TIERRA DEL MUCHO

SERGIO AGUAYO QUESADA

Somos un país que ama las imprecisiones, el "más o menos", el "mucho"... Ante la falta de información confiable cualquier teoría se hace creíble y se alimenta el molino de la especulación. Entretanto, ignoramos asuntos tan prioritarios y graves como la creciente influencia del crimen organizado en los gobiernos municipales. Ya se ha especulado bastante sobre la muerte de Juan Camilo Mouriño y JoséSantiago Vasconcelos, entre otros. Tal vez fue un accidente, a lo mejor fue una ejecución; por ahora, lo único cierto es que, en la imaginación popular, la omnipotencia del Presidente ha sido sustituida por el poder del crimen organizado: se les considera capaces de colocar bombas o lanzar misiles, de interferir comunicaciones y enterarse de la hora en que se acerca un pequeño avión al aeropuerto internacional... Sería ridículo negar que es una hipótesis plausible como el que la información a nuestra disposición es insuficiente. Nadie, y eso incluye al jefe del Ejecutivo, pareciera tener un panorama preciso del tamaño del crimen organizado. Un año y siete meses después de llegar al cargo, Felipe Calderón confió a El País de España (15 de junio del 2008) que "cuando llegué a la presidencia, [el] alcance [del narco] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había quesanarlo a como diera lugar". ¿Qué tan "invadido" estaba el paciente?, ¿tenía elt umor encapsulado o se había expandido por órganos, huesos y arterias? La guerra del narco ha ido liberando ríos de información que posibilitan una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Ya sabemos que el crimen organizado va imponiendo su ley a cabildos atenazados por un miedo causadopor la indefensión; los otros niveles de gobierno son incapaces de darles protección a ellos y a los ciudadanos. ¿Hasta dónde llega la infiltración? Aunquelas cifras son imprecisas, y de difícil verificación, es posible tener una idea aproximada. Edgardo Buscaglia es un especialista en crimen organizado que asesoró a la Organización de las Naciones Unidas; en declaraciones aparecidas en junio de este 2008 aseguró que entre el 50 y el 60 por ciento de los municipios del país padecían de algún tipo de infiltración. La afirmación parecía exagerada a algunos funcionarios; uno de ellos me comentó que se "trataba de las exageraciones de alguien deseoso de llamar la atención". El 25 de septiembre pasado un diputado del gobernante PAN, Gerardo Priego Tapia, respaldó la estimación al declarar que mil 400 municipios (el 57 por ciento del total) tenían ese problema. Imposible respaldar o refutar el número. Tal vez sean muchos, a lo mejor son pocos. Vivimos en el país del más o menos gobernado por una autoridad maromera. El 15 de julio, y como respuesta a las estimaciones hechas públicaspor Buscaglia, la Procuraduría General de la República (PGR) soltó uncomunicado asegurando que sólo 80 alcaldías eran controladas por el narcotráfico en todo el país. Muy, pero muy por debajo de lo dicho porBuscaglia. Pero el 28 de septiembre pasado, al corresponsal de El País en México, Pablo Ordaz, un funcionario de la PGR le mostró un documento en el cual se reconocía que 77 municipios michoacanos estaban sometidos a diferentes grados de asedio por el crimen organizado. Ante el desorden y el revoltijo de números algunos medios de comunicación se han lanzado a hacer sus propias estimaciones. Tres medios impresos (Reforma, El Universal y Emeequis) se pusieron a investigar (cada uno por su lado) cuántas autoridades municipales han sido amenazadas por el crimen organizado en ocho estados. Se trata, por supuesto, de cabildos que no habían caído todavía bajo la influencia de los cárteles. De los 849 municipios que tienen esas entidades, 205 estaban bajo asedio. Puede por tanto afirmarse que la intimidación de autoridades municipales está ala alza. Adelanto, como posible explicación, el exceso de capacidad instalada de cárteles sobrados de sicarios y deseosos de ampliar sus mercados y poder. Elinfluir o controlar gobiernos municipales les permite vender o traficar más droga,e xtorsionar a autoridades, recaudar contribuciones a empresas pomadosas o humildes tianguis, secuestrar y robar ciudadanos, traficar migrantes o prostituir amenores y adultos, vender discos piratas y todo lo que pueda generar utilidades. En otra ocasión abundaré sobre los efectos devastadores que ello tiene sobre lavida democrática. Lo anterior está generando una situación que afecta a todos los partidos en el poder. Parecería lógico que todas las fuerzas políticas, económicas y social estuvieran interés en llegar a algún tipo de entendimiento o acuerdo para enfrentaruna amenaza común. Hubo un avance en esa dirección y ya pronto conoceremos los avances logrados ahora que estamos cerca de que se cumpla el plazo de 100 días puesto por las autoridades. ¿Renunciarán quienes no cumplieron?C omo noviembre será el mes de la seguridad, es tiempo de abrir el abanico y proponer, para la inclusión en la agenda de nuestras angustias, asuntos ahora minimizados. Estarían las llamadas compañías de seguridad privada que actúan sin regulación alguna y se convierten en lastre en lugar de solución; parecería conveniente tomar en serio la propuesta de legalizar la mariguana hecha por Víctor Hugo Círigo desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sería muy útil que la Secretaría de Salud dé señales de vida y entregue la versión definitiva de la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008 (¿seguirán ahí o se habrán quedado dormidos?). Pero la tarea más urgente es que nuestros gobernantes mejoren y homogeneicenla calidad de la información que entregan. Les disgusta que se cuestione la verdad oficial, pero siguen instalados en el país del "mucho" o del "más o menos"de la imprecisión.

¿QUIÉN VA A CREER QUE FUE UN ACCIDENTE?

JESÚS CANTÚ

Esa es la realidad, todos, y el todos incluye al mismo Presidente Felipe Calderón, al momento de conocer la noticia
Junto con la noticia del avionazo, que el pasado martes 4 de noviembre segó la vida del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el ex titular de la Subsecretaria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos y otras 12 personas más, se esparció la idea del atentado en su contra; las dos iban juntas, eran pareja indisoluble. Y es que como respondió Samuel González Ruiz, consultor internacional y ex titular del órgano que precedió a la SIEDO, a Carmen Aristegui:"?Si esto fue atentado o no, da exactamente lo mismo... Las condiciones para que ocurra un atentado siguen ahí. No ha cambiado nada. Si el gobierno mexicano no logra revertir las actuales condiciones, tendríamos que pensar que si éste no fue un atentado, habrá un atentado". Esa es la realidad, todos, y el todos incluye al mismo Presidente Felipe Calderón, al momento de conocer la noticia, de inmediato pensamos en un atentado. Algunos lo hicimos en función de que en el avión volaba también Santiago Vasconcelos, quien había perseguido durante más de una década al crimen organizado; otros, por la presencia del Secretario de Gobernación, instancia que a pesar de su desmantelamiento en los últimos sexenios sigue siendo de principal importancia; y, otros más, por la cercanía de Mouriño con el presidente Calderón. Pero cualquiera que fuese la razón, la asociación era inevitable. Tres horas después del accidente abordé un taxi en la Ciudad de México, el conductor, que ni radio traía en el automóvil y se había enterado del evento por las versiones de sus pasajeros, de inmediato me dio la noticia de la tragedia y también concluyó: "?los mataron, es mucha coincidencia que hayan ido los dos juntos". Al día siguiente, como a las 10:00 horas, abordé otro taxi, el tema nuevamente fue inmediato, el conductor también me trasmite el sentir de sus pasajeros, sólo que en esta ocasión se trata de un conocedor del tema: un piloto de la mayor aerolínea mexicana. El taxista me narra, que entre sus clientes habituales se encuentra este piloto, al que justamente había recogido temprano en la mañana para llevarlo al aeropuerto capitalino, y que este también había sentenciado tajante: "fue atentado". De acuerdo a la explicación del piloto, las aeronaves, y, desde luego, los Learjet 45 no son la excepción, están preparadas para volar con un solo motor e, incluso, de ser el caso, para planear si fallan ambos motores. Y, de acuerdo al taxista, el piloto le había señalado que por el lugar del avionazo, de haber sido una falla mecánica que afectara a ambos motores, hubieran logrado llegar hasta la pista, pues la distancia ya era menor. El taxista abundaba en precisiones sobre la ruta que siguieron San Luis-Querétaro-DF y transmitía comentarios que seguramente le hizo el piloto, pues eran precisos, como el que es la ruta habitual de aproximación al aeropuerto capitalino y que en caso de haber ido al aeropuerto de Toluca, hubiese seguido un camino distinto, por Cuernavaca. En fin, suficientes elementos para dejar constancia que no inventaba y simplemente repetía lo que el piloto le había dicho. Pero a pesar de lo cuidado de los mensajes de Felipe Calderón, para no adelantar un juicio sobre si fue accidente o atentado, hay oraciones que traslucen sus dudas: "El Gobierno Federal a mi cargo, en coordinación con las instancias competentes, realizará todas las investigaciones necesarias, a fin de averiguar a fondo las causas que originaron esta tragedia? Estaremos informando a ustedes y a toda la Nación a medida en que avancen las investigaciones del caso?", dijo el mismo martes, dos horas después del avionazo. Y dos días después, durante el homenaje que les rindieron en el Campo Marte, nuevamente señaló: "Los lamentables acontecimientos del 4 de noviembre se esclarecerán a fondo. Por ello, el Gobierno Federal, en coordinación con las instancias competentes, está llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para averiguar las causas que originaron esta terrible tragedia. En esta delicada tarea, contamos con el apoyo de los mejores expertos del mundo y de las agencias nacionales e internacionales especializadas y más calificadas. "Como Presidente de la República, y como amigo y compañero del licenciado Mouriño y de sus colaboradores, soy el primer interesado en que surja la verdad y se esclarezcan las causas de estos hechos." Lo mismo sucedió con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien reiteradamente viene descartando el atentado. Al día siguiente del avionazo, el miércoles 5 de noviembre, al informar sobre los avances de las investigaciones señaló: "Quisiera enfatizar que hasta el momento no se han detectado indicios que permitan formular hipótesis diferentes a la de un accidente, pero se investigará hasta agotar todas las posibilidades." Y luego repitió exactamente lo mismo. Y el viernes 7 de noviembre, tras los informes de la Procuraduría General de la República, enfatizó: "Lo que quisiera comentar y enfatizar en palabras muy llanas, es que la Procuraduría General de la República, a través del licenciado Nájera, nos está informando en este momento que después de los exámenes periciales que se llevaron a cabo, no se encontraron ningún rastro o no se encontró rastro alguno de ninguna sustancia explosiva, es decir, que no hubo ninguna explosión causada en el avión que cayó". Y más adelante a pregunta expresa de Roberto González, reportero de La Jornada, responde claramente: "La información que estamos proporcionando en este momento refuerza la hipótesis, quisiera comentarlo en esos términos, la información que se presenta en este momento refuerza la hipótesis de que la caída del avión fue un accidente". El mismo miércoles por la mañana, al abordar el avión que me trasladaría de la Ciudad de México a Monterrey, me encuentro como compañero de vuelo con Manuel Bartlett, ex Secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, y le pregunto: "Tú que sabes de esto, ¿qué crees que pasó? ¿Accidente o atentado? Y su respuesta fue inmediata: "Qué importa, nadie creerá que fue un accidente". Las respuestas de los dos ex funcionarios, uno en el ámbito de la seguridad y otro en Gobernación, dibujan con precisión lo grave de la situación: por un lado, existen las condiciones para que se pueda atentar, inclusive contra un funcionario de ese nivel; del otro, existen las condiciones para que la ciudadanía piense que efectivamente fue una atentado, aunque en realidad no haya sido así. Pero las condiciones están tan presentes, en ambos sentidos, que el mismo presidente y los secretarios involucrados lo consideran una posibilidad viable, como se percibe en sus declaraciones. Urge desmontar dichas condiciones en ambos ámbitos y los dos son igualmente graves y complicados. En el ámbito de las condiciones para el atentado, lo más grave es que la sola consideración de que es factible un atentado a esos niveles muestra la vulnerabilidad del Estado y la población; pero en el ámbito de las percepciones, lo preocupante es que el terreno es fértil para que cualquier rumor cobre carta de naturalización. El avionazo refuerza la necesidad de combatir al crimen organizado, pues sus alcances están minando los cimientos de México, pero su combate no puede limitarse a la batalla frontal y la utilización de la fuerza bruta, requiere una buena dosis de inteligencia estratégica y participación social.

