¿INVALIDAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL?

CARMEN ARISTEGUI

Tal como sucedió el año pasado en el caso Morelia, cuando el TEPJF decidió invalidar la elección para la presidencia municipal, el Movimiento Progresista pretende, en ese mismo Tribunal, que se declare la invalidez de la elección por la Presidencia de la República. Ni más ni menos.

Como en el caso michoacano, se busca que el Tribunal acepte que hubo factores diversos que trastocaron el orden democrático y que, en consecuencia, violaron la Constitución.

Ayer se presentó ante el IFE, para ser remitido al Tribunal Electoral, el voluminoso expediente -de más de medio millar de hojas- con el que las fuerzas políticas que impulsaron a Andrés López Obrador en su candidatura presidencial pretenden desatar un debate legal y constitucional en ese órgano colegiado en busca de que se cumpla su objetivo.

No se busca la nulidad, sino la invalidez. Se busca que el proceso se repita, tal y como ocurrió en la capital michoacana el pasado 1o. de julio en una elección extraordinaria. No es la primera vez que se anula o invalida una elección en nuestro país. El Tribunal, hoy en funciones, ha anulado más de una veintena de procesos electorales entre internos de los partidos y constitucionales. Nunca ha sucedido con una presidencial.

Hoy, los expertos se dividen en dos grupos: el de los que apelan a que ninguna de las tres causales escritas en la ley para la nulidad se ha cumplido: no ocurrió que el 25 por ciento de las casillas haya sido anulado; tampoco dejaron de instalarse el 25 por ciento de las casillas y tampoco el candidato con más votos presenta condiciones de inelegibilidad. Todos saben que la de la anulación es una ruta intransitable, por eso, buscan la otra.

Dado que hay acusaciones reiteradas sobre graves irregularidades, se plantea que hay que limpiar la elección; identificar las prácticas ilegales, a los responsables, y sancionar a quienes corresponda. Desde esta lógica, se habla de aceptar resultados, dar paso a una nueva Presidencia, abrir paso a nuevas reformas y perfeccionar el sistema electoral.

En el otro extremo del debate jurídico, que es el que van a pelear los del Movimiento Progresista, se apela a una discusión más abstracta, que involucra una fuerte dosis interpretativa acompañada de centenares de videos, testimonios, documentos o evidencias cuyo valor radicará en demostrar que durante la elección por la Presidencia se violaron preceptos constitucionales.

El conteo pasó la prueba de fuego, con el más grande recuento de la historia. Los resultados del conteo rápido y del PREP quedaron inalterados. El tema no está ahí, tampoco.

La izquierda busca invalidar el proceso, alegando que se violó el artículo 41 de la Constitución, que establece que debe haber elecciones no sólo periódicas, sino libres y auténticas.

El PRI alega que toda la argumentación que se ha mostrado es falsa y que lo que se ha presentado es un dechado de subjetividades. La pregunta es ¿qué va a resolver el Tribunal?

El Movimiento Progresista afirma que puede demostrar que se compró y coaccionó masivamente el voto, que se utilizaron recursos públicos e inconfesables desmedidos, que se contó con la ayuda de medios de comunicación para posicionar, indebida y deliberadamente, a Peña Nieto, que el mercado de las encuestas fue corrompido y afectó las condiciones de la contienda, que hubo estructuras paralelas para financiar la operación de la campaña del PRI. López Obrador afirma, por ejemplo, que el 12 de junio se reunieron en Toluca 16 gobernadores, quienes se comprometieron a cumplir con la asignación de cuotas de votos para la elección. Afirma que en el caso del Estado de México se ofreció aportar 2 millones 900 mil votos y que ésa, precisamente, es la cifra que obtuvo el PRI en la entidad.

En el recurso presentado la noche de ayer se afirma que la compra masiva de votos alcanzó los 5 millones y que ese solo hecho desnaturaliza la noción básica de unas elecciones libres, al romperse el equilibrio y la equidad. Las bases para intentar la invalidez anunciadas radican también en la afirmación de que la campaña de Peña Nieto rebasó de forma desmedida el tope permitido por la ley, de 336 millones de pesos, en cantidades cercanas a los 4 mil 500 millones de pesos. Y ahí se entrará, es de suponerse, al gran tema del momento: el destino pero, sobre todo, el origen de los recursos que se presume fueron utilizados. Los casos Soriana pero, sobre todo Monex, dejan todavía muchas interrogantes abiertas.

PEDAGOGÍA DE LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN

CÉSAR ASTUDILLO

La arquitectura electoral de nuestro país deja en manos del IFE la organización de los comicios para elegir a 629 representantes populares entre diputados, senadores y presidente de la República. Sin embargo, el proceso de validación de la elección presidencial no es inmediato ni le corresponde al IFE. La constatación de su conformidad o no con los principios constitucionales se ha puesto en manos del TEPJF, dentro de un espacio temporal que culmina el 6 de septiembre próximo. La relevante labor del TEPJF en la calificación consiste en un ejercicio de ponderación. En un extremo de la balanza se coloca la presunción de validez de la elección, en el otro el caudal probatorio y el abigarrado esquema de argumentos de quienes controvierten los resultados. La operación es, en esencia, sencilla: si el peso de las evidencias y los testimonios logran vencer el peso de la presunción de validez, la decisión del TEPJF se dirigirá a la nulidad de la elección; sí, en cambio, no se demuestran fehacientemente irregularidades ni el grado de afectación que produjeron sobre la voluntad popular, la elección deberá considerarse válida. Si la consistencia de esa presunción es tan fuerte, conviene preguntarse ¿qué la produce? Varios factores, entre ellos la convicción de que el edificio electoral es instrumental al ejercicio del sufragio como libertad política esencial; la constatación de que la organización y validación de la elección se ha depositado en órganos autónomos e independientes dotados de confiabilidad y de capacidad técnica; la evidencia de que el andamiaje electoral otorga a los contendientes los elementos indispensables para que la elección discurra en paridad de condiciones de competencia; la articulación del proceso como secuencia racional de actividades llevadas a cabo por el IFE con la participación de los partidos; la seguridad de que las conductas ilícitas de partidos, candidatos, o de actores que participan indirectamente del proceso se han atajado con oportunidad; y finalmente, la convicción de que los partidos han tenido posibilidad de controvertir la regularidad jurídica de todas las decisiones de la autoridad electoral. La fuerza de esta presunción es significativa y por tanto el grado de comprobación de las irregularidades que se ponen sobre la mesa del TEPJF debe ser copioso y contundente. Si no, simplemente la balanza no se moverá. Si en 2006 los elementos aportados no se consideraron idóneos para revertir una diferencia de 233 mil 831 votos, en el actual proceso se necesitarán evidencias y argumentos 13 veces más consistentes para superar los 3 millones 192 mil 281 votos de diferencia que existen entre el primero y el segundo lugar. El proceso de acopio y presentación de información está en curso. No hay duda de que el caudal probatorio para demostrar la afectación de los principios democráticos que rigen al proceso electoral deberá ser categórico. No sólo para revertir los tres millones de votos de diferencia que están de por medio, sino porque la verdadera relevancia de la presunción de validez de la elección consiste en que, de ser superada, deja automáticamente sin valor los 49 millones de votos emitidos por los mexicanos el pasado domingo.

DOS VARAS PARA MEDIR

JORGE ALCOCER

La calidad de los procesos electorales tiene dos varas para ser medida: una es la eficiencia técnica y operativa de la autoridad; la otra es el apego a la ley por los partidos, candidatos y otros sujetos regulados.

Si atendemos el primer criterio de evaluación, debemos convenir en que la calificación del IFE debe ser cercana a 10; en cada una de las etapas del proceso electoral fueron cumplidas, en tiempo y forma, las tareas que hicieron posible la celebración de la jornada comicial. Del total de casillas -143,437- solo faltaron de instalarse 2, y de las instaladas, solamente 15 no entregaron el paquete dentro del plazo establecido por el Cofipe. La inmensa mayoría de los funcionarios de casillas asistieron y cumplieron su tarea con imparcialidad y diligencia. 50,323,185 ciudadanos acudimos a las urnas, para una participación mayor al 63% del total. El número de incidentes en casilla fue minúsculo, ninguno de gravedad. El conteo rápido del IFE fue acertado y el PREP operó con normalidad, alcanzando un 98.95% de actas capturadas. El número de paquetes electorales en que se realizó nuevo escrutinio y cómputo superó las previsiones, pero el personal del IFE y los representantes de los partidos cumplieron la tarea dentro del plazo legal. Como lo reconocen Tirios y Troyanos, el IFE es, técnica y operativamente, una institución de excelencia.

Si aplicamos la otra vara, la calidad del proceso electoral está en duda. Partidos y candidatos se acusan, de manera generalizada, de no respetar la ley; terminando por hacer responsable al IFE de lo que ellos mismos propician. Esta vez la queja de los perdedores, singularmente de López Obrador, pero también del PAN, es por la supuesta compra y coacción del voto y el presunto rebase del tope de gasto de campaña, lo que, según ellos, explica la victoria de Peña Nieto. Solo que hoy, en contraste con 2006, estamos ante una diferencia de 6.6 puntos porcentuales, más de 3.3 millones de votos.

Hay que distinguir entre la entrega de dádivas a los electores y la compra o coacción del voto; lo primero lo hacen todos los partidos, de manera abierta. De lo segundo hay pocas pruebas y una lluvia de denuncias que la Unidad de Fiscalización del IFE tendrá que valorar, considerando las pruebas que se le presenten, o de las que se allegue cuando haya indicios que ameriten tal situación.

