LOS EXCESOS DE PEÑA NIETO, SIN LÍMITE

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Tal vez porque así lo demanda la necesidad de mantener en alto el rating del gobernador Enrique Peña Nieto, conseguido a base de dispendio en el gasto de comunicación social, la voracidad fiscal en el Estado de México no reconoce límites. Por un lado, se propone ganar dinero autorizando un espectáculo de luz y sonido en Teotihuacan, que quizá se frustró al comprobarse el daño que la instalación respectiva provoca en la estructura prehispánica. Y por otro asestó un golpe a miles de adultos mayores que venían gozando de un descuento en el pago de impuesto predial. Es verdad que el ingreso que resulta de eliminar esa exención va directamente a las arcas municipales, pero ese paso permite al gobierno estatal colmar sin cargo a sus propias finanzas reclamos de los ayuntamientos y de ese modo manejar mayores recursos para sus propios fines, entre ellas la de difundir la imagen del gobernador.Éste contó para ello con los diputados de la legislatura local. Sea por la proverbial incuria con que actúan los miembros de los congresos, que a menudo ni siquiera leen las iniciativas o los dictámenes que aprueban. Sea porque ha tenido éxito en la Cámara local la política de cooptación que permite al gobernador tener domesticada a la oposición (de todos los partidos y de todas las facciones de los partidos) el hecho es que sus proyectos transitan libremente el camino legislativo.En particular, por lo menos los miembros de la Comisión de Finanzas de la legislatura mexiquense no pueden alegar ignorancia sobre el particular. No sólo recibieron la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios para 2009, sino que el punto en particular, la modificación del régimen fiscal que otorgaba un descuento de 50% a los adultos mayores propietarios de bienes cuyo valor excede el millón y medio de pesos, fue defendida de viva voz el 4 de diciembre ante los diputados por el subsecretario de ingresos Aristóteles Núñez. Sin discusión, la iniciativa del Ejecutivo se convirtió en ley.Los cumplidos causantes mexiquenses que desde el primer día hábil de este año acudieron a saldar sus obligaciones fiscales, se encontraron con la sorpresa de que los adultos mayores no serán ya beneficiarios del viejo privilegio que está vigente en el Distrito Federal y en muchas otras entidades, y que forma parte de la panoplia de beneficios que diversos ordenamientos establecen a favor de las personas mayores de 60, ó 65 ó 70 años de edad, según los casos específicos. Apenas repuestos de la infame eliminación de ese trato fiscal explicable, habitantes de 22 colonias y fraccionamientos decidieron protestar ante el Ejecutivo.Se trata de un número importante de personas. Cálculos de las asociaciones que los representan establecen que en los siguientes fraccionamientos, sólo en el municipio de Naucalpan, los afectados suman varios miles de personas. En Ciudad Satélite, donde hay 10,000 viviendas, el 80% es propiedad de adultos mayores que gozaban de esa consideración, y llega al 70% en fraccionamientos como Tecamachalco, Lomas y Bosques de Echegaray, Lomas Verdes y Bulevares, que en conjunto suman un número semejante de viviendas.Anteayer, representantes de las asociaciones de colonos de esos 22 fraccionamientos presentaron en la oficina de Peña Nieto una carta protestando contra esa decisión dañina para el patrimonio de los adultos mayores, y demandando que el despropósito se corrija: “Vemos con pesar que nuestros legisladores desconocen la realidad que vive la ciudadanía naucalpense, ya que aprobaron la Ley de ingresos de los municipios del Edomex para el ejercicio fiscal 2009, que va en contra de las necesidades de nuestra población”, le dicen, como si ignoraran que fue el destinatario de su misiva el causante del mal que denuncian.También contra los diputados que avalaron tal voracidad recaudatoria se pronuncia uno de los afectados, el señor José T. Huerta, en una dolida comunicación al diario Reforma, donde denuncia este “atraco a la economía de los pensionados”: “Soy una persona de 69 años que inició su vida laboral a los 15; por lo tanto, tuve una vida productiva de 50 años en la ciudad de Metepec.“Ahora, al pagar el predial correspondiente a 2009, me he enterado que los señores legisladores tuvieron a bien decretar que no se hiciera el descuento de 50% que se venía haciendo a los pensionados si el valor catastral es superior a un 1.500,000 pesos, misma política que se aplicará en el pago del agua.“Ante esa atrocidad mi reacción es de rabia e impotencia por la injusticia de los señores que se supone que están para defender a los más desprotegidos... Haber trabajado toda una vida para obtener una casa, que en su momento ni soñando tendría un valor semejante, ahora los señores legisladores me castigan quitándome un beneficio honrada y justamente ganado.“Me pregunto si cuando estos legisladores se autoautorizan incrementos en sus sueldos y se autoaprueban la compra de sus lujosos carros y lo que gastan en sus comidas y festejos razonan de la misma forma que cuando autorizaron la eliminación del descuento a los pensionados.“También me pregunto si los señores cuestionan, o evitan o prohíben el dispendio del gobernador y de los presidentes municipales cuando derrochan el dinero construyendo pistas de hielo o promoviéndose con anuncios en radio y tele...”.—

LA HIDRA DE LA DELINCUENCIA

MIGUEL CARBONELL

El pasado 15 de diciembre, la CNDH dio a conocer un informe sobre el derecho a la seguridad pública que merece mucha mayor atención de la que se le ha prestado. De hecho, a partir de su presentación tendrían que haber renunciado muchos funcionarios en las áreas encargadas de la seguridad pública, tanto a nivel federal como en algunas entidades. No se sabe que ninguno de ellos lo haya hecho, ni se han dignado tampoco a contestar el informe o a dar su punto de vista en torno al mismo y a su contenido.
¿Qué nos dice la CNDH en su informe? En los últimos 11 años se denunciaron en México 18 millones de delitos. Ahora bien, la tasa de delincuentes sentenciados por la comisión de los mismos es muy baja, inferior a 10%. Por ejemplo, en 2006 se denunciaron un millón 580 mil probables delitos. Fueron consignados ante los juzgados de primera instancia 243 mil 617 casos y se obtuvieron 143 mil 927 sentencias condenatorias.
Ahora bien, la tasa de denuncias encubre lo que se llama la “cifra negra”, que es de 90% del total de delitos efectivamente cometidos. La cifra negra se integra por todos aquellos delitos que no son denunciados o que por cualquier razón no llegan a conocimiento de las autoridades. Tomando en consideración la cifra negra, la CNDH estima que durante los últimos tres años se han cometido 16 millones de delitos por año. Éstos han afectado a 48 millones de víctimas, es decir, 43 mil 835 diarias. La tasa de impunidad total se ubica en un escandaloso 98.76%.
Entre enero de 2006 y el 1 de diciembre de 2008 se han ejecutado a 10 mil 500 personas (5 mil 585 durante 2008). Hasta el 1 de diciembre de 2008 se habían ejecutado en México a 648 servidores públicos, encabezan la lista de funcionarios ejecutados Chihuahua con 142 y Sinaloa con 112 casos.
La CNDH nos alerta también, como lo han hecho diversas organizaciones ciudadanas, sobre la alta incidencia del terrible delito de secuestro. Entre 2001 y noviembre de 2008 se reportaron (por denuncia ante las autoridades) 5 mil 140 casos de secuestro. En esta modalidad delictiva la cifra negra se estima en 75%, de modo que en realidad durante ese periodo se han de haber cometido más de 20 mil 500 secuestros, lo que equivale a 2 mil 500 por año y siete por día. ¿Qué se puede hacer frente a esta hidra de mil cabezas, que parece dispuesta a terminar por siempre con nuestra calidad de vida y con las instituciones del Estado mexicano?
Las respuestas no son fáciles y no podemos caer en esquemas simplistas para hacer frente a un fenómeno extendido y complejo. Ahora bien, es obvio que el primer paso es contar con un diagnóstico completo y confiable de la situación en que nos encontramos. Sin embargo, aunque resulte increíble, la CNDH se queja en su informe de que no existen registros confiables que hagan referencia a cuestiones tan elementales como el estado que guardan las órdenes de aprehensión o reaprehensión que dictan los jueces, el número de averiguaciones previas archivadas o en “reserva”, el número de averiguaciones en los que el presunto delito se encuentra prescrito o los casos que no se han concluido por falta de informes que deben elaborar las policías ministeriales.
Y si no sabemos ni eso, sobra decir que la delincuencia le lleva una enorme ventaja al Estado mexicano. Se trata de una pelea entre un campeón mundial de boxeo y un contrincante cuyos entrenadores están en la nómina del rival, que debe pelear con un ojo vendado, sin piernas y con una mano amarrada. Así nunca vamos a ganarle la guerra a la delincuencia, por más que se sigan engañando nuestros políticos con sus absurdas cantinelas.

