LA "INICIATIVA MÉXICO" QUE MERECÍA SER APOYADA

DENISE DRESSER

Nuestro país vive una situación sin precedente por los niveles y las formas que ha adoptado la televisión para construir candidaturas presidenciales, chantajear a la clase política, interferir en los procesos legislativos, bloquear la competencia y desacreditar a sus adversarios. El poder intimidatorio y corruptor que han acumulado Televisa y Televisión Azteca amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática y a las libertades fundamentales de la sociedad, como la libertad de expresión. Las televisoras han puesto a la democracia mexicana en un contexto de alto riesgo. Por ello, es necesario exigir iniciativas legislativas para una nueva ley de medios que obligue a los concesionarios de un bien público a aceptar la competencia y a actuar con mayor profesionalismo.

Los objetivos del acuerdo: proponer criterios de acuerdo con las mejores prácticas a nivel global para que el comportamiento de las televisoras no promueva solamente los intereses empresariales y políticos de sus dueños, con demérito del interés público y el pluralismo. Establecer mecanismos para la protección de políticos y figuras públicas incómodos que son borrados de la pantalla o denostados allí.

LOS CRITERIOS DEL ACUERDO

1) Tomar postura en contra de la promoción política de Enrique Peña Nieto en Televisa, disfrazada de infomercial; en contra de los paquetes publicitarios negociados con TV Promo que incluyen la compra de entrevistas en los principales noticieros; en contra del silencio televisivo que se guarda sobre el caso de Atenco o los feminicidios en el Estado de México o cualquier tema controvertido que podría evidenciar las fauces del joven dinosaurio que Televisa ha concebido. Bajo ninguna circunstancia los ciudadanos debemos justificar las acciones que Televisa ha emprendido para construir una candidatura presidencial a la medida de sus intereses.

2) No convertirnos en cómplices de un duopolio que busca legitimación social, intentando presentarse como “socialmente responsable” con propósitos propagandísticos. Los ciudadanos no debemos permitir que Televisa y Televisión Azteca nos conviertan en instrumento o en parte del conflicto que mantienen actualmente Televisa/Telcel. Debemos evitar usar el lenguaje y la terminología que emplean los dueños de las televisoras y no propiciar que se conviertan – a través de la “Iniciativa México” – en héroes públicos.

3) Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre las cifras de concentración del espectro radioeléctrico en su justa medida y señalar el efecto negativo que esta concentración –en tan solo dos empresas– tiene para la competencia, la innovación y la productividad. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del problema duopólico y cómo afecta a la sociedad y a los procesos politicos, dado el precedente perverso que sentó la “Ley Televisa”.

4) Atribuir responsabilidades explícitamente. La información que se difunda sobre el duopolio debe asignar a cada quien la responsabilidad que le corresponde sobre los hechos irregulares y al margen de la ley, como la toma del Chiquihuite, la renuencia a mostrar los spots del IFE, el cabildeo de ambas empresas contra reformas a la Ley Federal de Competencia, la forma en la cual Televisa “borró” al senador Santiago Creel de la pantalla, el chantaje a los partidos políticos en el contexto de aprobación de la “Ley Televisa”, etcétera. En caso de que alguna acción de las televisoras caiga en excesos o esté fuera de la ley –como en la toma del Chiquihuite– habrá que seguir denunciando el ejercicio indebido del poder y la pasividad del gobierno.

5) Exigir que no se prejuzguen culpables. Los ciudadanos debemos demandar que la información de los detenidos presentados por las televisoras se maneje bajo el supuesto de la presunción de inocencia, en tanto esos personajes no cuenten con una sentencia condenatoria. La presunción de inocencia ha sido violada en múltiples ocasiones por las televisoras, como ocurrió recientemente en el caso de Florence Cassez, cuando el montaje armado por Genaro García Luna la presentó como culpable de antemano ante la opinión pública. Asimismo, los ciudadanos debemos exigir que el gobierno no ofrezca el paso de detenidos por las pantallas de las televisoras, aun antes de que hayan rendido su declaración formal ante el Ministerio Público, como ocurrió con el JJ.

6) Exigir que se proteja a quienes son agredidos por las televisoras. Allí está el caso de la denostación a los ministros de la Suprema Corte cuando votaron en favor de la inconstitucionalidad de la “Ley Televisa”; el caso de Francisco Gil Díaz cuando fue atacado por denunciar las irregularidades de la controvertida transacción Codisco-Unefon llevada a cabo por Ricardo Salinas Pliego; el caso de José Esteban Chidiac, criticado por Javier Alatorre cuando intentó frenar la ley a modo que Salinas Pliego promovió en el tema de los corresponsales bancarios; el caso de la agresión a los Saba por empujar una tercera cadena de televisión; el caso de Miguel Ángel Toscano, obligado a renunciar porque buscó regular la publicidad de los productos “milagro”; el caso de Santiago Creel, cuya cabeza fue difuminada por su posición crítica en torno al duopolio.

7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana para que haya una nueva Ley de Radio y Televisión que promueva la competencia en el sector, modernice y fortalezca la regulación, incentive la innovación y lleve al surgimiento de programas de mayor calidad, cobertura con mayor objetividad, comportamiento periodístico guiado por el profesionalismo y no por la agenda política de los dueños.

8) Proteger a los periodistas, analistas, intelectuales, figuras públicas, legisladores y reguladores que disienten de las directrices que marcan las televisoras. Se ha vuelto una práctica común utilizar los espacios televisivos para dirimir fobias personales y políticas en contra de quienes llevan años señalando el peligro que la concentración duopólica significa para la vida democrática, la competencia electoral, la cobertura noticiosa plural, los procesos legislativos, la autonomía de los diputados, la independencia de los candidatos presidenciales, la libertad de expresión. Las acusaciones de “mezquindad” en contra de quienes –por razones legítimas– no han querido suscribir la “Iniciativa México” tal y como ha sido planteada reflejan una profunda falta de entendimiento sobre la pluralidad y la diversidad de posturas que cualquier democracia debe fomentar en lugar de criticar.

9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios que resulten incómodos para el duopolio televisivo, para los concesionarios que buscan proteger sus concesiones, para los que se oponen a la competencia, para los que quieren seguir usando la pantalla con el objetivo de promover candidaturas presidenciales afines a sus intereses –como en el caso de Televisa/Enrique Peña Nieto–, para los que quieren seguir manteniendo el statu quo, para quienes intentan ocultar el problema estructural que aqueja a la televisión mexicana detrás de una iniciativa dedicada a limpiar su imagen.

10) Participar en el combate al duopolio. Es responsabilidad de los ciudadanos seguir denunciando el comportamiento cuestionable de televisoras que para congraciarse con Felipe Calderón –en medio de un pleito feroz contra Carlos Slim/Telmex/Telcel– ofrecen apoyar al gobierno en los términos que el presidente ha exigido. Felipe Calderón reitera que la guerra contra el crimen organizado se va ganando aunque no parezca, y que el problema de fondo es uno de “percepciones”. En este momento, las televisoras se declaran sus aliadas y prometen ofrecer la cobertura balanceada que Los Pinos ha demandado una y otra vez. Pero lo que la ciudadanía debe recordar es que le toca denunciar a los enemigos de la democracia dondequiera que se encuentren. Ya sea en las calles de Ciudad Juárez o en el camino al Ajusco o en las oficinas de Avenida Chapultepec.

LA GOTA DE SANGRE QUE DERRAMÓ EL VASO

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Ahora sí erraron el blanco. No es lo mismo haber matado al hijo de Javier Sicilia que a los de Alejandro Martí, Nelson Vargas o Isabel Miranda de Wallace. Si bien ellos llegaron a ser importantes voces ciudadanas de repudio a la inefectividad gubernamental, hoy ya no insisten en la renuncia de los que no pueden, sino se dedican a recibir premios y a respaldar la totalitaria Iniciativa México (IM) en su campaña por mover las conciencias de los mexicanos (mi análisis de IM: http://bit.ly/9dob1b). Pero otra historia se contará sobre el caso de Juan Francisco Sicilia y su padre Javier. Felipe Calderón se apresuró a llamar por teléfono al poeta inmediatamente después de que el cadáver de su hijo fue encontrado porque sabe que ésta podría ser perfectamente la gota de sangre que derrame el vaso. Javier Sicilia es un hombre culto y de izquierda que difícilmente podrá ser domesticado. Podríamos estar a punto de vivir una verdadera avalancha social de repudio al sangriento fracaso en materia de seguridad pública. Todo ciudadano mexicano verdaderamente interesado en la justicia y la paz debe responder positivamente a la convocatoria que Sicilia ha lanzado para participar en una movilización nacional mañana miércoles 6 de abril a las 17 horas. El objetivo será expresar el repudio social generalizado a la violencia y muerte generadas tanto por los delincuentes como por las autoridades gubernamentales. Todos los que tengan la posibilidad de llegar a la Paloma de la Paz tendrán el privilegio de colmar las calles de Cuernavaca al lado del poeta. Los demás podrán expresar su solidaridad organizando actividades e iniciativas cívicas en sus escuelas, barrios y lugares de trabajo. Todo se vale, desde portar una simple playera o calcomanía de No + sangre hasta organizar un performance en la vía pública o un cordón humano alrededor de Los Pinos.¿Hasta dónde va a llegar si no pasa nada?, preguntó un periodista a Sicilia el viernes pasado. Hasta donde la ciudadanía quiera, hasta que renuncien, hasta que se vayan o hasta que quede claro que ya no queremos más muertos. Esos cabrones tienen que dar cuenta a la ciudadanía. Esta ciudadanía que el poeta refiere ya no le cree ni al gobierno ni a la televisión. El viernes pasado, el diario Reforma informó que 53 por ciento de la población está convencido que el crimen organizado está ganando la guerra contra el narcotráfico. Hace unas semanas, el 21 de febrero, otro periódico, El Universal, reportó que 63 por ciento de la población cree que la estrategia de Calderón ha sido un fracaso. Los datos hablan por sí solos y explican el desesperado lanzamiento de hace 10 días del artificial acuerdo entre los principales medios electrónicos para homologar la cobertura de la violencia en el país. Ello además es una evidente respuesta al éxito que la campaña No + sangre ha tenido entre la ciudadanía. Televisa y Tv Azteca acordaron poner la información sobre la violencia en su contexto correcto y en su justa medida y dejar claro que la violencia es producto de los grupos criminales y no de las autoridades gubernamentales. Más que buscar parar la sangre y cerrar las heridas, los poderes fácticos nos invitan simplemente a cerrar los ojos e ignorar la realidad.Nos encontramos frente al gran precipicio de la historia, nos explica el promocional del acuerdo firmado en el Museo de Antropología: una parte de nosotros prefiere mirar hacia el abismo. Pero hay otra parte de nosotros que prefiere ver hacia el cielo, que sabe que es momento de volar. El mensaje es claro: se busca remplazar la participación social con el escapismo ciudadano, para huir de la realidad hacia una fantasía irreal que facilite el control social IM no promueve la unidad, sino la división entre los mexicanos. Dice explícitamente que hay dos Méxicos en nuestro país, el de los buenos y el de los malos. Y esta división no se configura alrededor del tradicional alineamiento entre delincuentes y gente de bien, sino alrededor de nuestra actitud ante la vida. Para Televisa, existe un México que se esconde en el escepticismo de nuestra mente. Y el otro México, que vive en el optimismo de nuestros corazones, un México que aprendió a quejarse de su gobierno, de su burocracia, de sus deudas históricas y otros mexicanos, más modernos, que reconocen que la causa somos nosotros mismos. No existe diferencia alguna entre este maniqueísmo simplista y reduccionista y aquel otro utilizado por los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos cuando señalaban que la sociedad mexicana está dividida en dos: ellos y nosotros. Ellos ricos y nosotros pobres, cuyos mundos y realidades son totalmente opuestos. Es cierto que solamente una sociedad unida podrá salir avante en esta nueva etapa de la lucha por la seguridad pública. Pero para lograr la verdadera unidad primero será necesario romper con lo que el mismo Sicilia ha llamado las iglesias degeneradas llamadas gobierno y Televisa, que en lugar de honrar la palabra solamente buscan el lucro y el poder (artículo completo de Sicilia aquí: http://bit.ly/fuP2TF). Ha llegado la hora de la construcción de una verdadera fuerza social, crítica e independiente.

