México y la CNDH. Es decir, han privilegiado abiertamente el arcana imperii sobre el derecho fundamental de acceso a la información.</div>
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Además, de aprobarse la reforma que los diputados procesaron en medio de la oscuridad, los partidos políticos mantendrían vigente el régimen de excepción que hoy les protege de la transparencia y podrían, como ya sucede, seguir ocultando los ingresos públicos que reciben de las entidades federativas, porque éstos no forman parte de las obligaciones entregadas a las autoridades federales. Y de paso, con la propuesta de renovar la integración del órgano de dirección del IFAI, los diputados le habrían regalado a sus partidos una nueva oportunidad para repartirse puestos públicos por cuotas negociadas.</div>
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Flaco favor le están haciendo los diputados federales del PRI al Presidente Peña Nieto, pues será inverosímil alegar que están actuando al margen o en contra de su liderazgo. Si el Presidente anunció que sus primeras decisiones serían proclives a la transparencia, en lo que llevamos del sexenio las cosas han sucedido al revés y siguen empeorando. Así que, dadas estas circunstancias, lo mejor es que ya no pase nada: sería mil veces preferible que se mantenga el status quo a que siga generándose esta cadena inaceptable de ocurrencias para ocultar a toda costa la información pública de México. </div>
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<i>*El Universal 21-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-826868897598603562013-08-21T06:09:00.002-07:002013-08-21T06:09:56.450-07:00TIEMPOS DE REFORMAS*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-h6Iqd-yo9-4/UKOXDn9axZI/AAAAAAAAITY/BiqREkf9ox0/s1600/01ALANIS.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-h6Iqd-yo9-4/UKOXDn9axZI/AAAAAAAAITY/BiqREkf9ox0/s320/01ALANIS.JPG" width="240" /></a></div>
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<b>MARÍA DEL CARMEN ALANÍS</b></div>
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Quedaron instaladas las mesas del Pacto por México para la redacción de una reforma político– electoral. Es palpable una voluntad compartida de transformación que fácilmente logrará los consensos para cambios constitucionales y legislativos. </div>
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Pero a diferencia de otros tiempos, la reforma en curso no está guiada por un faro único que ordene los esfuerzos. Si la modificación electoral de 1996 apostó por la ciudadanización de las instituciones electorales y la de 2007 por la equidad en las campañas, ¿qué es lo que anima al proceso reformador 2013? Confluyen en el ambiente político objetivos diversos —a veces hasta contradictorios— en torno a los cuales se han esbozado las primeras propuestas. </div>
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Preocupa que el debate se ha dado sin escuchar detenidamente la experiencia de las instituciones electorales. El contacto permanente que éstas tienen con los comicios permite advertir los problemas asociados a cada alternativa de política pública que se pudiera adoptar. Aquí algunas coordenadas de ese problemario que habría que desarrollar. </div>
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• Candidaturas independientes: es indispensable preservar la vigencia del principio de equidad, pues de otra manera su participación en las contiendas será meramente cosmética. De ahí que debe definirse si tendrán representación en los consejos electorales, si gozarán de espacios oficiales en radio y televisión, si participarán en los debates entre candidatos y —muy especialmente— si gozarán de financiamiento público para el desarrollo de sus campañas. De ser el caso, habría que pensar cuál es el umbral de representatividad que permitiría formalizar una candidatura ciudadana. </div>
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• Ley de partidos: un insumo indispensable para la redacción de una ley en la materia deben ser las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada año el Tribunal resuelve más de 7 mil asuntos promovidos por militantes en contra de sus propios institutos políticos. Las ejecutorias versan sobre acceso a candidaturas y puestos de dirección, disputas por financiamiento, etcétera. Ello da cuenta de las necesidades de regulación en la materia y de la fragilidad de los aparatos de justicia al interior de los institutos políticos. </div>
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• Reformas electorales: las agendas se han centrado en la necesidad de perfeccionar el código comicial, sobre todo en materia de fiscalización. Sin menoscabo de esas demandas, el legislador debería tener en cuenta que se han detectado también importantes necesidades para la justicia electoral, como podría ser la de reconocer nuevos sujetos legitimados para la interposición de medios de impugnación, la urgencia de un medio para solicitar la excitativa de justicia, o bien la procedencia del juicio ciudadano para impugnar la integración de autoridades electorales. </div>
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• Representación: hay déficits en materia de inclusión. Es necesario rediseñar el sistema de cuotas de género para que las mujeres accedan a la representación política en forma partitaria. Debe repensarse la fórmula de distritos indígenas, pues ésta no ha logrado que dichos pueblos accedan al Congreso en proporciones similares a su peso poblacional. </div>
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• Instituto Nacional Electoral: uno de los objetivos que subyacen a esta propuesta es el de reducir la influencia de gobernantes sobre autoridades electorales locales. Es necesario considerar que el desarrollo de mayores grados de independencia sólo se logrará si viene aparejado de un nuevo modelo de selección meritocrática en el que participen universidades o colegios de profesionistas. Deben llegar los mejores, no los afines. </div>