Otros hechos que merecen ser considerados para evaluar la calidad del proceso electoral no tienen que ver de manera directa con el IFE, pero sí con otros sujetos o instrumentos regulados por la ley, como las encuestas de intención de voto y sus responsables; la televisión y la radio y sus criterios informativos, antes y durante las campañas electorales.

Salvo contadas excepciones, las encuestas previas a la jornada electoral sobreestimaron las preferencias a favor del candidato finalmente ganador y subestimaron las de López Obrador. Hay que distinguir, en este ámbito, la responsabilidad que corresponde a cada encuestador o medio de difusión, la que cada uno de ellos decidirá asumir o no ante el público, de las especulaciones y rumores que hablan de un avieso complot para favorecer al hoy ganador. Probar que las encuestas fueron determinantes del resultado es algo que desborda el marco legal.

Según datos del IFE, la radio y la TV cumplieron en casi 97% con las pautas que les fueron ordenadas, eso es a lo que la ley los obliga. En la equidad e imparcialidad informativa, según el monitoreo de la UNAM, tenemos un resultado positivo. El debate es sobre el privilegio que las dos empresas de TV otorgaron a Peña Nieto durante su mandato como gobernador, y con el uso de recursos públicos para pagar publicidad gubernamental que desbordaba, en frecuencia y contenidos, lo establecido en el artículo 134 de la Constitución. La omisión del Congreso, al no expedir la Ley Reglamentaria de esa norma, abrió la puerta para el abuso -de muchos- pero de ahí a afirmar que eso fue determinante del resultado de las elecciones, hay una diferencia que corresponderá al TEPJF dirimir.

La descalificación de todo el proceso deja de lado la diversidad de resultados, que produce una acentuada pluralidad en gobiernos estatales y municipales, así como en la integración de las cámaras legislativas, tanto federales como locales. No es admisible celebrar la victoria propia y descalificar la ajena.

EL PRÓXIMO CONGRESO

JOSÉ WOLDENBERG

Por sexta elección consecutiva ningún partido tendrá mayoría en la Cámara de Diputados, y por tercera vez eso mismo sucederá en el Senado. Al finalizar el periodo de los diputados que tomarán posesión de su cargo el 1o. de septiembre (2015), se habrán cumplido 18 años sin que una fuerza política -en solitario- pueda hacer su voluntad en esa Cámara, y lo mismo habrá sucedido en el Senado cuando terminen su periodo los hoy electos (2018).

No es una casualidad, sino al parecer un "rasgo estructural" de nuestra política. Tres grandes partidos (o si se quiere tres grandes constelaciones) ordenan y ofrecen horizonte a la contienda y su equilibrio se traduce en cuerpos legislativos habitados por una diversidad política bastante nivelada. Si algo mostró la contienda pasada es que si bien las reglas tienden a beneficiar en cierta medida a los ganadores (en la Cámara de Diputados con un premio de hasta 8 por ciento de diferencia entre votos y escaños), lo que dio pie a no pocas especulaciones de que ahora sí habría una mayoría absoluta en ambas Cámaras, lo cierto es que los resultados finales refrendaron una realidad que ningún exorcista logrará esfumar.

Las cifras tentativas pero muy cercanas a lo que será la composición final (falta también lo que diga el Tribunal) son las siguientes: Senado: PRI 52, PAN 38, PRD 22, PVEM 9, PT 4, MC 2 y NA 1. Diputados: PRI 207, PAN 114, PRD, 101, PVEM 33, PT 19, MC 16, NA 10.

En el Senado la segunda fuerza será el PAN y el PRI ni con la suma de los votos del PVEM y NA alcanzaría la mayoría absoluta. En la Cámara de Diputados el bloque de izquierda -si mantiene su cohesión- puede ser la segunda fuerza (136 diputados contra 114 del PAN). Y en esa Cámara la suma de los votos del PRI, PVEM y NA alcanza apenitas la mitad exacta de la representación (250).

Pero lo que resulta una verdad elemental pero fundamental es que ninguno de los partidos podrá hacer su voluntad sin contar con la convergencia de algún otro. Es decir, el rasgo distintivo de los últimos años se mantiene: un pluralismo equilibrado habita el Congreso de la Unión.

Hasta ahora, desde 1997 en la Cámara de Diputados y desde el 2000 en la de Senadores, la fórmula para hacer prosperar iniciativas, la ley de ingresos, el presupuesto, la creación de diversas comisiones, ha sido la de la negociación puntual de cada asunto. Esto no quiere decir que en algunos momentos no se hayan acordado "paquetes" que incluían más de un tema, pero las coaliciones legislativas han sido coyunturales y por ello efímeras. Todas las fuerzas, en mayor o menor medida, han participado en ellas, lo que indica que es posible construir puentes de entendimiento y acuerdo. Aunque por supuesto, como es natural, existen temas en donde las posiciones no solamente son diferentes sino enfrentadas.

Pues bien, ese es uno de los escenarios posibles. Que en el Congreso se sigan forjando acuerdos sobre puntos específicos; coaliciones precarias, fugaces, que permitan aprobar reformas diversas. Hay que subrayarlo, sin ellas nada pasará. Es lo mínimo necesario.

Pero existe, por lo menos en términos especulativos, la posibilidad de forjar coaliciones permanentes y estables, incluso una coalición de gobierno. Si dos o más partidos, cuyos votos en el Legislativo trasciendan la mayoría absoluta e incluso la calificada, fueran capaces de armar acuerdos sólidos que se tradujeran en un programa de gobierno y otro legislativo, eventualmente podrían incluso arribar a un gobierno de coalición, pactando los cargos en el gabinete del próximo Presidente.

Suena excéntrico entre nosotros, porque la tradición indica que en un régimen presidencial esa operación resulta contra natura, ya que el titular del Ejecutivo tiene la facultad de nombrar -sin siquiera consultar a alguien- a todo "su gabinete". No obstante, es posible que haya llegado el momento de innovar, de hacerse cargo que incluso los ganadores no representan a la mayoría de los mexicanos y que, lo que es peor para ellos, en el Legislativo no tienen los votos suficientes como para acompañar de manera eficaz la gestión del Presidente. De tal suerte que hacer de la necesidad, virtud, puede funcionar.

Es (creo) una posibilidad remota. Pero ponerla sobre la mesa de la discusión también tiene otro sentido: comprender que cuando un Presidente no tiene una mayoría absoluta de legisladores que arrope su administración, tendrá obligadamente que construirla en cada caso. Lo cual no solamente es una perogrullada sino una fórmula que implica negociación intensiva e incertidumbre permanente. La otra opción es construir una coalición durable que ofrezca no solo fuerza a su gestión, sino horizonte. Una coalición capaz de comprometerse con una plataforma de reformas legislativas, de políticas de gobierno y de co-conducción del país. Para lo cual se podría aprovechar una de las deficiencias de nuestro cambio sexenal: los cinco meses que van de la elección a la instalación del nuevo gobierno. Bueno, es solo una especulación.



A LA BÚSQUEDA DEL AÑO PERDIDO

JOSÉ RAMÓN COSSÍO

Hace un año el pleno de la Suprema Corte estableció un conjunto de importantes criterios al resolver el llamado “caso Radilla”. En general, la Corte sostuvo que los órganos del Poder Judicial de la Federación (la propia Corte, los juzgados de distrito y los tribunales de circuito) podían declarar la invalidez de las normas generales mediante el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Si bien esta primera conclusión no implicó ninguna novedad en cuanto a los procedimientos, sí la tuvo en cuanto al parámetro para declarar tal invalidez. A partir de entonces, para ese fin no sólo debe utilizarse lo previsto en las normas constitucionales, sino también todos los derechos humanos contenidos en cualquiera de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. El resto de los criterios adoptados en esa sentencia son, a mi juicio, más originales.

Por una parte, se fijó el criterio para que todos los tribunales del país lleven a cabo el control de las leyes que deban aplicar en los asuntos de los que deban juzgar. Es decir, todo juzgador debe considerar si la norma que necesita utilizar en un juicio es o no contraria a lo dispuesto en la Constitución o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En caso de que el juez estime que la norma con la que, por ejemplo, tenga que resolver un proceso familiar, agrario o laboral, es contraria a la Constitución o a un tratado, no podrá declarar su invalidez (como sí pasa, por ejemplo, con el amparo), sino que deberá limitarse a resolver el caso sin utilizarla. En cierto modo, el efecto práctico e inmediato es el mismo, pues la norma no será tomada en cuenta.

El tercero de los criterios establecidos en el “caso Radilla” consiste en obligar a todas las autoridades del país a interpretar las normas que deben aplicar en los asuntos de que conozcan, en el sentido que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales. Lo interesante de esta conclusión es, en primer lugar, que se dirige a “todas” las autoridades, con independencia de su jerarquía o carácter federal, estatal o municipal. Además, que los obliga a realizar un ejercicio complejo de búsqueda del mayor beneficio, lo que no puede hacerse sino colocándose en el lugar de los particulares y, en caso de que dos o más de ellos concurran en la misma situación, tratando de ponderar los beneficios de ambos a fin de dar con la mejor solución posible.

