SE LO DIJO UN PAJARITO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

En la página 6A de la primera sección de El Sol de México del 7 de abril de 2011, donde se daba la terrible noticia de que en San Fernando, Tamaulipas, hallaron ocho fosas clandestinas con cincuenta y nueve cadáveres (con posterioridad se ha confirmado que el número aumentó a ciento diez y seis o posiblemente más) y se daba igualmente la de la protesta masiva en veinte Estados de la República por el asesinato artero de Juan Sicilia y de sus acompañantes, se leían las siguientes palabras del Presidente de la República pronunciadas durante la inauguración del evento "The Real State Show 2011, Infraestructura Sustentable, un Nuevo Ciclo en el Desarrollo Inmobiliario": "Es un muy buen momento para invertir en México. Las perspectivas económicas son bastante positivas y parece que las cosas van a venir así por un buen rato, según me dijo un pajarito...". Yo no acabo de entender si junto a una verdadera tragedia nacional, que nos hunde en el desaliento y en el pesimismo, se vale como jefe de Estado y de gobierno ser optimista a ese grado. Puede que sí, puede que no. De cualquier manera la metáfora, a mi juicio, es extraña y poco oportuna. Pero siguiendo el curso de ese tropo yo quisiera, y millones de mexicanos también, que ese pajarito u otro (su pariente) me dijera cosas gratas al oído, o por lo menos consoladoras en medio del desastre que se vive en el país. Reconozco, no obstante, que el Presidente tiene una mínima responsabilidad de ser optimista. Es como el capitán de un barco que en medio de la tormenta no debe perder el control, sirviendo de apoyo moral a su tripulación. Sin embargo el optimismo ha de tener sus límites. O sea, por más que los "entendidos" en la materia económica avizoren a corto plazo buenos tiempos para México, qué trabajo cuesta creerlo y asimilarlo por una serie de razones entre las que destacan las convenientes a ciertos intereses. Yo no digo de ninguna manera que no vayamos en el camino de una recuperación (¿a qué paso?). Lo que sucede es que en medio de un guerra, de secuestros, muertes y hasta desavenencias políticas de muy marcado tono, con una política o estrategia contra el crimen que ha demostrado a todas luces su rotundo fracaso, con duras críticas a la misma provenientes del extranjero, aparte de las nacionales, es francamente muy difícil asimilar el mensaje de los buenos tiempos. Los políticos manejan ardides, ellos los llaman tácticas, que causan asombro por aquello de darle a uno atole con el dedo. Ya ve usted en Morelos donde el Gobernador panista releva a dos funcionarios importantes. ¿Para paliar el crimen del joven Sicilia? ¿Para resolverlo? Si nos azota la feroz tormenta por los cuatro costados, ¿cómo pedir que aceptemos que nos va bien? Y volviendo a la metáfora, ¿dónde queda el pajarito con tanto rayo que hay, con tanto trueno, lluvia despiadada y oleaje atroz? En la realidad, aunque no todavía en el calendario electoral, ya entramos de lleno en la campaña de 2012. ¿Qué dirán o plantearán los candidatos o precandidatos? ¿Con qué ideas? ¿Con qué palabras? ¿Conservarán los del PAN el optimismo porque un pajarito les habló o cantó al oído? ¿No aparecerán por allí en los entresijos de los corrillos políticos nuevas aves? Ojalá que no de rapiña (para comerse al pajarito). Lo evidente es que el país necesita de la verdad, no de la política sino de la social, de la que corresponde a la realidad inocultable y no maquillada o mal disimulada. Se desprecia y con razón la retórica política, que no el discurso de fondo y contenido. Queremos saber y para saber hay que escuchar lo que se dice, lo que se habla, siendo que hablar sin ideas es pura demagogia. ¿Será mucho pedirles a los políticos, candidatos o precandidatos, que piensen? Necesitamos el discurso depurado y patriota. Hay que recuperar la palabra que han deteriorado los malos políticos. Hay ocasiones en que preferiríamos que éstos hicieran nada más gestos. Aunque quién sabe. Lo cierto es que hemos llegado casi al límite, al tope de la paciencia. Las ideas son vitales en la política y en su ejercicio. Pero todo indica que los partidos y sus respectivos equipos se aprestan a la guerra sin cuartel de las injurias, de los insultos, de las descalificaciones viscerales. Unos y otros atacan al contrario. No queremos que regreses al poder o no queremos que permanezcan en él, se dicen altisonantemente. Y abundan en sus dichos hasta aturdir al pueblo. ¿Por qué en vez de esto no escuchamos el análisis de un proyecto, de un programa, para que se confronte con el de los contrarios y luego el pueblo decida? En fin, el panorama es sombrío a pesar del trino o canto de algunos pájaros. Hay que medir con mucho cuidado el optimismo tanto como el pesimismo, y son formas antidemocráticas del uno y del otro los arrebatos coléricos que solo denuestan. En conclusión y a propósito de la metáfora que me ocupa yo la quiero tomar como símbolo de información política, que no adivinación. No se trata, no se debe tratar, de esos pajaritos enjaulados que en las ferias de pueblo toman con su pico un papelito en el que viene la suerte del que recurre al dueño del ave. Sin embargo sería mejor que el Presidente diera siempre una información exacta, precisa y perfectamente documentada. Sobre todo en los momentos por los que atraviesa el país, en que parece que incluso las aves canoras han sido exterminadas. Por último, sin excluir que las críticas de toda clase de deban dirigir principalmente a los delincuentes y narcotraficantes, lo que más se critica es la estrategia, hasta ahora insuficiente, para enfrentarlos. ¿No se retirará el ejército de las calles, desoyendo -entre otras- recomendaciones muy enérgicas de las Naciones Unidas, sino cuando los Estados y los municipios cuenten con una policía a la altura del enorme reto de la criminalidad? ¿Y esto será a corto plazo, lo que es imposible, o falta otro sexenio de amarguras y sinsabores? Que lo aclare el pájaro adivino.

SICILIA, MISIONERO DE PAZ

JENARO VILLAMIL

“No se necesita ser un creyente ni compartir con Illich la fe de la que salió su obra para entender la terrible verdad del mal que denuncia. Su argumentación en el terreno de la historia y de la filosofía es tan poderosa y el sentido de sus conclusiones tan evidente que cualquiera puede acercarse a él confiadamente.” Este párrafo lo escribió Javier Sicilia, comprometido con la Teología de la Liberación y con las comunidades eclesiales de base, en el prefacio a las Obras reunidas de Iván Illich (FCE, 2008), una extraordinaria compilación del trabajo de quien es considerado como uno de los pensadores más importantes y lúcidos de la segunda mitad del siglo pasado. Illich, creador del Centro Intercultural de Documentación (Cidoc), un espacio donde compartió sus reflexiones y sus seminarios, fue también una de las voces más inspiradoras de las organizaciones y movimientos surgidos bajo ese gran paraguas de revolución y de conciliación que es la Teología de la Liberación. Por eso no es casual que Sicilia, al igual que el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes y voz incómoda para el poder gubernamental, así como el obispo Raúl Vera, tenaz heredero de la obra y la línea pastoral de Samuel Ruiz, el Tatic de San Cristóbal, ahora ocupen un lugar central en la discusión, en la movilización y en el discurso cívico frente a la suma de tragedias que le han ocurrido a este país desde que se decidió emprender una guerra sin más rumbo fijo que la violencia. De la tragedia personal, la más cruda para un ser humano, Javier Sicilia ha tomado un liderazgo cívico, coherente con las enseñanzas y la formación de personajes de gran calado como Iván Illich. Tampoco es casual que el epicentro de las nuevas movilizaciones en contra de la violencia simultánea de capos, policías, sicarios y militares se esté gestando en Morelos, entidad insurgente desde siempre y donde Sergio Méndez Arceo, el obispo rojo de aquellos católicos que nunca se transformaron en el Concilio Vaticano II, avanzó en la más importante línea de la Teología de la Liberación. Sicilia, como las decenas de activistas vinculados a la experiencia liberadora, humanista y promotora de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero, está encabezando ahora la movilización más difícil y cruda de estos años: aquella que le apuesta a la conciencia de los gobernantes y de la irracionalidad de su guerra. Así lo expresó en su denuncia tras el encuentro que sostuvo con Felipe Calderón en Los Pinos: “Calderón sólo tiene imaginación para la violencia. Lamentable. ¿En qué sentido? ¿Qué no tiene más imaginación para salvar este país? ¿Qué sólo tiene imaginación para aumentar la guerra, la violencia y el dolor? Eso es terrible” (La Jornada, 9 de abril 2011). En una extensa entrevista con José Gil Olmos, para Proceso, Sicilia destacó así la necesidad de otro discurso que promueva la paz, la imaginación para la paz: “Hay un discurso oficial que todo lo niega o lo deforma, pero que sólo un poeta es capaz de transformarlo.“La lengua le da sentido a la realidad; cuando la lengua se corrompe, el pueblo se prostituye”. Para Sicilia, como para Illich y muchos otros militantes de la opción preferencial por un discurso liberador, la poesía no se reduce a la lectura o a la introspección sino a la movilización. Así lo expresó al referirse a la marcha del jueves 7 de abril: “Ayer, en la marcha, lo que vimos a partir de este silencio fue una poesía en acto, no de mi parte sino de la ciudadanía, en el sentido de la comunión y de la gran demanda que venía detrás de toda esta gente, en algunas partes de la República y en otras del mundo, diciendo: ¡Ya basta! ¡No queremos más muertos, no queremos ni un muchacho más asesinado, una muchacha más violentada! ¡No queremos más violencia!”. Ese es el clamor que encabezan Sicilia y miles de ciudadanos convencidos de la necesidad de desmontar el lenguaje de la mentira, la simulación y la violencia que han articulado tanto el gobierno como los medios masivos. Las movilizaciones del 7 de abril enfrentaron al famoso “acuerdo de cobertura informativa” de la Iniciativa México a su verdadera dimensión: la demagogia telegénica para cobrar favores gubernamentales, ignorando el sentir de un sector cada vez más amplio de la población que no se apantalla con los spots ni los discursos bélicos de Calderón, de los cárteles o del titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