AVERIGUACIONES CONCLUIDAS

JACQUELINE PESCHARD

En diciembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer la reserva absoluta de las averiguaciones previas que lleva a cabo el Ministerio Público, independientemente de que estén en trámite o ya concluidas. La falta de distinción entre un proceso de investigación ya terminado y uno en curso impide cumplir con lo dispuesto por el artículo sexto constitucional de transparentar las acciones que llevan a cabo dependencias y entidades del gobierno, a fin de darle vigencia al derecho fundamental de los ciudadanos de acceder a la información pública.
Es cierto que, como cualquier derecho, el de acceso a la información pública tiene excepciones, entre las que se encuentran justamente los procedimientos que lleva a cabo una autoridad para perseguir un delito o castigar a un infractor, pero dicha excepción desaparece cuando la investigación está concluida y se conocen las consecuencias de la misma.
En el caso de las averiguaciones previas, las razones de la reserva son básicamente dos: 1) asegurar la eficacia de la acción investigadora que, de difundir la información, se vería afectada al alertar a los posibles delincuentes sobre las pesquisas que está desarrollando el Ministerio Público y 2) proteger el buen nombre de personas que se presume cometieron alguna violación a la ley, porque al final pueden resultar inocentes. Sin embargo, las causales de la reserva de la información pierden sentido una vez que la investigación ha concluido, ya sea porque no se encontraron elementos para inculpar al indiciado y se dicta el no ejercicio de la acción penal, o porque existen indicios de que se cometió un delito y se procede a consignar al culpable ante un juez.
Esta argumentación ha guiado sistemáticamente las resoluciones del IFAI sobre solicitudes de información sobre averiguaciones previas en manos de la PGR. Cuando las investigaciones sobre posibles delitos están en trámite o en reserva, las resoluciones han ratificado la clasificación de la información con objeto de proteger la adecuada función indagatoria; en cambio, en los casos en los que las averiguaciones previas han derivado ya en la consignación ante el juez o en el dictamen de no ejercicio de la acción penal, el pleno del IFAI ha resuelto la entrega de la información, siempre en una versión pública.
La característica de la versión pública es que permite dar a conocer las diferentes acciones o diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público, protegiendo la información sobre terceros involucrados, tales como testigos, víctimas u ofendidos. Dicho de otra manera, la versión pública se hace cargo de que transparentar la actuación de la autoridad no puede afectar a personas que son mencionadas en una averiguación previa.
La reforma en cuestión establece también que nunca será posible conocer qué servidores públicos estuvieron a cargo de la indagatoria, colocándolos en el mismo plano que los testigos o víctimas y evitando con ello que se sometan a la vigilancia de la sociedad. De nueva cuenta, optar por la reserva absoluta, sin distinguir la función específica que desempeñan los servidores públicos o la materia de la que conocen, violenta el principio general de máxima publicidad de la información en manos de las autoridades gubernamentales.
El criterio del IFAI ha sido que la regla general es permitir que los ciudadanos conozcan el desempeño de los servidores públicos, con excepción de los casos en que sus funciones estén relacionadas con temas que requieren de una protección especial; por ejemplo, los relativos a delincuencia organizada o narcotráfico. Dicho de otra manera, se ha buscado el equilibrio entre dos funciones que el Estado tiene encomendadas: la transparencia de la actuación del Ministerio Público y la reserva de la información para garantizar el combate eficaz a la delincuencia.
Es importante que la sociedad conozca la manera como la PGR desarrolla sus tareas en la persecución de los delitos federales una vez concluidas las averiguaciones previas y siempre protegiendo los datos confidenciales, en primer lugar, porque se hace vigente un derecho fundamental, sancionado constitucionalmente. Además, vale la pena hacerlo porque con ello se fomenta una comunicación responsable y abierta entre el gobierno y la sociedad, en temas que hoy son particularmente sensibles para ambos como el combate a la criminalidad y a la inseguridad.
El escrutinio público es una herramienta que fomenta la responsabilidad en las instituciones y contribuye a edificar la confianza de la ciudadanía en las mismas. Ambos propósitos han probado ser un sostén de la eficacia en la actuación de las dependencias gubernamentales.

PAÍS DE ACUERDOS, COMISIONES, LEYES... Y MENTIRAS

JOSE ANTONIO CRESPO

El acuerdo anunciado la semana pasada por Felipe Calderón, para aminorar los costos de la crisis económica, evoca en cierto grado aquellos en los que los presidentes priistas lograban convocar a los principales actores políticos y económicos para, por ejemplo, aplicar un plan de choque. Presentar un acuerdo amplio en lugar de un programa propiamente gubernamental, parece tener más propósitos mediáticos y políticos que de eficacia económica. Se manda el mensaje de que los 25 puntos presentados por Calderón fueron consensuados por los actores relevantes, muchos de los cuales en la realidad no parecen muy convencidos. Y si tales medidas resultan insuficientes, o de plano fallidas, la responsabilidad será compartida.
En México, una recurrida forma de enfrentar los problemas es con actos solemnes, pomposos, acompañados de discursos grandilocuentes y retórica dorada. Es parte de nuestros usos y costumbres, que trascendieron propiamente la era priista, pues son cuidadosamente preservados también por los gobiernos panistas. Dice al respecto Sara Sefchovich, en su recién publicado libro País de mentiras (Océano, 2008): “En México se supone que basta con que existan leyes, instituciones y convenios para que las cosas se hagan o se resuelvan”. Eso explica, continúa Sefchovich, que: “Una de las cosas que más le gusta a nuestros poderosos es firmar convenios y acuerdos. Les encanta sentarse en largas mesas con manteles de fieltro verde y guapas edecanes vestidas de minifalda paradas detrás, que les entregan las plumas fuente con las que estamparán su rúbrica frente a las cámaras. Por eso, un día sí y otro también los vemos participar en esas ceremonias”. Son una forma de hacer como que se resuelven los problemas. Es parte de la simulación nacional que constituye el andamiaje de la sociedad mexicana desde que existe como tal. Y no se ve que eso vaya a cambiar, pues al parecer no conocemos otra forma de relacionarnos, de organizarnos, de comunicarnos.
Y así como los diferentes acuerdos sustituyen frecuentemente las soluciones reales a los problemas, otro tanto ocurre con las leyes, a las que somos muy proclives también bajo la premisa de que, al promulgarlas, la realidad cambiará en automático: “Existe entre nosotros la convicción, heredada de la era colonial con sus costumbres españolas y de los liberales decimonónicos con sus ideas francesas, de que esa es la manera de hacer que las cosas funcionen”, dice Sefchovich, que ejemplifica con el fraile Diego Durán, quien en el siglo XVI reflexionaba: “¿En qué tierra del mundo hubo tantas ordenanzas de república, ni leyes tan justas ni tan bien ordenadas, como los indios tuvieron en esta tierra?” Probablemente la respuesta correcta es ¡en Nueva España!, por supuesto, pero en ninguno como aquí todo ello sirvió de tan poco, y por ello Alejandro von Humboldt nos catalogó, a fines del Virreinato, como el país de la desigualdad, en un siglo donde la desigualdad aún imperaba en todo el mundo.
“Resulta que hay leyes para todo lo imaginable —continúa Sefchovich—: para garantizar el derecho de los mexicanos a la salud, la educación, la alimentación, el trabajo… (Incluso) Se crea una ley que prohíbe ‘el financiamiento, la planeación y la comisión de actos violentos de grupos extremistas en el territorio’.” Pero el Estado, es evidente, no tiene la capacidad de hacerla cumplir. Promúlguese la ley, mas no se acate, sea por ineficacia, corrupción o conveniencia política. Y eso, cuando los ordenamientos están más o menos bien diseñados, sin fuertes contradicciones, lagunas o excepciones, como suele ocurrir aquí. Pues, aun así, no es usual que la ley se aplique debidamente, al menos no con criterios universales y sistemáticos: se hace según resulte conveniente al poder. La ambigüedad legal fue deliberada durante el régimen del PRI —recuerda Sefchovich—, pues eso daba mayor margen de discrecionalidad en su interpretación y aplicación. Algo que no ha cambiado significativamente durante los gobiernos del PAN. Y hacia el mundo exterior, el engaño también juega su papel. Enrique Krauze hace poco recomendó: “Practicar hacia fuera lo que predicamos adentro” (9/ene/08). Sería mejor que practicáramos adentro lo que predicamos adentro, algo que se percibe lejano.
Embustes y contradicciones afloran diariamente. Por ejemplo, sólo en un país como éste el primer mandatario se entusiasma con la crisis económica mundial, al considerarla un interesante reto a superar. Nada más en México, tras unos comicios como los de 2006 que no lograron siquiera generar consenso electoral, el Presidente en turno declara que, “el mexicano, es el sistema electoral más moderno, mejor estructurado y más eficiente del mundo” (15/ago/06). Sólamente aquí un Partido Verde se pronuncia por la pena de muerte y otro que se presenta como una alternativa a lo que existe, dirime sus procesos internos con actos porriles y una autoridad electoral (el TEDF) convalida el procedimiento. Esas cosas sólo pasan en un país construido sobre mentiras, simulación, ficciones, cinismo y un elevado grado de autoengaño social, inevitable recurso de supervivencia.
Muestrario. Tras casi un año de estar fuera del aire, regresa Carmen Aristegui en un nuevo espacio que a partir de hoy emite MVS, para fortuna de su audiencia y del periodismo crítico, agudo y valiente, como el que hace Carmen. Enhorabuena. Por mi parte, considero un honor incorporarme al programa Encuentros, de Telefórmula, con Miguel Ángel Granados Chapa, Virgilio Caballero y Ricardo Rocha, tres figuras del periodismo por quienes siento un gran respeto profesional y humano.

SOBERANES, COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS

JAVIER CORRAL

José Luis Soberanes Fernández se lanzó fuerte. Decidió, por insospechados motivos, hacerlo en el tramo final de su responsabilidad como presidente de la CNDH por casi 10 años —los cumplirá en octubre próximo—, ya sin posibilidad de reelegirse como lo hizo hace cuatro años, siendo el único ombudsman en conseguirlo.
Escogió a La Jornada para lanzar un duro cuestionamiento sobre la actitud de los dos gobiernos del PAN en la Presidencia de la República frente al tema de los derechos humanos. Dijo a Víctor Ballinas que “al presidente Felipe Calderón Hinojosa no le preocupa el tema de los derechos humanos. No son su prioridad”.
Sustenta su descalificación en que los problemas políticos y los cuestionamientos “impidieron que el Ejecutivo pudiera entrar con el empuje que normalmente llegan los gobernantes de este país. Ello motivó que no hubiera un planteamiento presidencial para avanzar en el rumbo”; “desde el comienzo del gobierno de Calderón se ha visto enfrascado en los temas de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Está metido en otros problemas y no le preocupa el de los derechos humanos”.
Hay quienes se sorprenden por estas declaraciones. Desconfían sobre los propósitos justicieros con que decide sus pronunciamientos y declaraciones. No pocos niegan ya o ponen por lo menos en tela de juicio la calidad moral con que el doctor Soberanes critica. Y una maledicencia —lo que abiertamente no se sostiene con pruebas lo es— dice que por él habla el resentimiento de su exclusión como candidato en las propuestas que el Presidente de la República hace para sustituir a ministros que se han jubilado en la Corte y los que están por jubilarse.
Y en efecto, se podría desconfiar del ánimo con que salta a la palestra pública y diferir del enfoque con que pretende minimizar el combate al crimen organizado, pero en la puya esencial Soberanes saca sangrita, porque tiene razón. Hay omisiones indefendibles.
No han sido los gobiernos del PAN represores de los derechos humanos, ni los presidentes colocados bajo las sospechas de magnicidios, ni se les puede acusar de la desaparición de personas, como normalmente hacían los presidentes de este país, pero sí ha faltado sensibilidad para ahondar en una agenda de cambios que, en el marco de la reforma del Estado y por virtud de la esperanza que abrió la alternancia, debieron por lo menos haberse propuesto al Congreso para garantizar una democracia de calidad.
De ahí por, ejemplo, que en ocho años las dos administraciones de Acción Nacional sean omisas en la garantía plena del derecho a la información. Esto lo sabe Soberanes perfectamente, pues le han tocado los dos sexenios; sabe que muy pocos en el gobierno federal podrían salir a la opinión pública a contrariarlo y darle un pasmo en las narices; ojalá que así fuera.
Pero tiene claro que ni los responsables de este tema en la Procuraduría General de la República podrían refutarlo, pues ni más ni menos ahí, a una activista social, Aleida Calleja, se le declaró enemiga del Estado porque contradijo al subprocurador del ramo. Eso da cuenta del desdén, sobre todo porque el mismo Presidente de la República fue informado de ello, sin que hasta la fecha hubiera una rectificación, con todo y que la exigieron organismos internacionales de derechos humanos y varias asociaciones nacionales.
Donde el ombudsman pierde la perspectiva del conjunto de los derechos humanos y de su indiscutible liga con los derechos sociales es cuando dice que Calderón se ha enfrascado en la lucha contra el narcotráfico.
En ese tema no se enfrascó; tomó el toro por los cuernos como no lo había hecho presidente alguno, y lo hizo desde el punto de vista de la seguridad pública como misión esencial del Estado para proteger vida y patrimonio de las personas. ¿Qué delito más traumático y aberrante de la vida y la libertad que el del secuestro, por ejemplo?
Sin embargo, con todo y ese desliz, más allá de sus humores de turno, coloca un tema ineludible en la reflexión y análisis que Acción Nacional debe realizar en relación con una de sus banderas históricas: la promoción en el país y en el ámbito internacional de los derechos humanos. Sobre todo ahora que estamos a punto de entrar a una campaña electoral compleja, que se ve difícil y en la que estamos obligados a presentar una plataforma legislativa que retome la agenda de cambio de nuestras demandas históricas.
Una mínima dosis de autocrítica y de evaluación sincera le daría una fuerza a la palabra que empeñen los próximos candidatos.

