POLÉMICA SENTENCIA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

La Sala Superior del TEPJF resolvió, el jueves pasado, que la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE debería dictar, en 24 horas, medidas para suspender los mensajes y programas del Partido del Trabajo en televisión y radio, en los que Andrés Manuel López Obrador se promociona de manera personalizada con vistas a los comicios presidenciales de 2012. La sentencia se produce transcurridas las etapas del litigo abierto por la queja del PAN, después que en dos ocasiones el IFE se había negado a suspender esa propaganda.La sentencia ha reavivado la polémica sobre la reforma electoral 2007-2008, a la que se vuelve a acusar de atentar contra la libertad de expresión, al hacer posible que el IFE, o el TEPJF, suspendan transmisiones en TV y radio, por considerarlas violatorios de la ley. Previamente, el Consejo General había determinado que el presidente Calderón violó la Constitución al difundir mensajes de propaganda en cadena nacional, durante el periodo de campaña electoral en varios estados.¿Asiste razón a los críticos de la reforma y de las decisiones de las autoridades electorales? Mi opinión es que no. Pero el debate sigue abierto, como lo reafirma la división de opiniones y votos en la Sala Superior, en la que tres magistrados, incluyendo el ponente, se opusieron a la suspensión de la propaganda de López Obrador. Salvador Olimpo Nava sostuvo, en la ponencia original, que considerar esos mensajes y programas como propaganda con vistas a la próxima campaña presidencial era un criterio subjetivo, carente de pruebas, coincidieron Constancio Carrasco y Manuel González Oropeza. Los otros cuatro magistrados opinaron lo contrario, rechazaron la ponencia y resolvieron suspender la propaganda.Comparto la opinión de la mayoría de los magistrados; lo hago a partir de un principio legal: no son objeto de prueba los hechos públicos y notorios. Que Andrés Manuel López Obrador quiere ser candidato presidencial en 2012 es un hecho que está a la vista de todos, pero además ha sido reconocido por él mismo ante sus seguidores y ante la prensa. En esa circunstancia, concatenada con el análisis del contenido de los mensajes y programas del PT, a los que alude la sentencia comentada, es de toda evidencia que, aunque a algunos no les guste, eran violatorios de la ley.Sin embargo, no comparto el argumento que alega la violación al "principio de equidad" como fundamento de la sentencia final, pues deja abierta la puerta para una peligrosa interpretación. Pregunto: ¿si todos los aspirantes a candidato presidencial en 2012 hacen lo mismo que López Obrador, no habría inequidad? Creo que la conducta del PT y del ex candidato presidencial constituyen una flagrante violación a la ley, en tanto son actos anticipados de precampaña. Que todos lo hicieran no quitaría la violación, aunque fuera "equitativa". Que muchos violen la ley no la deroga, ni justifica las conductas prohibidas.Más preocupantes son los contradictorios criterios con que han venido actuando los consejeros y magistrados electorales, que en varios casos similares tampoco encontraron motivo para ordenar la suspensión de propaganda, y en otro -el del presidente Calderón- fueron de inmediato al fondo y declararon la violación constitucional. Reitero: es principio popular, aplicable al Derecho, que lo que es parejo no es chipotudo.Alegar que la violación frecuente de la ley electoral prueba la necesidad de cambiarla es como pedir que se admita el fraude fiscal, o delitos más graves, en los que el número de presuntos infractores supera con mucho los denunciados en la materia comicial. Repetir, hasta la saciedad, una mentira, no la convierte en verdad. Los casos de quejas por violación a las restricciones legales en materia de acceso a TV y radio, con motivaciones político-electorales son contados, lo que no significa que no sean importantes. Lo que cabe exigir es igualdad de criterios, y de eficacia, para suspender y sancionar la propaganda infractora.Posdata. Brasil irá a segunda vuelta: Dilma Rousseff vs. José Serra. La candidata del Partido Verde, que allá sí lo es, podría inclinar la balanza. Francisco Everardo Oliveira Silva, conocido como el payaso "Tiririca", es el candidato a diputado con mayor número de votos. ¡El ejemplo puede cundir en México!

GANGA, ALBAZO Y MENTIRA

JAVIER CORRAL JURADO

Dueño desde hace tiempo de una bien trabajada capacidad de simulación política, que lo mismo le da para negar “rotundamente” haber cabildeado a los Ministros de la SCJN en el asunto de la guardería ABC —aunque lo haya hecho—, como para negar ante una de las comisiones del Congreso haber expedido el título de concesión a Televisa de la ganga de espectro 1.7, al mismo tiempo que el director jurídico de la SCT lo entregaba firmado a los apoderados legales de la empresa.
Así es Molinar Horcasitas, inescrupoloso, sin comedimiento alguno por la forma ni el tiempo para mentir; no son de él los tiempos de la responsabilidad, la legalidad no lo alcanza, la justicia no lo toca, arropado por su amigo el Presidente en los peores momentos del desprecio público que lo persigue, se instaló en el cinismo político.
Estuvo el viernes en la Cámara de Diputados y se burló no sólo de los legisladores que le escuchábamos, sino de los representantes de los medios, de los ciudadanos que seguían por el Canal del Congreso su comparecencia ante las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, en la que el tema de la licitación 21 ocupó la crítica casi unánime de los participantes.
Sin rubor por el lenguaje, trató de justificar la componenda a nombre de la competencia, sin percatarse o dándolo por descontado que, en mi caso, conozco hasta los mínimos detalles del proceso planeado desde hace un año para beneficiar a Televisa, por lo que el 1 de noviembre de 2009 pude adelantar, 6 meses antes de que publicaran las bases de licitación y 10 de que se emitiera el fallo, quienes serían ganadores del “concurso”.
Donde perdió toda proporción de su dicho impune fue cuando le dijo al diputado perredista Gerardo Leyva que la licitación 21 sí generará más competencia “una vez que se pueda asignar ese espectro, cosa que se hará en el momento en el que no exista ya ninguna suspensión o impedimento legal”. Era una vil y descarada mentira, pues ya estaba entregado el título de concesión.
Don Julio Scherer dijo “no hay abrigo para la mentira, tarde o temprano, manos hábiles la desnudan”. Y fue del periódico Reforma la indagatoria que esa tarde desveló el engaño de Molinar y dio cuenta del albazo. Fue interesante el manejo: en su portal del viernes mantuvo por buen tiempo, en forma destacada, la nota de Carole Simonet que recogía la respuesta del secretario en la que descartaba entregar los títulos por encima de las instancias judiciales. Era claro que el periódico tenía en sus manos la historia verdadera, y no la de Molinar, bajo la protesta de decir verdad.
Revelado el hecho por Reforma, Molinar no tuvo más que aceptar que sí habían entregado el título de concesión a Televisa, no obstante que haya más de 60 juicios en curso en contra de esa licitación. Es para la diversión, en una bochornosa noche de verano, la justificación: “Al regreso de mi comparecencia, alrededor de las 5:00 de la tarde, estaban ya listos los papeles, una vez que se me había señalado que ya no había ningún impedimento legal para firmar, que es exactamente lo que yo señalé durante la comparecencia”.
Gerardo Sánchez Henkel, fue por lo menos más sincero, dentro de lo patético de sus declaraciones: “Hemos aprovechado una ventana de oportunidad legal”, reconoció el encargado de la unidad jurídica de la SCT, el mismo que hace semanas dijo estar dispuesto a pagar de su peculio la multa por desacato a una medida cautelar del juez de Guerrero “antes que parar la licitación”.
Además de la burla al Congreso, el hecho marca que nada ni nadie detendrá esa decisión inconstitucional, ilegal e inmoral. Así pasó hace cinco años cuando la ley Televisa, se impuso contra toda lógica. Conscientes del daño que ocasionaba al Estado aquel atraco, los diferentes actores que la diseñaron, empujaron e hicieron aprobar, no se tentaron ni el corazón, ni la razón. Dieron rienda suelta a la ambición. Y si lo hicieron entonces que representaba varias decenas de miles de millones de pesos, ¿por qué no ahora que son sólo 5000 millones de pesos los que se dejan de ingresar?
Lo más delicado es el mensaje. ¿Puede en serio el gobierno quejarse de los jueces del Michoacanazo y solicitar, en nombre del estado de derecho, la declaración de procedencia en contra Cesar Godoy, cuando al mismo tiempo el secretario de Comunicaciones anda saltando medidas cautelares y burlando sentencias de jueces federales que le ordenan por un lado suspender la licitacion y en otros casos no entregar títulos de concesion?
Qué caro le ha salido a México, tener a la clase política de rodillas ante la televisión.