IEEM

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Durante varios lustros sucesivas reformas constitucionales buscaron crear autoridades electorales dotadas de autonomía, independientes en sus decisiones, sujetas a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza. El avance fue notorio en el ámbito de las autoridades federales electorales, IFE y TEPJF, que constituyen los pilares del sistema electoral, pero no ocurrió lo mismo en el ámbito local donde se observan, de manera generalizada, retrocesos que ponen en entredicho la legitimidad de los procesos comiciales. A pretexto de la reforma constitucional en materia electoral de 2007, en varios estados se realizaron adecuaciones a las constituciones y leyes electorales que dieron lugar a la abusiva destitución de consejeros y magistrados electorales. Institutos y tribunales se vieron sometidos a un asalto que condujo al reparto de posiciones entre los gobiernos y los partidos políticos. En no pocos casos los consejeros electorales fueron designados sin otro criterio que el reparto del botín. En función del resultado electoral de cada partido, y de los intereses del gobernador en turno, se decidió cuántos consejeros correspondía "proponer" a cada partido a través de sus diputados locales. Uno de esos casos fue el del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), cuyos consejeros y principales funcionarios ejecutivos fueron nombrados como resultado de la negociación entre el gobierno estatal y los dirigentes de los partidos a nivel local. El resultado está a la vista. Hace unas semanas los presidentes nacionales del PRD y del PAN presentaron el video de una reunión celebrada en Chalco, en la que funcionarios municipales y estatales de filiación priista aleccionan a los asistentes sobre la forma en que deben operar la entrega de apoyos asociados a los programas sociales para lograr el voto de los beneficiarios en favor del PRI y de su candidato; en el video se observa cómo, sin recato alguno, uno de los funcionarios estatales, Bernardo García Cisneros, arenga a los asistentes a trabajar para que el candidato del PRI a gobernador obtenga un triunfo contundente y para que el gobernador Enrique Peña Nieto sea el próximo presidente de México. El citado Bernardo García Cisneros fue secretario ejecutivo y luego consejero electoral en el IEEM, motivo por el que, según fuentes confiables, mantiene una fuerte influencia en las determinaciones de varios de los actuales consejeros. Aunque se vio obligado a renunciar a su cargo en el gobierno estatal, no se ha abierto investigación alguna en su contra y, para colmo, el Consejo General del IEEM desestimó como prueba el video de la reunión en que participó, siendo presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, junto al presidente municipal de Chalco y al entonces presidente estatal del PRI. Dice el resolutivo aprobado por el Consejo General que el video "constituye una prueba documental técnica que por sí misma solamente aporta indicios muy débiles acerca de la presunta realización de una reunión, sin que pueda precisarse con exactitud y de manera fehaciente la fecha y lugar filmados (sic)" (Reforma, primera plana, nota del reportero Enrique I. Gómez, 11/04/11) ¡Vaya manera de juzgar una evidencia que a todas luces prueba que la reunión de marras tuvo lugar! Los consejeros del IEEM olvidaron, o quizá nadie se los han informado, que uno de los principios que rigen su desempeño es el de exhaustividad, que los obliga a realizar las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de los hechos denunciados y, en su caso, aplicar las sanciones a los infractores de la ley; desestimar el video como elemento de prueba es una muestra de la sumisión de esos consejeros a quienes los designaron para ocupar el cargo. En el Estado de México el proceso electoral transcurre bajo el control de una autoridad alejada del cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales; los consejeros del IEEM han dado una muestra más de parcialidad y desapego a la ley. Tendrá que ser el tribunal local o la Sala Superior del TEPJF quienes corrijan la situación para que se realice la investigación y se deslinden responsabilidades. Posdata. En Oaxaca, la nueva mayoría en el Congreso local designó consejeros electorales sin respeto a las normas ni a las formas.

LA PACIENCIA SE AGOTA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Las marchas multitudinarias del miércoles 6 en solidaridad con Javier Sicilia demuestran que se empieza a agotar la paciencia de los mexicanos. Una franja cada vez más amplia de ciudadanos ya no está dispuesta a esperar que la situación de inseguridad continúe empeorando. Los mexicanos queremos resultados ahora y no vemos ninguna señal de que estemos siquiera caminando en el sentido correcto.

Algo similar ocurrió ya hace 20 años y desencadenó el proceso político y social que terminó por expulsar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos. A partir de la crisis de la deuda y el desplome económico a nivel internacional, a mediados de los años ochenta el gobierno implementó varias medidas de “ajuste estructural” que iniciaron el cambio hacia el neoliberalismo económico que todavía hoy padecemos.

En aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid sostenía que las medidas eran temporales, necesarias para salir de la crisis en el corto plazo y generar condiciones para la prosperidad futura. La esperanza pareció materializarse a mediados del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando algunos indicadores económicos empezaron a repuntar. Salinas incluso llegó a declarar que México estaba listo a dar el paso para formar parte del “primer mundo”.

Pero la fantasía cayó como un castillo de naipes a finales de 1994, cuando la crisis económica y financiera reveló que el éxito económico de Salinas era una gran falacia. En lugar de fortalecer los cimientos de la economía, Salinas se dedicó a repartir jugosos contratos, concesiones y privatizaciones entre sus amigos. Esto fue posible debido al sistema sumamente autoritario y opaco de la época.

El pueblo entonces se dio cuenta de que la única forma para atender los problemas económicos de fondo era a través de una clara acción política a favor de la democracia, la transparencia y la honestidad. Así llegamos a la tenue transición hacia la vulnerable democracia que vivimos actualmente.

Hoy, la raíz profunda de la crisis en materia de seguridad pública es la misma que de la crisis económica de 1994: autoritarismo, opacidad y corrupción. Solamente una acción en estos terrenos implicaría una respuesta efectiva al creciente repudio y movilización social.

Calderón inauguró la anticonstitucional estrategia suicida de enviar las fuerzas militares a la calle porque pensó que así podría reconstruir su dañada legitimidad después de las elecciones de 2006. Esta fallida estrategia ha podido ser sostenida a lo largo de su sexenio porque no existen canales para una rendición de cuentas auténtica entre el Poder Ejecutivo y la población. En lugar de ir modificando sus acciones y políticas de acuerdo con el sentir y las demandas sociales, Calderón ha preferido recibir órdenes y directrices del gobierno de los Estados Unidos. La consecuencia es la “guerra” actual, que pareciera dirigida más al exterminio de nuestra juventud que a combatir el narcotráfico (ver mi artículo sobre el tema: http://bit.ly/g8cPDB).

En su última visita a Estados Unidos, Calderón presumió que él era como un “médico joven”, inteligente y bien entrenado, y el pueblo mexicano un paciente ignorante y enfermo que se queja de los tratamientos del doctor sin percatarse de que la “radiación y quimio” necesarias para “extirpar el tumor” del narcotráfico le van a servir a largo plazo. Esta miope lógica autoritaria constituye precisamente el problema de fondo con la estrategia del presidente.

La falta de una verdadera participación democrática es lo que también explica el fracaso en los esfuerzos de combate a la corrupción, lavado de dinero y profesionalización de los cuerpos policiacos y ministerios públicos. Encerrado en su “cuartel de guerra”, Calderón pierde las grandes ventajas que una activa participación y vigilancia social podrían generarle. Su captura por los intereses de los grandes bancos y las empresas monopólicas del país no le permiten margen de maniobra alguno para ejercer un verdadero control sobre los flujos financieros del país. Su subordinación a las tradicionales redes políticas clientelares y corporativistas le atan las manos para poder exigir e implementar una verdadera reforma institucional en materia de seguridad pública.

Las respuestas mediáticas a la movilización social, como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, de Iniciativa México, o programas como El Grecco de Televisa, que glorifican la labor policiaca, evidentemente no servirán absolutamente de nada. Tales comedias solamente buscan dar la apariencia de una mejora en la materia y continuar engañando a la población.

La ampliación de una estrategia de “mano dura” hacia la población tampoco será la solución. Cuatro años de una “guerra” fallida nos han enseñado que cuando el gobierno se rebaja al nivel de los criminales se genera un caos generalizado donde los más beneficiados son los mismos delincuentes.

Para resolver el problema de raíz hacen falta acciones concretas en materia de democracia y rendición de cuentas. Por ejemplo: el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum, la verdadera democratización de los medios electrónicos de comunicación, el envío de los militares a sus cuarteles y hacerles rendir cuentas ante tribunales civiles, la plena autonomía y limpieza profunda de la Procuraduría General de la República, el establecimiento de nuevos organismos o comisiones independientes para combatir la corrupción, y la más amplia apertura en la investigación de los delitos y los juicios penales.

Modificaciones como estas podrían generar las condiciones para implementar el giro radical en la estrategia de combate al crimen organizado que tanto hace falta: urge enfocar nuestros recursos escasos en materia de seguridad pública para la persecución de los delitos que más daño le causan a los mexicanos, como el homicidio, el secuestro y el tráfico de personas, en lugar de seguir subordinado al mandato de Estados Unidos, cuyo gobierno insiste en que enfoquemos todos nuestros esfuerzos a combatir el tránsito de drogas hacia los millones de personas que las consumen libremente en su país. Habría que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde.

LA NATURALEZA DE LA ALIANZA PRI-PAN

ARNALDO CÓRDOVA

Las revelaciones de los documentos de Wikileaks dados a conocer por La Jornada el lunes pasado nos muestran que no era cierto que todo lo que nos descubrían ya lo sabíamos. En este asunto, en particular, sabíamos que existía una alianza entre el PRI y el PAN desde, por lo menos, 1990, y que había sido ideada por Salinas, atemorizado por el avance impresionante de la izquierda en las elecciones de 1988 y por su hallazgo de que entre el PRI y el PAN había diferencias, pero que resultaban menores ante el peligro que la nueva izquierda representaba para ambos. Sabíamos también que el PAN, representado por Fernández de Cevallos, aceptó la propuesta salinista. Desde entonces se dio esa alianza histórica priísta y panista que no ha dejado de funcionar con gran eficacia, hace ya veinte años.