AMOR A LA FORMA

DENISE DRESSER

En El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz escribió magistralmente sobre "el amor a la Forma". La predilección de los mexicanos por las ceremonias, las fórmulas y el orden. La aspiración a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. En México se piensa que para progresar hay que mantener el formalismo, la coherencia, los rituales, la cortesía, la concordia. En México se cree que para avanzar basta con llegar a acuerdos y firmarlos. El caso más reciente es el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, que la clase política se siente obligada a rubricar. Otro ejemplo de la peligrosa inclinación que mostramos por ordenar superficialmente la realidad en vez de buscar su transformación profunda. Como sugería Paz, las formas ahogan. Ajustarse a los modelos tradicionales y constantes de nuestro ser implica abdicar a la continua invención que exige una sociedad moderna. Lleva a la celebración surrealista del consenso para no cambiar.Porque eso es lo que acaba de ocurrir en Palacio Nacional la semana pasada. Felipe Calderón llama y los convocados acuden. El Presidente pide firmas y los presentes las otorgan sin chistar aunque no conozcan siquiera el contenido del documento que tienen delante. Todos aprestándose a jugar el viejo juego de la simulación como una conducta habitual. Todos aplaudiendo, sonriendo, agradeciendo la oportunidad de salir en la foto, formar parte del elenco, deslumbrar con el consenso, y de paso engañar al país y engañarse a sí mismos. Gobernadores, líderes sindicales, diputados, senadores, miembros del gabinete tejiendo invenciones, participando en el acto ritualista de decir mentiras que en palabras de Paz: "reflejan, simultáneamente nuestros apetitos y lo que deseamos ser". México, el país donde, en palabras del Presidente, "se vive un ambiente de paz y tranquilidad en las calles", donde hay un "Estado pleno y funcional", donde se enfrentan los problemas con "audacia y visión".Pero en realidad, un país en el cual la simulación se usa para inventar, aparentar y así eludir nuestra condición. México, el lugar donde con actos fársicos como los celebrados hace unos días, la clase política se encierra, lejos del mundo, lejos de la realidad, lejos de lo que padecen los despedidos y los desempleados y los secuestrados y los ignorados y los que no cuentan con escoltas que les abran el paso a empujones y aquellos que no pueden comer en un restaurante del Centro Histórico porque viven con menos de 20 pesos al día. México, la nación que no logra mirarse a sí misma con la suficiente honestidad y por ello transita de acuerdo en acuerdo, de reforma minimalista en reforma minimalista, de paliativo en paliativo, del laberinto de la soledad al yugo de las bajas expectativas. A la élite política y económica le preocupa más consensar que cambiar; le importa más celebrar los avances que atacar las causas de las inercias; le molesta más la crítica externa al país que su situación verdadera. Por ello llama a defender la imagen de México pero no a combatir de fondo aquello que la empaña. Incluso la "inteligencia" no sólo le sirve al país: lo defiende y con ello renuncia al imperativo de la conciencia crítica.Como el diagnóstico no es el adecuando, la soluciones propuestas tampoco lo son. La concordia no es el mejor instrumento para desmantelar los cuellos de botella que estrangulan a la economía; el consenso no es la mejor arma para combatir los privilegios sindicales que merman la productividad; los Acuerdos Nacionales no son la mejor manera de democratizar esos feudos gobernados por los firmantes. Aunque se agradece que Felipe Calderón finalmente acepte la magnitud de la crisis y anuncie 25 medidas para afrontarla, tanto la forma como el fondo de lo propuesto revelan un serio problema de enfoque. Revelan la incapacidad del gobierno para encarar honestamente los problemas que México viene arrastrando desde hace décadas. Revela la propensión a proponer reformas aisladas, a anunciar medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema económico, a instrumentar políticas públicas a pedacitos y de manera poco sistemática. Así, Felipe Calderón se vuelve gesticulador en jefe; el que no busca cambiar la naturaleza de México sino su apariencia.Aparece como un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro y máscara la sonrisa.Pero detrás de esa simulación, la realidad acecha a golpes de 327 mil despedidos, crecimiento negativo, el lugar 60 de 134 en el Índice Global de Competitividad y un país que dice reformarse mientras evita hacerlo, México no crece lo que podría y no avanza lo que debería por la forma antidemocrática en la cual se usa y se ejerce y se comparte el poder, ni más ni menos. Por las reglas discrecionales y politizadas que rigen al capitalismo de cuates. Por la supervivencia de estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando. Por la persistencia de monopolistas públicos y privados en sectores clave como energía y telecomunicaciones y transporte y servicios financieros. Por la escasez de crédito para las empresas debido a la incertidumbre en torno a los derechos de propiedad y el comportamiento oligopólico de la banca privada. Por un sistema educativo absolutamente disfuncional, producto de la relación enfermiza entre el sindicato y el gobierno. Por un sistema fiscal insuficiente que impide la inversión pública en infraestructura y capital humano. Por un modelo de desarrollo que canaliza las rentas del petróleo a las clientelas del gobierno. Por un sistema político que funciona muy bien para sus partidos pero muy mal para sus ciudadanos. Así es México detrás de las máscaras que tantos "Acuerdos Nacionales" buscan preservar.Y sí, podríamos aplaudir el hecho de que tantos miembros de la clase política, de manera consensada, firmaron un documento cuyos compromisos desconocían. Y sí, podríamos regocijarnos porque México construye acuerdos, aunque sean para mantener el statu quo. Y sí, podríamos celebrar que el gobierno congelará el precio de la gasolina, mientras desciende en otros países. Podríamos congratularnos por la emoción y las ganas que le echa Felipe Calderón a cada discurso que pronuncia. Podríamos darnos palmadas en la espalda porque algunas familias mexicanas caminan por las calles del Centro Histórico de la capital con cierta tranquilidad, aunque no sea el caso en Tijuana o Chihuahua o Culiacán o Ciudad Juárez o muchos sitios más. Pero eso entrañaría volvernos cómplices de la simulación o escoltas de los enmascarados o defensores del "por lo menos". Y México se merece más que otra generación de amor a la Forma.

SECRETARÍA DE LA DISFUNCIÓN PÚBLICA

JOHN M. ACKERMAN

El concurso para encontrar “el trámite más inútil” que culminó la semana pasada es la cereza del pastel de la incapacidad de los gobiernos panistas para elaborar una estrategia integral de combate a la corrupción. Más que fortalecer el principal órgano responsable de limpiar la administración pública federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP), tanto Vicente Fox como Felipe Calderón han dejado esta estratégica institución en manos de políticos sin el menor conocimiento de la materia, quienes han utilizado el puesto como trampolín político.
En 2000, el “gobierno del cambio” nombró a Francisco Barrio, ex-gobernador de Chihuahua, como titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), instancia antecesora de la SFP. El político no destacó en su nuevo trabajo y pronto lo abandonó para colocarse como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Fue entonces relevado en el gabinete por su fiel amigo y ex-secretario de gobierno de Chihuahua, Eduardo Romero, cuya escasez de experiencia en la materia solamente fue superada por su ausencia de carisma y arrojo.
Calderón ha seguido la misma línea de Fox. Su primer titular de la SFP fue Germán Martínez, quien se limitó a utilizar el puesto para promover su candidatura a la presidencia del PAN. Después de una breve gestión de 10 meses sin resultados o iniciativas notables, Martínez fue relevado por Salvador Vega, titular del organismo, quien como otros integrantes del actual gabinete federal se sostiene más por su amistad con el titular del Ejecutivo que por alguna capacidad demostrada en las trincheras del quehacer gubernamental.
Los resultados están a los ojos de todos. México se mantiene entre los países más corruptos, de acuerdo con todos los índices internacionales, como Transparencia Internacional, Global Integrity y el Barómetro de las Américas. Una de las explicaciones de esta falta de efectividad es la impunidad. En una revisión efectuada en 2005, la Auditoría Superior de la Federación descubrió que el gobierno federal logra cobrar apenas 0.03 por ciento de todas las multas impuestas por la SFP, ya que los sancionados casi siempre ganan sus litigios en los tribunales.
Pero la razón principal del fracaso de las estrategias de la SFP durante los últimos ocho años es la falta de voluntad política. Ya en estas páginas, Irma Eréndira Sandoval ha señalado la vacuidad del nuevo Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (La Jornada, 24 de diciembre de 2008). Este presunto “programa”, como los que lo antecedieron, no es más que una cortina de humo. En lugar de implantar estrategias nuevas o promover las reformas necesarias, el gobierno prefiere hacerse de la vista gorda y distraer nuestra atención con “pan y circo”: propaganda, declaraciones y concursos vacíos.
Respecto del concurso del “trámite más inútil”, es de celebrarse que durante los 52 días que duró la convocatoria más de 20 mil personas acudieron a denunciar abusos de la autoridad. Este nivel de participación demuestra tanto el tamaño del problema como la buena voluntad de los ciudadanos que aspiran a participar en la construcción de soluciones.
Sin embargo, en lugar de tomar en serio esta ejemplar muestra de participación ciudadana, el gobierno se limitó a organizar una ruidosa actividad, donde el Presidente entregó cheques a los tres ciudadanos “ganadores” como si se tratase de un concurso de recetas de cocina. Con poca elocuencia, externó su voluntad de transformar la administración pública y prometió “no echar en saco roto” las miles de denuncias recabadas. En ningún momento habló de castigar a los responsables de los actos denunciados ni se comprometió a entregar resultados concretos en materia de combate a la corrupción.
De manera conveniente, en su informe final, los integrantes del jurado del concurso (Federico Reyes Heroles, Leo Zuckerman, Maricarmen Cortés, María del Carmen Pardo y Fuad Juan Zazar) explícitamente deslindan al gobierno de cualquier responsabilidad. “En opinión del jurado, la gravedad de los casos considerados en el ejercicio no pueden ni deben considerarse como patrones generalizados de comportamiento.” En su opinión, el concurso es apenas un “ejercicio ciudadano” que no puede servir como un “diagnóstico” de la realidad.
La limpieza del proceso de selección de los ganadores también está en entredicho. El informe señala que los cinco miembros del jurado dedicaron un total de 108 horas para evaluar las 21 mil 113 denuncias. Esta cifra se desdoblaría en un total de 21 horas de reuniones colectivas entre todos, lo cual implicaría la revisión de un promedio inverosímil de mil denuncias por hora. El informe no resume la metodología utilizada ni las razones para haber seleccionado a los tres casos ganadores. Tal como ha argumentado también en estas páginas Bernardo Bátiz (La Jornada, 10 de enero), todo indica que hubo línea política en el fallo.
Una vez más, la SFP y los gobiernos de la alternancia han ratificado tanto su compromiso con la simulación en el combate a la corrupción como su abierto desprecio a la participación plena de una ciudadanía vigorosa y comprometida.

