LOS ERRORES DEL PAN

BERNARDO BATIZ

Hay un debate que lleva ya poco más de un par de semanas en la prensa, alrededor de la elección para el Consejo Nacional, de quién será el nuevo presidente del Partido Acción Nacional. Algunos militantes, disciplinados y adictos al titular del Ejecutivo federal puesto en tela de juicio, Felipe Calderón, apoyan al candidato de éste, quien fue su secretario particular y director jurídico de Pemex, donde dejó asuntos sin aclarar, por haber beneficiado a correligionarios suyos en obras y contratos. Quienes apoyan esta posición se niegan a que previamente se analicen las causas por las que el partido perdió votos en forma tan estrepitosa en las pasadas elecciones y están ansiosos de que el nuevo dirigente tome posesión de su cargo, sin mayores obstáculos y contratiempos.
Los opositores a las directrices presidenciales, entre los que se cuentan algunos panistas de excepción, quienes mantienen una imagen transparente en su actuación, como Javier Corral y Ricardo García Cervantes, y entre los que está también el aguerrido y polémico ex presidente del comité nacional Manuel Espino, pretenden que antes de elegir a quien dirigirá el partido en los próximos años, cruciales por varias razones, se haga un análisis crítico para saber cuáles fueron las causas de la debacle y –posiblemente– quiénes los responsables.
La discusión interesa a todos, no sólo a los militantes; no en balde se trata del partido en el poder, y quienes sabemos algo de su historia podemos afirmar con certeza que los errores que han llevado al PAN a la situación en la que hoy se encuentra no son de hoy: vienen de mucho tiempo atrás y son actitudes y determinaciones que se tomaron cuando el partido varió su rumbo y negoció posiciones que a la larga lo llevaron a la Presidencia de la República a costa de los principios y que ahora lo llevan a esta encrucijada de la que se buscan salidas.
Uno de esos graves errores fue imitar en todo al partido que le entregó, mediante concertaciones, el poder. En lugar de llevar a la administración pública nuevas formas de hacer política, con austeridad, honradez, desinterés y con patriotismo, el gobierno encabezado por Vicente Fox fue una mala calca, caricaturesca, del PRI. Ningún cambio de forma o de fondo, excepto el torpe lenguaje y las actitudes infantiles del titular del Ejecutivo, que fueron su característica: nada nuevo, nada de fondo, nada positivo.
Otra equivocación fue modificar la esencia del Consejo Nacional. Desde su fundación y durante los primeros 45 o poco más años, dicho órgano del partido se llegaba con la mentalidad abierta, sin compromisos previos y con disposición firme de escuchar los debates, de participar en ellos de ser necesario y de tomar las decisiones pensando en el bien de la institución y del país. Desde hace ya largo tiempo, en contra de esa tradición inicial, se llega a los consejos con compromisos adquiridos en reuniones privadas, si no es que secretas, muchas inconfensables, y se sabe de antemano cuál será el sentido del voto de cada uno de los integrantes del órgano de decisión, porque todos, o casi todos, ya tomaron previamente su determinación, aun antes de escuchar los argumentos en pro o en contra; todo es acuerdos, arreglos, promesas y convenios. El compromiso y la componenda suplantaron a la convicción y al debate.
Tienen razón los consejeros inconformes que se oponen a que sea precisamente el derrotado Felipe Calderón quien designe al sucesor de Germán Martínez; la propuesta de los que difieren de la que es la opinión oficial tiene un sentido de retorno a una tradición hace ya tiempo olvidada, pero deseable; lamentablemente, parece que su llamado no tendrá eco. Pesa más una instrucción del titular del Ejecutivo o de alguna llamada de un personero del mismo que todas las consideraciones de carácter ético o político que pudieran hacerse.
En este tenor, es digna de recuerdo una advertencia de don José González Torres, quien fue presidente del partido y candidato a la Presidencia de la República en las épocas heroicas del testimonio y el sacrificio.
Se debatía por enésima vez si se debía recibir o no el subsidio oficial, que el antiguo PAN había rechazado una y otra vez, y ante la insistencia de los que estaban ansiosos porque el dinero en abundancia llegara a las arcas de la tesorería, el ilustre ciudadano al que me refiero advirtió que empezaría el declive del instituto político y la pérdida de su perfil y sus características el día en que se recibiera ese dinero que él señalaba como indebido y corruptor.
Tuvo razón González Torres, cuando los políticos panistas dejaron de ser ciudadanos convencidos de un ideal que participaban en política para modificar al país, sin esperar un triunfo inmediato, y se convirtieron en aspirantes a cargos bien pagados en el partido o en los diversos niveles del gobierno, se echaron por la borda los principios y se abrazó un pragmatismo que se ha tratado de justificar de mil maneras, pero que acabó convirtiendo al PAN en cómplice de lo que antes combatió e imitador de los que fueron sus rivales políticos.
Por ello interesa este debate. Así como se dice insistentemente que se requiere un partido de izquierda, organizado, unido y congruente con sus principios, así también se requiere que el PAN deje de ser la contradicción de sí mismo y reasuma su papel histórico de formador de ciudadanía y leal competidor democrático.

CON EU, ¿MILITARIZACIÓN O DESARROLLO?

MANUEL CAMACHO SOLÍS

Hace 15 años hubo una apuesta estratégica entre México, Estados Unidos y Canadá. Se apostó a favor de la integración comercial de Norteamérica. Hubo costos y beneficios. Ahora, en medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, la prioridad que México intenta introducir es la seguridad; la que tiene sus propios partidarios en EU, sobre todo después del 11 de septiembre. El temor colectivo puede llevar a un error colectivo: a optar por la militarización, cuando lo que urge es relanzar el desarrollo de la región.
Durante todo el siglo XX, los gobiernos mexicanos fueron prudentes en el manejo de los asuntos militares con Estados Unidos. La historia, el sentido común de sus políticos y el patriotismo de sus militares mantuvieron una sana distancia con las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Después del 11 de septiembre y con la violencia imperante en México, ha cobrado fuerza la inclinación a una creciente cooperación militar y policiaca bilateral. Hasta un punto, esta es inevitable y conveniente. Hasta el punto de que México no pierda su soberanía (su última palabra) respecto a cuáles son las prioridades nacionales y cuál es el límite de esa cooperación.
Si se pierde la conducción política nacional del proceso, la fuerza organizativa de las Fuerzas Armadas dominará el campo, desplazando a otras preocupaciones de la sociedad. Eso siempre se había sabido y cuidado.
Por eso sorprende que el gobierno mexicano parezca no tener otra prioridad que la seguridad. Se entiende la importancia del problema, sobre todo ante la violencia prevaleciente.
Lo que resulta difícil deducir es que el gobierno mexicano no se dé cuenta de que la solución del problema —de la gobernabilidad misma de México— depende de su capacidad para recuperar el crecimiento, la efectividad y rapidez con que pueda reducir la pobreza y mejorar la distribución, la honestidad de los funcionarios públicos, la independencia de los tribunales y el respeto a los derechos humanos. La seguridad depende del desarrollo y del control civil y legal sobre el uso de la fuerza.
Lo que también llama la atención es que nuestros socios comerciales igualmente estén perdiendo la perspectiva.
Canadá ya ha sufrido en carne propia los excesos que siguieron al 11 de septiembre; sobre todo por lo que toca al control de sus fronteras. Si alguien tiene un buen sistema legal y preventivo son precisamente los canadienses: están más para enseñar que para ser controlados.
Estados Unidos, en su relación con México, parece haberse quedado en la política del gobierno anterior. Obama se está dejando arrastrar por sus duros y por los nuestros. Esa posición política no tiene futuro. Sólo llevaría a más violencia e inestabilidad en México.
Para enfrentar la inseguridad urge revisar las prioridades en y con México. Con más armas no se va a contener el problema. Con democracia, desarrollo y mayor justicia se podrían alcanzar avances efectivos y duraderos. Hay que llenar el futuro de esperanza, no de temor.

