miércoles, 7 de diciembre de 2011

DE FOX A PEÑA NIETO, POLÍTICOS DE PANTALLA

JENARO VILLAMIL

Lo sucedido con el librogate de Enrique Peña Nieto y la secuela de errores cometidos para “frenar” la ola de mensajes irónicos y críticas en redes sociales confirmaron no sólo la incultura del precandidato priista, sino la continuidad de una tendencia iniciada con Vicente Fox, el presidente de la decepción.
La alternancia por la vía del PAN llevó a Los Pinos a un hombre hábil en la mercadotecnia política; antisolemne, en medio de los rituales y la retórica priistas, encandiló a la mayoría de electores con su promesa del cambio y su imagen de político Marlboro. Con Vicente Fox se llegó a la cumbre de la política telegénica: la imagen por encima del programa, el desplante humorístico, el spot que sustituye al discurso coherente.
La jefa de Comunicación Social fue elevada a la categoría de vicepresidenta. Y Televisa estuvo a sus pies a cambio de poderosos favores (canales digitales, decretazo y renovación de las concesiones hasta el 2021, en automático).
La ecuación cambió desde ese momento: el poder que perdió la presidencia durante la era foxista lo ganó una empresa televisora y otros poderes fácticos, porque supieron capitalizar la vulnerabilidad del primer mandatario. Y ese talón de Aquiles se llamó déficit de inteligencia.
La incultura de Fox en campaña llamó la atención. Le dio popularidad. Al frente de Los Pinos se volvió una pesadilla. No sólo porque no supiera pronunciar el nombre de Jorge Luis Borges, sino porque menospreciar la lectura lo llevó a una impostura mayor: pretender que las críticas en su contra eran de una minoría, un “círculo rojo” de letrados, distinto al “círculo verde” de ciudadanos felices con sus gazapos.
Vimos cómo terminó Fox: engañando al “círculo rojo” y al “círculo verde”. Y sólo la televisión, hasta el final, le fue útil para salir del sexenio sin que la corrupción en su entorno fuera ventilada en las pantallas.
Fue una vergüenza para los panistas de tradición libresca. Los bárbaros del Norte –a quienes perteneció Fox– no lo eran sólo por ser arrebatados, sino porque pensaron que el menosprecio a la cultura y a los libros eran una ventaja y un sinónimo de pragmatismo.
Doce años después, la santificación del reality show, del infomercial que se vende como noticia televisiva, le llegó al PRI. El elegido fue un político sin experiencia nacional y con una gran docilidad para destinar miles de millones de pesos a los consorcios mediáticos para que lo convirtieran en un gobernador consentido y en una celebridad nacional.
Los otros políticos de su generación asumieron que el modelo de Peña Nieto era el que debían seguir: si se vuelven imparables en la pantalla y en las encuestas, son invulnerables frente a las críticas.
Peña Nieto es el reverso de la misma moneda de Fox. En lugar de bravucón, el mexiquense se presenta como un hombre de buenas maneras. En vez de bárbaro presume ser elegante. Es un modelo inspirado en la moda de los hombres metrosexuales, mientras Fox fue la versión más politizada de la onda grupera (definición de Carlos Monsiváis).
Sin embargo, ambos tienen puntos en común: adoran el teleprompter, se dicen “pragmáticos”, que es otra manera de nombrar la sumisión política frente a los intereses corporativos. Ambos privilegian la popularidad por encima de la credibilidad. Los dos confunden comunicación política con mercadotecnia televisiva. A Fox y a Peña Nieto les gusta ventilar su vida privada porque sus asesores les dicen que eso genera rating.
El librogate confirmó también que ambos tienen el mismo problema político: les gana la soberbia demoscópica. Menosprecian la cultura, no porque se hayan equivocado al mencionar libros y autores, sino porque nunca la necesitaron para escalar políticamente. Son productos de pantalla, políticos analógicos que están más acostumbrados a los fans que a las audiencias deliberativas.
Esto es lo sintomático de este episodio. El PRI está a punto de cometer el mismo error que el PAN hace 12 años: empeñar su futuro a un político de pantalla. La diferencia es que Peña Nieto no está acostumbrado al contragolpe (como sí lo estaba Fox), y la decepción que llevó al triunfo al panismo en el 2000, ahora se ha convertido en molestia, miedo y agotamiento ante los errores constantes de Felipe Calderón (político de crispación más que de pantalla).
Los defensores peñistas –convencidos o por encargo– ya salieron con un guión, tan predecible como la línea: es una “pose” criticar a Peña Nieto por ser incapaz de citar tres libros y sus autores. Los políticos se dedican a gobernar, no a leer. La mofa en redes sociales no lo afecta porque sólo 20% de los mexicanos tienen acceso a ellas.
Desesperados, los asesores de Peña Nieto se enfrentan a un fenómeno inexistente en la era foxista: las redes sociales, la comunicación digital. Por eso, Televisa ha minimizado el episodio. Confían que más de 80% de los mexicanos se informan sólo a través de la televisión. Y que el golpe dado sólo le costará 3 puntos demoscópicos.
Sin embargo, la comunicación política indica lo contrario: los políticos de pantalla, tarde o temprano se diluyen, no así las nefastas consecuencias de sus decisiones adoptadas a partir de la protección de intereses corporativos. Ahí están los antecedentes de Ronald Reagan, George W. Bush, Vicente Fox y Silvio Berlusconi.

MILITANCIA: VOLUNTAD EXTERNADA

ISSA LUNA PLA

Indudablemente hemos avanzado pasos cruciales hacia el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho político electoral. Y sin duda han influido tanto el Instituto Federal Electoral, como el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. La apertura va de la mano con la rendición de cuentas y la fiscalización. Pero también con el secreto y las reformas contra la transparencia.
La obligación de transparentar los padrones de militantes de los partidos políticos es un logro de la autoridad electoral, el IFE, aprobado dentro del Reglamento del propio Instituto en materia de transparencia y acceso a la información del año 2008. Curiosamente, esta obligación encabeza la lista de todas las obligaciones de los partidos políticos a la transparencia.
En los últimos tres años hemos aprendido mucho sobre el estado que guardan estos padrones. El primer hallazgo es que los partidos no mantienen en orden la información de sus militantes, no consideraban la sistematización, y tampoco la actualización de los datos. De hecho, se sabe poco sobre cómo realmente recolectan esa información y del consentimiento expreso de los interesados. Hay que reconocer que la legislación de los datos personales en México es bastante reciente, y las exigencias impuestas también.
En la lógica de este problema, se pudo saber de la complejidad de cumplir con la obligación de transparencia prevista. Hasta ahora, ninguno de los partidos políticos ha cumplido con esta obligación; esto tiene una explicación y ha derivado en acciones concretas por parte de la autoridad electoral y del Tribunal.
En el 2010 el IFE anticipó el problema e introdujo mediante acuerdo del Consejo General los lineamientos para “depurar” los padrones electorales e iniciar con las acciones básicas para mantener estos datos en orden. Las resistencias con que el Instituto se ha encontrado no son solamente por cuestiones prácticas, como una falta de recursos o un problema de archivo. Aprendimos que existen intereses políticos para que esos padrones se desordenen, se revuelvan, se extravíen, aparezcan y se dupliquen.
Esa misma lógica impulsó modificar el reglamento del IFE en materia de transparencia y acceso a la información en junio del 2011 para establecer en su artículo 66 como información confidencial “la que contenga datos personales de los afiliados o militantes, dirigentes, precandiddatos y candidatos a cargos de elección popular de carácter federal”. Esto se afianzó desde los Lineamientos en materia de información pública, clasificación y desclasificación, y de datos personales para partidos políticos que son del 2009.
En el mes de noviembre de 2011, por acuerdo del Consejo General del IFE CG378/2011 se aprobaron por votación unánime los Lineamientos para la Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos. Esto significa que una Dirección del IFE revisará los padrones para encontrar los militantes duplicados, eliminar los datos de los difuntos y de los que no tiene derecho a votar de acuerdo a la ley y la Constitución, y las bajas que hay dentro del padrón electoral. El objetivo final es crear un registro de afiliados controlado y sistematizado con el apoyo del IFE.
El IFE reconoce que hace falta desarrollar la normativa para garantizar el derecho de las personas a sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales; así como la creación de un sistema de datos personales de los afiliados a los partidos políticos.
En la práctica, la función del IFE en estos Lineamientos no gustará a los partidos y, como parece que ya lo ha hecho el Partido Verde Ecologista según la columna en La Silla Rota de Lilia Saúl, impugnará los lineamientos ante el Tribunal. El tema no es nuevo para este Tribunal.
En 2008, el Tribunal estableció un criterio un tanto ambiguo pero sobresaliente. Aclaró que los padrones de militantes son datos personales, pero no deben ser considerados como información confidencial en los términos de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública.
En seguida, detalló que la preferencia política no es en sí un dato personal, porque: “a partir del momento en que un ciudadano se afilia formalmente a determinado partido político, que constituye una entidad de interés público, la militancia de éste y, por ende, la ideología política que ello supone, se traslada de lo privado a lo público, como consecuencia de su voluntad externada de querer pertenecer a una entidad de interés público.”[1]
Así que la afiliación a un partido, por ser éste una entidad de interés público, constituye un acto público que por su naturaleza debe conocerse. El Tribunal reconoció en concreto un beneficio democrático en la publicidad de los padrones de militantes. Se trata de un beneficio para el militante y para la sociedad en general, ya que con ello es “posible identificar casos de doble afiliación o transfuguismo político, de tal suerte que, debe garantizarse la transparencia de los partidos políticos en un aspecto medular como es su militancia.”[2]
El Tribunal consideró la difusión del padrón de militantes como un acto absolutamente legal y éstos deben difundirse en el portal de internet del Instituto sin ser violada la vida privada de los militantes.
Son evidentes las tensiones entre la obligación de transparentar los padrones, y la intensión de considerarlos como confidenciales y obstruir su acceso. Pero en México ya tenemos un marco jurídico para proteger el adecuado manejo de los datos personales y, sobre todo, tenemos un criterio justo sobre el interés público de conocer (tanto la autoridad como la sociedad) la conformación de los padrones de militantes.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, EXPEDIENTE: SUP-RAP- 137/2008