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Por otra parte, será necesario considerar si se ha de erigir un sistema de medios de impugnación único para todos los asuntos derivados de elecciones locales, o si las impugnaciones se harán atendiendo a la regulación de cada entidad federativa. </div>
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• Control constitucional: a partir de 2007 contamos con un esquema dual de control constitucional: la SCJN concentra los efectos generales y el TEPJF inaplica preceptos para casos concretos. Este modelo debe revisarse, a la luz de la reforma de derechos humanos de 2011 y de los problemas de sincronía detectados cuando los controles abstracto y concreto pudieran ir por distintos sentidos.</div>
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<i>*El Universal 21-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-16659063328011070922013-08-20T05:26:00.000-07:002013-08-20T05:26:07.498-07:00CUANDO LAS ÉLITES FRACASAN*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-cXkR4R_YnCQ/UhNgDKgus9I/AAAAAAAAJBE/6xqA7L568z0/s1600/01.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-cXkR4R_YnCQ/UhNgDKgus9I/AAAAAAAAJBE/6xqA7L568z0/s320/01.jpg" width="236" /></a></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;"><b>JURGÜEN HABERMAS</b></span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">Con el título, tan significativo, de “Kein deutsches Europa!” [No queremos una Europa alemana], Wolfgang Schäubledesmentía hace poco en un artículo publicado simultáneamente en diarios de Inglaterra, Francia, Polonia, Italia y España, que Alemania aspire a asumir el liderazgo político en la Unión Europea (Süddeutsche Zeitung 20/21 de julio de 2013). Schäuble que, junto con la ministra de Trabajo, es el último “europeo” de corte germano-occidental que queda en el gabinete de Angela Merkel, habla desde el pleno convencimiento personal. Es cualquier cosa menos un revisionista que quiera anular la integración de Alemania en Europa y destruir así el fundamento de la estabilidad del orden de posguerra. Conoce el problema cuyo regreso debemos temer nosotros, los alemanes.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">Tras la fundación del imperio en el año 1871, Alemania había adoptado una funesta posición semihegemónica en Europa, tal como expresa la famosa frase de Ludwig Dehio, “demasiado débil para dominar el continente pero demasiado fuerte para integrarse”. Y esto también contribuyó a allanar el camino hacia las catástrofes del siglo XX. La lograda unificación europea impidió, no solo a la Alemania dividida sino también a la Alemania reunificada, volver a caer en el antiguo dilema. Es evidente que la República Federal está interesada en que esto no cambie. Pero ¿no ha cambiado de hecho la situación? Wolfgang Schäuble reacciona ante un peligro actual. Él mismo es quien impone a la fuerza el testarudo rumbo de Angelika Merkel en Bruselas y quien palpa la grieta que podría resquebrajar el núcleo de Europa.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">Él es quien tropieza con la resistencia de los “países receptores” en los círculos de los ministros de Hacienda de la comunidad monetaria europea cada vez que bloquea los intentos de introducir un cambio de política. El impedir una unión bancaria para la asunción comunitaria de los costes de la liquidación de los bancos malos es tan solo el ejemplo más reciente de ello. Schäuble no se aparta ni un milímetro de la norma de la canciller de no cargar a los contribuyentes alemanes con nada que rebase el alcance exacto de los créditos que requieran en cada caso los mercados financieros para el rescate del euro, y que siempre han recibido como consecuencia de una “política de rescate” indisimuladamente favorable a los inversores. Por supuesto, este rumbo seguido tan tenazmente no excluye un gesto de 100 millones en créditos para las clases medias que el tío rico berlinés toma de la caja fuerte del banco nacional para sacar del apuro a los primos de Atenas que se han quedado sin blanca.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;"><b>La potencia líder que se niega a sí misma</b></span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;">Es un hecho que el gobierno de Merkel obliga a Francia y a los “países del Sur” a aceptar su controvertida agenda de crisis mientras que la política de adquisiciones del BCE brinda un respaldo no admitido. Pero al mismo tiempo, Alemania niega su responsabilidad en el marco de una Europa global por las consecuencias desastrosas que asume al poner en práctica ese papel – considerado como algo enteramente normal - de política de poder. Solo hay que pensar en el exorbitante paro juvenil del sur de Europa como una de las consecuencias de una política de ahorro con cargo a los miembros más débiles de la sociedad. Visto de este modo, el mensaje “nada de Europa alemana” cobra también el sentido, bastante menos bonito, de que la República Federal se coloca en un segundo plano. Desde un punto de vista formal, el Consejo Europeo decide de forma unánime. Angelika (sic) Merkel solo puede perseguir abiertamente intereses nacionales, o lo que ella considera como tales, como uno de los 17 miembros integrantes. El Gobierno alemán saca ventaja, incluso una ventaja desproporcionada, de la preponderancia económica del país siempre y cuando sus socios no duden de la lealtad, carente de ambiciones políticas, de los alemanes hacia Europa.</span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">Pero ¿cómo puede resultar creíble este gesto de humildad a la vista de una política que se aprovecha descaradamente de la propia preponderancia económica y demográfica? Cuando, por ejemplo, toca imponer normas de emisión de gases más estrictas para el nuevo rico que fanfarronea de sus berlinas de lujo y estas normas perjudican – por supuesto, siempre en el marco del cambio energético – a la industria automovilística alemana, la votación se retrasa, por intervención de la canciller, hasta que el grupo de presión está satisfecho o ya han pasado las elecciones al Bundestag [Parlamento]. El artículo de Schäuble responde, me parece a mí, a la irritación que este doble juego del Gobierno federal produce en los círculos de los jefes de Gobierno de los restantes países del euro.