ORDEN EN LA LIBERTAD

MANLIO FABIO BELTRONES

Tras 200 años, los mexicanos hemos construido una nación respetable que es nuestro hogar. El proyecto nacional que iniciara con un movimiento por la independencia y la libertad, pronto devendría en una permanente aspiración por la justicia y la igualdad. Tal ha sido la asignatura pendiente, tal sigue siendo el mayor desafío si deseamos evitar que la desigualdad nos fragmente.
Las reflexiones tejidas en torno a nuestros centenarios señalan cómo las cosas cambiaron al paso de las generaciones que construyeron la sociedad moderna, diversa y aspiracional que hoy somos. La Ilustración, ese poderoso motor de la historia en el siglo XVIII, nos encontró en una situación de servidumbre y esclavitud; con los héroes de la Independencia luchamos por la libertad para muy pronto entender que sólo la justicia nos permitiría cimentar una nación propia —ahí están los documentos fundantes de Hidalgo, Morelos y el Congreso de Anáhuac que lo sostienen.
En el vaivén de las luchas internas e invasiones del siglo XIX y albores del XX, resolvimos la República frente al Imperio y dimos forma a un proyecto constitucional que hizo de la búsqueda de la igualdad el elemento aglutinador de nuestra sociedad. Con base en ello, construimos instituciones y accedimos al desarrollo, para pasar luego de la hegemonía política a la alternancia, la pluralidad y la democracia. Somos libres y democráticos, pero no iguales; aún tenemos un déficit importante de igualdad y de justicia que nos está poniendo a prueba una vez más.
Hoy, los nuevos olvidados hacen oír su voz con su silencio. Se abstienen en las elecciones, parecieran no sentir las convocatorias o los llamados a la participación ciudadana y muchos de ellos se van del país en busca de oportunidades. Constituyen una mayoría silenciosa que, no obstante, lucha y se esfuerza por mejorar su situación en un entorno desfavorable, ante la falta de empleo en serio, enfrentando la creciente violencia e inseguridad y muchos, además, padecen las carencias de lo esencial en una situación de pobreza lacerante.
Habrá futuro si tenemos éxito en crecer, fortalecer la cohesión y compartir los resultados de cualquier desarrollo. Es preciso que nos propongamos superar el pasmo de la falta de diálogo y de cooperación entre los actores sociales; pasar de la alternancia a la construcción de una nueva gobernabilidad basada en instituciones renovadas y un orden democrático con legalidad, certeza y apuesta por los derechos sociales. El siglo XXI podrá ser el siglo de la igualdad si, como apuntaba Octavio Paz, nos reconciliamos con nosotros mismos y con nuestra historia. Hagamos de las voces por un pacto de neutralidad que evite una confrontación irreductible, una oportunidad para reanudar el diálogo y ordenar a México. Evitemos ser fragmentados por la desigualdad, que no nos rebase la falta de imaginación, oportunidades y de esperanza.
Ello nos impele a proponer y forjar un nuevo acuerdo político y social para lograr la justicia, poner orden en nuestro país y concluir los grandes pendientes con nosotros mismos. Ordenar a México no significa necesariamente apelar a la fuerza ni a la simulación, sino sobre todo a la razón y a la inteligencia.
Tenemos historia y experiencias constructivas, algunas tan recientes como la etapa de reforma del Estado que con el concurso de todos, permitió resolver los agravios de una elección inequitativa en 2006.
Empecemos ya, asumamos la parte que nos corresponde en esta etapa de la vida nacional para superar lo adverso y devolverle a la gente la confianza en un mejor futuro, con empleo, estabilidad, seguridad y certidumbre.
Pongamos orden en la falta de cooperación en la política con una reforma del régimen que modernice el sistema presidencial mexicano, recupere la confianza y la participación de los ciudadanos y nivele las relaciones entre los poderes y los niveles de gobierno. Restituyamos la capacidad promotora y reguladora del Estado mexicano en nuestra economía. Volvamos a crecer y generar empleo. Fortalezcamos al gobierno con un gasto público eficiente y suficiente. Distribuyamos las oportunidades y los frutos de cualquier desarrollo con políticas públicas y del Estado mexicano, diseñadas para trascender el ir y venir de la gestión pública.
La sociedad, los nuevos olvidados y las generaciones de mañana nos exigen nutrirnos de la decisión y el ejemplo de quienes nos antecedieron para persistir, mediante el diálogo y los acuerdos, en la permanente construcción del México libre, justo, soberano y democrático que siempre hemos soñado.

CANDIL DE LA CALLE...?

MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO

En días pasados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el marco de su cuarto informe de gobierno, rindió cuentas de lo que realizó su administración en la Ciudad de México durante el año 2009-2010, pero también parece haber arrancado su proceso de proyección personal para promover su candidatura rumbo a la Presidencia de la República en la elección del 2012.
Cabe destacar que el informe señala mejorías en la calidad de vida de la ciudad gracias a un programa de gobierno denominado “Red Ángel”, bajo el cual se aglutinan todos los proyectos en materia de desarrollo social, como son las becas a estudiantes de preparatoria, a madres solteras, a adultos mayores, entre otros.
Este programa enarbolado directamente por el Jefe de Gobierno, podría ser manipulado de manera electoral en su momento, dado que no se menciona que sus beneficios se cubren con recursos pagados a través de impuestos provenientes de todos los capitalinos.
En este contexto, es notoria la decisión del gobierno de Marcelo Ebrard, de identificar a la Ciudad con la imagen de su programa Red Ángel: pareciera que es él quien enarbola este proyecto, en representación de todos los mexicanos.
La promoción que de Red Ángel hacen funcionarios del gobierno capitalino, deja ver que éste programa es utilizado para su servicio, como si fuera de su propiedad, sin tomar en cuenta que todo lo que se hace a través de este programa, se hacen con recursos de los capitalinos, y cuyos propósitos van más allá de atender las principales necesidades de la Ciudad.
Casi al mismo tiempo, se anunció la formación de una nueva Fundación, denominada “Equidad y Progreso”, la cuál estará encargada de diseñar un “nuevo programa para la izquierda nacional”, que supondrá viajes sistemáticos del ejecutivo local a todos los Estados de la República, para dar a conocer los propósitos de la fundación y recabar las opiniones ciudadanas.
Para hacer más eficiente la “promoción de ideas” se han colocado espectaculares con la imagen de Marcelo Ebrard en diversos estados de la República.
Es útil saber que los problemas de la ciudad están tan satisfactoriamente resueltos, que al jefe del ejecutivo le da tiempo para recoger inquietudes en otras entidades.
Sin embargo, en la Ciudad de México, dónde él gobierna, seguimos observando en calles y avenidas de nuestra sufrida capital “baches”; jardines y plazas sucias y abandonadas; colonias en el oriente de la ciudad sin agua; quejas por doquier por el cobro inequitativo del recurso hídrico; jóvenes desocupados y desesperados; basura y desperdicios que le dan a la ciudad una imagen deplorable; un tiradero de basura cuya capacidad de recibir más residuos acabó hace tiempo; sobre explotación de los mantos acuíferos; permisividad para las invasiones de laderas de cerros y montañas; pérdida de bosques por tala clandestina y en general; desaliento de la ciudadanía
Sabemos que la ciudad tiene necesidades muy amplias y recibe recursos propios y federales mayores, pero también nos gustaría escuchar a qué se destinan, como benefician a la población del DF, y si parte de esos recursos tiene destino más allá de esta urbe.

EL TRIBUNAL DE LA INEQUIDAD

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha demostrado una vez más que la profunda desconfianza ciudadana en su actuación cuenta con firmes bases jurídicas. El pasado miércoles 29 de septiembre emitió una decisión sumamente paradójica e inconsistente que, aunque en el discurso busca defender la equidad de las elecciones presidenciales de 2012, en los hechos agrava la desigualdad al limitar la presencia mediática del aspirante que se encuentra en franca desventaja en la materia. El mismo tribunal que el año pasado se negó a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por sus informes legislativos en pleno proceso electoral o a Demetrio Sodi por su ilegal entrevista en medio de un partido de futbol, ahora elabora verdaderas maromas jurídicas para cerrar el paso a la eventual candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se ordenan medidas cautelares para el anuncio del Partido del Trabajo (PT), cuando antes las autoridades se negaron a hacer lo mismo para las declaraciones ilegales de Juan Sandoval Íñiguez o los espots del Informe de Enrique Peña Nieto que se difundieron a lo largo y ancho del país. Otra vez se aplica el viejo dicho del dictador peruano Óscar Benavides, retomado después por Getulio Vargas y Porfirio Díaz: Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Pero en esta ocasión al enemigo ni siquiera se le aplica la ley, sino una interpretación profundamente torcida de la misma. Los magistrados ordenaron al Instituto Federal Electoral (IFE) retirar el espot que resume los 10 puntos del proyecto alternativo de nación de López Obrador, con el argumento de que existiría la posibilidad de posicionamiento de la imagen... de un ciudadano que puede participar como candidato en el próximo procedimiento electoral federal. El pequeño detalle es que el artículo 35 de la Constitución señala que todo ciudadano tiene el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular. Así, de acuerdo con la lógica del tribunal, cualquier persona que aparezca en un anuncio partidista, aunque sea de manera involuntaria, estaría violando la ley al posicionar su imagen. El TEPJF, entonces, ha abierto la puerta para que el IFE cancele unilateralmente la vasta mayoría de los anuncios partidistas actualmente transmitidos. También ha condenado a los partidos al extraño destino de utilizar en el futuro exclusivamente a animales, extranjeros o delincuentes con sus derechos políticos suspendidos como protagonistas en sus anuncios. Es cierto que, técnicamente hablando, la sentencia todavía no entra al fondo del análisis de la legalidad del espot del PT. Sin embargo, sí marca la pauta para las eventuales decisiones del IFE y el TEPJF al respecto. Afirma, por ejemplo, que existe la obligación de garantizar la equidad de la contienda electoral desde hoy, y no esperar hasta que inicie formalmente el proceso electoral, en octubre de 2011. Asimismo, señala que no es necesario que un mensaje político mencione explícitamente las palabras elección, precandidatura o candidatura para que exista una violación a los principios constitucionales en la materia. Este abierto reconocimiento de que en los hechos ya se ha iniciado la contienda para los comicios presidenciales de 2012 es un elemento rescatable de la sentencia. Si los magistrados realmente tomaran en serio sus propios argumentos, desde hoy tendrían que intervenir de manera enérgica para asegurar que ningún posible candidato posicione su imagen de manera indebida ante los electores. Tanto el IFE como el TEPJF tendrían que tomar medidas definitivas, por ejemplo, para parar el fraude a la ley que implica la difusión de las portadas de la revista Cambio con imágenes de Enrique Peña Nieto y Juan Molinar, así como los anuncios espectaculares del libro de Manuel Espino, entre otras groseras violaciones. También sería importante iniciar desde ya un monitoreo riguroso de la cantidad y tipo de cobertura que los principales medios están dando a los numerosos aspirantes a la Presidencia de la República. Así, se podrían detectar evidentes sesgos informativos y contar con elementos duros para prevenir y sancionar la ilegal donación en especie de espacios mediáticos a los precandidatos. Sin embargo, todo parece indicar que las autoridades electorales continuarán con su estrategia de avestruz al simplemente ignorar la ley de la selva que cada día se expande más en materia electoral. En la sentencia del miércoles, el TEPJF señala explícitamente que ordena el retiro del anuncio de López Obrador porque fue transmitido durante los tiempos oficiales que le corresponden al PT. Mientras, amparados en una mal entendida libertad de expresión, todos los días las principales televisoras del país abiertamente afectan la equidad de la competencia sin que las autoridades electorales lleguen más que a imponer unas nimias multas simbólicas que no tienen impacto alguno. El mensaje de ilegalidad e impunidad es claro: los que siguen las reglas del juego y transmiten sus mensajes por los canales formalmente establecidos serán castigados por el árbitro. En contraste, los que violan el sistema normativo serán premiados y tendrán grandes ventajas en la contienda electoral de 2012. Posdata: invito a los distinguidos lectores de La Jornada a asistir al seminario organizado por un servidor, Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad, que tendrá lugar el próximo 18-21 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Destacados expertos, políticos y funcionarios públicos debatirán los temas medulares de marco jurídico en materia electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