[2] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, EXPEDIENTE: SUP-RAP- 137/2008

EL DUOPOLIO VUELVE AL ATAQUE

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

A raíz de la aprobación del Catálogo de Medios que participará en la cobertura del proceso electoral federal 2011-2012, así como de los procesos electorales locales coincidentes, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) desató una nueva ofensiva contra la reforma electoral del 2007-2008, ahora centrada en los dos consejeros del Consejo General del Instituto Federal Electoral –Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños– que con su voto favorable aprobaron dicho acuerdo.
Como ha sucedido desde septiembre de 2007, cuando la reforma constitucional empezó a discutirse en la Cámara de Senadores, los concesionarios de radio y televisión utilizan todos los recursos a su alcance para bloquearla: primero, para intentar impedir su aprobación en el Congreso de la Unión; y después, para obstaculizar su adecuada implantación y, a través de ello, construir argumentos para la marcha atrás de la misma.
En realidad los concesionarios defienden privilegios extralegales que detentaron hasta antes de la reforma y que se traducen en poder, dinero y margen de maniobra. Previamente a la reforma los concesionarios difícilmente cumplían con los tiempos fiscales y de Estado señalados en la ley y los decretos correspondientes, mucho menos con los horarios de transmisión; a partir de la misma, durante los procesos electorales se ven obligados a cumplir con la transmisión de los 48 minutos diarios en el horario de 6 de la mañana a 12 de la noche.
Sin embargo, durante los procesos electorales estatales de 2008, 2009 y 2010 y el federal de 2009, lograron que el Comité de Radio y Televisión del IFE les reconociera su supuesta imposibilidad para bloquear la señal en las denominadas estaciones repetidoras y, por lo mismo, los exentara de cumplir con la totalidad de los tiempos en los términos señalados en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esto cambió para el proceso electoral de Coahuila, en 2011, y provocó que los concesionarios interpusieran un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, el 24 de diciembre del 2010, resolvió unánimemente que “la obligación de poner a disposición de la autoridad electoral federal tiempo del Estado, se actualiza respecto de cada emisora, independientemente de la forma en que operen, ya que la expresión ‘en cada estación de radio y televisión’, como se apuntó, deja en claro que no hay exclusión por cuestiones que incumban a la clase de concesión o permiso, al carácter de la estación, tipo de programación o capacidad técnica de bloqueo, como se aduce por las apelantes”.
Aun así los concesionarios mantuvieron su lucha y esperaban que el nuevo catálogo reconociera la supuesta incapacidad técnica de bloquear la señal en alrededor de 170 estaciones de televisión, repetidoras de las llamadas cadenas nacionales de Televisa y TV Azteca, con lo cual se les eximiría de la obligación de transmitir las precampañas y campañas de las 15 (o al menos de 13) entidades federativas con procesos electorales coincidentes.
La disputa se da por las siguientes razones: uno, ni en la ley ni en los títulos de concesión están reconocidas las llamadas cadenas nacionales, sino que se extienden para una cobertura territorial específica y, en la mayoría de los casos, a empresas con diferentes razones sociales, que formalizan convenios de retransmisión de una señal generada en la concesionaria ubicada en el Distrito Federal; dos, los monitoreos realizados por las diferentes autoridades (Secretaría de Gobernación e IFE) muestran claramente que los concesionarios locales (fuera del DF) realizan bloqueos de la señal nacional durante los bloques comerciales para transmitir anuncios locales, pero alegan que no lo pueden hacer en el caso de los tiempos de Estado; tres, el no realizar dichos bloqueos durante los procesos electorales no coincidentes les permite a las televisoras comercializar el llamado tiempo de Estado que debería corresponder a los partidos políticos y las autoridades electorales estatales, que son al menos 12 minutos diarios durante las precampañas y 18 durante las campañas; cuatro, durante estos mismos procesos electorales estatales además se sigue transmitiendo la propaganda de los gobiernos federal, del Distrito Federal y del Estado de México (que también se incluye en las señales que se originan en el DF) durante las campañas electorales, lo cual está prohibido en la Constitución; cinco, en los procesos estatales coincidentes con los federales, como es el presente caso, en todo el país se tiene que ver la publicidad correspondiente a los procesos locales del Distrito Federal y el Estado de México, que se incluye en las señales que se generan en la capital; y seis, en este caso también se genera iniquidad en los otros procesos locales, pues 70% del tiempo que se distribuye proporcionalmente con el porcentaje de votación electoral se hace de acuerdo a lo federal y al resultado de los últimos procesos electorales en el DF y el Estado de México.
Así, el eximir de la obligación de bloquear la señal nacional permite particularmente a Televisa y TV Azteca obtener cuantiosas ganancias económicas, particularmente por lo señalado en la razón número tres. Pero no sólo eso, sino que les deja a ellos el poder de manejar a su antojo las concesiones; y, vinculado con este poder, está su margen de maniobra para decidir (discrecional y arbitrariamente) qué publicidad política transmiten en sus repetidoras y, por ende, venderles el favor a los actores políticos beneficiados.
En un desplegado publicado el lunes 28 de noviembre en el periódico El Universal, la CIRT nuevamente acusó al IFE de atentar contra la certeza del proceso electoral federal al “cambiar reglas de último minuto” y culpó de ello a los dos consejeros que con su voto favorable aprobaron el Catálogo de Medios 2012 el pasado 12 de noviembre.
Los concesionarios ya recurrieron el acuerdo ante el Tribunal, y por los antecedentes, particularmente el caso ya señalado, la Sala Superior debe confirmar la decisión del Comité y, por lo tanto, obligar a las “cadenas nacionales de televisión” a bloquear sus señales para transmitir únicamente la publicidad correspondiente a los procesos electorales que se celebren en cada entidad.
Sin embargo, como es evidente por la resistencia asumida desde septiembre del 2007, el asunto es muy importante para el duopolio televisivo, por lo cual es de esperarse que intensifique las presiones para tratar de modificar el sentido del voto de algunos magistrados electorales. El duopolio sabe que durante el proceso electoral presidencial es cuando más crece su poder, y eso lo harán valer al máximo para mantener o acrecentar sus privilegios, como ya lo hicieron en el proceso electoral 2005-2006 para sacar adelante la llamada Ley Televisa.