LO DIJIMOS LA SEMANA PASADA

JULIAN GÛITRON FUENTEVILLA

El éxito del XV Congreso Internacional de Derecho Familiar, cuyo lema fue "La familia es para siempre", cuya autora es Susana Roig de Güitrón, rebasó las proyecciones que el comité organizador había plasmado, en atención a la calidad intelectual de los conferenciantes magistrales, a la de los ponentes; al interés de los congresistas y a la acuciosa preparación que los participantes extranjeros pusieron en la elaboración de sus respectivos trabajos.
PARTICIPACIÓN DE MAESTROS EMÉRITOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIORFERNANDO FLORES GARCÍA Continuando con la programación establecida para el viernes 31 de octubre, participaron los profesores eméritos de la UNAM, Dr. Fernando Flores García y el Dr. Jorge Mario Magallón Ibarra; el primero destacó la trascendencia del catedrático en la enseñanza del Derecho; hizo aportaciones y recuerdos de los más de sesenta años que tiene de enseñar, dejando muy satisfechos a sus interlocutores y, sobre todo, porque como siempre, con la maestría que lo caracteriza, el Dr. Flores García destacó los valores de la enseñanza-aprendizaje, y subrayó que el binomio alumno-maestro ha sido fundamental para lograr que la Universidad Nacional Autónoma de México ocupe el primer lugar en la actualidad en Iberoamérica y el 52 a nivel internacional.Asimismo, evocó la egregia figura y los pensamientos del paradigma del Derecho Procesal, Piero Calamandrei. Terminó su extraordinaria conferencia enfatizando su credo, el cual enfatizó señalando: "Creo en la justicia; creo en el Derecho; creo en mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM"; al terminar recibió una impresionante ovación del auditorio, que con más de 700 personas abarrotaba el lugar. JORGE MARIO MAGALLÓN IBARRA También Profesor Emérito de la UNAM, el Dr. Magallón Ibarra, que al igual que el Dr. Flores García, fueron y siguen siendo maestros destacadísimos del suscrito, puso énfasis en el tema de la violencia familiar; externó su preocupación para que ésta pueda erradicarse con las leyes adecuadas a la realidad social mexicana. Alentó a todos los estudiosos, a los licenciados, a los maestros, a los doctores, a los investigadores de esta materia, a que aporten sus luces para encontrar la solución jurídica a este mal.El público estuvo muy receptivo a sus opiniones, argumentos y mensaje, y recibió de parte de éste el reconocimiento a su trayectoria, capacidad y a lo brillante de su exposición, que se basó en un caso práctico, lo que hizo más real y dramática su intervención. JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA Quien escribe estas líneas, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de Chiapas, tuvo el agrado de hablar sobre un tema vigente, trascendente, que preocupa a todos los mexicanos y que durante siglos ha existido en nuestro país; se trata del Derecho Familiar Indígena. La conferencia magistral destacó datos y cifras tan importantes como que en México, según información de Geografía y Estadística y del Consejo Nacional de Población, de los ciento seis millones de habitantes, el porcentaje de pueblos indígenas está entre 10 y 15 por ciento, distribuidos en todo el país; estamos hablando entre doce y trece millones.El propósito de esta investigación fue aportar los elementos para crear el Derecho Familiar Indígena mexicano, basado en los usos y costumbres, los hábitos, el compadrazgo, en la organización familiar, en el tequio, en todas las figuras creadas para que el Derecho Familiar Indígena sea una realidad. Hemos propuesto que parte de las normas derivadas de éstas se incorporen y conviertan en Derecho Familiar positivo vigente en México, incorporando las disposiciones de aquél, por su contenido ético, moral y de solidaridad que contienen. JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA Quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien nos hemos referido ya en otras ocasiones en este espacio periodístico por su destacada labor, le tocó exponer sobre la Mediación en el Derecho Familiar, subrayando su importancia y, sobre todo, que éste es el medio idóneo, el más eficaz para que personas con determinadas conflictos puedan resolverlos a través de esta figura. Asimismo, destacó que existen en el Distrito Federal los centros adecuadamente establecidos para realizar estas conciliaciones y justo es decirlo, se debió a su presidencia el desarrollo de estos espacios donde, entre otras circunstancias, pueden convivir las personas con sus familias. La mediación es tan importante que debe ocupar un lugar especial frente a la problemática planteada, aceptando en sus diferentes afirmaciones que debe proyectarse de forma definitiva y que esté adecuadamente regulada en las leyes, porque permitirá que la familia, sobre todo los hijos, no sean tan lastimados en los casos de un divorcio conflictivo. FRANCOIS CHABASAl Profesor Emérito de la Universidad de París XII, Francia, le tocó hablar sobre la responsabilidad de los niños y de los padres, subrayando cuestiones tan trascendentes como la separación que debe haber entre la responsabilidad de unos y de otros, para no continuar como hasta ahora, que cuando los menores cometen faltas, son eludidas por fallas en las leyes y que deben fincarse y deslindarse la responsabilidad de los niños y sus progenitores. JOEL CHIRINO CASTILLO Distinguido profesor de la UNAM y reconocido notario público, disertó sobre la sociedad conyugal y su disolución. Hizo hincapié en los aspectos más importantes y trascendentes de esta figura, destacando que los cónyuges deben llegar a una solución pacífica, sin que implique un problema, para que al decidir disolver el vínculo matrimonial, éste no se convierta en un vía crucis para ellos.Subrayó la importancia de los notarios públicos que, al modificarse la ley, pudieran llegar a tener acceso a estas hipótesis para participar de manera positiva en la disolución de esta figura y terminar con sus graves efectos. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI De Argentina, la doctora Kemelmajer, ministra de la Corte Suprema de Mendoza, Argentina y distinguida profesora de la Universidad de Cuyo, habló sobre la guarda compartida y una visión comparativa, es decir, aplicó el método comparativo para llegar a algunas conclusiones importantes de este fenómeno, diferenciando la guarda de la custodia y sobre todo, con un enfoque novedoso al tradicional. HILDA PÉREZ CARBAJAL Doctora y maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM, se dedicó a analizar la problemática que surge para cumplir con las cargas de las pensiones alimenticias, ponderando los criterios que se han establecido para fijar el monto de aquéllas. Puso énfasis en las cuestiones prácticas debidas a su trayectoria como proyectista del Tribunal en esta materia, e hizo aportaciones muy interesantes a la misma. DOCTORES HONORIS CAUSA La Universidad Interamericana de Morelos, cuya rectoría es ejercida por el contador público José Alberto Pérez Apaez y la Junta de Gobierno de la persona que preside el suscrito, junto con los miembros de esta institución, decidieron en forma unánime otorgar los reconocimientos e insignias del doctorado honoris causa a distinguidas personalidades nacionales y extranjeras, atendiendo a sus méritos académicos, científicos y en especial a la gran labor que han desempeñado a favor del Derecho Familiar. Esta ceremonia resultó muy emotiva; el grado otorgado a las personalidades fueron un broche de oro a las actividades realizadas durante los cinco días que duró el congreso que concluyó el viernes 31 de octubre por la noche. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Con la plena convicción del papel histórico que tiene nuestromáximo Tribunal en la actualidad, sobre todo porque ha logrado una verdadera aplicación del Derecho, atendiendo a los más altos fines de esta disciplina jurídica, los ministros de la Primera Sala, la Dra. Olga Sánchez Cordero de García Villegas, el Dr. Sergio A. Valls Hernández y el Dr. José Ramón Cossío Díaz, recibieron entre otros, el grado Honoris Causa, otorgado por la institución mencionada.Consistió en investir a todos los homenajeados con la toga, la museta y el birrete con las ínfulas respectivas y con los colores distintivos de la Universidad Interamericana, azul marino con filos verde bandera, así como conferir la venera con el escudo de la Universidad citada, de manos del suscrito, presidente de la Junta de Gobierno de esta institución y del rector Pérez Apaez. Igualmente se les entregó como constancia de este acontecimiento un diploma elaborado artesanalmente en cuero, a todos los recipiendarios. PROFESORES EMÉRITOS DE LA UNAM La Universidad Interamericana de Morelos se ha visto honrada con la aceptación que no sólo los ministros de la Suprema Corte de la Nación hicieron del grado Honoris Causa, sino que también en la misma ceremonia fueron galardonados los maestros eméritos Dr. Néstor de Buen Lozano, Dr. Fernando Flores García, Dr. Jorge Mario Magallón Ibarra y en ausencia por cuestiones de salud, el querido Dr. Rolando Tamayo y Salmorán, quien esperamos pronto se recupere. Como ustedes se podrán imaginar, distinguidos lectores, laceremonia de clausura, a cargo del ministro José Ramón Cossío Díaz, estuvo llena de emoción y alegría, porque con la misma se estaba coronando una semana de apasionada entrega, intercambio de conocimientos y reflexiones, todos a favor de la familia, a nivel nacional e internacional. INFORMACIÓN GENERAL En la próxima entrega nos referiremos a otros aspectos del programa tanto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por las tardes, cuanto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por las mañanas, durante la semana que duró el XV Congreso Internacional de Derecho Familiar, del 27 al 31 de octubre del presente año.Asimismo, narraremos la actuación de los más de cien extranjeros y ciento cincuenta nacionales que participaron en las mesas de trabajo con el temario propuesto por el comité organizador.SEDE DEL 2010Queremos comunicar a nuestros distinguidos lectores, que por la trascendencia del Derecho Familiar, se ha otorgado la próxima sede, para el XVI Congreso Internacional de Derecho Familiar, en el año 2010 a la Universidad más antigua de América que es la de Santo Domingo en la República Dominicana, la cual en ese mismo año conmemorará cuatrocientos setenta años de su fundación. (CONTINUARÁ)

¿REUNIONES ABIERTAS?