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">Un Gobierno federal cada vez más aislado trata de imponer frente a Francia y a los países en crisis una dura política de ahorro en nombre de imperativos de mercado que supuestamente no dejan otra alternativa. En contra de los hechos, da por sentado que todos los estados miembros de la Comunidad Monetaria Europea pueden decidir por sí mismos sobre sus respectivas políticas económicas y presupuestarias. Si es necesario deberán “modernizar” el Estado y la economía y aumentar su competitividad con ayuda de créditos del fondo de rescate, pero siempre por cuenta propia. Esta soberanía ficticia es cómoda para la República Federal porque ahorra al socio más fuerte tener en consideración los efectos negativos que pueden acarrear sus propias políticas a los socios más débiles. Por el contrario, Mario Draghi ya advertía hace un año “que no es legítimo ni soportable desde un punto de vista económico que la política económica de países concretos entrañe riesgos que rebasen las propias fronteras y afecten a los restantes socios de la unión monetaria” (Die Zeit 30 de agosto de 2012).</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;"><b>¿Ha caído Europa en una trampa sin salida?</b></span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;">Hay que repetirlo una y otra vez: las condiciones poco óptimas en las que la Comunidad Monetaria Europea opera hoy día se deben al error de construcción de una Unión Política que no es plena. Por eso la clave no está en cargar los problemas sobre los hombros de los países en crisis a través de la financiación crediticia. La imposición de políticas de ahorro no puede eliminar los desequilibrios económicos existentes dentro de la zona euro. Solo se puede esperar una equiparación de estas diferencias de nivel a medio plazo como resultado de una política fiscal, económica y social común o en estrecha sintonía recíproca. Y si no se quiere derivar por completo en una tecnocracia al seguir este camino, hay que preguntar a los ciudadanos de los países europeos cómo conciben el núcleo de una Europa democrática. Wolfgang Schäuble lo sabe. Lo dice también en entrevistas concedidas a la revistaSpiegel, entrevistas que no tienen consecuencias por lo que respecta a su propia actuación política.</span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">La política europea ha caído en una trampa que Claus Offe define con precisión: si no queremos abandonar la unión monetaria, resulta, por un lado necesario y por otro impopular, llevar a cabo una reforma institucional que necesita tiempo. Por eso los políticos que desean ser reelegidos van dejando el problema para más adelante. Este dilema afecta sobre todo al Gobierno alemán, pues hace mucho que asumió con sus actos responsabilidades en el marco de una Europa global. Además, es el único que puede plantear una iniciativa prometedora para dar un paso hacia adelante, debiendo ganarse para ello a Francia. No se trata de bagatelas, sino de un proyecto en el que los hombres de Estado europeos más destacados llevan invirtiendo sus mejores energías desde hace más de medio siglo.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">Pero, por otro lado, ¿qué significa realmente “impopular”? Si una solución política es razonable, no debe suponer el menor problema plantearla al electorado de una democracia. ¿Y cuándo hacerlo si no es antes de unas elecciones al Bundestag? Cualquier otra opción supone un encubrimiento tutelar. Infravalorar y exigir demasiado poco a los electores constituye siempre un error. Creo que será un fracaso histórico de las élites políticas de Alemania el seguir cerrando los ojos y hacer como si el business as usual, es decir, el forcejeo corto de miras sobre la letra pequeña a puerta cerrada, fuera la respuesta a la situación del momento.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">En lugar de eso, deberían hablar claramente a sus ciudadanos, que se sienten inquietos y que jamás se ven confrontados como electores con cuestiones europeas de peso. Deberían pasar a la ofensiva y dirigir un debate, que implica una polarización inevitable, sobre alternativas que siempre tienen un coste. Tampoco deberían callar por más tiempo los negativos efectos redistributivos que deberán asumir a medio y corto plazo los “países donadores” como resultado de la única solución constructiva de la crisis, aunque ello redundará en su propio interés a largo plazo.</span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;"><b>Vacío normativo</b></span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;">Conocemos la respuesta de Angela Merkel: tranquilo quehacer dilatorio. Su persona pública parece carecer de todo núcleo normativo. Desde la irrupción de la crisis griega en mayo de 2010 y el posterior fracaso en las elecciones al Parlamento de la región de Renania del Norte-Westfalia, somete cada uno de sus meditados pasos al oportunismo de la conservación del poder. Desde entonces, la astuta canciller sale adelante con una lógica clara, pero sin unos principios definidos y por segunda vez aleja cualquier tema controvertido de las elecciones alBundestag, por no hablar de la política europea, minuciosamente aislada. Puede definir la agenda porque, si la oposición se apresura con el tema europeo, de gran carga emocional, es de temer que acabe siendo machacada con la maza de la "unión de la deuda". Y además, por obra de aquellos que solo podrían decir lo mismo si realmente llegaran a decir algo. Europa se encuentra en situación de emergencia y el poder político está en manos de quien decide qué temas pueden llegar a la opinión pública. Alemania no baila, sino que dormita sobre el volcán.