lunes, 5 de diciembre de 2011

30 AÑOS DEL VIH-SIDA, LA LUCHA DEL CIENI

JAVIER CORRAL JURADO

El pasado primero de diciembre se conmemoraron 30 años de la lucha contra el VIH-SIDA, la terrible pandemia que cada año acaba con la vida de millones de personas en el mundo, y que, en el caso del Estado de Chihuahua se presenta como un grave problema de salud pública, por la mayúscula incidencia de infecciones y muertes. Por la posición geográfica en la que se encuentra nuestra entidad, su condición fronteriza, la migración constante, así como la situación de violencia e inseguridad, han hecho que la estadística de propagación del virus se incremente año con año en Chihuahua, a diferencia de otras latitudes donde se reduce el número.
Convencido de que la batalla contra el SIDA entraña retos fenomenales en términos culturales, políticos, gubernamentales y sociales, desde hace varios años me he dado a la tarea de procurar desde el presupuesto público, sea o no legislador, mayores fondos para la investigación, y el tratamiento de los enfermos. Y he centrado ese empeño en fortalecer al Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CIENI), que depende del INER.
El permanente batallar con la burocracia de la Secretaría de Hacienda, me confirma en una idea: el reto para la política gubernamental en la lucha contra el SIDA, más que presupuestal, es cultural; mientras no se sacudan viejas rémoras conservadoras y prejuicios por la connotación sexual que tiene la enfermedad, estaremos muy lejos de lograr el triple objetivo que se ha impuesto el movimiento de solidaridad internacional en esta lucha: cero infecciones, cero muertes, cero discriminación. Por eso se le regatean tantos recursos al CIENI, que con auténtica pasión de servicio y humanismo solidario fundó en 2004 y lo ha encabezado desde entonces, el Dr. Gustavo Reyes Terán. Esta institución, no hay duda, es el logro más emblemático del esfuerzo mexicano por erradicar la enfermedad.
Luc Montagnier, uno de los tres científicos que recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2008 por el descubrimiento del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, dijo en su conferencia en Estocolmo, Suecia: Mientras se encuentra una vacuna exitosa “será esencial hacer accesible el uso de fármacos antirretrovirales para todos los pacientes que son candidatos para ello. Esto implica no sólo un esfuerzo internacional para bajar el precio de estas medicinas, lo cual ya se ha logrado en parte, sino también un esfuerzo equiparable para crear instituciones médicas con doctores capacitados y centros de investigación en países en vías de desarrollo”. Eso es el CIENI en México y cada año, el aquelarre por los recursos es brutal y cuando parece que ya hemos conseguido el pequeño aumento, duendes de última hora, cercenan los recursos. El presidente Felipe Calderón debe saber que, una vez más, se le han regateado los recursos al CIENI para la ampliación y equipamiento del Pabellón 13. Nos hemos puesto de acuerdo varios, para no permitirlo, y estamos dispuestos a pintarnos de apaches para que se le reintegre la asignación original.
Es que la lucha contra el SIDA en nuestro país, ha sido cuesta arriba. Recientemente se ha publicado un libro coordinado por la Dra. María Candela Iglesias Chiesa que reúne diversos artículos que dan cuenta del arduo caminar. Tuve el honor de que el equipo del CIENI y la Fundación México Vivo, me invitaran a presentarlo y comentarlo. Hay contribuciones de activistas, periodistas, investigadores sociales y por supuesto médicos. El libro se puede consultar en mi página www.javiercorral.org y me parece estratégico difundirlo lo más ampliamente posible. He solicitado al Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, promover una edición económica de cientos de miles de ejemplares y distribuirlo en todas las escuelas secundarias del país, porque un factor esencial en esta batalla es la información, ésta es y será un elemento clave para evitar desgracias. No se gana nada con ocultar a los niños estos temas, por el contrario, la información debe llegarles a tiempo pues la educación es la gran aliada para enfrentar el problema.
En ese compendio se documenta lo que podríamos catalogar como dramático. Samuel Ponce de León describe cómo en los inicios de la epidemia, en los años 80, en el país no podía aceptarse que la enfermedad se tratara de aquella que en Estados Unidos se había identificado por afectar a hombres homosexuales.
El conservadurismo hizo que se negaran las coincidencias del complejo sindromático reportado en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, con el encontrado en México. En un primer momento se estableció que podía ser el Citomegalovirus, pero el tiempo y el creciente número de enfermos indicaban que se trataba de la misma enfermedad.
“Había médicos que se negaban a atender a los enfermos, el personal de hospitales amenazaba con parar los servicios, los enfermos no eran admitidos en los departamentos de urgencias, y se complicaba incluso su transporte en ambulancia o en camilla”, menciona el Dr. Ponce. Y aunque hoy en día se ha superado en muchos sectores este estigma, el artículo Comportamientos sociales de Rubén Antonio Valdéz y Felipe Varela, alerta sobre reminiscencias vivas y latentes al día de hoy.
Lo anterior se confirma con los fragmentos de un testimonio de una vida con VIH, crudo relato que presenta Charlie Cordero de la Fundación México Vivo. Esta Fundación es la representante en este texto de la sociedad civil, de muchos que luchan por el reconocimiento de un derecho que tendría que otorgárseles sin batallas, el derecho a la salud es universal y no debe pedir requisitos o condiciones de ninguna índole.
Fundamental, también, resulta la lectura del artículo El tratamiento antirretroviral (TAR), del Dr. Reyes Terán. En este espacio no sólo se habla del desarrollo del tratamiento médico, sino que, tristemente, evidencia cómo en el año de 1996 México tuvo la oportunidad de ser el primer país en vías de desarrollo para administrar el TAR de forma inmediata en pacientes.
Desgraciadamente no hubo voluntad política para implementar esta política médica cuyos resultados exitosos con la combinación de tres fármacos ya habían sido presentados en el Congreso Internacional de Vancouver. Fue hasta 2003 que el TAR se ofreció a quienes tenían seguridad social. En contraste, Brasil aplicó desde 1996 esta medida de forma gratuita; desde el año 2000 la tasa de mortalidad por SIDA en este país se mantiene estable en seis muertes por cada 100 mil habitantes. La tasa de mortalidad en México no ha disminuido al ritmo carioca.
Entonces el Dr. Terán se pregunta: ¿Por qué en México no se ha observado la disminución de la mortalidad por SIDA con el acceso universal al TAR? La primera respuesta se da en el ámbito de la investigación y la ausencia de un sistema de datos que cuantifiquen los factores que determinan un desenlace fatal.
La segunda respuesta la da señalando a la administración pública: No existe “un verdadero sistema eficiente de regulación y rendición de cuentas del uso del TAR en cada una de las entidades federativas y en cada uno de los sistemas de atención”. Valdéz y Varela también mencionan que es difícil acceder al detalle de la aplicación del presupuesto para la lucha contra el SIDA.
Reyes Terán afirma: “Es importante reconocer hoy, a treinta años del SIDA y a quince de la identificación del TAR, que en ocho años del establecimiento del programa de acceso universal a los antirretrovirales en México, el acceso a los costosos fármacos es insuficiente. Las estimaciones oficiales de 2010 indican que 225 mil personas en México viven con VIH. Si se presupone que la mayoría de ellas podrían requerir el TAR, se requeriría un incremento de cuatro a cinco veces el presupuesto asignado actualmente para cubrir la demanda. Y si en México ocurre, como se ha mostrado en otros países, que por cada paciente que inicia el TAR, hay dos o más personas que se infectan por el virus, el costo de la atención y del tratamiento antirretroviral se incrementarán terriblemente”.
El 21 de noviembre el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en voz de Michel Sidibé, ha declarado que por primera vez se llegará a la conmemoración de Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con resultados destacables, las muertes han caído a los más bajos niveles desde el punto álgido de la epidemia y las nuevas infecciones fueron reducidas en un 21 por ciento desde 1997, pero no hay que confiarse, no hay que bajar la guardia.
Este es un indicador que no nos debe asentar en la indiferencia o la comodidad, hoy se necesita el compromiso y el involucramiento de diversos sectores en el gobierno para enfrentar con acciones este terrible problema de salud pública, cada legislador debería analizarlo.

EL REGRESO DEL PASADO

ARNALDO CÓRDOVA

El acto partidista en el que Enrique Peña Nieto registró su precandidatura rumbo a la elección presidencial del próximo año sugirió a la gran mayoría de quienes hicieron la crónica del evento la imagen del regreso del viejo dinosaurio priísta, con sus aditamentos infaltables como el acarreo (se pudieron distinguir, en particular, los contingentes mexiquenses y veracruzanos), las tortas, los refrescos y las matracas. Al día siguiente, el propio Peña Nieto quiso aclarar que todo ello era falso y que las viejas prácticas de su partido no se dieron. Acusó a la oposición de estar, con eso mismo, cuestionando la democracia de México.
Al futuro candidato priísta no se le dan las luces. Para él, a lo que parece, la democracia se da, justamente, con el acarreo y el reparto de tortas; por lo demás, resulta curioso que hable de oposición para referirse a sus contrincantes, seguramente pensando en que ya tiene el poder en la mano o que, en todo caso, él forma parte del poder real y los otros están fuera. El dice que la actitud de esa oposición no le extraña. A “la oposición –dijo– le ha dado por hablar, señalar y criticar mucho últimamente al PRI, seguramente porque algo ha de preocuparles [sic]” (Reforma, 29.11.2011).
La vuelta al pasado a los priístas se les da como fruto de su formación política y de su horizonte ideológico. El acarreo de mexiquenses y veracruzanos no pudo ocultar que esa vuelta al pasado, por más que ellos se esfuercen, tendrá que ser otra cosa, inédita para ellos porque, pese a que es su tendencia natural, ya no tienen la fuerza de otros días. Fue claro que los sectores, cuyas masas enmarcaban antes el lanzamiento de sus candidatos presidenciales, ahora estuvieron ausentes y sólo algunos de sus líderes se hicieron presentes en la verbena. Eso hace más vistoso todavía el acarreo.
Ya veremos cómo en el futuro la historia tenderá a repetirse hasta el final. Sólo veremos acarreos y menguados sustitutos de las viejas movilizaciones corporativistas. Tal vez Peña Nieto es consciente de eso. Y por ello su afán de presentarse como un prospecto de nuevo cuño, cosa que le falla continuamente porque, por su modo de pujar en la contienda por el poder, se revela siempre como el priísta tradicional que es y que no puede ser de otra forma. Una oposición unificada lo aterroriza, de ahí su afán por imponer coaliciones con las que los priístas se sienten inconformes.
El discurso de Peña Nieto en el acto fue típico de él, emblemático. Totalmente vacío de contenido, acartonado y de muy pobre oratoria. En las seis cuartillas que leyó no enunció ni una sola idea programática (se remitió a un documento que anteriormente había presentado a la Fundación Colosio) ni tampoco una definición clara de lo que será su campaña. Abundante, desde luego, en consignas partidistas (“… el mejor partido de México: el Partido Revolucionario Institucional”; “… el PRI está más vivo que nunca”; el PRI es un partido plural y diverso; hoy el PRI es un partido que participa en democracia de forma responsable; somos un partido preparado para competir y ganar en la democracia, y así por el estilo).
Enunció, eso sí, tres compromisos que no son otra cosa que fórmulas vacuas y melladas. Primero cuidaré en todo momento la unidad de nuestro partido; mi segundo compromiso es privilegiar las ideas, propuestas y compromisos. No caeremos en las provocaciones de nuestros opositores; mi tercer compromiso es hacer que las causas de México sean las causas del PRI. La unidad del partido se ve como la que se da en torno suyo; saludó la decisión de Beltrones, pero éste no se presentó al acto. Él sólo va a privilegiar las ideas que se acomoden a sus intereses, lo que no es censurable, pero se da en clave antioposicionista. El último es tan vago que casi no tiene sentido.
Peña Nieto apuesta todas sus cartas, al parecer, a una idea que tiene varios componentes: por un lado, parte del hecho de que los gobiernos panistas (nunca hace referencias puntuales, pero está claro que no se refiere a los pasados priístas) han fracasado en toda la línea como opción de gobierno y que ya no tienen nada que ofrecer. Por otro lado, sugiere que a esa opción naufragada debe corresponder otra en el espectro de la política mexicana que no puede ser el extremismo y la demagogia de la izquierda. Queda sólo la opción que representa el PRI. Por supuesto que nunca es autocrítico y no ve defecto alguno en el desempeño de los gobiernos priístas (en este sentido su referente no son los pasados regímenes presidenciales, sino los gobiernos de los estados).
Ello no obstante, el próximo candidato priísta sabe muy bien, aunque nunca lo confiese en público, que su camino hacia la Presidencia de la República está sembrado de peligros que lo podrían llevar a la derrota. Desde luego, tales peligros no pueden provenir del panismo, con el cual él sabe que a final de cuentas se va a entender (eso debe haberlo aprendido de Salinas, que muchos piensan que está detrás de él). Ya hizo decir, si bien lleno de chocarrería, al presidente del PRI, Humberto Moreira, que el verdadero contrincante al que los priístas se van a enfrentar es López Obrador.
Que con los panistas tarde o temprano se van a entender lo demuestra el hecho de que horas después de su registro los diputados priístas anunciaron que en esta misma semana harían todo lo posible por sacar avante la iniciativa de ley sobre las asociaciones público privadas que Calderón presentó el 10 de noviembre de 2009 y que en su momento fue discutida y puesta en entredicho. Se trata de un proyecto panista, pero también de un proyecto que Peña Nieto ha acogido con entusiasmo, como el conducto adecuado para entregar al sector privado el desarrollo de la obra pública, en particular, de la industria petrolera, sobre lo que el priísta ya se ha declarado.
En su reciente libro, México. La gran esperanza, Peña propone la idea de la que ha hecho su emblema y que como subtítulo formula así: Un Estado eficaz para una democracia de resultados. Para él, esa transición que se anunciaba con la llegada de los panistas a Los Pinos ha sido una transición incompleta y, como prueba, ofrece el hecho de que las llamadas reformas estructurales no se han podido realizar por la ineficacia de los gobiernos blanquiazules. No discute para nada el hecho de que en los mismos rubros los últimos tres gobiernos priístas (1982-2000) fueron de fracaso en fracaso y de que, incluso lo que consideraron como grandes expectativas de desarrollo, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, fallaron de igual o peor manera.
El hecho de que Peña Nieto pregone que, gracias al gobierno del PRI, México logró sus grandes transformaciones en el siglo XX y éstas dejaron de darse con los gobiernos panistas y pese a que también repite, una y otra vez, que hay que buscar nuevos métodos y nuevas políticas, al final lo que muestra es una clara tendencia a negar el poco o mucho desarrollo democrático del país. La democracia, para él, es en gran parte responsable de los fracasos de gobierno. Por lo mismo, también, desea un Estado dotado de la capacidad de gobierno, lo que implicará (lo ha dicho muchas veces) acotar y restringir el juego democrático. Eso es una vuelta al pasado, por mucho que la adorne y la reformule.