1989-1990: UN MOMENTO PLÁSTICO

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

Hace varios años le leí al historiador inglés H. R. Trevor-Roper una invitación a reflexionar sobre “los momentos perdidos de la historia”. Aquello que pudo haber sido y no fue. Una fórmula para desmontar todo tipo de determinismos y para pensar que las decisiones y acciones que se toman en un momento dado acaban modelando la historia en un sentido, pero cerrando otras posibilidades que también estaban abiertas (“Los momentos perdidos de la historia”, en Vuelta 153, agosto de 1989). Muchos ejemplos utilizaba el autor de Los últimos días de Hitler para ilustrar su sugerencia e intención. Cito sólo uno: “el momento en el que parecía que la lucha por los Países Bajos iba a encontrar solución”. Se refiere a la “celebración de la llamada Pacificación de Gante de 1576”. Escribe: “Si esa pacificación hubiera sido confirmada, y hubiera durado, si el erasmiano Guillermo de Orange hubiera podido instalar a un príncipe francés, el duque de Anjou —casado (según se esperaba) con la reina Isabel de Inglaterra—, como protector de los todavía divididos Países Bajos ¡qué distinta hubiera sido la historia de Europa! Probablemente hubiera sido posible revertir o drenar la marejada de la guerra de religión, y se hubiera preservado la vieja unidad borgoñona de los Países Bajos —corazón económico y cultural de Europa del norte—; y se hubiera podido llevar a la realidad los ideales ecuménicos que habían sufrido daños pero no habían sido destruidos aún. En tales condiciones hubiera sido posible poner en marcha un proceso que… quizá hubiera evitado a Europa la terrible experiencia de la Guerra de Treinta Años”. Hubiera, hubiera… Pero no fue así. Lo interesante es que al realizar ese ejercicio la historia aparece como un proceso abierto. Y esa fórmula contrafáctica de argumentación subraya la responsabilidad que, en cada momento, tienen que asumir los hombres que pueden y/o deben influir en la construcción de la historia.Las elecciones federales de 1988 resultaron paradójicas: por un lado, se demostró que la pluralidad política del país no cabía bajo el formato de un solo partido político y que la competitividad se encontraba a la alta; pero por el otro, que las normas y las instituciones que regulaban y conducían los procesos electorales no eran capaces de ofrecer garantías de imparcialidad a los contendientes y los ciudadanos. Se trató de una crisis mayor.No es exagerado decir que el país vivió jornadas al borde del precipicio. Y se colocaron sobre la mesa del debate nacional diversos diagnósticos y propuestas de lo que había que hacer. Para una fuerte corriente dentro del PRI y el gobierno, lo sucedido era un episodio desafortunado pero reversible. Un mal día que era posible conjurar. Una ruptura en sus filas que quizá el tiempo podría sanar. En el extremo opuesto, primero en el Frente Democrático Nacional y luego en el PRD, se hablaba de una crisis tan profunda que impediría que Carlos Salinas de Gortari tomara posesión como presidente o que si lo hacía difícilmente podría durar en su cargo. Se había dado “un golpe de Estado técnico” y era necesaria “la restauración de la República”. Cierto, el agravio había sido mayúsculo. La forma en que se “contaron los votos” —por decirlo de alguna manera metafórica— en aquella ocasión, sin ningún tipo de control y escrúpulo, generó un sentimiento de ofensa justificado. Algunos, una pequeña minoría, sin embargo, creíamos desde el PRD que las condiciones estaban dadas para acelerar un proceso de transición democrática que modificando normas e instituciones creara las condiciones para la convivencia y la competencia de la diversidad política asentada en el país. La pluralidad no cabía ni quería hacerlo en el formato de un sistema de “partido casi único”. Y esa diversidad era la que alimentaba, reclamaba y requería de un auténtico sistema de partidos plural para expresarse y recrearse. La vuelta al pasado era una fantasía conservadora propia de pirómanos y la apuesta por el desplome institucional —nos parecía— una irresponsabilidad.Y algo similar, pero con mayores posibilidades de hacerse realidad, empezó a emerger de las filas del PAN. Se trataba de pactar nuevas reglas del juego, inéditas condiciones de la competencia. De ir a otra reforma electoral que dejara atrás a las instituciones que habían demostrado su incapacidad para asimilar, sin retoques, la voluntad de los ciudadanos depositada en las urnas y construir un nuevo entramado capaz de ofrecer garantías de imparcialidad a las distintas fuerzas políticas del país.El escenario estaba puesto. Actitudes y propuestas, como suele suceder, eran contradictorias. El ambiente estaba cargado de signos ominosos y las salidas debían ser construidas. Por supuesto que la inercia podía seguir gobernando pero no sin costos altísimos. El desenlace nadie lo conocía. Se trataba de un momento plástico. Una cerrazón gubernamental sólo incrementaría una espiral de violencia y desencuentros. Una política firme de denuncia por supuesto que podría encontrar eco en franjas amplias de la población, pero no sería capaz de romper, por sí misma, el cerco de elecciones disputadas y conflictos postelectorales agudos y desgastantes. Por fortuna, desde el Congreso —con la concurrencia del gobierno— se llevó a cabo una operación reformadora que le permitió al país ir a las siguientes elecciones federales, las de 1991, con un nuevo entramado institucional. El IFE y el Tribunal Federal Electoral fueron los frutos más visibles aunque no los únicos de aquellas innovaciones. Y en ese capítulo transformador jugó un papel relevante el Partido Acción Nacional y en particular su grupo de diputados. Diseñaron, propusieron, negociaron e hicieron realidad un nuevo marco institucional para el desarrollo de las elecciones. Es decir, en un momento plagado de incertidumbres construyeron una puerta de salida. Y ahora, a contracorriente de una muy extendida tradición, la de la desmemoria, dos de los participantes en aquellas fructíferas jornadas, Antonio Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara, nos ofrecen su testimonio. Un testimonio documentado, alejado de los juegos líricos, de las memorias a modo, buscando y logrando que cada afirmación descanse en un respaldo documental.Voto en libertad nos brinda una panorámica de las reformas electorales en nuestro país previas a la de 1989-1990, un análisis desde la perspectiva del PAN de los controvertidos comicios de 1988, una explicación de la respuesta panista a esa situación, y una muy documentada información sobre los aportes fundamentales que el PAN hizo para la creación del nuevo marco normativo e institucional en materia electoral. En efecto, no se trató de una reforma más, sino de aquella en la que se colocaron los cimientos para que las elecciones en México pudiesen ser confiables.En medio de la incertidumbre, del malestar y el conflicto circular, el PAN trazó una ruta y junto con el gobierno apostó por la vía de las reformas. No era el único desenlace posible. Las “cosas” podían estancarse o descomponerse. Se trataba, como ya se apuntó, de un momento plástico y la responsabilidad de los políticos resultaba ineludible. Y ahí radica la primera y más importante lección de aquellos años: la política, la política democrática, puede forjar un mejor horizonte para la reproducción de la sociedad o puede quedar atrapada en el laberinto de las apuestas particulares. En 1989-1990 los acuerdos alcanzados, que se transformaron en cambios constitucionales y legales, le inyectaron a la convivencia de la diversidad posibilidades frescas.No fue —no podía ser— la última reforma. A ella le siguieron cambios significativos en 1993, 1994 y 1996. Pero en lo que se refiere a la construcción de inéditas instituciones electorales tiene un lugar especial en nuestra serpenteante historia. Por ello el esfuerzo de Antonio Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara merece ser subrayado. Junto con sus compañeros de partido pusieron en la mesa del debate no sólo diagnósticos sino también propuestas y un buen número de ellas acabaron por modelar el sistema electoral que hoy permite la expresión y competencia de la diversidad política. Y es de agradecerse el esfuerzo para que ese importante capítulo de nuestra historia reciente no se diluya en la desmemoria. Escribe Vasili Grossman (Vida y destino) que el tiempo es un medio transparente en el que los hombres nacen, se mueven y desaparecen sin dejar rastro. Pues bien, el presente libro es un intento por lograr que lo último no suceda.

REDISEÑAR AL ESTADO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

De que México ha cambiado políticamente hablando no cabe la menor duda. Con todo y la recuperación electoral del PRI en las recientes elecciones y las crisis internas que atraviesan el PAN y el PRD, hacer vaticinios respecto a los resultados en los comicios por venir es mera especulación, un futurismo absurdo.
Nadie puede saber con certeza qué resultados nos depara 2012, con todo y que los astros parecen haberse alineado favorablemente para el regreso del otrora partido hegemónico a Los Pinos. Nadie puede saber los alcances y los efectos que la crisis económica o el gravísimo problema de seguridad tendrán en el escenario político de los próximos años.
Eso no es gratuito, vivimos una indiscutible incertidumbre democrática como consecuencia de las transformaciones electorales que se han articulado a lo largo de 30 años en siete grandes reformas. La ruta fue clara: apostar por la apertura del sistema de partidos para que la pluralidad política pudiera expresarse; permitir que esa diversidad ideológica encontrara cabida en los órganos representativos y construir un sistema electoral que permitiera que los votos se expresaran libremente y que se contaran efectivamente.
Hoy, gracias a esos cambios, han cobrado carta de naturalización fenómenos típicamente democráticos, como la falta de mayorías predefinidas, la alternancia, los comicios competidos y un electorado variable y, en general, sensible a las coyunturas. Sin embargo, el proceso de construcción institucional y de procedimientos democráticos, ha seguido, sobre todo, el curso de los cambios electorales. Es ahí en donde hemos avanzado visiblemente. En otras áreas del diseño del Estado el progreso ha sido desigual o incluso nulo.
Luego de una primera etapa positiva, que implicó la creación de la CNDH y de algunos cambios constitucionales, el de los derechos humanos ha sido un tema pendiente en la agenda político-jurídica del país y que en estos días vive un lamentable olvido y abandono que se agrava con el virtual estado policial que se vive en buena parte del país en el combate al crimen organizado y las crecientes tentaciones hacia las políticas de mano dura.
El necesario repensamiento y rediseño del Poder Judicial, luego de los avances que se lograron en 1994 (y de los retrocesos de la contrarreforma al Consejo de la Judicatura de 1999), también está en la larga fila de los pendientes. La incorporación de las justicias administrativa, laboral y agraria a este poder, la actualización del vetusto y en gran medida obsoleto juicio de amparo (incluyendo la posibilidad de que sea un instrumento para enfrentar a los crecientes y amenazantes poderes económicos y mediáticos privados), la revisión de las figuras de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad para ampliar el abanico de sujetos legitimados para interponerlos, y la eventual creación de una Corte constitucional, son sólo algunos temas que requieren de revisión en este apartado del Estado.
También el Congreso debe replantearse para agilizar su funcionamiento, modernizando sus procesos y sobre todo sus normas internas.
Y, por supuesto, el Poder Ejecutivo debe ser sometido a una cirugía mayor para eliminar los poderes autocráticos que tiene y que vienen del pasado (como el control total de la procuración de justicia y el monopolio de la acción penal) y dotarlo, al contrario, de atribuciones y capacidades democráticas para lidiar con el fenómeno de los gobiernos divididos y para interactuar de manera ágil pero respetuosa con un Poder Legislativo predestinado a no tener mayorías predefinidas.
Ahora que el proceso electoral está llegando a término y que es inminente la instalación de la nueva Legislatura, hacer un recordatorio de la todavía larga lista de cambios postergados es obligatorio. Debemos hacernos cargo de que la gobernabilidad de nuestra endeble democracia pasa, inevitablemente, por hacer las cuentas con los pendientes de la multievocada reforma del Estado.