Los documentos de Wikileaks nos muestran ahora el carácter perverso y sucio de esa alianza y el modo especial en que funciona. Ahí no hubo nunca acuerdos para siempre, excepto uno: no dejar, jamás, que la izquierda llegara al poder. Todo lo demás era negociable y nada se daría por garantizado. Esa alianza, dicho en otros términos, tiene un solo fin: impedir el triunfo de la izquierda en las elecciones nacionales. Los relatos que pueden hacerse a partir de esos documentos nos indican que los aliados eran, de verdad, enemigos en el campo de la lucha política y que cada uno hacía por sus intereses y lo hacía despiadadamente, sin importar si al aliado se lo llevaba entre las patas. Sólo se juntaban y la alianza operaba cuando ambos sentían que el enemigo los amenazaba a los dos.

También sabemos, gracias a esos documentos, que ese momento llegaba cuando uno de los aliados se rezagaba a ojos vistas y ya no podía aspirar a nada más. Eso le ocurrió a Madrazo y al PRI. Cuando supieron que estaban perdidos, el PAN acudió a ellos y les hizo ver que la alianza debía ya ponerse en movimiento en contra de una izquierda pujante que los amenazaba a ambos y era preciso hacerle frente en común. Los priístas lo aceptaron y, en ese instante, decidieron que Calderón sería su propio abanderado. Claro que también podemos saber algo que fue claro en su momento: que Madrazo fue condenado al fracaso por sus correligionarios, particularmente por algunos de los gobernadores priístas que se vieron amenazados de muerte por un posible triunfo del tabasqueño. Para consolidar su poder local, prefirieron apoyar al candidato panista, tratando de obtener todo lo que pudieran en esta alianza dictada por las circunstancias.

Mucho de canibalesco tiene esta alianza y es una muestra de que el objetivo es único: destruir a la izquierda o impedir su acceso al poder. En todo lo demás, que cada quien se atenga a su santo y que gane el más fuerte. Es difícil no pensar en esta alianza como una que se da entre rufianes, entre auténticos mafiosos para los que la ley vale un comino y las instituciones del Estado no son más que viles instrumentos de sus sucios enjuagues y trapacerías. Decir, como lo hizo alguno de los informantes de la embajada, que se estaba haciendo presión sobre López Obrador y que se mantendría y se aumentaría en la medida en que se acercara la fecha de las elecciones, no quería decir que en el terreno electoral se haría lo posible para hacerle perder terreno al perredista. Quería decir que se emplearía todo el poder del Estado para derrotarlo a como diera lugar, por encima de la legalidad y de la institucionalidad. Fox mismo lo dijo, con la estupidez que lo caracteriza

Que los priístas, principalmente los gobernadores del norte del país, le hayan temido a Madrazo, como lo revelan los documentos de la embajada, nos habla de dos cosas al mismo tiempo: una, la feudalización priísta que había hecho de esos gobernadores dueños de su propio reino y que veían en Madrazo no a un correligionario, sino a una amenaza a sus intereses particulares; dos, que habían entendido perfectamente ya el sentido de la alianza. Eso quiere decir que la alianza no operó únicamente en contra de López Obrador, sino también de Madrazo y de eso éste ni siquiera se dio cuenta. Dan náuseas de sólo ver a los protagonistas, expuestos por los documentos de la embajada, tirándose piales y haciéndose porquerías indecibles entre ellos mismos no sólo con tal de impedir el triunfo de la izquierda, sino también de aprovechar las debilidades del aliado o de los propios correligionarios para sacar provecho para sí.

Madrazo, por lo que puede verse, fue más una víctima de los mismos priístas que de los panistas o de la izquierda. Todos unidos contra Madrazo (Tucom) o Tú, ¿le crees a Madrazo? Yo tampoco fueron creaciones de la impudicia priísta en contra de su propio abanderado. Eso es revelador de otro aspecto que se esconde detrás del feroz pragmatismo de los gobernadores priístas y de los grupos que los apoyan y del oportunismo que, en general, ha caracterizado a los priístas durante los gobiernos panistas: la derechización irremediable del PRI que corre parejas (así se dice en el español clásico) con su absoluta incapacidad de actuar como un partido de oposición, como también lo revelan los documentos de Wikileaks. Es probable que una buena mayoría de los cuadros priístas de alto nivel se hayan alegrado de la derrota de su propio partido.

Podríamos hacer una inferencia de todas esas revelaciones que explican la actitud traidora (respecto a la alianza histórica de la derecha, por supuesto) de los priístas en su actuación en el Congreso. No le dan nada al gobierno panista no porque ellos no sean derechistas igual que los panistas, sino porque dentro de la alianza hay una guerra sin cuartel con sus propios aliados por posiciones de poder. Muchos se han preguntado el porqué no han prosperado lo que los derechistas de todos los signos llaman reformas estructurales. Ahora todo parece mucho más claro: la alianza histórica del PRI y el PAN sólo incluye un acuerdo básico: impedir el triunfo de la izquierda a nivel nacional. En todo lo demás, ¡olvídense!, es la guerra. Parece increíble que entre aliados se pueda dar toda clase de porquerías y de golpes bajos; pero la verdad es que la alianza se hace efectiva cuando hay intereses concretos que la hacen necesaria, como en la reforma laboral o, de nuevo, cuando se trata de derrotar a la izquierda. Ambos sirven a los dueños del dinero, pero cada uno a su modo y por su lado. Hasta en eso son enemigos.

La conclusión es la misma: en México ya hay sólo dos fuerzas: la derecha, encarnada por el PAN y el PRI, y la izquierda que, hoy por hoy, sólo se encarna en López Obrador y en su gran movimiento de masas. La derecha se lleva muy pesado en sus entrañas y es capaz de cualquier atrocidad y, también, de todos los crímenes imaginables. Frente a ella, la izquierda que hoy existe sólo tiene una perspectiva: fortalecerse a sí misma hasta poder acceder al poder, respetando siempre la legalidad y las instituciones. No puede, de ningún modo, comportarse tan suciamente como la derecha.

Sí, es verdad, hay muchas y muy graves diferencias entre el PRI y el PAN. A ambos sólo los unifica la voluntad de combatir a la izquierda. Pero es, justo, eso lo que define hoy a la derecha.

TREINTA, TREINTA

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Por más de treinta años, México experimentó un cambio social y económico importante que, bajo cualquier criterio de entonces o de ahora, mereció ser llamado desarrollo. El país dejó de ser el conjunto pequeño y disperso de comunidades rurales con unas cuantas ciudades, y sus actividades productivas y económicas se volvieron cada vez más diversificadas y complejas, hasta conformar un panorama productivo industrial que predominaba sobre la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal, así como sobre la minería, para darle a su economía el calificativo de en vías de desarrollo o en trance de serlo

Podía hablarse entonces de modernidad en serio, y las elites de aquel tiempo darse el lujo de importar, imitar y hasta de innovar en materia de consumo y de vivir superfluamente, como lo relatara magistralmente Carlos Fuentes en La región más transparente. ¡Qué le vamos a hacer, diría Ixca!

La época tuvo larga y excesiva celebración, hasta ser calificada de milagro cuando en los años sesenta del siglo pasado se logró una combinación virtuosa entre crecimiento económico impetuoso, estabilidad financiera y orden político, que el licenciado Ortiz Mena bautizara como un desarrollo estabilizador, que prometía un pronto arribo al bienestar generalizado, a la justicia social prometida por la Revolución. No hubo tal cosa, y el 68 y el 2 de octubre fueron llamada y llamarada

Con todo, el desarrollo no fue ilusión sino una acumulación tangible de infraestructuras, capacidades productivas e intelectuales, seguridades sociales y sanitarias que, en medio de una desigualdad inconmovible, se las arreglaban para ofrecer horizontes de progreso y un futuro mejor para casi todas las capas de una población que se volvía urbana y crecía sin freno, para angustia de los demógrafos de aquellos años que predecían una tragedia poblacional antes de llegar al fin del milenio. Fueron estos, lustros de aprendizaje y prueba.

Tampoco ocurrió tal tragedia, debido, entre otras cosas, a esas advertencias y a la tozudez con que don Víctor Urquidi las difundió, hasta convencer al presidente Echeverría de que era indispensable cambiar sus dichos de campaña del gobernar es poblar, heredado de Calles y el fascismo italiano, a los sensatos de la familia pequeña vive mejor, vamos haciendo menos que recogían la nueva legalidad de la planificación familiar postulada en la Ley Federal de Población de 1974. Y sin embargo, algo cercano a una tragedia empezó a urdirse en esos años.

El gran dilema se dio en los ochenta, con la magna crisis de la deuda externa, el ajuste del desperdicio, el inicio del estancamiento estabilizador y del cambio estructural globalizador, que no conjuraron sino agravaron la disonancia entre una demografía que se transformaba y una economía que no crecía, para dar lugar al gran divorcio entre economía y sociedad que hoy define nuestra economía política. Carente de un lecho cierto para encauzar sus contradicciones y conflictos y, al parecer, incapaz de generar los estímulos y expectativas de cambio y mejoramiento social y personal que constituyeron el cemento de aquel pasado autoritario pero cada vez más dispendioso, el sistema económico político aparece devastado.

No olvidemos: para lograr aquella combinatoria milagrosa, el desarrollo fue indispensable pero no suficiente, para por él mismo satisfacer las exigencias y necesidades nuevas de una sociedad que había cambiado mucho. El 68, de nuevo, y la Tendencia Democrática de los electricistas de don Rafael Galván, dieron el aldabonazo no escuchado

Todo por servir se acaba y usufructuar las inercias no resultó buena opción. Las capas dirigentes del Estado se pelearon por el poder pero extraviaron el rumbo y la mirada, mientras que los grupos que concentraban la riqueza no estuvieron dispuestos a compartirla ni a aceptar por mucho tiempo más el monopolio del poder político de la coalición heredera de la Revolución. La cuestión crucial de la legitimidad atravesó muros y mistificaciones y, sin pedir permiso, se instaló en el centro de los corredores de palacio.

Todo el edificio posrevolucionario sufrió una profunda erosión financiera y moral, hija de su debilidad como Estado fiscal. Un Weber vengativo tiñó la historia final de las dinastías del priato tardío, como lo llama León García Soler.

Todo cambia para que nada cambie, pero la máxima de Lampedusa no puede cumplirse así nada más. Frente y debajo del poder, el fogón maldito de Lefebvre donde se cuecen tan tremendas verdades, hay una sociedad que intuye o sabe que no puede vivir como comunidad sin lazos que le recuerden su esencial fragilidad y sin mecanismos que le ofrezcan, a veces a un costo muy alto, protección, seguridades, esperanzas.