</span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;">¿Fracaso de las élites? Todo país democrático tiene los políticos que se merece. Y esperar de los políticos que han sido votados un comportamiento que vaya más allá de la rutina resulta un tanto peculiar. Me alegro de vivir desde 1945 en un país que no necesita héroes. Tampoco creo en el dicho de que los individuos hacen la historia, al menos no por lo general. Solo constato que existen situaciones extraordinarias en las que la capacidad perceptiva y la fantasía, el valor y la disposición a asumir responsabilidades de los individuos que actúan marcan la diferencia en el curso de los acontecimientos.</span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;"><i><br /></i></span></span></div>
<div style="background-color: white; margin-bottom: 15px; text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;"><i>*El País 20-08-13</i></span></span></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-37780679815005790712013-08-20T05:19:00.000-07:002013-08-20T05:19:21.281-07:00¿DERECHO A LA MARIGUANA?*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-witwfYGoYA4/UemAOlZFqFI/AAAAAAAAJA0/qTLt44A0lLs/s1600/01.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="285" src="http://1.bp.blogspot.com/-witwfYGoYA4/UemAOlZFqFI/AAAAAAAAJA0/qTLt44A0lLs/s320/01.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>DIEGO VALADÉS</b></div>
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Hay varios argumentos en pro de legalizar el uso de la mariguana. Son atendibles los de salud, pero también se subraya que con esa legalización disminuiría el precio de la yerba, que en consecuencia dejaría de ser negocio para los delincuentes y que así la violencia decrecería. Esta tesis implica tres supuestos no demostrados: que una causa de la violencia es el precio de la droga, que el tráfico dominante es el de mariguana y que su destino prioritario es el mercado nacional.</div>
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<br /></div>
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Para probar que la restricción legal es criminógena, se equipara nuestro desolador panorama actual con la criminalidad durante el prohibicionismo estadounidense. Se pasa por alto que allá se generó una rápida respuesta delictiva, mientras que en México la mariguana ha estado prohibida por décadas sin que se produjeran reacciones violentas. El paralelismo entre ambos procesos es infundado porque el desbordamiento delictuoso en México está asociado a varios factores, entre ellos un déficit de gobernabilidad, que nada tiene que ver con los consumidores de mariguana. En la famosa "masacre de san Valentín", en 1929, murieron siete personas; en cambio, de acuerdo con un reporte del INEGI, en 2012 fueron asesinadas 76 personas en el país, cada día.</div>
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<br /></div>
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La reforma constitucional de 1919 que estableció la prohibición en Estados Unidos afectó la producción, transportación y venta de las bebidas embriagantes, pero no penalizó su consumo. Es algo análogo a lo que se propone aquí con la mariguana: legalizar el consumo y mantener en la ilegalidad todo lo demás. Este planteamiento está en la lógica del prohibicionismo estadounidense.</div>
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<br /></div>
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Soy un decidido partidario de las libertades, pero ningún sistema de libertades carece de reglas. El problema de las normas es que, para funcionar, deben ser coherentes entre sí. En este caso el efecto jurídico de legalizar el consumo de mariguana pero no su producción ni distribución nos pondría ante la misma contradicción que el viejo prohibicionismo americano: quien consuma estará dentro de la ley, pero cuando compre tendrá que hacerlo en el mercado negro. Si hubiera expendedores autorizados, tendrían que abastecerse a su vez con vendedores ilegales. El ejercicio de un derecho dependería de la previa comisión de un delito.</div>
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<br /></div>
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Hoy mismo, los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud permiten poseer 2 gramos de opio y 5 de mariguana o de cocaína. La cuestión no resuelta consiste en que sólo es posible adquirirlos con delincuentes. La legalización del consumo de mariguana dejaría fuera al opio y la cocaína, cuya posesión se permite aunque su producción, distribución y venta son sancionadas. Multiplicar deliberadamente la demanda legal de un producto cuya oferta es ilegal sería una paradoja que acentuaría las tendencias a la anomia que se advierten en el país.</div>
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En contrapartida se sugiere que los controles para el consumo de mariguana serían similares a los que regulan el tabaco y las bebidas alcohólicas. Pero nada tienen en común porque el tabaco y las bebidas están sujetos a supervisión a lo largo de toda la cadena productiva, lo que no sucedería con la mariguana. Son escasos los productores y los expendedores de tabacos y bebidas artesanales. El cultivo de mariguana, en cambio, puede ser doméstico o proliferar en las cañadas, de manera que los instrumentos legales y fiscales diseñados para regular la producción, distribución y venta de alcohol y tabaco no le son inaplicables.</div>
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Otra limitante para ese hipotético derecho humano a la mariguana consiste en determinar cómo va a moverse la demanda. Con el desplome del precio dejaría de ser un negocio para los traficantes, pero ¿qué tanto aumentaría la propensión al consumo y qué tan expuestos estarían los menores y los jóvenes? Un reporte del Parlamento canadiense indica que en Holanda el 43% de las personas en situación de calle son consumidores cotidianos de mariguana y que en la fase inicial de la legalización el consumo entre estudiantes pasó del 8 al 21%. ¿Qué se prevé en México?</div>