LA SERIEDAD DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

En estos días y por diversas razones, el tema de la “presunción de inocencia” ha adquirido centralidad. En el futuro próximo será aún más relevante. Es uno de los ejes del juicio acusatorio en proceso de creación y tendrá gran importancia al momento de juzgar los actos de violencia que seguiremos padeciendo. Por lo que ya vivimos y por lo que desafortunadamente vendrá, debemos reflexionar en lo que es necesario hacer para, simultáneamente, darle plena eficacia y garantizar la operatividad del sistema penal. La presunción de inocencia es actualmente un contenido constitucional. Como muchos otros elementos de esta categoría, resultó de la lucha contra la monarquía. El rey asumía que los delitos daban lugar a una afectación individual o social, pero, adicionalmente, perturbaban la paz de su reino. A él, fundado en su derecho divino, correspondía determinar delitos y penas; a sus funcionarios, determinar su realización e individualizarlos. A pesar de los cambios históricos, se mantuvo la idea de que el señalado como responsable debía probar su inocencia. Resistir una terrible tortura fue una manera de hacerlo; no ahogarse en un caudaloso río estando dentro de un costal, otra. Podría multiplicar los ejemplos. A cada cual correspondía acreditar su no culpabilidad. La modernidad inglesa, Beccaria, Voltaire o el Bill of Rights estadounidense permitieron plantear las cosas de otro modo. Al Estado siguió correspondiendo la persecución y castigo de los delitos. Se evitó así la descentralización de la justicia en las víctimas. ¿Por qué los individuos tenían que probar su inocencia frente al Estado, cuando era éste el que acusaba? Si el Estado tenía el poder de investigar, procesar, sentenciar y castigar, a él debía corresponder acreditar las conductas delictivas; al individuo, defenderse de la acusación. Los fundamentos generales de la presunción de inocencia estaban puestos. En la actualidad, el texto constitucional de cualquier país “no autoritario” le da a esta condición procesal el carácter de derecho fundamental. Su función normativa consiste en impedir que los jueces condenen a quien la autoridad de procuración de justicia (fiscal, ministerio público) no le hubiere demostrado plenamente su responsabilidad en la realización de un delito. Puede suceder, como de hecho sucede, que la realización del delito (su cuerpo) quede plenamente comprobado, pero no su ejecutor. El hasta entonces acusado, cobijado por esa presunción, deberá ser declarado inocente y puesto en libertad. Sintéticamente, así funciona el derecho constitucional que todos tenemos a la presunción de inocencia. Su salvaguarda está confiada al ministerio público, el que debiera acusar sólo a quienes pueda acreditar la presunta responsabilidad por la comisión de un delito; a los juzgadores ordinarios que deben resolver esas acusaciones, a los juzgadores de amparo al revisar la correspondiente sentencia. La tarea de los jueces consiste en dos cosas: determinar si en la realidad se dieron los elementos que componen un “tipo penal”, por ejemplo, si alguien se apoderó de un objeto propiedad de otro sin tener derecho a ello se habrá cometido un robo; adicionalmente, considerar si existen elementos que puedan vincular a cierta persona con esa indebida apropiación. Frente a esta importante limitación constitucional, hay un elemento correlativo mucho menos visible. La Constitución prohíbe a los individuos hacerse justicia por propia mano al centralizarla en el Estado. La satisfacción del agraviado pasa por la eficacia de los órganos de impartición de justicia: policía y ministerio público. Sólo si estos últimos realizan la investigación y participan adecuadamente en el proceso, podrá sustentarse la acusación que acredite, además del cuerpo del delito, la probable responsabilidad. Gracias a la presunción de inocencia y sin desconocer las dificultades técnicas que conlleva todo juicio penal, el juzgador tiene una mejor posición que la policía o el ministerio público. Estos últimos deben sostener una acusación que seguramente será sometida a un duro análisis a efecto de desvirtuarla. La única manera de armonizar los elementos jurídicos mencionados es logrando que simultáneamente policías y fiscales cuenten con la capacitación suficiente para sustentar sus acusaciones, y los jueces para hacer prevalecer los derechos de que gozamos. De no darse esta conjunción, cabe pronosticar dos cosas: una, el incremento de la impunidad mediante las absoluciones otorgadas a verdaderos responsables; otra, la pérdida de legitimidad de los jueces en el contexto de una sociedad en la que, desafortunadamente, las actuaciones basadas en derecho serán tenidas como obstáculo a la presencia de una justicia populista, cuando no puramente emotivista, tal vez irracional.

MÁS EMBATES CONTRA EL IFE

JAVIER CORRAL JURADO

Desde hace meses, desde la Contraloría del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo titular es Gregorio Guerrero Pozas, se ha lanzado una campaña de desprestigio contra el propio IFE. Tiene el propósito de enlodar a la institución achacándole malos manejos de los recursos públicos y descuidos administrativos, a partir de una serie de filtraciones a diversos medios de comunicación de informes preliminares y por lo tanto no concluidos Primero fue la campaña del “cochinito” que tuvo como principal depositario informativo al periódico Reforma, y ayer, nuestro respetado periódico EL UNIVERSAL ha dado cuenta de que tiene en su poder otro informe, también preliminar, por supuesto, del que ha desprendido una de sus notas de primera plana: “Detectan en IFE contrato irregular para monitoreo”. La prensa libertaria —de la que ambos diarios son su mejor rostro— debiera saber por estos días que detrás de esas filtraciones hay mucho más una jugada de actores políticos y mediáticos que buscan debilitar al IFE que una genuina vocación por la transparencia y el combate a la corrupción. El PRI ha hecho de la información sesgada sobre las auditorías al IFE un instrumento de presión para lograr cambios en el funcionariado del instituto y conseguir un reacomodo mayoritario de votos a su favor en el consejo general, para lo cual reclama el derecho a proponer dos de los tres consejeros que están pendientes de nombrar por la Cámara de Diputados. Las dos televisoras, que en más de un sentido ya son lo mismo y actúan de manera coordinada, quieren echar abajo el modelo de comunicación política que fincó la propaganda electoral en el uso exclusivo de los tiempos de Estado, y ya no en la contratación comercial, para lo que el sistema de verificación y monitoreo es un instrumento estratégico para exigir su cumplimiento. Por eso, tanto el linchamiento mediático como el lente fiscalizador del contralor Guerrero Pozas se centra en la infraestructura que el Instituto adquirió para lograr la implementación del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), principalmente en lo concerniente al Sistema de Verificación y Monitoreo que el IFE licitó y que resultó ganadora la empresa Grupo Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. (Grupo Tecnos) por la cantidad de 25 millones 745 mil dólares. Sobre el Sistema de Verificación y Monitoreo se dice que no se localizan en las facturas 300 servidores entregados por el proveedor (EL UNIVERSAL, 4 de abril) y que la compra del inmueble en 2009 donde se instaló dicho sistema fue superior en 583% más de su costo. Lo más detestable de este manejo de la Contraloría del Instituto Federal Electoral es lo que filtra a los medios de comunicación y lo que tiene mucho cuidado en omitir, siendo de su pleno conocimiento, como lo es el caso de que la Secretaría de Hacienda liberó los recursos para la aplicación de la reforma electoral hasta un mes antes del inicio del proceso electoral 2008-2009, por lo que ya no había tiempo para realizar pruebas nacionales, entonces la empresa ganadora de la licitación donó esas 300 máquinas para el mejor funcionamiento de dicha tecnología, por eso es que no las encuentran en las facturas. Y así como en el caso del supuesto “cochinito”, los contadores del IFE dan muestra de ignorancia supina entre lo que constituye un ahorro y lo que es un subejercicio; en el caso de la valuación de bienes inmuebles están más que reprobados. Sobre el inmueble ubicado en Acoxpa, no se dice que la valuación realizada en 2007 corresponde a un edificio de dos niveles, y no de 10 pisos como fue el adquirido en 2009. Tampoco se contempla que en ese lapso se construyó alrededor del mismo el centro comercial más importante de la zona, lo cual, además de los ocho pisos extra, hizo obviamente crecer su valor. Las televisoras, desde antes que concluyera el proceso electoral de 2009, han alegado que el Sistema Verificación y Monitoreo (SVM) no funciona, y que además la licitación estuvo llena de irregularidades. El bufete jurídico que ha impulsado las averiguaciones en contra del SVM ha sido el Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, documentadamente ligado a TV Azteca. Lo que no han divulgado las empresas televisivas es que el SVM ha dotado de las herramientas técnicas a las autoridades electorales para demostrar las infracciones que tanto Televisa como TV Azteca han realizado a las normas electorales. En 2009, el IFE sancionó con 291 millones de pesos a TV Azteca y con 35 millones a Televisa. La suma de ambas cantidades superan la inversión que realizó el instituto en la compra de la infraestructura de monitoreo. El IFE ha dado cuenta el día de ayer de que las notas periodísticas son producto de informes que todavía no contemplan las respuestas que dio la autoridad electoral a las supuestas irregularidades. El informe fechado el 28 de febrero debe otorgar 30 días a las autoridades electorales para responder a las supuestas anomalías señaladas. Sería muy importante que en el seguimiento de la información proporcionada a los numerosos lectores de nuestro gran diario se tomara en cuenta esas respuestas. Estoy seguro que se dimensionará el tamaño de la embustera operación político-mediática contra la autoridad electoral.