UNA AGENDA LEGISLATIVA OBLIGATORIA

PEDRO SALAZAR UGARTE

Pocas cosas pueden rescatarse del torbellino político en el que estamos, desde hace algún tiempo, cautivos. Rescato, por ejemplo, dos realidades prometedoras: a) la elección pasada se desplegó y concluyó exitosamente; b) el Poder Legislativo adquiere, cada vez más, un protagonismo indudable. Ambos datos, en principio, abonan en la consolidación democrática. El primero porque constituye una confirmación colectiva de la vía electoral como senda para procesar los recambios en las instancias de poder político. El segundo porque el Parlamento encarna a la representación nacional y ejerce la función cardinal de un estado de derecho: la creación de las normas colectivas que deben ser ejecutadas por el Presidente y que sirven de base para la tarea jurisdiccional. La labor legislativa es el ancla del principio de legalidad.
Esto explica y justifica la creciente atención de los observadores de la política a la agenda legislativa. Una agenda que, en estricto sentido, debería corresponder a los legisladores en cuanto tales y no a los partidos políticos en los que militan. Advierto esta petitio principii porque es importante para la tesis central de este artículo y no porque milite en las filas de quienes ven en los partidos la encarnación del mal. Mi tesis es la siguiente: la agenda legislativa —en su parte medular y, por lo menos, para la 61 Legislatura— ya está predeterminada. Y se trata de una agenda constitucionalmente obligatoria para las señoras y los señores legisladores (les guste o no a los partidos).
Los temas principales de dicha agenda son los siguientes: a) la aprobación de una nueva ley en materia de transparencia y acceso a la información pública; b) la emisión de una ley que proteja la vida privada y los datos personales; c) la aprobación de una ley que regule el derecho de réplica; d) la emisión de una nueva ley en materia de radio y televisión; e) la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional; f) la emisión de los instrumentos legislativos que permitan la implementación paulatina pero inminente del nuevo sistema penal acusatorio y oral.
Ello en adición, por si no bastara, a la aprobación anual del Presupuesto de Egresos a cargo de la Cámara de Diputados y de los nombramientos en posiciones claves para el Estado que estarán a cargo del Senado de la República este mismo año: dos ministros de la SCJN, el gobernador del Banco de México, el presidente de la CNDH y dos comisionados del IFAI. Y esto sin considerar las adecuaciones a la legislación electoral que ya han sido anunciadas y que, desde mi perspectiva, sólo deben ser puntuales y marginales. Una agenda cargadita, diría yo.
Esta relación de temas no emana de mi voluntad ni de mis deseos. Se encuentra, salvo en el caso electoral, delineada de manera expresa por la Constitución. De hecho, los puntos de esta agenda legislativa provienen de reformas a la Constitución aprobadas en los últimos tres años que imponen al legislador una obligación positiva: emitir las leyes secundarias necesarias para hacer efectivas esas nuevas disposiciones constitucionales. Para decirlo en lenguaje de juristas: actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, existen lagunas que el legislador debe colmar.
Y ese deber no es un deber político o moral sino que se trata de un deber legal. La omisión legislativa en estos casos —además de condenar las reformas constitucionales al mundo de la ficción, la retórica y la irrelevancia—, en estricto sentido, constituiría una infracción a la Constitución. Contravención, grave en sí misma que, en ciertas materias, puede resultar letal: ¿qué sería de la lucha contra la delincuencia organizada si el legislador no crea las nuevas leyes penales dentro del plazo constitucionalmente establecido (ocho años a partir de junio de 2008)?
En suma, la agenda legislativa ya existe, lo que no quiere decir que no habrá espacio para la política. Pero el ámbito del debate y el diferendo político están delimitados por lo que los legisladores tienen que decidir. Es en esta agenda obligatoria en la que las nuevas mayorías podrán, legítimamente, dejar su huella moldeando las nuevas normas a la luz de sus preferencias.

MÉXICO ¿PAÍS EMERGENTE O EN EMERGENCIA?

CIRO MURAYAMA

La emergencia sanitaria causada por el brote de la influenza humana tendrá efectos sobre la de por sí menguada actividad económica del país. Ello era de alguna forma inevitable: las medidas preventivas que se pusieron en marcha una vez detectada la existencia de un nuevo virus, que implicaron disminuir la actividad escolar primero y parte de la prestación de servicios después, necesariamente implicarían menor consumo, esto es, menos ventas. Se especula ahora si las medidas oficiales representaron una “sobrerreacción”, mas tales especulaciones provienen antes de comentaristas políticos que de epidemiólogos o de los equipos médicos, por lo que conviene dar por bueno que más valió tomar las precauciones necesarias ante lo desconocido que pecar de omisos e irresponsables. Los daños en la economía –específicos, por una contingencia de 10 días hábiles– pueden ser recuperables, cosa que no ocurre con la vida de la población en riesgo.La emergencia no pudo conjurarse de antemano –de hecho, el surgimiento de un nuevo virus, de letalidad desconocida, era esperado por los científicos del mundo entero, aunque no se sabía dónde podría darse el brote– ni, tampoco, podían instrumentarse medidas frente a la contingencia que fueran del todo inocuas a la actividad normal de la sociedad y, por tanto, de la economía. Pero lo anterior no quiere decir que el país nada pudiera haber hecho desde antes en materia de salud frente a los pronósticos objetivos de amenazas de epidemias, ni que la situación económica predominante sea resultado sólo de contingencias “que vienen de afuera”. En lo que toca al primer asunto, al de la salud, el año pasado el gobierno reconocía una cifra de 20 millones de mexicanos sin ningún tipo de cobertura sanitaria. Es decir, incluso sin emergencia y sin el surgimiento de un nuevo virus, prácticamente uno de cada cinco habitantes del país no tiene forma de acceder a alguna de las instituciones de salud cuando lo requiere. Una enfermedad curable, por tanto, puede volverse mortal por falta de atención, lo que con frecuencia implica simplemente que la persona que enferma o su familia carezcan de los recursos económicos suficientes para acudir a un médico en el momento preciso. Así, para los más pobres no hacía falta el brote de la influenza para estar en una permanente situación de vulnerabilidad en términos de salud.Por otro lado, la semana y pico de afectación a ciertas actividades económicas se hace más cruda por el hecho de que ocurre sobre una economía que, de por sí, venía en declive. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer, el martes previo a la declaración de la alerta sanitaria, que, según sus estimaciones, la economía mexicana se contraería 3.7 por ciento en 2009 y que, para 2010, alcanzaría un crecimiento de apenas el 1.0 por ciento, es decir, que al final del año próximo produciremos una riqueza menor, como economía, que la que generamos al final del año pasado. Por tanto, no fue la influenza lo que afectó a nuestra economía, sino que su incapacidad de crecer viene de antes. Tan es así que en 2007 crecimos a un modesto 3.3 por ciento y en 2008 a un 1.2 por ciento. Brasil, en los mismos años, lo hizo en 5.7 y 5.1 por ciento, respectivamente, y el FMI prevé que este año su reducción será del 1.3 por ciento –una disminución de un tercio de la nuestra– y que para el 2010 país sudamericano conseguirá crecer al 2.2 por ciento.Para el caso de México, conviene recordar que 2008 tampoco fue un año sin eventos “externos”, pues entonces fue cuando se presentó el encarecimiento del precio de los alimentos. En 2007, tuvimos nuestro propio episodio con el precio de la tortilla. Es decir, en economía real no hay ceteris paribus (todo lo demás permanece constante o igual), sino que siempre hay cambios y, con frecuencia, son más los desafíos que las oportunidades. Frente a este panorama cambiante de la economía global, y ahora de la salud mundial, desde México la respuesta no puede ser la resignación o reducirse a la reacción coyuntural –por atinada que sea, como sucedió con el brote del virus–, sino que es preciso recobrar las estrategias para crecer y para fortalecer el tejido económico e institucional que puede hacer frente a las diversas situaciones adversas. En materia de salud, por ejemplo, es indispensable un esfuerzo de ampliación real de la cobertura, lo que precisa de ingentes recursos fiscales que, a su vez, requieren de una economía en crecimiento para que la recaudación vaya aumentando. Pero el crecimiento económico exige inversión y, en la actual crisis, sólo es factible imaginar que ese papel de canalización productiva de recursos a la economía provenga del sector público, que a su vez se enfrenta a recursos disminuidos. En efecto, estamos ante la necesidad de aumentar los recursos fiscales para crecer, y el incremento de la recaudación exigiría una economía más dinámica. En esa trampa nos encontramos. Una ruta para resolver el dilema puede ser la obtención de recursos fiscales vía redistribución –es decir, no esperar a crecer para poder contar con más recursos susceptibles de ser invertidos en áreas clave, como la infraestructura en salud–; se trata de una alternativa no menor dada la concentración del ingreso en el país.Sólo aspirando a que México sea una economía dinámica, en ascenso, emergente, podremos evitar seguir viviendo como un país en permanente emergencia.

EL FEDERALISMO IDIOTA

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

No cabe duda de que el sistema federal es una forma de organización de los poderes públicos esencial para países tan grandes como México, con sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. El federalismo fue una conquista del constitucionalismo mexicano del siglo XIX y ha sido desde entonces uno de sus emblemas. Sin embargo, hay elementos para creer que el modelo federal que tenemos ha entrado en una etapa de obsolescencia, a partir de la cual solamente le queda reformarse en profundidad o seguir siendo una fachada inservible detrás de la que se esconden las peores formas de despotismo gubernamental y de ineficacia institucional.
Hay tres ejemplos recientes que ilustran a la perfección la necesidad de un cambio radical de nuestro federalismo:
1. El incendio de la guardería ABC en Hermosillo. Fue todo un espectáculo ver a las autoridades federales, estatales y municipales rehuyendo cualquier responsabilidad por la muerte de casi 50 niños, con la peregrina excusa de la distribución de competencias. El uso de suelo le tocaba al municipio, protección civil es una materia compartida entre Federación y estados, el régimen de subrogración está a cargo del IMSS, y así por el estilo. El resultado está a la vista de todos: la impunidad más clamorosa para los verdaderos responsables y unos cuantos chivos expiatorios detenidos para acallar a la opinión pública.
2. La detención de funcionarios públicos del estado de Michoacán es el segundo ejemplo. En ese caso vimos al gobernador lanzarse a defender la soberanía del estado, como si no fuera claro que la persecución de delitos federales debe hacerse a todo lo largo y ancho del territorio nacional. El problema está en que muchas personas efectivamente pensaron que la PGR no puede actuar en esos casos sin pedir “permiso” al gobierno local. En medio de ese debate se diluyeron las responsabilidades políticas más obvias: ¿quién había nombrado a esos funcionarios? ¿Qué filtros existen para evitar que el crimen organizado compre “plazas” en el gobierno? ¿Qué tipo de información debería tener la ciudadanía frente a los candidatos a presidentes municipales? Y el fondo: ¿qué deben hacer los poderes de los tres niveles de gobierno para evitar que una cosa así vuelva a pasar?
3. La disputa por la nueva refinería de Pemex. En ese caso la Federación, que tiene la competencia exclusiva en materia de petróleo, pone a competir a dos entidades federativas para obtener el codiciado botín, en una decisión que es por lo menos insensata y torpe. Las autoridades locales entran en una carrera contra el tiempo en la que se ven involucrados ejidatarios, núcleos agrícolas, presidentes municipales, funcionarios del Registro Agrario Nacional, entre otros. Al final las reglas fijadas por Pemex no se respetaron de forma muy escrupulosa que digamos, pero el costo político y financiero creo que no será menor tanto para Hidalgo como para Guanajuato. ¿Para qué sirve en un caso como el de la refinería la distribución de competencias? ¿Los estados deben hacerle el trabajo sucio a la Federación y conseguirle las facilidades para que ejerza sus atribuciones exclusivas? A lo mejor es que algunos funcionarios tomaron nota del fracaso que la Federación tuvo en el caso del aeropuerto que se quería construir en Atenco y decidieron no repetir la dosis en este caso.
En medio de todo eso salta la pregunta importante: ¿dónde está el ciudadano? ¿Qué ganamos nosotros con que exista una maraña tan compleja de distribución de competencias, que más parece servir para la evasión de responsabilidades que para prestar un servicio público de calidad? Los reformadores del Estado deberían ponerse a pensar de inmediato en un nuevo modelo de federalismo, que en serio sirva a la gente y no sólo reproduzca hasta el infinito la negligencia institucional y la cantidad de funcionarios que supuestamente están al servicio de la ciudadanía.