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En otros lugares del mundo se expende mariguana legalmente, pero en ninguno se aplicó la medida en medio de una crisis del tamaño de la mexicana, ni sus efectos locales han sido tan inocuos como se afirma. El estudio comparado de las instituciones nos permite ver la forma en que distintos sistemas regulan fenómenos semejantes, pero esa comparación debe ser rigurosa y referirse por igual a sus efectos positivos y negativos, porque no hay modelos perfectos. Debe valorarse asimismo el contexto en el que se aplican las normas extranjeras y el que prevalece en México. Las mismas instituciones no producen efectos iguales en contextos diferentes.</div>
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Falta más información y análisis antes de poder hablar del derecho a la mariguana. Este no es un tema ideológico ni de moralina; es un asunto en el hay que tener en cuenta las fallas en la estructura institucional del Estado mexicano, y que la inseguridad es sólo uno de sus muchos síntomas.</div>
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<i>*Reforma 20-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-52840393744313463422013-08-20T05:16:00.001-07:002013-08-20T05:16:26.249-07:00TRANSPARENCIA RETORCIDA*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-Z1Fbp70vaP4/UBgfhuzVpfI/AAAAAAAAHok/_q3Pi51d-sU/s1600/01alcocer.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-Z1Fbp70vaP4/UBgfhuzVpfI/AAAAAAAAHok/_q3Pi51d-sU/s320/01alcocer.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>JORGE ALCOCER</b></div>
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De mañana al viernes habrá periodo extraordinario de sesiones; en la Cámara de Diputados está en la agenda el dictamen sobre la minuta de reforma constitucional que el Senado le turnó en materia de transparencia y acceso a la información pública, en cuyo origen está la iniciativa que, siendo Presidente electo, Peña Nieto entregó a los senadores del PRI, que éstos hicieron suya, para luego, en la negociación con las bancadas del PAN y PRD, introducirle cambios retorcidos, empeorando el asunto.</div>
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Aunque no hay mayor resistencia a que al IFAI se le otorgue autonomía de rango constitucional, se trata de una reforma de rango simbólico, inscrita en la moda autonomista que desde los partidos políticos agobia al Estado mexicano desde hace algunos años. Refrendo mi pesimismo sobre los resultados que ha entregado, y entregará, desmembrar al Estado, hasta convertirlo en un símil de Frankenstein, con varios cerebros y cada vez más contrahecho en sus extremidades.</div>
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Sacar del control jurisdiccional ámbitos fundamentales del quehacer estatal atenta contra la seguridad jurídica de la sociedad y las personas. No se hizo así cuando al IFE y a los institutos electorales locales se les dotó de autonomía; al primero no se le otorgaron facultades para actuar como órgano superior respecto de los segundos. Todas las autoridades electorales, por más autonomía de que disfruten, están sujetas a control por los tribunales electorales, ya sean locales o por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas sentencias son definitivas e inatacables, conforme lo que determina la ley.</div>
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La reforma al IFAI pretende dotarlo de dos facultades que merecen una discusión de fondo; la primera es que las resoluciones de sus comisionados sean definitivas e inatacables, como si se tratara de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en un Estado de derecho, eso debería ser inaceptable, pues priva a las personas de medios de defensa ante abusos o errores de los comisionados del IFAI. Sustraer del control jurisdiccional decisiones de órganos no sujetos al rigor del debido proceso judicial es atentar contra la seguridad jurídica a que tiene derecho toda persona (ver los artículos 13 y 17 de la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos).</div>
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La segunda facultad que se pretende otorgar al IFAI, a sus comisionados, es erigirlo en órgano superior respecto de los órganos equivalentes en las entidades federativas, por la doble vía de facultarlo para atraer los recursos de revisión que se presenten contra los órganos locales, y además abriendo la ventana para que las resoluciones finales de los segundos sean impugnables ante el primero. De aprobarse la medida, se dará paso a la proliferación de impugnaciones y al deterioro de los órganos locales de transparencia, hasta que alguien proponga desaparecerlos, como ahora se discute respecto de los institutos electorales locales.</div>
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Pretender resolver los problemas de eficacia y transparencia de autoridades locales, de cualquier ámbito, desapareciéndolas para centralizar todo en organismos federales "autónomos" es un camino equivocado; no sólo por doctrina, sino porque terminaremos siendo una República con macrocefalia, en la que el Constituyente Permanente amputa, con cada reforma, brazos, manos y piernas a las partes integrantes de la Federación, que son los Estados.</div>
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Otro ámbito del debate sobre la reforma al IFAI se alimenta de la ignorancia. Se dice que los partidos están exceptuados de las obligaciones de transparencia, que disfrutan, en esta materia de un régimen de protección. Nada más alejado de la verdad. En el Libro Segundo del Cofipe hay un capítulo denominado "De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia"; comprende al artículo 41 al 45. Es perfectible, pero ahí está. Lo más lamentable es que sean algunos legisladores los que alimentan, con su ignorancia de la ley, el reclamo de la opinión pública.</div>