ERNESTO VILLANUEVA

El acceso a la información pública ha ido avanzando en la parte formal, pero siguen existiendo varias vertientes que reclaman ser atendidas. Hoy, en México las reuniones de cuerpos colegiados son por regla general cerradas, y la excepción es que sean públicas. Debiera ser justo, al contrario, como sucede en varios Estados democráticos de derecho a través de leyes de reuniones abiertas. Todo mundo sabe que el gobernante adopta una posición distinta en público que en privado. La idea de las reuniones abiertas es ejercer un escrutinio social sobre el qué y cómo se toman decisiones para ejercer el poder público.El primer principio reside en que las reuniones de una entidad pública requieren de una noticia por anticipado y es llevada a cabo en una sesión abierta, salvo que una sesión cerrada sea expresamente permitida por la ley. Se puede observar de entrada que no hay derechos absolutos, sino que deben armonizarse con otros bienes jurídicos protegidos por la ley. Pero es notable también que opera el principio de la apertura sobre el de la secrecía. Cuando la ley menciona el vocablo "entidad pública" se refiere a una junta directiva, un consejo o una comisión u otro cuerpo gubernativo creado expresamente por ley o por decreto; a una entidad colegiada formal y creada directamente por una o más de las entidades mencionadas anteriormente y a un consejo asesor, comisión o grupo de trabajo creado por una orden o decreto del Ejecutivo o creado por una asamblea general de las entidades ya señaladas.Por "reunión", la ley entiende el proceso de búsqueda, en persona o medios electrónicos, de manera formal o informal, de la mayoría de los miembros de una entidad pública, a efecto de deliberar sobre aquellas materias que versen sus atribuciones, bien en aras de cumplir con una obligación de políticas públicas o para tomar una decisión relacionada. Por supuesto, el término "reunión" no aplica a encuentros con fines estrictamente sociales, salvo que se discutan, de manera formal o informal, algunos o varios asuntos relacionados con el trabajo, como el sentido en que van a votar en una reunión posterior o sus impresiones sobre cuestiones relacionadas con su trabajo. Cuando la ley establece que para celebrar "reuniones públicas" debe darse noticia por anticipado, significa que el aviso debe ser hecho público por lo menos 24 horas a la reunión, el cual debe contener la fecha, la hora, el lugar y la agenda tentativa. De manera adicional, el aviso debe ser proporcionado a los medios de comunicación que hayan llenado una solicitud para obtener los avisos en tiempo y forma. De la misma manera, el aviso debe ser publicado en lugares accesibles al público y en la propia oficina donde se va a llevar la reunión abierta.Al establecer la ley el vocablo de "reunión abierta" alude a sesiones donde todos los miembros del público tienen acceso a la misma. En estas sesiones, el público puede usar cámaras fotográficas o cualquier sistema de grabación. Ciertamente, el público no puede participar, sino sólo ver y escuchar y la entidad pública en cuestión puede adoptar medidas para restringir las interferencias que pudieran haber por los asistentes. Cuando la ley establece que pueden existir reuniones cerradas se debe observar el procedimiento siguiente: a) La moción para una reunión cerrada debe estar prevista en las excepciones taxativamente previstas en la ley, tales como discusiones sobre otorgamientos de patentes y marcas, discusiones sobre litigio judicial donde la entidad pública sea parte y pueda verse afectada la estrategia judicial si se organiza una reunión abierta, la evaluación y competencia de los servidores públicos para efectos de estímulos, ascensos y recompensas que puedan lastimar el derecho al honor y la dignidad de las personas involucradas, entre otros.El voto de cada uno de los miembros de la entidad pública debe ser debidamente registrado y grabado. En la sesión cerrada no hay espacio para asuntos generales, de modo que sólo se pueden tratar el o los asuntos para los que fue convocada la reunión cerrada. La entidad pública tiene la obligación de mantener de manera detallada todos y cada uno de los aspectos de la discusión, las personas presentes, las decisiones tomadas y el sentido del voto de cada uno de los asistentes.La adopción de una ley de reuniones abiertas representa un complemento básico para las leyes de acceso a la información y permiten al mismo tiempo mayores vínculos de rendición de cuentas entre gobernantes y gobernados, que por ahora no existen.

OTRA CARA DE LA POLÍTICA

JOSE WOLDENBERG

Estoy leyendo un sabroso libro de Francisco Sánchez, El cine nuevo del nuevo siglo (y otras nostalgias) (Juan Pablos, México, 2008). Se trata de una serie de críticas libérrimas sobre muy distintas cintas y directores del naciente siglo XXI. De Whisky (de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll) o Match Point (Woody Allen) a Su Alteza Serenísima (Felipe Cazals) o El laberinto del fauno (Guillermo del Toro). Las películas son un disparador para que Francisco Sánchez hable de los antecedentes, influencias, deficiencias; de los aciertos y tics de los creadores, como lo hacen casi todos los críticos cinematográficos, pero también para que platique “del mar y los pescaditos”, es decir, de todo lo que se pueda tejer –que es mucho– a partir de la anécdota y la factura del film. Son breves ensayos donde se combinan la erudición y el espíritu lúdico.Al fin que este crítico sagaz, enterado y ocurrente cree que “a diferencia del cine, la vida no tiene sentido”. Un aforismo como aquellos que le gustaban a Karl Kraus: “El aforismo nunca coincide con la verdad: O es media verdad o verdad y media”. También se puede decir que a FS le gustan los juegos artificiales, que no por ser artificiales dejan de ser fuegos.Pues bien. Me encontraba leyendo la perspicaz y sazonada reseña de Soldados de Salamina (el libro de Javier Cercas y la película de David Trueba), cuando me topé con una sentencia de Francois Truffaut, aquel director de Los cuatrocientos golpes, Jules et Jim y La noche americana. Según FS el francés aconsejaba: “No hay que tomar muy en serio las opiniones, puesto que son las personas las que importan y éstas, con suma frecuencia, son mejores que lo que opinan”.La frase tiene gracia y el tema es relevante: Distinguir entre las opiniones y las personas. Pero me temo que no es muy exacta. Las personas y sus opiniones no pueden escindirse de manera radical. Es más, suelen ser una y la misma cosa. Una y otra viven entreveradas y se modulan mutuamente. Tan difícil es separar a los dichos del individuo que en el Código Penal existen sanciones para las personas por sus opiniones.La difamación y la calumnia no son más que opiniones, dichos, aseveraciones sobre terceros, y la manera de atajarlas es penalizando a los emisores, es decir, a los tipos que las profieren. Y no puede ser de otra manera.Las opiniones existen -sonríe Perogrullo- gracias a que alguien las pronuncia. Pero además, y por desgracia, en muchas ocasiones las personas son peores que sus opiniones. Pensamos en todos aquellos que hablan de justicia, respeto a los derechos humanos, democracia, paz, desarrollo, etcétera, y contrastémoslos con sus actos.No obstante, en algo fundamental Truffaut tiene razón: Son las personas las que importan (más). Y por ello vale la pena pensar en el distinto trato que merecen las opiniones y los individuos. En esas divagaciones ociosas andaba, cuando recordé un episodio que quizá fue el causante de que me detuviera en el ingenioso pero medio falso y medio verdadero dictado del cineasta de la “nueva ola” (hoy más bien añeja) francesa.Hace ya demasiados años fui a hablar con el maestro Henrique González Casanova. Él era entonces miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y yo profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Se trataba de una típica audiencia en la que los integrantes de la Junta suelen escuchar a aquellos que desean argumentar a favor o en contra de los candidatos que aspiran a ocupar la dirección de alguna facultad, escuela o instituto. El maestro tenía fama de ser un hombre que conocía todos los intersticios de la UNAM, poseedor de una enorme cultura, y ácido y mordaz al momento de acuñar frases.En la reunión, por supuesto, subrayé las tintas para resaltar los atributos del candidato al que apoyaba, y cuando don Henrique me preguntó por otro de los contendientes que por supuesto yo no quería que llegara a la dirección, me apresuré a decir algo como lo siguiente: –Respeto mucho sus opiniones, pero...Me interrumpió alzando la mano izquierda y luego de unos instantes me dio una lección:–Mire usted, se respeta a las personas, se combate a sus ideas. Enmudecí.Y en efecto, tenía razón. No obstante, esa cátedra no resulta fácil de asimilar. El seguimiento de la vida pública a través de la prensa y las revistas, de la radio y la televisión, está plagado de ofensas, presunciones, improperios contra las personas, y somos incapaces, en buena medida, de discutir las ideas. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero mejor doy por bueno que el lector tiene suficiente tela de donde cortar. Los adjetivos que colocamos contra nuestros adversarios pueden ser floridos o grises, ingeniosos o rutinarios, pero en no pocas ocasiones rehuímos debatir las propuestas, desmontar los argumentos, contradecir las opiniones. Ese método (por llamarlo de algún modo) que todo lo personaliza diluye la dimensión de las ideas y adelgaza el debate público.Se pueden y se deben combatir las opiniones sin agredir a las personas. Si bien toda idea tiene un responsable (o responsables), si, en efecto, lo que uno piensa y dice acaba modelándolo, si no existe una dimensión sin la otra, el trato hacia ambas (la opinión y la persona) puede ser radicalmente distinto. Criminal, si se quiere, contra las ideas, respetuoso de las personas.Y todos estos rodeos ¿a qué vienen? ¿Se trata de un sermón de urbanidad? ¿De un nuevo manual de Carreño? Quizá de aprender a vivir en un mundo plagado de opiniones encontradas, sin dejar pasar tonterías y consejas delirantes, pero sin necesariamente agredir a sus emisores. O como diría un cómico de carpa o un profesor de Secundaria: “Vámonos respetando”.