POR UNA POLÍTICA DE LA EXIGENCIA

ROLANDO CORDERA CAMPOS

La necesidad de cambiar no debería servir para olvidar que llevamos más de veinte años de promesas de cambio: en la economía o la política, y hasta en la forma de ser y hacer las cosas. Es claro que debe darse un golpe de timón a la escorada nave nacional, pero también lo es que un cambio más sin adjetivos nos puede salir más caro que la democracia fofa, banal, que nos arrojó la alternancia. Junto con un gobierno sin objetivos, lo que hemos tenido es una sistema político sin anclas firmes con la sociedad que lo hace posible y sin capacidad para ampliar y profundizar el espacio público, que es donde se da la deliberación que es indispensable para tener un gobierno basado en la discusión, como los clásicos imaginaron a la democracia que nacía.
El “arrancan” se dio de modo virtual, porque los vericuetos de la ley y los que sus intérpretes han decidido adjudicarle llenaron de bruma la pista; pero arrancaron ya y con fuerza los del PRI y los de la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador, mientras los panistas deshojan la margarita y prefieren esperar. La expectativa de la política nutre la política de las expectativas y en buena hora, pero es indispensable hacer campo a la memoria y no dar rienda suelta al entusiasmo sin condiciones.
Lo que se necesita más bien es un interés ciudadano sustentado en la curiosidad a la vez que en la memoria, que se traduzca en la exigencia de claridad en el mensaje y el máximo de precisión en la propuesta o el programa. Sin estos atributos elementales, la sociedad asistirá desarmada al torneo de ingenios, malos y buenos, que desde la impunidad decidan facturar los cuarteles generales de los políticos y sus creativos quienes, como recordamos muchos, pueden llenar de veneno el ambiente electoral con genialidades ofensivas como aquella de que AMLO “era un peligro para México”.
No podemos pedir que no se repita la guerra sucia del espot o la malevolencia importada, como en la que cayeron los panistas en 2006. Sí podríamos exigir a los abanderados de los partidos que asuman que los espots, como estrategia de saturación, ofende, y que lo que requerimos son ideas y, si se arriesgan, propuestas sobre lo importante y lo urgente, más que sobre lo que se les ocurra a los improvisados bien pagados que sueñan con manipular la opinión de la gente y apoderarse de la mente del que paga.
Precisión, pero sobre todo claridad y compromiso, es el llamado de la hora. Estas tres virtudes que demandamos de la política y de los políticos deberían articularse por la urgencia de asumir y superar los extremos de desigualdad y pobreza que hoy nos caracterizan como sociedad. Esta sería una condición obligada para encarar y disolver las cumbres de violencia y abuso que se han apoderado del imaginario colectivo y sus conjeturas, y que amenazan con despojar al Estado de los mínimos de credibilidad indispensables para sustentar una legitimidad que ha perdido la memoria de su historia, sin agenciarse de la eficacia necesaria para acompañar una creíble convocatoria de refundación.
De aquí la orfandad política del Estado y la dificultad mayor de los políticos gobernantes y de quienes aspiran a sucederlos, para combinar con eficiencia histórica poder y derecho.
Perdidos en la transición quedamos, cuando un clown mal hecho la convirtió en alternancia. Hoy tenemos que admitir, además, que la gran aventura de la globalización neoliberal tampoco nos liberó de la estrecha y unilateral dependencia externa ni sentó las bases de una sostenida superación de la pobreza y la injusticia social.
Es frente a este cuadrante de ominosa soledad que los aspirantes a gobernar deben definirse y asumir con claridad que de lo que se trata es del gobierno de la gente y no de las cosas. Que los estados tienen que administrar dilemas y no sólo recursos.
El show ha empezado y debemos empeñarnos en que siga. Pero con adjetivos para el desarrollo, reclamos a la democracia y exigencias ciudadanas. Entonces veremos si la política todavía puede desplegar visiones de futuro y cumplir sus promesas de civilidad y diálogo.
Desde esta esquina me uno con entusiasmo al homenaje de la FIL a nuestro querido Chema

sábado, 3 de diciembre de 2011

FIN DE SEXENIO

CARMEN ARISTEGUI

La complejidad de la problemática nacional ha generado fenómenos contradictorios y a cual más interesantes. El primero, procedente de la clase política, que intenta adelgazar el discurso, endulzarlo y, por momentos, infantilizarlo.
Andrés Manuel López Obrador, rodeado ahora de algunos empresarios que antes lo detestaban y combatían, ha comprado la idea de que debe cambiar su discurso para poder competir en la contienda presidencial. Los negativos de su imagen lo han llevado a simplificar y a trasmutar un discurso de confrontación y crítica ácida a un tono conciliador, casi pastoral y, por momentos, cursi, como la propuesta de construir una República del Amor. Seguramente el cambio le traerá réditos electorales, pero reducirá el espectro del ejercicio crítico tan necesario en el debate nacional.
Las campañas electorales, ya se sabe, buscan posicionar candidatos con frases cortas, efectistas, que toquen alguna fibra sensible del electorado pero no por ello debemos aceptarlas como sustituto de los debates. "No voten por el guapo", dice Ernesto Cordero, como si fuera casi una elaboración ideológica, en clara alusión al candidato único tricolor.
Peña Nieto, por su parte, carga con un compendio de frases hechas y lugares comunes que suenan a viejo PRI.
En el extremo de la reducción discursiva está el gobierno federal. Ha lanzado una campaña de comunicación basada, no en una rendición de cuentas, en una exposición de motivos o, por lo menos, en una frase bien hecha, sino en la manifestación más básica que se les ocurrió: un silbidito.
Un silbidito con el que se pretende dejar en la mente una imagen suave, amable y contagiosa. "Tu buena vibra se contagia", dice el eslogan oficial.
Tranquilos todos. Aquí no pasa nada. Calma y sílbense una tonada. El lenguaje oficial reducido, hoy, a su mínima expresión.
A contrapelo de estos intentos de la comunicación social, se da otro fenómeno que corre a cargo de la sociedad: el paso adelante. Veintitrés mil firmas suscribieron, al momento de ser presentado en La Haya, el documento redactado por el joven abogado Netzaí Sandoval, cuyo propósito es llamar la atención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que analice la actual situación en México. No es estrictamente una demanda, sino la solicitud de que esta Corte analice -con 470 casos expuestos como referencias- los crímenes que han sido cometidos en nuestro país, que han quedado impunes y en los que han participado tanto autoridades como criminales. Los saldos espeluznantes están a la vista: los 50 mil muertos en lo que va del sexenio, miles de desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros, etcétera. Independientemente de las valoraciones jurídicas que se puedan tener sobre el contenido del documento y la viabilidad de que la Corte Penal lo analice y lo traduzca en eventuales causas penales, a esas miles de personas les asiste, por supuesto, el derecho a recurrir ante cuanto tribunal nacional o internacional les parezca para promover acciones que permitan que la barbarie, que hemos vivido en estos años, sea procesada por las instancias de justicia existentes. La respuesta presidencial fue intolerante, torpe y preocupante. Amenazar con acciones legales a quienes acuden a tribunales para intentar procesar sus demandas es, por decir lo menos, un despropósito.
El juicio al gobierno de Felipe Calderón será inevitable. No necesariamente se dará en tribunales, pero algunos ya exploran esa vía. Además del documento en La Haya, ha empezado a circular el libro de Julio Scherer Ibarra El dolor de los Inocentes (Grijalbo.)
Ahí se lee: "... las autoridades han hablado en innumerables ocasiones de 'daños colaterales', pero nunca han afrontado la pregunta más urgente: ¿quién debe responder por las muertes de esos inocentes?".
Scherer: "aborda los fundamentos jurídicos y políticos del Estado como garante de la seguridad y el orden para establecer hasta dónde han fallado las directivas del combate al narcotráfico. Al optar por un enfrentamiento bélico, más allá de las atribuciones reales que la Constitución le brinda al Ejecutivo... y en detrimento de otras posibles soluciones como la suspensión de garantías en ciertas partes del territorio nacional, la violencia se exacerbó y terminó con las vidas de miles de inocentes. ¿Habrá manera de llamar a cuentas a aquellos que han engendrado tanto dolor?".
La pregunta está abierta. Con la tensión del juego electoral y en el marco de un fin de sexenio que ya comenzó.