ANTE LA CRISIS, LA SIMULACIÓN

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Ante los efectos de la crisis global, y los impactos autóctonos, los que surgen de las contrahechuras de la economía mexicana, el gobierno federal escogió no una estrategia que permita eficazmente combatirla, sino una que parezca que la combate. Eligió la ruta de la simulación, y contó para ello con las "fuerzas vivas de la sociedad".Por eso no quiso emitir, al modo en que lo hizo en octubre, un programa gubernamental de auspicio a la actividad económica, sino que le dio la apariencia de un acuerdo y así lo denominó y presentó: Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo. A diferencia del firmado el 21 de agosto, referido a la seguridad, la justicia y la legalidad, en el suscrito el 7 de enero no hay un listado de compromisos de los firmantes. Cuando más, expresaron su adhesión o su apoyo al programa del Ejecutivo, resumido en cinco ejes que de pronto, sin mínima conciencia de la ingeniería, se trasmutaron en otros tantos pilares, integrados a su vez por un total de 25 medidas.No sólo carece el presunto acuerdo de esos compromisos, sino que los firmantes lo conocieron sólo al momento de suscribirlo. Y lo hicieron sin apuro alguno, porque su rúbrica no los obliga a nada. De modo que no tomaron a pecho las palabras iniciales del presidente Felipe Calderón, quien dijo que los había convocado "para que asumamos un compromiso común", para lo cual, añadió, "nos hemos reunido los sectores público, privado y social y las diferentes instancias de gobierno para sumar voluntades y acciones", y hasta llegó a decir que el documento a cuya firma se había llamado "incluye una amplia participación y compromiso de todos los actores".Eduardo Bours, el gobernador de Sonora, reveló que no hubo participación de los gobernadores en la redacción del documento. Cuando se le avisó que el propósito era que los titulares del Poder Ejecutivo en los estados lo hicieran suyo, pidió conocerlo, y cuando le explicaron que aún no estaba listo, pero que lo conocería en la ceremonia ritual a realizarse en el Palacio Nacional, se abstuvo de asistir siquiera, y, por lo tanto, hay un hueco en la lista de los gobernadores. El discurso de Natividad González Parás, quien habló en nombre de los gobernantes locales, así lo confirma: "Los gobernadores vemos con simpatía las medidas que se han asumido en lo general por el gobierno de la República (...) Aquí se van a fijar compromisos generales y deberemos, cada uno de los sectores del país y de los niveles de gobierno, posteriormente, establecer medidas más específicas...". Por lo pronto, dijo, "nos sumamos a este gran Acuerdo Nacional". ¿Por qué debe sumarse quien es parte del consenso?, nos preguntamos tras oír ese primer ejemplo de la "tempestad de frases vanas" que acompañaron a la firma del acuerdo, y de las que aquí escogemos algunas.José Luis Aguilera, quien preside el Consejo Agrario Permanente, fue más franco. Se limitó a decir que "el compromiso de la mayoría de las organizaciones" del CAP "es mantener un diálogo abierto y colaborar con el gobierno, en donde privilegiemos nuestras coincidencias...", etcétera.Igualmente sincero, y en sentido contrario a la sistemática prédica del sector privado contra el intervencionismo de Estado, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, dijo que ante "la espiral de descenso en la economía, los sectores privado y social difícilmente pueden contrarrestar esa dinámica; es en el Estado en quien recae la principal responsabilidad". El acuerdo cuya iniciativa correspondió al gobierno, expresó Paredes, "ratifica el liderazgo firme y comprometido de nuestras autoridades orientando a generar las condiciones necesarias para afrontar la crisis". Puesto que se trataba de enunciar compromisos, señaló que el de la cúpula del sector privado consiste en hacer lo que hace, "mantener en operación la planta productiva y sensibilizar a las empresas asociadas sobre la importancia de mantener estable hasta el máximo posible la plantilla laboral". Para fortalecer su dicho dijo que las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) y sus proveedores, afiliados a otras agrupaciones empresariales, "negocian descuentos y promociones que habrán de ofrecer a sus consumidores día a día y en todas las tiendas y a lo largo del año". Una investigación del diario Reforma probó, en sentido contrario a esa afirmación, que la mercancía ha sido reetiquetada y que los precios subieron de diciembre a enero en amplia proporción.Campeón de la retórica vacua, de la demagogia insulsa como corresponde a su vetusta condición, el dirigente cetemista Joaquín Gamboa Pascoe no expresó compromiso propio alguno. Sí obligó, en cambio, y sin base, a "todos los mexicanos (...) conforme nuestras posibilidades y alcances, a hacer la aportación que corresponda, sumando esfuerzos". También reveló la ajenidad de la CTM al presunto acuerdo cuando manifestó que en él "se le da una consideración especial a los trabajadores del sector obrero, que tengo el honor de representar en este momento". No soportó las ganas de retroceder al pasado al que pertenece y espetó el ritual "gracias, señor Presidente". Y en vez de asumir compromisos, celebró que el documento que estaba por firmar los contenga a favor de sus representados y señale que "cualquier modalidad que corresponda a la relación laboral (...) tendrá necesariamente que respetar los derechos de los trabajadores" que (atención al altisonante y vacío énfasis oratorio) "le consigna, le respeta, le consagra el artículo 123".El panista chihuahuense Gustavo E. Madero no entró en embrollos. Como presidente de la Mesa Directiva del Senado, simplemente indicó que esa cámara "garantiza su compromiso de que estaremos analizando todas aquellas propuestas de reformas legales que nos permitan defender el empleo, la economía de las familias y (un añadido por su cuenta) la competitividad de nuestro país". Apenas lo superó en la vaguedad del compromiso su homólogo en San Lázaro, el diputado César Duarte, quien, "con responsabilidad" (ojo, no frívolamente, no impensadamente), expresó "...nuestro compromiso para trabajar estrechamente con los demás poderes, con todos los órdenes de gobierno para que la población mexicana sea atendida por sus gobernantes en este momento histórico".Las palabras son aire y van al aire, definió el poeta. Por eso todos los presentes se lanzaron a firmar ese evanescente documento. Con esos conjurados es fácil adivinar a quién corresponderá la victoria en el combate a la crisis...

KAKISTOCRACIA

MIGUEL CARBONELL

Hace unos años Michelangelo Bovero nos advertía sobre una de las degeneraciones contemporáneas de los sistemas democráticos: las “kakistocracias”, es decir, el gobierno de los peores. Seguramente Bovero tenía en mente al sistema político italiano, que sigue siendo un gran laboratorio de las tendencias políticas de nuestros días, pero la idea muy bien se puede aplicar a México, pues hay elementos para pensar que estamos siendo gobernados por los peores, los más ineptos, los más corruptos y los más ignorantes.
La lista de elementos que acreditan la existencia de una “kakistocracia” mexicana es larga. Intentemos hacer un breve elenco que demuestra la zafiedad, el cinismo, la falta de talento, de moral y de respeto de nuestra clase política:
a) algunos de los más altos responsables de perseguir a la delincuencia organizada cobran cientos de miles de dólares al mes a uno de los más importantes cárteles de la droga, a cambio de pasarle información de los operativos oficiales y de los policías honestos a fin de que puedan ejecutarlos a ellos o a sus familiares;
b) un gobernador decide saltarse la Constitución y plantea un debate no sobre la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte, sino de la manera de ejecutar a los condenados, “ya sea en la horca, por fusilamiento o algo más light, mediante inyección letal”;
c) otro gobernador gasta de forma encubierta cientos de millones de pesos en promover su imagen en los medios de comunicación, con el fin de apuntarse para la siguiente elección presidencial, logrando gracias a los medios lo que su talento no le ha permitido ganar en apoyo popular y reconocimiento por su obra de gobierno;
d) las aduanas de México son una coladera de todo tipo de armas, las cuales abastecen a los cárteles de la droga; ¿alguno de sus funcionarios ha sido llamado a cuentas por ese fracaso monumental?;
e) en un país donde se ejecuta a más de 5 mil personas al año no se conoce de la renuncia de ningún funcionario de primer nivel en el ámbito de la seguridad; casi todos los que han dejado su puesto lo han hecho por haber sido acusados de cometer delitos o por haber sido asesinados;
f) mientras el salario mínimo aumenta en un escaso 4.6%, los diputados locales de un estado del norte del país se suben el sueldo en 12%, demostrando que para hacer frente a la crisis ellos son los mejores y los más veloces en tomar medidas (sobre todo si les favorecen personalmente);
g) dirigentes sindicales presumen sin vergüenza su riqueza, obtenida no se sabe mediante qué trabajo, puesto que llevan décadas instalados en las nóminas corporativas y usufructuando impunemente las cuotas de sus afiliados y otras “prebendas” que el gobierno les entrega sin pedir cuentas de nada.
Los anteriores son casos de diferentes ámbitos de gobierno y de distintos poderes, cada uno de gravedad variable, que quieren ilustrar solamente lo extendida que está la negligencia y hasta dónde han podido escalar los más inútiles. Lo peor de todo es que nuestra clase política no solamente está entre las más corruptas del mundo, sino también es insolente y arrogante.
Hoy más que nunca es necesario hacer evidente el malestar ciudadano con su clase política, pues los cínicos y ramplones dirigentes que tenemos deben saber que estamos hartos de muchos de ellos y que los vamos a cambiar tan pronto como nos sea posible. También deben saber que no nos tragamos sus mentiras ni nos creemos sus discursos huecos y demagógicos. Es hora de que lo sepan y de que cada uno asuma su parte de responsabilidad. Lo menos que puede hacer la ciudadanía es quedarse de brazos cruzados mientras la plaga de políticos que tenemos sigue arrasando con el país. Que ellos conformen el gobierno de los peores no significa que nosotros debamos convertirnos en sus cómplices.