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Posdata. El Senado abordará una minuta sobre candidatos independientes, solo que no es la ley reglamentaria, sino el final del trámite para corregir un error cometido en 2007, en el artículo 116 constitucional. Hay varias iniciativas para introducir en el Cofipe, o en una nueva ley, las normas aplicables, pero eso vendrá más tarde.</div>
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<i>*Reforma 20-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-64088057106288996022013-08-20T05:14:00.002-07:002013-08-20T05:14:51.517-07:00PETRÓLEO: DUDAS RAZONABLES*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-_m4UQv2F-qk/UCQ0Ixxs-BI/AAAAAAAAHps/bTYuI0pt6tQ/s1600/01FOTO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-_m4UQv2F-qk/UCQ0Ixxs-BI/AAAAAAAAHps/bTYuI0pt6tQ/s320/01FOTO.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>CIRO MURAYAMA RENDÓN</b></div>
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Ahora que tenemos tres iniciativas de reforma energética sobre la mesa, es imprescindible conocer bien sus definiciones e implicaciones. La iniciativa del Ejecutivo ha generado críticas y adhesiones, pero también algunas dudas que merecerían ser aclaradas. Me refiero a tres temas que en la propuesta presidencial en materia petrolera no están lo suficientemente claros. </div>
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El cambio al artículo 27 constitucional posibilitaría contratos con particulares para exploración y extracción de petróleo. Se apuesta por la figura de “contratos de utilidad compartida”, descartando así los “contratos de producción compartida”. La diferencia es que en producción compartida parte del recurso energético extraído del subsuelo sería propiedad de un particular, lo que va en contra del principio de que la nación es la dueña de los hidrocarburos. En un contrato de utilidad compartida el sector privado invierte y extrae pero entrega toda la producción al Estado mexicano, quien decidiría el destino de ese bien, mientras que el particular recibiría parte de la utilidad. La utilidad es lo que queda de restar a los ingresos por la venta de un bien el costo de producción y los gravámenes fijados por la legislación. El Estado se beneficiaría de los impuestos y derechos que genere la extracción, más de una parte de la utilidad, la cual compartiría con quien ya no sería una mera empresa contratada sino un socio. </div>
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Para los particulares es un cambio significativo, también, porque como señala el semanario The Economist (17/08/13), los contratos de utilidad compartida permitirían a las empresas privadas contabilizar en sus balances de activos las reservas energéticas de los pozos donde participen. Ello, además, les generaría beneficios en los mercados bursátiles. </div>
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Ahora bien, el problema es que la iniciativa presidencial no hace desprender de la Constitución que sólo habrá contratos de utilidad compartida y no de producción compartida. Eso dependerá de la ley secundaria, pero si la diferenciación no se especifica desde la Carta Magna, al menos desde un artículo transitorio, es natural que despierte resquemores porque en los hechos se abriría paso a contratos en general, cualquiera que estos sean. Podría, en efecto, tratarse de un cheque en blanco que, en un tema tan sensible y polarizado como el petrolero, no contribuye a la claridad en el debate ni a la generación de acuerdos. </div>
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Por otra parte, no queda claro si Pemex participaría siempre en los contratos de utilidad compartida. Es decir, se dice que quien signaría los contratos sería el Estado, por ejemplo vía la Secretaría de Energía, con particulares (nacionales o extranjeros), sin que se asegure que Pemex se involucrará inequívocamente en el desarrollo de los proyectos de exploración y extracción, lo cual podría provocar una reducción del potencial apropiamiento, gracias al trabajo conjunto, de las tecnologías y del saber hacer necesarios para el desarrollo sistemático de sus capacidades productivas propias. </div>
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Pemex es hoy, de acuerdo a datos oficiales, la quinta empresa productora de crudo del orbe, la decimotercera firma en el continente americano y la 34 a nivel mundial. Si es tan relevante, ¿por qué no garantizar que participará siempre en las tareas de extracción y exploración? ¿Por qué no subrayar que habrá una gran empresa petrolera nacional de propiedad pública en México? </div>
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Un tercer tema es que el gobierno no ha detallado en qué consistiría el cambio de régimen fiscal de Pemex. No se sabe si se está a favor de la plena autonomía presupuestal y de gestión de Pemex, o si prefiere que la Secretaría de Hacienda continúe teniendo injerencia en decisiones de estricto carácter empresarial. </div>
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Aclarar estos puntos se antoja necesario, si no para asegurar grandes consensos, al menos para identificar de forma clara los disensos, condición indispensable en cualquier debate público que quiera ser productivo.</div>
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<i>*El Universal 20-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-90598550393165832822013-08-20T05:12:00.003-07:002013-08-20T05:12:58.994-07:00ESTADO LAICO Y LIBERTAD IDEOLÓGICA*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/--Xb3KqnEue4/T_-T_OG3WAI/AAAAAAAAHi8/dJbQ9Zok8Ps/s1600/01FOTO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/--Xb3KqnEue4/T_-T_OG3WAI/AAAAAAAAHi8/dJbQ9Zok8Ps/s320/01FOTO.jpg" width="320" /></a></div>