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Es de importancia superior aludir a la legalidad, misma que, en otros países, y, en el nuestro, también se le conoce con las denominaciones de: "Estado de Derecho", "imperio de la ley", "régimen de leyes y no de reyes" y "nadie por encima de la ley". La relevancia de la legalidad se reafirma dado que los artículos 14 y 16 constitucionales la comprenden y, en todos los juicios de amparo se invocan como violadas las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En la defensa de la Constitución ocupa un sitial de jerarquía mayor el juicio de amparo y, en la definición del amparo, tal y como está concebido en México, atinadamente, se incluye la legalidad cuando se asevera que el juicio de amparo, es la institución jurídica que tiene por objeto el control de la legalidad y de la constitucionalidad de los actos de autoridad estatal mexicana, mediante el ejercicio del derecho de acción por el quejoso en contra del órgano estatal mexicano que ha expedido leyes o ha realizado actos reclamados que se estiman violatorios de garantías individuales o de la distribución competencial entre Federación, algún estado de la República o el Distrito Federal, con la intervención del tercero perjudicado cuando lo haya y del Ministerio Público. En el amparo habrá de seguirse el procedimiento jurisdiccional respectivo ante el Poder Judicial de la Federación. La garantía de legalidad está comprendida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional en los siguientes términos: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho." Al inicio de este precepto se mencionan los bienes jurídicos que tutela el artículo 14 constitucional: libertad, propiedades, posesiones o derechos. Antes se incluía también a la "vida" pero se reformó el artículo 14 constitucional, según Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre del 2005, y se excluyó la "vida" en virtud de que en México ya no tenía cabida la pena de muerte. También, en el texto del párrafo transcrito, se mencionan: "tribunales previamente establecidos". Esta frase, que ya se encontraba en la Constitución mexicana de 1857, fue interpretada por Ignacio L. Vallarta en el sentido de que no era preciso acudir previamente a tribunales y que bastaba con respetar la garantía de audiencia, para permitir que el gobernado tuviese oportunidad de hacer las manifestaciones que considerase idóneas y estuviese en aptitud de aportar pruebas para apoyar su versión. Cabe destacar que el acto de autoridad a que se refiere el artículo 14 constitucional, en el párrafo transcrito, es el de privación que consiste en la sustracción del bien jurídico tutelado del patrimonio o esfera jurídica del gobernado que también puede comprender la impedición de ingreso del bien jurídico tutelado a su patrimonio o esfera jurídica. Se indica en el párrafo que nos ocupa que deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, lo que significa que debe satisfacerse el debido proceso legal, fundamentalmente con el respeto a la garantía de audiencia. En la parte final del mismo párrafo se menciona que el acto de privación debe realizarse conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y ese apego a las leyes es lo que configura la esencia de la garantía de la legalidad. Sería deseable mejorar el precepto referido para eliminar el vocablo "tribunales", y que se destacara la existencia de la garantía de audiencia en sus aspectos de manifestaciones y pruebas, con mantenimiento de la garantía de legalidad que es un estricto apego a lo que previenen las leyes.

ÚLTIMO MES

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

El último día de este mes concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, como se atraviesa la semana santa, quedan por celebrarse 6 sesiones plenarias. Para determinar la agenda de pendientes pueden aplicarse cualquiera de dos enfoques: uno es hacer la lista de iniciativas y puntos de acuerdos presentados en cada Cámara y pendientes de dictamen, en cuyo caso hay una agenda que podría llegar a más de mil asuntos por atender; el otro es concentrar la mirada y el análisis en los temas realmente urgentes, ya sea por haberse vencido plazos legales, o bien por su impacto inmediato. Adopto el segundo enfoque. Para los diputados el asunto más urgente es la elección de los tres consejeros del IFE, detenida desde octubre pasado por la ausencia del acuerdo que haga posible asegurar el voto calificado (dos terceras partes de los presentes en la sesión) para quienes integren la terna de candidatos que debe presentar la Junta de Coordinación Política (JCP). Quienes integren la terna deben surgir, en principio, de la lista de 17 aspirantes que formuló la Comisión de Gobernación, que preside el diputado Javier Corral. Por una omisión en la ley, no está determinado qué pasa si ninguno de los 17 propuestos alcanza el respaldo de la JCP, o si el acuerdo no alcanza para que haya tres candidatos. Ante tal omisión, lo deseable es que los coordinadores parlamentarios hagan todo para ponerse de acuerdo y presentar al pleno la terna de candidatos, de forma tal que el máximo órgano de dirección del IFE quede debidamente integrado para desarrollar las tareas previas al inicio del proceso electoral federal de 2012, que comienza la primera semana de octubre de este año. Sin tener la misma urgencia, sería deseable que en San Lázaro se destrabe el estudio y dictamen de la minuta con proyecto de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, originada en esa Cámara, modificada, con entuertos de por medio, en el Senado y devuelta desde diciembre para decisión final de los diputados. Si se quiere contribuir a poner en orden a los monopolios y castigar sus prácticas en contra de los consumidores, esa reforma es del mayor interés social. En el mismo sentido se inscribe la propuesta del senador Beltrones para que las designaciones del Ejecutivo de comisionados de los órganos reguladores en materia económica sean ratificadas por la Cámara alta. También sería deseable que los diputados den curso al análisis y dictamen de la iniciativa de modernización hacendaria que les remitió el grupo parlamentario del PRI en el Senado. Decir que ese debate es "inoportuno" por la agenda electoral es condenar a la congeladora cualquier propuesta relevante; bajo ese criterio tampoco será oportuno en el siguiente periodo ordinario, ni el año que entra. Hay temas que no deben quedar sujetos a cuentas electorales. Esta semana el Senado deberá otorgar su anuencia a la designación de la nueva titular de la PGR, que por su trayectoria en esa dependencia no debería tener problema para alcanzar la votación favorable requerida. Por elemental respeto a las competencias exclusivas de cada Cámara, resulta inoportuna la declaración de algunos diputados del PRI al respecto. Tema de ambas Cámaras es el ajuste a la reforma electoral, cuyo plazo límite es el 2 de julio; propuestas e iniciativas sobran, son varias decenas. Pero el primer problema es precisamente definir los alcances y límites del posible ajuste. Acotarlo a lo estrictamente necesario, así como atender genuinas preocupaciones ciudadanas sobre el uso del tiempo en televisión y radio, parece ser el único camino transitable. Pero si no lo hay, estoy seguro que el marco constitucional y legal vigente permitirá dar confianza y certidumbre a los ciudadanos y atender las presiones partidistas sobre las autoridades electorales. La reforma política entra en su etapa decisiva; los medios han informado de acercamientos y consultas entre los grupos parlamentarios en el Senado y del interés del gobierno por contribuir a la solución. Los coordinadores de los tres mayores grupos parlamentarios expresaron sus visiones y propuestas en la revista Voz y Voto del mes de marzo; González Morfín y Beltrones, por separado, ahondaron en el tema en el suplemento Enfoque. Llegó la hora de tomar decisiones, de privilegiar los consensos.