MEXCOLOMBIANIZAR

DENISE DRESSER GUERRA

Todos los días, los mismos titulares. Granadas lanzadas. Cuerpos decapitados. Turistas secuestrados. Militares rebasados. Cárceles infiltradas. Señales de un país donde el crimen se ha vuelto contagioso, rutinario, normal. Donde el crimen no es castigado sino calcado. Y aunque es cierto que México no es Colombia y en muchos rubros no se aplica la comparación, en otros las similitudes se acrecientan. En México, como ocurrió en Colombia, el gobierno está librando una cruenta batalla contra los cárteles para determinar quién va a controlar las principales instituciones del país. En México, como fue el caso en Colombia, el crimen organizado comienza a matar a jueces, periodistas, políticos y candidatos. Y aunque a muchos aquí les resulta incómoda la similitud, llegó la hora de aprender lecciones del caso colombiano, ya que Felipe Calderón rechaza la legalización.
Henry Miller escribió que el estudio del crimen comienza con el conocimiento de uno mismo. Y ésa es la tarea que le toca a México ahora. Entender la magnitud del reto; comprender el tamaño del problema; repensar la estrategia fallida que ha emprendido hasta el momento y poner en práctica otra que -como el ejemplo de Colombia- le permita debilitar a los cárteles en vez de verse acorralado constantemente por ellos. En su artículo "The New Cocaine Cowboys: How to Defeat Mexico's Drug Cartels", publicado en Foreign Affairs, Robert Bonner propone la manera de contener a los cárteles del Golfo y de Sinaloa, tal y como fue el caso con los de Cali y Medellín. Y parte de una premisa realista: el objetivo no puede ser erradicar las drogas sino debilitar a las organizaciones encargadas de su venta. Se trata, en el fondo, de recuperar el poder del Estado ante aquellos que lo han puesto en jaque.
Y eso implica "ir de Medellín a Michoacán". Hace dos décadas Colombia estaba a punto de convertirse en un "Estado fallido" debido a los índices extraordinariamente altos de violencia política, criminalidad y homicidios. Pero hoy los problemas que parecían insuperables han sido contenidos y México debe entender por qué. En primer lugar, lo que demuestra el ejemplo colombiano es que los cárteles estaban verticalmente integrados; se habían convertido en verdaderas empresas trasnacionales, como los cárteles mexicanos que actualmente cuentan con 200 bases de operación en territorio estadounidense. Por ello se requiere un enfoque multilateral que incluya la ayuda y asesoría de otros países que enfrentan la misma plaga. Los poderosos cárteles mexicanos tendrán que ser combatidos desde adentro y desde afuera.
Segundo, el objetivo debe ser claro. Como bien estipula Bonner, en Colombia el objetivo siempre fue desmantelar y destruir a los cárteles de Cali y Medellín, no prevenir el transporte de drogas a Estados Unidos o terminar con su consumo. En Colombia sigue habiendo narcotraficantes pero son más pequeños y menos poderosos. No constituyen una amenaza a la seguridad nacional como ocurre en México en estos tiempos. Entonces, la tarea más importante debe ser la destrucción de los cárteles y no la confiscación de drogas o la erradicación de plantíos o la interdicción de estupefacientes. Tercero, la táctica de divide-y-vencerás puede ser efectiva. Funcionó en Colombia y podría funcionar en México. Allí, en lugar de librar una lucha contra todos los frentes todo el tiempo, el gobierno colombiano optó por confrontar primero al cártel de Medellín y sólo después de su obliteración lanzó un ataque concertado contra el cártel de Cali.
Cuarto, tanto México como Estados Unidos deben seguir instrumentando la estrategia de atrapar cabecillas y extraditarlos. Aunque es cierto que el narcotráfico parece una medusa y en cuanto se le corta una cabeza emerge otra, la caída de un capo principal sí se vuelve un factor disruptivo. De allí el imperativo de centrar el empeño gubernamental en todos los flancos vulnerables del narco: obstaculizar los flujos de dinero y armas, dificultar el tránsito, interrumpir la distribución. La meta debe ser debilitar tanto a las organizaciones criminales hasta llegar al punto en que sus líderes pueden ser aprehendidos.
Quinto, deben reconocerse los límites del Ejército. En Colombia el Ejército jugó un papel importante, pero la institución decisiva para vencer a los cárteles fue la Policía Nacional Colombiana. Y eso lleva al sexto y último punto: los aparatos de seguridad y de procuración de justicia deben ser remodelados de manera agresiva. En México se ha recurrido al Ejército porque no hay otra alternativa mejor. Pero en el futuro será crucial crear, reclutar, entrenar y profesionalizar una policía nacional como lo hizo Colombia, recurriendo al apoyo estadounidense de ser necesario. Sin duda estos seis puntos no cubren todos los flancos que esta lucha de largo plazo debería abarcar. Pero podrían sentar las bases para una discusión que busque destruir la cultura de la impunidad que el crimen organizado ha creado. Impunidad de la cual Arturo Montiel se aprovecha y al que hay que preguntarle otra vez: ¿cómo durmió?

VULNERABLES

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

En la guerra contra el crimen organizado los alcaldes mexicanos quedaron en medio del fuego cruzado; o caen por los disparos de los criminales o son detenidos por las autoridades federales. Desde el inicio del sexenio 18 de ellos han sido asesinados presuntamente por miembros de las bandas delictivas. Además, para dar una idea de su vulnerabilidad ante las averiguaciones previas que les inicia la PGR, sólo en el fallido michoacanzo fueron detenidos 12 alcaldes, acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada. El lunes 27 sacudió a la opinión pública el hallazgo del cuerpo lapidado del alcalde interino de Tancítaro, Michoacán, junto a uno de los concejales, Rafael Equihua. Ellos habían sido designados por el Congreso para ese cargo luego de que en diciembre del año pasado el presidente municipal y su cabildo renunciaron por presiones del crimen organizado y por considerar que no había condiciones para hacer su trabajo. Los alcaldes no son los únicos funcionarios vulnerables en los ayuntamientos; los ataques también alcanzan a los policías: de acuerdo con las cifras que ofrece el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en lo que va del presente sexenio han sido ejecutados 915 policías municipales, de los 2 mil 76 efectivos policiacos abatidos por las bandas criminales. El riesgo se extiende a los mandos medios de la administración municipal, como el secretario de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Enrique Barrios, secuestrado en mayo pasado al parecer por grupos vinculados con el crimen organizado. Barrios fue dejado en libertad por sus captores unos días después, tras ser torturado, y renunció a su cargo. Son numerosos también los casos de secretarios o directores de Seguridad Pública municipal que han caído por el fuego de la delincuencia organizada. Pero los funcionarios municipales no sólo están expuestos al acoso de la delincuencia organizada: también padecen los embates de las autoridades. En mayo de 2009 las fuerzas federales detuvieron a 38 funcionarios y jefes policiacos de Michoacán acusados de servir a la delincuencia organizada, particularmente al cártel de La Familia. Entre los funcionarios había 12 alcaldes, tres directores municipales, un síndico del ayuntamiento y dos policías. Así, casi la tercera parte de los detenidos eran alcaldes, la sexta parte eran funcionarios o policías municipales y en total representaban 47% de los 38 detenidos. Aunque no hay estadísticas que permitan ubicar el total de integrantes de la fuerza pública municipal que han sido consignados ante la justicia, también son blanco preferido de los ministerios públicos. Un recuento publicado por el diario regiomontano El Norte en su edición del 26 de septiembre de 2009 señala que en los primeros siete meses de ese año habían detenido a 357 policías, de los cuales 319 pertenecían a las corporaciones municipales. Y en marzo de este año elementos de la Marina detuvieron al director de alcoholes del mismo municipio, Rogelio González, también por presuntos nexos con el crimen organizado. Hasta el momento no ha sido liberado. Así los funcionarios municipales son el blanco ideal del crimen organizado, pues realizan tareas cruciales para la buena marcha de “su negocio”. Normalmente están mal pagados y no tienen los instrumentos adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Aquí los policías muestran esta realidad: de acuerdo con García Luna 61% de ellos ganan menos de 4 mil pesos mensuales, y al menos en el caso de Nuevo León, por disposición legal no pueden portar armas largas. En cuanto a los mandos medios y los alcaldes quizá la única diferencia es el salario – y no en todos los casos pues seguramente muchos de ellos (en los más de 2 mil 500 municipios) reciben remuneraciones miserables– pero son igualmente vulnerables a los embates del crimen organizado, como mostró claramente el secuestro y asesinato del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos. De acuerdo con datos publicados en medios informativos, en sus diez meses de gestión éste había reducido el número de sus policías de 60 a 10 como consecuencia de los asesinatos (este año la delincuencia organizada mató a 12 agentes), despidos y renuncias. De los diez que estaban en servicio en esos momentos, siete fueron vinculados con su asesinato. Los municipios son el núcleo básico de la organización política y administrativa de México. Las funciones que realizan sus autoridades son cruciales para que los mexicanos gocen de una mejor calidad de vida; pero desgraciadamente esta operación estratégica no se corresponde con el diseño institucional, y eso es lo que los vuelve muy vulnerables, como indican las estadísticas y los casos señalados en los párrafos anteriores. Las explicaciones de los asesinatos y detenciones de los funcionarios municipales son múltiples: algunos cayeron por las balas del crimen organizado porque osaron combatirlo, pero seguramente también hay quien fue victimado por haberse aliado a uno de los grupos en pugna, por haber incumplido sus promesas o haber intentado abusar de su autoridad, entre otras posibles razones. Lo mismo sucede en el caso de las detenciones, en las que existen culpables e inocentes. Lo cierto es que los funcionarios públicos municipales no gozan de las condiciones adecuadas para cumplir con sus responsabilidades y eso lo aprovecha el crimen organizado para comprarlos, maniatarlos o eliminarlos. No son los únicos servidores públicos vulnerables pero sí son el eslabón más débil y eso los vuelve también blanco de las mismas autoridades. Para combatir dicha debilidad lo primero que hay que reconocer es la gran heterogeneidad y diversidad de los municipios mexicanos, lo que necesariamente cancela las respuestas únicas; los remedios no pueden aplicarse indiscriminadamente a todo lo largo y ancho del país. La generalización ni siquiera es concebible a nivel de las entidades federativas, pues incluso dentro de ellas las diferencias son abismales. Las alarmas están encendidas, hay que atenderlas so pena de seguir sufriendo las consecuencias.