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<b>JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ</b></div>
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El pasado 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo primero del artículo 24 constitucional para quedar como sigue: Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.</div>
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Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. A pesar de que durante el proceso que condujo a esta reforma se dieron numerosas participaciones en los medios y en el Congreso, es poco lo que a partir de la publicación del texto oficial se ha escrito sobre las implicaciones de esta modificación. Por ello, cabe preguntarnos por los alcances jurídicos del nuevo texto.</div>
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Lo primero que conviene advertir es que el nuevo texto constitucional está regulando tres derechos humanos diferenciados: la libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia y la libertad de religión. Asimismo, está garantizando que cada persona pueda adoptar la que más le agrade, así como participar en las ceremonias o actos de culto que, en su caso, correspondan a cada una de ellas. En principio pareciera que las tres libertades apuntadas se ejercen únicamente frente a los diversos órganos del Estado, a efecto de que se abstengan de realizar actos que interfieran con el desarrollo de las convicciones, conciencia o creencias de las personas. Es decir, podría parecer que el precepto constitucional tiene como único propósito lograr que los órganos estatales dejen que los habitantes del territorio nacional desplieguen sus libertades de la manera que mejor les parezca, sin enfrentar ninguna posibilidad de intervención. A mi parecer esta lectura es equivocada, pues el artículo 24 debe ser entendido como parte del sistema constitucional que nos rige.</div>
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En primer lugar, veamos el problema desde un punto de vista que, por comodidad en el lenguaje, llamaré horizontal. El hecho de que a las personas se les reconozca constitucionalmente la libertad de convicciones éticas, de conciencia o de religión, no supone en modo alguno un reconocimiento para imponerlo a los demás. Lo que la Constitución reconoce, en principio, es un ámbito de lo privado, pero no una autorización para actuar sobre los demás. Dada la pluralidad de convicciones, posibles contenidos de la conciencia o credos religiosos, aquello que alguien tenga como bueno para sí no tiene un respaldo constitucional que le permita suponer que es o debe ser bueno para otros. Con base en este mismo precepto constitucional, el Estado debe velar para que las colectividades que compartan determinadas creencias o credos limiten su actuar a quienes voluntariamente lo hayan adoptado, pues solamente así se salvaguarda el derecho que a cada cual se reconoce para que adopte aquello que sea de su agrado. Obviar esta implicación constitucional sería tanto como anular la pluralidad</div>
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que se está reconociendo en favor de quienes, por contar con una mejor organización o un mayor número de seguidores, estén en condiciones de imponer a los demás aquello que insisto sea de su agrado.</div>
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Como segunda implicación, ¿qué le impone el nuevo precepto constitucional a las autoridades públicas, sean estas federales, locales o municipales, ejecutivas, legislativas, judiciales o administrativas? Esencialmente y por lo dispuesto por el artículo 40 constitucional a partir del 30 de noviembre del año pasado, un comportamiento laico. Es decir, la permanente voluntad de no incorporar las propias convicciones o creencias en los asuntos públicos en que deban participar en tanto servidores públicos. La Constitución no prohíbe ni podría prohibir que las personas crean o piensen en lo que quieran; lo que sí hace es exigir a tales servidores un ejercicio constante de autocontención a efecto de resolver los asuntos de su competencia conforme a la racionalidad propia de un orden jurídico construido democráticamente, humanamente, y no a partir de una convicción personal o comunitaria, por más arraigada que en él se encuentre. Quien actúa como funcionario no puede pretextar su libertad religiosa o de creencia para disponer de las normas en el sentido que lo manden sus propias convicciones. Por el contrario, tiene que asumirse dentro del juego de las relatividades jurídicas para argumentar y construir sus decisiones a partir de ellas. Igualmente y para garantizar a todos su libertad de convicciones, conciencia o religión, tiene que garantizar que cada cual adopte y exprese aquello que sea de su agrado, aun frente a la creencia propia o del grupo al que pertenezca.</div>
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Por curioso que parezca, las diversas y fundamentales obligaciones que termina imponiendo el nuevo párrafo primero del artículo 24 constitucional, deben leerse como medio jurídico para la construcción de una sociedad plural en democracia. En primer lugar, se impone a toda la población el deber de respetar las convicciones, creencias y credos que existen en nuestra sociedad; en segundo lugar, las autoridades deben hacer lo necesario para generar esa condición de respeto y, en tercer lugar, se prohíbe a los funcionarios públicos imponer a la población sus propias convicciones, creencias y credos.</div>
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<i>*El Universal 20-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1327971313192577382.post-52007601640323879402013-08-15T07:42:00.003-07:002013-08-15T07:42:37.336-07:00VIOLENCIA E INDEFENSIÓN*<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<a href="http://2.bp.blogspot.com/-DQCWCFava1E/UFsrLb7hoAI/AAAAAAAAH3g/qgGuSZkjLD0/s1600/01WOLDENBERG.bmp" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-DQCWCFava1E/UFsrLb7hoAI/AAAAAAAAH3g/qgGuSZkjLD0/s320/01WOLDENBERG.bmp" width="320" /></a></div>