EL PRD EN SU PRIMERA ENCRUCIJADA

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Casi 80% de los más de 250 mil mexiquenses que acudieron a la consulta sobre la alianza entre el PAN y el PRD para disputar la gubernatura del Estado de México apoyaron la realización de la misma; sin embargo, la suerte de dicha alianza todavía no está sellada, y en estos momentos parece muy difícil que se concrete por las manifiestas diferencias entre los grupos perredistas. Haber hecho que 250 mil 985 ciudadanos participaran en la consulta no es un logro menor. Para dar una idea de la magnitud de la tarea, probablemente la comparación más precisa debe hacerse con la elección de la dirigencia priista el 24 de febrero de 2002, cuando el entonces gobernador Arturo Montiel operó con todo el aparato gubernamental en favor de Beatriz Paredes para derrotar a Roberto Madrazo, y pudo movilizar a 431 mil 927 mexiquenses a las urnas. No hace falta analizar detalladamente el desequilibrio de los recursos que Montiel utilizó en aquel momento y los que ahora tenían a su alcance las organizaciones ciudadanas que prepararon la consulta, ni siquiera si se suman los que pudieron aportar los panistas y perredistas desplazados de sus bastiones en las elecciones de 2009, pues aun así la diferencia entre uno y otro ejercicio no es desproporcionada. Sin embargo, aunque no puede minimizarse la expresión de un cuarto de millón de mexiquenses, tampoco significa obtener el triunfo en la elección del próximo 3 de julio. Mientras tanto, es un hecho que el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México refrendará su apoyo a la alianza con el Partido Acción Nacional. Luis Sánchez, el dirigente estatal del PRD, declaró el miércoles 30 de marzo que llevarán al Consejo Estatal la propuesta de alianza con el blanquiazul y aseguró que lograrían más de 70% de votos aprobatorios. Pero aun si no consiguen ese porcentaje, dicho órgano ratificará la decisión que ya tomó en el pasado, en virtud de que los estatutos del PRD no establecen que en dicha instancia se requiera de una mayoría calificada de las dos terceras partes. Pero la decisión final recaerá en el Consejo Nacional perredista, cuyo estatuto señala en su artículo 307: “Los Consejos Estatales, una vez aprobada la propuesta de política de alianzas, coaliciones y candidaturas comunes, deberán remitirla al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación por un mínimo de dos terceras partes…”. Es decir, en este caso tienen que obtener el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los consejeros. Y aquí es casi imposible que lo logren, pues en el Consejo del 19 de febrero de este año, cuando autorizaron la realización de la consulta, lo hicieron con 129 votos a favor y 72 en contra, lo que significa 64% de los votos favorables, es decir, les faltaron cinco para alcanzar las dos terceras partes. Por lo que se refiere a la elección de la dirigencia nacional, Jesús Zambrano logró 154 votos, que representaron 50% de los consejeros presentes; Dolores Padierna, 111, 36%; y Armando Ríos Piter, 43, el restante 14%. Y si el análisis se hace a través de los consejeros afines a cada una de las corrientes, los votos se reparten así: 55% a favor de las alianzas; 32% abiertamente en contra, y el restante 13% sería el que puede moverse para uno u otro lado. No obstante, dado el respaldo público que Marcelo Ebrard le brindó a Alejandro Encinas, quien ya reiteró que no aceptará ser postulado en una alianza con el PAN, no parece viable que apoyen la alianza. Además de este obstáculo, los tiempos apremian, pues el Consejo Estatal perredista está citado para el 10 de abril, y una vez que esta instancia tome la decisión deberá remitirse al Consejo Nacional para que haga lo propio, lo cual amplía el plazo para la decisión final. Con estos tiempos, el PRD tendrá los resultados a mediados de abril, cuando, de acuerdo con el Código Electoral, ya no se pueden realizar precampañas. Y aunque todavía tienen hasta la primera decena de mayo para hacer el registro del candidato, se complica el proceso de selección, pues no puede trascender a la comunidad. De hecho, en estos momentos, tanto el PAN como el PRD tienen en marcha sus procedimientos internos de selección. El PAN ya decidió ir con Luis Felipe Bravo Mena, mientras que en el PRD se inscribieron cinco precandidatos, entre ellos Encinas, y están en precampaña. No resultará fácil, en consecuencia, lograr un acuerdo para definir quién de los dos candidatos abandera una alianza, sobre todo cuando no puede hacerse en forma abierta. El PAN estaría listo en estos momentos para concretar la alianza e iniciar un proceso de selección abierto, pero el PRD todavía tiene que desahogar sus procedimientos internos que, más allá de que difícilmente conducirían a la aprobación de la alianza, representan obstáculos para cumplir con los tiempos estipulados tras la reforma al Código Electoral del Estado de México. Además de que todo indica que la alianza no se concretará, cualquiera que sea su desenlace, el procedimiento dejará múltiples daños en el interior del PRD, si no la franca ruptura entre los dos grupos. Por lo mismo, sus posibilidades de triunfo se verán reducidas. La precampaña de Encinas ya dejó claro que su confianza y apoyo se encuentra en el Grupo de Acción Política, el cual disputa el poder en el Estado de México al de Alternativa Democrática Nacional, que actualmente tiene la presidencia estatal. Contrasta esta lucha interna con el consenso que, en la víspera de la consulta de la alianza, impuso el gobernador Enrique Peña Nieto para definir la candidatura priista: cinco precandidatos (Luis Videgaray, Ernesto Nemer, Azucena Olivares y Alfredo del Mazo Maza, quienes abiertamente habían manifestado su interés en ser los abanderados; y Ricardo Aguilar, quien aspiraba calladamente) aceptaron dicha decisión, se disciplinaron y manifestaron su apoyo a Eruviel Ávila, alcalde con licencia de Ecatepec. La decisión de Peña Nieto significó desplazar al llamado Grupo Atlacomulco, e incluso a su primo Del Mazo, pero garantizó la unidad partidista, que estaba en riesgo de no haber sido Ávila el ungido. El resultado de la consulta ciudadana colocó al PRD frente a su primera encrucijada, y hasta hoy, aunque nuevamente evite la ruptura, todo indica que no saldrá bien librado, ya que las distancias entre los grupos siguen ensanchándose y, al menos en el Estado de México, no es previsible un resultado electoral favorable.

2012: REGLAS CLARAS AL FIN

CIRO MURAYAMA RENDÓN

A tres años y medio de ser promulgada, la reforma constitucional en materia electoral de 2007 finalmente se encuentra fuera de litigio legal, por lo que tendrá validez plena y deberá ser observada por todos y cada uno de los actores —partidos, medios de comunicación, grupos privados y ciudadanos en lo individual— en el proceso electoral que arranca en octubre próximo. La reforma electoral de 2007 (cuando se modificó la Constitución) y de 2008 (cuando se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE), fue una amplia operación política que tocó muy diversos aspectos de la organización y el conteo de las votaciones, así como del desarrollo de las campañas. Por ejemplo, se clarificaron los escenarios en los que procederá el recuento de votos en los consejos distritales del IFE, que en buena medida fue una respuesta a lo ocurrido en la elección presidencial de 2006. También se acaba con la figura de las coaliciones electorales expresadas en un mismo emblema de la boleta electoral, lo que permitirá diferenciar claramente por qué partido vota cada ciudadano y permitirá saber, a ciencia cierta, qué opción política alcanza o no el 2% de la votación para mantener su registro como partido político. Asimismo, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación operan de manera permanente, y no sólo durante los procesos electorales federales como ocurría antes. Sin embargo, no es sobre estos temas pertinentes pero que han quedado en un segundo plano donde se ha inscrito el debate sobre la reforma electoral. El nudo del asunto está, precisamente, en la parte más innovadora y, si se quiere, más “revolucionaria” del nuevo diseño electoral, y ello tiene que ver con el tema de las condiciones de la competencia y, en especial, con el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación electrónica. En este tema, las modificaciones más importantes fueron dos: 1) prohibir que los partidos políticos contraten publicidad electoral en la radio y la televisión y, 2) llevar a la Constitución la previsión que existía en la ley en el sentido de que ningún particular podrá comprar tiempo en medios electrónicos para favorecer o afectar a partido o candidato alguno. Las razones de estos cambios pueden explicarse de forma diáfana. En el primer caso, se venía generando una espiral inflacionaria en los costos de las campañas electorales que básicamente se financian con dinero público, y ese gasto mayor se debía a su vez al encarecimiento de los espacios de publicidad que la radio y la televisión les vendían a los partidos. Pero, además, no se trató de un encarecimiento igual para todos: los grandes compradores —como suele ocurrir con los mayoristas— conseguían precios menos altos que los partidos con menores recursos, lo cual hacía más cuesta arriba la participación de los partidos pequeños. Incluso, alguno de los partidos grandes, como el PRD, solía pagar precios más altos que los otros dos partidos de mayor implante en la ciudadanía. La venta de publicidad, a discreción de los concesionarios, aportaba entonces un elemento de inequidad. Los medios, en suma, vendían caro y disparejo, convirtiéndose de facto en un cernidor arbitrario de la cantidad de mensajes que las opciones políticas querían hacer llegar a los potenciales electores. Por otra parte, al requerir de ingentes cantidades de recursos para asegurar la presencia en radio y TV, los partidos y sus políticos estructuralmente se hacían dependientes del dinero, lo cual no contribuía a la transparencia de los recursos que fluyen hacia y desde la actividad político electoral. En lo que toca a la prohibición constitucional de la compra de publicidad electoral por parte de terceros, esto es, de particulares, hay que repetir que se trataba de una medida ya contemplada en el COFIPE. Aunque entre los críticos al nuevo modelo de comunicación política hay quienes señalan que fue una medida poco reflexionada que se coló de último instante al nuevo diseño legal, lo cierto es que era una norma vigente desde hacía más de una década, desde la reforma de 1996. Y era una norma respetada, hasta que en 2006 el Consejo Coordinador Empresarial decidió intervenir en la campaña y contrató publicidad alertando contra un triunfo de la Coalición por el Bien de Todos. La falta también fue de las televisoras al vender un tipo de propaganda que tienen prohibido comercializar. El Instituto Federal Electoral, en lo que identifico como la única violación relevante en el cumplimiento de sus obligaciones legales en aquel proceso, miró hacia otro lado y dejó pasar esa campaña que contravenía la letra del COFIPE. Así, ante un sector empresarial y unos medios que se saltaban la ley, y una autoridad vacilante en hacer valer el cumplimiento de las normas, el Constituyente subió la disposición a la Constitución para que no quedara duda de que era letra viva. Distintos grupos asociados a cámaras empresariales o a los consorcios de la radio y la televisión, así como de ciudadanos (“los quince intelectuales”, por ejemplo) interpusieron amparos contra esa disposición constitucional. Para ellos, la Constitución viola la Constitución. De prosperar sus amparos, ellos, los amparados, y nadie más, sí habrían podido comprar y vender publicidad electoral en radio y TV. La Suprema Corte, esta semana, determinó que esos amparos no proceden. Hay, pues certeza de las normas que nos regirán en un proceso electoral cuyo comienzo está a la vuelta de la esquina.