EL MERCADO DE LAS IDEAS

ANA LAURA MAGALONI

¿Hasta qué punto las opiniones e ideas que externamos en la prensa pueden ser castigadas por los jueces? La Primera Sala de la Corte dio respuesta a esta interrogante a través de la resolución del largo litigio entre La Jornada y Letras Libres.
Los hechos del caso son conocidos: La Jornada demanda a Letras Libres una indemnización por el daño causado por un artículo publicado en esa revista en 2004, en el cual un columnista, de nombre
Fernando García Ramírez, argumenta que La Jornada mantiene una relación de complicidad con la banda terrorista ETA. Al final, por una votación de cuatro contra uno (Ortiz Mayagoita votó en contra), la Corte falló a favor de Letras Libres.
La decisión de la Primera Sala marca un precedente clave para entender el alcance del derecho constitucional a la libre expresión tratándose del debate mediático en asuntos de interés público. Lo que la Corte dijo, por tanto, no sólo afecta a La Jornada y a Letras Libres, sino a todos los que escribimos y expresamos ideas a través de los medios de comunicación. En ello radica su relevancia.
El proyecto de sentencia lo elaboró el ministro Arturo Zaldívar. La arquitectura argumental de dicho proyecto tiene un rigor analítico poco común en nuestro máximo tribunal. Creo, de verdad, que estamos ante una de las mejores sentencias, en términos argumentativos, que ha emitido la Suprema Corte.
La sentencia parte de que el caso plantea una coalición de derechos. Por un lado, las personas morales, en este caso La Jornada, son titulares del derecho al honor, que se traduce en un derecho que protege su "buena reputación". Por otra parte, los columnistas, como García Ramírez, tienen el derecho a la libre expresión, el cual protege las ideas y opiniones que publiquen o externen en los medios de comunicación. Este derecho a la libre expresión, según la Corte, debe diferenciarse del derecho a la información, el cual se refiere a la difusión de hechos que son considerados "noticias". Si bien las opiniones casi siempre tienen narraciones de hechos, lo cierto es que una columna, como la que fue objeto de la litis, es principalmente un texto argumentativo que busca persuadir al lector de una idea. Por tanto, el problema que tiene enfrente la Corte es un conflicto entre dos derechos: el honor vs. la libertad de expresión.
¿Por qué debe tener una posición preferencial la libertad de expresión frente al derecho al honor tratándose de las opiniones expresadas a través de los medios de comunicación? Principalmente porque la otra alternativa es terrorífica: tener a jueces que califiquen y sancionen las ideas, opiniones y posiciones que se externan a través de los medios es inhibir la discusión colectiva sobre cuestiones de interés público. Textualmente la sentencia señala: "sin importar lo perniciosa que pueda parecer una opinión, su valor constitucional no puede depender de la conciencia de los jueces y los tribunales, sino de su competencia con otras ideas en lo que se ha denominado el 'mercado de las ideas', pues es esta competencia la que genera el debate público". En este sentido, señala la Corte, "la libertad de expresión comprende la libertad de errar, combatiendo con ello el dogmatismo que evidencia una mentalidad totalitaria". En temas de interés público, el debate debe ser "desinhibido, robusto y abierto", por tanto, no sólo están protegidas por la Constitución las ideas que son recibidas favorablemente sino también aquellas que son mal recibidas por sus destinatarios. Ello es propio de una "sociedad plural, tolerante y abierta". Pero, inclusive, la sentencia va más lejos: "está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que pueden ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa".
Los límites constitucionales de la libertad de expresión, tratándose de las ideas u opiniones externadas a través de los medios de comunicación, son excepcionales. Según la Corte, la Constitución no protege "el insulto ni la injuria". No valen, por tanto, "expresiones ultrajantes, que conlleven un menosprecio a la persona o una vejación injustificada". ¿Qué exactamente significan estos atributos? Ello, esperemos, sea materia de otros litigios. Sin embargo, lo que parece sugerir la sentencia de la Corte es que una cosa son las ideas y opiniones y otra son las descalificaciones personales. La línea divisoria es sutil, pero es relevante que los ministros puedan trazarla a través casos subsiguientes que aborden esta cuestión.
Por lo pronto, la Corte ha mandado una señal clara a los medios de comunicación: los jueces constitucionales no van a colocarse en la posición de censores e inquisidores de las opiniones e ideas expresadas en este ámbito. La pregunta relevante es cómo, a través de ese mercado de las ideas, podemos, en México, elevar la calidad y características del debate mediático en temas de interés público. Ello, me queda claro, no es un asunto que puedan resolver los tribunales. Es una buena noticia que la Corte no haya abierto esa Caja de Pandora.
Tener a jueces que califiquen y sancionen las ideas, opiniones y posiciones que se externan a través de los medios es inhibir la discusión colectiva sobre cuestiones de interés público.

jueves, 1 de diciembre de 2011

UN MUNDO EXTRAÑO: LA LEY

JOSÉ WOLDENBERG

Tenemos relaciones extrañas con la ley. No descubro nada nuevo, pero aún así va la siguiente retahíla.
Hay quienes no entienden que las leyes lo que establecen es un deber ser. La ley dice que no se debe matar, precisamente porque sí se puede matar. Si no se pudiera matar -supongamos que fuéramos inmortales-, no se necesitaría una norma para prohibir y castigar el asesinato. Y lo mismo sucede con todo aquello que usted guste o mande. La ley sanciona la estafa, las golpizas, los robos, porque son posibles. Sin embargo, no es extraño escuchar expresiones de asombro porque no se cumple alguna disposición legal: "¡Qué horror -dice el vecino con razón- ya se estableció que pegarle a las mujeres está prohibido y fíjate cómo Paco le puso el ojo morado a su esposa!". El abismo entre lo que debe ser y lo que realmente sucede es lo que causa el asombro del vecino. Como si la ley fuera la "realidad" o peor aún, como si las conductas no pudiesen alejarse de la norma. Quizá toda la vida en sociedad, desde una perspectiva optimista, sea la del ajuste lento, tortuoso, imposible de cumplir de manera cabal, entre el deber ser que impone la ley y el ser de la cotidianidad.
Pero hay otros. Los que piensan a la ley como una orientación general sin vínculos fuertes. Aquellos que creen que la ley es un marco difuso, quizá deseable, pero que es una posibilidad entre otras. Se puede acatar, pero si se requiere dar un rodeo o peor aún traspasarla impunemente, total, "no pasa nada". La ley en esa perspectiva es un horizonte más, una opción, pero si resulta onerosa bien vale la pena optar por una vía más corta. "Agente, pórtese bien, yo no le hice nada, aquí tiene 500 pesos y seguimos como amigos". Y en efecto, quien se pasó el alto encuentra una vía expedita, eficiente, para pagar su culpa. Todos contentos y la ley en una nube.
¿Y a qué vienen esas necedades pseudodidácticas a estas alturas? Bueno, a que resulta ilustrativo de nuestras relaciones con la ley lo que está sucediendo en materia electoral. O ¿no es curioso que las dos coaliciones que participarán en las próximas elecciones federales hayan decidido ya quién será su candidato presidencial cuando con ello pierden la posibilidad de explotar en radio y televisión los tiempos para las precampañas de sus precandidatos?
Como sabemos, las precampañas deben durar 60 días. Y el artículo 212 del Cofipe establece que en las mismas deben participar precandidatos (así en plural) porque de otra manera no tendrían sentido. Una competencia entre uno, no es competencia. Aunque el tipo viva una profunda esquizofrenia. Eso, como lo recordaba Lorenzo Córdova hace unos días  en "Precandidatos únicos y actos de proselitismo", lo han refrendado distintas sentencias de la Corte y del Tribunal Electoral, estableciendo que es necesario que existan dos o más precandidatos al mismo cargo, para que se dé el presupuesto del artículo 212. Y si no lo hubiesen ya establecido los órganos jurisdiccionales, la buena lógica iría en el mismo sentido. Por ello, en el reglamento de radio y televisión que aprobó el IFE se establece que de no existir esa situación (competencia entre precandidatos) el tiempo de que gozan los partidos en radio y televisión tendrá que ser utilizado para realizar propaganda genérica, no personalizada. (El PRI impugnó ante el Tribunal esa disposición y entonces habrá que esperar...).
Lo que llama la atención (o sería mejor decir, lo que me llama la atención) es que cuando se pactó la ley, con el acuerdo de las bancadas de todos los partidos, se dijo que se buscaba acortar los tiempos de las precampañas y campañas. Quizá fue una pretensión tonta: como ponerle diques enanos a los huracanes, pero en su base estaba un acuerdo político que intentaba fijar plazos y formas para el desarrollo de la competencia. Insisto: a lo mejor desde sus premisas estamos ante un intento vano, pero la legislación fue acordada por todos porque supuestamente a todos obligaba, y todos deseaban cumplirla. ¿Si no -pregunta Simplicio- para qué la aprobaron?
Pero no. Las dos grandes coaliciones que participarán en los próximos comicios ya han decidido -informalmente- quién será su candidato a la Presidencia de la República. Y por ello esa persona no podrá aparecer en la propaganda de los partidos durante los dos meses de precampaña. (Al parecer, la idea de contar con sparrings simbólicos, que en algún momento merodeó en los cuarteles generales de los candidatos, ha sido desechada. Y en buena hora que así sea, porque no parece que el país esté para simulaciones o bufonadas).
Pero lo que ya apareció, y no podía ser de otra manera, es los que culpan a la ley de lo que está sucediendo... como si las conductas no pudieran alejarse de la norma. Lo que pasa es que la disposición aprobada por todos, que supuestamente ordenaba y acortaba los tiempos de campaña, sigue siendo vista como una posibilidad entre otras, como opcional. Es decir, como una llamada a misa. El que quiere va, y el que no, pues no.