LOS DESAFÍOS DEL 2009

OLGA PELLICER

El año de 2009 presenta enormes retos para las relaciones internacionales de México. Pocas veces el país ha sido tan vulnerable ante coyunturas externas y, a la vez, ha estado tan ensimismado, poco interesado, informado o conciente de lo que ocurre en el mundo, hacia el que no dirige la mirada. Cambiar esa actitud es urgente. Se requiere que el gobierno de Felipe Calderón dé un golpe de timón que coloque la política exterior en un primer plano de atención. De no ser así, quedarán de lado los desafíos que vienen de fuera, y los costos serán grandes y difíciles de revertir. El primero es leer acertadamente las medidas que se tomen internacionalmente para enfrentar la crisis económica. Es posible que los próximos meses cobren fuerza medidas proteccionistas en Estados Unidos, se cierren en México filiales de empresas trasnacionales, se restrinjan los créditos provenientes del exterior, y disminuya todavía más el envío de remesas de los trabajadores migratorios. Todo ello afectará la economía mexicana. Pero más grave aún sería que la recesión económica perdure en Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportación. La suerte de México país está ligada a lo que allá ocurra, y al valorar la evolución de los acontecimientos en ese país será necesario distinguir entre lo que nos perjudique coyunturalmente y lo que constituya una mejor opción de largo plazo, aunque exija en lo inmediato amoldarse a un ambiente económico internacional distinto.La relación con Estados Unidos es el desafío mayor para la política exterior de Felipe Calderón. La falta de diálogo con Washington es el déficit más grande durante los dos primeros años de gobierno. Los motivos para no haber visitado Washington pueden ser justificados; después de todo se vivía un momento de transición en Estados Unidos durante el cual quizás era mejor mantener bajo perfil para no caer en el peligro de equivocarse. Pero ahora, la situación política interna en ese país está definida y urge saber cómo se prepara el gobierno mexicano para emprender el diálogo con su vecino, encabezado por un líder carismático de enorme destreza política y una secretaria de Estado poderosa. Se oye frecuentemente en México una opinión según la cual nos va mejor con los republicanos en Estados Unidos que con un demócrata. Una manera de leer la historia que olvida la buena reacción de Clinton cuando se trató de sacar a México de la crisis de 1994. En todo caso, esa reflexión no viene al caso cuando el problema por delante es entenderse con Barack Obama. A más de lograr un interés mayor de su parte en la relación con México, el gobierno de Calderón debe elaborar una argumentación sólida y convincente para orientar el tratamiento de los temas al centro de la agenda bilateral. Uno de los más serios tiene que ver con cuestiones de seguridad. El componente internacional de la lucha contra el crimen organizado es un grave reto particular de las relaciones exteriores de México en este momento. Sin perder de vista la importancia de la migración y el TLCAN, la seguridad es lo que mayormente importa por el impacto que tiene en la gobernabilidad misma del país. Es difícil imaginar que los asesores de Obama no estén preocupados por las magnitudes de la violencia al sur de la frontera, cuando ésta puede derramarse fácilmente hacia su propio territorio.El papel de Estados Unidos en cómo y con qué combatir el crimen organizado es fundamental por diversas razones. Primero, porque los motivos para la magnitud del narcotráfico en México se encuentran allá, no aquí. En efecto, las ganancias de tal actividad se explican por la demanda que proviene del norte. A su vez, las armas que conceden tanto poder a las mafias del narco también son estadunidenses. Cierto que las condiciones de corrupción en las que ha florecido el crimen organizado es de origen y fabricación mexicana, pero nada de eso sería realidad si las ganancias no fuesen exorbitantes. Y en ese punto de las ganancias, la responsabilidad de Estados Unidos también es grande: su empeño en negarse a la legalización como forma de abatir el lucro del narcotráfico contribuye a las guerras imposibles con que se pretende combatir ese fenómeno. Por lo pronto, de aquel lado existirá la tentación de consolidar una versión mexicana del plan Colombia. A lo mejor es la única manera de enfrentar en el corto plazo los problemas de corrupción y falta de confianza en las fuerzas del orden, policiacas, civiles y militares. Pero la solución de fondo no está allí, sino en una reconceptualización completa de cómo y qué se combate. El verdadero desafío para México está en, al menos, iniciar el diálogo al respecto. Muchos otros temas están en la agenda de las relaciones exteriores de México para 2009. Desde el 1 de enero ocupará por dos años un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ese hecho otorga automáticamente visibilidad y responsabilidad a la opinión del gobierno de México. Habrá que tomar posición sobre los problemas que allí se atienden, desde el bombardeo israelí contra Gaza hasta las resoluciones sobre cómo enfrentar la piratería que llevan a cabo los somalíes. Igualmente importante será influir en las reuniones del G20 que discutirán y decidirán sobre el futuro de la arquitectura financiera internacional, o trabajar desde el Grupo de Río para orientar la posición latinoamericana y del Caribe en la Cumbre de las Américas. Los desafíos son muchos. La pregunta es si hay la voluntad de enfrentarlos o si se mantiene la renuencia a lanzar la mirada al exterior.

UNA REFORMA ANTICONSTITUCIONAL A LA COSTITUCIÓN IV

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Si bien es cierto que ya he tratado en artículo precedente lo relativo a la anticonstitucionalidad del arraigo que se conserva junto con la prisión preventiva en las reformas anticonstitucionales a la Constitución, de que me estoy ocupando, me parece oportuno insistir en ello, recalcándolo, por la noticia de que el gobierno federal aplicará nuevas medidas contra la delincuencia organizada que opera en México; entre ellas la creación de seis nuevos juzgados especializados en arraigos, cateos e intervenciones en medios de comunicación. Es increíble que se maneje una figura legal como el arraigo (aparte de lo discutible y delicado de las intervenciones en los medios) pasando por alto su problemática jurídica, de fondo, de Derecho. La cuestión es tan simple como esto. En la etapa de la averiguación previa el arraigo lo solicita el Ministerio Público al juez, y éste sabrá si lo concede o no. En la etapa de la averiguación previa, digo, cuando apenas se está averiguando si la presunta responsabilidad penal del acusado o indiciado se volverá real (presunta es en Derecho la condición de aquél a quien se considera "posible" autor de un delito antes de ser juzgado, e indiciado es el que tiene contra sí la "sospecha", sólo la "sospecha", de haber cometido un delito). Repito, el arraigo se solicita antes de que el individuo haya sido juzgado. Supongo que ni la Suprema Corte de Justicia podrá negar el anterior aserto, aunque algunos ministros se puedan devanar los sesos con el fin de obtener conclusiones (verdaderos subterfugios y evasivas) que se vayan por la tangente. Pues bien, ¿qué hace el arraigo junto a una disposición tan clara como la del artículo 14 de la Constitución en su párrafo segundo? "Nadie podrá ser privado de la libertad -dice el Texto Supremo- sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos". Y también repito que el arraigo se pide con anterioridad al juicio. Una salida para quienes lo defienden o para los que en su ceguera no ven el problema es sostener que con él no se priva de la libertad. Salida por supuesto absurda y que encierra un paralogismo o un sofisma ya que arraigar es dejar a una persona en un lugar, detenerla allí, impedir que siga adelante; en suma, privarla de su libertad. Otra salida sería aducir que el arraigo es una excepción a la regla (confirmándola) de que nadie ha de ser privado de la libertad sin juicio; aducimiento equivocado pues no se trata de una excepción sino de una contradicción. Exceptuar y contradecir son cosas distintas. Otra salida aun, si se la puede llamar salida, es acogerse en el pragmatismo, o sea, en la utilidad del arraigo sin importar su constitucionalidad. Y aquí me detengo, en lo de constitucionalidad, porque el párrafo séptimo del artículo 16 de la Constitución autoriza el arraigo. De acuerdo, aunque en contraposición flagrante con el artículo 14 de la propia Constitución en su párrafo segundo. ¿Qué hacer? ¿Tirar a la basura lo declarado en el 14? ¡Y pensar que hay quien se atreve a afirmar que la Constitución no se puede contradecir, o que sus artículos no pueden chocar entre ellos!El hecho concreto es que el arraigo priva de la libertad. Lo grave desde mi punta de vista es que se arme un gran alboroto para pregonar algo contrario a Derecho y que en estricta juridicidad es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo. Por lo menos la gente, el pueblo, la llamada opinión pública, debe saber lo que dice la Constitución. En momentos tan delicados para el país y en el inicio de un nuevo año, 2009, con elecciones federales y un panorama de inseguridad creciente, el Gobierno no puede darse el lujo de errar el camino. Y errarlo es violar un mandato constitucional en vez de modificar, si no les gusta, el párrafo segundo del artículo 14 de la Carta Magna (lo que en mi concepto equivaldría a una aberración jurídica). Pero como el Gobierno no está constituido por sabios cuyos dogmas sean intocables, los ciudadanos tenemos entonces la obligación, además del derecho, de opinar y dejar a la luz nuestro criterio para que sea analizado.Es lo mínimo que le toca hacer a un ciudadano de buena fe.