DISCUTIR A LOS MEDIOS

RAÚL TREJO DELARBRE

Los he encontrado varias veces en los días recientes. Suben al vagón del metro por parejas, aunque ayer me tocó ver a uno solo, y de inmediato se distinguen de los vendedores de chácharas y chucherías que abordan en cada estación. Repiten con voz recia una arenga acerca de los medios de comunicación: “instrumentos de dominación”, “cerco informativo”, “la tele de Azcárraga”, “contra publicidad”, “alarmismo de la prensa”, “manipulación”. Se trata de una proclama enfática y exigente, apocalíptica, de esas que ya casi no se escuchan acerca de los medios de comunicación porque muchos de quienes las pregonaban se han resignado o consideran que no hay que descalificarlos, o calificarlos, a todos por igual. El pretexto de esos muchachos es vender una pequeña revista llamada El Salto, que tiene por subtítulo “Despertando a México”. Van de un convoy a otro con la misma cantinela pero a diferencia del resto de los vendedores, que se atropellan diciendo unas cuantas frases y salen a toda prisa porque cada vagón es oportunidad de encontrar nuevos clientes, estos jóvenes se demoran varias estaciones porfiando en su largo discurso. Así, las frases calcadas de Chomsky y otros tremendistas pero insistentes críticos de los medios convencionales, que antes encontrábamos solamente en la prensa especializada, se repiten en el Metro. En esta época de Internet, Twitter y chats, que para muchos han resuelto la inaccesibilidad de los medios convencionales, hay quienes insisten en llevar su discurso a quienes quizá están más allá del ciberespacio. Las reacciones críticas ante los medios de comunicación asumen formatos y escenarios sorprendentes por inexplorados. En realidad, no es para extrañarnos: si los medios se encuentran tan intensamente imbricados con nuestras vidas cotidianas que se han convertido en acompañantes, contexto y fuentes de información y entretenimiento insustituibles, nada resulta más natural que se hable de ellos en todas partes. Esa es la causa que nos ha llevado a organizar el Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, con el respaldo de medio centenar de organizaciones sociales, convocó hace varias semanas a este Encuentro con una invitación básica: los ciudadanos interesados en participar deberían enviar una ponencia breve, de no más de 5 páginas, en donde hicieran énfasis en las propuestas para enfrentar algún tema relacionado con los medios de comunicación. El Encuentro se realizará el martes y el miércoles (5 y 6 de abril) de la semana próxima. Las ponencias aceptadas, cerca de 150, serán presentadas en seis mesas de trabajo que sesionarán simultáneamente desde el medio día del martes y durante la mañana del día siguiente. Hacia la una de la tarde del miércoles 6, las conclusiones generales del Encuentro serán anunciadas por la periodista Carmen Aristegui y el actor Daniel Giménez Cacho, miembros del Consejo Consultivo de la AMEDI. El Encuentro comenzará el martes con alocuciones del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el diputado Javier Corral Jurado, la investigadora Aimée Vega Montiel (coordinadora del Encuentro) y la maestra Beatriz Solís Leree, fundadora de la AMEDI. Esa mañana habrá una conferencia magistral a cargo del doctor Néstor García Canclini, uno de los investigadores iberoamericanos más prestigiados en el estudio de la comunicación y la cultura, y luego una conferencia inicial dictada por Aleida Calleja Gutiérrez, dirigente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En cada una de las mesas de trabajo habrá una conferencia central. Estarán a cargo de la profesora Alma Rosa Alva de la Selva (estructura y concentración de los medios), el ex senador Felipe Vicencio Álvarez (medios públicos y comunitarios), el investigador Guillermo Orozco Gómez (derechos de las audiencias), la profesora Olga Bustos Romero (medios y desarrollo humano), el maestro José Woldenberg (comunicación política) y el especialista Alejandro Pisanty Baruch (comunicación en línea y entorno digita). El programa a detalle de las mesas muestra una muy variada participación, con ponencias de estudiosos y profesionales de la comunicación, pero además de dirigentes y activistas sociales así como de ciudadanos interesados en discutir a los medios. Hay ponentes de una docena de estados del país. El Encuentro se realizará en el Antiguo Hospital Concepción Béistegui, en la remodelada Plaza de Regina Coelli en Regina 7, al sur del Centro Histórico de la Ciudad de México. En la infraestructura para esta reunión de ciudadanos colaboran de manera significativa el Fideicomiso del Centro Histórico y además el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM. El Encuentro será registrado, para transmitir algunos de sus segmentos, por el Canal del Congreso, TV UNAM, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio UNAM y la nueva radio de la UAM. También estarán presentes los micrófonos de varias emisoras comerciales. Habrá transmisión de las sesiones a partir de varios sitios en Internet. Sugerimos consultar, durante los días de las sesiones, el sitio de la AMEDI para localizar varias opciones de recepción en línea. Para acudir al Encuentro no hace falta registro previo. Les recomendamos que lleguen alrededor de las 9 de la mañana del martes. No sé si acudirán los editores y pregoneros de El Salto. Serán bienvenidos, igual que los lectores de este sitio.

ALIANZAS PERVERSAS

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Los nuevos cables de Wikileaks divulgados por La Jornada revelan que para la elección presidencial de 2006 el Partido Acción Nacional (PAN) creó una alianza de facto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así como en las recientes elecciones en Guerrero se concretó una alianza de última hora entre PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 2006 tanto el candidato presidencial Roberto Madrazo como la mayor parte de los gobernadores priístas abdicaron un mes antes de la elección con el fin de apoyar a Calderón. Esta nueva información borra la imagen de un PRI moderno y de oposición responsable que este partido ha buscado transmitir. Como presidenta del PRI, Beatriz Paredes llegó a señalar que no había sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino la responsabilidad democrática del viejo partido del Estado, lo que habría permitido a Calderón gobernar y ha dado vigencia a este régimen. Es cierto que el rápido reconocimiento priísta de la victoria de Calderón fue fundamental para permitirle resistir los embates de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el apoyo del viejo partido del Estado a las iniciativas y políticas de Calderón durante la primera mitad de su sexenio aseguró cierto nivel de gobernabilidad, si bien a espaldas de la ciudadanía y en contra de la democracia. Pero lo falso es sostener que estas acciones hubieran surgido de una actitud visionaria del PRI por colocar los intereses generales por encima de los del partido. Todo lo contrario: el apoyo priísta hacia el PAN se explica como una clara defensa de los propios intereses materializados en un gobierno que también es suyo. No es gratuito entonces que las discusiones que hoy dividen a estos dos partidos suenan más a pleitos de familia que a debates políticos de fondo. El cable del 4 de mayo de 2006 (06MEXICO2409) es particularmente elocuente respecto a la existencia de esta alianza de facto para la elección presidencial. El entonces presidente del PAN, Manuel Espino, informa que recientemente había pactado con Madrazo enfocar sus esfuerzos respectivos a erosionar el apoyo para AMLO. En otras palabras, un mes antes de la elección, el candidato del PRI ya había tirado la toalla y decidido apoyar a Calderón como el menos peor de sus dos contrincantes. Es cierto que tendríamos que mostrar cierto escepticismo respecto a las declaraciones del líder panista, dado que evidentemente estaba en su propio interés exagerar la posición electoral de su partido. Espino quiso lucirse con sus interlocutores, a quienes juró lealtad eterna: El PAN, enfatizó, se mantendrá como una buena pareja de Estados Unidos. También voltearía la mirada hacia la región para ver qué más se podría hacer para contrarrestar a Chávez, el presidente boliviano Morales y otros líderes de izquierda que ahora ascienden al poder en América Latina, informa el mismo cable. Pero las afirmaciones de Espino son claramente ratificadas y respaldadas por otro conjunto de cables que informa sobre encuentros de la embajada estadunidense con informantes del mismo PRI. El cable 06MEXICO2460, del 9 de mayo de 2006, menciona varios contactos priístas que se habrían quejado de Madrazo en la misma embajada estadunidense, en particular por el desorden de su campaña y las fallas gerenciales del candidato. Estos informantes opinaban que la estrategia de campaña del PRI parecía más adecuada a los viejos días de hegemonía priísta que a la democracia multipartidista del México actual. Al desmarcarse tan abiertamente de su propio candidato ante un gobierno extranjero unas semanas antes de la elección, estos insiders evidentemente estaban preparando el camino para apoyar al candidato de Estados Unidos: Felipe Calderón. Llama la atención que en varios cables también se repite, con redacción similar en cada caso, la idea de que los gobernadores del PRI apoyaban a Calderón porque él les garantizaba mayor poder y margen de acción. En palabras de un destacado priísta, a los gobernadores del PRI les convienen la autonomía y la autoridad que han gozado bajo el gobierno de Fox y saben que Madrazo los metería en cintura si fuera electo (06MEXICO2409 y 06MEXICO2460). Es decir, un presidente técnicamente panista era el que mejor garantizaba el predominio de los intereses de los principales líderes priístas y la acción política de los señores feudales en las entidades federativas. Dos semanas antes de la elección presidencial, un priísta, Everardo Moreno, afirmó en su reunión con el personal diplomático de la embajada que el PRI podría ganar perdiendo (06MEXICO3465). Y así ocurrió. Desde 2006 el PRI no es, estrictamente hablando, parte de la oposición, sino del gobierno. Así, lo que estará en juego en la elección presidencial de 2012 no sería la reconquista del poder gubernamental por el viejo partido de Estado, sino la ratificación de su predominio sobre la política nacional. Estos cables también nos ayudan a entender la búsqueda desesperada de parte de Calderón hoy de algún candidato externo y de una alianza con algunos sectores de la izquierda política. El Presidente tiene claro que el PAN simplemente no es capaz de ganar solo una elección presidencial. No lo hizo en 2006 y, después del pobre desempeño de su gobierno, tendrá menos posibilidades que nunca para hacerlo en 2012. Asimismo, otra alianza con el PRI en 2012 sería desastrosa para Calderón y su partido, porque necesariamente sería desde una posición de total subordinación al Revolucionario Institucional. La única opción para que Calderón pueda salvar su legado histórico y mantener cierta influencia sobre el gobierno que le suceda sería por medio de una nueva alianza, esta vez con la izquierda y con un candidato ciudadano. El Presidente entonces hoy se encuentra totalmente sujeto a lo que decidan las mismas personas que están convencidas de que él robó el cargo que ocupa. Falta saber si esta amplia franja de la población querrá perdonar a quien considera un usurpador o si, por el contrario, decide enviarlo al sótano de la ignominia.