MARISELA MORALES Y EL NUEVO "MICHOACANAZO"

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Cuando el martes 28 de septiembre salieron a la calle cinco agentes policiacos que habían sido detenidos junto con 30 personas más en el célebre michoacanazo, y sólo siguió preso uno de dos docenas y media de alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán privados de su libertad en mayo de 2009, quedando de manifiesto la injusticia, el ridículo y el talante político de la operación, su autora, Marisela Morales Ibáñez, tuvo que dar la cara. Aunque no necesariamente tenga autoridad para hacerlo, la avaló su jefe, el procurador Arturo Chávez Chávez, quien no había sido designado en ese cargo cuando se inició la vasta maniobra que ahora reventaba. Como se recuerda, en aquel entonces era abogado postulante o consultor en el despacho de Diego Fernández de Cevallos, quien lo había ya colocado en la lista de espera para cuando se marchara (a Londres) Eduardo Medina Mora. Aunque Chávez Chávez participó también en la conferencia de prensa del jueves 30, en torno a casos que no conoce desde su origen, cedió la palabra a la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a quien reconoció “públicamente capacidad, entrega, profesionalismo y valentía”, atributos de los que dudaría quien estuviera al tanto del tema por abordar. La subprocuradora dijo en síntesis, aunque con otras palabras, que no fueron apreciados por los jueces los muy completos expedientes de acusación contra quienes pasaron hasta 17 meses sin que se les hallara responsabilidad penal. Descargó sobre ellos la responsabilidad de que la peligrosa movilización en que se detuvo a funcionarios que disponían de fuerza pública (y por lo tanto hubieran podido utilizarla para su protección, pues los policías que los capturaron parecían y actuaban como si fueran secuestradores o asaltantes) terminara en fracaso, como la opinión pública interpretó el que de treinta y tantos procesados sólo quedara uno, el alcalde priista de Múgica, en la penitenciaría michoacana. Centró su defensa de las actuaciones ministeriales en la participación de los testigos colaboradores, cuyos dichos, alegó, fueron avalados por tribunales de apelación, que otorgaron “pleno valor probatorio a la declaración de esos testigos”. La tomó especialmente en contra del juez primero de Distrito en Morelia, autor de varios de los fallos por los cuales están en libertad los injustamente presos, y el que permitió a Julio César Godoy Toscano protestar su cargo de diputado federal. Dijo la subprocuradora que en nueve casos ese juzgador, Efraín Cázares, “no sólo decretó en forma cuestionable la libertad de los inculpados, sino que actuando en total contradicción a la ley, resolvió, al momento mismo de decretar la procedencia de la libertad por falta de elementos y la libertad por desvanecimiento de datos, el sobreseimiento del proceso, sin contar para ello con fundamento legal alguno, lo que implica que con esa determinación impide al agente del Ministerio Público de la Federación presentar pruebas y reactivar el procedimiento”. Esas resoluciones y otras a las que la funcionaria se refirió, así de pecaminosas, no fueron objeto de queja alguna, en su momento, ante el Consejo de la Judicatura. Sólo ahora, cuando quedó claro que las acusaciones no fueron probadas y casi todos los detenidos se han marchado a sus casas, la PGR presentó ese recurso ante el órgano que supervisa la actuación de los juzgadores. Con insistencia que parecía insidiosa, la subprocuradora añadió cargos contra Cázares, a quien no mencionó por su nombre, sino sólo aludió refiriéndose al juzgado del que es titular: “Las decisiones del juez primero de Distrito en Michoacán son contradictorias, toda vez que en una misma resolución señala que las declaraciones de los testigos colaboradores tienen pleno valor probatorio y son útiles para comprobar que se cometió el delito de delincuencia organizada, y en otra parte menciona que esas declaraciones no son válidas, porque los testigos no declararon en presencia de un abogado”. Fue más allá la titular de la SIEDO: dijo del multicitado juez primero de Distrito que “resolvió extrañamente acumular” el proceso de Luis Servando Gómez Patiño –hijo de La Tuta, como se apoda al jefe de La Familia michoacana– al de los detenidos en mayo de 2009. La extrañeza le viene de que el juicio contra Gómez Patiño “es más antiguo que el de los servidores públicos del estado de Michoacán y en todo caso lo procedente debió haber sido acumular a la inversa, por lo que se prevé utilice los mismos argumentos anteriormente señalados para dejarlo en libertad”. Esos y otros señalamientos contra el juez primero de Distrito de Morelia hacen suponer que pronto se intentará procesarlo. Pero si se llega a ese extremo, o al esbozado por el procurador y la subprocuradora de reiterar las acusaciones contra los detenidos y liberados, aun los que fueron absueltos en sentencias (que no están firmes, según insistieron), se enfrentarán a la incredulidad ciudadana, pues la gente supondrá que para lavarse la cara puede llegar a cualquier extremo –incluido un nuevo michoacanazo corregido y aumentado– el Ministerio Público, a cuya cabeza actúa en este caso la licenciada Morales Ibáñez. Ella ascendió a su actual cargo al comenzar agosto de 2008, cuando se iniciaba la operación limpieza en la PGR. El entonces procurador Medina Mora despidió en un reajuste de su gabinete a los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano y José Luis Santiago Vasconcelos, quienes en ese momento iniciarían un trayecto trágico. Ramírez Mandujano –en cuyo lugar fue nombrada Morales Ibáñez, quien hasta entonces estaba bajo sus órdenes, como jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores– recibió un aparente premio de consolación: se le envió a Viena, como representante de México ante el organismo de la ONU contra las drogas. Pero sólo permaneció allí unos meses. En noviembre se percató de que se realizaban averiguaciones en su contra, volvió a México a responder en ellas y se le detuvo. Actualmente está sujeto a proceso, preso en una cárcel de alta seguridad. Fue peor el destino de Santiago Vasconcelos, quien durante unos meses, después de un breve periodo de desasosiego (pues lo dejaron en la calle), fue llamado a encabezar el organismo que implementa la reforma judicial en materia penal. Volvía de San Luis Potosí tras un acto relacionado con esa función cuando, pasajero casual en el avión en que viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, murió al precipitarse a tierra el aparato. En poco más de dos años al frente de la SIEDO, además del resultado del michoacanazo, Morales Ibáñez ha tenido otros momentos difíciles. En un juicio contra un presunto miembro de Los Zetas, se le perdió la testigo colaboradora en que se sustentaba su acusación. No le quedó más remedio que comunicar ese hecho al juez del caso: se excusó de presentar a ese testigo “toda vez que por el momento no es posible localizarlo, ya que abandonó el servicio de escolta y se procede a girar la localización y presentación en contra de dicho testigo”. Era probablemente una delincuente arrepentida, que se habría fugado, por lo cual la triste comunicación concluye diciendo que “se está en el proceso de estudio de su situación jurídica”. Agente del Ministerio Público Federal desde tiempo atrás, el procurador Rafael Macedo de la Concha la nombró coordinadora general de Investigaciones de la PGR. Entre los casos que le correspondió encarar ante la opinión pública se contó el de la reanudación de las averiguaciones sobre el asesinato del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo, donde su actuación no arrojó ninguna novedad. Fue diferente el resultado en la indagación que condujo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en que aportó las constancias ministeriales utilizadas para el juicio legislativo contra el jefe de gobierno del Distrito Federal.

JUSTO SIERRA Y LA UNIVERSIDAD EN SUS CIEN AÑOS

ARNALDO CÓRDOVA

El maestro Justo Sierra Méndez (nacido en Campeche el 26 de enero de 1848 y fallecido en Madrid el 13 de septiembre de 1912) es el principal héroe intelectual de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional. El nos dio, al fundarla, la perspectiva clara de su desarrollo futuro, con su programa de vida como institución educativa en la vida social de México; con sus tareas a cumplir en el porvenir y su razón de ser en el entramado político y social de la sociedad mexicana. El 22 de septiembre de 1910 fue aprobada por el Congreso una iniciativa de ley que presentó el maestro para crear la Universidad Nacional. Desde 1929, la Universidad Nacional fue declarada autónoma y se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sierra era poseedor de un profundo espíritu laico y como tal concebía la educación. Para él el laicismo no sólo tenía que ver con la religión o con la actitud frente a las iglesias y los credos religiosos. Atañía también a la misión del Estado en la vida social: preservar la libertad de todos para creer y actuar. En su discurso inaugural de la Universidad, Sierra pronunció estas palabras: “… un espíritu laico reina en nuestras escuelas; aquí, por circunstancias peculiares de nuestra historia y de nuestras instituciones, el Estado no podría, sin traicionar su encargo, imponer credo alguno: deja a todos en absoluta libertad para profesar el que imponga o la razón o la fe” (Discurso en el acto de inauguración de la Universidad Nacional, en Obras completas del maestro Justo Sierra, UNAM, México, 1948, t. V, p. 459). El maestro debió haber sentido una enorme desconfianza de la educación privada, porque le parecía que ésta no podía no identificarse con la educación religiosa que acostumbra impartir la Iglesia. Si se mira al conjunto de las escuelas privadas de hoy, todavía tiene bastante razón. En este sentido, era tan radical su forma de ver las cosas que sentía que la educación primaria debía correr sólo a cargo del Estado. Para él, había un acuerdo entre el pueblo y el Estado para reservar a éste cuanto a la primera educación se refiere. Todos los medios sociales, escribía, así el familiar como el religioso o el colectivo y el económico y el cultural difuso de la sociedad coadyuvan a la formación del individuo; pero ninguno como el público, del Estado, “… prepara sistemáticamente en el niño al ciudadano, iniciándolo en la religión de la patria, en el culto del deber cívico; esta escuela [la primaria] forma parte integrante del Estado, corresponde a una obligación capital suya, la considera como un servicio público, es el Estado mismo en función del porvenir” (Discurso, p. 457). Otra función muy diferente veía Sierra en la Universidad Nacional que estaba creando. En ella el Estado no tenía nada que hacer ni era responsabilidad suya otra que no fuera cuidar su institucionalidad y hacerla sobrevivir. La Universidad era un universo aparte, pero no separado de la sociedad. Debía regirse como una república de la libertad de pensamiento y, al mismo tiempo, asumir su responsabilidad para con la sociedad y la patria. La Universidad de Justo Sierra se define de múltiples maneras, pero es ante todo el ámbito de la libertad. Él decía que la inteligencia está condenada a eclipses y catalepsias cuando no respira su oxígeno, que es la libertad (p. 461). Sierra pudo muy bien haber definido ya en su tiempo la autonomía universitaria, porque entendía que la libertad de pensar y de enseñar son consustanciales a esa casa de estudios. El pensaba en fundar una escuela de altos estudios en la que se enseñara al máximo nivel en los marcos de la Universidad. Luego los ateneístas, encabezados por don Antonio Caso, lo harían en plena violencia revolucionaria. Para él, allí debía enseñarse la historia de todo el pensamiento filosófico y científico sin discriminaciones sectarias. “Y dejaremos libre –decía–, completamente libre el campo de la metafísica negativa o afirmativa, al monismo por manera igual que al pluralismo, para que nos hagan pensar y sentir, mientras perseguimos la visión pura de esas ideas eternas que aparecen y desaparecen sin cesar en la corriente de la vida mental: un Dios distinto del universo, un Dios inmanente [consustancial] en el universo, un universo sin Dios” (p. 460). La misma ciencia, a diferencia del dogmatismo positivista que el maestro campechano profesaba, debía ser concebida en la Universidad de otra manera, como el conocimiento que busca abarcarlo todo, pero que, siempre impotente para alcanzar semejante meta, se decide a marchar siempre sobre la misma ruta sin fijarse fines fatales que, de todas maneras, jamás podrá alcanzar. Conocemos sobre el camino todo lo que podemos conocer, pero seguros de que nunca podremos conocerlo todo. “… pedimos a la ciencia –escribía– la última palabra de lo real, y nos contesta y nos contestará siempre con la penúltima palabra, dejando entre ella y la verdad absoluta que pensamos vislumbrar, toda la inmensidad de lo relativo” (p 453). Sólo podemos conocer lo relativo, jamás lo absoluto que, después de todo, ni siquiera existe, porque en la realidad no lo hay. Para Sierra el papel social y coordinador de la vida social (así lo dice) de la Universidad es esencial en su definición. Es de tal importancia que ni siquiera la creación del conocimiento le iguala. Por un lado, para él, “cuando el joven sea hombre, es preciso que la Universidad o lo lance a la lucha por la existencia en un campo social superior, o lo levante a las excelsitudes de la investigación científica; pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción; que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo, y que si se pueden olvidar en las puertas del laboratorio al espíritu y a la materia… no podremos moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria” (p. 452). Por otro lado, empero, ahí no acaba la función de la Universidad (Sierra también habla de la misión de la Universidad, como años después lo haría en un luminoso ensayo José Ortega y Gasset). Partiendo, justamente, de lo anterior, la Universidad “tendrá la potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional, y delante de la naciente conciencia del pueblo mexicano mantendrá siempre alto, para que pueda proyectar sus rayos en todas las tinieblas, el faro del ideal, de un ideal de salud, de verdad, de bondad y de belleza; esa es la antorcha de vida de que habla el poeta latino [Agripa d’Aubigné], la que se transmiten en su carrera las generaciones” (mismo lugar). Creo que todos los universitarios de todas las universidades del país, públicas o privadas que sean, deberían meditar, en este centenario de la UNAM, sobre su papel en la tierra y las responsabilidades que les tocan en el torrente de la vida social, tal y como el maestro Justo Sierra nos invitaba a hacer hace 100 años. Sería bueno para todos (los universitarios) y también para la nación.