ESTADOS UNIDOS "MINORICANOS"

JOHN M. ACKERMAN

Lo histórico de la más reciente jornada electoral de Estados Unidos no es solamente la victoria de Barack Obama, sino sobre todo la reconfiguración del perfil del electorado. El cambio del color de la piel del próximo presidente es apenas el síntoma de una transformación más profunda en el país vecino. Estados Unidos ha dejado de ser un país de blancos anglosajones y se está convirtiendo en una nación en la que las "minorías" negras, latinas, asiáticas, católicas y musulmanas se vuelven la mayoría. Para 2006, 12.2% de la población estadunidense pertenecía a la raza "negra", 14.8% al segmento "latino" y 4.3% al "asiático". Sin embargo, tales alineaciones raciales están cambiando a un paso muy acelerado. De acuerdo con el censo norteamericano, entre 1980 y 2006 la población latina aumentó 203.4%, la asiática 275.9%, mientras que la población negra creció 44.7%. Estos ritmos de crecimiento contrastan con el número de blancos, que únicamente aumentó 27.3% durante el mismo período. Así mismo, datos del Pew Hispanic Center proyectan que la población latina, y particularmente el grupo hegemónico mexicano, se triplicará entre hoy y el año 2050. El resultado será que en ese año los blancos se convertirán en una minoría más para representar apenas 47% de la población, y las personas de etnicidad latinoamericana se convertirán en la segunda minoría al representar 29% de la población total. Obama ganó la elección presidencial principalmente por el apoyo tanto de estos grupos étnicos como de los jóvenes. Las encuestas de salida revelan que conquistó dos de cada tres votos latinos, casi todo el voto de los afroamericanos y 67% del voto de los jóvenes menores de 30 años. Así mismo, 75% de las personas que votaron por primera vez apoyaron a Obama.Uno de los problemas centrales con la democracia estadunidense había sido el conservadurismo generalizado de su población. En México contamos con una saludable tradición de movilización popular y un gran legado de defensa de la igualdad y los derechos sociales emanada de la Revolución Mexicana. En contraste, en Estados Unidos la tradición política predominante había sido el elitismo y la exclusión heredados de los colonizadores terratenientes y esclavistas que encabezaron la guerra de la Independencia en el siglo XVIII. Así mismo, esta veta conservadora ha sido hábilmente explotada por los medios de comunicación. Los principales canales de televisión en Estados Unidos sistemáticamente atizan el miedo de la población y fortalecen los estereotipos de las "minorías" raciales y étnicas. Sin embargo, hoy esta lógica colonizadora está siendo reemplazada con una nueva lógica de la lucha solidaria desde abajo, procedente de las "minorías" que persiguen la justicia, la igualdad y la dignidad. Algunos expertos en la materia, como el doctor Jack Fong, de la California State Polytechnic University, incluso han empezado a hablar de una nueva conciencia minoricana basada en la visión y la experiencia histórica de estos grupos étnicos. Esta conciencia de las minorías estaría destinada a reemplazar a la conciencia "americana" heredada de los primeros colonizadores (habría que recordar que la palabra "américa" viene del primer nombre de Amerigo Vespucio, colonizador italiano contemporáneo de Cristóbal Colón). En consecuencia, a partir de la victoria de Obama podríamos empezar a hablar de los Estados Unidos Minoricanos en lugar de los Estados Unidos de América.No sabemos qué tipo de políticas vaya a implementar Obama al llegar a la presidencia. Ha recibido grandes cantidades de dinero de los capitanes de la economía estadunidense, así como la bendición de Wall Street. Como Vicente Fox, podría resultar una gran decepción para muchos de sus seguidores que esperan una transformación integral tanto del proyecto de nación como de la proyección internacional de Estados Unidos.Sin embargo, el gobierno de Obama también podría implementar cambios estratégicos que impliquen un verdadero cambio de rumbo para el país. Desde hace casi dos siglos, aproximadamente cada 30 años ha habido un cambio estructural en la configuración de las fuerzas políticas y sociales en Estados Unidos. En el siglo XIX, Andrew Jackson, Abraham Lincoln y William Jennings Bryan encabezaron transformaciones históricas. En el siglo XX, Franklin Delano Roosevelt (FDR) fue el presidente del New Deal que priorizó las obras públicas, la regulación económica y la tutela de los derechos sociales. El pacto social inaugurado por Roosevelt perduró hasta la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en 1980, quien repudió tajantemente el legado de FDR. "El gobierno no es la solución a nuestros problemas, sino es el problema", declaró Reagan en su toma de posesión. Su llegada a la Casa Blanca implicó el inicio del neoliberalismo en Estados Unidos y en el resto del mundo, así como la abdicación de la responsabilidad gubernamental por proteger y cuidar a los ciudadanos. Hoy, sin embargo, el péndulo ha regresado y se abre la posibilidad de un cambio histórico en sentido contrario al neoliberalismo. Si Obama tiene la astucia y la habilidad para jugar sus cartas en este momento de crisis y transformación, bien podría llegar a ser un presidente mucho más importante incluso de lo que fue John F. Kennedy. La llegada de Kennedy a la presidencia implicó un gran logro por su juventud, su origen católico y su mensaje de esperanza. Sin embargo, sus logros gubernamentales fueron menores. En contraste, el contexto histórico actual pone el escenario para que Obama pueda implementar transformaciones fundamentales en el modelo económico, el sistema de protección social y la proyección internacional de Estados Unidos. Por el bien de los estadunidenses y de los ciudadanos en todo el mundo, esperemos que este sueño se haga realidad.

EL ENEMIGO EN CASA

RAUL CARRANCÁ Y RIVAS

La última noticia en materia de seguridad pública y procuración de justicia es que se tiene al enemigo en casa. Graves, gravísimas filtraciones de información y de presunta protección a narcotraficantes, lo mismo en la Procuraduría General de la República que en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tienen conmocionada a la opinión pública. Altos funcionarios de ambas dependencia del gobierno son investigados. Pero es tan grave como esto, a mi juicio, la omisión del propio gobierno de no haber empezado por allí en su tristemente célebre enfrentamiento con la llamada delincuencia organizada y con el narcotráfico. ¿Qué acaso los servicios de inteligencia no informaron al respecto al Presidente de la República? En cambio se ha librado una batalla incruenta entre el Ejército mexicano y las fuerzas de la criminalidad, han caído y siguen cayendo todos los días delincuentes y militares, policías, ciudadanos inocentes, familias enteras, jóvenes y hasta niños, en medio de un panorama aterrador de secuestrados, decapitados y mutilados. Saldo sangriento de una política equivocada que revela, quiérase que no, ineficacia, irresponsabilidad e incluso colusión con los criminales a sólo veinticuatro días de la fecha límite para que se cumplan los compromisos asumidos por la autoridad. La verdad es que se le vendió muy cara al Presidente una reforma constitucional sobre seguridad pública y justicia, reforma plagada de lamentables errores de técnica legislativa, de confusiones doctrinales, de violaciones a la letra y al espíritu de la misma Constitución, la cual consagra -así debe ser- la presunción de inocencia pero conserva contradictoriamente (de muestra basta un botón) la prisión preventiva y el arraigo, ambos aplicables... antes de que el juez dicte su sentencia absolutoria o condenatoria. Entonces, ¿cuál presunción de inocencia? Ahora bien, es terrible que el enemigo esté en la propia casa y a la vista de ello resalta una conclusión, a saber, la de que todo lo que se viene haciendo no es tan importante ni trascendente como se dice ya que el mal ha invadido zonas neurálgicas del gobierno. ¿Por qué no se lo extirpó antes? ¿Porque no se supo o porque no se quiso saber? La propaganda oficial pregona triunfos indiscutibles aunque parciales, limitados, o sea, reducidos a dos, tres, cuatro, cinco o más individuos por más importantes que sean. ¿Y el resto? ¿Y los demás? ¿Y las agrupaciones criminales que extienden sus devoradores tentáculos? ¿Qué con aquellos triunfos, que desde luego equivalen a detenciones sorpresivas y sin duda relevantes, se le habrá dado un duro golpe al poder delictivo de filtración y de compra de voluntades? Es muy dudoso por no decir que imposible. Y mientras tanto, repito, las "nuevas" reformas de contenido penal a la Constitución, pomposamente anunciadas, amenazan al delincuente con penas severas, severísimas, que de nada o de muy poco sirven (por no ser ejemplares ni útiles tampoco han servido en el pasado) y que "defienden" a la víctima del delito con fórmulas posteriores a la comisión de éste. Es decir, después de niño ahogado... Y el mensaje de respuesta, si cabe el término, es una derrama impresionante de sangre y de dolor. ¿Se va ganando? ¿Se va perdiendo? ¿Se dan pasos sólidos en la solución del problema que nos aqueja? Hace unos momentos, al escribir este artículo, en la radio y la televisión se informó de algo extraordinariamente grave, de la muerte, entre otros, del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y del ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, quienes viajaban en un jet que se desplomó. ¿Accidente? ¿Casualidad? ¿Venganza? Ya verá usted que los peritos "oficiales" dirán, muy probablemente, que se trató de eso, de un accidente (el vuelo iba bien, a la perfección, sin motivo alguno de alarma...¡como si los actos criminales no pudieran ser sorpresivos en medio de la aparente calma!) y que no hay pruebas o indicios suficientes que permitan suponer una acción de esa clase. Pero el hecho concreto es que se trata nada menos que del secretario de Gobernación, el "segundo de a bordo" en nuestro sistema político, y de un ex subprocurador comprometido a fondo en el combate al narcotráfico. La acción "casual" o constitutiva de delito ha llegado al borde de la cima, de la cúpula del poder. Es equivocada la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Absurdas reformas penales a la Constitución. Presencia del ejército. Enfrentamientos cotidianos. ¿Esto se ha traducido en resultados positivos? Y faltan veinticuatro días...