¡DEBACLE EN VENEZUELA!

FRANCISCO MARTÍN MORENO

El marxismo-leninismo constituyó la mentira más grande del siglo XX. Cuando se desplomó la Cortina de Hierro dejó al descubierto la infamia y la tragedia contenidas en dicha filosofía económica y política que masacró a los “enemigos del sistema”, los encarceló, los recluyó en manicomios, postró en la miseria a millones de personas y sepultó en la orfandad política a miles de teóricos, hipócritas, la mayoría de ellos.
¿Usted invertiría la quinta parte de un centavo en Venezuela? Sin inversión desaparecen las empresas; sin empresas no hay empleos y sin empleos se atenta en contra de la estabilidad política y social de un país. Sin empresas no hay recaudación tributaria y sin recaudación el gobierno carece de recursos para satisfacer las necesidades fundamentales de la ciudadanía.
El marxismo-leninismo constituyó la mentira más grande del siglo XX. Cuando se desplomó la Cortina de Hierro dejó al descubierto la infamia y la tragedia contenidas en dicha filosofía económica y política que masacró a los “enemigos del sistema”, los encarceló, los recluyó en manicomios, postró en la miseria a millones de personas y sepultó en la orfandad política a miles de teóricos, hipócritas, la inmensa mayoría de ellos, unos connotados presupuestívoros, golosos consumidores del Armagnac XO…
Hugo Chávez, este acaudalado primate bajado a pedradas de una palmera de La Guaira, hoy ocupa explicablemente la primera magistratura de su país en razón del voto mayoritario de los venezolanos, los mismos que en su momento también reeligieron a Carlos Andrés Pérez con las consecuencias por todos conocidas. Los venezolanos reeligieron el caos, algo así como si los mexicanos hubiéramos reelegido a Echeverría… Si Chávez ganó las elecciones fue porque su pueblo demandó promesas porque ya estaba harto de realidades…
Este pintoresco mico del Orinoco olvidó, por lo visto, la catástrofe padecida por los soviéticos y sus satélites fundamentalmente europeos. Ni siquiera giró la cabeza hacia Brasil en donde una izquierda inteligente y lúcida ha disparado los índices de bienestar del país vecino. Socialismo el de Felipe González, el de Mitterrand, el de Lula, el de Lagos y el de la Bachelet. El pretendido socialismo de Chávez o el de Castro son fórmulas supuestamente progresistas que hunden en la pobreza a la población, además de mutilarla y orillarla a la rebelión, salvo que en cada manzana el ejército corrupto y cómplice controle cada casa, calle, manzana, colonia, pueblo y ciudad. Todavía no conozco elecciones transparentes y democráticas en las que se vote libremente por el comunismo: éste debe ser impuesto con la fuerza de las bayonetas.
Chávez y su gabinete “bolivariano” ya deberían haber aprendido que la nacionalización de los bienes de producción conduce al desastre. El Estado, por lo general, no ha sido un buen empresario. En nuestro caso ahí están Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza y el Instituto Mexicano del Seguro Social: donde hay un burócrata hay un problema y donde hay cuatro millones de burócratas hay cuatro millones de problemas. El proyecto de Ley Venezolano de Propiedad Social provocará no sólo la quiebra de su economía, sino que, a la larga, propiciará un baño de sangre.
Chávez ha convertido a más de 12 mil firmas contratistas de Petróleos de Venezuela en “unidades de producción socialistas” dirigidas y financiadas por el gobierno. No es conveniente gobernar con reglas y principios extraídos del bote de la basura, por ello la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, de la metalurgia, de la industria del cemento, de plantas procesadoras de alimentos y tierras para la siembra y la ganadería, además de algunos bancos clave en la economía, sólo se traducirán en ineficiencia, pobreza e injusticia social desde que los sindicatos y sus respectivos líderes se convertirán en sectores privilegiados que se enrollarán como sanguijuelas alrededor de la tráquea de la nación para absorber los últimos flujos de sangre fresca.
Chávez, es claro, no aprendió tampoco de la experiencia mexicana. Chávez nunca aprendió nada. ¡Pobres de los venezolanos que lo eligieron y lo reeligieron! Pobre de América Latina si no aprende del caso venezolano o del cubano. Honduras ya dio una lección, sombría por cierto. La violencia engendra más violencia. El rompimiento del Estado de derecho es una amenaza para la paz social. ¿Las expropiaciones o los robos “legales” y la tiranía legalizada no lo son? ¿Y la supresión de la libertad de expresión, además de las persecuciones políticas? ¿Qué falló en primera instancia? ¡La educación…! A más desesperación e ignorancia, más Chávez o más Andrés Manuel López Obrador…
A Raúl Castro, otro tirano, le asiste la razón cuando sostiene que “en Cuba no sobra nada, sólo problemas.” Agregó que “los frijoles en Cuba son un asunto de seguridad nacional” y que su país “no puede seguir gastando cientos de millones de dólares en importar alimentos que se pueden producir en la isla”. ¿Quién va a producir frijoles en Cuba y a cambio de qué si con las ganancias —¿cuáles…?— no es posible mejorar las condiciones de vida ni ahorrar para tener una vejez sin sobresaltos ante la ausencia de la propiedad privada?
La socialización del campo mexicano tendría que haber sido otra experiencia a investigar… ¿Cuándo se entenderá que el capitalismo de Estado es un embuste muy vendible en los países depauperados y sepultados en la ignorancia? Chávez estaba mejor trepado en su palmera en La Guaira

UN AMIGO FRANCÉS

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Para que la voz de un país en otro sea entrañable, es necesario un representante diplomático que muestre una amistad sincera.
En las relaciones entre los estados no hay beneficio ni oportunidad mayor que contar con un buen embajador. Muchos de los problemas internacionales, particularmente los bilaterales, suelen agravarse cuando no existe un buen embajador que sabe mediar, destacar los acuerdos y solucionar los disensos. Para que la voz de un país en otro sea, no sólo audible sino comprensible y hasta entrañable, es necesario contar con un embajador que se convierta en amigo sincero, compañero sensible y visitante comprensivo. México, durante décadas ha contado con hombres así diseminados por toda la geografía del mundo. Muchos de ellos son desconocidos o sólo recordados por quienes los conocieron a causa de su trabajo en distintos países. Hombres como Gilberto Bosques, Isidro Fabela, Alfonso García Robles, Gonzalo Martínez Corbalá y Vicente Muñiz Arroyo, por hablar sólo de algunos, encarnaron la voz de nuestro país, su solidaridad y su valor. Incluso habría que recordar que, cuando Alfonso Reyes se despidió de su embajada en Brasil, el entonces presidente de esa república, Getulio Vargas, interrumpió la emisión del programa de radio a cargo del gobierno federal, para despedir al que consideró un amigo dilecto del pueblo brasileño justo en el momento en que abordaba el barco que lo retornaría definitivamente a México.
Hace unos días tuve la oportunidad de leer un balance de las relaciones mexicano-francesas, a través de un artículo de don Daniel Parfait, embajador de Francia en México. Leer sus palabras amables nos da una idea del buen sentido con el que expone los puntos de acuerdo entre dos países, con una amistad más allá del centenar de años y que, sin embargo, no se encuentra ahora en el mejor de sus momentos.
En esta ocasión, los buenos oficios de Parfait han logrado que el desatinado comentario de su Presidente no agudizara las antipatías ni agrandara la fisura en las relaciones entre nuestros pueblos. Según Parfait, como para todos quienes estamos convencidos de que el entendimiento y la tolerancia son las claves para una convivencia civilizada en las sociedades y entre los pueblos, es en los puntos de cooperación de donde pueden obtenerse la inteligencia y la visión para superar los desencuentros y los desaciertos. En toda relación entre naciones suele haber estos momentos álgidos, pero dimensionarlos y corregirlos es el principal papel de la diplomacia. Podemos entender que el presidente Sarkozy sufriera presiones de la opinión pública en su país, que poseyera información insuficiente o fragmentada; pero ellos han debido comprender que, para nosotros, como en cualquier nación, el respeto al derecho interior es la prioridad absoluta que, en nuestro caso, el tema a tratar tocaba un punto muy sensible de la vida social y política de nuestro país: la seguridad.
Y sí es posible celebrar y comprender la amistad franco-mexicana a través del trabajo de Daniel Parfait. Pensemos en las memorias de los militares de la guerra de intervención que, 30 y 40 años después, se reunían todavía con sus antiguos enemigos franceses que se habían quedado en México y se habían casado con hijas de los militares mexicanos. Aquellos que habían venido a conquistar habían sido conquistados y habían fundado ya estirpes en nuestro territorio. O pensemos también en los cuadros del Aduanero Rousseau, que retrataban un México soñado y tan hermoso que muchos quisieron ver aquí en el país al joven pintor reclutado como soldado en la aventura mexicana de Napoleón el pequeño, una visión tan edénica y dulce que sólo había podido nacer de la imaginación del artista quien, como Alfonso Reyes lo demostró, nunca estuvo en México, aunque siempre anheló visitarlo.