LOS CIEN AÑOS DE LA UNAM

NÉSTOR DE BUEN

La familia De Buen ha estado siempre vinculada a la universidad. El fundador de la dinastía intelectual, mi abuelo Odón de Buen y del Cos, nacido en Zuera, al lado de Zaragoza, no tenía antecedentes académicos. Si no recuerdo mal, su padre, mi bisabuelo, era sastre. Pero Odón fue un alumno brillante y Zuera lo becó para que estudiara en Madrid ciencias naturales. Fue el primero y mejor oceanógrafo de España, y tal vez me quede corto. Sus seis hijos: Demófilo, Rafael, Sadí, Fernando, Eliseo y Víctor fueron esencialmente universitarios. La generación siguiente, la mía, siguió los mismos pasos, que no fueron tan fáciles porque se produjo la Guerra Civil y el exilio, con todas las carencias que ello supone. A mi padre, muy distinguido jurista especializado en derecho civil, muy pronto lo incorporaron a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde formó parte del grupo de extraordinarios catedráticos españoles refugiados que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió con los brazos abiertos. Se encontraron, allí, en su propia casa. Los catedráticos juristas de nuestra escuela fueron numerosos e importantes. Gracias a la UNAM pudieron regresar a la cátedra suspendida por la guerra. En la entrada de mi Facultad de Derecho hay un cuadro en el que aparecen sus nombres. Muchos de ellos fueron mis maestros: Luis Recaséns Siches, Manuel M. Pedroso, Niceto Alcalá-Zamora, Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Felipe Sánchez Román y Javier Elola. En el doctorado se agregó a la lista Mariano Ruiz Funes. Reconozco que siempre procuré que en cada año de mi carrera hubiera un profesor español. Uno de mis recuerdos más importantes corresponde al día, no sé si 3 de abril de 1941 –aniversario de la boda de mis padres–, en que habiendo comido en el Majestic mi padre nos llevó a conocer la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en las calles de San Ildefonso. Cuando entré y conocí su patio extenso, sus aulas diversas, entre ellas la Jacinto Pallares, en las que algunos años después presentaría mi examen profesional, mi emoción fue notable. Ciertamente, la generación de profesores españoles en la UNAM, y no sólo en derecho, fue excepcional y sin duda contribuyó a elevar su nivel académico. En derecho, por iniciativa de Niceto Alcalá-Zamora, se creó el doctorado, y don Felipe Sánchez Román fue el primer director del Instituto de Derecho Comparado, hoy de Investigaciones Jurídicas, en el que Javier Elola desempeñó, con enormes resultados, la función de secretario. A él le debo haberme incorporado al instituto para hacer reseñas de libros y revistas, lo que ayudó no poco a mi formación jurídica. Soy profesor de la Facultad de Derecho desde el primero de mayo de 1953 (fecha en la que seguramente no hubo clases, pero aparece en mi expediente), y no concebiría mi vida desvinculado de la UNAM. Inicié mis clases en San Ildefonso, pero inauguré también los cursos en Ciudad Universitaria. He vivido el crecimiento de la UNAM. Me siento parte de ella. Celebrar ahora su centenario me ha causado gran emoción. Participé en la ceremonia celebrada en el edificio de Justo Sierra, desfilando antes desde el Zócalo, que fue siempre mi ruta personal para ir y salir de la escuela que después se convirtió en facultad. No he sido el único De Buen universitario. Odón y Jorge, mis hermanos, también. Y Sadí y Oscar, médico e ingeniero civil de fama más que merecida, son o fueron profesores de la UNAM. No son los únicos. Me parece que Mari Carmen y Ana María de Buen también han estado o están vinculadas a la Universidad. La generación siguiente, la cuarta, sigue los mismos pasos. Es una herencia de la que todos nos sentimos orgullosos. Por supuesto que para la UNAM no guardamos sólo amor y respeto, sino también un agradecimiento absoluto.

EL REFORMISMO ILUSTRADO Y LOS PIROMANIACOS

ROLANDO CORDERA CAMPOS

El presidente López Portillo presumió alguna vez de que la crisis de conciencia que embargara a los grupos gobernantes después del 2 de octubre de 1968, lo llevó a él y sus colaboradores más cercanos a tomar conciencia de la crisis y empujar desde la cúspide del poder presidencial una reforma política gradual pero de enorme envergadura histórica. Más allá de la reforma administrativa en la que como funcionario había depositado sus grandes esperanzas de progreso estatal, lo que buscaba como presidente era la progresiva actualización del sistema político a los tiempos de la diversidad democrática cuyo reclamo resumía entonces la trágica experiencia del fin del movimiento estudiantil y popular que conmoviera a México a finales de la década de los sesenta. Dicha actualización, además, contaría con las fortalecidas bases materiales y financieras que la nueva grandeza mexicana sustentada en la riqueza petrolera ofrecía, y que en esos días parecían interminables. La reforma echó a andar y las perspectivas que abría parecían magras en lo inmediato pero en realidad, como dijera Arnaldo Córdova, iba a significar toda una revolución política. Al final de esa cuenta que iniciara en 1977 bajo la batuta de don Jesús Reyes Heroles, el país habrá vivido con el inicio del nuevo milenio una efectiva transformación de los usos de la política: el PRI perdió en 1997 la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y el gobierno de la capital de la República; luego, la Presidencia de la República y el Estado se embarcó en la experiencia inédita de los gobiernos divididos, carentes de mayorías claras en el Congreso y, por tanto, obligados a descubrir la práctica de la negociación y a cursar las asignaturas pendientes de la concertación y la innovación política y del gobierno. En medio de una crisis económica de proporciones y duración inéditas, el nuevo sistema emergido de estos acontecimientos no ha podido generar formas de conducción y gestión eficaces, que le den capacidades ciertas de autosustento. La revisión última de sus diversas y barrocas normatividades siempre está en el primer lugar del orden del día, y el resultado ha sido, como no podía ser de otro modo, un galimatías institucional y una torre de babel de la reformitis que ahora se busca usar como caballo de Troya de un autoritarismo disfrazado de mágica solución para el logro de una nueva gobernanza. La verdad desnuda es que tal y como lo dejaron quienes lo diseñaron al final del siglo y quienes lo usufructuaron hasta hoy, el sistema político no funciona como matriz de un orden efectivamente democrático y capaz de encarar las tormentas de una globalización cuyo despliegue podría pasar por momentos regresivos simplemente aterradores: caos monetario; reversión comercial nacionalista; largos lapsos de estancamiento económico sin fecha de término; desastres naturales en serie, etcétera. La plasticidad del Estado posrevolucionario fue un activo del que siempre presumieron las sucesivas generaciones que lo gobernaron como herencia supuestamente legítima de la Revolución. Pocos se preocuparon por poner al día esa legitimidad y fueron muchos los que, confiados en esa flexibilidad imaginada como infinita, abusaron de ella hasta llevar al Estado mismo a un desgaste definitivo de sus resortes originales y su propia capacidad de autorreproducción. Afectado por una crisis terminal de sus finanzas, despojado de sus palancas seculares de movilización y relación con las masas, siempre en código vertical pero esperanzador, el Estado y sus dirigencias aparecen hoy envueltos en un frenesí autodestructivo cuyo ímpetu dizque reformador de la política no engaña a nadie y más bien desespera a cada vez más ciudadanos y agrupaciones sociales con los intereses más diversos y encontrados. La violencia criminal que se ha adueñado de mentes y haciendas a todo lo largo del territorio no hace sino confirmar cotidianamente este agotamiento que es, sobre todo, un vaciamiento intelectual, ideológico y político del Estado y del sistema en cuya renovación quisieron encontrar López Portillo y Reyes Heroles la fuente de la renovación del Estado y de la economía política nacional. El emperador no está desnudo: se fue pa’l Norte. La caída ha arrastrado a todos los actores, pero desde la izquierda algunos buscan trazar rutas de recuperación y ascenso desde la sima con un discurso de inclusión pero también de reivindicación social. Los lineamientos de López Obrador para un nuevo proyecto de nación, y ahora los empeños de Marcelo Ebrard y su fundación recientemente inaugurada, deberían ser motivos de aplauso y aliento para una sociedad sumida en la confusión y ahogada por la violencia criminal, pero no ha sido así para los poderes de hecho y, para sorpresa de muchos, tampoco para los organismos emblemáticos de aquel esfuerzo reformador de la política y el Estado: los partidos, el IFE y el tribunal. Enarbolando una normalidad en la que ninguno de ellos cree; argumentando el cuidado de una equidad que ellos mismos traicionaron apenas hace cuatro años, el PAN y el tribunal quieren bloquear la libre y legítima expresión de ambiciones políticas concretas y de poder expresadas por López Obrador, y vaya usted a saber lo que se les ocurra hacer con Ebrard una vez que éste arranque sus trabajos en pos de una candidatura presidencial a lo que no sólo tiene derecho sino que lo hace merecedor del reconocimiento público por decirlo abiertamente. Por lo pronto, lo que queda claro es que para los dueños de la verdad política enfeudados en los órganos electorales no hay cosa mejor que la confusión mental y el caos jurisdiccional, donde creen que puede sustentarse eternamente su posición burocrática y de poder. Mal inicio de lo que por otro lado es y será inevitable: una campaña tumultuosa para la renovación del mando del Estado cuya calidad, contenido y proyectos es vital para nuestra sobrevivencia como comunidad nacional organizada y, tal vez, también moderna y productiva. Ojalá que partidos, gobierno y organismos electorales recuerden pronto o reaprendan que su función es modular, encauzar y administrar el inevadible conflicto político-social que es propio de las sociedades diversas y, como es nuestro caso, polarizadas por desiguales e injustas. No es su papel el de piromaniacos, tristes Nerones sin música qué tocar.