Si los consideramos conjuntamente, ¿qué resulta de los tres elementos acabados de describir? Como lo he dicho en otros espacios, y ante todo, la construcción de una nueva “antropología constitucional”. Esto es, de un modo por completo diverso de entender a los seres humanos desde el derecho y, por lo mismo, desde el Estado. Los criterios de la Corte, en efecto, están generando la posibilidad —esto lo recalco para tratarlo más adelante— de que las autoridades de todo el país tengan que considerar a los derechos humanos al momento de realizar las diversas operaciones normativas que tengan conferidas. No se trata aquí de invocar una metafísica nueva, sino más bien de asumir que se está ante un derecho positivo de nuevo cuño que, en tanto tal, debe determinar el sentido de las operaciones realizadas en el interior del orden jurídico mexicano en su conjunto.

La ventana de oportunidad abierta por la Corte, como se dice ahora, es uno de los hitos constitucionales de nuestro tiempo. No me parece exagerado afirmar que si los nuevos criterios llegaran a internalizarse en nuestra vida jurídica bien podríamos encontrar fuertes apoyos para una transformación social más amplia. Pensemos qué significaría que los jueces determinaran el modo como las autoridades del país debieran considerar los derechos humanos al momento de actualizar sus competencias. Significaría, en lo inmediato, que se irían anulando los actos de autoridad que materialmente no hubieren incorporado derechos humanos. Después, con mayor profundidad y con cierta autonomía de la política, que como consecuencia de la acumulación de criterios podría determinarse el tipo de educación que a cada cual debiera corresponder, el tipo de medio ambiente en el cual debiéramos vivir, la manera en la que debieran repartirse las cargas tributarias o el modo en que los miembros de las fuerzas de seguridad debieran comportarse respecto de cada uno de nosotros, por ejemplo. Ello significaría un nuevo modo de entender al ser humano por las autoridades, no como una solución graciosa o voluntaria, sino como una obligación impuesta por el orden jurídico y que, en caso de desacatarse, provocaría la nulidad de sus actos o, lo que es igual, haría irrelevantes sus determinaciones.

Sin embargo, para que lleguemos a ese momento, para que en realidad las relaciones entre el Estado y los particulares e, indirectamente, de los particulares entre sí se den de otra y más venturosa manera, tienen que pasar varias cosas. Los abogados deben asumir las posibilidades renovadoras del derecho y no limitarse a transitar por los hollados caminos del litigio tradicional; los académicos jurídicos, dar cuenta a los cambios y explorar sus alcances, dejando de repetir lo que las normas u otros autores dicen; los jueces, tomarnos en serio los derechos y la capacidad de irradiación sobre el derecho mismo y la vida de la población; la sociedad en general, entender que el derecho no es un obstáculo al cambio, sino una poderosa herramienta de transformación social.

Hace un año ya que la Suprema Corte abrió diversas posibilidades al dictar la “sentencia Radilla”. Desafortunadamente, ha sido muy poco lo que, entre todos, hemos podido concretar. Espero que finalmente entendamos, todos, lo que esta resolución significa en términos de un cambio social realizado desde el derecho, para que el balance del año entrante sea mucho mejor que el de éste.

IMPERATIVO: LIMPIAR LA ELECCIÓN

JAVIER CORRAL JURADO

El Presidente lo ha dicho bien, en una posición nada conveniente para él, pero de gran pertinencia para la estabilidad política del país: se deben castigar las conductas ilegales que han manchado la pasada elección, más allá de la “determinancia” en el resultado de la elección. No importa si es un caso, 100 o mil, que demuestren la compra y coacción del voto; son actos deleznables que no pueden quedar en la impunidad.

Es un asunto de difícil comprobación, pero se puede. Documenté en el proceso interno del PAN en el que participé como precandidato a senador, esta figura tan sofisticada en su demostración por el requisito de la “conexividad”. Sin embargo hoy es el 24° proceso electoral anulado en la historia del Trife y el primero que logra acreditar con toda certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esa forma de defraudación electoral. Logré la nulidad absoluta del proceso, camino por el que los jueces electorales difícilmente transitan sin pruebas contundentes. Pero si las pruebas aportadas no dan para la nulidad total de la elección o la invalidez de algunos resultados, es indispensable que el delito electoral no quede sin sanción, porque de que lo hubo no hay duda, y por supuesto responsables con nombre y apellido. Ésta es la importancia de la posición que ha asumido el PRD y su candidato presidencial en el tema de las tarjetas de Soriana, lo que tampoco echaría abajo la elección de Peña Nieto, pero sí terminaría por acreditar el carácter ilegítimo del abanderado priísta.

El otro tema que creo es el más sólido y con mayores consecuencias para el PRI y su candidato, que puede implicar desde una multa millonaria hasta la pérdida del registro a este partido, es la queja presentada por el PAN en cuanto al financiamiento de procedencia ilícita de la campaña de Peña. El cuantioso flujo de dinero privado y público, las aportaciones indebidas, las triangulaciones financieras y las operaciones paralelas que no fueron declaradas a la autoridad, son el centro de la impugnación y el tema para el cuál el IFE cuenta con instrumentos efectivos y expeditos. De ahí que el PAN haya centrado ahí su mayor exigencia.

Los principales ejes de la inequidad en los que realmente se libró la competencia electoral son, por una parte, el dinero en la campaña del PRI, su origen y destino, un elemento objetivo, cierto y al alcance de los instrumentos técnicos y jurídicos de la autoridad electoral, y la parcialidad de una buena parte de los medios, ostensiblemente de los electrónicos a través de convenios poco transparentes; materia pendiente de una legislación moderna que los comprometa en el servicio público y no en favor de un partido o candidato, como fue el abierto caso de Televisa con Peña. Ésta fue la desigual arena de la disputa, una enorme zona de impunidad que ha provocado el rechazo a los resultados por parte de miles de ciudadanos.

Denunciar estos hechos no significa que se desconozca el desempeño de nuestras instituciones electorales. Eso lo ha dejado claramente asentado el PAN en su posición sobre la jornada electoral pasada. No podríamos negar que el trabajo y la organización electoral desarrollada por el IFE no sólo merece el reconocimiento de los partidos, sino que además constituye la base para la ulterior discusión, el desarrollo de la política nacional y la constitución de los poderes públicos en México. Las elecciones fueron bien organizadas y los votos se contaron bien, independientemente de los resultados, y es una obligación de candidatos y partidos asumirla como parte de su compromiso democrático.

Esto no significa que los propios partidos renuncien a la crítica y a las impugnaciones puntuales en los temas polémicos y más agraviantes, pues si bien concurrimos a una competencia edificada en los términos de la ley electoral, también es cierto que fuimos testigos de varios fenómenos y episodios que deben ser corregidos y que ameritan una profunda y expedita indagación de las autoridades. Al IFE le podemos y le debemos pedir lo que le es posible y está en sus facultades. Sí, limpiar la elección en el tema de la fiscalización es un imperativo para la paz social, la gobernabilidad y el acuerdo político. Impensable avanzar sin sacudirnos de esos lastres.

CHEQUE EN BLANCO PARA LA PROCURADURÍA

MIGUEL CARBONELL

El pleno de la Suprema Corte acaba de resolver una acción de inconstitucionalidad de la mayor relevancia. Luego de tener el caso bajo estudio durante más de tres años (ya se sabe que los ministros no son muy veloces que digamos), una mayoría de ministros ha entendido que es constitucional una disposición del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que permite una “reserva temporal” de 12 años sobre cualquier la información que esté contenida en una averiguación previa.

Puede parecer un tema de estricta técnica jurídica, pero no lo es. De hecho, se trata de una decisión que toca el corazón mismo del problema más difícil que ha enfrentado la administración del presidente Felipe Calderón: la inseguridad pública. Veamos.

Como se sabe, el sexenio de Calderón ha estado marcado por el tema de la lucha contra la criminalidad organizada. Para ello, el Presidente se ha apoyado en las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina), en la Secretaría de Seguridad Pública federal y en la PGR.

De las cuatro instituciones, el eslabón más débil durante los últimos seis años ha sido la Procuraduría. Los titulares de Sedena, Marina y SSP se han mantenido desde el primer día del sexenio y todo indica que permanecerán en el cargo hasta que finalice. En la PGR, por el contrario, los problemas han sido constantes y eso ha obligado al Presidente a tener varios procuradores. La corrupción ha penetrado hasta altos niveles en la PGR, al grado de que la rotación de personal y el despido de agentes policiacos y ministeriales ha sido constante. Todavía bajo el mandato de Marisela Morales, ya en una etapa muy avanzada del sexenio, se inició una operación limpieza de gran alcance.

Frente a toda esta problemática, lo que más tendría que procurar el gobierno es que la ciudadanía estuviera enterada de qué es lo que está sucediendo en la Procuraduría, de forma que la opinión pública tuviera elementos para valorar el esfuerzo realizado y para saber si el rumbo elegido es o no el correcto.

Por eso es que resulta incomprensible que mediante una reforma legal se haya determinado que “toda” la información que esté contenida en una averiguación previa (incluso aquellas que ya están concluidas) permanezca como reservada hasta por 12 años. Si suponemos que un agente del Ministerio Público actuó de forma incorrecta en el año 2012 no podremos verificar documentalmente esa información sino hasta el año… ¡2024! (fecha en la que dicho agente con toda probabilidad ya esté jubilado).

Frente a ese despróposito legislativo, la CNDH en buena hora interpuso una acción de inconstitucionalidad que acaba de ser rechazada por la falange conservadora de la Suprema Corte, con unos argumentos propios de una comedia de vodevil.