LA OSCURECIDA PAZ

JOSÉ WOLDENBERG

Los bombardeos y la invasión a Gaza por parte del Ejército israelí son censurables. Tanto por razones éticas como políticas. Éticas, porque la agresión no sólo golpea a la dirección de Hamas, sino a civiles inocentes. Los crudos testimonios están a la vista. Y políticas, porque contribuye a alimentar la espiral de odios y violencia que a lo largo de las décadas ha teñido a esa región.Los lanzamientos de cohetes desde Gaza en contra de Israel son reprobables también en ambos planos. En el primero, porque están dirigidos contra objetivos civiles (las duras pruebas se encuentran a la mano), y en el segundo, porque son más leña arrojada a una hoguera de por sí inflamada. Cada una de esas acciones es vista y legitimada por sus estrategas como una réplica a la violencia de los enemigos y en la coyuntura actual fueron disparadas como una “respuesta” al fin de la tregua que se había pactado y respetado a lo largo de los meses. Se trata de una “lógica” fácil de desatar, pero más que difícil de revertir. Los extremistas de ambos bandos atribuyen toda la culpa a los otros y creen que la violencia es genuina como medio de defensa. “Son los actos bárbaros de los otros los que justifican mis reacciones criminales”, afirman, logrando adhesiones inmediatas de amplias franjas de sus respectivas sociedades. Mientras, las posiciones conciliadoras, las que auténticamente buscan una salida (por fuerza negociada), tienen que enfrentar las olas reiteradas de irritación y venganza que las políticas violentas echan a andar.Cierto que la situación de unos y otros no es equilibrada, que Israel es un Estado con un enorme potencial bélico, y los palestinos carecen precisamente de un Estado. Pero la salida civilizada a ese largo y doloroso conflicto sólo será posible si los enemigos jurados son capaces de comprender y asimilar las necesidades y reivindicaciones legítimas de sus adversarios. Por parte de los palestinos, la creación de un Estado independiente, por parte de Israel, la necesidad de fronteras y relaciones políticas seguras con sus vecinos. Porque mientras sólo se acepte la mitad de los planteamientos la solución para una paz duradera será imposible.Si las sociedades fueran laboratorios impolutos donde la razón reinara y las pasiones estuvieran ausentes, el planteamiento de un Estado binacional laico, en el que convivieran judíos y palestinos, sería un horizonte inmejorable. Pero, por lo pronto, los rencores y agravios mutuos lo único que permiten (y con extremas dificultades) es abrirle paso a una ruta cuya desembocadura sea la existencia de dos Estados independientes, con fronteras claras y programas progresivos de cooperación y ayuda mutua. Pero para ello es necesario que los oponentes sean capaces de ponerse, aunque sea por un minuto, en los zapatos de “los otros”, de sus enemigos, y ello no es sencillo.Incluso quienes no están involucrados directamente en el drama suelen tomar partido de manera facciosa. Unos condenando y con razón los actos represivos del Estado israelí, pero callando las agresiones de las organizaciones terroristas palestinas; y otros pidiendo sanción y también con razón para la violencia de Hamas, pero guardando silencio sobre las crueldades cometidas por el Ejército israelí.Por desgracia no estamos ante un torneo deportivo o una competencia política normal, sino ante un drama histórico que reclama soluciones conjuntas a las reivindicaciones contradictorias de dos pueblos. Porque lo medular, lo complicado y contradictorio de esa tragedia es que en un breve territorio coexisten dos naciones. Y por ello, hacerse cargo de esa realidad, que sólo los pirómanos quisieran exorcizar, es el primer paso, imprescindible, si realmente se desea edificar una paz perdurable en Medio Oriente.Son quienes desde el lado israelí demandan un Estado palestino y los que desde el lado palestino reconocen la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, los que podrán construir una ruta de salida al conflicto. Son los auténticos héroes, los que reman contra la corriente de las pulsiones de venganza en sus respectivas comunidades. Se trata de todos aquellos que siendo parte de un “nosotros” pueden comprender las razones de los “otros”, los que entienden que sus adversarios tienen también derechos, y que asumirlos es la fórmula para desactivar la espiral de destrucción y muerte. No creen que se trate de un “juego de suma cero” (lo que yo gano el otro lo pierde y a la inversa), sino de operaciones complejas capaces de sintetizar y armonizar demandas en principio discordantes. Porque todos aquellos que en el terreno o a la distancia sólo aceptan la justicia de las exigencias de unos, lo único que logran es hacer más poderosa y quemante la llama de los enfrentamientos.No estamos frente a un conflicto colonial típico, ya que lo que se encuentra asentado entre el Líbano, Siria, Jordania, Egipto y el mar Mediterráneo, son dos pueblos, dos culturas, dos identidades, que sólo el exterminio podría conjurar. Y quiero pensar -aunque en ocasiones no estoy seguro- que la inmensa mayoría de las personas aquí y allá ven como indeseable una “salida” de esa índole. Por lo cual la convivencia entre ambas naciones es una necesidad que debe encontrar cauces virtuosos para hacerse realidad.La demagogia que coloca la culpa en un solo bando a muchos les ha dado dividendos inmediatos, e incluso no pocas dirigencias en la región se han construido y reproducido con ese discurso. Sin embargo, sólo los que son capaces de hacer compatibles reivindicaciones legítimas enfrentadas podrán trascender la ruta de odios y venganzas y edificar una era de cooperación y paz.

2009: LO QUE ESTA EN JUEGO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Resulta casi una perogrullada señalar que los procesos electorales son los momentos en los que se ponen a prueba las instituciones y las reglas diseñadas para organizar y normar los comicios. Más todavía cuando, como es el caso de las elecciones de 2009, se aplicarán por primera vez muchas nuevas reglas que fueron introducidas por la reforma a la Constitución en noviembre de 2007.
Sin embargo, por obvio que parezca, recordarlo es indispensable para entender el gran reto que está implícito en el proceso electoral en curso.
El modelo de regulación de la comunicación política en radio y televisión (centrado en la prohibición de compra de publicidad y el uso de los tiempos del Estado para que los partidos desplieguen su propaganda), procedimientos fiscalizadores nuevos y un regenerado órgano para aplicarlos, la capacidad del IFE de instrumentar procedimientos administrativos expeditos para detener y sancionar los actos ilícitos cometidos por partidos y candidatos (incluida la controvertida atribución de controlar la publicidad negativa), la renovada fórmula de financiamiento público de las campañas, la regulación, control y vigilancia de los procesos partidistas internos de selección de candidatos, y el rediseño de la estructura y las competencias del Tribunal Electoral son algunas de las más importantes novedades introducidas por la reforma que verán aplicación por primera vez en el proceso electoral de este año, el cual será, por ello, su “prueba del ácido”.
Insisto en que no se trata de un fenómeno nuevo; en su momento, las elecciones de 1979, de 1988, de 1991, de 1994 y de 1997 implicaron también la puesta a prueba de las reglas introducidas por las reformas que las antecedieron. Sin embargo, existe una gran diferencia: en esta ocasión los opositores a las nuevas reglas son muchos y muy poderosos. En ese sentido las reformas anteriores nunca enfrentaron un ambiente tan adverso.
Hoy, varios grandes grupos empresariales y los consorcios mediáticos —que vieron afectados gravemente sus intereses con la reforma— se han manifestado abiertamente contra las nuevas reglas, se han amparado, operan y cabildean en su contra y apuestan por su fracaso.
He sostenido que la reforma, más allá de la necesaria adecuación de las normas electorales a las exigencias de la nueva y cambiante realidad política, constituyó un acto reivindicatorio de la soberanía del Estado frente al chantaje y el condicionamiento que los titulares de las concesiones habían llegado a ejercer sobre la política. Y eso es un logro que moralmente estamos obligados a defender.
Creo que las lecciones que nos dejen los comicios de este año deberán ser ponderadas y evaluadas para hacer los ajustes necesarios a la legislación de cara a futuros procesos electorales (el de 2012 será en muchos aspectos más complejo que la presente elección intermedia). Pero precisamente por ello habrá que estar atentos para que ese no sea un pretexto para tratar de instrumentar futuras reformas regresivas que deshagan el camino andado.
No se trata de meras advertencias agoreras; hay una creciente parte de la clase política (la misma que ha sido renuente a concretar los pendientes de la reforma, entre ellos la nueva Ley del Derecho de Réplica y los cambios a la Ley de Radio y Televisión) dispuesta a resarcir los agravios que provocaron entre los dueños de los medios electrónicos al aprobar la reforma. Habrá que estar alerta y crear un contexto de exigencia adverso a esos ánimos regresivos. Lo que hemos hecho vale la pena y merece al menos eso.

"ANNUS HORRIBILÍSIMUS"