YO TAMBIÉN HABLO DE LA UNAM

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

La UNAM ha sido para mí un espacio privilegiado de formación profesional, un centro de trabajo estimulante, una institución para entrar en contacto con diversas disciplinas, lenguajes, actividades artísticas, un observatorio inigualable de la vida nacional, un centro de forja y encuentro de amistades que duran a través de las décadas, un nicho de libertad cuando las libertades se encontraban restringidas en otros ámbitos, una plataforma para la investigación sistemática.
No me extraña su celebración y comparto el ánimo festivo. A lo largo de 100 años ha sido un centro irradiador de cultura, de formación de profesionales y un espacio para la creación científica y artística. Generaciones de egresados se sienten orgullosas y satisfechas de haber pasado por sus aulas, porque en ellas encontraron conocimientos, destrezas, habilidades para una formación especializada y quiero pensar que también para contar con una visión más abierta y sofisticada de la vida social.
Pero la UNAM tiene problemas. Y no puede ser de otra manera. Sólo los organismos y las instituciones muertas viven en paz consigo mismas. Algunas de esas dificultades son derivadas de lo que sucede en su entorno y otras propias de una entidad compleja, desigual, cargada de retos a los que no se les puede (debe) dar la espalda.
Durante varias décadas la UNAM fue una plataforma eficiente para colocar a sus egresados en el mercado de trabajo. Era una institución que con el despliegue de sus potencialidades coadyuvaba a la movilidad social ascendente. Era un eficaz "elevador social". Entrar a la UNAM no representaba solamente adquirir el conocimiento necesario para desempeñar una profesión, sino una oportunidad de mejoramiento económico importante. Pero hoy el entorno resulta más adverso. No sólo porque se han multiplicado las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas (en buena hora), sino porque la economía del país no ha crecido con suficiencia en las últimas décadas, lo cual ha contraído el mercado de trabajo y las oportunidades de empleo de los egresados de todas las universidades (y no sólo de ellos).
Enrique Quintana escribía hace unos días: "De 1970 a 1990, la población económicamente activa (PEA) en México creció a una tasa anual de 3.1 por ciento en promedio... en ese mismo lapso, la economía creció a una tasa anual promedio de 4.3 por ciento. Es decir, tuvo la capacidad para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber el crecimiento de la PEA... A partir de 1990 llegaron a la edad laboral quienes nacieron en la década de los 70, cuando el crecimiento demográfico era cercano al 3 por ciento. Además, fue una etapa en la que se aceleró la incorporación de la mujer al mercado laboral... La PEA de la década de los 90 creció a una tasa media anual de más del 4 por ciento. En contraste, el crecimiento de la economía se vino para abajo y sólo alcanzó una tasa media de 3.4 por ciento al año. Desde hace 20 años, muchos jóvenes no pudieron acceder al mercado laboral formal" (Reforma, 24-09-10).
Entiendo que es ese ambiente adverso para los jóvenes del país -no sólo los universitarios- lo que lleva al rector José Narro a insistir en la necesidad de revisar y reorientar la política económica, porque el crecimiento suficiente de la economía se ha convertido en una necesidad apremiante si no queremos ver cómo nuestro de por sí maltrecho "tejido social" se nos convierte en un paño desgarrado.
Pero la UNAM tiene también problemas internos. Me refiero sólo a uno: el envejecimiento de su planta docente, lo que en muchos casos le impide su puesta al día. A fines de la década de los setenta las autoridades de la UNAM decidieron que la institución no podía seguir creciendo en su matrícula. En los años inmediatos anteriores se había expandido de manera sobresaliente: las nuevas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Para ello se necesitaron profesores y se incorporaron cientos -si no es que miles- de académicos jóvenes. Pero al congelarse la expansión, la necesidad de "sangre nueva" cesó.
Han pasado más de 30 años y los jóvenes de entonces -que ocupamos las plazas de maestros e investigadores- hemos envejecido. Y la opción de la jubilación a (casi) nadie le resulta satisfactoria. Dado que no somos mineros ni carteros -oficios para los que se requiere una condición física excepcional-, que para ser académico el paso del tiempo parece ser una ventaja y que la pensión suele representar menos de un tercio del ingreso, hemos taponado la incorporación a la UNAM de nuevos profesores. El problema en términos académicos -no laborales- es que ello impide la asimilación de nuevos enfoques, bibliografías, autores, de los que serían portadores los cientos de estudiantes que se han preparado en las universidades del país y el extranjero y que no tienen una vía de acceso como profesores porque los que hoy realizamos esa labor no nos queremos morir.

HACIENDA EN SUS DICHOS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Una precondición para un debate racional en cualquier terreno consiste en un uso común, compartido, de los términos empleados en la discusión. Si, por el contrario, los interlocutores usan los conceptos como les venga en gana, interpretando las categorías a su antojo, el diálogo es prácticamente imposible, pues lo que afloran ya no son las opiniones diferentes, cosa normal en una discusión, sino puros malentendidos. La impresión de que el lenguaje no se usa con claridad y que, en el extremo, se afirma una cosa cuando en realidad se está diciendo la otra, me surge al acercarme al paquete económico del gobierno. Veamos.
En el comunicado del 8 de septiembre pasado, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice: “Se mantiene un estímulo contracíclico con objeto de promover la recuperación económica al mismo tiempo que se preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Y, unas líneas después, se afirma: “En el programa para 2011 se propone un déficit presupuestario de 42.2 miles de millones de pesos, equivalente a 0.3% del PIB, sin considerar la inversión de Petróleos Mexicanos. Ello implica que se mantiene un estímulo contracíclico, si bien con una trayectoria descendente consistente con la recuperación observada en la economía y con la necesidad de que el déficit público regrese a un nivel sostenible”.
Lo primero que debe aclararse es qué se entiende por un presupuesto “contracíclico”. Al hablar de ciclos en la economía se hace referencia al momento en que se encuentra la actividad económica general: cuando crece el PIB, se está en la fase alcista del ciclo y cuando decrece el ritmo de generación de riqueza o se contrae la economía se está en la fase descendente del ciclo. Ir en contra del ciclo implica, entonces, ampliar el gasto público, aumentar la demanda para activar o acelerar a la economía durante la fase descendente o, cuando se está en la fase alcista, reducir el gasto para enfriar la economía cuando ésta crece rápidamente y puede incurrir en desequilibrios como, por ejemplo, procesos inflacionarios.
Por tanto, la presencia de un presupuesto contracíclico implica no un dato (la existencia o no de déficit) sino la orientación de la política, la dirección que se le da al comportamiento del gasto para usarlo como herramienta para acelerar o desacelerar la economía. En este sentido, en época de bajo crecimiento o recesión, que se siga una estrategia contracíclica necesariamente implica que se esté ampliando el gasto. Por el contrario, reducir el gasto, en un momento de bajo crecimiento o desaceleración económica significa, simplemente, tener una política procíclica, a favor del ciclo de negocios.
Aclarado lo anterior, ¿qué propone el gobierno? Reducir el gasto (pues el déficit aprobado para 2010 por el Congreso fue de 0.7% del PIB y se quiere bajarlo al 0.3% para 2011), lo que implica, en una situación en que se viene de una caída del 6.5% del PIB el año previo, tener una política procíclica. No hace sentido, pues, decir que se tiene “un estímulo contracíclico con objeto de promover la recuperación económica” cuando lo que se propone, en números —que es donde se esconde el diablo de los detalles en materia económica— es disminuir el gasto, esto es, reducir los estímulos a la actividad desde la política fiscal.
¿Por qué dice Hacienda que propone una política anticíclica si en realidad receta medidas procíclicas? Eso lo deberían aclarar las propias autoridades económicas, pero lo cierto es que en el mejor de los casos se trata de una licencia literaria extralimitada. Insisto, para tener una discusión racional, ordenada, no se le puede dar a la ligera la vuelta a los conceptos para terminarlos usando de manera diametralmente opuesta a lo que significan. Otra posibilidad es que Hacienda considere que la mera existencia de cualquier déficit público —tener más gastos que ingresos— quiere decir que se tiene una política procíclica, pero se trata de un error de compresión fehaciente: lo que importa es si el gasto se amplía o se reduce, no si hay déficit o superávit.
Es más, Hacienda prevé que en 2011 la economía mexicana crezca 3.8%, es decir, menos que en 2010 para el que se tiene una estimación oficial de 4.5%. O sea, Hacienda está diseñando, abierta y explícitamente, una política para desacelerar, para crecer más lento y no para “promover la recuperación económica” como afirma. Además, el gasto que propone el Ejecutivo federal para 2011 es del “2.1% real con respecto a lo aprobado en 2011” de acuerdo a su documento. Más claro ni el agua: la expansión del gasto (2.1%) irá rezagada frente a la previsión del crecimiento (3.8%), lo cual evidencia, otra vez, una política restrictiva, no expansiva, procíclica en vez de anticíclica.
Otro ejemplo de uso ligero o equívoco de términos lo da la afirmación de que con la propuesta del gobierno “se preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas”. La propia Secretaría dice que la recaudación tributaria no petrolera será de 10.3% del PIB, lo que quiere decir el más bajo nivel de recaudación de la OCDE y uno de los más bajos de América Latina (andamos en una recaudación similar a la de Haití). ¿Cómo es que ante esa anemia fiscal, ante esa pobre cifra de recaudación, se pueda afirmar que preservaremos una sostenibilidad de las finanzas públicas que, por supuesto, ni tenemos ni hemos tenido?
La máxima autoridad económica en materia fiscal está usando un lenguaje confuso, enviando mensajes contradictorios. No es una actitud seria ni que permita una deliberación democrática, informada y rigurosa de la política económica.