La Corte le acaba de dar validez al cheque en blanco que el Poder Legislativo federal le extendió hace unos años a la PGR, para que pueda actuar en la más absoluta opacidad y para que no le rinda cuentas a ningún ciudadano. De hecho, lo que hizo la Corte fue convalidar un área de completo secreto al interior de la administración pública federal, ignorando de esa forma lo que señala la Constitución (artículo sexto) y la jurisprudencia internacional (caso Claude Reyes y otros contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Es muy grave que los legisladores creen ámbitos gubernamentales en los que no exista transparencia pero es todavía peor que la Suprema Corte lo convalide. El caso es además muy sensible porque se nos está negando a los ciudadanos el derecho a revisar el trabajo de un ámbito de la administración de Felipe Calderón que ha estado en el centro de la polémica y que ha arrojado resultados que deben ser analizados y ponderados con mucho detenimiento, para lo cual contar con información fidedigna es indispensable.

Ojalá la próxima administración se decida a abrir la casa, a airear el trabajo de nuestros Ministerios Públicos y a trabajar en la PGR con una mayor convicción de transparencia, alejada del secreto en el que la pusieron Felipe Calderón y los legisladores federales.

Necesitamos una PGR fuerte, efectiva y contundente contra los criminales. Para tenerla no hace falta que trabaje en la oscuridad ni se requiere que la Corte le extienda un cheque en blanco. Lo que se necesita es transparencia y rendición de cuentas. Nada más, pero nada menos.

BALANCE Y (NUEVA) ALINEACIÓN

JOSÉ WOLDENBERG

1. El método electoral sigue arrojando los resultados previsibles: millones de personas votaron -en lo fundamental- en calma. Manifestaron su voluntad y ello remodeló el mundo de la representación política.

2. La labor del IFE resultó eficaz, transparente, apegada a derecho. Espectacular el número de casillas instaladas. Solo dos no se colocaron. El conteo rápido funcionó como reloj suizo y el PREP entregó resultados desagregados que cualquiera puede consultar. La trama para recibir, contar y dar a conocer los resultados funcionó a la perfección.

3. Los candidatos se pasearon a lo largo y ancho del país. Ejercieron con intensidad sus derechos y libertades. Entraron en contacto con cientos de miles de personas en las plazas públicas y también se reunieron en recintos cerrados con diversos grupos de interés. Plantearon sus diagnósticos y propuestas, debatieron con sus adversarios, solicitaron el voto y cargaron el ambiente de política.

4. Las condiciones de la competencia fueron equilibradas durante la precampaña y la campaña. Los partidos recibieron un generoso financiamiento público que se repartió conforme a las normas. Luego de las fricciones entre televisoras y autoridades electorales en torno a las nuevas reglas, las pautas publicitarias entregadas por el IFE a los concesionarios se cumplieron en una amplia proporción (99 por ciento). La radio y la televisión desde las precampañas realizaron una cobertura más o menos pareja (ahí están las mediciones del IFE). No obstante, lo que pasó antes de esas fechas, la complicidad apenas disfrazada entre las televisoras y el candidato del PRI, sigue generando irritación.

5. La participación fue alta (63.14%). Se detuvo el incremento en la abstención. En 1994 sufragó el 77.8 por ciento de la lista nominal, en 2000 el 63.97 y en 2006 el 58.55. Pues ahora volvimos a una votación similar a la del 2000. Se revirtió la tendencia a una menor participación. Es una buena noticia.

6. El triunfo de quien será Presidente fue holgado, pero con una diferencia menor a la que habían proyectado las encuestas. 18.7 millones de votos que representan el 38.15 por ciento de los votos. El segundo lugar obtuvo 15.5 millones de votos y el 31.64 por ciento. Más de 3 millones de votos de diferencia. La caída del PAN no puede ni debe maquillarse. 12.5 millones de votos y el 25.40 por ciento del total.

7. También contra lo que preveían las encuestas, ningún partido tendrá mayoría absoluta de diputados ni de senadores. En esta última Cámara, el PRI ganó 10 entidades, la alianza PRI-PVEM otras 8, el PAN 8 y la coalición PRD-PT-MC 6. El PAN quedó en segundo lugar en 13 estados, el PRI-Verde en 12 y la coalición de izquierda en 7. Para diputados, con cerca del 99 por ciento de las actas computadas, los porcentajes de votos son los siguientes: PAN 25.91; PRI, PRI-PVEM y PVEM (las tres combinaciones): 37.99; PRD-PT-MC, 27.02 y Panal 4.08. Esa es una buena nueva. Las fuerzas políticas seguirán obligadas a escucharse, a negociar y a pactar si quieren que sus iniciativas se hagan realidad. Continuaremos con los llamados "gobiernos divididos". La pluralidad de fuerzas políticas que cruzan al país estará representada de manera equilibrada en el Congreso.

8. El PRI-PVEM gobernará tres estados (Chiapas, Jalisco, Yucatán), pero otros tres serán encabezados por la coalición de izquierda (Distrito Federal, Morelos y Tabasco). El PAN solo refrendó uno de sus reductos (Guanajuato). En Chiapas y el DF los ganadores barrieron. En cuatro estados hubo alternancia (Chiapas, Jalisco, Morelos y Tabasco), y en los otros tres seguirán gobernando las mismas fuerzas.

9. La compra y la coacción sobre el voto es el "frijol en el arroz". Mientras México siga siendo una sociedad tan marcadamente desigual, mientras tantas personas tengan carencias materiales tan extremas, existirá la tentación de intercambiar bienes por votos. Pero, no es una práctica privativa de un solo partido, aunque el PRI parece ser el que más recurre al expediente. No obstante, el antídoto diseñado por el IFE mucho logra atajar: el hecho constatable que en el momento de votar solo puede estar dentro de la mampara una sola persona.

10. Tenemos, sin embargo, un problema mayor: la no aceptación de los resultados por quien encabeza una fuerza más que relevante. Lo respaldan 15.5 millones de votos. ¿A ellos, no les dice nada que Andrés Manuel López Obrador haya ganado en 8 entidades, cuando hace seis años triunfó en 16? ¿No expresa algo que en 22 estados la alianza de izquierda no haya ganado ni uno de los diputados uninominales? Solo en 10 entidades obtuvieron diputados por distrito: DF (26), Oaxaca (10), Guerrero (9), México (7), Tabasco (6), Michoacán (4), Morelos (4), Tlaxcala (2), Veracruz (1) y Quintana Roo (1). ¿No resulta significativo que para el Senado solamente hayan triunfado en seis entidades? Al parecer, no. Es triste. Pero así es.

11. A pesar de eso, todo lo que se haga por transparentar aún más la elección será bienvenido.

¿QUIÉN GANÓ?

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Aparte del lugar común de que en las elecciones ganó México, porque no hubo violencia, porque no hubo fraude a la vista, porque votó un número impresionante de mexicanos, yo saco las siguientes conclusiones. Ganó un hombre la presidencia, Enrique Peña Nieto, pero su partido ganó a medias puesto que no obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión. Con las gubernaturas pasa aproximadamente lo mismo. Lo cual significa, ateniéndonos a los resultados ya oficiales, que al margen de lo anterior ganó la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene el control de muchos espacios de poder y porque obtuvo de los ciudadanos una cantidad impresionante de votos. En este sentido y matemáticamente hablando México no se encuentra dividido en dos, pero un poco menos de la mitad de los mexicanos eligió a la izquierda para gobernar. La diferencia no es mucha en números ya que el PRI venció por un promedio aproximado de tres millones de votos. Además las elecciones resultaron, a mi juicio, un repudio para el PAN. Su candidata no fue sobresaliente, pues ese partido cuenta entre sus filas con miembros incomparablemente mejor preparados que ella. Su gesto extraño, con una contracción o rictus peculiar en los labios, y su oratoria (?) estridente, de plano populista, la dejaron muy atrás. Pero el gran perdedor fue Calderón. En efecto, el pueblo no aprobó ni refrendó su guerra para combatir al narcotráfico. Sin embargo se le debe reconocer su prudencia al anunciar el triunfo de Peña Nieto, con el agregado de que aludió a la posterior confirmación de aquél cuando el IFE así lo anuncie; lo que contrastó notablemente con el triunfalismo del candidato del PRI al llegar a su partido para festejar una victoria no confirmada oficialmente en términos de ley, y pronunciar un discurso, muy preparado puesto que lo leyó, de mediano alcance y con la rigidez del ya ungido. 

Ahora bien, lo digo no por amargar gratuitamente la fiesta de algunos sino por convicción basada en la observación de los hechos. No creo que en la reciente organización de las elecciones se haya cumplido con los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad (párrafo primero de la fracción V del artículo 41 de la Constitución). Pongo un ejemplo. Es un secreto a voces que se dieron regalos y obsequios mediante tarjetas, comprometiendo al votante para favorecer al PRI. No dudo, por supuesto, que en los otros partidos se haya hecho cosa similar, ya que es un viejo vicio difundido en los medios político electorales. Por otra parte a todos nos consta la inclinación de algunos medios por el candidato del PRI. Fue algo evidente e insoslayable. De manera semejante las encuestas no hicieron más que anunciar una victoria anticipada del candidato del PRI, influyendo en la voluntad de los electores. O sea, no hubo en el caso imparcialidad, ni certeza, ni legalidad, ni independencia, ni objetividad. Quizá lo que digo no haya sido culpa directa de Peña Nieto, o atribuible a él. Pero en la fiesta del triunfo no todos los espacios son claros. Hay que añadir que esta situación ya había sido señalada por el periódico inglés "The Guardian" y por la revista Proceso (junio 27 del año en curso), en los siguientes términos: "La manipulación de los medios masivos de comunicación a favor de la imagen del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, es clave para entender por qué el ex gobernador del Estado de México se mantuvo al frente de las preferencias durante la campaña electoral". El PRD presentó las denuncias correspondientes y no ha pasado nada al respecto, absolutamente nada. En suma, ¿qué ganó México? En tal virtud habría que buscar el término medio que equivalga a equidad. Ni optimismo desbordado ni pesimismo abrumador, aguardando el dictamen definitivo de la autoridad electoral. Lo cierto es que en democracia México avanza lentamente. Estamos mejor que ayer, pero podemos y debemos estar mañana mejor que hoy. No festejemos con anticipación, porque hacerlo equivale o equivaldría a desdeñar e ignorar a millones de mexicanos que no piensan como el que hace del triunfo su mejor opción.