IFE PARCIAL

JOHN M. ACKERMAN

El doble rasero que el Instituto Federal Electoral (IFE) ha utilizado en relación con las quejas contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) demuestra que el nuevo Consejo General incumple con los principios rectores de independencia, imparcialidad y objetividad señalados en el artículo 41 de la Constitución. En el caso del PRD, el IFE hizo circo, maroma y teatro para reunir pruebas y construir el argumento que le permitiría emitir una “sanción ejemplar”, equivalente a 57 millones de pesos, para castigar el plantón de Paseo de la Reforma, el bloqueo del Informe de Vicente Fox y los disturbios en la toma de posesión de Felipe Calderón. En contraste, la autoridad electoral rápidamente dio carpetazo a las quejas contra el PAN por los anuncios ilegales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Esta situación fue tan evidente que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió devolver el expediente del CCE al IFE la semana pasada. Seguramente, los magistrados del tribunal próximamente también estarán regresando el caso de la multa al PRD por los evidentes yerros y omisiones legales.
Para sustentar la multa contra el PRD, el IFE efectuó instrumentaciones notariales, giró múltiples oficios, examinó cientos de artículos periodísticos y elaboró un estudio pormenorizado, si bien algo exagerado, de las normas correspondientes. Los consejeros recurrieron a la legislación y la jurisprudencia en la materia para sostener que los partidos políticos no solamente están obligados a respetar la ley, sino también a vigilar la actuación de sus militantes e incluso la de aquellos que simpatizan con su causa.
En el caso del CCE, las irregularidades y responsabilidades que se configuran son de mucho mayor alcance. Sin embargo, el IFE sistemáticamente se ha negado a investigar a fondo, confiando en la palabra de Germán Martínez Cázares, los abogados del CCE y la Secretaría de Gobernación.
Una clara muestra de la falta de rigor con la que la autoridad electoral se ha conducido es que increíblemente hoy todavía no sabemos cuántas veces los dos polémicos anuncios aparecieron en la televisión ni cuánto costaron al organismo empresarial. Con la mano en la cintura, el CCE se ha negado a informar al IFE. La Secretaría de Gobernación, en voz de Irma Pía González Luna (hermana de la ex consejera electoral Teresa González Luna), informó, de manera por demás inverosímil, que había detectado una sola transmisión de cada uno de los anuncios. Ante tales evasivas, los consejeros cómodamente se quedaron con los brazos cruzados, en clara violación del “principio inquisitivo” que debería regir su actuar.
Asimismo, la autoridad electoral jamás ha pedido los datos sobre la transmisión de los anuncios directamente a las mismas televisoras. Finalmente, la empresa IBOPE tuvo que haber acopiado toda esta información como parte de su monitoreo de las campañas electorales, de acuerdo con el reglamento de fiscalización y el contrato celebrado con el IFE. Sin embargo, la empresa simplemente dejó fuera de su reporte toda la información al respecto. El IFE nunca le llamó la atención sobre el particular, ni ha vuelto a solicitar a la empresa esta crucial información.
Uno de los grandes avances de la reforma constitucional en materia electoral del año pasado fue la eliminación los secretos bancarios, fiscales y fiduciarios para el IFE. Hoy, la Unidad de Fiscalización, si lo quisiera, podría tener acceso directo a toda esta información tan delicada para poder culminar sus investigaciones. Sin embargo, en lugar de utilizar sus nuevas facultades para conseguir copias de las facturas y los movimientos bancarios que sustentaron la transmisión de los anuncios del CCE, el IFE simplemente ha abdicado en su responsabilidad. Esta información es particularmente relevante porque incluso podría configurarse el delito de fraude fiscal, si las empresas del CCE reportaron estos gastos como operaciones mercantiles en lugar de darlas de alta como contribuciones políticas.
Respecto de la vinculación entre la campaña televisiva del CCE y el PAN, el IFE se conformó de manera irresponsable con los escuetos “deslindes” expresados por el entonces representante del PAN ante el IFE, Germán Martínez, y el CCE. Por ejemplo, en su oficio al abogado del CCE, el IFE cándidamente le pregunta si “la Asociación Civil que usted representa o alguno de sus miembros pertenecientes a los órganos de dirección de la misma, pertenecen a algún partido político, agrupación política u organización adherente a cualquiera de ellos”, a lo que el representante contesta con un llano y sobre todo falaz “No”. En su resolución el IFE toma esta respuesta como buena sin más.
Con mucha razón, el tribunal electoral en su sentencia reprocha la “conducta pasiva y tolerante” del IFE y censura los criterios “dogmáticos” que adoptaron los consejeros en la resolución del caso. Todavía tenemos ante nosotros una última oportunidad para que los consejeros electorales, sobre todo los de reciente ingreso, salven la cara. Habría que investigar el asunto del CCE a fondo y llamar a cuentas al PAN por su complicidad con esta ilegal y anticonstitucional campaña emprendida por los poderes fácticos.

EL GRAN VENDEDOR

LORENZO CÓRDOVA

Jorge Castañeda es uno de los intelectuales más reconocidos del país. Conocedor profundo de la realidad política mexicana y de sus intríngulis y componendas, el ex canciller demostró poseer, en los meses pasados, otra gran virtud: la de ser un gran vendedor.
Luego de un largo litigio ante instancias judiciales nacionales y del sistema interamericano de derechos humanos, Castañeda obtuvo una victoria parcial —y menor frente a las pretensiones originales que plasmó en su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después— en su batalla jurídica porque se condenara a México por violar sus derechos políticos al no reconocer las candidaturas independientes, y su derecho de acceso a la justicia por no prever rutas jurídicas para protegerse como ciudadano frente a leyes electorales presuntamente inconstitucionales.
Castañeda y diversos intelectuales han dicho que el reconocimiento de la CIDH —de que en su momento y como consecuencia de una desafortunada interpretación de la Suprema Corte de 2002, no existía una ruta jurídica para protegerse frente a las eventuales inconstitucionalidades del COFIPE— es una victoria en toda la línea.
El problema es que ésa es una verdad a medias: la CIDH también dijo que el hecho de que la ley electoral mexicana no reconociera la figura de las candidaturas independientes no significaba —como pretendía Castañeda y consta en su demanda— una violación al derecho político de ser votado consagrado en el artículo 23 del Pacto de San José y que, además, si bien existió en su momento una violación al derecho de gozar de una vía jurídica expedita y efectiva para proteger sus derechos (artículo 25 de la Convención), la reforma electoral de 2007 (ésa que Castañeda y otros impugnan) creó esa vía al reconocerle al Tribunal Electoral la capacidad para juzgar la inconstitucionalidad de leyes electorales (negada en 2002 por la SCJN), con lo que aquella violación ya no subsiste.
En todo caso, lo que nos enseña el litigio es que la decisión restrictiva que en su momento equivocadamente tomó la SCJN tuvo consecuencias negativas para el Estado; y leer restrictivamente al derecho es tan malo, por cierto, como hacer una sobrelectura del mismo.

¿QUIÉN ES EL SOBERANO?

PEDRO SALAZAR UGARTE

El 29 de septiembre la SCJN, en votación divida, decidió que los jueces de distrito pueden conocer de amparos contra reformas constitucionales. Por unas horas pareció que la reforma electoral podía ser declarada inconstitucional. El Consejo Coordinador Empresarial celebró el fallo. El abogado del propio CCE, Adolfo Arrioja, anunció el asalto definitivo: “lo primero que haremos será plantear la suspensión de los actos reclamados. Porque si obtenemos esa suspensión mientras se resuelven los amparos, va a quedar en suspenso la reforma constitucional y entonces se van a poder contratar espacios en radio y televisión en las elecciones federales de 2009” (La Jornada, 01/10/08). Para Sergio Sarmiento se trató de una “noticia maravillosa” (Reforma, 30/09/08).
Los senadores reaccionaron: Beltrones advirtió que “sería un exceso por parte de la Corte tratar de limitar el ejercicio del Poder Constituyente, porque la división de poderes sufriría en consecuencia…” (Reforma, 30/09/08); Creel advirtió: “la tensión que origina este fallo es muy fuerte, porque el Constituyente Permanente es un poder que constituye a otros, incluida la Corte” (ídem); Monreal fue más lejos: la Corte “aceptó solamente los que promovieron los intelectuales y los empresarios. Fíjense qué grave precedente para el país, de nueva cuenta la justicia se compra, la justicia es para los poderosos” (ídem). En el fondo merodeaba una pregunta: ¿quién es el soberano?
El 2 de octubre la SCJN —de nuevo con voto dividido— reculó parcialmente y precisó que lo único impugnable mediante el juicio de amparo son posibles vicios de procedimiento en las reformas y no el contenido de las mismas. Y, por tanto, admitió sólo 27 de los 42 amparos presentados. Ante la decisión, Arrioja mantuvo la sonrisa: citando a Cossío, ministro ponente, el abogado de los empresarios advirtió que “estamos al inicio de un largo camino en el que todavía se pueden presentar varias situaciones”. Y arremetió contra “…los pronunciamientos exaltados y hasta groseros de algunos senadores que no entienden ni respetan el principio constitucional de la división de poderes que se expresa en la independencia de nuestro Máximo Tribunal…” (Reforma, 06/10/08). ¿Será? (PSU)

SUELDOS DE LA SUPREMA CORTE: ¿UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL?

ERNESTO VILLANUEVA

El acceso a las cantidades de recursos económicos que el Estado asigna a los servidores públicos, conocidos como sueldos, bonos, compensaciones y cualquier otra denominación similar, representa uno de los puntos de partida de la rendición de cuentas y es una obligación legal, de acuerdo a lo que establece el artículo 7, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus similares en los estados. Es por esta razón que ha llamado la atención la clasificación de información 39/2008-A del Comité de Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos.Primero. El conocimiento del salario de los servidores públicos permite a la sociedad saber cuánto cuesta el aparato burocrático, realizar análisis comparativos y de resultados de la función pública y ejercer escrutinio social del Gobierno. De esta suerte, la información en manos del público incrementa los costos del ejercicio arbitrario del poder. Más todavía, se puede afirmar que a mayor acceso a la información por parte de todos, menores márgenes de maniobra para el mal uso de los recursos públicos.Segundo. El Comité de Información de la Suprema Corte ha establecido alcances y límites del acceso a la información en materia de sueldos de la Corte. ¿Es correcto que se puedan establecer límites? Estoy convencido de que así es, siempre y cuando sean resultados de una adecuada ponderación entre el derecho a saber y el derecho a la vida privada. Rafael Coello Cetina, Alfonso Oñate Laborde y Aristófanes Benito Ávila Alarcón, integrantes del Comité, han sostenido que es un derecho conocer los sueldos, pero no el acceder a los recibos de nómina, como requisito imprescindible para ejercer aquél. Esto parece una contradicción, pero realmente no lo es. La resolución del Comité respeta el espíritu de la ley y me parece razonable. No lo es, sin embargo, el fundamento legal que invocan para llegar a esa decisión.Tercero. Es un derecho saber cuánto gasta el Estado en los servidores públicos, pero no -y es muy importante subrayar- qué hace el funcionario con su dinero. Los tabuladores de sueldos representan en abstracto cuánto ganan los servidores públicos, pero los recibos de nómina concretan situaciones personales que, por esa razón, pueden ser distintas. En efecto, en los recibos de nómina se incluyen los descuentos por múltiples concepto posibles, que van desde pensiones familiares hasta préstamos personales. Por ello, puede darse el caso que los recibos de nómina registren cifras distintas a pesar de tener el mismo tabulador salarial. Los recibos de nómina integran dos momentos, el monto salarial, de conocimiento público, y el destino inicial que cada servidor público decide darle a su sueldo, que representa un dato personal. En otras palabras, tal y como se procesan ahora los recibos de nómina contienen una mezcla de datos públicos con datos personales, los cuales constituyen una excepción del derecho a conocer, conforme a lo previsto en los artículos 18, fracción y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia. Cuarto. En lugar de invocar simple y sencillamente esas causales, el Comité de manera forzada -como causales esenciales para clasificar la información-, apela a ¡la seguridad nacional y la salud de los ministros! ¡Qué necesidad! Ese ejercicio en lugar de fortalecer una decisión correcta como para mí lo es, genera confusión y envía señales equívocas a la sociedad. La desafortunada forma en que argumenta y fundamenta el Comité, así como la deplorable política de comunicación social de la Corte que no ha reaccionado para explicar el sentido puntual de ese acuerdo de clasificación, hace aparecer a la Suprema Corte como un órgano opaco y regresivo, cuando en este caso, al menos, no lo es.