Es esto lo que los estados modernos han prometido y a veces realizado, y es lo que el Estado mexicano, lo que quedó de él, no puede ofrecer ni convertir en realidad. Este es el embrollo mayúsculo que marca el presente y amenaza volverse una herida histórica todavía mayor que la desigualdad secular que ha marcado nuestra historia patria. Los plazos para encararlo y resolverlo poco tienen que ver con los de los banqueros en Acapulco o los que, como bonos de la ilusión, nos ofrece el secretario García Luna.

Sin embargo, pretender que con un nuevo discurso antipolítico se va a saltar esta tranca, es una ilusión que puede volverse una utopía destructiva. Si de algo requerimos hoy, como las lágrimas para aliviar el dolor o el oxígeno para sobrellevar la tragedia, es de política y de políticos. A pesar de las lastimosas metáforas futboleras del secretario Cordero (pace querido Pepe W) y de un Presidente que oye pajaritos de la suerte.

No de cualesquiera políticos, ciertamente, sino de hombres y mujeres dispuestos a conmoverse y avergonzarse de tanta inequidad como la que hoy priva y de llorar en público, como hombres y mujeres cabales, para acompañar a los deudos de una barbarie que nos puede devorar si perdemos la huella. El Censo nos contó y nos cuenta de lo hecho, pero a la vuelta de la hoja lo que sin remedio hacemos es contar muertos

Para don Javier Sicilia: padre doliente

'ALGO VA MAL'

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

Circula ya en México el último libro de Tony Judt, Algo va mal (Taurus, 2010). Un alegato para recuperar el espíritu de la socialdemocracia que fue capaz, luego de la Segunda Guerra Mundial, de edificar los Estados de bienestar que lograron conjugar, de la mejor manera posible, los principios de libertad e igualdad. Se trata de tomar nota y analizar las políticas que las reemplazaron a partir de los años ochenta -neoliberales-, de la crisis de 2008, para intentar edificar una casa habitable para todos. Judt se centra en la experiencia europea (sobre todo la inglesa) y en la norteamericana, pero su ojo perspicaz puede ayudarnos a iluminar nuestra realidad. ¿Por qué recuperar la tradición socialdemócrata? Judt contesta: porque "comparte con los liberales la defensa de la tolerancia religiosa y cultural; pero en la política pública cree en la posibilidad y en las ventajas de la acción colectiva para el bien común... propugna la tributación progresiva a fin de financiar los servicios públicos y otros bienes sociales que los individuos no pueden conseguir por sí solos... (Lo que implica) un papel mayor para el Estado y el sector público". Judt navega contra un cierto sentido común imperante por casi tres décadas que vio en la intervención estatal un mal y en el mercado una fórmula "natural" de regulación social. Ese "consenso" no sólo acarreó crecientes desigualdades, corrupción, "privilegios que ocluyen las arterias de la democracia", sino que saltó por los aires con la aguda crisis del 2008, que puso en evidencia lo que el culto a la desregulación y a la pasividad del Estado podía generar. "Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, las sociedades avanzadas de Occidente se volvieron cada vez menos desiguales. Gracias a la tributación progresiva, los subsidios del gobierno para los necesitados, la provisión de servicios sociales...las democracias modernas se estaban desprendiendo de sus extremos de riqueza y pobreza". Pero a partir de los ochenta, se empezó a arrojar esa tradición por la borda. Hoy la desigualdad se ha hecho de nuevo extrema y genera desconfianza, patologías sociales y una especie de individualismo que se repliega de la política buscando soluciones de carácter egoísta. Escribe: "Nuestros sentimientos morales se han corrompido. Nos hemos vuelto insensibles a los costes humanos de políticas sociales...". Judt, sin falsa nostalgia, pinta un elocuente cuadro "del mundo que hemos perdido". Luego de la devastadora Segunda Guerra, de la experiencia del fascismo y la expansión del comunismo en el este de Europa, dice, "casi todo el mundo temía las implicaciones de una vuelta al terror del pasado reciente y estaba dispuesto a limitar la libertad del mercado en nombre del interés público". No sólo las izquierdas, sino incluso partidos de derecha compartían un cierto sentido común en la época. "A la clase media educada se le ofreció la misma asistencia social y servicios públicos que a la población trabajadora y a los pobres: educación gratuita, atención médica barata o gratuita, pensiones públicas y seguro de desempleo". Se trataba de edificar un espacio inclusivo y para ello resultaba necesaria la regulación del mercado y la construcción de prestaciones universales. Y eso era imposible sin la intervención del Estado, sin una tributación progresiva y sin una idea de comunidad por construir. Judt rastrea las fuentes que debilitaron "el sentido de un propósito común" y pasa revista a la emergencia de un nuevo ideario que se extendió con velocidad y que puede sintetizarse en la maniquea idea de que "el gobierno ya no era la solución, sino el problema". Era necesario replegar e incluso mantener fuera de la vida económica al Estado y junto a esa noción avanzó un recetario: "la tributación alta inhibe el crecimiento y la eficacia, la regulación gubernamental ahoga la iniciativa y el espíritu empresarial, cuanto más pequeño es el Estado, más saludable es la sociedad". Al final, un culto al mercado y a lo privado y la "pérdida de un propósito social articulado a través de servicios públicos", lo que construye sociedades escindidas, fragmentadas, insolidarias. Judt llama a recuperar una cierta pulsión de causa común, a partir de "una conversación pública renovada", que sea capaz de poner en el centro de la atención pública los grandes y graves problemas del bienestar, la equidad, la exclusión, las oportunidades. Volver a la "cuestión social" y a preguntarnos "qué debe hacer el Estado para que las personas puedan vivir decentemente". Pensar al Estado de nuevo, sus agendas, compromisos y fórmulas de intervención, porque no se trata de convertirlo en una entidad discrecional, opresiva, caprichosa. No hay que ofertar futuros ideales, dice, sino "aspirar a corregir gradualmente unas circunstancias insatisfactorias", desplegar una nueva política socialdemocrática "como compromiso entre objetivos radicales y tradiciones liberales". Lástima que, como el propio Judt apunta, esa costumbre tiene escaso arraigo en América Latina.

PARA JAVIER SICILIA

CARMEN ARISTEGUI

Desde tiempo atrás te he tenido por un hombre entrañable. Con la muerte de tu hijo Juanelo, y el multihomicidio del que formó parte, te has convertido, sin querer, en un hombre indispensable. Tu figura, tu palabra y tu llamado han concitado una ola de solidaridad y empatía que quedó de manifiesto en la marcha nacional a la que convocaste. Has tenido la entereza de estar ahí, en la plaza pública, cargando la infinita tragedia que te acompaña. Decidiste no cerrar la puerta, ni meterte en la cama a descargar tu tristeza, por el contrario, preferiste abrir, de par en par, todas tus ventanas. Decidiste que tu dolor no podía ir en solitario. No en un país como éste. No en un país con 40 mil muertos, la mayoría tapados con la pesada losa del anonimato. Sabías de tu dolor pero también te rozó un llamado de responsabilidad. Hombre cuya presencia pública ha sido importante, querida y respetada en un círculo construido desde tus tareas. Por tu poesía, por tus escritos, por Ixtus, por Conspiratio, por Proceso, por La Jornada, por tus recitales, por lo que haces. Ni modo, Javier, como dijiste, has sido sacado de ese universo tuyo, cuyo centro, entre otras cosas, estaba ocupado por tu pequeño escritorio, desde el cual has escrito quien sabe ya cuántas cuartillas. La devastación por tu hijo perdido no acabó contigo. Tu fuerza interior, tu fe, tu cristianismo bien vivido y, estoy segura, todos los que te rodean te empujaron a articular los mensajes que has emitido. Algunos mal declarados o malentendidos, como el de pactar con los narcos, que requirieron de posteriores explicaciones. Decidiste enfrentar dolor y tragedia con valentía, con inteligencia y con tu palabra. Decidiste no sólo retar, sino hacer un llamado a las conciencias. Escribiste un último poema para Juanelo y dijiste que abandonas la poesía pero al final, poeta al fin, mostraste que la poesía se encuentra también en el silencio. Has tocado, Javier, a miles de conciencias, con tu palabra, con tu determinación y con un rostro que proyecta bondad, amor, pero también rebeldía. Has estado en los medios, con los que se te acercan, en Los Pinos, en la marcha, escribiendo los discursos. El miércoles fuiste a hablar con respeto, pero con verdades. Frente a las procuradurías les recordaste que: "Uno de los males fundamentales que tiene sumida a la nación en el dolor, en la muerte, en el miedo, en la desconfianza y la incertidumbre es no sólo la falta de una verdadera y sólida procuración de justicia en nuestro país, sino la corrupción que desde hace mucho tiempo se ha instalado en el corazón de nuestras instituciones...", y recordaste lo que expresó, hace unos días, el procurador de Morelos cuando definió a los presuntos asesinos como "personal que estuvo involucrado en instituciones públicas" y que "pueden ser policías, agentes ministeriales o militares" para luego desdecirse por temor o compromisos con lo políticamente correcto. Hoy se sabe que tienen identificados a los presuntos responsables. Pronto se sabrá si corresponden a los perfiles mencionados, en un primer momento, por el procurador. Dejaste, Javier, con tus discursos del miércoles, palabras que empiezan a dar eje a las conciencias. Te trepaste en una combi para contar qué hacían esos miles reunidos ahí. Articulaste y diste coherencia, con tu palabra, a los sentimientos de agravio y hartazgo de una nación: "El dolor que nos ha hecho salir a las calles... no debe servir para sembrar el odio y fomentar el crimen sino para encontrar el amor, la paz y la justicia que perdimos". Hablaste de tu silencio poético para dirigirte a los poderosos de este país: "este silencio doloroso y terrible está gritando cuatro hermosas y profundas palabras: dignidad, paz, justicia y concordia. Ése es el grito que está en el latido de nuestro amado México, el grito de nuestros hijos a quienes la inmisericorde violencia les asfixió la palabra en los pulmones y el de los que estamos aquí, de pie, sembrando nuestra esperanza y gritando por ellos". Has apuntado al sentido correcto. Se trata de recomponer al país y no de acelerar su destrucción. Apuntas hacia un discurso necesario. Humanista, inteligente, pero que eleve el nivel de exigencia ante las autoridades y que exhiba, igualmente, a quienes cometen crímenes y atrocidades. Los ejes de pensamiento que planteas pueden dar coherencia y sentido humano a la indignación. Gracias, Javier. Te queremos.