LOS NIÑOS Y LA GUERRA DE CALDERÓN (EL PUEBLO DESIDIOSO ES LA MÁS GRANDE AMENAZA PARA LA LIBERTAD)

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

En la década de los 80´s se decía en México que no había problemas de narcotráfico, actualmente el gobierno está desesperado por controlarlo, esto lo dijo el fiscal general de la Corte Penal Internacional. La posición del presidente Felipe Calderón fue “hábilmente” sostenida en España en una declaración histórica y patética: —“Pensamos que el problema del narcotráfico era tan sencilla como abrir un cuerpo y cortar un tumorcito canceroso, pero cuando lo abrimos nos encontramos con que la metástasis del cáncer había ya cubierto el cuerpo entero”—.

La guerra de Calderón nos ha dejado más de ochenta mil muertos; más de cuarenta mil menores de edad han quedado en la orfandad y más de mil seiscientos niños han muerto en medio de la guerra contra el narco. A éstos niños invisibles en nuestro país, a quien se va a juzgar y castigar en su nombre. Si bien las campañas presidenciales lo observaron todo, nuestros muertos y desaparecidos siguen ahí, para ellos el tiempo no existe.

Tras casi seis años de lucha contra el narcotráfico, hay más de ochenta mil muertos a causa de la guerra de Calderón de los cuales más de la mitad no tienen rostro porque no se sabe quienes son, ésta es la herencia de la guerra de Calderón que nos ha sido propuesta y liderada por el presidente como la estrategia a seguir.

En “Reporte Índigo” se preguntan ¿qué estamos esperando para hacer algo por estos niños?, ¿dónde se encuentran, dónde viven, quién los ayuda?

Desde luego hay que proteger a todos, porque sólo así nos protegemos nosotros mismos. Sería una pena darnos cuenta de su existencia cuando ya sean ellos los criminales a causa de no haber querido hacerles justicia.

El presidente Calderón tiene enfrente un presidente electo, pero todavía le faltan cinco meses más de ejercicio para procurar, esperemos, arreglar el desastre tan grande en que ha sumido al país, y, desde luego, como desgraciadamente JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA no resultó ganadora de la elección, el señor presidente Calderón, no podrá ser nuestro próximo Procurador General de la República, como Josefina se lo propuso, por lo tanto, seguramente buscará algún lugar donde vivir una vez que deje Los Pinos. 

¿POR QUÉ ES CLAVE EL RECUENTO DE VOTOS?

CIRO MURAYAMA

El domingo votaron 49 millones de personas. Esa misma noche el consejero presidente del IFE dio a conocer los resultados del conteo rápido con las siguientes estimaciones: Josefina Vázquez Mota alcanzaría entre 25.1% y 26.03% de los votos, Enrique Peña Nieto entre 37.93% y 38.55%, Andrés Manuel López Obrador entre 30.9% y 31.86% y Gabriel Quadri entre 2.27% y 2.57%.

A partir de las 20:00 horas del 1 de julio se comenzaron a publicar las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Al cierre del PREP, el 2 de julio, se había alcanzado la cifra histórica de captura de 98.95% de las actas, con estos datos de la votación presidencial: Vázquez Mota, 25.45%; Peña Nieto, 37.95%; López Obrador, 31.79%, y Quadri, 2.31%.

Los resultados del conteo rápido del IFE y del PREP convergen con extrema precisión por una sencilla razón: el conteo rápido es una encuesta y el PREP un censo cuya fuente es la misma, las actas de escrutinio y cómputo llenadas a puño y letra por los funcionarios de casilla.

Apenas 24 horas después de cerradas las casillas, el IFE publicó en internet la imagen digitalizada de cada acta capturada en el PREP. Se trata de 426 mil 510 actas de las tres elecciones federales. Con las imágenes de las actas se puede corroborar la confiabilidad del PREP, que debe reflejar los datos asentados en las actas. A la vez, como el IFE les fue entregando desde el domingo esas imágenes de las actas a los partidos, éstos pudieron tener copia de las actas, aun de aquellas casillas a las que no enviaron representantes.

Ahora bien, toda la información del conteo rápido y del PREP es preliminar y no tiene consecuencias jurídicas para los resultados oficiales. El cómputo distrital inicia por ley al siguiente miércoles de la elección, por lo que ayer se reunieron los 300 consejos distritales del IFE. En cada consejo votan el presidente de la junta distrital —único funcionario del IFE— y seis consejeros electorales que son ciudadanos independientes de prestigio en su localidad. Adicionalmente, en dichos consejos hay representantes de los partidos, con voz pero sin voto.

Cada consejo debe hacer el cómputo distrital de la elección para presidente, luego al Senado y finalmente a la Cámara de Diputados. Por ley, si en algún distrito la diferencia entre primer y segundo lugar es de menos de 1%, deben recontarse todos los paquetes electorales. Asimismo, si en alguna casilla el acta es ilegible, si todos los votos son para un partido o si los votos nulos superan la diferencia entre primer y segundo lugar, también debe abrirse ese paquete electoral y hacerse el recuento.

El IFE anunció ayer que se haría el recuento en 78 mil casillas de la elección presidencial, en 87 mil de senadores y en 86 mil de diputados. Si los partidos muestran que es necesario recontar más, seguramente se hará, lo cual debe ser bienvenido. Entonces, en cada distrito se revisan las actas, si hay duda se recuentan los paquetes y finalmente se suman los resultados de cada casilla. Eso dará el resultado distrital. El 7 de julio sesionarán los 32 consejos locales del IFE —uno por entidad— y agregarán los resultados de sus cómputos distritales, lo que confeccionará los resultados oficiales por entidad. Aunque se llama “cómputo” no lo hacen computadoras, sino consejeros, delante de representantes de partidos, por lo que no hay riesgo de triquiñuela informática.

Por cierto, será clave el recuento en las muy reñidas elecciones de diputados federales. De acuerdo con el PREP, el PRI ganaría en 157 distritos, pero hay al menos una docena donde la diferencia es de menos de 1 por ciento. Si el PRI perdiera alguno de ellos, no alcanzaría mayoría en Cámara de Diputados incluso sumando a legisladores del PVEM y Panal. Es ahí donde está el interés del recuento, no en la elección presidencial.

EL REGRESO DEL PRI

JAVIER CORRAL 

El PRI está de regreso en Los Pinos, mientras la pluralidad se confirma como realidad inescapable para el Congreso. Una vuelta al pasado y un otear al futuro, en una apuesta ciudadana que parece contradicción, pero en el fondo es un interesante equilibrio que sobresale por encima de la mala calidad de nuestra democracia. Es el saldo mayor de la jornada del 1 de julio; no me gusta por supuesto ver el retorno priísta, pero me anima que parte importante del electorado ha repartido el poder casi en tercios para las principales fuerzas políticas, con una precaución o desconfianza insospechadas. 

¿Cómo pudo darse ese regreso y al mismo tiempo la pluralidad como signo de futuro? Por una combinación de castigos y desconfianzas, bajo un entramado comunicacional dispuesto a la componenda, nutrido con uno de los más descomunales e insultantes derroches en campaña. Ambos casos, aún insuficientemente regulados y por tanto impunes.

El triunfo del PRI fue aprovechando omisiones, errores y debilidades del PAN, y también por el uso del miedo hacia el líder de la izquierda, que no pudo sacudirse en seis meses la desconfianza construida en seis años. PAN y PRD contribuyeron, como no lo hizo el propio PRI, para el retorno de una vieja clase política tan corrupta como corruptora, que sólo tiene a Peña Nieto como rostro nuevo, pero sin prestigio o trayectoria de honestidad.

Entre la decepción que han causado varias acciones del PAN como gobierno -hasta entre sus propios militantes-, y el secuestro de la izquierda por el mesianismo e intolerancia de López Obrador, se explica este desenlace. A nadie le debe tanto Peña como a AMLO, cuando éste chantajeó la más importante y casi perfecta coalición PAN-PRD en el Estado de México en 2011. Ahí se escribió lo vivido.

El PAN debiera empezar por ahí su reflexión profunda, serena, pero dotada de valor y sinceridad para reconocer que en 12 años se fueron arriando banderas importantes de nuestra lucha histórica, en particular contra la corrupción, y se cohonestó con prácticas priístas de las que nos quejamos antes. Nos alejamos de la agenda ciudadana, del combate a los monopolios y no surgió la más mínima revisión a un modelo económico que concentró la riqueza y extendió la desigualdad.