EL FUTURO HIPOTECADO

MIGUEL CARBONELL

La prestigiosa organización cívica Mexicanos Primero acaba de dar a conocer su informe sobre la educación en México, correspondiente al año 2011.
Los datos son alarmantes y deberían ser motivo de una inmediata movilización social y política, pues de otro modo nuestro país nunca saldrá adelante. Le estamos hipotecando el futuro a nuestros jóvenes, que muy pronto no tendrán más opciones que dedicarse a la industria maquiladora, permanecer en el desempleo o bien orientarse hacia actividades delictivas e ilegales.
El valioso informe de Mexicanos Primero nos habla de la bajísima tasa de eficiencia terminal en nuestras escuelas. De cada 100 niños que inician la primaria 64 la terminan. De ellos, 60 inician la secundaria, 51 la terminan y solamente 46 se gradúan.
Esto significa que, a la edad de 15 años, 64 de cada 100 jóvenes en México ya están fuera de la escuela. Esa altísima tasa de fracaso implica una sentencia de por vida que condena a nuestros jóvenes a la mediocridad en sus ingresos económicos. Para el conjunto del país además es un riesgo que esos jóvenes puedan caer en las redes del crimen organizado, al no encontrar opciones de desarrollo personal o profesional.
En Finlandia y en Japón 95% de sus jóvenes se gradúan a nivel de bachillerato; también lo hacen 89% de los coreanos, 85% de los polacos y 74% de los brasileños. En México solamente 45% alcanza ese nivel.
Otro dato impresionante que nos ofrece Mexicanos Primero es el del número de horas que efectivamente se trabaja en las escuelas, es decir, las horas durante las que (más allá del calendario oficial), nuestros niños en efecto toman clase.
En Corea el número de horas anuales durante las que los niños de primaria toman clase es de mil 195; en Finlandia es de mil 172; en Francia es de 875. En México apenas es de 562. En algunas entidades federativas, como Oaxaca, la situación es todavía peor. Mexicanos Primero estima que un niño oaxaqueño al terminar la primaria habrá dejado de tomar el equivalente a un año escolar completo por motivo de los paros, los días feriados, las ausencias de los maestros, las reuniones sindicales y muchos otros factores que le impiden tomar clase.
A la vista de lo anterior, los resultados en cuanto a la calidad educativa no deberían sorprendernos: nuestros niños salen muy mal en las evaluaciones que se les aplican, tanto nacionales como internacionales.
En la prueba ENLACE aplicada durante 2011 el 54% de nuestros estudiantes de secundaria reprobaron en matemáticas.
Según la prueba internacional PISA, del año 2009, el 30% de los alumnos de secundaria en Hong Kong tiene nivel de excelencia en matemáticas; ese porcentaje alcanza 25% en Corea y 24% en Suiza. El promedio de estudiantes de excelencia en matemáticas en todos los países de la OCDE es de 12%. En México apenas 0.7% de nuestros alumnos de secundaria alcanza ese nivel. Por cada joven mexicano que es excelente en matemáticas hay 18 coreanos, 25 japoneses y 41 estadounidenses en ese mismo nivel. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros jóvenes puedan competir en un mundo globalizado frente a ese ejército de conocimiento que cuenta con muchas más herramientas para alcanzar un pleno desarrollo académico y profesional?
Hay quien piensa que ese escenario tan tenebroso se arregla sólo invirtiendo más recursos públicos. Ésa es una creencia muy difundida pero falsa. México es el país de la OCDE que mayor porcentaje de su presupuesto dedica a la educación y sus resultados son malísimos. No se trata, por tanto, de arrojar carretadas de dinero. Hay que buscar la solución en otro sitio.
Pero para poder encontrarla es indispensable generar una movilización social que exija un desempeño mucho más alto para los profesores, una mejor organización por parte de las autoridades y una efectiva rendición de cuentas al poderoso sindicato magisterial. No podemos esperar más, ya que los países con los que competimos nos están rebasando a gran velocidad.
Nos tenemos que preguntar si queremos seguir siendo un país mediocre, que ofrece pocas oportunidades a sus jóvenes, o si estamos decididos a dar el salto hacia el futuro, ofreciéndoles una educación de calidad que los capacite para triunfar en el mundo del siglo XXI. Ojalá no tardemos en dar con la respuesta.

PEDIR JUSTICIA NO ES CALUMNIAR

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

En un juicio se podrá uno equivocar en la valoración de las pruebas y por eso las pone en manos del fiscal o del juez, para que las califique, siendo absurdo querer coartar una petición de justicia alegando que es calumnia (además ya se derogó en el Código Penal Federal) como lo ha hecho la Presidencia de la República en lo tocante a la denuncia en la Corte Penal Internacional. Los tribunales funcionan para que a una acción corresponda una reacción, una defensa. Es un error del Presidente Calderón advertir que analiza "todas las alternativas para proceder legalmente" contra los 23 mil mexicanos que denunciaron al gobierno, y a él en concreto, en aquella Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en su lucha contra el crimen organizado. Añadió que las imputaciones hechas a él y a su gobierno son claramente infundadas e improcedentes y constituyen en sí mismas acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México. Yo creo que el Presidente no es México ni las instituciones y que carece de una adecuada perspectiva del asunto. Calumniar sería en el caso presentar denuncias o querellas en que su autor imputara un delito a persona determinada, pero "sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido" (elementos específicos en el dolo calumniador, lo cuales a mi entender no se dan en el caso; y si se dieran habría que probarlo ante el fiscal o el tribunal). De aquí precisamente el desliz en que ha incurrido la Presidencia porque de entrada, con la sola presentación de la denuncia, no hay calumnia. "Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino tiene todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación", sostuvo en Radio Fórmula Alejandra Sota, vocera del gobierno federal. Es verdad y por ello que se defienda Calderón en la Corte y si lo cree conveniente que contrademande. Ése es el camino. Asimismo dijo la vocera que "la Corte de La Haya nació para tratar crímenes de guerra, no para sancionar políticas públicas de Estados democráticos, que buscan fortalecer el Estado de Derecho, el bienestar de la ciudadanía y apostar por las instituciones y por el respeto a los derechos humanos". Olvida que en la Corte Penal Internacional se acusa al Presidente de crímenes de guerra y de tergiversar el sentido de su "política pública de Estado democrático".
Ahora bien, el ex presidente Salinas de Gortari respaldó la "estrategia" de Calderón para disminuir los índices de violencia en el país. "Yo estoy convencido de que el presidente Felipe Calderón fue muy valiente en acometer frontalmente el combate a este flagelo que hoy tenemos", aclaró Salinas de Gortari durante la presentación de su libro "¿Qué hacer? La alternativa ciudadana", llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Manifestó además que el próximo Presidente de la República deberá continuar la lucha contra el crimen organizado. Al respecto yo observo algo que someto a la reflexión de lector y que es la coincidencia de apoyo a Calderón en Peña Nieto y Salinas (el primero se solidarizó con aquél en lo de la Haya). Y ambos pasan por alto hablar siquiera de las bases jurídicas de esa "estrategia". ¿Las tiene o no? ¿Cuenta con un sólido fundamento constitucional y legal? Calderón defiende las reformas aprobadas por el Congreso desde 2008: la de introducir en la Constitución las palabras "derechos humanos" (y qué, palabras, palabras, palabras), las equivocadas modificaciones de naturaleza penal hechas en la Constitución y las muy discutibles al amparo. Y afirma que son "la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas". Dejémoslo al tiempo que es justo e implacable para dictaminar la verdad.

¿UN MUNDO LIBERADO DE LA MISERIA Y DEL MIEDO?