NARCISO BASSOLS, A 50 AÑOS DE SU MUERTE (I-II)

HERMILIO LÓPEZ-BASSOLS

México no puede permitirse aberraciones tales como olvidar a sus mejores hombres y pretender fundar un panteón neoconservador compuesto por los enemigos históricos de los tres grandes movimientos populares que nos dieron patria e identidad. Más aún en esta época de profunda crisis, cuando la nación está hundiéndose en un mar de incertidumbre, corrupción, servilismo, ineficacia y suplantación de los valores. Hoy, el chantaje de dentro y de fuera es insolente y quiere aplastar todo vestigio de independencia, autodeterminación y soberanía y así cancelar el proyecto de país que el pueblo mexicano ha ido forjando desde 1810. Por ello, México debe volver a nuestros grandes hombres, los que entregaron su sangre o su talento en aras de una profunda transformación, primero del México colonial y luego del porfirista, antes de que se iniciara la contrarrevolución (o la traición a la misma). Debemos reconocer a aquellos que tuvieron la clarividencia de advertir el desastre en el campo, el enganche al Imperio, las corruptelas en el poder, la postergación de la reivindicación indígena, el quiebre de los principios revolucionarios en materia de educación, la cesión a los intereses trasnacionales; aquellos que pronosticaron una profunda crisis debida a la "confusión" ideológica de los partidos políticos que carecen de inteligencia y de hombres que conduzcan al país al mínimo esperado de prosperidad colectiva y principalmente equitativa, y dignidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Incluyo entonces no sólo a aquellos que ahora muestran una afinidad concupiscente, producto de la comunidad de intereses bastardos y que mutuamente se protegen, como también a la única opción verdadera de cambio y salvación del país, la izquierda social que hoy se empantana en contradicciones y protagonismos -ignorando incluso a sus líderes históricos-.Nacido en Tenango del Valle en 1897, en plena dictadura, sobrino nieto de Sebastián y Miguel Lerdo de Tejada, Bassols cursó la carrera de leyes con maestros como A. Caso, quien le reconoció como el más inteligente de su generación; si bien no perteneció al grupo de los "Siete Sabios", fue profesor de Garantías y Amparo y Derecho Constitucional y luego director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia; redactó la Ley Agraria de 27 que interesó de tal manera al general Calles, que lo invitó a la Secretaría de Educación Pública donde realizó uno de los trabajos más fecundos y visionarios: respeto al Artículo 3º. constitucional, fomento a la educación técnica, promoción de la educación en las zonas indígenas, apertura de escuelas rurales, creación de las misiones culturales, etcétera. Pasó a la Secretaría de Gobernación porque el clero reaccionario atacó una educación sexual elemental y fue después el primer secretario de Hacienda del presidente Cárdenas. Por órdenes del General, solicitó la salida del país a don Plutarco y el Presidente lo envió a Londres, donde advirtió la fuerza de las dictaduras que pretendían despedazar a Europa; simultáneamente, fue representante de México ante la Sociedad de Naciones donde denunció enérgicamente la agresión italiana a Etiopía. Pasó a París, donde sugirió al presidente Cárdenas acoger a los refugiados españoles, labor en la que le apoyaron Gamboa y Bosques. Luego renunció y vivió en España en plena guerra civil, ayudando a la causa republicana. Ávila Camacho le invitó a presidir la Suprema Corte o a encargarse de la Secretaría de Economía, pero declinó porque consideraba que "mutilaría su pensamiento si aceptaba integrarse a un gobierno que ya cambiaba el rumbo revolucionario". Años después, aceptó la Embajada en Moscú, convencido de que había que abrir relaciones con el poderoso país del Soviet. Antes, había fundado el Partido Popular y publicado COMBATE. Su último cargo gubernamental fue como asesor del presidente Ruiz Cortines ("nuestro genio", le llamaba) mas cuando éste devaluó la moneda en 1954, renunció. "Nos deslizamos a la derecha, nos hundimos!!" (¿Y hoy, cuál es el estado de cosas?). Falleció por un accidente en Chapultepec, el 24 de julio de 1959.Continuará......

CALDERÓN Y LAS FUERZAS ARMADAS

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Yo creo que el Presidente tiene una mala apreciación constitucional y legal, primero constitucional, porque lo legal se deriva de aquí, de la función de las Fuerzas Armadas. Lo digo, pues en días pasados en Salina Cruz, Oaxaca, abogó a favor del papel de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la delincuencia, definiéndolo como superior, legítimo, constitucional, legal y democrático. Luego sostuvo que se utilizan aquéllas "en cumplimiento de una ley aprobada por el pueblo representado en el Congreso de la Unión, y que es la única fuerza pública que puede y debe haber para aplicar la ley sin distingos y sin excepción".¿Qué dice la Constitución al respecto? En el párrafo noveno de su artículo 21 se refiere a "la prevención de los delitos" y a "la sanción de las infracciones administrativas". Pero el párrafo décimo es más claro y específico, ya que en él se alude al "Ministerio Público" y a "las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno", disponiendo su coordinación "para cumplir los objetivos de la seguridad pública" y conformar "el Sistema Nacional de Seguridad Pública". De lo anterior se deduce que se trata exclusivamente de tareas encomendadas a autoridades distintas de las Fuerzas Armadas, que nada tienen que ver con la prevención ni comisión de delitos. A su vez, el Artículo 73 de la Constitución sólo en su fracción XIV (de las Facultades del Congreso) habla de las Fuerzas Armadas al prescribir que el Congreso tiene facultad: "Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales, y para reglamentar su organización y servicio". Pero no autoriza a dichas instituciones a intervenir en cuestiones relacionadas con la delincuencia.Por su parte, la fracción VI del Artículo 89 constitucional faculta y obliga al Presidente a: "Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación". Nada más que es de señalar, en lo tocante a esta fracción, que la finalidad es "para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación", siendo que en el contexto del precepto y atendiendo al espíritu de la norma, los conceptos de seguridad interior y defensa exterior no guardan relación con la delincuencia, lo cual se confirma en el Artículo 129 de la propia Constitución que a la letra dice en su inicio: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Hasta aquí y en lo transcrito la Carta Magna no contiene alusión alguna, ni siquiera velada, para justificar la presencia del Ejército y la Armada en la lucha contra la delincuencia. Es decir, no hay en la especie un respaldo constitucional. Bien es cierto que en los artículos citados hay referencias al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la seguridad nacional, lo mismo que a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación como ya se dijo; pero esto no supone que a las Fuerzas Armadas les atañan los problemas de la delincuencia.Ahora bien, ninguna ley secundaria puede rebasar a la Constitución disponiendo lo que no está en la norma suprema. En tal virtud señalaré en seguida y en lo conducente lo que contienen la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se verá que, indudablemente, no existe disposición en ellas que corresponda al mandato constitucional en lo que concierne a las Fuerzas Armadas enfrentándose a la delincuencia. Razón por la que se ha metido con calzador, contrariando la Carta Magna, lo relativo a la presencia de tales fuerzas en el terreno delincuencial. La primera de las citadas, que para abreviar llamaré Ley Orgánica, en la fracción II de su artículo 1, dispone que el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos tienen la misión de "garantizar la seguridad interior", pero ya se precisó líneas atrás el significado de la expresión "seguridad interior". La segunda de las que cito, la Ley de Seguridad Nacional, dice en las fracciones I, III y V de su artículo 5 que "son amenazas a la Seguridad Nacional" el "terrorismo", los "actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada" y los "actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada".Y finalmente la tercera de las citadas, que abreviando llamo Ley General, y que es reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución, confunde como ya lo he señalado, la seguridad pública con un asunto de la incumbencia de las Fuerzas Armadas. Su artículo 3, por ejemplo, se constriñe a las instituciones policiales, al Ministerio Público, a las instancias encargadas de aplicar las sanciones administrativas, a los responsables de la prisión preventiva y de la ejecución de las penas, a las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes y a las que "en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley" (lo que obviamente se pretende extender a las Fuerzas Armadas con flagrante violación de la norma constitucional). Las contradicciones abundan en lo que critico. Un ejemplo entre otros es el del Artículo 10 de la Ley General en relación con el 12. El 10 determina que el famoso Sistema Nacional de Seguridad Pública (del que es parte el Consejo Nacional de Seguridad Pública) se integrará con procuradores de Justicia, secretarios de Seguridad Pública y funcionarios del sistema penitenciario, restringiendo la seguridad pública a su propia naturaleza; pero el 12 incluye en el Consejo (que es parte del Sistema) al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina, con lo cual desvirtúa aquella naturaleza que en rigor es constitucional. En suma, si se trata de salvaguardar la libertad, integridad y derechos de las personas, el orden y la paz públicos, la seguridad pública y la seguridad nacional, conceptos estos últimos afines pero sustancialmente diferentes, hay dos caminos a seguir de acuerdo con las facultades que la Constitución otorga a la autoridad: uno es el militar y otro el civil, siendo que confundirlos, entremezclarlos, es muy grave e incluso peligroso para el Estado de Derecho.