EL PRI CONTRA EL SALARIO Y EL EMPLEO

ARNALDO CÓRDOVA

Los dos elementos básicos de la economía, tal y como la pensó Adam Smith en la segunda mitad del siglo XVIII, son el salario y la ganancia. Dado el sistema económico de Inglaterra, se debía agregar la renta de la tierra. El salario, como es bien sabido, es la remuneración que toca al trabajador; la ganancia es el beneficio que la producción da al capital. La economía, según Smith, era un diseño racional de la actividad productiva de la sociedad, en el que todos salían ganando. Si así estuvieran las cosas, éste, de verdad, sería un mundo feliz. Por desgracia, las cosas están muy lejos de ser tan perfectas. En este vil mundo real en el que nos ha tocado vivir las cosas son terriblemente diferentes. Lejos de lo que pensaba Smith, siempre hay alguien que piensa en robar al otro para aumentar su beneficio hasta el límite posible. Nadie se contenta con lo que la naturaleza le ha asignado. Los trabajadores se darían por muy bien servidos si recibieran el salario que merecen, dada su contribución al proceso productivo. Pero el caso es que todo el tiempo ven cómo los patrones se echan sobre el salario, tratando siempre de reducirlo lo más que se pueda para aumentar desmesuradamente sus ganancias, a costa del bienestar del trabajador. Eso lo vemos todos los días. Se alega siempre el tema de la competitividad. Todo mundo sabe que la competitividad se logra a base de buena tecnología y la reducción de costos en el proceso productivo. Pero nuestros patrones no saben otro camino que protegerse bajo el escudo del Estado y hacer añicos la economía familiar del asalariado. Vale decir, reduciendo al infinito su salario. Y en eso el PRI ha estado siempre a la vanguardia. Ya he recordado que, en alguna ocasión, cuando gobernaba Salinas, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los mismos patrones, al sentir que sus ingresos aumentaban, propusieron un aumento en el salario mínimo. El gobierno dio el manotazo en la mesa y determinó que eso no procedía. La propuesta priísta de reforma laboral sigue en esa línea traidora a los intereses de los trabajadores y de sumisión a la patronal. Un modo de violar la integridad del salario real es pasar sobre la estabilidad en el trabajo. En el viejo derecho del trabajo, que está por periclitar, la garantía última de los derechos de los trabajadores se fijaba en los contratos colectivos de trabajo. Salario por tiempo de trabajo, jornada máxima de labores, ocupación fija para los trabajadores, prestaciones laborales, todo ello y otras cosas quedaban establecidas en el contrato. En la iniciativa priísta el contrato colectivo de trabajo ya no sirve para nada. Las relaciones de trabajo se convierten en un asunto puramente individual del trabajador y deja de ser asunto de la colectividad de los trabajadores, su sindicato. En el viejo derecho del trabajo, era el sindicato el que, a través de su contrato colectivo, fijaba las normas, negociándolas con el patrón o su representante legal, que regirían la relación de trabajo. La iniciativa priísta, como ya antes la del panista Lozano, deja todo a la voluntad del patrón: él decide el tiempo en el que un trabajador laborará y, desde luego, sometido a escrutinio (si sirve o no para el puesto de trabajo) y calificado luego de un cierto tiempo (seis meses). Deben cumplirse, exactamente, los seis meses. Un día antes, el patrón puede echar a la calle al trabajador, porque no sirvió o no le satisfizo. Todo ello implica pagar un salario condicionado a los buenos resultados de la prueba; pero también a los intereses concretos del patrón. Eso se puede hacer con todos los trabajadores, incluidos aquellos que ya cuentan con una buena preparación profesional. De eso la iniciativa priísta no dice ni media palabra. Se trata de un salario de prueba, vale decir, inferior a los estándares legales y sin garantía. Y aquí entramos a un tema que todos los economistas señalan: salarios bajos quieren decir casi siempre altas ganancias. Nuestra economía, aunque no al nivel de la china, se ha sostenido debido a los bajísimos salarios que los patrones pagan. La iniciativa priísta flexibiliza al máximo las relaciones laborales. En el viejo derecho del trabajo, un trabajador hacía la labor para la que era contratado y sólo voluntariamente podía hacer otras. Un trabajador era contratado por ocho horas de tiempo de trabajo para hacer su labor. Si ésta no se hacía, no podía ser obligado a hacer otras. Y, cumplidas las ocho horas de tiempo, se iba a su casa. Eso ya no funciona en ningún lugar del mundo. La flexibilización ha impuesto, en primer término, que el trabajador será empleado cuando se le necesite. Si son tres horas o catorce en una sola jornada no importa. Tampoco se admite ya que sólo pueda hacer una sola labor. Debe estar dispuesto a hacer muchas otras. En los hechos, eso ya se ha impuesto en todo el mundo desde los años ochenta. En ese proceso, lo que el movimiento obrero que se mantiene independiente ha logrado, es que, al menos, se respeten los términos legales, semanales o mensuales, de tiempo máximo de trabajo. La iniciativa priísta es ciega a este respecto y no establece ninguna garantía de protección del trabajador. Un patrón puede emplearlo o no emplearlo el tiempo que se le antoje. Todo ello, mezclado con los contratos de prueba, deja al trabajador totalmente a merced de la avaricia y la maldad (muy común en los humanos) de su patrón. Un trabajador puede pasarse la vida cumpliendo contratos de prueba que pueden ser de sólo tres meses. Está a merced de su patrón. No puede alegar ningún derecho a su favor, pues el contrato es una manifestación de la voluntad personal y, en la forma, es su voluntad someterse al canibalismo y la ferocidad de su patrón, siempre en busca de una mayor ganancia. Eso es la letra de la iniciativa priísta, que ese falderillo que coordina a los diputados del partidazo sometió a los abogados de la patronal. Es la misma que contiene la iniciativa del gorila de la Secretaría del Trabajo y que sólo la iniciativa priísta nos la hace recordar. En la iniciativa laboral del PRI todos los derechos de los trabajadores, hasta los más elementales, son socavados de raíz. El PRI nunca ha representado los intereses de los trabajadores. En realidad, siempre ha sido su enemigo jurado. Eso fue cierto, en parte también con Cárdenas, que los sometió a un sistema de dominación que nunca los dejó desarrollarse como una fuerza independiente que pudiera hacer sentir su voz y su voluntad en el concierto de la política nacional. Pero lo que hoy podemos ver es, simplemente, la ignominia total. El PRI siempre ha estado en contra de los intereses de las clases trabajadoras y éstas deben su miseria actual a ese partido. Ahora, con su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, los priístas se aprestan a destazar a las clases trabajadoras en la mesa del banquete patronal. Se podría uno preguntar, ¿para qué? Es difícil saber qué es lo que buscan hoy los priístas con acciones como esa; pero resulta claro que son, como siempre lo han sido, unos serviles de los poderosos sin dignidad alguna, llámense como se llamen, basta con que tengan el poder.

VITAMINA B-12

DENISE DRESSER

Increíble pero cierto. El PAN y el PRD acaban de darle una inyección de vitamina B-12 a Enrique Peña Nieto. Acaban de regalarle una dosis de energía al PRI. Acaban de acelerar el proceso metabólico mediante el cual podrá regresar a Los Pinos en el 2012. Eso es precisamente lo que han logrado ambos partidos al ignorar la consulta ciudadana en el Estado de México y los resultados contundentes que arrojó. Eso es paradójicamente lo que han obtenido dos opositores desunidos al cancelar la coalición PAN-PRD allí. Al pelearse entre sí, las tribus perredistas terminan alimentando al monstruo que las devorará. Al definir a su candidato de manera adelantada para salvar la cara, los panistas le dan píldoras vitamínicas a Eruviel Ávila y a quien lo seleccionó. Al rechazar la alianza, el PAN y el PRD se encogen de manera voluntaria, mientras hacen crecer a quien es el verdadero enemigo. Un enemigo cada vez más vigoroso, gracias al suero milagroso que sus opositores le surten día tras día, error tras error. Novecientas sesenta mesas de votación instaladas por Alianza Cívica a lo largo del Estado de México, ignoradas; 198 mil 217 votos en favor de la coalición PAN-PRD con un programa de gobierno común, desechados. Declaraciones de los dos dirigentes nacionales de ambos partidos sobre los efectos vinculatorios de la auscultación, archivadas. El entusiasmo de los 2 mil 574 voluntarios que participaron en la jornada, enterrado. La buena fe de los miembros del Consejo Ciudadano que aceptaron vigilar el ejercicio, cuestionada. Y el triunfador de todo ello: un PRI con nuevo vigor, un PRI con nuevo brío, un PRI que teñirá de rojo -color de la vitamina B-12- el territorio mexiquense. La vitamina B-12 es la más compleja de todas las vitaminas y la que más trabajo cuesta construir, ya que requiere la presencia de múltiples bacterias para su síntesis. Y vaya que los lopezobradoristas, los ebrardistas y los calderonistas han puesto un gran empeño en su elaboración. ¿En qué proceso es posible encontrar a alguien como Dolores Padierna, quien denosta la alianza en el Edomex para -en la misma semana- aplaudirla en Coahuila? ¿En qué proceso es posible contemplar a alguien como Marcelo Ebrard, quien aplaude la consulta para -en la misma semana- levantarle el brazo a Alejandro Encinas y declarar que el PRD sólo aceptará una coalición de izquierda? ¿En qué otro proceso es posible mirar a alguien como Andrés Manuel López Obrador, quien mancilla la reputación de su aliado incondicional -Alejandro Encinas- con tal de darle una cuchillada a la alianza? ¿En qué proceso es posible oír a la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, hablar sobre el apoyo de Felipe Calderón a la posible coalición, para luego ver a los voceros del PAN desmintiéndola? Y así como la vitamina B-12 proviene del pescado, el pollo y los lácteos, ahora sabemos que los partidos que quieren perder elecciones la producen también. Porque el PRD puede proclamar la superación de divisiones internas que la alianza hubiera exacerbado, pero ahora queda en una posición peor. Ahora está unido para perder. Unido en torno a AMLO pero dividido ante el PRI. Unido detrás de un solo hombre, pero dividido ante la maquinaria priista que -sin una alianza opositora- avanzará sin obstáculos. Unido con su voto duro, pero desacreditado frente a casi 200 mil ciudadanos de los cuales se ha burlado. Y el costo de este comportamiento contraproducente y contradictorio es obvio. Los números no dan para una victoria de Alejandro Encinas al frente de una coalición compuesta tan sólo por partidos y grupos de izquierda, ni para un triunfo de Luis Felipe Bravo Mena en los corredores mexiquenses que el PAN presume. Al desvincularse de la alianza, los partidos de oposición en el Estado de México no sólo le dan una estocada a la ciudadanía; se la dan a sí mismos. Y Dolores Padierna -sí, aquella de la leche Betty- dirá que "defendió los principios del PRD", mismos que ha estado dispuesta a sacrificar en Oaxaca, Puebla, Sinaloa o Coahuila. Y AMLO -sí, el de las múltiples consultas que llevó a cabo cuando gobernó el DF- dirá que ha rescatado al PRD, cuando su labor de rescate ha beneficiado principalmente al PRI. Y Marcelo Ebrard dirá que ni apoya ni critica la alianza sino todo lo contrario. Y los cínicos de siempre denostarán a la consulta ciudadana porque "de cualquier manera los partidos la iban a ignorar", o "sólo abarcó a una porción pequeña del padrón", o era una "conjura del PAN y de Felipe Calderón", o "tronó cuando el PRI eligió a Eruviel Ávila, ya que él iba a ser el candidato de la coalición". Pero al pensar así ignorarán el motivo fundacional que llevó a 198 mil 217 personas a votar, a expresar su opinión, a manifestarse con la esperanza de ser escuchadas. Minarán la posibilidad de cambiar al país a partir de la participación ciudadana. Condenarán a México a permanecer atorado en las dinámicas clientelares, clientelistas y corporativas que tanto lo debilitan. Y continuarán inyectándole vitamina B-12 a alguien que, gracias a ella, tiene el copete cada vez más parado.