El PAN entró en un profundo deterioro de su vida democrática y se han reproducido mecanismos corporativos, clientelares e incluso fraudulentos de sus procesos de elección. La impunidad se enseñoreó y han quedado sin castigo afrentas del tamaño del Batopilazo, un fraude interno en la mismísima tierra del fundador del PAN, donde votaron hasta los muertos y no hubo un solo amonestado. Señalo ese hecho, no sólo porque los dos principales responsables quedaron impunes y volvieron hacer de las suyas este año en el proceso interno de Chihuahua, sino porque esa impunidad señala que la complicidad fue mayor, y la autoría intelectual vino de los más altos niveles del partido, como se ufana uno de ellos. Los resortes éticos se aflojaron y creció entre los órganos directivos y de consejo una extraña, inexplicable, cultura presidencialista de subordinación, que tuvo su máxima expresión en este sexenio.

Como lo ha dicho Gustavo Madero, el regreso del PRI es una historia comunicacional, o más bien, una componenda mayor en la que participaron los principales consorcios mediáticos. ¿Que el triunfo de Peña se planeó y ejecutó por Televisa? ¿Quién lo duda? Lo que hay que agregar es que si en alguna época Televisa ha recibido privilegios y ha gozado de impunidad ha sido bajo los gobiernos de Fox y Calderón. ¿Cómo puede un régimen político de alternancia crear ciudadanía y cultura democrática, difundir los logros de un gobierno, si se basa en el mismo entramado mediático del régimen autoritario anterior?

Sin descalificar los números, sí subsisten muchos elementos que componen la inequidad del sistema electoral. Con esas reglas se decidió jugar, ahora urge perfeccionarlas hacia una verdadera regulación de medios y control del dinero en las campañas.

El Congreso que viene puede ser un dique para evitar la restauración autoritaria.

Sin embargo, el legislativo carece de controles para impedir ciertos abusos. Mas bien preparémonos para una larga lucha. ¿Porqué confiar que el PRI gobernará democráticamente? ¿Porque lo leyó Peña en un discurso que no escribió él, ni lo supo pronunciar? Abunda el ejemplo contrario. Si nos atenemos a las palabras y referentes que Peña ha colocado sobre el nuevo PRI, les alerto: ha puesto como ejemplo al gobernador de Chihuahua, César Duarte, un faccioso de quinta que controla medios, organismos empresariales, el Congreso del Estado y está metido en universidades públicas. Viola la ley cuando quiere y oculta información. Aún no cumple dos años en el cargo y su gobierno se ve salpicado de escándalos de corrupción. ¿Ese es el PRI que regresa? 

LA DEMOCRACIA MEXICANA EN EL CONCIERTO LATINOAMERICANO

DANTE CAPUTO

Hace unos treinta años atrás en nuestra América teníamos tres formas políticas: muchas dictaduras, dos o tres democracias razonablemente estables y México.

Para los países del Sur, ciertamente México no era una dictadura. Es más, siempre nos ayudaron acogiendo a los perseguidos. Sin embargo, tampoco era la democracia que imaginábamos para nuestros países; de hecho, la delimitaba una estructura con partido único y severos límites a la libre expresión, aunque, salvo en ocasiones excepcionales, las formas represivas estaban cuidadosamente escondidas.

Uno se podía pasear  con un libro marxista debajo del brazo, y no pasaba nada. En el Sur era otra historia.

En fin, México era excepcionalmente distinto. Pero no lo era sólo por sus contrastes internos, por no ser ni democracia ni dictadura. Había rasgos muy poco repetidos en América Latina, por ejemplo, su aparato de Estado. A ese Estado no lo inventaron en una década, fue una laboriosa construcción social y política que, paradojalmente, habiendo nacido de la hegemonía de un partido único, vino a darle a la democracia mexicana una fuerza poco habitual.

La democracia es una forma de organización de poder para crear ciudadanía, es decir, para que los individuos ejerzan realmente los derechos que teóricamente poseen.  Ese objetivo no se puede lograr sin Estado.

El Estado no es una idea abstracta, se encarna en organizaciones bien concretas. Las instituciones, sus cuadros administrativos, son la condición necesaria para que el proyecto democrático cambie la realidad, se legitime frente a la sociedad y renazca más fuerte y más amplio.

Naturalmente no todo es alegre con las burocracias, trámites y colas. Eso es evidente y cotidiano. Lo que se ve menos, es el hecho de que en México se hayan formado instituciones y cuadros que facilitaron enormemente su transición democrática y su progreso.

Estas elecciones están en gran parte bajo la responsabilidad del Instituto Federal Electoral. No hay muchas instituciones así en el mundo. Bien me gustaría que la tuviéramos en mi país. De hecho, hace un par de años con un colega de otro partido, publicamos un artículo en el Clarín de Buenos Aires, proponiendo la creación de un IFE argentino. Algún día lo haremos.

Comparado con otras democracias en la región, en México han desaparecido las experiencias relacionadas con golpes militares; los procesos democráticos se han establecido como un medio para el procesamiento de las diferencias en el terreno político en una esfera pacífica donde la fortaleza de sus instituciones ha jugado un rol protagónico.

Es natural que no nos demos cuenta de lo que tenemos en el haber de nuestros países. Para recordarlo estamos los no mexicanos, que miramos con sorpresa lo que ustedes ven como habitual.

LA FIESTA DEMOCRÁTICA

MIGUEL CARBONELL

Parece fácil y no lo es. Parece que siempre lo hemos tenido y no es así. Parece barato, pero nos ha salido carísimo. Este día estamos llamados a culminar un ejercicio elemental de democracia, que consiste en elegir a las personas que tomarán las decisiones públicas más importantes en nombre de todos durante los siguientes años.

La buena noticia es que, dentro de lo que cabe, el proceso electoral se ha desarrollado dentro del marco de rutinas propio de cualquier democracia: hubo competencia interna en los partidos para elegir a sus respectivos candidatos (más acentuada en algunos y más inclinada hacia el dedazo autoritario en otros), las campañas suministraron información y propuestas a los electores, los medios de comunicación cubrieron con libertad los mítines políticos y se analizaron con detalle las palabras de los candidatos. Paralelamente, las autoridades electorales fueron cumpliendo a cabalidad con las etapas que señala la ley para que todos lleguemos a la votación del domingo a partir de un marco de confianza, sabiendo que la tarea principal se ha hecho.

Para un observador externo lo que acabo de decir puede parecer algo obvio y quizá lo sea muchas democracias consolidadas. Sin embargo, para un país como México la constatación de la rutina democrática sigue siendo noticia. Procesos electorales confiables y transparentes no los hubo hasta hace muy poco. Las prácticas de simulación y fraude electoral fueron la regla y no la excepción durante décadas. Las diferencias entre grupos y partidos se arreglaban a balazos y no en los tribunales. Prácticas como las urnas embarazadas, el ratón loco, los muertos que votaban, las casillas zapato y un largo etcétera formaban parte no de la imaginación nacional, sino de las prácticas institucionales del Estado mexicano. No es que todo haya sido perfecto esta vez. Al contrario: nos falta mucho por mejorar en la competencia electoral, en la consistencia de los candidatos, en el diagnóstico de nuestros problemas, en la discusión sobre sus posibles soluciones, en el acceso a los medios de más y mejores voces. Todo eso lo tenemos pendiente, pero no cabe desconocer lo mucho que hemos avanzado, desde la época (tan cercana) del sistema electoral cavernario y pistolero que por décadas rigió los destinos de la nación.

Hoy celebramos una fiesta democrática, en la cual habrá un invitado muy especial: usted. No vaya a faltar. Ninguna fiesta estaría completa sin sus protagonistas, que este día (como corresponde a todo país democrático) serán los ciudadanos.

EL DESAFÍO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

CIRO MURAYAMA

México ha iniciado su tercer siglo como nación independiente inmerso en una crisis múltiple, pero lo hace por primera vez en su historia contando con un sistema plural de partidos, una prensa diversa y que ejerce sus libertades, y con una ciudadanía cada vez menos indulgente ante quienes detentan el poder. Así, los múltiples desafíos de México pueden ser enfrentados, aún, desde una lógica democrática.

A las urnas están llamados a votar casi 80 millones de mexicanos. En su gran mayoría jóvenes y jóvenes adultos. La variable demográfica no puede escapar del primer nivel de prioridad del análisis de la realidad mexicana. No sólo tenemos una población de 112 millones de seres humanos, la mitad de los cuales viven en una situación de pobreza de acuerdo con las cifras oficiales, sino que nunca en la historia habíamos tenido tantos mexicanos demandando educación y puestos de trabajo sin encontrar espacios educativos o empleos formales. Sólo en la presente década 20.5 millones de jóvenes llegarán a la edad de ciudadanía, cumplirán 18 años. De ellos, 14 millones no lograrán concluir su bachillerato, por lo que tendrán una escolaridad inferior a lo que las Naciones Unidas han definido para no caer en situaciones de pobreza. Al ritmo de expansión del empleo formal, estos jóvenes mexicanos no tienen otro horizonte que el de la precariedad laboral y el subempleo. México está desperdiciando, a pasos agigantados, su “bono” demográfico y creando un contexto de exclusión temprana para los jóvenes que puede convertirse en marginalidad permanente. Más que pleno de oportunidades promisorias, el siglo XXI aparece para el país y sus nuevas generaciones cargado de signos ominosos.

A los añejos problemas de desigualdad, pobreza y fragilidad institucional, en los últimos años se ha añadido la grave presencia de la inseguridad, la violencia y la presencia del crimen organizado sobre prácticamente todas las esferas de la vida mexicana.