LA (FALTA DE) 'QUÍMICA' DE AGOSTO

LORENZO MEYER

En la relación Obama-Calderón difícilmente habrá buena "química", pero ése es el menor de los problemas que enfrentan los nexos entre los dos gobiernosEl temaEl mes próximo se reunirán, en la "Cumbre de la América del Norte" en Guadalajara, Felipe Calderón, Barack Obama y Stephen Harper. ¿Para la relación México-Estados Unidos importa que sus respectivos jefes de Estado tengan biografías y personalidades tan diferentes y sigan políticas internas tan distintas?La química en tanto ciencia de las propiedades de las substancias es certera. Sin embargo, la "química" como forma de explicar la relación entre personalidades, particularmente al más alto nivel de la política internacional, no. Es verdad que algunos autores acuden al factor personal como parte de la explicación de la colaboración anglo-americana durante la Segunda Guerra Mundial (buena "química" entre Roosevelt y Churchill) o de la tensa relación hispano-alemana en el mismo conflicto (mala "química" entre Hitler y Franco tras su único encuentro en 1940). En realidad, la explicación de fondo de la política internacional puede prescindir de la "química" pero, en determinadas circunstancias, la buena relación personal, al nivel más alto de las decisiones, puede facilitar la colaboración. Dos políticas y políticos muy diferentes Hoy, la gran crisis económica golpea con fiereza a los dos países que tienen al Río Bravo por frontera. En México estamos condenados a seguir adelante con una administración federal muy desgastada, sin ninguna idea nueva, capturada por los intereses oligárquicos y conducida por un equipo del que están ausentes "the best and the brightest". En contraste, la gran potencia norteamericana está encabezada por una administración que, en su contexto, es de centro-izquierda, llena de energía gracias a una elección sin mancha, encabezada por un Presidente particularmente inteligente, bien educado, cuya biografía le permite tener empatía con el "hombre común" y, finalmente, si en su gabinete no todos son los "mejores y los más brillantes", todos cuentan con credenciales que van de adecuadas a excelentes.La actual crisis económica mundial ha obligado a los gobiernos de Estados Unidos y México a actuar y el contraste es notable. El norteamericano reaccionó rápido, con energía y dispuesto a usar el gasto público como estímulo para la economía. Siguiendo el espíritu keynesiano, Washington ha decidido incurrir en un déficit fiscal equivalente al 13% del PIB para alentar la recuperación vía el gasto en infraestructura, educación y salud. En contraste, en México, sus autoridades, siguiendo el desacreditado modelo neoliberal, han optado por lo opuesto: reducir el gasto público en 85 mil millones de pesos, mantener un déficit de menos del 4% del PIB y esperar a que la recuperación estadounidense saque a México de su depresión. Cada gobierno está mostrando así sus preferencias ideológicas y compromisos.El contraste entre las orientaciones políticas al sur y norte del Río Bravo es patente y podría augurar una relación difícil. Sin embargo, la experiencia histórica en este campo es ambigua. Entre jefes de Estado políticamente coincidentes hay ejemplos lo mismo de buena que de mala relación pero también hay casos de una buena relación entre líderes de México y Estados Unidos pese a lo contrastante de sus personalidades y orientaciones políticas.Ejemplos En los 1930 coincidieron en el poder en México y Estados Unidos dos presidentes -Lázaro Cárdenas y Franklin D. Roosevelt- que por convicción o necesidad se orientaron a modificar sus sociedades en un sentido progresista. Entre ellos no hubo un contacto personal pero el embajador norteamericano en México, Josephus Daniels, jugó el papel de intermediario personal. Daniels tenía una relación muy cercana con Roosevelt -había sido su jefe- y una evidente simpatía por Cárdenas y su proyecto. Daniels tradujo a Cárdenas para Roosevelt -definió el Plan Sexenal cardenista como "el New Deal mexicano"- y eso facilitó que los dos gobiernos salieran bien de la prueba que significó la expropiación petrolera de 1938.El ejemplo contrario también existe. Durante los gobiernos de Vicente Fox y George W. Bush, la similitud de ideologías y personalidades en Los Pinos y la Casa Blanca no desembocó en una relación política particularmente productiva. Vicente Fox asumió la Presidencia mexicana en diciembre del 2000 y Bush la norteamericana menos de dos meses después. Fue así que dos administraciones conservadoras, de derecha, coincidieron en el tiempo en México y Estados Unidos. Más de un observador supuso que eso ayudaría a tener una coincidencia de intereses y fluidez en la comunicación. No fue el caso.Inicialmente, Fox, siguiendo un sendero que ya se había empezado a trazar, decidió hacer del cambio de política hacia Cuba -criticar abiertamente su falta de respeto a los derechos humanos- el eje de una convergencia con Estados Unidos. El distanciamiento de México con Venezuela y otros gobiernos de izquierda de la región buscó subrayar el viraje. Los Pinos esperaban que el cambio no sólo produjera lo que el presidente Bush declaró frente a Fox el 5 de septiembre de 2001 -que para Estados Unidos y en materia internacional, la relación con México era la más importante-, sino que además Washington diera una respuesta pronta y positiva a la demanda mexicana de llegar a un acuerdo que permitiera la legalización de la mayoría de los aproximadamente 5 millones de mexicanos indocumentados que, se calculaba entonces, se encontraban trabajando en Estados Unidos.El deseo del gobierno de Fox de lograr establecer un tipo de relación especial con Washington, basada en la nueva legitimidad democrática mexicana y en la comunidad de puntos de vista conservadores entre los presidentes, se vino abajo dramáticamente como resultado de las acciones de un tercer actor: los ataques de los islamistas de Al Qaeda a Nueva York y Washington el 11 de septiembre del 2001.De acuerdo con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, la reacción mexicana al ataque terrorista no mostró el grado de solidaridad que esperaba Washington y eso se tomó en cuenta. A partir de entonces la política exterior norteamericana se centró en la "guerra contra el terrorismo". La supuesta "buena química" entre Fox y Bush no logró que unos Estados Unidos volcados en los temas de seguridad y en sus acciones militares en Afganistán e Iraq, le dieran importancia a las cuestiones planteadas por México; éstas simplemente desaparecieron del radar político de Washington. Cuando en 2003, el representante mexicano en la ONU no apoyó incondicionalmente la invasión de Iraq, la indiferencia de Bush hacia México se acentuó.La relación Lyndon Johnson-Gustavo Díaz Ordaz puede ser un ejemplo de relación personal relativamente buena -así lo muestra la correspondencia en la biblioteca de Johnson en Austin, Texas. Internamente Johnson fue la fuerza tras el Acta de Derechos Civiles de 1964 que puso fin a formas de discriminación racial y fue también el creador de la "Gran Sociedad", una política encaminada a "acabar con la pobreza y la injusticia" en Estados Unidos. En contraste, Díaz Ordaz fue un político de derecha, autoritario y sin sensibilidad social. Lo anterior no impidió que, no obstante la matanza del 2 de octubre de 1968, Johnson le enviara a Díaz Ordaz una carta personal felicitándole a nombre de la humanidad por haber llevado a cabo los juegos olímpicos.El punto central La naturaleza misma de la relación entre México y Estados Unidos tiene sus raíces y razones en los niveles más profundos de sus respectivas historias nacionales y, sobre todo, en la enorme asimetría de poder entre los dos. Desde esta perspectiva, resultan de importancia relativamente secundaria las diferencias o coincidencias de las ideologías y de los rasgos personales de quienes estén al frente de cada uno de los dos gobiernos.La necesidad norteamericana de tener en su frontera sur un sistema político y social estable, hace que finalmente la mejor defensa del interés mexicano sea una política doméstica que no dé problemas, que cuente con un apoyo local sólido, con una legitimidad adecuada, con un proyecto político y económico aceptable y con un entramado institucional eficiente. Desafortunadamente eso es lo que hoy no existe. Teniendo como trasfondo el "haiga sido como haiga sido" del 2006, la caída brutal de la economía, el aumento de la pobreza y la desigualdad y el dudoso éxito de la "guerra contra el narcotráfico", Estados Unidos está preocupado por la viabilidad de México (ver la primera plana del Washington Post del 28 de julio). Así, la falta de "química" en el próximo encuentro de Guadalajara es una mera anécdota, lo realmente importante es el fracaso mexicano en su frente doméstico.

LA 61 LEGISLATURA

ALEJANDRO ENCINAS

El rol político que jugará la próxima Legislatura federal será determinante para el futuro del país. Se trata de una Legislatura con muchas peculiaridades, ya que ésta, además de enfrentar el fin de sexenio y por tanto la sucesión presidencial, atenderá la crisis económica en un escenario de violencia e inseguridad, que da cuenta del profundo deterioro de la vida institucional y del debilitamiento del Estado nacional.
En esta Legislatura la correlación de fuerzas será favorable a la derecha, que presumiblemente consolidará la alianza del priísmo con Calderón, lo que implicará una confrontación política que requiere acompañarse del movimiento social para frenar las medidas impopulares que se pretenda imponer, asumiendo a la vez una actitud propositiva que impulse iniciativas viables que promuevan un proyecto alternativo de nación.
Una propuesta integral desde la izquierda implica abordar por lo menos los siguientes siete aspectos:
La crisis económica y los problemas del desarrollo con equidad, impulsando iniciativas que, además de atender la situación coyuntural y la necesidad de un programa de emergencia, aborden aspectos fundamentales para el desarrollo del país: la responsabilidad del Estado frente a la desigualdad social y la rectoría de la economía, estableciendo cambios en las políticas públicas que permitan la consolidación de los derechos sociales, la redistribución del ingreso, medidas fiscales equitativas, el fomento a la producción y abasto de alimentos, el desarrollo regional, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y una política social a favor de los más desprotegidos.
Los problemas de seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, adoptando de manera integral acciones que, sin conculcar derechos y garantías de los ciudadanos, permitan la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la prevención del delito, las tareas de inteligencia policial, así como el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan desmantelar el poder económico del crimen organizado, asumiendo que los problemas que se derivan del narcotráfico son asuntos que deben tomarse como un problema de salud pública, falta de oportunidades y exclusión social que impide la inserción de los individuos en la sociedad.
La ampliación de las libertades democráticas, los derechos ciudadanos, el desarrollo humano y la equidad de género, fomentando el desarrollo de una cultura democrática con valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el reconocimiento, la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres, en particular para decidir sobre su propio cuerpo, combatiendo toda exclusión, discriminación y violencia, así como en la defensa de los derechos de los pueblos indios y las minorías.
La reforma del Estado, estableciendo un nuevo federalismo basado en el equilibrio entre poderes, la descentralización del poder público y el fortalecimiento de la vida municipal, la Constitución Política del Distrito Federal, así como el ejercicio de una nueva generación de derechos ciudadanos que favorezcan el ejercicio de la democracia directa y la construcción de ciudadanía.
La defensa de los recursos naturales, incorporando el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente como un eje fundamental del trabajo legislativo, abanderando la defensa del capital natural de nuestro país, promoviendo acciones que permitan revertir los daños ambientales, proteger los recursos naturales existentes como base del desarrollo actual, garantizando el desarrollo de las futuras generaciones.
El debate político y las alianzas con la sociedad, convirtiendo a la Cámara de Diputados en un espacio de debate público, una caja de resonancia de las preocupaciones de la sociedad, superando el divorcio que existe entre el trabajo legislativo y las causas sociales, promoviendo un discurso que coadyuve en la conformación de una opción capaz de conducir los destinos del país.
El fortalecimiento de los gobiernos locales, de su autonomía, sus presupuestos y recursos, en un escenario de recurrentes agravios y restricciones financieras.
Para impulsar esta agenda es indispensable la unidad de los legisladores de la izquierda en el Congreso de la Unión, el cual será el escenario de una disputa política frente a la derecha, que permita vincular su quehacer legislativo con los movimientos sociales y reconstruir desde el Congreso de la Unión una plataforma que ayude a superar el fracaso electoral del 5 de julio, cohesionar un frente amplio de las izquierdas y competir como una alternativa viable en 2012.