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<b>JOSÉ WOLDENBERG</b><br />
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Una ficción lúgubre alejada mil kilómetros de las fórmulas del melodrama, ese género que subraya las emociones hasta el paroxismo, es Heli la película de Amat Escalante. El lenguaje contenido, frío, distante (más los largos planos-secuencias), construye un universo cerrado, sin escapes, que ilustra una historia de muerte y destrucción.</div>
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Heli es un obrero joven que vive con su mujer y su hijo pequeño en la casa paterna. Su padre, también obrero -¿viudo?, ¿abandonado?- y su hermana (Estela) de 12 años completan el círculo familiar. Rutina, inercia, carencia de horizonte tiñen la vida y relaciones de todos ellos. Algo, sin embargo sabemos, acabó con ese estado de indolencia petrificada. El relato se inicia con una escalofriante secuencia que va de la presentación de dos jóvenes amarrados, amordazados y madreados, tirados sobre el piso de una camioneta pick up y la bota que descansa sobre el rostro de uno de ellos, hasta que a uno, en operación relámpago, lo cuelgan de un puente peatonal. La película develará los antecedentes de ese acto de sevicia y sus derivaciones.</div>
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El disparador de la tragedia es una mezcla de sueño infantil y estupidez machista, en el marco de una sociedad penetrada por las rutinas del tráfico de drogas y su combate. El novio de Estela, un cadete que se prepara para convertirse en soldado, tiene la "brillante" idea de robar unos paquetes de coca que le servirán para escapar con su pareja hacia otro mundo (Zacatecas). Ella, una niña, soñadora, ingenua, da por bueno el proyecto descabellado. A partir de ese momento la vida se convertirá en una implacable y tenaz trituradora.</div>
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La ficción quiere alcanzar la contundencia y la crudeza del documental. Para ello prescinde de todo maquillaje sobre eso que llamamos realidad. Nada de edulcorar, modelar o enriquecer los paisajes, los diálogos, los personajes. El trabajo es cansado, opresivo, enajenante; las relaciones familiares rutinarias, insípidas, tensas; las conversaciones parcas, superficiales, huecas. Se instala una especie de sin sentido en el día a día que es el que marca el paso de las horas, los meses, los años. No hay moraleja, solo tragedia. Unas fuerzas infinitamente superiores a las de la frágil familia desatarán una venganza bestial.</div>
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Los actores, al parecer, no lo son. Sus presencias remiten a nuestros semejantes, no a esas figuras por encima del resto de los mortales que suelen ser los actores famosos. No irradian esa aura de sofisticación y encanto que Hollywood expandió al mundo. Se parecen a los hombres y mujeres que vemos en las calles, los mercados, las plazas. Ello refuerza el tono documental de la ficción, la convención de que estamos frente a una historia "real" que ha prescindido de la truculencia propia del cine. (Ello también -creo- hace más flojas algunas escenas, como la del diálogo de Heli y la detective en el coche o la de la violencia de él contra su mujer, pero en fin...).</div>
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Heli se emparenta con Miss bala, la película de Gerardo Naranjo (2011). En ambas, personajes inocentes son succionados por espirales de violencia que no entienden y sobre las cuales no tienen control alguno. Cae sobre ellos la fatalidad por el simple y contundente hecho de estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Ese momento y ese lugar son en buena medida el México de hoy.</div>
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La violencia es la constante. Desde la violencia light (si así se le puede llamar) que existe en las relaciones familiares hasta la violencia extrema que los sicarios desencadenan contra Beto, Heli y Estela, pasando por la violencia "institucional" que aplican los instructores militares a los aspirantes a soldados. La primera es un fruto maduro de la impotencia y el malestar sordo, convive con una especie de amor y solidaridad, con gestos de cariño y momentos de tensión. Se desata y cesa intempestivamente. Es parte del paisaje. La violencia animal, la que le aplican de manera metódica e insensible a Heli y a Beto, es el escarmiento desmedido para "disciplinar" o acabar con los que osaron invadir un territorio vedado. Jóvenes como ellos los torturan ante la mirada inane de unos niños que colocan su vista sucesivamente en los juegos de la televisión y en el ritual sangriento, antes de que alguno de ellos se incorpore a jugar el rol de verdugo. La presencia en segundo plano de una señora mayor -la madre de alguno de ellos- que contempla resignada e impotente la locura criminal de alguno de sus vástagos da el toque más perturbador a la escena. ¿Será el nuevo icono de la madrecita mexicana: contemporizadora con sus hijitos torturadores? A ello hay que agregar la agresión sexual sugerida, no explícita, sobre Estela. Y la violencia "educativa", la que se ejerce para "capacitar" a los soldados, un rito iniciático que supone degradación y humillación ante los superiores jerárquicos. Un expediente para "hacer hombres", capaces de revolcarse ante sus propios vómitos, para establecer sin duda alguna quién manda y quiénes obedecen.</div>
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Una película desoladora. Sin afeites. Cruda.<br />
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<i>*Reforma 15-08-13</i></div>
ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZhttp://www.blogger.com/profile/18430856112457782452noreply@blogger.com1