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

En las últimas décadas se ha presenciado una proliferación de tratados, pactos, protocolos y demás instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, pero la experiencia muestra que a la par se profundizan las desigualdades e injusticias que hacen cada vez más amplia la exclusión social y económica.
La pobreza y la desigualdad son dos grandes desafíos que afronta actualmente nuestro país “la gente que sufre la pobreza vive sin libertades fundamentales de acción y opción que los más aventajados en la sociedad dan por sentadas[1]”.
El nivel de la pobreza en nuestro país es uno de los mayores del mundo, México está muy por encima de los índices de pobreza promedio de América Latina, ya que mientras los niveles de pobreza en la región alcanzan en promedio a 30 por ciento de la población, en México llegan a 50 por ciento.
La pobreza no sólo está referida a un problema económico, sino a uno más complejo que abarca diferentes esferas, como la social, económica, política y cultural, convirtiéndose en un problema multidimensional que afecta directamente la satisfacción de los derechos humanos y el desarrollo.
La pobreza se complementa con la desigualdad y la exclusión social. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2], alertó que en México la exclusión social está impactando fuertemente nuestra sociedad, haciendo aún más grande la brecha entre pobres y ricos, entre quienes tiene acceso a oportunidades de desarrollo y quienes no. El PNUD señaló que los jóvenes están siendo los que reciben más impactos ya que, al no tener acceso a la educación ni al trabajo son presa fácil del crimen organizado, lo que está deviniendo en un fenómeno dramático pues los “excluidos” están siendo el principal apoyo de las organizaciones criminales. Bernardo Kliksberg especialista en materia de lucha contra la pobreza, ha señalado que está comprobado científicamente que la base social de apoyo del narcotráfico está en los jóvenes expulsados del sistema. El especialista condenó severamente que en México se utilice el término “nini” para hacer alusión a jóvenes que ni estudian ni trabajan, ya que dicho concepto solo ha servido para ocultar que el Estado no ha brindado ni las oportunidades ni las condiciones de acceso a cuestiones básicas para su desarrollo.
La democracia es el único sistema compatible con la dignidad humana[3]y debe ser entendida como una forma de vida, estructurada de tal manera que genere garantías para la igualdad y la efectividad de derechos.
La democracia empieza con elecciones libres y transparentes, pero no se agota allí, es un proceso de construcción continuo, donde la creación de ciudadanía es fundamental para la creación de libertades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que “La pobreza constituye una violación generalizada a todos los derechos humanos, (…) además afecta seriamente la institucionalidad democrática, pues constituye una desnaturalización de la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo, en general de los derechos humanos[4]”.
No basta con establecer la democracia, se requieren diversas intervenciones políticas para realizar un conjunto de derechos bajo un conjunto democrático.
La democratización en Latinoamérica no cuenta con suficiente solidez y esto se manifiesta en insatisfacción popular, la gente reniega de sus gobiernos, la gente dejó de creer en sus representantes. Según el Latinobarómetro[5] “los mexicanos estamos desencantados con la democracia de nuestro país, al calificarlo con 5.9 entre nada democrático y democrático.”
Según la Corporación Latinobarómetro, el impacto negativo en el apoyo a la democracia proviene tanto del plano económico, como del político. De 2010 a 2011 México cayó 9 puntos porcentuales en el apoyo a la democracia, uno de los motivos es la ola de violencia que vive la sociedad.
Para muchos no tiene razón de ser el cúmulo de libertades que prometió la transición democrática porque no las viven, la población se muestra decepcionada por los resultados económicos y sociales. Algo no funciona bien y estamos pagando las consecuencias.
Aún sigue estando muy lejana la aspiración contemplada en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Un mundo liberado de la miseria y del miedo.”

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ROSILLO, Martínez Alejandro, “La filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría y los derechos humanos”, Universidad Carlos III de Madrid Instituto de Derechos Humanos Bartolomé deLas Casas, España, 2008, p. 189.
[2] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2011 "Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos."
[3] Carta Democrática Interamericana, Capítulo II, La democracia y los derechos humanos, art. 7-10.
[4] CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay 2001, Capítulo V, párr.17.
[5] Latinobarómetro: Es un estudio que versa sobre el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto en América Latina y que utiliza como indicador la opinión pública.

INSOSTENIBLES, LAS RESISTENCIAS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS JUECES LOCALES EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

Sin duda, los jueces locales deben proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales, y estoy convencido que todos los argumentos que se han esgrimido en contra, incluso recurriendo a señalamientos de parcialidad y corrupción, son falacias que lo único que buscan es sostener una visión casacionista.
Por ello, concluyo esta serie de artículos que han buscado propiciar la discusión y el debate propositivo, afirmando que existe una marcada resistencia al cambio del sistema judicial del Estado federal mexicano que viene impidiendo que los jueces de los estados puedan participar en el control constitucional y especialmente en la protección de los derechos en los litigios judiciales de competencia local.
Recordará el lector que la semana pasada me referí a que se ha transmitido, a sabiendas o por ignorancia, una concepción equivocada de lo que es el control difuso de constitucionalidad americano para evitar su cabal implantación en México; que este sistema -el americano sustentado en precedentes judiciales-, es el que se ha adoptado internacionalmente al propósito de que los tribunales supranacionales influyan en la interpretación que han de seguir los tribunales nacionales, y que desde luego ese control de convencionalidad difuso no conduce a la anarquía interpretativa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de la misma manera que tampoco conduce a la anarquía interpretativa de la Constitución federal el control constitucional difuso en Estados federales.
El llamado "control" difuso de constitucionalidad es -repito-, aplicación difusa de la jurisprudencia que emana de la Suprema Corte y que los jueces locales aplican; no hay libertad para que los jueces locales interpreten la Constitución federal como mejor les parezca.
En adición, los casacionistas mexicanos apoyan su resistencia al cambio del sistema judicial en la idea de que adoptar el sistema de "precedentes" rompe con la tradición jurídica mexicana. Explican los casacionistas que nuestra tradición jurídica proviene de la española que, según ellos, no le otorga valor de fuente del derecho al precedente. Pero esto es falso pues toman el entendimiento del derecho de la España de tiempos ya idos del autoritarismo franquista, y no analizan -nuevamente a sabiendas o por ignorancia-, cómo se entiende el precedente judicial en los tiempos modernos de la España democrática fincados en la Constitución de 1978.
A este respecto, debe decirse que la prueba más contundente es que la tradición jurídica de España ha tomado un derrotero diferente desde 1978, y que ahora en aquél país sí se le otorga un alto valor al precedente judicial que emana de su Tribunal Constitucional. Y ello se puede encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en España.
En su artículo, 5º se lee lo siguiente: "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos".
Desde luego que para que los jueces españoles y los gobernados y abogados litigantes que los representan en juicio, puedan seguir los precedentes que emite el Tribunal Constitucional español, las sentencias de éste deben ser accesibles. Las sentencias del Tribunal Constitucional que se publican en versión electrónica por internet incluyen hechos y argumentaciones de derecho además de la resolución jurisdiccional propiamente dicha.
Pero más importante para nuestro país es saber que en España la obligación de publicar las sentencias íntegras no se refiere únicamente a los jueces constitucionales: hoy en día las sentencias que emiten todos los jueces del Poder Judicial español independientemente de la materia de que se trate -esto es, hechos, argumentación de derecho y resolución judicial-, se publican íntegras por Internet por el Consejo de la Judicatura de España, lo que trae consigo importantes beneficios de seguridad jurídica para los gobernados.

(NO) PELEAR CON LOS MEDIOS

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

Las famosas reglas de oro no existen en política, en todo caso hay algunas máximas no escritas acerca de las cosas que uno debe o no hacer en determinadas circunstancias. Algo así como el mentado librito que le dice a uno que fichas azotar en la mesa del dominó mientras mira desafiante a su oponente a mano derecha.
Pues una de esas reglas de oro en política es no pelearse con los medios. Aclaro de entrada a qué me refiero con pelearse con un medio de comunicación y para ello enlisto algunos sinónimos: enfrentarse, desavenirse, enemistarse, batallar o reñir. Suena lógico aunque hay que preguntarse en qué premisa se basa esta máxima y, para acabar pronto, qué efecto negativo trae consigo el no respetarla.
El silogismo es relativamente sencillo, tanto como si de una carambola de tres bandas se tratara. Uno increpa a un medio de comunicación o comunicador y este responde de dos maneras. O lo castiga borrándolo de su cobertura o dedicándole la ira de la crítica ‘informativa’. Esto, se infiere por tanto, tendrá un impacto negativo en la percepción que al auditorio del medio en cuestión tiene hacia el político en cuestión. Pedrada, fusilamiento y muerte a periodicazos.
Es este silogismo, aparentemente incuestionable, el garabato de neón que se ilumina en la cabeza de cada político cuando un reportero lo saca de sus casillas y, respirando hondo, encuentra una razón para no retorcer la mueca o reventar cámaras o micrófonos. Lo mismo pasaría con los medios cuando van calculando a quién jalarle la cobija y qué tanto.
Y bien vale preguntarse si, en sentido inverso, a un medio de comunicación le conviene pelearse con un político. La respuesta más precisa es que depende. Depende del poder del político en ese momento particular, o su prospectiva en la bolsa de futuros políticos, y el daño que podría causar una represalia al medio en cuestión. Y qué le puede doler más a un medio de comunicación que dejar de recibir las ganancias por la contratación de publicidad oficial. El quid pro quo que intenta preservar el equilibrio entre ambos poderes, o al menos, el que ayuda a aminorarlo. Es obvio que hay otros métodos más violentos como desaparecer periodistas (o no hacer nada cuando estos desaparecen que es prácticamente lo mismo), encarcelarlos, perseguirlos o acosarlos. A final de cuentas ese ha sido uno de los deportes favoritos en los pasillos del poder político mexicano. Y sí, ahora son también los propios medios quienes pagan a los políticos con la misma moneda. Amenazan, asustan y amedrentan al que se deja.
Parece obvio pero pelearse con los medios no trae nada bueno para un político y, sin embargo, las oportunidades para hacerlo están a la orden del día. Y donde hay conato de pelea también existe tensión. Es sobre esos circuitos eléctricos por donde transita la relación entre el poder político y el poder mediático. Llámeles usted el cuarto poder o el poder de quinta, para el caso es lo mismo. Medios y actores políticos reajustan diariamente su tolerancia, administran sus enconos y resentimientos, apaciguan sus pequeñas venganzas, aplazan la batalla.
Podemos entonces hablar del cruce de dos agendas: la política, definida por aquellas cosas de las que los políticos quieren hablar y la mediática, construida por los temas que para los medios son más importantes, no necesariamente por las mejores razones. Y a ese cruce asistimos, voluntaria o involuntariamente, las audiencias. En realidad, todo este ritual combativo lleva nuestra atención como principal destinatario. Lo que unos y otros dicen combatir en defensa de nuestro interés, el público. La libertad de expresión, la rendición de cuentas, la verdad y la justicia. En otras palabras, la pirotecnia constitucional de un país que aún no somos.
Claro que también los medios de comunicación se pueden pelear entre ellos, véase si no la recientemente concluida escaramuza entre la revista Letras Libres y el diario La Jornada. Conflicto que, a ojos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se inscribe dentro de otra máxima universal de dorada caligrafía: el que se lleva se aguanta. Más bizarro aun si lo vemos desde la regulación político-electoral en la que si un candidato acusa a otro de ser cómplice de terroristas ya puede ir organizando una reunión con sus abogados pues, de acuerdo a la ley, ofender, difamar o calumniar no son aptos para el discurso político. En otras palabras, la política es menor de edad frente a la adulta madurez para maldecir de los medios de comunicación. Y las campañas apenas comienzan.

