PEÑA NIETO Y LA AUDACIA TOTALITARIA*

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Un sistema político “totalitario” es aquel en el que la clase dominante no se conforma con el ejercicio de la autoridad desde las instituciones gubernamentales, sino que busca controlar la totalidad de la vida pública y privada de los ciudadanos. Este tipo de regímenes típicamente dividen a la sociedad de manera maniquea entre los ciudadanos “bien portados” que apoyan y muestran lealtad absoluta al mandatario, y los ciudadanos “de mala conducta” que “sólo critican” y “desestabilizan”.

Aunque el discurso totalitario comúnmente es de “unidad” y “progreso”, en los hechos estos regímenes polarizan a la sociedad y excluyen a los disidentes. Los totalitarios rehúyen el debate entre opciones y posturas contrapuestas. Prefieren el “dulce encanto” del aplauso fácil al caótico proceso de la construcción de acuerdos democráticos. El complemento perfecto a todo ello es la represión estatal contra quienes se atreven a levantar la voz.

Pilares fundamentales de este tipo de sistemas son la propaganda y la manipulación mediática. En lugar de convencer a los ciudadanos y dialogar con la sociedad, se busca corromper y serenar conciencias. Estos esfuerzos de reeducación cívica típicamente prometen liberar al pueblo de una historia de supuesto atraso y aspiran a crear un país ficticio a partir de una “revolución cultural” que instale nuevos valores ideológicos y prácticas políticas.

El discurso inaugural de Peña Nieto en Palacio Nacional el pasado 1 de diciembre reveló un claro talante totalitario. Mientras escurría en las banquetas de San Lázaro la sangre de Uriel Sandoval y Juan Francisco Kuykendall, dos manifestantes pacíficos brutalmente reprimidos por la Policía Federal de Peña Nieto, el nuevo presidente declaraba que era “tiempo de romper, juntos, los mitos y paradigmas, y todo aquello que ha limitado nuestro desarrollo” para construir “un país arrojado y audaz, preparado para competir y triunfar, para que esa sea su imagen ante el mundo entero”. Para ello, concluía, “trabajemos con determinación, con audacia y con pasión”.

La frecuente utilización de la palabra “audacia” llama la atención porque en años recientes se ha convertido en el término clave de un conspicuo grupo de intelectuales para referirse a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Por ejemplo, en su ensayo Un futuro para México, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda aclaman los tiempos supuestamente “modernizantes” que vivimos en México durante el sexenio de Salinas: “Apenas había empezado la obertura que sustituiría al nacionalismo revolucionario, el salto a la modernidad de los noventa, cuando la triste trilogía del año 1994 –rebelión, magnicidios, crisis económica– destruyó la credibilidad del nuevo libreto”.

De acuerdo con los escritores, habría que recuperar el proyecto original del “gobierno audaz e ilustrado” de Salinas. El problema hoy es que “México es preso de su historia”. Precisan: “Ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación –en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías– obstruye su camino al futuro”.

La similitud con el discurso de Peña Nieto es innegable y revela la verdadera intención del nuevo ocupante de Los Pinos. Si bien el proyecto de transformación cultural finge mirar hacia el futuro, en realidad lo que busca es volver la mirada hacia una de las épocas más corruptas, opacas y autoritarias de la historia reciente del país: el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Marcelo Ebrard, quien se forjó políticamente bajo la sombra de Salinas, se ha unido gustoso al nuevo proyecto totalitario. “Ya limpié mi Hemiciclo”, escribió orgulloso la noche del 1 de diciembre. En lugar de preocuparse por las docenas de detenciones arbitrarias cometidas por los policías a su mando y exigir el castigo necesario para los policías federales y locales que hubieran abusado de los manifestantes y jóvenes inocentes, Ebrard prefirió presumir “la pulcritud” de un monumento público que cree que le pertenece a título individual. Esta visión patrimonialista del poder público, junto con la aparente obsesión por la “limpieza” y el orden, demuestran que Ebrard y muchos líderes de la supuesta “izquierda” en el fondo comparten la misma visión totalitaria de los priistas.

Peña Nieto sabe bien que tiene a la gran mayoría de la sociedad mexicana en su contra. El priista solamente recibió 38.2% de la votación popular, y sus bases de apoyo se encuentran principalmente entre los sectores más humildes de la sociedad. El PRI conquistó la Presidencia pero fracasó olímpicamente en ganar la confianza de la población.