EL MONOPOLIO DE LA NACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN PETROLERA

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

En la reciente aprobación de la reforma petrolera, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, por desgracia no se tuvieron en cuenta la letra ni el fondo del párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución. En efecto, allí no sólo se prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos en materia petrolera sino que terminantemente se dice que "la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos (petróleo, carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y minerales radioactivos), en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva"; la que por elemental sentido común y jurídico no puede rebasar el mandato superior constitucional. Sin embargo el nuevo artículo 6º de dicha Ley Reglamentaria, ya aprobado por el Congreso de la Unión, determina en lo conducente que: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros". Así que la paraestatal puede celebrar contratos y al mismo tiempo mantener aquél control. ¡Es una contradicción! ¿Por qué? Porque la expresa disposición constitucional de que "la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos" es un auténtico monopolio a su favor, ya que monopolio es "el ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio e influencia consiguientes". "Ejercicio exclusivo". ¿Y dónde queda la exclusividad si se permiten los contratos? Y es un paralogismo sostener que la Constitución sólo alude a cierta clase de contratos y no a otra, que son los de obras y de prestación de servicios. La verdad jurídica es que si la ley no tiene uno por qué distinguir. Por otra parte hay que entender el contenido, el fin, el propósito último del mandato de la Constitución. Al prohibir el artículo 27 el otorgamiento de contratos no se refiere al caso de que la paraestatal no pueda contratar a una persona con el carácter de empleado de la empresa, puesto que aquí nada más se contrata, digamos, la fuerza laboral de un individuo sin que ello afecte en lo más mínimo la explotación exclusivamente reservada a la Nación. El hecho concreto es que la Carta Magna prohíbe los contratos, siendo que los denominados de obras o de prestación de servicios, permitidos en el artículo 6º de la Ley Reglamentaria aprobada, por su condición de contratos se hallan vedados por la Constitución. Es tan claro lo anterior que corre el riesgo de ser a su vez una verdad de Perogrullo. No obstante hay que insistir en esto ante la ceguera generalizada de no ver lo evidente. Lo que pasa es que en el Congreso de la Unión, y los mismos diputados y senadores lo pregonan con orgullo, se ha privilegiado, como dicen, la solución política incluso a costa del Derecho, con la consecuencia de caer en el terreno sinuoso de los favoritismos de partido. Ahora bien, yo no defiendo a ultranza el artículo 27 de la Constitución. Pero está allí, en la misma Ley Suprema que diputados y senadores han protestado guardar. Lo que extrañamente no se entiende o no se ha querido entender, dándole rodeos y vueltas al precepto supremo, es que la violación de un artículo constitucional implica, automáticamente, la violación del Estado de Derecho. Si el artículo 27 es obsoleto, si ya transcurrió su hora histórica, si es un impedimento para la salvación y superación de PEMEX, ¿por qué no se lo quita de la Carta Magna? ¿Por razones políticas? ¿Otra vez la política sobre el Derecho? Algunos alharaquean que en otros países todos los partidos, de izquierda, de centro y de derecha, han coincidido en robustecer sus empresas petroleras con la aportación de la iniciativa privada. Hasta Cuba, dicen. Tal vez ello sea bueno, tal vez no. Habría que analizarlo a fondo. Pero en México tenemos el artículo 27 de la Constitución y yo creo que en el asunto del petróleo el Presidente de la República no tuvo el valor, ni el coraje, ni la decisión jurídica, de señalar directamente, con todos los riesgos que esto lleva implícito, la posible obsolescencia del artículo 27 proponiendo por lo tanto modificarlo. Lo que ha hecho en cambio, con resultados ambiguos e incluso desastrosos, es irse por el camino antijurídico de proponer, lo cual ya fue aprobado, que una ley reglamentaria suplante a la Constitución. La historia hablará. No todo ha concluido en estas horas tan convulsas.

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR EN MÉXICO Y EN MORELOS (SEGUNDA DE VARIAS PARTES)

JULIÁN GÛITRON FUENTEVILLA

PERSONAJES Con la presencia de distinguidas personalidades, estudiosos del Derecho Familiar, de la Medicina, de la Psicología y otras disciplinas afines, el congreso mencionado tuvo un gran éxito en las dos sedes en que se desarrolló. En la UNAM en Ciudad Universitaria y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, campus Cuernavaca.MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Con la convicción de desacralizar la imagen, que en el pasado proyectaba el órgano máximo jurisdiccional del país, que había devenido en una especie de cúpula, de lugar donde el conocimiento y las ideas eran exclusivas de un grupo determinado, la actual Suprema Corte de Justicia ha logrado penetrar los diversos sectores sociales, académicos, intelectuales, culturales, familiares y otros afines, para llevar el conocimiento, las máximas resoluciones en Derecho a las esferas y los campos que requieren entender, comprender, aceptar, saber, que el supremo tribunal, cuidando el fondo y las formas jurídicas, está siempre pendiente de dictar las tesis, las jurisprudencias y las contradicciones de tesis, que derivadas de diversos conflictos, en un momento dado tienen que ser resueltas con la última verdad, con la verdad histórica, con la verdad jurídica, con la que no admite concesiones y velando está siempre por la seguridad y bienestar de todos los mexicanos.La sobresaliente participación de tres de los once ministros de la Suprema Corte enriqueció de manera notable y singular el congreso multicitado. Las expectativas que se habían despertado en torno a estos tres personajes -Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Sergio Armando Valls Hernández y José Ramón Cossío Díaz- fueron rebasadas con la exposición que cada uno de ellos hizo; la primera al disertar sobre "La Justicia Constitucional en Materia Familiar", la cual fue muy ovacionada y al referirse a los conceptos, la salvaguarda del interés superior del niño; el derecho a la identidad de los menores; la pérdida de la patria potestad por abandono injustificado del hogar conyugal o por no pagar a tiempo o completo los alimentos por un plazo máximo de noventa días, dejaron en claro que el máximo órgano de la justicia en México estudia, analiza, reflexiona y emite las resoluciones que a su juicio son las mejores, en el caso concreto para beneficiar a la familia. La ministra Sánchez Cordero también reflexionó al analizar la conducta de los menores de 18 años, en cuanto al interés superior y la prioridad de la infancia, haciendo hincapié en el aspecto de las pruebas de los procedimientos.Al referirse en otra tesis aislada, destacó la importancia de la prueba pericial en genética (ADN) en los juicios de paternidad, subrayando que ante la omisión del cuestionario para el desahogo de aquella prueba, la admisión de la misma no vulnera las garantías de seguridad jurídica y legalidad. Resultó por demás interesante la referencia que hizo al divorcio necesario y la suplencia de la queja, diciendo que se pueden analizar las cuestiones distintas a las planteadas en los agravios de las partes, si ello resulta imprescindible para proteger debidamente el interés de la familia y en particular, los derechos e intereses de los menores. En otras cuestiones, mencionaron temas sobre las pensiones alimenticias, la donación, subrayando que la obligación de proporcionar alimentos, específicamente en lo que a la educación se refiere, no se extingue cuando se alcanza la mayoría de edad.La ministra Sánchez Cordero puso énfasis en los delitos cometidos entre los cónyuges y así habló del robo simple, figura que se tipifica, aun cuando aquel ilícito sea sobre bienes que pertenecen a la sociedad conyugal. Terminó su extraordinaria participación, afirmando, de acuerdo a la tesis 10/94, que el delito de violación surge aun cuando exista el vínculo matrimonial entre los cónyuges. Parafraseando a Gilbert Keith Chesterton, dijo la ministra Sánchez Cordero: "El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y al amor florecen, no es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia".MINISTRO SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZLa familia y su protección constitucional fue el tema de la conferencia magistral, abordado por el ministro Valls. Breve y buena fue la exposición que ante un auditorio pletórico -más de 750 congresistas inscritos- hizo, al comentar que la familia ha sido y seguirá siendo una gran preocupación para su debida protección de la Suprema Corte, la cual en reiteradas tesis, ha puesto de manifiesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene las normas y los principios de la protección de aquélla. Ratificó los diversos criterios que antes había expuesto la ministra Sánchez Cordero y coincidió con ella en que la familia merece toda la protección como célula social básica y fundamental de la sociedad y el Estado, por parte de los órganos que tienen en México la delicada función de administrar justicia, sobre todo en este renglón en que los intereses van más allá de cuestiones materiales o particulares, subrayando que la familia merece toda la protección que la ley fundamental de México le puede otorgar.La conferencia magistral dictada por el ministro Valls tuvo como premisa fundamental la preocupación constante y presente, no sólo en la primera sino también en la segunda sala del órgano jurisdiccional, lo que a asuntos de la familia y sus miembros se refiere.MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZEl orden público en el Derecho Familiar mexicano fue la cátedra que el ministro Cossío dictó en el auditorio "Emiliano Zapata" de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Puso en claro la evolución histórica y jurídica de este concepto y el de la familia. Hizo hincapié en que todo lo referido a esta institución social básica debe sujetarse a los mandatos legales, sobre todo en lo que al interés social, por su protección se refiere. Dejó en claro que el orden público en el Derecho Familiar es una premisa fundamental, presente en todas las resoluciones que en su caso son de la primera Sala o en otros del Pleno, para darle el sentido y la seguridad jurídica, al sostener que todas las cuestiones, las normas, las leyes, los decretos, las resoluciones que se dicten en tesis aisladas, jurisprudenciales o contradicciones, debe hacerse basados en el orden público; el cual se entiende como un conjunto de normas jurídicas, impuestas por la ley o el Estado en su caso, que la familia y sus miembros deben aceptar y cumplir sin protestar; en virtud de que los valores puestos en juego en la familia son superiores y van más allá de cualquier consideración privada o de cualquier consideración.Con un razonamiento claro y preciso, permitió que fluyera el conocimiento de las resoluciones jurisprudenciales, hasta el mínimo nivel, hasta donde no se requiera ni siquiera diccionario para entender lo que la Corte ha ordenado en Derecho Familiar. Citó varias veces a sus colegas -Sánchez Cordero y Sergio Valls- coincidiendo con ellos en la gran preocupación del máximo órgano jurisdiccional mexicano, por emitir las resoluciones jurídicas, justas y legales que mejor provean a resolver la problemática de la familia.De manera especial, el ministro Cossío Díaz se refirió a los tratados internacionales, vinculados con la familia, ponderando que la pirámide jurídica mexicana ha colocado y así lo ha ratificado la actual Suprema Corte, en primer lugar a la Constitución como ley suprema de la nación, después los tratados internacionales, entrando en este rubro cuando así le competa al Derecho Familiar; para después subrayar que vienen las leyes federales, las locales, las municipales y otras; éste fue el marco de referencia para analizar los conceptos de familia y orden público, haciendo una amalgama de ellos para, al final, exponer con toda claridad que todo lo que se refiera a la familia es de orden público y no civil ni privado. Igual que los anteriores ministros, José Ramón Cossío Díaz fue ovacionado, felicitado y reconocido, porque como sus colegas, haciendo gala del uso del tiempo, en pocos minutos expuso este tema tan trascendente y obviamente dejó satisfecha a la audiencia de congresistas ahí reunidos.MÁS PERSONAJES DE LA VIDA ACADÉMICA PRESENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONALPocos congresos, hasta donde nuestra memoria nos alcanza, no habíamos asistido a alguno de ellos, en el cual coincidieran y expusieran con apasionamiento, conocimiento, reflexión y pedagogía tres profesores eméritos de la UNAM de la Facultad de Derecho: Néstor de Buen Lozano, Fernando Flores García y Jorge Mario Magallón Ibarra dieron una cátedra de sabiduría en Derecho Familiar.NÉSTOR DE BUENEl maestro Néstor de Buen, quien en principio estaba anunciado con el tema el divorcio espurio, a propósito de la reforma del 3 de octubre de este año, la cual abrogó el divorcio necesario y dejó sólo el unilateral, tuvo en el profesor De Buen un giro de 180 grados, al manifestarse -mi apreciación personal no fue totalmente en ese sentido- a favor de la reforma. Sostuvo que el divorcio administrativo por mutuo consentimiento había desaparecido del actual Código Civil del Distrito Federal, lo que no corresponde a la realidad, porque el Artículo 272 que a esa materia se refiere, sigue vigente en los siguientes términos: "Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el juez del Registro Civil del lugar de su domicilio, comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y mayores de edad, y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.El juez del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen la ratificación, el juez del Registro Civil los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior.El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos, son menores de edad y no han liquidado su sociedad conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca el Código de la materia.Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores párrafos de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles". Éste es un divorcio por mutuo consentimiento. Al legislador se le olvidó su existencia. En este momento, la reforma del unilateral mantiene el bilateral por mutuo consentimiento ante el juez del Registro Civil, en los términos que hemos establecido. (Continuará)