DENISE DRESSER

“Annus mirabilis” es una expresión en latín que significa, literalmente, un año maravilloso. El término antitético —“Annus horribilis”— fue acuñado por la reina Isabel para referirse a 1992, un año en el cual el Castillo de Windsor se incendió y sus dos hijos se divorciaron.
Ante los avatares, pesares y contramares de 2008, en México es posible hablar de una encarnación aún peor: el “Annus horribilísimus”. Al cierre de 2008 resulta obvio que las únicas empresas que tuvieron un buen año fueron los vendedores de AK-47, los distribuidores de hieleras para transportar cabezas decapitadas, los publicistas de “Miss Sinaloa” y las consultorías encargadas de elaborar “spots” para los preprecandidatos presidenciales. El dólar cerró a 13.80 pesos y esos van a ser recordados como los buenos tiempos. De hecho, deberíamos dar gracias porque el año llega a su fin. Basta mirar hacia atrás y revivir esos momentos inolvidables.
A principios de año Felipe Calderón anuncia una reforma energética que además de incrementar la producción petrolera también tendrá la virtud de curar el cáncer y el acné. El PAN la aplaude, aunque nunca había oído hablar de ella antes.
En respuesta a la propuesta presidencial, el PRD toma la tribuna durante la próxima década. En su discurso número 1,897.569,322 en el zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador dice que cuando escribió sobre la necesidad de fomentar la participación del capital privado en la industria petrolera sólo estaba bromeando. Después dice que todo es culpa de Ruth Zavaleta. Y anuncia una nueva marcha que empezará cinco minutos más tarde, cuando finalmente lleguen las tres personas integrantes del Frente Amplio Progresista.
Comienzan así los 71 días de un gran debate nacional sobre el petróleo con 162 participantes, tan plural, que incluye a rumberas, manicuristas, porcicultores, homeópatas y la masajista de Jesús Reyes Heroles. Al final todos concluyen que el petróleo es bien padre.
Felipe Calderón asegura que el gobierno está ganando la guerra contra el narcotráfico, mientras se manda a hacer 365 trajes blindados para cada día del año. Uno de ellos pesa tanto, que lo hace caer de su bicicleta estacionaria y se rompe el brazo.
Empieza la batalla por el liderazgo del PRD, en la cual Jesús Ortega y Alejandro Encinas compiten para ver quién es capaz de decir la palabra “cochinero” sin soltar una carcajada, y quién puede escupir más lejos. El Tribunal Federal de Desacuerdo Electoral declara a Jesús Ortega vencedor y como premio recibe una preciosa bacinica y una tarjeta IAVE, perteneciente a la esposa de López Obrador.
En la contienda electoral en Guerrero, Manuel Añorve gana la alcaldía de Acapulco a pesar de ni siquiera estar registrado en la contienda. El IFE estatal le otorga la victoria ante la fragmentación del voto de la izquierda entre 1134,567,322 candidatos.
Durante el verano las lluvias incesantes producen apagones de varias horas a lo largo del Distrito Federal. Cuando finalmente vuelva la luz, todo Las Lomas ha desaparecido. “La responsable es la delegada Gabriela Cuevas” gritan los familiares de las víctimas. Ante sus reclamos, Felipe Calderón anuncia el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Electricidad, el Tequila y el grupo Mocedades.
En respuesta, el PRD toma la tribuna y crea el Movimiento Nacional en Defensa de la Ilegalidad, la Falta de Electricidad, el Ron y la Sonora Matancera. En su discurso número 1,897.569,323 en el zócalo capitalino, López Obrador declara que todo es culpa de Ruth Zavaleta.
El PAN se prepara para las próximas elecciones de 2009 comprándole a todos sus diputados y senadores un crucifijo nuevo y un CD titulado “Exitos de Emmanuel” (o “Cómo le Cobré a los panistas un millón de pesos por cantarles un par de canciones en su fiesta de Navidad”). Para quienes no son aficionados de Emmanuel, Germán Martínez ha ofrecido regalarles los discursos completos de Emilio González Márquez, encuadernados en piel, o ejemplares de las novelas del gran autor mexicano Octavio Fuentes, provenientes de la biblioteca de Josefina Vázquez Mota.
El Procurador Eduardo Medina Mora anuncia que el gobierno va ganando la guerra contra el narcotráfico y el crimen, pero es secuestrado a la salida de Los Pinos por la banda Timbiriche, que aprovecha para lanzar su nuevo sencillo “Eso es no tener madre”.
Ante la crisis económica que se avecina, la clase política anuncia una estrategia contracíclica, que incluye bonos navideños, aguinaldos, seguros médicos, cirugías plásticas y viajes en primera clase.
En las noticias económicas, Comercial Mexicana anuncia que sufrió un “catarrito”, por lo cual tendrá que cerrar sus tiendas e irse a vivir a casa de Agustín Carstens.
El concurso de “El trámite más inútil”, convocado por Felipe Calderón, es ganado por los investigadores del Vaticano, quienes revelan los trastornos de personalidad del ex presidente Vicente Fox; como premio reciben un disco con la canción de Celine Dion titulada “The Last to Know”. El segundo lugar es ganado por la carretera Orizaba-Boxhuala-La Pechuga, que topa con una montaña por errores de trazo; como premio recibe un viaje en Learjet con Luis Téllez. El tercer lugar es ganado por Jesús Ortega y AMLO, por programar una reunión para enero en la cual hablarán sobre el futuro de la izquierda; como premio reciben dos boletos para la pista de hielo y un pase para el Metrobús.
En los últimos meses del año comienza la “Operación Limpieza” que, con base en la información proporcionada por la testigo protegida —Paty Chapoy— permite conocer hasta dónde el narco ha infiltrado los máximos órganos de lucha contra el crimen organizado, la Siedo, la Interpol… y hasta la Embajada de Estados Unidos.
En efecto, en fotos de la boda de Tony Garza y María Asunción Aramburuzavala se ve a “Miss Sinaloa” disfrutando el jolgorio, acompañada de Víctor Garay, de la Policía Federal.
En otro indicador de la crisis económica que afecta a millones de mexicanos, la revista Forbes anuncia que Carlos Slim ya no es el hombre más rico del mundo; ha descendido al segundo lugar. Frente a las malas noticias, el señor Slim declara que todo es culpa de los bancos y exige que se los vendan, en una operación supervisada por Carlos Salinas.
En otras noticias de fin de año, Enrique Peña Nieto contrata a Antonio Solá, ex asesor del PAN, quien lo ayuda a promover la frase de su próxima campaña presidencial: “Peña Nieto, un galán para México”. También celebra la inauguración del nuevo libramiento PRI-Atlacomulco-México, que llevará el nombre de “La Gaviota”.
Ante este recuento…, bienvenido el año nuevo pues.

UN AÑO DE MAL AGÜERO

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Si alguna vez tuvo sentido, la fórmula convencional para desear "¡feliz y próspero año nuevo" lo ha perdido por completo en esta oportunidad, porque raras veces fueron tan claros los signos de que para la mayor parte de las personas el ciclo que se inicia no vendrá acompañado de los elementos que hacen felices a las personas y les proveen bienestar creciente. Si bien nos va, tendrán que vivir con modestia los que podían hacerlo con cierta holgura, y se volverán menesterosos quienes mal que bien colmaban sus necesidades básicas. Claro que seguirá habiendo un millón o dos de personas a los que ninguna crisis afecta porque poseen patrimonios resistentes y suelen ser dueños de habilidades que les permiten obtener provecho de situaciones adversas para la mayoría. Pero casi todas las capas de la sociedad resentirán los crecientes efectos perniciosos de una crisis que no es como las que ha padecido México de modo casi rítmico, cíclico, sino que por su extensión universal genera consecuencias difícilmente eludibles.No es de buen gusto predecir males, y no le cuadra hacerlo a un espíritu generalmente optimista como el de quien firma estas líneas. Pero es imposible sustraerse a la realidad, cuyas líneas principales quedaron ya trazadas en el año que acaba de expirar. No nos caerán infortunios por sorpresa, sino que ocurrirá lo previsible, que es previsible porque está en curso. La economía entrará en una espiral perversa en que efectos nocivos generan nuevos efectos nocivos. El consumo decaerá porque los desempleados no tienen poder adquisitivo y su número aumenta a tal punto que aun las autoridades encargadas de la estadística laboral, generalmente prestas a disfrazar y aun ocultar las cifras verdaderas, han tenido que reconocer una tasa de desempleo mayor que nunca. Crecerá la morosidad de los tarjetahabientes, castigados por altas tasas de interés impagables, y los bancos tendrán que restringir el crédito para no quedar al descubierto. Menores flujos de dinero inciden a su vez en achicamiento de la economía, como empezará a verse de inmediato en el mercado de vehículos automotores, en que acaso quede lugar sólo para el consumo conspicuo, el de las enormes camionetas blindadas o que lo parecen. Por añadidura, el jueves pasado quedó abierta la frontera para automóviles y camiones usados procedentes de Estados Unidos, que abatirá los precios en ese mercado, en beneficio de los compradores que, a la larga, pagarán costos mayores, directamente por el mantenimiento oneroso e indirectamente por el daño social que las gangas automotrices generarán al alterar el medio ambiente a causa de su tecnología obsoleta.La crisis económica incluirá la creciente salida de capitales, mexicanos o extranjeros, y la disminución de los ingresos principales de nuestro país, pues se abatirá el turismo, los precios del petróleo se mantendrán en los bajos niveles a que tendieron en los últimos meses de 2008, y dejarán de crecer las remesas de quienes trabajan en Estados Unidos a causa de la propia recesión estadunidense que los planes audaces y al mismo tiempo prudentes del nuevo presidente de ese país apenas podrán revertir en el plazo inmediato.Las dificultades materiales de la gente en general acrecentarán la inseguridad, que encuentra en la pobreza un conveniente caldo de cultivo. Jóvenes imposibilitados para incorporarse al mercado laboral, cuenten con calificación o sin ella, tendrán a la mano la terrible tentación de engrosar la peor expresión de la economía informal, el narcomenudeo, una actividad que tiene clientela creciente y ofrece gratificaciones prontas y gordas. Es verdad que también está plagada de riesgos, como el de la muerte violenta causada por choques entre grupos rivales o por ajuste de cuentas. Pero el peligro de ser detenido y encarcelado no inhibirá a ningún muchacho de nuevo ingreso a esa innoble rama de la economía, porque sabe que el riesgo es menor, casi inexistente y salvable.En ese escenario, dibujado aquí a grandes y burdos trazos (pero que no será radicalmente distinto si se le esboza con información precisa), se renovará la Cámara de Diputados, y media docena de entidades elegirán gobernador. El proceso electoral animará un poco la economía, porque el gasto de los partidos y los órganos electorales, aun disminuido, es fastuoso, pero generará tensiones sociales mayores que las causadas por la disputa electoral normal, pues la crisis económica y de la seguridad exacerban los ánimos y los hace proclives al choque y al disenso. Como ocurrió en elecciones locales en los años 2006 y 2007, el PRI resultará el partido mejor librado en la contienda que se resolverá en julio. Quizá no haga retroceder el tiempo hasta antes de 1997 y no alcanzará, como dejó de hacerlo en ese año, la mayoría absoluta en la nueva legislatura. Pero apenas cabe duda que formará el grupo parlamentario de mayor tamaño, no por sus méritos ni por su acierto al presentar candidatos, sino por la irresponsabilidad e ineficacia de sus oponentes. Si bien al partido tricolor lo afecta la falta de un liderazgo único, como el que inveteradamente ejerció el presidente de la República, sus disensiones no lo aproximan a la ruptura porque son resolubles con un adecuado reparto de posiciones y el poder y el dinero que ello conlleva. En cambio, la división interna en el PAN y en el PRD (y en su frente más amplio) puede causar daño electoral a esas formaciones. No es que las diferencias sean causadas por factores diversos que el dinero y el poder. Pero en ambos casos se agregan a la disputa interna tomas de posición, doctrinarias e ideológicas, como las que oponen al panismo histórico, centrista, con el de la extrema derecha que está en abierta impugnación al gobierno. Y no se diga lo que ocurre y ocurrirá en el PRD, que no podrá mantener los niveles de votación a que llegó hace dos años, por la virtual escisión que ya padece, que no se resolverá en fractura pero tampoco se aliviará.No será, pues, un buen año, casi por donde lo miremos. Sólo queda un posible factor atenuante: poner al mal tiempo buena cara. Ojalá podamos hacerlo.