Para dejar atrás a la transición democrática y afianzar su consolidación es indispensable dotar al debate público de una agenda sustantiva. De lo contario, la agenda electoral seguirá siendo el expediente que copa y satura el debate público mexicano. Y lo que nos hace falta ya no es discutir sobre las reglas y las autoridades para garantizar el acceso pacífico al poder, sino colocar en el centro de la discusión las políticas públicas sobre temas relevantes. Desde la economía hasta la ecología, pasando por la agenda internacional, la cultura, la ciencia y tecnología, la educación, la salud, la agenda de género, etcétera, se despliega una agenda temática que, en México, no ha sido ampliamente debatida y que, en parte por ello, está siendo desatendida. La insatisfacción de los mexicanos con sus instituciones y con sus gobiernos pasa por la falta de respuestas concretas a los problemas cotidianos de la gente.

Las elecciones de 2012 son un momento crucial para decidir si es a través del fortalecimiento de la ciudadanía y del Estado democrático como se abordarán y eventualmente resolverán los problemas del país, o si seguirán en expansión los motivos para que se recele de la democracia y de la viabilidad del sistema de partidos como instrumentos legítimos para labrar un futuro colectivo deseable. El compromiso con las reglas del juego democrático por parte de todos los actores, así como la aceptabilidad de la derrota, es un requisito para avanzar hacia una agenda sustantiva de la democracia.

LAS ELECCIONES Y SUS REGLAS

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Las elecciones son momentos en los que naturalmente se incrementa la tensión política. A través de ellas se procesa la disputa por el poder, se definen los equilibrios entre las fuerzas políticas y se integran los órganos electivos del Estado. Ello supone que las fricciones intrínsecas a las sociedades plurales se intensifiquen, pero eso es natural en toda democracia.

En ese sentido, la democracia no supone la falta de controversias o de confrontación (que en gran medida definen las campañas), sino la existencia de procedimientos e instituciones que permitan resolverlas pacíficamente y con base en las reglas establecidas.

La historia de la transición a la democracia en México coincide, en ese sentido, con el establecimiento de las reglas del juego democrático, así como con la construcción de las condiciones que permitieran que dichas reglas fueran efectivamente cumplidas.

En ese sentido, las reglas legales son claras y precisas; en varias ocasiones el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ha sido definido como una carta de navegación en la que todos los actos y los tiempos del proceso electoral están claramente establecidos y la autoridad lo único que tiene que hacer es seguirlos puntualmente; ello ha inyectado certidumbre y, por lo tanto, confianza en los comicios.

El caso mexicano es emblemático de cómo la recreación democrática es justamente la existencia y el respeto de una serie de reglas particulares. Entre nosotros esas reglas se fueron creando gradualmente, no fueron el producto de un acuerdo histórico que marca tajantemente un antes y un después (como ocurrió en el caso español), el proceso de transición a la democracia fue paulatino pero al cabo de éste el abanico de las reglas democráticas estuvo completo. De no haber sido así, simple y sencillamente los profundos cambios políticos que ha experimentado el país en los últimos tres lustros (falta de mayorías predefinidas en los Congresos, alternancias en el poder, gobiernos divididos, elecciones competidas, etcétera) no habrían podido ocurrir.

Subrayo, sin embargo, una cosa: no fueron esos cambios políticos los que dieron paso a la democratización del país, sino que fue precisamente la acompasada introducción de las reglas democráticas las que permitieron que esos cambios se verificaran.

Es cierto que no hemos estado exentos de problemas y conflictos. La historia de las instituciones electorales no ha sido tersa ni sencilla. Pero también es cierto que se trata de una historia exitosa que se ha basado en el respeto generalizado de las reglas y de las instituciones encargadas de vigilar su respeto. La elección presidencial de 2006 ha sido la más complicada de las que hemos enfrentado. Lo cerrado de los márgenes de diferencia en la votación presidencial significaron un reto inédito para nuestra institucionalidad democrática. El Tribunal Electoral y su tarea de resolver las impugnaciones y calificar las elecciones adquirieron una centralidad fundamental.

Como una respuesta a ese momento crítico de nuestra historia electoral, en 2007 y 2008 se llevó a cabo una profunda revisión de las reglas electorales, aprobada por un amplísimo consenso legislativo, que introdujo una serie de novedosos procedimientos que atienden y resuelven muchas de las preocupaciones surgidas en la elección presidencial previa.

Así, hoy contamos con procedimientos administrativos sancionadores expeditos y dotados de la posibilidad de emitir medidas cautelares en tanto se desahogan; una unidad de fiscalización que puede trascender sin obstáculos los secretos bancario, fiduciario y fiscal; un nuevo modelo de comunicación política (centrado en la prohibición de compra-venta de publicidad en radio y televisión y el uso de los tiempos del Estado para que las ofertas políticas se promocionaran ante los ciudadanos) que permite una presencia mucho más equilibrada en los medios electrónicos de comunicación de los diversos partidos y sus candidatos y atajando el peso del dinero en el acceso a aquellos; así como la posibilidad de realizar recuentos de votos totales durante los cómputos distritales si la diferencia de votación entre el primer y el segundo lugar es menor al 1 por ciento y este último así lo solicita, como un mecanismo para eliminar cualquier sombra de sospecha en relación con el cómputo legal de los votos.

Por supuesto, la política no se agota en las instituciones y los procedimientos, pero más allá de ello, lo que importa para la subsistencia del sistema democrático mismo es que la política, pero sobre todo los políticos, no desborden el cauce institucional.

Hacerlo implica romper los pactos fundamentales sobre los que se erige toda convivencia pacífica y democrática, eso, para decirlo sin medias tintas.

EL RETORNO DEL DINOSAURIO

JOHN ACKERMAN

No existe indicio alguno de que el grupo de poder que llegaría a Los Pinos con Enrique Peña Nieto tenga la menor intención de modernizar el país o fortalecer las instituciones públicas. La idea de que Peña Nieto representaría un “nuevo PRI” no es más que una fantasía que no se sustenta en hecho empírico alguno. Al contrario, su pobre desempeño como gobernador del Estado de México y la intolerancia que demostró a lo largo de la campaña presidencial demuestran que este político no está preparado para gobernar un país de 115 millones de pobladores caracterizado por su enorme diversidad social y por la población juvenil más numerosa de su historia.

Todo parece indicar que el despertar social representado por el movimiento #YoSoy132 no fue suficiente para evitar el retorno de los “dinosaurios” a Los Pinos. El desánimo y la desesperación ciudadana fueron más poderosos que la esperanza y la movilización social. En lugar de confiar en sí mismos y apostar por algo nuevo, los ciudadanos se dejaron manipular y presionar, tanto por los principales medios electrónicos de comunicación como por los enormes operativos de compra y coacción del voto.

México, entonces, sigue el camino ya ensayado por Guatemala. El pasado 6 de noviembre de 2011 los ciudadanos de ese país vecino dieron la victoria al general Otto Pérez Molina como su nuevo presidente de la República. Pérez Molina representaba lo peor del oscuro pasado autoritario. Ha sido señalado como uno de los principales responsables de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó entre 1954 y 1986 en el país. El pasado 5 de julio de 2011, Pérez Molina fue acusado formalmente ante el Relator Especial contra la Tortura de la ONU por su papel en la “guerra sucia” que causó más de 200 mil muertos o desaparecidos durante los 36 años de guerra civil, la gran mayoría civiles desarmados.

El “nuevo” PRI supuestamente “modernizador” ya quedó en el pasado. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo encabezaron gobiernos de supuestos tecnócratas que buscaban reemplazar el “rentismo” y la corrupción del pasado con un aparato estatal más reducido y eficiente. Ambos presidentes habían dedicado muchos años al estudio académico e incluso contaban con doctorados de investigación en universidades de prestigio internacional. Estos técnicos resultaron a la postre ser igual de mafiosos, ineficaces y oscuros que sus hermanos “dinosaurios”, pero por lo menos buscaban proyectar una imagen diferente de sus ideas y su proyecto político.

En contraste, Peña Nieto ni siquiera se preocupa por aparentar ser un hombre de sofisticación y estudio. Con todo cinismo, representa el grupo más atrasado y políticamente subdesarrollado del PRI: los gobernadores. Estos políticos no miran hacia el futuro, sino que todavía viven con sus pies firmemente colocados en el pasado. Por ejemplo, los 10 estados que jamás han vivido una alternancia en el poder a nivel de Ejecutivo estatal son las entidades con mayores debilidades institucionales en todo el país. Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y el Estado de México son cuatro de los ejemplos más claros.

De acuerdo con la más reciente edición del Latinobarómetro, Guatemala y México están empatados en el primer lugar de América Latina en lo que se refiere al desencanto de los ciudadanos con la democracia. En ambos países, 73% de la población expresa que está insatisfecha con el desempeño de su sistema político. Teóricamente, esta insatisfacción podría ser sumamente positiva en cuanto estimule una sana crítica y movilización ciudadana para modificar el estado de cosas. Este es el caso, por ejemplo, de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Su insatisfacción los ha llevado a la acción y a la rebeldía.

Sin embargo, otro desenlace de la insatisfacción es la resignación y la desesperación ciudadana que muchas veces lleva a la población a una nostalgia autoritaria. Así podríamos explicar los resultados de las elecciones presidenciales más recientes tanto en Guatemala como en México.

Pero la rebeldía y la conciencia ciudadana perduran. Incluso, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) finalmente ratifica el triunfo de Peña Nieto y declara la validez de la elección en su conjunto, la coyuntura podría ser particularmente propicia para la consolidación del esfuerzo ciudadano por democratizar los medios de comunicación y poner fin a la corrupción gubernamental. Con un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguramente muchos de los más importantes luchadores sociales se hubieran incorporado al gobierno federal. Ahora, estos mismos luchadores podrán mantenerse en el terreno de la crítica y la exigencia plenamente ciudadana.