CENSO 2010: MALAS SORPRESAS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

El censo de población es la herramienta más relevante para conocer el volumen, las características y las condiciones de vida de la sociedad. Los resultados del Censo 2010 tienen que ser la base para la elaboración de políticas en todos los órdenes de gobierno. Por ello, los datos del Censo también deberían ser referencia obligada en los diagnósticos y las propuestas que partidos y candidatos han de elaborar y desplegar hacia la elección de 2012 si es que queremos que, además de la disputa por puestos, se encuentren en juego proyectos y alternativas reales.

Se ha subrayado que la primera sorpresa del Censo 2010 radica en el abultado número de habitantes: mientras las estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el conteo poblacional de 2005 del INEGI señalaban que para 2010 habría 108.5 millones de mexicanos, el censo arrojó 112 millones 336 mil. La diferencia de 3.8 millones de personas es equivalente a todos los habitantes actuales de Oaxaca, y es superior a la población individual de 21 entidades federativas.

Esta cifra de mayor población tiene implicaciones relevantes en términos demográficos, económicos y sociales, a saber: 1) aumenta el ritmo de crecimiento de la población, lo que rompe la tendencia contraria de las últimas décadas; 2) más habitantes implican una reducción en el PIB per cápita, de tal manera que el magro desempeño económico de los últimos años se exacerba y, 3) a este ritmo de expansión poblacional podemos acabar siendo 20 o 30 millones de personas más en un par de decenios, lo que incrementa las necesidades de producción de bienes y servicios en la economía y recarga las presiones medioambientales.

Las causas de la existencia de 3.8 millones de mexicanos más de los previstos tienen que ser bien aclaradas por sus consecuencias e implicaciones para las decisiones y políticas del Estado. Hay quienes apuntan a que, dada la crisis en Estados Unidos, la emigración disminuyó y por eso resultamos más mexicanos. Sin embargo, esa hipótesis se ve acotada por las propias cifras del censo: la Población Económicamente Activa (PEA) del censo a la mitad de 2010 ascendió 44.7 millones, y los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para ese momento daban una cifra de 47.1 millones, si bien la encuesta se diseñó con unos factores de expansión para una población total prevista de 108 millones. Además, el censo cuenta a la población en edad de trabajar desde los 12 años y la ENOE a partir de los 14 años de edad.

Por tanto, si en verdad los 3.8 millones de más se debieran fundamentalmente a trabajadores que no se fueron a Estados Unidos o que regresaron por la crisis, tendrían que haberse visto reflejados en la población económicamente activa que midió el censo, pero ello no ocurrió, sino lo contrario.

De modo que el crecimiento de la población puede deberse, por ejemplo, a un rebrote de la natalidad —sobre todo en zonas pobres y en mujeres de baja escolaridad e ingresos—, lo que pone en evidencia el abandono de las políticas de planificación, cuya ausencia se hace notar del 2000 a la fecha.

De acuerdo al censo, que es más exacto midiendo que las encuestas —pues no es una inferencia estadística, sino un conteo persona a persona—, hay menos trabajadores en México de los que se venía diciendo. Esa debe considerarse la segunda sorpresa poco halagüeña del censo.

El censo detectó a 42.6 millones de trabajadores, dos millones menos de los que estimaba el INEGI (44.6) para el segundo trimestre de 2010. De acuerdo al censo hay 37 ocupados por cada 100 personas, y no 41 por cada 100 como se desprendía de las encuestas.

Lo anterior es una confirmación más del desperdicio del llamado “bono demográfico”, pues en efecto nunca habíamos tenido tanta población en edad de trabajar y producir riqueza, pero, a la vez, disminuye nuestra capacidad de generar ocupación.

Además, en términos de calidad del empleo, el censo muestra que frente al año 2000 ha caído el porcentaje de asalariados que tienen acceso a prestaciones laborales (se pasó del 67.8% al 62.1%). En lo que hace a los ingresos, dos tercios de los trabajadores (28.7 millones de personas) ganan menos de tres salarios mínimos —unos 14 dólares diarios— para subsistir.

El Censo 2010 indica que crecen la población y sus necesidades, pero no las fuentes de sustento.

¿QUÉ PACTAMOS?

MIGUEL CARBONELL

Debe haber pocas tragedias más dolorosas en la vida que ver morir a un hijo. No hay forma de no compartir el dolor, la rabia y la impotencia que debe estar sintiendo Javier Sicilia por el asesinato del suyo. La muerte del joven Sicilia junto a otras seis personas en Cuernavaca es la secuela de un fenómeno de descomposición importante en el estado de Morelos, pero casos parecidos se observan en distintas partes del territorio nacional. Los medios de comunicación con frecuencia nos informan del asesinato de adolescentes en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Tijuana, en Matamoros, etcétera. Creo, sin embargo, que el legítimo dolor de un padre por la pérdida de su hijo no debe obnubilarnos como sociedad. Sicilia propuso en una entrevista que el gobierno pactara con los criminales para terminar con la violencia de los últimos años. Ahí es donde resulta muy complicado seguir a Sicilia. No veo cómo o de qué forma podría el Estado mexicano pactar el final de la violencia. ¿Habría que sentar a los grandes capos a una mesa y firmar una especie de contrato o acuerdo de buena voluntad? ¿Quiénes participarían: El Chapo, El Mayo, El Lazca? ¿Sus representantes, sus jefes de sicarios? ¿El acuerdo comprendería a las bandas de secuestradores y a quienes cobran derecho de piso en muchas ciudades del norte del país? No cabe duda que la administración del presidente Calderón merece ser cuestionada por la escalada de violencia de los últimos años y que siempre debemos tener la sabiduría de cambiar de ruta cuando la que seguimos no nos lleva hacia los resultados deseables, pero la idea de que el Estado pacte con los delincuentes me parece una claudicación inaceptable. ¿Cómo explicarles ese pacto a las víctimas de la delincuencia? ¿Qué sentirían quienes han visto secuestrados a sus hijos cuando vieran al secretario de Seguridad Pública en la mesa con el jefe de la banda o un peligroso gatillero? ¿Es la imagen que queremos proyectar sobre el futuro del país? Ese posible pacto ¿qué renuncias supondría para el gobierno? ¿Deberíamos dejarles a los narcotraficantes carreteras para que circulen libremente? ¿Les entregamos la sierra de Durango? ¿Les damos Ciudad Juárez? ¿Les cedemos una parte de Tamaulipas? ¿Creamos una “reserva segura” en Michoacán? Insisto: podemos discutir si la estrategia del gobierno federal y de los gobiernos locales es o no la adecuada. Debemos exigir mejores resultados de quienes están al frente de la lucha contra la delincuencia. Pero de ahí a proponer que el Estado mexicano abandone su responsabilidad de perseguir a los delincuentes me parece que hay un trecho que nunca y por ningún motivo debemos recorrer. Si pactamos con los narcotraficantes luego reclamarán un acuerdo los secuestradores, y luego los contrabandistas, los defraudadores, los ladrones y hasta los violadores. ¿Con qué legitimidad podría el Estado decirle a un pequeño ladrón que se va a ir a la cárcel por haber asaltado un pequeño comercio, cuando deja de perseguir a quien ha matado o secuestrado a docenas de personas? Es comprensible que luego de varios años con un crecimiento exponencial de la delincuencia, la población mexicana trate de buscar una salida fácil. El desánimo y la frustración son compartidos por millones de personas, en todo el territorio nacional. Son cientos de miles las víctimas de una política de combate al delito que parece haber sido diseñada con una negligencia difícil de superar. Todo lo anterior es cierto y negarlo sólo sirve para permanecer en una situación inaceptable. Pero una rendición del Estado y un pacto con las grandes mafias criminales es muchísimo peor. Lo que debe hacer el Estado es cortar el flujo de armas que entran ilegalmente al país y atacar con herramientas de inteligencia financiera el poder económico de los cárteles. Si disminuimos su capacidad armamentística y cortamos el flujo de dinero que reciben, habremos dado un gran paso para equilibrar la cancha. A partir de ahí el Estado de derecho podrá comenzar a imponerse. La tarea más importante del Estado es la de proteger la vida y la integridad física de sus ciudadanos. Lo que debemos demandar es que cese la violencia de una vez por todas, pero no a costa de que ahora gobiernen los narcos. No se trata de salir del fuego para caer en el infierno. Se trata de tener una sociedad más segura, en la que los gobiernos de todos los niveles sean capaces de protegernos. Nada más, pero nada menos.

JUEGO DE INTERESES EN TELECOMUNICACIONES

RAÚL TREJO DELARBRE

Las telecomunicaciones ofrecen un escenario repleto de litigios, en donde dominan intereses particulares y nadie reivindica el interés público. El gobierno asiste, hasta ahora pasmado, a conflictos señalados por las mentiras, la acumulación de privilegios y la manipulación propagandística.

1. El enfrentamiento de las televisoras con el Grupo Carso rompió viejas alianzas y, sobre todo, la línea divisoria que antaño guardaban las empresas de televisión y de telefonía. Los cotos que habían creado, no han sido auténticos mercados sino territorios de acaparamiento que desembocan en tarifas muy altas tanto en la televisión de paga como en algunos de los servicios de telefonía, especialmente las conexiones a Internet.

Las televisoras, de la misma manera que Telcel y Telmex, desde hace varios años han procurado construirse una imagen magnánima. Las empresas del Grupo Carso lo hacen con estilo por lo general discreto, con acciones como las becas Telmex. Las televisoras, en cambio, han querido hacer del altruismo un espectáculo que se añade a otras expresiones del show business.

Ahora, uno de los rasgos destacados del enfrentamiento entre Televisa y Azteca por un lado, y el Grupo Carso por el otro, es la búsqueda del reconocimiento entre los ciudadanos. También en esa pugna la forma se imbrica con el fondo. Los anuncios que difunden las televisoras en contra de Telmex y Telcel son expresiones de burda aunque, por machacona, importante manipulación. Las empresas de la familia Slim ofrecen respuestas débiles, con un modesto perfil propagandístico en comparación con el uso que Televisa y Azteca hacen de sus frecuencias concesionadas. La propaganda de Telmex está anclada en datos de tarifas que no convencen a muchos ciudadanos porque, dígase lo que se diga, la telefonía en México es más cara que en otros países.