COLAPSO

CARMEN ARISTEGUI

El impacto que se anticipaba para nuestro país de la crisis mundial está ya registrado en los informes que se han dado a conocer en los últimos días. La dimensión y profundidad del daño es tal que se requiere de medidas y respuestas de auténtica emergencia. El desplome de la actividad económica ha llegado a cifras y niveles que no se veían desde hace 70 años y los efectos sociales son ya inconmensurables. Son urgentes medidas de contención social y apuntalamiento para los más desprotegidos, especialmente para los jóvenes, so riesgo de desbordamientos, mayores índices de criminalidad y descontento social generalizado. No hay tiempo que esperar. El sentido de urgencia debe estar presente entre todos los órdenes y órganos de gobierno, los sectores productivos y las múltiples organizaciones que existen en nuestro país. La pasividad y la inacción, en un contexto como éste, son inadmisibles. Sin retórica, el país está obligado a alinear esfuerzos para contener, a ver de qué manera, los devastadores efectos que una crisis de esta magnitud ha traído y seguirá trayendo para la población cada vez más vulnerable. Una reforma fiscal más equitativa, que amplíe la base tributaria y que atempere la brutal concentración de los ingresos; revisión inmediata de la eficacia y alcance de los programas sociales y, por supuesto, una reorientación urgente en el ámbito presupuestal. El ejercicio del dinero público debe ser sometido a una evaluación inmediata y extraordinaria, y revisarse, sin tardanza, las prioridades en el gasto público nacional. No son tolerables ni subejercicios ni despilfarros. Y mucho menos ocurrencias. Decidir, como lo anunció Calderón esta semana, un gasto millonario para producir cédulas de identidad biométrica en medio de esta crisis es peor que un chiste cruel. Es obvio que las prioridades están en otro lado. Pobres, desempleados, jóvenes y mujeres son las franjas de población más afectadas que deben recibir, sin dilación, apoyos y opciones reales con medidas inmediatas, concretas y certeras. En juego van muchos asuntos, empezando por una estabilidad social amenazada. El Banco de México ha anunciado que la economía caerá hasta 7.5 por ciento en 2009. Tres puntos más de lo que la banca central había considerado apenas hace tres meses. Se ha reconocido que en la primera parte del año la caída ha llegado al 11 por ciento. Los ingresos fiscales registran sus peores marcas con una recaudación, que de por sí ya era infame. Tocado fondo o no, la debacle es inocultable. En materia de empleo, considerando sólo el sector formal de la economía -que no necesariamente es el dominante-, la pérdida será de por lo menos 735 mil plazas sólo en 2009. Las remesas se han contraído severamente. En seis meses los envíos familiares se redujeron en casi 12 por ciento, afectando el ingreso de divisas y a millones de personas que viven de éstas. La caída en los ingresos petroleros alcanza casi el 60 por ciento. El crudo mexicano ronda ahora los 60 dólares. Los recortes no se han hecho esperar y en dos tandas han rebasado ya los 80 mil millones de pesos. Oficinas públicas en lugares del país han cerrado puertas y parado actividades. Los municipios se declaran en bancarrota y muestran descarnados su dependencia del erario federal. Los niveles de pobreza y de pobreza extrema que todo esto traerá serán medidos en los próximos años y nos dirán, con cifras, lo que desde hoy ya conocemos: la pauperización de los depauperados. INEGI y Coneval acaban de reseñar los dos primeros años de este gobierno en la materia. La conclusión básica indica que en México, hoy, los pobres son más pobres y la población más desigual. Cuando vuelva a medirse el fenómeno de la pobreza en la siguiente encuesta bianual, ya asentados los impactos de lo que ahora está en curso, se constatará, amargamente, que los avances o logros que se hubieran obtenido, por lo menos en la última década, con programas sociales, políticas públicas y transferencia de recursos públicos para paliar miseria y marginalidad, se habrán evaporado merced a la devastadora crisis. El eje principal, ineludible, de un nuevo modelo económico deberá enfrentar realidades como ésta.

IZQUIERDA OPOSITORA, YA

MARTÍ BATRES GUADARRAMA

México vive una de las peores crisis de su vida. No es sólo económica, sino general. En ella se enlazan la pérdida acelerada de empleos, de expectativas de vida, de nulo crecimiento económico. Pero también es una crisis ética y moral en las altas esferas sociales, acompañada de una violencia inusitada, absurda, indeseable. Y de otra crisis, la política, derivada de la imposición de un gobierno espurio tras la elección de 2006.
Por eso, los ciudadanos reprobaron al gobierno panista y a Felipe Calderón, empeñados en políticas públicas que empobrecen más a los más pobres. De ahí el hartazgo hacia un proyecto conservador, neoliberal, de derecha. Pero también la exigencia de un rumbo distinto para la nación.
No obstante, la elección de julio pasado también mostró la incapacidad de la izquierda para enviar un mensaje claro a la sociedad. Sin asumir su papel natural, no pudo capitalizar la tragedia económica y política del régimen. Tenía que aglutinar el descontento social, capitalizar la debacle del gobierno impuesto. Pero eso no sucedió.
Fue un grave error romper la alianza que significó el FAP entre PRD, PT y Convergencia, y descuidar el perfil y el grado de compromiso social de los aspirantes a los puestos de elección.
Pero el mayor error viene de más lejos: es el desencuentro de la actual dirección formal del PRD con el movimiento social y masivo que se generó en torno de Andrés Manuel López Obrador desde las luchas contra el desafuero, por la Presidencia y contra el fraude electoral. Mientras se alejaba de su mayor base social, esa dirección formal buscaba el acercamiento con Calderón.
Con ello, en vez de mostrar la imagen de oposición firme frente a un régimen usurpador, optó por el acercamiento. Prefirió el silencio, la mediatización de las posiciones propias, la negociación como fin en sí mismo. Una política cortesana en torno de un Ejecutivo impuesto. ¿Cómo no esperar inconformidad y frustración de las bases partidistas? Millones de electores del PRD reprobaron la falta de firmeza frente a un gobierno que tanto ha dañado a la sociedad mexicana.
La gente necesitaba el mensaje contrario. Si hay un gobierno que perjudica a la gente, lo menos recomendable es aparecer como su aliado. ¿Qué podría pensar el ciudadano que apostó por el proyecto de izquierda en 2006, que fue humillado por el fraude y la imposición de Calderón, que después resultó agraviado con políticas económicas y sociales empobrecedoras, al ver a personajes del perredismo sentados a la mesa con Margarita Zavala o el propio Calderón?
Por eso el PRD tuvo los peores resultados electorales desde 1991. Pero hay bases para la reconstrucción. Sumando los votos de PRD, PT y Convergencia en 2009 se logra casi la votación que tuvo el PRD en 2003, desde la cual se partió para el gran salto de 2006. Además, se cuenta con un movimiento popular en todo el país, que tiene una estructura en todos los municipios, con identidad y disposición para la lucha.
Hoy el movimiento que encabeza López Obrador es el referente nacional distinto. Es la oposición política real, la única capaz de convocatoria social, que enfrenta a la minoría que se beneficia de la riqueza nacional, que realiza movilizaciones nacionales sobre temas como la privatización del petróleo, la crisis o el rechazo al IVA en medicinas y alimentos, que denuncia el papel de Enrique Peña Nieto como punta de lanza de la continuidad del proyecto neoliberal.
Relanzar el proyecto de izquierda supone oposición firme, marcar distancia de Calderón y su gobierno, reconstruir alianzas políticas con PT y Convergencia, y el reencuentro entre el partido y el movimiento lopezobradorista. También, retomar el trabajo de base, acercarse a la gente, encabezar sus demandas y hacer propia su lucha.
En vez de acercamiento con Calderón lo que debe haber es una política de oposición. En vez de concertaciones dogmáticas hay que diferenciar el proyecto de la derecha y el de izquierda. No se trata de consensuar, sino de diferenciar. De dejar claro que hay proyecto de derecha (PAN, PRI) y el de la izquierda. La nueva línea política tiene que poner en el centro los problemas de la gente, sus necesidades y carencias. Reencontrar las demandas de los más pobres, lo que queda de clases medias, jóvenes, pequeños y medianos empresarios que producen para el mercado interno del país, con intelectuales y generadores de cultura.
En el debate interno la disyuntiva real es: retomar la línea política que nos permitió 35% de los votos (15 millones) en 2006, o seguir la línea que llevó al PRD a 12% y sólo 4 millones de votos.

LA CAJA NEGRA

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Hay legislaturas que son bisagra histórica, como la que se instaló en 1997, que en un acto de concertación y valentía arrebató al gobierno el control político, material y comunicacional del Congreso. Otras han sido espacio para transacciones vergonzantes en olvido de reformas esenciales, como la que está a punto de concluir.
La que iniciaremos el 1 de septiembre es depositaria de las alternativas posibles en el corto plazo. Nadie podría esperar que el Ejecutivo convocara a atacar los problemas más urgentes mediante la suma de todos los actores. No lo ha hecho hasta ahora y dilapidó su oportunidad cuando rehusó el recuento de los votos.
Carece además de capacidad de rectificación y de independencia respecto de los poderes fácticos. Tratará de sobrevivir mientras el barco hace agua. Más que un “pato rengo” es ya un pato náufrago. Como en un laboratorio de ciencia política, ejemplificará la tontería que entraña disociar la mayoría política del ejercicio del gobierno sin tener siquiera el correctivo de la revocación de mandato.
Su propio partido le reclama autonomía de vuelo: situarse lo más lejos de la catástrofe para poder trasladar sus bártulos a la próxima embarcación. El PRI seguirá practicando, con mayor intensidad, la táctica exitosa de la extorsión política, ayudarlo lo suficiente para no cargar con el muerto, pero no tanto para resucitarlo. Erigirse a la vez en árbitro condescendiente y en mal imprescindible.
Es probable que la cámara se convierta en escenario convencional y receptáculo de los votos que se negocien en otros ámbitos. Dentro de la mayoría combinada estarán las terminales de televisoras, grandes empresas, gobernadores y aspirantes. El cabildeo ha sido reemplazado por el injerto: la implantación parlamentaria de los intereses reales. Lo demás es oratoria.
Las izquierdas no deberían desdibujarse en el mercadeo de las pequeñas concesiones, menos en la rijosidad cavernaria. Representamos intereses que nos rebasan: los del pueblo y la nación. Innumerables gentes de bien se ven reflejadas en nosotros y nos creen capaces de acciones heroicas y prodigios parlamentarios.
Nuestra tarea esencial es acrecentar los vínculos entre sociedad y Congreso. Hacer acopio de recursos mediáticos para asegurar una comunicación de dos sentidos. Incorporar en el debate los agentes económicos, sociales e intelectuales y multiplicarlo en universidades, organizaciones civiles y sindicatos. Refundar la polis, en una palabra.
Aspiramos a trasladar el Frente Amplio Progresista a la cámara, blindarlo contra infidencias y dotarlo de un proyecto común. Hemos conformado un consejo consultivo integrado ya por más de un centenar de especialistas y acabamos de distribuir una Agenda Básica para la Reforma del Estado que recoge y actualiza los avances conceptuales precedentes.
Algunos nos tachan de “maximalistas” y otros de intentar recuperar ejercicios fallidos. Estamos obligados a trazar el mapa de las reformas necesarias para la recuperación del país —muchas ya consensuadas—, puesto que los diversos problemas están conectados entre sí y no hay escapatoria más nociva que los parches mal pegados. Las iniciativas de coyuntura encierran casi siempre propaganda para ocultar retrocesos y arreglos clandestinos. Es indispensable presentar a la opinión pública opciones claras y cerrar las rendijas al disimulo. Las instituciones están carcomidas y el ciclo neoliberal terminado. Esos son los hechos.
Presentamos un programa ordenado para el salvamento de México. Nuestros objetivos: la restauración de la República, el nuevo pacto económico y la recuperación de la soberanía y el patrimonio nacionales. Las propuestas son explícitas y debieran ser debatidas por todos.
La próxima Legislatura será sin duda una caja de sorpresas, esperamos que abierta a la sociedad. Podría ser también la caja negra que diera testimonio de un accidente fatal: el desplome irremisible del país.