LA NECESIDAD DE IMPORTAR LA GASOLINA

CARLOS ARRELLANO GARCÍA

En la opinión pública nacional se destaca el hecho de que, periódicamente, hay un incremento semanario de varios centavos a las gasolinas Magna y Premium. Este acontecimiento es apenas "la punta del iceberg". En esa virtud, es útil escarbar un poco para tomar conocimiento de la preocupante realidad que gira alrededor de ese ascenso constante de precios.Cabe recordar que, a partir del Gobierno de José López Portillo, se petrolizó la economía mexicana y nuestro país se convirtió en un alto exportador de petróleo crudo, sin que se tomase en consideración que el petróleo tiene el carácter de recurso no renovable. Con salida de enormes cantidades de petróleo crudo hacia el exterior, en nuestro país hubo ingresos asombrosos, más allá de lo que inicialmente se calculó, lo que engendró dispendios burocráticos sumamente elevados con un gasto público inusitado.Lamentablemente, hubo imprevisión y falta de talento gubernamental y no se tomó la medida de construir refinerías para satisfacer las necesidades internas del país. Ulteriormente, se tomó la decisión de construir una refinería pero, fuera del país. Se construyó la refinería en Deer Park, Texas, en asociación de capital con inversionistas norteamericanos y la dirección de la empresa se dejó en manos de norteamericanos, con los agravantes de que la fuente de trabajo quedó fuera de nuestro país y se originó un costo de traslado por la salida de petróleo crudo y por la importación de gasolina. Durante el régimen gubernamental del presidente Vicente Fox, se corrió la versión de que nuestro país construiría una refinería en un lugar de Centro América, sin precisar en qué país, lo que originó un interés real para los países correspondientes.La situación sufrió un cambio drástico, sucedió lo que era previsible, las cantidades asombrosas de petróleo crudo que se exportaron marcaron grave descenso en las reservas y, precisamente, en el momento en el que, simultáneamente se produjo un inesperado aumento muy cuantioso en el precio del barril de petróleo crudo. Tal situación hubiese sido satisfactoria en exceso si no hubiese estado acompañada por una elevación muy considerable del precio de la gasolina. No solamente se incrementó el costo de la gasolina, que hubo de importarse del extranjero, sino que aumentó la demanda de ese combustible hasta el grado de que, en México, de cada diez litros de gasolina, cuatro de ellos era menester traerlos del extranjero. En las altas esferas federales se optó por mantener bajo el precio de la gasolina que debía consumirse en México, por debajo del precio internacional. Esta decisión derivó en problemas fronterizos. Los consumidores norteamericanos, ubicados en zonas cercanas al territorio mexicano, se surtieron de gasolina barata y en la frontera sur, consumidores guatemaltecos también procuraron abastecerse de gasolina barata, lo que originó tráfico ilegal y contrabando de gasolina, con una fuga enorme de combustibles subsidiados. Incluso hubo automóviles de norteamericanos y guatemaltecos que, varias veces al día, llenaban sus tanques para revender el combustible. Hubo hasta vehículos que llevaban tambos llenos de gasolina mexicana e incluso se habló de corrupción de despachadores mexicanos. Se mencionó el uso de pipas que, en la madrugada, cargaban cantidades considerables de gasolina y hubo balsas para llevar gasolina en bidones al otro lado del río. Las poblaciones nacionales sufrieron desabasto y molestias. Así se inició una realidad adversa que subsiste.

OTRA CARA DE LA POLÍTICA

JOSE WOLDENBERG

Poco a poco (creo), como sociedad nos damos cuenta que la democracia no es el paraíso, apenas una forma de gobierno, superior al resto, pero cargada de dificultades para su operación.La tierra prometida que se desprendía de algunos discursos ingenuos o desinformados no existe y estamos frente a un arreglo político-institucional que permite la coexistencia y competencia de la diversidad política (lo cual no es poca cosa), pero en medio de un buen número de balanzas y equilibrios.El PNUD ha puesto el acento en los fenómenos que lesionan a la democracia en América Latina “desde fuera” (pobreza y desigualdad, déficit del Estado de Derecho, ciudadanía incompleta) o en el comportamiento de las elites (medios de comunicación, políticos).La Cepal insiste en que la precaria cohesión social persistente en nuestros países vulnera el sentido de pertenencia y con ello las posibilidades de reproducción armónica de la democracia. Vale la pena, sin embargo, pensar en los fenómenos connaturales a la democracia que inciden en su difícil operación. Se trata de las derivaciones propias de una forma de gobierno que asume que la soberanía reside en el pueblo y que el poder debe ser distribuido, vigilado y controlado de múltiples formas.Acudo a un sugerente libro de Pierre Rosanvallon, La contrademocracia (Manantial, Argentina, 2007), que intenta comprender de qué manera el arreglo democrático complica -desde dentro- su propio funcionamiento. Como forma de gobierno, la democracia tiene que lidiar con la desconfianza que se beneficia de dos nutrientes: Uno, de origen liberal, y los otros de matriz democrática.1. La preocupación liberalDesde sus inicios la pulsión liberal teme a la acumulación de poder y por ello, dice Rosanvallon, “el objetivo era proteger al individuo de las invasiones del poder público”. Se trata de garantizar una esfera en la cual el Estado no pueda intervenir de tal suerte que las libertades individuales puedan desplegarse (casi) sin interferencias.“Más democracia significa, bien mecánicamente en este caso, más sospecha hacia los poderes”. Se teme a la expansión de los segundos, a su fortalecimiento a costa de las personas, se desconfía del poder y la virtud aparece del lado de los ciudadanos. Ello está en el código genético de la democracia y sin esas condiciones esa forma de gobierno es imposible. No obstante, es una tensión que gravita en todo momento sobre la propia reproducción democrática. La suspicacia respecto a las autoridades es una mácula permanente.2. La preocupación democráticaEl resorte también es la desconfianza, pero de un tipo diferente. “En este caso, el objetivo es velar por que el poder sea fiel a sus compromisos”, para lo cual surgen “los poderes de control”, “las formas de obstrucción” y el contrapoder judicial. Se trata de “la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral”. De esta última emanan gobernantes y legisladores legitimados, de la primera, la vigilancia, los obstáculos y la tutela judicial.2.1. Vigilancia, denuncia, calificación. Una vez que los gobernantes son electos, una vez que la soberanía popular decide entre las diferentes opciones, se teme -y con razón- al mal funcionamiento de las autoridades. Y se ha encontrado, por lo menos retóricamente, que el gran antídoto es la vigilancia permanente del pueblo sobre las instituciones. Por esa vía, “la democracia del control está actualmente en auge”. Se trata de una serie de mecanismos, rutinas y expedientes que vigilan, denuncian, califican e inciden sobre la reputación de quienes ejercen el poder público. Es una sombra permanente y necesaria que acompaña el accionar de las instituciones, una fórmula de control (en ocasiones difuso) que modula y modela su accionar.2.2. La obstrucción. Por definición las sociedades democráticas son pluralistas. Y quienes gobiernan suelen encarnar las aspiraciones de sólo una franja de esa sociedad. De partida, territorios significativos de ese magma al que llamamos sociedad no se identifican con sus respectivos gobiernos. Ese caldo de cultivo es el que hace atractivo el resorte de la obstrucción. A los proyectos, de manera natural, le siguen los rechazos, y ello está en la base misma del arreglo democrático. La obstrucción además tiene un halo encantador: “Produce resultados que son realmente tangibles y visibles” y “las coaliciones negativas son más fáciles de organizar que las mayorías positivas”. Y si abrimos el campo de visión para observar no sólo las emanaciones propias del pluralismo, sino a los poderes fácticos, los resortes obstruccionistas aparecen con más fuerza.2.3 La judicialización. O la capacidad de apelar las decisiones de la soberanía o los gobiernos a través de la vía judicial. Lo empezamos a vivir en México: Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, más los amparos, como legítimos recursos para dirimir diferencias entre poderes, para declarar inválidas legislaciones, para proteger derechos individuales.Esas fórmulas “armonizan” los alcances que pueden tener los acuerdos de los representantes y los gobiernos. Se trata de mecanismos que protegen a los ciudadanos y acotan a las autoridades. Estamos, pues, ante una serie de candados que hacen complejo el funcionamiento de la democracia a partir de los propios principios que pone en acto el Gobierno democrático. No se trata de elementos ajenos, de apariciones impostadas, sino de fórmulas propias de un régimen de gobierno que intenta conjugar la soberanía popular y la vigilancia permanente sobre los gobernantes. Así, más vale aprender a vivir en ese laberinto.