EL DOCTOR JUAN ANTONIO RULL

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Para cerrar el ciclo de los centenarios y bicentenarios y dar cuenta de nuestro momento y nuestra realidad, parece conveniente bajar la mirada al encuentro cotidiano de los ciudadanos, a la tarea del día a día que, con el paso del tiempo, es la que en realidad construye la historia y forma el depósito de hechos que después llamaremos pasado. Es inevitable cierta grandilocuencia cuando hablamos de los centenarios de una República, cuando tenemos que dirigirnos a cosas tan difíciles de asir como la identidad, la independencia, la justicia o la soberanía. Sus conceptos nos envuelven y nos alejan un poco del piso para ubicarnos en el horizonte, el lugar donde de verdad se encuentra el futuro de las naciones. Sin embargo, para situar las pequeñas grandezas que nos hacen fuertes como sociedad y como pueblo, habría que llamar la atención sobre algunos hombres que, lejos de ser héroes, son más bien unos pilares que soportan la invisible estructura de nuestra sociedad, aquellos que hacen su trabajo con pasión y calidad, con una entrega extraordinaria, que se prolonga en tiempos tan largos como una vida. Hace unos días, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán rindió un más que merecido homenaje al doctor Juan Antonio Rull Rodrigo, su director médico. El doctor Rull ha cumplido 50 años al servicio del Instituto de Nutrición. Ha hecho y dejado su vida entre las salas de ese hospital, ha formado numerosas generaciones de médicos, ha salvado vidas y ha contribuido a mejorar la calidad de vida de muchos seres humanos, devolviéndoles la dignidad, la serenidad y el alivio en medio de la enfermedad, inspirado y fiel a una altísima moral laica. Sin lugar a dudas, Rull es uno de los mejores endocrinólogos y diabetólogos del continente. Ese hombre sencillo, humano y notable científico, es un ejemplo de lo que la buena voluntad, la disciplina y la inteligencia pueden hacer en favor de una sociedad. Al cumplir sus tareas cotidianas con empeño y honestidad, Rull contribuye, en silencio y con modestia, a que su hospital se haya convertido en una de las insignias del sistema mexicano de salud y uno de los centros de investigación de mayor prestigio en el continente; sin duda, en sus largos 50 años de servicio, la mayor parte de las jornadas de trabajo han sido rutinarias, sin mayores sobresaltos; sin embargo, en esos mismos años ha habido horas en que la vida de un paciente, la buena marcha del hospital o un reto científico han requerido de él un esfuerzo especial, una entrega inusitada que ha sabido cumplir con entereza. En esas horas se ha comportado como un héroe silencioso, discreto; sí, un héroe porque, pese a todo y a cualquier circunstancia, ha cumplido con su deber incluso más allá de lo que la llaneza de la suficiencia requería; es uno de aquellos mexicanos que, sin haberlo sido de origen, han hecho por México tanto como los que han nacido en nuestro territorio. En momentos como éste, cuando nos parece que las circunstancias son más poderosas que nuestras fuerzas, y pienso en el doctor Rull, venciendo a la muerte, a la pobreza del presupuesto y, gran cantidad de veces, a la incomprensión de muchos, sólo con la fuerza de su voluntad. Eso es lo que necesitamos. Felicidades, don José Antonio.

EL ASCENSO DIPLOMÁTICO BRASILEÑO Y DECLIVE MEXICANO (I-III)

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Aunque es imposible precisar hoy por la tarde si los golpistas conservadores derribarán al primer mandatario de Ecuador, las primeras informaciones preocupan al continente ante el acecho de la violencia y la ruptura del orden legal, en la hermana república ecuatoriana. Sería el último en desear que un presidente progresista, Correa -como Chávez, Funes, Lula, Morales-, fuera derribado por un golpe castrense, donde las fuerzas más reaccionarias se alían con los intereses más nefastos del Imperio. Esto me lleva a mencionar el franco descrédito internacional en el que ha entrado la administración Calderón. Es imperdonable que la Cancillería diga ante los representantes populares y ante senadores que unánimemente, en el exterior, se reconoce la labor del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Días antes, el Gobierno mexicano pretendió ignorar el clamor general contra la masacre de indocumentados centroamericanos que ocurrió en el norte. Semanas antes, "regularizamos" nuestra relación con Honduras, traicionando los principios de nuestra política exterior. ¿Qué haremos si el golpe se consuma?
Por ahora no elaboraremos sobre ese párrafo, en parte porque las noticias son oscuras, y en parte, porque merece un examen específico la alarmante claudicación de nuestra política exterior, dirigida sin tino ni dirección, y ejecutada en la misma forma.
Veamos cómo otro país del continente, en 8 años, semejante al de las administraciones panistas, ha emergido en el horizonte internacional como una potencia de importancia regional, secundada por transformaciones estructurales de su economía: Brasil. La política exterior es una arma fundamental para el desarrollo y en Brasil esto ha ocurrido. El coloso del sur ha logrado dar continuidad, independientemente de partidos, al proyecto económico y así ofrecer estabilidad, lo que no ocurrió en México, que hoy se encuentra en la puerta de un gravísimo deslave. Por otra parte, el partido de los trabajadores ha mejorado sensiblemente el ingreso de la clase baja y ha llevado más de 30 millones a la clase media.
Brasil cuenta con un servicio exterior inteligente, bien formado y disciplinado que conoce los objetivos de Itamaraty. Ha localizado e intensificado sus relaciones con países eje del mundo como son China, India y Sudáfrica, y actúa con coaliciones de "geometría variable" como el G-20, en la OMC con los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), especialmente en cuestiones financieras, y ha promovido también coaliciones con otros países para acciones específicas como las relativas a la emisión de emisiones de carbón. Brasil puede ser el primer país que consiga un asiento permanente dentro del Consejo de Seguridad, de abrirse en ese órgano a nuevos miembros. Mas donde Brasil ha obtenido resultados concretos es en la cooperación sur-sur, ensanchando su influencia en toda Sudamérica y haciéndose presente en el África, donde tiene el gran bono de varios países que alguna vez fueron colonias de Portugal. Pero sus relaciones no se han traducido solamente en acuerdos (recuérdese el anuncio de la "integración" México-Brasil anunciada por Calderón a principios del año que fue boicoteada por el Consejo Coordinador Empresarial de México), sino que Brasil ha dotado de esquemas de cooperación en las áreas de salud, agricultura y educación, al dar al proceso de coo-peración un contenido social que resulta del interés de países de menor desarrollo.
Pero seguramente donde la diplomacia ha logrado sus mayores éxitos ha sido en su relación con Estados Unidos, descartando un tercermundismo anacrónico y manejándose en forma pragmática ante los contenciosos que le pudieren deparar la relación. Es así que Brasil, por ejemplo, con Turquía, se opuso a las sanciones del Consejo contra Irán. A la disminución de su balanza comercial con Estados Unidos se ha lanzado a la búsqueda de otros mercados -UE- y el fortalecimiento de relaciones con el Mercosur al que ha ofrecido financiamiento privilegiado. Con Cuba, que podría ser piedra de toque, en vez de acusarle por la violación de derechos humanos, le ha apoyado en los cambios estructurales de apertura que se inician.
Si bien éstos son sólo algunos de los hechos, éstos serán analizados en próximas colaboraciones, porque serán el bagaje que Dilma Rousseff tendrá al tomar la Presidencia y proseguir en el exitoso camino de la diplomacia brasileña.
Continuará

LA TOLERANCIA, VALOR PRIMORDIAL EN LA DEMOCRACIA Y LA ARMONÍA SOCIAL

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

Uno de los principios fundamentales del Estado constitucional de derecho es la tolerancia, que es la capacidad del hombre de concebir al otro en su auténtica dimensión de persona humana con iguales derechos a los suyos y, por lo tanto, de aceptar que la forma de pensar de los demás es tan valiosa y respetable como la propia.
La tolerancia como actuación cotidiana es un mínimo indispensable que debe existir en cualquier sociedad democrática y civilizada, si no se desea caer en el autoritarismo o en oscurantismo medieval. Las instituciones políticas, jurídicas, sociales y de cualquier otra índole deben ser las principales promotoras del respeto al otro como la forma imperante en la convivencia armónica y sus dirigentes deben ser los primeros en practicarla como un ejemplo de vida y una estrategia para lograr el consenso y unidad en torno a los fines que persiguen las organizaciones que gobiernan.
En la actualidad nos parece a todos que el respeto a la libertad de los demás es esencial para explicar la coexistencia de posturas políticas diversas, grupos humanos multiculturales y credos distintos en un mismo Estado nacional. Los sistemas ideológicos excluyentes de la diversidad son poco aptos para trascender en un mundo globalizado y abierto permanentemente a la crítica de la razón. En este sentido, los mexicanos hemos construido con grandes dificultades e incluso sacrificios una sociedad plural e incluyente, con base en instituciones sólidas y confiables, cuya guía de actuación ha sido la tolerancia.
Un espacio donde esa circunstancia se presenta diariamente y a la vista de todos es el Pleno y en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que ahí debatimos de cara a los justiciables y a la sociedad en general los asuntos que se plantean.
El debate muestra coincidencias y diferencias, distintas visiones del derecho algunas compartibles y otras irreconciliables, pero todas buscan emitir el fallo más justo posible, argumentaciones jurídicas a favor del sentido de un proyecto y en contra o a favor, pero por diversos motivos, incluso en el debate se expresan simpatías y ocasionalmente antipatías a las ideas de los colegas, pero en todo momento hay un profundo respeto por el otro, hay pasión en el debate y compromiso con lo que se piensa, pero siempre prevalece la tolerancia.
En este año, que los mexicanos celebramos el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la libertad personal y colectiva es uno de los temas más recurrentes en la opinión pública. Sin embargo, a veces se nos olvida como sociedad, que la libertad sería una mera ilusión, si no existiera una renuncia básica a llevar hasta sus últimas consecuencias nuestros intereses, deseos o ideas. Este freno se expresa por la palabra tolerancia, que es el yo y el nosotros contenidos por el respeto del tú y el ustedes. No habría comunidad de intereses, si no existiera la solidaridad a que conduce sabernos iguales y tratarnos como tales.
Nuestro compromiso como ciudadanos de este país que requiere de romper con atrasos ancestrales y superar desigualdades sociales profundas es generar, mantener y reproducir los espacios del debate crítico, abierto y libre. Tenemos la obligación, en el papel que nos corresponde jugar en la sociedad, de participar con convicción, valentía y arrojo en defender nuestras ideas, puesto que la confrontación de las mismas es la única vía democrática para ponernos de acuerdo en la solución de nuestros problemas. Esta vía se cancela cuando se recurre como estrategia del debate a la descalificación del otro o al cultivo del "arte de tener siempre la razón" defendido por Schopenhauer.
La vacuna y el antídoto contra la cerrazón política y social, contra los sistemas jurídicos rígidos y formales es la tolerancia, puesto que esta actitud ante la vida es la única que permite escuchar y conocer al otro. Este conocimiento conduce al respeto de sus derechos. Este respeto a la paz y armonía social. Juárez dixit.