PELOS DE GATO

SERGIO AGUAYO QUESADA

Una buena: el Banco de México (BM) eliminó nueve de las más de 200 comisiones utilizadas por la banca privada para enriquecerse a nuestra costa. Celebremos tan simbólico acto hurgando en su génesis.Para defender derechos, hay que conocerlos. Hace cinco años, Adriana Labardini y Daniel Gershenson me detallaron los infortunios de los consumidores y su intención de crear una organización dedicada a combatirlos (Alconsumidor). Me convencieron y, desde entonces, abordo periódicamente ese tema concentrándome, sobre todo, en los abusos cometidos por la banca.Las cifras son escandalosas. Mientras a las mayorías se les estancan o reducen los ingresos, la banca vive en jauja. Entre el 2001 y el 2007 sus ganancias subieron en 315 por ciento y Banamex, filial de Citibank, tuvo utilidades netas por ¡3 mil por ciento, o la mitad de lo recaudado en el mundo por el gigante estadounidense! (Reforma, marzo 24, 2008). La rentabilidad viene del cobro de todo tipo de comisiones, que en estos momentos superan las 200. Estamos indefensos.Los gobiernos panistas capitularon frente a la banca. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es presidida por el panista Luis Pazos, un cruzado del libre mercado que rechaza con sonoras frases el establecimiento de "topes" a los cobros de los bancos (La Jornada, marzo 17, 2009); en consecuencia, inútil recurrir a la Condusef.La ley tampoco da refugio. En las raras ocasiones en que alguien confronta con éxito a los abogados de la banca, el éxito es individual y no acarrea los beneficios generales que en otros países brindan las "acciones colectivas" (demandas hechas para beneficiar a quienes forman parte de una misma categoría). Ante esa carencia y desde hace tres años, académicos, organismos civiles y algunos medios de comunicación empezaron a insistir en la incorporación a nuestras leyes de esta figura legal, indispensable para contener los abusos de la banca y otras empresas.Daniel Gershenson de Alconsumidor me comenta, en entrevista telefónica, algunos detalles del fallido esfuerzo por incorporar las "acciones colectivas" a nuestro cuerpo jurídico. Quienes impulsaron la propuesta convencieron a unos cuantos legisladores (entre los cuales destacan los priistas María de los Ángeles Moreno y Jesús Murillo Karam) y vino una iniciativa de ley que fracasó ante el cabildeo lanzado por el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México y la Secretaría de Hacienda. En esa batalla, el opositor más encarnizado fue precisamente Luis Pazos, titular de la Condusef, creada para defender al usuario. Por cierto, si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba una ley local, la capital se pondrá a la vanguardia en la defensa de los consumidores.En un canal paralelo, el gobernador del Banco de México, al menos desde la 67 Convención Bancaria (marzo del 2004) criticó las comisiones bancarias. Pasaron cinco años para que, el pasado 21 de julio, el BM informara sobre la cancelación de nueve comisiones de las 200 y tantas cobradas por los bancos. Aunque el BM todavía carece de estimaciones sobre el impacto que tendrá la medida, Ricardo Medina, director de Sistemas Operativos y de Pagos de esa institución, comenta en entrevista telefónica lo que significará la eliminación del cobro de comisiones a quien deposita cheques sin fondos. Si se multiplican los 5 millones de cheques que rebotan cada año por los 250 pesos cobrados por los bancos, el ahorro para los usuarios será de 1,250 millones de pesos. Es como quitarle unos pelos al gato, porque según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los bancos percibieron por comisiones cobradas ¡81,631 millones de pesos!El combate a quienes abusan de los consumidores está en sus inicios. La eliminación de nueve comisiones no da como para irse a reventar al Ángel de la Independencia pero tampoco puede desdeñarse. Es un avance modesto hecho posible, en buena medida, por un trabajo paciente y metódico que permitió meter el tema en la agenda nacional, lo que llamó la atención de algunos políticos que impulsaron la causa, tal vez pensando en su rentabilidad electoral. Y ante la ausencia de la Condusef, el Banco de México entró al quite.¿Por qué se tardó tanto el banco central? Tal vez Guillermo Ortiz esperó hasta el final de su mandato para hacerles ese rasguñito a los poderosos bancos. Su osadía puede tener consecuencias ingratas. En los próximos meses, Felipe Calderón propondrá al Senado a su candidato a gobernador del Banco de México. Dado el rechazo de los políticos a cualquier señal de independencia de los organismos públicos autónomos, no debería sorprendernos si el Presidente y su partido promueven a su correligionario, Luis Pazos, como próximo gobernador del BM. Si ya entregaron la educación a Elba Esther Gordillo, otros absurdos también son posibles.Alberto Serdán Rosales colaboró para esta columna.

LA SANCIÓN A TV AZTECA

JENARO VILLAMIL

La revista Proceso lo adelantó en su edición de esta semana, bajo el título "El burlador del Ajusco" (pp 40-43). El Instituto Federal Electoral (IFE) alistaba una "sanción histórica" a Televisión Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego que abiertamente desafió a la reforma y al árbitro electoral durante este año.El anteproyecto planteaba una multa por 38 millones contra la televisora del Ajusco, por no haber transmitido mil 892 spots de la autoridad electoral y de los partidos políticos en sus señales de Canal 7 y Canal 13 en los sistemas de televisión restringida, Sky y Cablevisión, ambos propiedad de Televisa, entre el 6 y el 24 de mayo.Sin embargo, el anteproyecto fue modificado sustancialmente. Resultó que no fueron mil 892, sino un total de 5 mil 734 promocionales los que no fueron difundidos entre el 5 de mayo y el 5 de julio.Finalmente la sanción se fijó hoy en 21 millones 920 mil pesos, aun así la más alta aplicada hasta ahora contra un medio de comunicación. Además, el IFE ordenó a la televisora la reposición en tiempos comerciales de los tiempos de spots no transmitidos por 2 mil 867 minutos.La empresa de Salinas Pliego –célebre por sus constantes desafíos a la legalidad bajo una demagogia populista y justiciera– se colocó en franco desafío a la Constitución durante toda la campaña federal, bajo un argumento pueril y tramposo: no es lo mismo Televisión Azteca SA de CV, que TV Azteca SA de CV.Los abogados de la empresa argumentaron que la sanción debía aplicarse contra TV Azteca SA de CV, en virtud que "es la titular de los derechos de autor sobre la programación que transmite" Televisión Azteca. En otras palabras, pretendió reducir a un tema de "derechos de autor" lo que a todas luces fue una violación "reiterada y sistemática" a la ley electoral.La trampa es muy similar a la que aplica Televisa con sus empresas filiales: ellas son las responsables de comercializar y no el consorcio que es el responsable de la concesión entregada por el Estado.Algo parecido ocurrió en el caso de Editorial Televisa SA de CV, editora de TV y Novelas, que facturó la publicidad del Partido Verde Ecologista y luego fue retransmitida en los canales 2, 5 y 9 de Televisa.Esta multa considera como de "gravedad especial" la violación "reiterada" que se observó en las señales de Canal 7 y Canal 13 durante el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de mayo de este año.La empresa decidió bloquear los anuncios del IFE y de los partidos políticos en la programación de su señal que envía a los sistemas de televisión restringida. Aún queda la pregunta: ¿si bloqueó estas señales, comercializó esos espacios que estaban destinados a los tiempos de Estado?La burla de TV Azteca es absoluta. Desde antes, el IFE ya la había sancionado en tres ocasiones (24 y 29 de marzo y 20 de abril), imponiéndole una multa de 2 millones de pesos en cada una de las resoluciones.La televisora del Ajusco pensó que podía ganar su litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A finales de junio, el máximo tribunal en la materia confirmó las sanciones aplicadas a la empresa.La clara violación a la ley no inhibió a cabilderos y representantes de la empresa que presionaron a consejeros electorales y al secretario general del IFE. Utilizaron los argumentos más pueriles: desde el "linchamiento" mediático hasta una contrademanda.Por lo visto, no lograron echar abajo del todo el proyecto de sanción, aunque sí sentaron otro precedente muy grave de presiones y chantajes.En el proyecto de resolución 308-2009 se detalla que el mayor número de spots no retransmitidos o "bloqueados" en las señales de Sky y Cablevisión fueron los del PAN (mil 390 mensajes), seguidos por 917 del PRD, 800 del PRI, 405 del Partido Verde (a pesar que la hija de Ricardo Salinas Pliego fue inscrita en los primeros lugares de una diputación plurinominal), 295 del Panal, 279 del PT, 257 de Convergencia, 232 del PSD y 26 del PFD, un pequeño partido local del Estado de México. En total fueron 5 mil 734 promocionales.La airada reacción en la pantalla de Televisión Azteca es predecible. La pregunta es si la Secretaría de Gobernación –hasta ahora la responsable de regular los contenidos de los medios electrónicos concesionados– seguirá haciéndose de la vista gorda ante lo que ya constituye un modus operandi de la empresa que fue privatizada en la época de otro Salinas.