UNA REFORMA ANTICONSTITUCIONAL A LA COSTITUCIÓN III

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Después de haber visto en artículos precedentes lo relativo a la presunción de inocencia, al arraigo, a la prisión preventiva, al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado (que es en quien recae la sospecha, nada más la sospecha, de haber cometido un delito), paso ahora a una afirmación desconcertante por falsa y que se ha introducido de manera expresa en la anticonstitucional reforma a la Constitución. Se trata del artículo undécimo transitorio donde se lee: "En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio..." El sentido de la frase es inequívoco. Se quiere decir y en rigor se dice que tal sistema no ha estado vigente en la Constitución. Falso de toda falsedad. Mentira que se ha pregonado en tribunas oficiales de alto rango confundiendo a los ignorantes y sorprendiendo a los entendidos o conocedores. En efecto, el sistema acusatorio, que se opone al inquisitivo, se distingue en primer lugar por la facultad de acusar de todo ciudadano (la que por ejemplo corresponde al juicio político que es de acción pública conforme al último párrafo del artículo 109 constitucional); por la necesidad de que alguien distinto del juez formule acusación (y que es nuestro Ministerio Público que aparece en la Carta Magna desde su versión original de 1917, oponiéndose al sistema inquisitivo del porfiriato en que el juez asumía funciones de fiscal con una policía a sus órdenes que por eso se llamaba judicial), circunstancia la anterior que está debidamente regulada en México en sus leyes penales substantivas y adjetivas; y por el principio de la libertad personal del acusado hasta que se dicte en su contra sentencia condenatoria (que ha de ser definitiva, o sea, cosa juzgada). Pero yo me pregunto si se puede hablar de libertad personal del acusado, de la que presumen los reformadores, con la anticonstitucional fórmula que conserva los no menos anticonstitucionales arraigo y prisión preventiva (a los que ya me referí en un artículo precedente). He insistido en que ellos se sustentan en una necesidad práctica mas no jurídica. ¿Conviene entonces en un Estado de Derecho substituir éste con lo pragmático? El Poder Público no ha comenzado siquiera a preguntárselo con seriedad. En resumen, el instrumento legal de la reforma, que es tan censurable, de muy poco le servirá a la autoridad para combatir la delincuencia. Hoy el Gobierno insiste en estructurar dicha reforma, considerándola un medio adecuado para resolver o paliar el tremendo problema de la inseguridad creciente que nos aqueja. Es un error, pero aunque el medio fuera bueno no es con leyes como se puede acabar con la criminalidad. Es increíble que los abogados del Gobierno no hayan asimilado la siguiente idea: las leyes penales, las sanciones, los castigos, se aplican DESPUÉS de cometidos los delitos; SIENDO QUE LOS MEXICANOS RECLAMAMOS, PEDIMOS, EXIGIMOS, QUE LAS AUTORIDADES EVITEN CON UNA POLÍTICA CRIMINAL ACERTADA QUE YA NO SE COMETAN MÁS DELITOS. El Código Penal garantiza con sus propuestas legales y jurídicas que no haya impunidad, correspondiendo a los jueces aplicar las penas. Y es muy grave confundir esto con un mecanismo eficiente para abatir el avance de la delincuencia.En el ínter el Gobierno ha omitido asuntos de la mayor trascendencia en materia de seguridad pública y justicia, a saber, la unificación de la legislación penal (manoseada y no impulsada a fondo hacia nuevos espacios de superación), la ampliación del arbitrio judicial, la instauración del perdón judicial, la revisión a fondo del desorganizado Título Cuarto de la Constitución sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, que ha desdeñado el verdadero autor de las reformas constitucionales a que me vengo refiriendo.Ojalá se recapacite en este flamante 2009. Y si no, que hable el nuevo Congreso que elegiremos en las próximas elecciones federales.

EL EPÍTETO "CHILANGO" VIOLA DERECHOS HUMANOS

CARLOS ARELLANO GARCÍA

En la comunidad internacional, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y a través de la creación de las Naciones Unidas, se desarrollaron idóneamente los derechos humanos. En el proemio de la Carta de las Naciones Unidas se establece como finalidad de ese elevado organismo internacional: "...reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas". Por tanto, deben respetarse los derechos fundamentales del ser humano nacido en la capital de la República, en lo que hace a su dignidad y valor, sin pretenderse que se afecte su igualdad para imponerle un injustificado menoscabo a sus derechos.El 10 de diciembre de 1948 se adoptó, a nivel mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo Preámbulo se dejó establecido que, en el mundo, la base es el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Por tanto, no es admisible que con el sobrenombre de "chilangos" se quiera desconocer, menospreciar y ultrajar los derechos humanos de aquellos que han experimentado la circunstancia involuntaria de nacer en la capital de la República. En la proclamación de los derechos humanos se establece, en el artìculo 1, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, de tal manera que es inconcuso pretender menoscabar, con grave discriminación, a quienes han nacido en el Distrito Federal. El artìculo 2 de esa Declaración establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, según el artículo 13 de la Declaración, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. De esa manera, no puede agredirse a un mexicano que nació en la capital del país por residir, dentro del territorio mexicano, en otra entidad federativa.Asimismo, se consagran los derechos humanos de los nativos del Distrito Federal en otros documentos vigentes en nuestro país, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en México desde el 24 de marzo de 1981, en cuyo artículo 11 se previene que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En el artículo 22 se establece que toda persona tiene derecho a circular y a residir en el territorio de su país.En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor para México desde el 23 de junio de 1981, en el artículo 2 se establece el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos para los seres humanos, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. De igual manera, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en México desde 23 de junio de 1981, su artículo 2 establece el compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos los derechos reconocidos en el Pacto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.En la situación actual de evolución y reconocimiento de derechos humanos, no tiene la más mínima cabida un atentado contra los derechos humanos de los nacidos en Distrito Federal que se trasladan a residir en algún estado de la República y que, con la injusta denominación de "chilangos", se les pretenda afectar gravemente su esfera jurídica.

CORRUPCIÓN IMPUNE

ERNESTO VILLANUEVA

El problema no es que en México haya quienes violen la ley, sino que las conductas ilícitas o delictivas queden impunes. Ese es el reto mayor. En Chiapas, los fenómenos de corrupción sin consecuencia negativa alguna forman parte del sistema de gobierno. Existen elementos que me permiten afirmar lo anterior. Veamos. Primero. El reportero Víctor Carrillo Caloca, del diario Cuarto Poder, dio a conocer el 20 de junio del año 2000 que el candidato a gobernador Pablo Salazar había falsificado su título profesional de abogado y su cédula profesional, la número 0745078. Esta cédula en realidad pertenece a María Leticia Altuzar Coello, licenciada en Psicología, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Salazar no sólo se limitó a mentir sobre su título y cédula, sino que hasta presentó documentos -que, se vería después, eran apócrifos- según los cuales había presentado su examen profesional de la carrera de abogado en la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a las 18: 00 horas del 28 de agosto de 1978 y lo aprobó por unanimidad de votos. Bajo esta falsa identidad profesional Salazar ocupó varios cargos reservados para abogados en Chiapas, empezando por ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde impartía derecho constitucional y ética jurídica. El 15 de febrero de 2001, después de tantas mentiras, Salazar obtuvo su título de abogado con número 4509BUAP, con la ayuda del entonces rector de la universidad, Enrique Doger. Con motivo de lo anterior se inició la averiguación previa 275/III/2000, pero no hubo ninguna consecuencia para Salazar. Segundo. En el Poder Judicial chiapaneco, denominado como "Magistratura Superior del Estado", la corrupción se ha infiltrado sin que nadie sea castigado. En efecto, el artículo 53, fracción III de la Constitución de Chiapas, dispone que para ser magistrado se requiere poseer el día del nombramiento una "antigüedad mínima de 10 años, título y cédula profesionales de licenciado en derecho". Al menos dos magistrados han incumplido estos requisitos de estricto derecho. El 12 de agosto de 2008 fue designado Mario Ruiz Coutiño como integrante de la Magistratura Superior de Chiapas por el congreso local a propuesta del gobernador Juan Sabines. Resulta que, de acuerdo al oficio DAEP 3730/08 de la Dirección General de Profesiones de la SEP, a Ruiz Coutiño se le expidió la cédula profesional 3681877, el 7 de octubre de 2002. ¡Nada más le faltaban seis años de antigüedad para cumplir con la Constitución! Por esta razón, el licenciado Ruiz Coutiño está impedido para desempeñarse como magistrado. ¿Cómo es posible que alguien que mienta y viole con toda impunidad la ley puede estar encargado de vigilar la constitucionalidad y la legalidad de las actuaciones de Chiapas y de administrar justicia local? ¿Cómo pasar por alto que el Congreso local y el gobernador Sabines no hayan sabido de este impedimento o, peor todavía, sabiéndolo hayan lastimado el orden constitucional local para ayudar al amigo? Tercero. El actual presidente del Poder Judicial chiapaneco, Juan Gabriel Coutiño Gómez, también falta a la ley. Coutiño Gómez fue designado, al igual que Ruiz Coutiño, el 12 de agosto de 2008. De acuerdo al oficio ya citado de la SEP, Coutiño Gómez obtuvo su cédula profesional de licenciado en derecho el 4 de diciembre de 1998; en otras palabras, le faltaban tres meses y 23 días para cumplir con los requisitos constitucionales para ser magistrado. ¿Qué se puede esperar del Poder Judicial de Chiapas cuando estos magistrados llegan al cargo a costa de violar la Constitución pese a que su misión es paradójicamente la de ser garantes de su observancia? Como se puede observar, estos son sólo algunos ejemplos de cómo la transparencia es una herramienta eficaz de escrutinio social y de combate a la corrupción. La publicidad de estos actos encarece los costos de quienes desde el gobierno apuestan a la opacidad como salvoconducto para conducirse al margen del derecho. Yo no vivo en Chiapas, no tengo familiares ni interés alguno distinto al de cualquier mexicano por que algún día el estado de derecho pueda ser observado en el país. La mayor parte de los medios y de los periodistas en Chiapas, empero, forman parte de una red de colusión con el poder que, por acción u omisión, coadyuvan a que las cosas sigan igual. Hay, como en todo, sus excepciones. No puedo dejar de mencionar la valentía de los periodistas Víctor Carrillo Caloca, quien resiste desde su modesto quincenario Tinta Fresca, y particularmente del abogado y columnista Roberto Domínguez, quien ha puesto sus conocimientos al servicio de la verdad, con altos costos para él y su familia. En días pasados el ejercicio abusivo del poder se cebó con su hijo del mismo nombre por un asunto en materia familiar que, extrañamente, ha sido llevado con inusitada diligencia al terreno penal, lo que él demanda que sea investigado en el marco de la ley