2. Telmex dio un paso adelante en ese enfrentamiento al anunciar paquetes para contratar, conjuntamente, servicios de telefonía doméstica y la televisión satelital que ofrece Dish, la empresa de las parabólicas rojas propiedad del grupo MVS. El acuerdo inicial para que los suscriptores de Telmex pudieran cargar al recibo telefónico la renta de la televisión por satélite se amplió para, ahora, vender juntos tales servicios. En rigor, Telmex no quebranta el título de concesión que le impide distribuir televisión a través del cableado telefónico. Pero es claro que esa oferta de servicios compite con las tarifas, mucho más altas, de Cablevisión y Sky –empresas, ambas, del consorcio Televisa–.

3. El acuerdo entre Dish y Telmex ha propiciado una previsible pero no por ello justificada reacción de Televisión Azteca. Confirmando que ahora los intereses de Televisa son compartidos por las empresas de Ricardo Salinas Pliego, la televisora del Ajusco retiró de sus pantallas la publicidad del sistema de televisión satelital de MVS. Pero además, en una sorprendente decisión, la Procuraduría Federal del Consumidor inició una acción judicial para anular los contratos que Dish establece con sus suscriptores. La Profeco (cuyo titular, casualmente, fue reemplazado el día de ayer) informa en su sitio en Internet que este año ha recibido 4690 quejas contra Dish, de las cuales se ha resuelto el 95%. Las quejas contra Sky han sido menos (1022) pero el porcentaje de conciliación es de 86%. La información sobre la empresa satelital de Televisa, por cierto, es muy difícil de localizar en el sitio de la Profeco.

4. La propuesta de MVS para utilizar la banda de 2.5 Gigahertz resulta imaginativa, interesante y provocadora. Se trata del segmento de espectro radioeléctrico que ha estado concesionado a MVS pero que esta empresa no ha utilizado plenamente. Aprovechado inicialmente para transmitir televisión de paga que era recibida en las antiguas antenas de Multivisión, esa banda adquirió más valor en los años recientes porque permite difundir señales de Internet inalámbrica de nueva generación.

El empleo de esa banda le fue otorgado a MVS en varias concesiones, algunas de las cuales dicha empresa no renovó a tiempo. Ahora, en vez de pretender que se las refrenden sin más, MVS propone aliarse con tres empresas de capital trasnacional para crear un consorcio que ofrecería la infraestructura para hacer de la 2.5 una banda de alta velocidad para Internet móvil.

A diferencia de otros operadores que solamente han pretendido que les asignen frecuencias sin ofrecer compromisos públicos en materia de calidad y precios, MVS dice que la velocidad de esas conexiones a Internet sería 20 veces mayor a las que ahora tenemos en México y por la mitad del precio que pagamos.

La propuesta de MVS encontrará obstáculos, sobre todo por los intereses que afecta en otros consorcios (aunque, significativamente, las empresas del Grupo Carso no han puesto reparos, al menos de manera pública, a ese proyecto que competiría con los servicios que ofrecen ahora). Sin embargo el compromiso que hace para mejorar calidad y precios sería difícil de rechazar de cara al interés de los consumidores.

5. Televisa, en tanto, adquiere cada vez más presencia en el mercado de la televisión por cable. Ahora anuncia que comprará todas las acciones de Cablemás, que ofrece tales servicios en muy diversos estados (Campeche, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Quintana Roo y Veracruz, entre otros). De esa empresa, Televisa ya era propietaria del 58%. La Comisión Federal de Competencia, tan celosa como ha sido para impedir que Telmex crezca en los servicios de telecomunicaciones, ha respaldado esa operación en vez de acotar la expansión de Televisa que confirma su carácter monopólico en los servicios de televisión.

6. Televisa, además, comprará la mitad de Iusacell. Metida desde hace tiempo en problemas financieros, esa empresa de Ricardo Salinas Pliego ha estado sumergida en un mar de reclamos y deudas. La decisión de Televisa para salir al rescate de dicha telefónica, que forma parte del grupo que es propietario de Televisión Azteca, tiene implicaciones más allá de la telefonía celular.

Al anunciar el propósito de comprar las acciones suficientes de Iusacell para determinar sus decisiones de negocios, Televisa confirma el enorme interés que tiene por la telefonía. El abandono de la alianza con Nextel para manejar la banda que obtuvieron con la muy discutida Licitación 21 no se debió a limitaciones financieras sino al desprestigio que esa concesión les acarreó a ambas empresas.

La inversión en Iusacell ahora tiene que ser examinada por la autoridad en materia de competencia. La Cofeco tendría que tomar en cuenta el espectro radioeléctrico que ya controla Televisa gracias a los 321 canales de televisión que se encuentran en sus manos. No sería admisible que la autoridad considerase que las frecuencias concesionadas a Televisa son solamente para televisión y que la banda ancha controlada por Iusacell y su filial Unefón sirven nada más para telefonía. La convergencia tecnológica permite usos similares de todas esas bandas, así que cualquier estimación de la concentración de espectro radioeléctrico tiene que considerar las frecuencias de televisión y telefonía disponibles para cada consorcio.

La inversión en Iusacell – Unefón además significa la asociación de Televisa y TV Azteca para profundizar juntos su presencia en el mercado de las telecomunicaciones. El duopolio sería monopolio.

7. La creación de dos grandes bloques modelará el escenario de las telecomunicciones para las siguientes décadas en México. Eso significa que de las recomposiciones, inversiones y alianzas de las corporaciones mediáticas dependerá la situación en México de ese entorno fundamental que se conoce como sociedad de la información.

La ausencia de discusión sobre estos temas, que suelen quedar reducidos a dimes y diretes en las columnas financieras, es sumamente grave. Lo es todavía más el pasmo que padecen las autoridades en materia de competencia y de telecomunicaciones, pero antes que nada el presidente de la República.

A menos que de pronto recuerde que tiene en sus manos la conducción del Estado, el gobierno permanecerá estupefacto ante ese desplante de poder de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Quizá, incluso, en Los Pinos y en los circuitos alrededor de la casa presidencial haya quienes crean, con irremediable voluntarismo, que al autorizar la inversión de Televisa en Iusacell se granjearán el respaldo electoral de las televisoras. Qué ingenuidad.

EL EJÉRCITO Y LA SUGURIDAD PÚBLICA

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Acaba de visitar México, del 18 al 31 del pasado mes de marzo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, mismo que le recomendó al gobierno del Presidente Calderón "que retire al Ejército de las tareas de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicho trabajo"; lo que hizo "como una medida preventiva en relación con las desapariciones forzadas". En un documento de veinte páginas el grupo detalló la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno para prevenir, investigar y, en su caso, sancionar el llamado delito de desaparición forzada, que en la gran mayoría de las entidades ni siquiera está tipificado en su Código Penal. Dijeron lo anterior señalando -lo cual es muy grave- que aunque los grupos del crimen organizado tienen un papel determinante en la ola de inseguridad que azota al país, sin embargo no todos los actos de violencia son responsabilidad de ellos sino también de las propias fuerzas de seguridad del Estado. Y algo más inquietante, que al asumir las fuerzas armadas labores de vigilancia interna que no les corresponden se han convertido en una instancia que amenaza los derechos humanos de la ciudadanía. Con especial énfasis lamentaron que la impunidad siga siendo la constante en el sistema judicial mexicano, sosteniendo que el arraigo es una figura legal pero arbitraria, que viola las garantías de los inculpados, y llamaron a las autoridades a cumplir efectivamente con el derecho de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares a la verdad y a la reparación de daño. En coincidencia con lo anterior, por lo menos temporal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional a elaborar un reglamento que fije los protocolos del uso de la fuerza de los militares en operativos de seguridad pública, así como los de detención (privación de la libertad) de civiles, pidiéndole que los detenidos por el Ejército sean trasladados a instalaciones castrenses y que se ordene el cese de detenciones arbitrarias, cateos ilegales y abusos de autoridad, entre otras cosas. Por su parte el gobierno de México defendió la participación del Ejército en la ofensiva contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, al señalar que la escalada de violencia generada por el crimen obligó a que las Fuerzas Armadas tuvieran actividades de seguridad pública "de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país". Éste es el argumento que funcionarios mexicanos expusieron ante los tres expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. México ha sufrido desde el inicio de la guerra -que no es otra cosa- contra el narcotráfico y la delincuencia organizada -mucho más organizada que el gobierno- un deterioro social impresionante. Lo notable, lo que llama poderosamente la atención, por lo menos a mí, es que la crítica sólo se enderece al señalamiento de aquellos hechos que son la consecuencia de una causa que se ignora u omite. ¿A qué me refiero? A que en gran parte todo esto que de manera dramática padece el país tiene su origen -¿o no vivimos acaso en un Estado de Derecho?- en la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Lo que pasa en México es el tronco, son las ramas y las hojas, e incluso los frutos -podridos-, de una semilla igualmente podrida. Podríamos hablar, en vez de una pirámide a lo Kelsen, de un árbol macilento, enclenque, débil y enfermizo que ha corrompido al fruto de la norma jurídica constitucional. Allí está la causa eficiente y determinante del mal que nos agobia como pueblo y nación. Y si el origen no fuera aquella reforma de 2008, entonces el gobierno ha actuado con una irresponsabilidad mayúscula, sin orientación ni brújula alguna, al margen de la constitucionalidad y de la legalidad (aunque sean malas). Y no es así. Lo que se ha hecho en cambio es acomodar las leyes, comenzando por la Carta Magna, a las conveniencias del pragmatismo social y obviamente legal. Se han desdeñado y pisoteado las garantías individuales, los derechos humanos. ¿Cómo es posible, se pregunta uno azorado, que el gobierno se siga empeñando en sostener a todo trance una reforma plagada de errores técnicos y de arbitrariedades que violan el espíritu de la Constitución? Es deplorable en la especie la concesión a una política pragmática. "Quien a hierro mata, a hierro muere", frase que se deriva de la bíblica Ley del Talión: "Ojo por ojo, diente por diente" y que hoy muchos hacen depender del que llaman principio de la semejanza o de la reciprocidad. No obstante la verdad es que desdeñar lo esencial de la naturaleza humana, su intrínseca dignidad, trátese de quien se trate, no equivale a la justicia. Además, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y en particular desde la reforma constitucional de 2008, se han despreciado abiertamente las garantías individuales y los derechos humanos, y no sólo de los presuntos delincuentes. Tal, y no otro, ha sido el punto de apoyo y referencia de lo que con razón de sobra critica el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Lo indiscutible es que la ley, partiendo de la propia Constitución adulterada y maltratada, propicia que se vea y se trate al presunto delincuente como a un individuo casi, casi, sin derechos ni garantías. ¿Y el Ejército? Obedece lo que ordena su Comandante Supremo que es el Presidente de la República, quien se apoya en la Constitución. Por eso es que hemos insistido tanto e insistiremos, desde el seno de la academia y del foro, en la imperiosa necesidad de revisar a fondo la reforma de 2008. A mayor abundamiento no coincido en que la escalada de violencia generada por el crimen obligó a que las Fuerzas Armadas tuvieran actividades de seguridad pública, "de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país". ¿Subsidiaria? ¿Temporal? ¿En regiones específicas del país? No es cierto y al país entero le consta que no lo es. Que manejen otro argumento pero antes de eso que se reforme la reforma de 2008 (y si no hoy, sí a partir de 2012). ¡Es imperativo!