POLÍTICA Y ECONOMÍA

MIGUEL CARBONELL

La sacudida enorme de la reciente crisis financiera, de alcances mundiales, ha demostrado una vez más la gran vulnerabilidad económica de México. El funcionamiento de nuestra economía no solamente está supeditado en gran medida a la suerte de la economía norteamericana, sino que carece de mecanismos de defensa en caso de cualquier tipo de ataque o problema mayúsculo. Varias empresas mexicanas grandes están pasando por severos apuros para hacer frente a sus deudas. A otras la crisis ha terminado por recortarles sensiblemente sus utilidades.
Por si fuera poco, algunas de las fuentes principales de nuestra riqueza son sumamente endebles: el petróleo, las divisas de los migrantes y los productos de la industria maquiladora.
La industria petrolera podrá acometer de forma limitada los cambios que necesita, en vista de la reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión. Aunque en la reforma se contienen claras señalas que indican en la dirección correcta, lo cierto es que el entorno de grave crisis y de descenso de los precios de petróleo se requería de una actuación más audaz de nuestros legisladores.
Las divisas de los migrantes pueden comenzar a evaporarse muy pronto, ya sea porque Estados Unidos endurezca su política de expulsión de migrantes irregulares o porque las complicaciones económicas cierren varios cientos de miles de fuentes de empleo, con el correspondiente efecto dominó hacia los ingresos de los migrantes. Por lo pronto los datos disponibles indican ya un repunte importante del desempleo en nuestro vecino del norte.
La industria maquiladora se enfrenta desde hace años a la feroz competencia de países que tienen un enorme potencial de crecimiento, en los que las condiciones laborales y la capacitación de los trabajadores son más favorables para las empresas. Brasil, China e India no cuentan con la cercanía geográfica con el gran mercado estadounidense que tenemos nosotros, pero de todas formas pelean por atraer las mejores y más grandes inversiones extranjeras. Es posible que las maquiladoras mexicanas sucumban en el futuro a los embates de esas potencias y nos quedemos sin esa parte esencial de nuestra producción económica.
Ahora bien, los problemas actuales y los que tendremos que enfrentar en el futuro no tendrán solución si nos quedamos con los brazos cruzados. Los países que cuentan hoy en día con economías competitivas no lo han logrado sin hacer un esfuerzo enorme para caminar en la dirección correcta. Lo que hace falta en México es definir con precisión cuál es el rumbo que queremos seguir y unir voluntades en esa ruta. Creo que serviría mirarnos en el espejo de España, que a finales de los años 70 comenzó una exitosa reconversión industrial y financiera que tiene a las empresas españolas hoy en día en un lugar muy destacado de la economía mundial (e incluso en la economía mexicana: basta con mirar a sectores como el de los bancos o el turístico).
Los políticos españoles de todos los partidos peleaban ferozmente por hacerse con el poder luego de la muerte del dictador Franco, pero siempre estuvieron unidos para lograr los grandes cambios económicos. De hecho, la alternancia en el gobierno no ha supuesto importantes vueltas de timón en la conducción económica del Estado español. Tanto el PSOE como el PP están de acuerdo en los conceptos fundamentales y sus diferencias son un tanto de matiz.
¿No sería bueno que en México tuviéramos en cuenta ese ejemplo, o cualquiera de los muchos que se podrían citar (el propio Brasil, pero también Chile y Colombia son casos de países parecidos al nuestro que han logrado importantes tasas de crecimiento en los años recientes), para comenzar a empujar en la dirección de una economía más competitiva, más robusta, con fundamentos sólidos, que nos hagan menos vulnerables a las crisis que provienen del exterior?
En esto tienen una gran responsabilidad nuestros políticos. Muchas veces pensamos que la política y la economía tienen vínculos muy débiles y que un buen político no necesariamente debe tener buenos conocimientos en materia económica. Grave error. La política incide directamente sobre la economía. Cada decisión (o no decisión) de nuestros legisladores tiene trascendencia económica. A fin y al cabo, sus errores y sus aciertos acaban repercutiendo siempre en nuestros bolsillos.
Por eso es que, frente a los procesos electorales que se avecinan, sería muy bueno que nuestros políticos pudieran demostrar que tienen buenos planes económicos, más allá de la tradicional retórica que suele acompañar a las campañas electorales y que se resume en más seguridad, más educación y más bienestar para todos. Esa canción ya llevamos años escuchándola sin que haya pasado nada, de modo que es tiempo de exigir un cambio de melodía y una mucha mayor preparación en quienes tienen que tomar las decisiones importantes. Y si no pueden, no saben o no quieren hacerlo que renuncien, como diría el clásico.

LA REVOLUCIÓN DE OBAMA

DENISE DRESSER

“El radicalismo de Barack Obama no se encuentra en sus posiciones políticas sino en su cara”, escribe Mark Danner y acierta al afirmarlo. El próximo presidente de Estados Unidos tendrá la piel negra y será electo a pesar de que su segundo nombre es Hussein. El siguiente inquilino de la Casa Blanca será un mensajero del cambio que lo lleva a la presidencia y del cambio que piensa empujar desde allí. Encarnará la posibilidad de franquear la distancia entre el mundo como es y el mundo como debería ser. Reflejará un radicalismo no sólo de color sino de surgimiento; de las condiciones que propician el ascenso increíble de un hombre improbable, en un país que se reconoce distinto.
Barack Obama, un fenómeno político nacido de la guerra en Iraq, de la debacle económica, de la pérdida de credibilidad estadounidense en el mundo, de las fotografías de Abu Ghraib, de la erosión de la clase media y del sentimiento extendido de malestar. Obama, un hombre producto de su tiempo que encarna lo mejor de Estados Unidos mientras aspira a tranformarlo.
Obama, emisario de una nueva generación y de un nuevo país. El vocero de décadas de lucha para construir una sociedad más equitativa y menos injusta. El mensajero de los que se rehusaron a someterse calladamente ante el odio, la opresión y el racismo. Obama carga el estandarte de Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt y Martin Luther King, quienes llevaron a Estados Unidos a un mejor lugar. Como lo argumenta la revista “The New Yorker” al endosar su candidatura: “La elección de Obama —hombre de etnicidad mixta, confortable en el mundo y totalmente representativo de la América del siglo XXI— lograría, de un solo golpe, revertir nuestra imagen en el extranjero y refrescar su espíritu en casa (…) Su ascendencia a la presidencia no podría sino decir algo esperanzador, casi estimulante sobre el país, su inclusividad, su fidelidad, después de todo, a los valores que proclama en los libros de texto”.
Barack Obama, un hombre poco propenso al drama, a la denostación del adversario, a la polarización política, a la estrategia del “divide y vencerás”. Un hombre de convicciones liberales pero posturas poco ideológicas. Un hombre que combina el idealismo inspirador con el pragmatismo implacable. Un hombre, como lo sugiere Charles Krauthammer, columnista del “Washington Post”, “con un intelecto de primera clase y un temperamento de primera clase”. Un hombre que aspira a sanar y a sumar en vez de confrontar y dividir. Adepto a la planeación, adicto a la disciplina, atento a las innovaciones tecnológicas, astuto en cuanto a la organización de su campaña. Obama es reflejo fiel de una era en la cual millones de estadounidenses exigen el fin del “politics as usual”, condenan la política de odios tribales, critican la brecha que existe entre la magnitud de los retos y la pequeñez del liderazgo, desdeñan esa zona muerta que es Washington hoy. Por ello logra armar una coalición inusitada, ganadora. Una base electoral compuesta por las clases profesionales, educadas, creativas, cosmopolitas, suburbanas, en ascenso. Una coalición en la que los Latinos y los afro-americanos juegan un papel sin precedente. Una alianza que incluye también, aunque de manera parcial, a la clase blanca trabajadora, atemorizada ante la crisis económica. Una nueva coalición demócrata basada no en la identidad religiosa o la etnicidad o la confrontación cultural, sino en la promesa de un crecimiento renovado. Obama ofrece la revitalización del “sueño americano”, basada en la visión de un país multiétnico, incluyente, joven, donde alguien como él puede aspirar a la Oficina Oval y ocuparla. Quienes piensan que Obama intentará emular a Bill Clinton —experto en la “triangulación” incrementalista— se equivocan. Sus ambiciones son más grandes; sus metas son más amplias. Barack Obama aspira a ser el Ronald Reagan de la izquierda. Un líder transformador, capaz de inventar una narrativa durable con la cual realinear al electorado. Un líder parteaguas, capaz de producir un nuevo paradigma sobre el papel del gobierno y la naturaleza de su intervención. Si los años de Reagan fueron de “trickle-down economics”, los años de Obama producirán un esfuerzo por construir la economía de abajo hacia arriba. Si la revolución reaganiana llevó a la desregulación gubernamental, la revolución de Obama entrañará la re-regulación en favor de un nuevo modelo económico: menos basado en el petróleo y más en la energía alternativa; menos basado en los recortes de impuestos a los ricos y más en maneras de impulsar a la clase media. No rechazará al mercado, pero insistirá en que funcione para la mayoría. No verá al gobierno como causa de los problemas, sino como catalizador para resolverlos. Y sus prioridades serán claras: estabilizar el sistema financiero; reposicionar a Estados Unidos como miembro de una coalición internacional constructiva; usar al gobierno para modernizar la infraestructura, reformar el sistema educativo, reconstruir el sistema de salud. Como él mismo lo ha reconocido, no será un presidente perfecto y se enfrentará a obstáculos muy grandes. Tiene una visión activista del gobierno en un momento en el que la situación fiscal de Estados Unidos ha deteriorado dramáticamente. Con qué pagará los cambios que promete impulsar? Obama estará al frente de un gobierno dominado por mayorías demócratas que quizás querrán promover una agenda distinta a la suya. Cómo domesticará a los más liberales de su propio partido? Obama ganará la elección, pero la mitad del país lo mirará con desconfianza. Cómo desactivará a la oposición que augura su fracaso? Ante esas preguntas, Obama sin duda respondería que ha llegado el momento de apostarle a la “audacia de la esperanza”. Que ha llegado la hora de comprender que aquello que une a los estadounidenses es más grande que aquello que los separa. Que es posible cambiar la calidad de la política y la vida cívica en nombre de un objetivo común. Que el debate público debe girar en torno a cómo resolver problemas y no sólo ganar argumentos.
Y quizás invitaría a los escépticos a hacer algo que él hace cuando empieza a flaquear su fé: correr por el Mall de Washington, donde Martin Luther King soñó con vivir en un país donde los hombre fueran juzgados no por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Y donde están grabadas en piedra las palabras de Abraham Lincoln: “nuestros padres forjaron en este continente, una nueva nación, concebida en libertad, y dedicada a la propuesta de que todos los hombres son creados iguales”.