EL FUERO, LA IGNORANCIA Y EL ERROR

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Yo no sé por qué tanta gente se confunde con lo evidente. El fuero no existe en México, ¿o acaso es letra muerta el artículo 13 de la Constitución -que es una garantía individual- y que dice: "Ninguna persona o corporación puede tener fuero"? El diputado Julio César Godoy Toscano no tiene fuero y mal haría -y no lo ha hecho- en escudarse en lo que no es. Es cierto asimismo que el artículo 61 de la propia Constitución correspondiente al Poder Legislativo prescribe en su párrafo primero que: "Los diputados y senadores son inviolables (mejor 'impunes') por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas". Y es cierto también que el párrafo segundo determina que: "El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar". ¿Cuál fuero, si el artículo 13 lo excluye? Aquí hay una clara contradicción entre el artículo 61 y el 13 y de aquél en sí mismo (su párrafo segundo contradice al primero porque una cosa es inviolabilidad y otra fuero); aparte de que el 13 debe regir en su condición de artículo precedente cuantitativa y cualitativamente. En tal virtud ha de prevalecer el 13.
Es lamentable que medio mundo en nuestro país, y más de medio mundo, no haya leído la Constitución, y si la ha leído, que no se pongan a pensar. Añádase igualmente lo obvio, a saber, que la inviolabilidad, que en rigor es impunidad sólo se aplica a los diputados y senadores. Ahora bien, a Julio César Godoy Toscano se le privó arbitraria e inconstitucionalmente de su derecho a tomar posesión de su cargo porque así lo decidieron funcionarios de la Cámara de Diputados con base en una solicitud del Ministerio Público Federal, quien adujo que por estar prófugo de la justicia se le suspendían sus derechos de ciudadano conforme a la fracción V del artículo 38 constitucional. Lo que pasa es que, suponiendo, sin conceder que fuera prófugo, la única autoridad facultada para suspenderle un derecho es la judicial en los términos del número 12 ("suspensión o privación de derechos") del artículo 24 del Código Penal Federal en acatamiento del mandato del artículo 21 de la Carta Magna ("La imposición de las penas es exclusiva de la autoridad judicial"). En consecuencia, el Ministerio Público Federal se arrogó funciones de las que carece actuando al igual que los funcionarios de la Cámara de Diputados.
Es lamentable que la ignorancia de muchos articulistas, comentaristas, políticos e incluso la de algunos abogados desvíe la opinión pública y la induzca al error. Lo que ha hecho el juez simple y llanamente al amparar a Godoy Toscano ha sido ordenar que al quejoso se le restituyan sus derechos políticos. Y menudo escándalo se ha armado, seguramente porque se ha difundido la noticia de que se le está preparando una orden de aprehensión a Godoy Toscano por la posible comisión de delincuencia organizada y delitos en materia de salud, en virtud de lo cual el juez le negó la suspensión definitiva contra aquella orden. ¿Hay en ello alguna contradicción de parte del juez? En la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se supone que sí. Craso error, ya que el juez no mezcló dos componentes distintos, concediendo el amparo exclusivamente por la violación de sus derechos políticos. Lo que desconcierta y confunde a la opinión pública, permitiendo incluso que se filtren en el asunto ingredientes con manifiesto interés político, es que la Procuraduría General de la República -que es la consejera jurídica del gobierno- siga sosteniendo a través de su vocero la tesis equivocada -"la Procuraduría utilizará todas las medidas legales que la Constitución establece para hacer valer el Estado de Derecho", insiste el vocero- de que, al margen de la resolución de un juez se le puedan suspender sus derechos políticos a Godoy Toscano, lo que es absolutamente falso. Y es imprescindible aclarar, para que la confusión no siga proliferando, que si hubiera una orden de aprehensión en contra del ya legislador, lo único que podría impedir su ejecución sería un amparo y no el mal llamado fuero; y si se llegara al extremo del juicio político no cabría hablar de retiro del "fuero" sino de ver si es procedente o no ese juicio (declaración de procedencia) en los términos del artículo 110 de la Constitución.
En suma, es deseable que precisamente en nombre del Estado de Derecho y para respetarlo se lleve este caso teniendo la Constitución en la mano, estudiándola con el mayor cuidado y ciencia, sin prejuicios de ninguna clase ni tampoco cayendo en la ignorancia que conduce al error. Por ejemplo, un consejero del Instituto Federal Electoral ha sostenido la necesidad de que se reflexione sobre el fuero, que en su concepto es una garantía que tiene el legislador para el ejercicio de sus funciones, manifestando que Godoy Toscano lo ha utilizado como una estrategia legal. Inexacto. El fuero no existe ni Godoy Toscano lo ha utilizado de esa manera. En lo que hay que reflexionar, si cabe el término, es en que la aplicación e interpretación de la ley se manejen con el mayor cuidado para no caer en la ignorancia y el error.
Además, yo tengo para mí que hay una especie de conspiración en contra de Julio César Godoy Toscano, por ser quien es y representar lo que representa políticamente hablando. Se ve a las claras y, como se dice, "le buscan por todos lados". Sin embargo, el Derecho debe prevalecer, tendrá que prevalecer. Al respecto, yo creo como abogado que en tanto el agraviado y perseguido se defienda con el Derecho, nada más con el Derecho, saldrá ganando. Las insidias caen vencidas cuando la espada de la justicia es bien utilizada. Y aunque han querido politizar el caso, terreno ese en que abundan las confrontaciones absurdas y los abusos de autoridad, hay que dejar que la razón del Derecho dé sus frutos, o sea, que se descarte el fuero -que no existe-, que la averiguación de la Procuraduría General de la República sea impecable, no tendenciosa, y que si se concede un amparo se lo respete y acate ciento por ciento.

MÁS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE FACULTADES ENTRE FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTADOS DE LA REPÚBLICA

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Complementariamente, respecto del tema referente a la distribución de facultades entre funcionarios federales y estados de la República, cabe que mencionemos ciertas facultades establecidas a favor del Congreso de la Unión en la fracción XXX del artículo 73 constitucional.
El texto de la fracción XXX del artículo 73 constitucional, literalmente previene que el Congreso de la Unión tiene facultad: "Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión." Existen estudiosos del Derecho en México que pretenden considerar que de esta fracción se desprenden las facultades tácitas del Congreso de la Unión. No compartimos esta idea porque lo tácito es lo que está comprendido dentro de lo expreso. Las facultades a favor del Congreso de la Unión que se desprenden de la fracción XXX del artículo 73 constitucional cabe denominarlas: "facultades complementarias" dado que su misión se adiciona a las facultades que comprenden las fracciones anteriores del artículo 73 constitucional, dado que tienden a que se obtenga efectividad respecto de las facultades que enumera ampliamente el artículo 73 constitucional y también otras facultades a los Poderes de la Unión derivadas de otros preceptos constitucionales.
Respecto de facultades complementarias, cabe citar como ejemplo el siguiente: En un tratado internacional se establece que para un delito tipificado en ese tratado internacional se aplicarán las penas que señale la legislación de cada uno de los países que son altas partes contratantes. En este supuesto se suscita la duda acerca de si es el legislador federal o estatal quien establecerá las penas aplicables. En esa hipótesis, la legislación aplicable es la federal y no la local pues, el Congreso de la Unión legisla para hacer efectivas las facultades que están concedidas por la Constitución al presidente de la República para celebrar tratados y al Senado para aprobar los tratados que estén de acuerdo con la Constitución.
También son facultades expresas a favor de funcionarios federales las previstas en el artículo 74 constitucional que enumera las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, dado que este órgano del Poder Legislativo está integrado por funcionarios federales. Lo mismo puede establecerse respecto de las facultades exclusivas del Senado, mismas que en doce fracciones consagra el artículo 76. Asimismo, son facultades de funcionarios federales las facultades que permiten actuar a la Cámara de Diputados o de Senadores, sin la intervención de la otra Cámara conforme lo dispuesto por el artículo 77 constitucional.
Otras reglas de distribución competencial entre Federación y Estados de la República se desprenden de lo previsto en los artículos 117 y 118 de nuestro Documento Supremo. En el artículo 117 aparecen, en sus fracciones respectivas, lo que los Estados de la República, no pueden hacer, en ningún caso. Por supuesto nos remitimos a lo dispuesto por las fracciones respectivas que marcan las prohibiciones a los Estados de la República. A su vez, en el artículo 118 constitucional también se establecen prohibiciones pero, de alcance más limitado pues, los estados sí están facultados para realizar las acciones respectivas, siempre y cuando aparezca la obtención del consentimiento del Congreso de la Unión.
Los estados de la República están facultados por la Constitución para establecer como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el sistema municipal, naturalmente, dentro de los detallados cánones que previene el hoy extenso artículo 115 constitucional.
Asimismo, el Poder Público de los estados, según lo dispuesto por el artículo 116 de nuestra Carta Magna, habrá de dividirse, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.