LOS CLAROSCUROS DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL DF

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La Asamblea Legislativa del DF le encargó a la UNAM un análisis del diseño y ejercicio presupuestal de los programas sociales en la capital. En este 2011 los resultados del estudio fueron entregados a los legisladores. Ofrezco a continuación, de forma telegráfica, algunos de los hallazgos de la evaluación.
1. Si bien el DF es una entidad con alto nivel de ingreso per cápita en el promedio nacional, también experimenta una elevada desigualdad social y pobreza extendida; se enfrenta a un rápido envejecimiento poblacional, a una concentración demográfica en edades donde se demanda educación media superior y superior, así como un alza en la población que requiere encontrar empleo. Sus sistemas de servicios públicos (salud, transporte, educación, etcétera) se ven presionados por la demanda de otras entidades. Lo anterior hace indispensable contar con una robusta política social.
2. El DF ha venido incrementado los recursos que destina al gasto social de manera significativa y lo ha conseguido, en buena medida, con un loable esfuerzo del gobierno local: en la capital 43% del gasto público se sostiene con ingresos propios, a diferencia de lo que, por ejemplo, ocurre en el Edomex o Jalisco, donde se recauda apenas 8%.
3. En la capital se registran avances desde el punto de vista legislativo e institucional para hacer efectivos los derechos sociales. El plasmar en la Ley de Desarrollo Social del DF el principio de universalidad o el haberle dado sustento legal a programas como la pensión a los adultos mayores son muestra de ese avance.
4. Los campos prioritarios de acción de la política social en el DF son nueve, con el siguiente orden de importancia según los recursos que se les destinan: salud, integración y participación social, educación, vivienda, asistencia social, empleo, medio ambiente, familia y no violencia, y política social de cultura.
5. El 2009 (año evaluado) el gobierno central del DF ejecutó 70 programas sociales cuyas reglas de operación se publicaron en la Gaceta Oficial del DF. Los 70 programas involucraron 17 mil 500 millones de pesos en 2009. A ese número de programas hay que añadir más de 300 en las delegaciones, muestra de la dispersión y repetición de la política social capitalina.
6. Tres programas involucraron casi 70% de todo el gasto social: servicios médicos y medicamentos gratuitos (39.7%), pensión para adultos mayores (24%) y Prepa Sí (6.8%) (conviene no olvidar que el DF no imparte educación básica pública por sí mismo, por lo que no destina recursos a ese importante rubro, aunque tampoco recibe la asignación federal correspondiente). Ahora bien, 15 programas sociales ejercen 96% del gasto social, lo que evidencia concentración de gasto y dispersión programática de la política social.
7. De los 70 programas 15 están diseñados para tener cobertura universal, pero sólo nueve (12% del total) lo logran. En la política social del DF impera la focalización.
8. Los apoyos de la política social consisten, con alta frecuencia, en transferencias en efectivo o en especie, más que en el fortalecimiento en la cantidad y calidad de los servicios. La política social no está basada en la consolidación institucional que cimente una cultura de ejercicio de derechos; el beneficiario suele ser un mero receptor de recursos.
9. En general las metas presupuestales se cumplen adecuadamente, pues se ejercieron recursos por 7% más de lo inicialmente aprobado. Cambia el panorama al analizar cada programa, pues en 23 de ellos (31%) no es factible hacer evaluación presupuestal porque el GDF no publicó el dato de presupuesto aprobado o ejercido, o ambos.
10. En lo que toca a metas físicas, no se tuvo información pública para evaluar a 20 programas (27%). De los que sí se tuvo información, en 38 programas las metas se cumplieron o se superaron y en 16 la meta física fue inferior a la programada.
11. En materia de transparencia, sólo 36 de los 70 programas evaluados contaron con sus respectivos padrones de beneficiarios hechos públicos, lo que implica un incumplimiento de la ley en 50% de los casos. La opacidad no ha sido desterrada.
12. En lo que toca a la opinión de la población beneficiaria, 50.6% de los habitantes de zonas de muy alta, alta y media marginación reciben el apoyo de al menos un programa social del DF. El 70% de los beneficiarios está satisfecho o muy satisfecho con el apoyo recibido. El 51.7% de la población considera que la finalidad de estos apoyos del gobierno del DF es obtener votos. Así que queda mucho trecho para asociar la política social con derechos inalienables de los ciudadanos.
Puede decirse que los avances en el diseño de los principios y alcances de la política social en el DF contrastan con las deficiencias de su puesta en práctica. Hace falta pasar de las buenas normas a las buenas prácticas.
Por cierto que el estudio en extenso, en el que participamos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales y de la Facultad de Economía de la UNAM, se publicará como libro en las próximas semanas bajo el sello de la propia Asamblea Legislativa del DF.

ENDURECIMIENTO

PEDRO SALAZAR UGARTE

Hace algunos años trabajé como asesor en el Instituto Federal Electoral. Durante algún tiempo el representante del PRD ante el Consejo General era Samuel Del Villar.
Todo un personaje que, entre su repertorio de argucias y falacias, tenía una estrategia memorable. Con frecuencia, cuestionaba la credibilidad de sus oponentes ventilando en la mesa que la persona aludida enfrentaba denuncias por múltiples delitos y, por lo mismo, tenía cuentas pendientes con la justicia.
Lo que no decía -y debía ser recordado por el imputado si quería salvar la cara- era que esas denuncias habían sido presentadas, ni más ni menos que, por el mismo.
Siempre pensé que ese uso retórico e instrumental de las instituciones de justicia era lesivo para el estado de derecho y, de paso, para la credibilidad de su ocurrente orquestador.
Desde entonces me preocupa lo primero. Como pienso que el derecho y sus instituciones son un instrumento civilizatorio, entonces, objeto y me distancio de quienes, al usarlo con ligereza, abonan en su irrelevancia.
Esa es mi postura ante la denuncia presentada por 23 mil ciudadanos ante la Corte Penal Internacional para que se investigue, por la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al Presidente Calderón y a otros funcionarios de su gobierno así como a narcotraficantes conocidos.
No soy experto en Derecho Internacional ni tampoco penalista pero me temo que los artículos del Estatuto de Roma y de los Convenios de Ginebra de 1949 no ofrecen sustento a las pretensiones de los demandantes.
Los he leído con ojos de constitucionalista y no le encontré un sentido jurídico a la solicitud que tiene en sus manos el Fiscal de esa Corte Internacional.
Esa es mi opinión y no es mucho más que eso. Lo que importa -una vez que la información fue presentada- es lo que ese Fiscal, previa investigación del caso, determine.
Supongo que son muchos los resortes que impulsaron a esas 23 mil personas a presentarse ante la Corte que reside en La Haya. Algunos habrán sumado su nombre movidos por el dolor, por la indignación, por el hartazgo.
Otros lo habrán hecho por razones menos dignas: protagonismo, oportunismo, ambición. E, incluso, me imagino que algunas firmas estarán movidas por la esperanza y el deseo de justicia.
La tragedia y la crisis de seguridad y violencia que se vive en el país dan para todo eso. Y, sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ni lo genuino ni lo espurio de las intenciones alterará el resultado.
Así como tampoco sirven como argumento para negar el derecho de los promotores de la investigación para acudir, como lo hicieron, ante esa instancia internacional.
Su decisión puede ser considerada imprudente, inviable, descocada si se quiere, pero es legítima, lícita e, incluso, democrática.
Acudieron pacíficamente ante un tribunal para que investigue hechos que consideran ilegales. Ni más, ni menos que eso. Por eso es inadmisible la reacción del gobierno mexicano.
Podemos entender la molestia del Presidente y de sus funcionarios e incluso compartir algunas de las razones que se exponen en el extenso desplegado del lunes 28 de noviembre.
Pero debemos denunciar y resistir la lógica que inspira su último párrafo: "...el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realizan (las imputaciones) en distintos foros e instancias nacionales e internacionales".
Se trata de una amenaza que proviene desde el poder y que contradice la vocación democrática y constitucional que, en el mismo texto, el propio gobierno dice ostentar.
Nótese que no se anuncian acciones personales por parte de los funcionarios denunciados sino que se advierte una acción orquestada desde el gobierno.
Y no es lo mismo que un servidor público responda, legítimamente, como lo hizo hace algunos días Javier Lozano es estas páginas o que, lícitamente, acuda ante un juez para defenderse y querellarse, a que el Gobierno Federal enseñe los colmillos.
La distancia que media entre lo uno y lo otro es la que separa a la democracia del autoritarismo.