LIBIA EXHIBE A LOS ORGANISMOS INTERNACCIONALES

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Al Maestro Carlos Arellano García (R.I.P.)

Cinco organismos internacionales de la posguerra se encuentran estrechamente vinculados con el conflicto en Libia: la onu (1945), la otan (1948), la Unión Europea (1957) -antes de 1993, cee- La Liga Árabe (1945) y la Unión Africana (2002). ¿Cómo es posible que estas instituciones, cuyo propósito primario es el mantenimiento de la paz, están sumiendo al mundo en un conflicto de gravísimas proporciones que desestabiliza la región del Magreb, eleva considerablemente el costo del petróleo, genera un costoso número de pérdidas de vidas humanas, hunde a la región en una crisis humanitaria y exhibe, descaradamente, por una parte, las pretensiones del neoimperialismo y, por otra, la soberbia de un dictador? Vayamos por partes. El 15 de marzo la Liga Árabe, compuesta por 22 estados, con sede en El Cairo, pidió a la onu el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia para proteger a la población civil de los bombardeos de la aviación de Muamar Gadafi. Luego, el Grupo de los Ocho, compuesto por las economías más desarrolladas del mundo, señaló que el objetivo de esa misión era proteger a la población civil y dar respeto al derecho humanitario. El 17 de marzo el Consejo de Seguridad de la onu aprobó, a propuesta de Reino Unido, Francia y Líbano, la resolución 1973 por diez votos a favor y cinco abstenciones (China, Rusia, Alemania, Brasil e India), la cual "autoriza a los Estados Miembros que hayan notificado previamente al Secretario General a que [...] adopten todas las medidas necesarias [...] para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia, incluida Benghazi, aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio [...]". Este instrumento polémico, para decir lo menos, adoptado por el Consejo tuvo presente la resolución adoptada en el caso de Irak en 2003. Cualquier análisis hermenéutico sobre la resolución considero, no respalda el derrocamiento de Gadafi, el desembarco de tropas extranjeras, ni la entrega de armas a los rebeldes. El 18 de marzo el jefe de Estado de Francia, convocó a la llamada "coalición", formada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, España, Bélgica, Noruega, Italia, Polonia, Dinamarca (todos miembros de la otan) y Qatar. Además, a la Liga Árabe, a la Unidad Africana, al débil e inepto Secretario General de la onu, al presidente de la Unión Europea y a la Alta Representante de política exterior de la ue, a reunirse en París para poner en marcha la bizarra resolución de la onu (digo "bizarra" porque indudablemente quedaba otra alternativa que era la diplomática y la búsqueda del cese al fuego). Más Sarkozy inauguró el evento intervencionista anunciando que su fuerza aérea ya había iniciado el bombardeo en Libia. Esta vez, a diferencia de Irak, sí hubo unidad en la posición de la Unión Europea y, además, se contó con el apoyo de la Liga Árabe. En estos hechos, Estados Unidos pretendió jugar un papel "discreto" que en verdad resultó falaz porque ya había trasladado desde muchos meses antes agentes de la cia a Libia para preparar el derrocamiento de Gadafi, como también lo hicieron los ingleses y los franceses. Con extrema suficiencia, el mandatario norteamericano, que había movilizado a la Sexta Flota del Mediterráneo, indicó que "la causa era justa y el objetivo claro" (sic). Antes sólo un país había alzado su voz exigiendo que se ordenara el cese al fuego solamente y fue Turquía, que es miembro de la otan. Bajo presión extrema, se unieron a la "coalición" Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, con lo que los propios árabes entraban en lucha entre sí y alejaban la opción de una solución política, que el Consejo de Seguridad, torpemente, ni siquiera examinó. El 25 de marzo la otan asumió la responsabilidad de realizar la exclusión aérea y Estados Unidos le transfirió el mando a su base central en Nápoles, dirigiendo la operación el general canadiense Charles Bruchard, y el Consejo Atlántico de la organización, que está compuesto por 28 estados que sólo adoptan decisiones por consenso. Turquía, bajo recompensas, fue obligada a retirar el veto. Al efecto, se pusieron en marcha las bases aéreas y navales de la otan en Francia, España, Italia y Chipre para imponer la zona de exclusión, utilizando aviones y mísiles de la más alta sofisticación que cubrieron el cielo libio casi indiscriminadamente. Sí hubieron bajas de civiles en las operaciones efectuadas, como lo denunció el Nuncio Papal en Tripoli. En el trasfondo de esta operación se confirma que Occidente ataca cuando ve una amenaza a sus intereses, como es la estratégica reserva libia de petróleo y no lo fueron "estados fallidos" como Corea del Norte, Myanmar, Guinea Ecuatorial y Sudán. Continuará...

EL CONTROL SOBRE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró definitivamente el largo capítulo de la validación de la reforma electoral de 2007 al sobreseer por mayoría de siete votos el así llamado “amparo de los intelectuales”, por considerar que ese recurso no es idóneo para impugnar la constitucionalidad de las reformas constitucionales.

Para quienes estamos convencidos de la apuesta democrática de esa reforma y de la pertinencia del modelo de comunicación política (con todo y la coincidencia en que habría que pensar en un uso más racional de los tiempos del Estado que no a través de spots como hoy ocurre) es una noticia positiva. La resolución zanja definitivamente la validez y la vigencia de las normas electorales que regirán las futuras contiendas electorales, empezando por la de 2012, y tener certeza sobre las normas que rigen el juego electoral, con independencia de que se coincida o no con lo que prescriben, es una condición indispensable de la vida democrática y eso es bueno para todos.

Además, con la decisión de la SCJN se conjuró el catastrófico escenario de que hubiera algunos sujetos amparados y, por ende, exceptuados de las normas electorales y el resto de la sociedad no, que describí hace unas semanas en este mismo espacio. Para ser honestos, la verdad era muy remoto que las pretensiones de los intelectuales prosperaran (y, a pesar del rasgamiento de vestiduras que hemos presenciado en días pasados, creo que había conciencia de ello); incluso el proyecto originario que había preparado el ministro Ortiz Mayagoitia (quien al final del día cambió su criterio y votó con la mayoría) y que planteaba aceptar la procedencia del amparo como vía para impugnar los cambios constitucionales, rechazaba que se hubiera violado el procedimiento de reforma y negaba la razón a los quejosos.

Insisto en algo que he venido sosteniendo: es absurdo que el amparo se acepte en los términos obsoletos y caducos que todavía hoy lo caracterizan (empezando por la relatividad de sus sentencias), como una legítima vía para impugnar las reformas constitucionales; para el caso era más lógico aceptar a las acciones de inconstitucionalidad como una vía en ese sentido dado que éstas tienen como consecuencia la invalidez total de la norma impugnada y no sólo su inaplicación para el actor (aunque es cierto que sólo ciertos sujetos públicos o de orden público pueden interponer las acciones y no cualquier ciudadano), pero esa misma vía había sido rechazada en 2008 precisamente ante la impugnación de algunos partidos contra la reforma constitucional electoral.

En suma, me parece que la decisión de la Suprema Corte era previsible y lógicamente sostenible. Ello no significa, sin embargo, que en el futuro no sigamos discutiendo sobre si es legítimo abrir alguna vía para impugnar las reformas constitucionales y sobre si el eventual control puede ejercerse sólo en cuestiones de procedimiento o también de fondo, pero también es cierto que esa decisión deberá ser tomada, en su caso, por el órgano reformador de la Constitución y no a partir de una sentencia autoatributiva que pudiera hacer la Suprema Corte. Lo que sí es cierto es que, insisto en ello, los mecanismos actualmente existentes —y particularmente el amparo— no fueron pensados con ese fin.

Una última anotación ante la reiterada falacia que algunos de los intelectuales que se habían amparado han venido sosteniendo en el sentido de que los particulares no pueden contratar publicidad durante los procesos electorales, mientras que los partidos y el IFE sí pueden: nadie, ni particulares, ni partidos, ni candidatos, ni autoridades electorales, ni otros órganos públicos pueden contratar publicidad durante las elecciones para influir en las preferencias electorales. Que los partidos tengan acceso a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado es algo diferente a que puedan contratar publicidad. Además, la prueba de que los intelectuales, los grupos empresariales, y en general todo ciudadano, mantenemos incólume nuestra libertad de expresión es que si alguien quiere públicamente manifestar su rechazo o preferencia por algún partido o candidato de cara a las próximas elecciones presidenciales (como más de uno legítimamente lo hará) tiene todo el derecho de hacerlo, lo único es que, como ocurre en muchas de las democracias consolidadas en el mundo, no podrá hacerlo comprando publicidad y eso, insisto, para mí es una muy buena noticia.