Algunos analistas han sugerido que no importa que Peña Nieto represente al viejo PRI, porque el país supuestamente se ha democratizado tanto durante los últimos 15 años que sería simplemente imposible gobernar de la misma manera que antes. Pero el naufragio nacional que todos hemos atestiguado durante la gestión de Felipe Calderón demuestra que lamentablemente todavía hay un gran potencial para que una mala gestión en la Presidencia de la República lastime profundamente a la sociedad.

La buena noticia es que ninguna elección presidencial podrá apagar el fuego de la larga tradición de lucha, crítica y rebeldía de la ciudadanía mexicana. Apenas inicia el largo camino para construir la paz, la dignidad y la justicia desde la sociedad.

REPARTO DEL PODER

JORGE ALCOCER

Al momento de entregar a Reforma este artículo, el PREP había llegado al 96.8% del total de casillas federales computadas; para la elección presidencial, se confirman los rangos mostrados la noche del domingo por el conteo rápido del IFE. Enrique Peña Nieto es el presunto ganador de la elección presidencial con el 38% del total de la votación emitida, superando a Andrés Manuel López Obrador por 7 puntos, que en términos absolutos representa 3 millones de votos.

Con una participación de más del 63% del total de electores, de las urnas ha surgido un ganador, pero no un mandato. Casi un 62% de los votantes sufragaron por candidatos distintos al que será, salvo que otra cosa ocurra, el próximo titular del Poder Ejecutivo federal. Una vez más, solo que ahora de manera acentuada, los ciudadanos repartieron el poder.

Conforme a los datos del PREP, los tres candidatos presidenciales obtuvieron victorias estatales. Josefina Vázquez Mota en Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas, y además peleando en Veracruz, frente al abanderado tricolor, voto por voto. Andrés Manuel López Obrador se alzó con la victoria en el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala; en los otros 21 estados, Enrique Peña Nieto fue el candidato de mayor votación.

Por su importancia, en términos de número de electores y participación ciudadana, merecen atención los casos del Distrito Federal y del Estado de México, que por sí mismos explican un porcentaje significativo de la votación total de cada uno de los tres candidatos. En efecto, para López Obrador representan el 31% de su resultado nacional; para Peña Nieto el 23% y para Josefina Vázquez Mota el 17%.

Terminados los festejos por la victoria, el PRI y su candidato presidencial harán bien si miran el espejo de la primera alternancia, para no incurrir en el mismo error de Vicente Fox, quien pretendió convertir su victoria -por mayoría relativa- en mandato absoluto, olvidando que el PAN carecía del número de legisladores necesarios para decidir, por sí mismo, en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

Peña Nieto abogó durante su campaña por el retorno a la época en que el PRI tenía mayoría absoluta en el Poder Legislativo; para tal propósito puso sobre la mesa propuestas para reducir o eliminar los legisladores plurinominales. El electorado se ha pronunciado en un sentido contrario a tal idea. No sólo ha confirmado la composición plural de las dos Cámaras del Congreso, sino que, además, conforme a los resultados del PREP, en la próxima legislatura, tanto en San Lázaro como en el Senado, prevalecerá la ausencia de mayoría absoluta, incluso sumando a los legisladores del PRI y PVEM en cada Cámara.

Si cabe interpretar el mandato de las urnas, los electores decidieron repartir el poder, acentuando el mosaico de la pluralidad en la representación popular. El presunto ganador de la elección presidencial tiene como primera tarea conocer y entender la futura composición del Congreso de la Unión para empezar, desde ayer, a tender los puentes del diálogo, sin exclusiones ni intenciones aviesas. Cuenta para ello con un activo: la aceptación de la derrota, generosa y sin condicionamientos, de la ex candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el reconocimiento de su victoria por parte del presidente Felipe Calderón.

Con los partidos del Movimiento Progresista, más allá de la reacción de López Obrador, que ayer se negó a reconocer el resultado (infancia es destino), el presunto ganador de la elección presidencial y su partido tendrán que mantener y ensanchar los puentes de entendimiento que, contra viento y marea, se tendieron y utilizaron en la LX y LXI Legislaturas, especialmente desde el Senado. Las reformas pendientes tendrán mejores posibilidades de convertirse en buenas leyes si cuentan con el aval de las tres fuerzas políticas a las que el electorado ha confiado la tarea y el reto de ponerse de acuerdo.

El nuevo reparto del poder incluye las victorias del PRD en Morelos y Tabasco; la reforzada hegemonía de la izquierda en el Distrito Federal, y el fin del predominio panista en Jalisco. Como ya sabíamos, y el domingo se refrendó: en democracia, nadie gana todo, y nadie pierde todo, mucho menos para siempre.

Hace 12 años empezó esta historia; la segunda alternancia está en curso. Luego...

Ya veremos.

UN FUTURO CONGRESO SIN MAYORÍAS

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Todo indica que la coalición Compromiso por México logró ganar la Presidencia de la República pero no alcanzar la mayoría en el Congreso de la Unión, con lo cual se mantendrán, al menos por otros seis años, los gobiernos divididos que se inauguraron en las elecciones intermedias de 1997, aunque los legisladores del Panal podrían hacer mayoría junto con los del PRI y del PVEM.

Durante las últimas dos elecciones presidenciales hemos visto que el partido o la coalición que gana recibe en las contiendas legislativas menos votos que su candidato a la Presidencia; pero incluso si los dos partidos que conforman la coalición Compromiso por México (PRI y PVEM) obtienen el mismo porcentaje de sufragios que su abanderado presidencial no será suficiente para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Para tener la mayoría en el Senado se requieren 65 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados el número correspondiente es de 251 legisladores. En el caso de la Cámara de Senadores poco tiene que ver el porcentaje de votación, mientras que en la Cámara Baja la combinación buscada es de 167 diputaciones de mayoría relativa y una votación de 42.2%, con lo cual en automático se transforma en 251 curules, por la sobrerrepresentación permitida de 8 puntos porcentuales.

En el caso del Senado, en esta ocasión y tras la debacle del 2006, el PRI logrará ser primera o segunda fuerza política en todas las entidades de la república, con lo cual conseguirá en automático colocar, al menos, a un representante de cada entidad federativa, más unos 12 senadores que le corresponderían de la lista nacional si obtiene exactamente el mismo porcentaje de votos que su abanderado presidencial. Así, la combinación que el PRI requiere para tener mayoría sin depender de ninguna otra fuerza política es ganar en 21 entidades y ser segunda fuerza en las otras 11, con lo cual aseguraría 65 senadores.

Aunque los números se pueden modificar, pues el PREP mostraba los resultados de poco más de 40% de las casillas, el PRI iba adelante en nueve de las 22 entidades en las que participó solo, mientras ganaba en siete de las 10 en las que participó en coalición con el PVEM. En un par de estados en los que perdía, los números estaban muy cerrados, así que se puede esperar que cuando mucho gane en 18, menos de los 21 que requiere.

En cuanto a la Cámara de Diputados, allí el problema es todavía mayor, pues no parece posible que alcancen el 42.2% de la votación entre los dos partidos, como tampoco los 167 diputados de mayoría relativa, pues hasta las 2:00 de la mañana del lunes en el PREP iban adelante en 159.

De modo que, de acuerdo con los números que se proyectaban en el Programa de Resultados Electorales Preliminares en las primeras horas del lunes, Enrique Peña Nieto tendrá que gobernar con un Congreso con mayoría de la oposición. Todo indica que el Partido Nueva Alianza, de Elba Esther Gordillo, quien seguramente mantiene su alianza estratégica con Peña Nieto, alcanzará entre cinco y ocho diputados y un senador, con lo cual eventualmente puede ser el factor que permita a la coalición del PRI y el PVEM alcanzar la mayoría en las dos cámaras o en alguna de ellas para ciertos propósitos.

Los números del PREP indican, por otra parte, que Peña Nieto en realidad no le aportó muchos votos al tricolor o a la coalición, pues su porcentaje es muy similar al que muestran los candidatos a diputados y senadores de dichos partidos, lo cual significa que fue en realidad la estructura partidista o de los gobernadores la que permitió ganar la Presidencia de la República.

Entre los estados gobernados por priistas que no rendían muy buenas cuentas en lo relativo al porcentaje de votos que obtuvieron los candidatos de su partido, destacaban Nuevo León y Tamaulipas, donde iban abajo en todas las elecciones. Hay otros, como San Luis Potosí y Yucatán, actualmente gobernados por priistas, que tampoco presentaban números favorables para el Senado, aunque esto podría cambiar cuando empiecen a llegar los resultados de las casillas más alejadas de las sedes distritales.

En ambas cámaras el PRD será la segunda fuerza electoral, con poco más del 29% de los votos, y el PAN la tercera, con unos dos puntos porcentuales menos. Por otra parte, para la distribución de las curules habrá que eliminar a poco más del 4% de los votantes que decidieron anular sus votos o votar por candidatos no registrados.

Así que lo más probable es que la coalición Compromiso por México logre poco más de 40%; la coalición Movimiento Progresista, 29%; el PAN, 27%, y el resto sería para el Panal.

En suma, los priistas se quedaron cerca de conseguir las tan ansiadas mayorías en el Congreso, en virtud de que para ello les faltarán entre dos y tres senadores y como una media docena de diputados.