TESTRENO: VUELTA AL PAÍS DE NUNCA JAMÁS

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Sólo algunos economistas fantasiosos y creyentes en la magia del mercado osaron pensar que, con las exportaciones encadenadas al TLCAN, México saldría de la trampa de crecimiento en que se metió durante los ajustes impuestos por la crisis de la deuda. Muchos de quienes proponían el libre comercio como salida de esa trampa, en realidad pensaban que el éxito exportador sería aprovechado por el resto de la economía, en su mayoría no exportadora, para crear un nuevo círculo virtuoso conducido por las ventas foráneas predominantemente industriales, sostenidas en corrientes masivas de inversión proveniente de las compañías multinacionales. El seguro de que no habría virajes populistas o regresiones expropiatorias, decían sus profetas, lo daría el tratado que ataba al Estado a un compromiso explícito y muchos implícitos con las reformas destinadas a hacer de la mexicana una economía abierta y de mercado. Ese era el modelo al que se aspiraba, como lo hizo y hace el resto del mundo, aunque en nuestro caso con una idea adicional: que no había sino una ruta para llegar a la meta; que, como dijera la inefable Margaret Thatcher, no había alternativa (Tina: there is no alternative), que era la que marcaba el recetario del llamado Consenso de Washington sin tomar nota alguna de los matices y precauciones que su afamado autor, John Williamson, había añadido a su decálogo. Por un tiempo, el impetuoso dinamismo del comercio exterior llevó a muchos, creyentes y agnósticos, a imaginar que, a pesar de sus evidentes costos, la creatura se movía y que la maquila nos haría el milagro de un empleo masivo y creciente que poco a poco daría lugar a un mercado favorable al trabajo en general y no sólo al más calificado. Cientos de miles de mexicanos se movieron al norte, no sólo para buscar el cruce del río Bravo, sino para emplearse en las nuevas plantas que crecían como hongos. Las mujeres, en especial las jóvenes, fueron las predilectas de este vuelco productivo y geográfico, y la imagen toda de la frontera cambió, configurando panoramas sociales y humanos despampanantes. Más pronto que tarde, la eficacia maquiladora exhibió su otra faz, poblada de vistas alucinantes y ominosas: el feminicidio y el descuido de los niños, cuando no su abandono; el monstruoso territorio urbano destinado a los trabajadores recién llegados; el abandono de los hombres y su pronta opción por la decepción. Y luego, ahora y en el cercano ayer, la irrupción de la violencia que es en realidad muchas violencias que desembocan en la más destructiva de las anomias, el deterioro acelerado de la juventud, el decaimiento temprano y dispendioso del parque urbano. El infierno que no da paso a las leyendas de la ciudad perdida y se vuelve presente circular e incandescente. Sin caer en un fútil economicismo, es imposible separar las violencias que asuelan el territorio nacional del mecanismo económico y social adoptado para salir de las crisis de los años ochenta y asegurar que no se repetirían jamás. Lo que está detrás y debajo del estancamiento estabilizador que nos rige y de las violencias que nos abruman, es un paradigma de economía y sociedad equivocado por reduccionista y nefasto por simplista, sin cuya remoción las crisis próximas serán más destructivas y el presente continuo cada vez menos habitable. Cuando algunos de los mismos entusiastas de entonces proclaman la urgencia de nuevas reformas que tanto necesitamos, incurren en una falta de respeto a la memoria y muestran una servidumbre ideológica que sólo puede explicarse ahora por su apego a intereses poderosos creados o instalados en la cumbre del poder, al calor de aquella estrategia que se alimentaba del miedo a las crisis y de la decepción con la manera cómo se les enfrentó en aquellos años. No hay lugar hoy para juegos de ingenio dirigidos a demostrar que, después de todo, las cosas no van tan mal y que, en consecuencia, todo es cuestión de tener paciencia y capacidad de soñar, aunque sea de a poquito. A recrear esta fantasía destructiva, por desgracia, están dirigidas las embestidas publicitarias sobre el Censo de 2010, para no mencionar de nuevo el curioso redescubrimiento de unas clases medias que, para sorpresa de quienes habitan en las alturas de la pirámide de la riqueza y el ingreso, se niegan a morir y a brazo partido y con mucho y caro crédito conservan su lugar en consumo planetario. Para reconocer su existencia no se requiere negar la realidad social de pobreza y desigualdad que nos marca inclemente. Insistir en hacerlo, sólo puede responder a criterios distintos de los que rigen la investigación social, para ubicarse en el mundo de la manipulación informativa y la mistificación política. El país del nunca jamás del que se burlaba con entusiasmo el amigo Armando Labra, no ha muerto: vive en el corazón de todos sus personajes.

LA OIT Y LA LIBERTAD SINDICAL EN MÉXICO

NÉSTOR DE BUEN

Muy oportuna fue la publicación, en este diario, de la aceptación por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la queja presentada por diversos sindicatos y, en especial, por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, apoyada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y diversas organizaciones mexicanas, entre las que se encuentran el sindicato minero y el SME. He tenido oportunidad de leer el documento preparado por el Comité de Libertad Sindical –muy extenso, por cierto–, en el que reproduce los argumentos de las organizaciones quejosas y, lo que es más importante, los argumentos del gobierno que demuestran un cinismo notable. Los contratos de protección que evidentemente no están regulados por la Ley Federal del Trabajo (LFT): simplemente, los provoca. El artículo 386 sólo exige, para la validez del contrato colectivo de trabajo (CCT), que sea firmado por el sindicato de los trabajadores y por la representación patronal, pero en ninguna parte plantea que en todo caso será necesaria la comprobación de la voluntad de los asalariados. Gracias a ello los patrones y los sindicatos corporativos celebran CCT sin que los trabajadores tengan noticia de ello. Es frecuente, incluso, que ese contrato se firme con una empresa que aún no tiene empleados. Naturalmente que esa posibilidad alienta la firma de contratos de protección, cuyas características principales son repetir las condiciones básicas de la LFT sin ventaja alguna para los trabajadores. Éstos podrían ingresar a un sindicato para el efecto de reclamar, por la vía de un emplazamiento a huelga, la firma del CCT, pero en ese caso se aplica el artículo 923, que autoriza a los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje a no dar trámite a esos emplazamientos, previa certificación de que ya existe en la empresa un contrato firmado con otro sindicato. Queda la expectativa de promover un juicio reclamando la titularidad del CCT por representar el sindicato demandante la mayoría de los trabajadores, pero, como se afirma en la resolución del Comité de Libertad Sindical, esa demanda debe cumplir exigencias que ponen en riesgo la estabilidad de los trabajadores. Llamado al asunto, el gobierno de México expuso razones realmente infundadas: entre otras, hizo un elogio de las juntas de conciliación y arbitraje y afirmó que sus resoluciones se apegan a derecho, lo que es más que falso. Dijo además que las juntas buscan el equilibrio entre los factores de la producción, pero sin explicar en qué consiste dicho equilibrio, que ciertamente se inclina de un solo lado. Alegó también que la Confederación de Trabajadores de México manifiesta que los CCT se celebran cumpliendo lo ordenado por el Convenio 87 de la OIT, lo que la realidad demuestra que es mentira, ya que es fama que los contratos que firma esa central son, en su inmensa mayoría, de protección. Es importante que el Comité de Libertad Sindical acepte lo irregular de la celebración de los CCT en nuestro país, aunque la solución que propone: un diálogo con todas las organizaciones sindicales que promovieron la queja, no haga despertar esperanza alguna, aun en el supuesto de que se realizaran esas conversaciones. El antisindicalismo es condición permanente de nuestro gobierno. La única alternativa sería la reforma eficaz de la LFT, que en este momento parece una expectativa imposible. No porque no se vaya a reformar la ley, lo que parece muy posible ante la alianza indecente entre el PRI y el PAN, que han presentado proyectos de notable semejanza. Me temo que en un futuro próximo los principios de nuestra LFT vigente –estabilidad en el empleo, libertad y autonomía sindicales, derecho de huelga y otras instituciones fundamentales–, desaparezcan para dar lugar a un sistema totalmente proteccionista de los empresarios, aliados evidentes de un gobierno que ha perdido la pista de lo que fueron, en tiempos remotos, las bases de un sistema revolucionario y ejemplo evidente para muchos países. Con esa nueva ley, que lamentablemente se aprobará en la alianza indecente del PRI con el PAN –que no es la única alianza indecente–, México dejará de ser un modelo de legislación laboral tutelar de los trabajadores y respetuosa de los principios defendidos en el artículo 123 constitucional. Por supuesto que habrá demandas de amparo contra esa ley pero, de acuerdo con los antecedentes recientes, es difícil que la justicia federal conceda esos amparos. La respuesta final estará en la actitud de los sindicatos, que deberán entender, como en los viejos tiempos, que los derechos de los trabajadores no proceden de la esperanza sino de la lucha de clases, fenómeno cada vez más visible en nuestro país. Eso podrá significar huelgas no llevadas a cabo por las vías legales y permanentes movimientos de resistencia que habrán de afectar, como es lógico que suceda, la productividad. No hay que olvidar que nuestras juntas de conciliación y arbitraje, por su comportamiento, son claros descendientes de la magistratura del trabajo del fascismo italiano y del de España durante el franquismo. Es indispensable vincular los tribunales de trabajo al Poder Judicial. Hoy dependen en plenitud de los poderes ejecutivos, como en la mejor época de Mussolini y Franco. Y eso no es posible soportarlo.

PASCUAL: ¿RENUNCIA O WIKILEAKS?