LA TELENOVELA DE LAS TELECOMUNICACIONES

JENARO VILLAMIL

Después de los airados desmentidos de Televisa y de Grupo Salinas en contra del columnista Miguel Ángel Granados Chapa, quien publicó el domingo 23 de enero que la empresa de Azcárraga Jean “tendría ya en sus manos la totalidad de las acciones de Iusacell”, este martes 5 de abril, Televisa finalmente confirmó que sí está en negociaciones para adquirir la deuda que la compañía de telefonía móvil -la tercera más grande del país-- adquirió con David Martínez, el regiomontano dueño de Fintech.

El columnista Alberto Aguilar publicó el 4 de abril el adelanto de este proceso que puede constituir una nueva bomba en medio de la guerra entre Telcel-Telmex y las dos grandes televisoras porque revelaría una recomposición en el mercado de la telefonía móvil en México. También explicaría por qué en los canales de Televisa se ha estado promocionando de manera intensa Iusacell y sus promociones de la red 4G, en clara competencia con Telcel.

Aguilar advierte en su columna, publicada en El Universal:

“En efecto, le adelanto que esa televisora (Televisa) podría aliarse al Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego en Iusacell, asunto en el que aparentemente ya hay negociaciones muy avanzadas.

“Éstas encajan en los tiempos que vive la telefónica que dirige Adrián Steckel, quien ya alcanzó un arreglo con sus acreedores y que prácticamente está a punto de dejar su actual estatus de concurso mercantil.

“Hasta donde se sabe, Televisa adquirirá la importante tenencia de deuda del regiomontano David Martínez, dueño de Fintech Advisory, de la que ya le he platicado.

“El aguzado financiero fue comprando en los mercados deuda de Iusacell y a la fecha es propietario del 98% del papel de la emisión 2011; 92%, de la de 2012; y 76%, de las de 2013. Ésta la adquirió con un descuento entre 40 y 50% por algo así como unos 200 millones de dólares.

“Martínez visualizó hace ya tiempo la oportunidad de Iusacell, cuando Verizon ya no se sentía a gusto en México, sin embargo Salinas Pliego se le adelantó.

“Desde entonces ha buscado convertir esa deuda en capital, pero a Grupo Salinas no le han parecido los términos del intercambio propuesto.

“De ahí su oferta ahora con Televisa, aprovechando la coyuntura actual y dado que esta televisora ha buscado contar con una plataforma más fuerte en telefonía.

“A la misma Iusacell contar con un socio como Televisa debería potenciar su presencia en el mercado, máxime la rivalidad que hoy une a las dos grandes televisoras contra Grupo Carso, dueño de Telmex y Telcel”.

La trama de simulaciones

Los consumidores del mercado de telecomunicaciones somos espectadores de una gran mascarada en este terreno pantanoso que ha sido la disputa por un mercado de más de 30 mil millones de dólares anuales y el intento de Televisa de convertirse en propietario de una red de telefonía móvil que rivalice con Telcel, que concentra el 76% de los consumidores.

La simulación empieza con la guerra que Iusacell emprendió el año pasado contra la Licitación 21. La empresa de Ricardo Salinas Pliego argumentó ante tribunales que las bases para licitar 90 Mhz de la banda 1.7Ghz estaban orientadas a favor de la sociedad formada por Televisa y Nextel.

Grupo Iusacell presentó más de 40 demandas en distintos tribunales y obtuvo hasta dos órdenes de medidas cautelares para suspender la entrega de la “ganga” a favor de Televisa-Nextel que con 180.1 millones de pesos se quedaron con la banda más preciada del espectro: la de 30 Mhz.

La Licitación 21 se volvió un escándalo político, legislativo y mediático. Las dos principales autoridades, Juan Molinar Horcasitas, entonces titular de la SCT, y Mony de Swaan, presidente de Cofetel, negaron una y otra vez que las bases se hubieran redactado para favorecer a Televisa. Grupo Iusacell litigó en tribunales en contra de esta opinión, volviéndose una auténtica “piedra en el zapato”.

En octubre de 2010, después de que las autoridades de la SCT entregaron el título de concesión a los representantes de Nextel, Televisa emitió un críptico comunicado en el que anunció que rompía sus negociaciones con Nextel. A esta empresa, dirigida en México por Peter Foyo la dejaron como las novias de las bodas mexicanas: vestida y alborotada, en medio del escándalo.

Televisa manejó que debido a la “politización” de esta licitación decidió retirarse y privilegiar su inversión en Univisión, la cadena estadunidense de televisión en español que desde tiempo atrás se ha vuelto una obsesión para Emilio Azcárraga Jean, quien perdió en junio de 2006 la posibilidad de adquirir la mayoría accionaria de esta compañía.

Alberto Aguilar revela que tras la salida de Televisa de su sociedad con Nextel “se hicieron esfuerzos por parte de Televisa para buscar una alianza con Telefónica Movistar que encabeza el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aunque los resultados no fueron satisfactorios por las altas exigencias de los españoles”.

En diciembre de 2010, los dos acérrimos rivales en el mercado telefónico –Telmex y Telefónica-- dieron a conocer un acuerdo de interconexión que fijó una tarifa en 0.95 centavos, engendrando la futura guerra que ahora vemos en las pantallas televisivas y en los medios impresos.

El 23 de enero de 2011, el columnista Granados Chapa afirmó en su colaboración en Reforma que la operación de Televisa para quedarse con “la totalidad” de las acciones de Iusacell le permitiría “además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales y contar de golpe y porrazo con 53 Mhz del espectro, lo cual posee Iusacell”.

El desmentido a Granados Chapa fue furioso y hasta ofensivo. Televisa y Grupo Salinas salieron a acusar al periodista, reconocido con la medalla Belisario Domínguez por el Senado, de haber mentido y no haber consultado a las propias empresas.

El comunicado de Televisa, firmado por Manuel Compeán, señaló que el texto de Granados Chapa se trató de “un desafortunado artículo que no cuenta con el mínimo rigor periodístico”. Como si fuera autoridad reguladora, Compeán se dio el lujo de aclarar que Telcel no posee 77.1 Mhz –como decía el artículo de Granados Chapa--, sino 123 Mhz del espectro y que con Nextel “no hay planes de regresar a la sociedad que se conformó para participar en las pasadas licitaciones del espectro”.

Menos de un mes, inició la guerra abierta de Televisa y TV Azteca en contra de la poderosa dupla formada por Telmex-Telcel. El comienzo de las hostilidades se generó a raíz de la suspensión de las pautas publicitarias de las empresas de Carlos Slim en los canales de Televisa. El vicepresidente ejecutivo, Alfonso de Angoitia confirmó a finales de febrero este boicot, pero minimizó el impacto en términos de ingresos para el consorcio de Azcárraga. Menos de una semana después, TV Azteca anunció que suspendía los anuncios de Telmex-Telcel por desacuerdos en las negociaciones de las tarifas de interconexión de Iusacell con las empresas de Slim.

A partir de entonces, es clara y abierta la acción concertada y acordada entre Televisa y Grupo Salinas, supuestos competidores en televisión abierta, en sus espacios de la pantalla para acusar a Grupo Carso de monopólico y de afectar a los consumidores.

Entró en acción Iusacell, reproduciendo casi la misma estrategia aplicada en la Licitación 21. Su director jurídico, Francisco Borrego, interpuso ante la Comisión Federal de Comunicaciones una demanda en contra de Telcel, el 30 de marzo, por presuntas prácticas discriminatorias, al cobrar tarifas distintas a sus usuarios en función de la red de destino u origen de sus llamadas.

Iusacell también demandó a Telmex por el pago correspondiente al mes de febrero por interconexión.

Telcel-Telmex no se han quedado cruzados de brazos y, acostumbrados a jugar rudo, también han contrademandado a Televisa y a Iusacell. A la primera, por concentración en la televisión de paga y a la segunda, por mantener la tarifa de facturación más alta de todos los operadores.

En sus inserciones pagadas en medios impresos y en internet, Telmex afirmó: “Iusacell, exmonopolio celular pierde participación del mercado del 100 por ciento a 4.4% y usa noticiero con mentiras para presionar a las autoridades.”

El misterioso David Martínez

En este melodrama por el control del mercado de telefonía móvil que representa más del 60% de lo que anualmente genera el sector, el personaje más enigmático es David Martínez, un empresario de origen regiomontano que ha construido un emporio a través de Fintech Advisory, que controla tres fondos distintos de inversión.

Martínez vive entre Londres y Nueva York. Estudió en el Tec de Monterrey y tras ser rechazado en varios de los poderosos consorcios regiomontanos porque su personalidad no compaginaba con “el perfil” empresarial, estudió maestría de negocios en Harvard y se ha convertido en un poderoso financiero multinacional.

El gran negocio de David Martínez es comprar deuda de corporativos, a descuento, a través de múltiples instrumentos financieros. Recientemente, compró, con descuento, entre 40 y 50% de la deuda de los derivados que el poderoso Grupo Vitro mantenía con varios bancos europeos. El pasivo de 240 millones de dólares lo adquirió en 177 millones de dólares. También adquirió los derechos al cobro de los derivados propiedad de los bancos acreedores por el uso de instrumentos derivados en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Desde 2003, Fintech Advisory se constituyó en socio de Grupo Iusacell. En su informe ante la SEC (File 5-50672), Martínez declaró al organismo regulador bursátil de Estados Unidos:

“Hemos duplicado el precio de la oferta y ofrece una prueba más de nuestros compromisos y otras partes interesadas de Iusacell. Instamos a la junta directiva de Iusacell para evaluar nuestra oferta de acuerdos con sus obligaciones fiduciarias y recomendar que los accionistas de Iusacell participen en nuestra oferta con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios que, a diferencia de los ejecutivos de Verizon y Vodafone, no tienen el lujo de deshacerse de millones de dólares”.

A partir de esta operación, Julio Herrera, CEO de Fintech Advisory y de Nortel, forma parte del directorio de Iusacell, la empresa prácticamente quebrada de Ricardo Salinas Pliego.

Ahora, David Martínez jugaría un papel fundamental en esta trama de la guerra de las televisoras y Carlos Slim.

No sólo en esto ha tenido un papel más que importante. Martínez fue uno de los principales asesores legales y financieros de la demanda que interpuso Paula Cussi, la última esposa legalmente reconocida de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, en contra de Emilio Azcárraga Jean por violación al reparto de la herencia del hombre que consolidó el imperio de Televisa.

Pero esto forma parte de otra telenovela.