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Señalaba hace una semana que Carlos Pascual no es el primer embajador de EU que ha tenido una actitud injerencista y prepotente en su misión en nuestro país. Identifiqué a otros como Joel R. Poinsett, Anthony W. Butler, James Gadsen y Henry Lane Wilson. A la vez, cité los nombres de tres diplomáticos que tuvieron una brillante gestión, John W. Foster (1873-1880) en las Presidencias de Sebastián Lerdo y Porfirio Díaz, Dwight W. Morrow (1927-1930) en la Presidencia de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil y Josephus Daniels (1933-1942), amigo próximo del presidente Lázaro Cárdenas. Argumentaba también, que en cuanto a la percepción general de que el enviado de Washington le corresponde una actitud injerencista que excede los límites de lo que el Derecho y la amistad permiten entre dos Estados vecinos, es equivocada, como lo veremos con los 3 embajadores precitados que cubrieron épocas extremadamente difíciles, la República Restaurada, los primeros pasos del segundo Gobierno revolucionario de Calles y en el último, la expropiación petrolera y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Foster estaba convencido de que el Gobierno de Washington comprendía mal lo que ocurría en México y, por esa razón, difundió profusamente una imagen diferente de México en EU, tratando a la vez de sumar esfuerzos en su país para atraer inversiones en México, más que oportunas para la República Restaurada. Foster estimaba y respetaba al presidente Lerdo y coincidía con sus políticas en especial aquella que hizo incorporar las Leyes de Reforma a la Constitución. Creía además que se debía intensificar la agricultura en México con fines comerciales remplazando a países esclavistas como Cuba y Brasil. Foster prudentemente hizo ver su oposición al levantamiento de Porfirio Díaz contra el Gobierno constitucional de Lerdo. Inclusive retuvo el reconocimiento y se despidió con un esfuerzo singular para promover a las compañías norteamericanas en la construcción de ferrocarriles en México. Con Díaz, que reconoció hasta 1878 presionó para obtener algunos beneficios a sus ciudadanos y la autorización a tropas de EU en territorio mexicano para la persecución de indios bárbaros, bandidos y abigeos, hasta que el Gobierno mexicano obtuviera el control efectivo sobre su frontera. Foster rehusó ser representante de intereses particulares estadunidenses o representar demandas de empresas estadunidenses de carácter dudoso. Si bien fue designado para Rusia, volvió a México y representó a la primera empresa ferroviaria estadunidense en México, la Mexican Central Co. Además fue secretario de Estado entre 1892-1893. Mantuvo una buena relación con quien había sido un magnifico representante de México en Washington, Matías Romero. Dwight W. Morrow mostró su talento diplomático tan pronto como llegó a México, llegando a un acuerdo con el presidente Calles sobre el conflicto petrolero, el que se plasmaría después en la legislación petrolera mexicana, mostró también una diplomacia conciliadora y de respeto a nuestro gobierno y a la legitimidad de nuestro régimen revolucionario. Comprendió que a EU le convenía un vecino estable después de 10 años de conflicto y cuando se dio la guerra cristera en 1926 activamente medió entre las partes. Desafortunadamente, Morrow no tuvo una buena relación con Ortiz Rubio, por que se pensaba que el nativo de Virginia intervenía en las finanzas mexicanas y además Morrow consideraba que en ese momento, debía Calles prolongar su mandato, lo que no sucedió. En vez de ello, Calles creó el Partido Nacional Revolucionario y Morrow le dio todo el apoyo. Otro embajador que supo cultivar una buena relación con el hombre fuerte, el primero con Lerdo y éste con Calles. Reiteradamente se ha dicho con razón, que el afable e inteligente embajador Josephus Daniels es el prototipo del diplomático que México quisiera tener en el Paseo de la Reforma. Demócrata nacido en Carolina del Norte, político y periodista, secretario de Marina. Fue Franklin Delano Roosevelt el que le propuso la Embajada. Su calidad humana, sencillez y honestidad se ganaron muy pronto al pueblo mexicano. En el momento más difícil de la Presidencia de Cárdenas, la expropiación petrolera en marzo de 1938, Daniels adoptó una posición respetuosa, inclusive saboteando la línea dura del Departamento de Estado ante este conflicto. Daniels negoció también la compensación a las empresas petroleras expropiadas y vio cómo México se convertía en aliado de los EU en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo hizo con afabilidad, prudencia y amistad. Se retiró entre grandes manifestaciones de cariño. Vale decir que Daniels fue importante sostén del Plan Sexenal cardenista. Ahora se va un personaje incuestionablemente conocedor profundo de la realidad mexicana, que a los ojos del Gobierno, manejó un doble lenguaje. El único aval que tiene es que sus contrapartes mexicanas, tanto en La Alameda como en Bucareli y en la PGR y otros lares, manejaron un discurso errático, incompetente y paradójicamente servil y entreguista, y que el imperio quiere otras ataduras, por lo que la relación bilateral se tensó y Pascual derivará su carrera a otro objetivo que es la injerencia en el proceso político del país de su nacimiento: Cuba, o quizá sentar sus reales en el Departamento de Estado para un serio disgusto de Calderón.

LA SOCIEDAD CIVIL DE TELEVISA

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, suscrito el jueves 24 de marzo al conjuro de Televisa, cuenta con una suerte de post scriptum titulado “Respaldo social”. Lo suscriben agrupaciones empresariales y civiles que acompañan esta porción de la Iniciativa México, la magna operación propagandística y política mediante la cual el consorcio principal de la televisión abierta diseña la república que quiere. En la época del corporativismo social priista a esas agrupaciones se las llamaba “las fuerzas vivas de México”. Eran el sector participante de una sociedad muda y quieta. Se las autorizaba a funcionar siempre y cuando no infringieran las normas del respeto a lo establecido y de asentimiento a las concepciones políticas y sociales fraguados en lo alto y desde allí distribuidas al cuerpo social. En cierta etapa del desarrollo civil, influido por los términos de la sociología cristiana, se las llamaba sociedades intermedias, situadas a medio camino entre los individuos y el Estado. Algunas de ellas estaban organizadas por el propio Estado. Tal era el caso de las agrupaciones de representación empresarial. Se regían por una ley que hacía obligatoria la afiliación en cámaras y la unión de éstas en federaciones y confederaciones. Muy pocas agrupaciones escapaban a esta vertebración forzada. El ejemplo más claro fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organizada conforme a la Ley Federal del Trabajo como sindicato patronal. Los centros con que funcionaba en las principales ciudades del país eran fermento de reclamos y protestas, aunque casi siempre se mantuvieron alineadas con el gobierno. Así no fuera directamente, la Coparmex alentó o sirvió de ejemplo a agrupaciones voluntarias de empresarios. Algunas de las más relevantes fueron el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y, después, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Con la virtual pérdida de vigencia de las leyes de cámaras de industria y comercio, y luego con su anulación judicial, floreció el agrupamiento de sectores empresariales. Ejercen una notoria conciencia de clase, y la proclaman (a través, por ejemplo, del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas) o del propio CCE, que en el proceso electoral de 2006 actuó como si fuera una organización partidaria cuyas intervenciones violentaron el orden legal. Televisa convocó a agrupaciones de este género a la firma del Acuerdo mencionado y su respaldo social. Se agregaron a ellas asociaciones civiles surgidas sobre todo al calor de la inseguridad pública: Asociación Alto al Secuestro, Causa en Común, Consejo Ciudadano contra la Delincuencia, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, Movimiento Pro Vecino. Fue convocada la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que defiende la libertad de educación y la integridad de la vida. Pero otras agrupaciones del ramo, las organizaciones no gubernamentales, los centros de derechos humanos apoyados por órdenes y congregaciones religiosas, o por gobiernos diocesanos, quedan al margen de este llamado. No forman parte del México deseable. Ninguna de las agrupaciones fundadas por familiares de víctimas que lucharon por la justicia han expresado solidaridad a comités populares que persiguen el mismo objeto. Salvo que me equivoque, la señora Isabel Miranda de Wallace, tan bien recibida en los círculos gubernamentales y en los medios, jamás se reunió o expresó solidaridad a la señora Marisela Escobedo, o a la familia Reyes Salazar, víctimas de un afán formalmente semejante. En esas luchas todos somos iguales, aunque haya unos más iguales que otros. Como en un sarao, la representación de esa escogida sociedad civil otorgó su “respaldo social” al acuerdo sobre información, y los vistosos logotipos de sus organizaciones adornaron las planas donde se desplegaron esos documentos. Los firmantes atribuyeron un excesivo valor al Acuerdo, pues lo tienen como “iniciativa de los medios que valoramos y reconocemos como esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Si bien reconocen la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de la sociedad, proclamaron lo que les corresponde hacer: “En el ámbito de responsabilidades cívicas y sociales que corresponde a cada uno de nosotros, expresamos nuestra determinación de emprender todas aquellas acciones que contribuyan a la consolidación del estado de derecho, sabedores de que sólo en el marco de ese estado es posible la vida democrática y el goce pleno de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.”Es deseable que este pronunciamiento no esté constituido sólo por palabras huecas. Es que las agrupaciones que lo signan son dadas a suscribir compromisos que duran lo que un suspiro. Por sólo citar un ejemplo de dichos no avalados por los hechos, conviene recordar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, fechado el 22 de agosto de 2008, y convertido en letra muerte apenas se cerraron los elegantes cartapacios en que fue guardado. Impulsado por el gobierno de la República, al calor de una oleada de crímenes en que sobresalió el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el Acuerdo impuso deberes a fecha fija al Ejecutivo federal, a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos estatales y municipales. Pocos compromisos de esa índole se cumplieron y ya nadie los recuerda. Menos están en la memoria colectiva, porque no corresponden a deberes legalmente establecidos, los compromisos de “los integrantes del sector productivo”, las asociaciones religiosas, “las organizaciones de la sociedad civil”, los medios de comunicación. Con diferentes formulaciones, esos grupos se comprometieron a promover “la cultura de la legalidad” y a incrementar “contenidos que fomenten la cultura de la legalidad”. ¿Recuerda usted que alguien haya procedido en esa dirección? ¿Tuvo noticia de que las Iglesias fomentaran “en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus templos, en sus lugares de oración”, la cultura de la legalidad y de la seguridad? ¿Es probable que el “respaldo social” ahora ofrecido tenga mayor sustancia? Temo que no