Frente a este generalizado rechazo popular, y ante el riesgo de que aumente a la hora de concretar las promesas hechas a sus patrocinadores nacionales e internacionales, destacadamente la privatización del petróleo, el nuevo gobierno decidió que su primer paso sería lanzar una ofensiva ideológica en contra de la izquierda en sus múltiples manifestaciones. Es en este contexto que debemos entender la vergonzosa participación del presidente en la inauguración del Teletón, así como sus incesantes viajes al interior de la República. También es el trasfondo para los nuevos anuncios televisivos de la Presidencia que representan a jóvenes “emprendedores” en corbata saltando erráticamente entre edificios públicos, al igual que la evidente utilización de la lamentable muerte de Jenni Rivera para distraer la atención pública de los problemas más profundos del país.

Pero no será fácil tapar el sol con un dedo. A pesar de que Peña Nieto recurra a las mismas estrategias de cooptación, manipulación y represión del sistema priista de antaño, hoy la sociedad es otra, más despierta, más consciente y más informada que nunca. Confiemos en ella.

*Proceso 18-12-12

SNTE: DIRIGENCIA COMPLACIDA*

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

A nadie debe sorprender que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se muestre tan complaciente con la reforma constitucional del sistema educativo nacional, pues –por lo menos hasta estos momentos– serán sus personeros en las distintas instancias educativas estatales los que se encarguen de administrar el ingreso y la promoción de los integrantes del llamado Servicio Profesional Docente.

La creación de dicho servicio es una muy buena decisión, y más todavía el hecho de que en el párrafo III del artículo 3° de la Constitución se asiente: “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de conocimientos y capacidades que correspondan (…) Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

Sin embargo, el problema es quién realizará dichos concursos de oposición, y de acuerdo con la reforma constitucional serán las autoridades educativas, no el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como muchos creen. Conforme a lo hoy establecido en la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de Educación, corresponderá a las autoridades educativas estatales aplicarlos, en coordinación con la autoridad educativa federal.

Esto se puede modificar en la reforma a la legislación ordinaria que se haga con posterioridad a la constitucional, pero el único cambio que podría introducirse sería que dicha función corresponda a la autoridad educativa federal, y no a la estatal. Pero eso no sería muy congruente con lo indicado en la exposición de motivos planteada por el presidente Enrique Peña Nieto y avalada, igual que la reforma, por los dirigentes de los tres partidos políticos con mayor participación electoral (PRI, PAN y PRD).

En dicha exposición, se manifiesta: “Por su parte, la evaluación individual de los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional debe continuar como una función ordinaria de las autoridades, propia de su operación, que no puede separarse de su diario quehacer. Sin embargo, la práctica de esas evaluaciones debe obedecer a criterios técnicos idóneos que el Instituto (Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE) brinde en el ejercicio de sus funciones”.

Pues bien, en el texto de la reforma la única facultad que se le da al INEE al respecto es “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. Así, este nuevo órgano autónomo ni siquiera podrá elaborar los instrumentos que sirvan para evaluar la idoneidad de los aspirantes a ingresar o recibir una promoción dentro del magisterio.

De modo que, aun cuando integrantes del nuevo gobierno presumen de haber limpiado la Secretaría de Educación Pública de la injerencia de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, al retomar la rectoría de la educación, como lo pregonan, lo cierto es que en los estados las secretarías de Educación todavía están bajo el control de la dirigencia sindical y ellas serán las instancias responsables de aplicar directamente los concursos de oposición para el ingreso y promoción de los maestros. En octubre de 2009 (Proceso 1719), este autor señalaba que buena parte de la eficacia del control de la dirigencia sindical sobre el gremio “obedece al enquistamiento de sus miembros en la estructura educativa: (…) las secretarías de al menos 11 de los 31 estados; más de medio centenar de subsecretarías; cientos de direcciones…”.

Para que efectivamente haya “idoneidad de conocimientos y capacidades” de los nuevos maestros o directores y supervisores, debiera ser el INEE, órgano con autonomía constitucional, el responsable de administrar estos concursos de oposición en todos los casos, o al menos, como planteaba la iniciativa de senadores panistas y perredistas presentada en diciembre del 2011, establecer que fuese requisito para ejercer la docencia, en instituciones públicas o privadas de educación básica, el “obtener la certificación de conocimientos y aptitudes expedida por el INEE”.

Lo ideal sería que, en el caso de los concursos de ingreso, todo el proceso se realizara a nivel federal; que se institucionalizara la organización de uno o dos concursos anuales, y que, de acuerdo con el lugar que ocuparan los candidatos en ellos, se les diera la oportunidad de elegir el lugar de su adscripción. En los de promoción, si se quiere dejar una participación a las autoridades estatales, se les podrían enviar ternas por cada puesto a ocupar y ese sería su margen de decisión; se garantizaría un mínimo de conocimientos y capacidades y simplemente se dejaría la evaluación final a la autoridad directa.

Pero de acuerdo con las atribuciones mencionadas en la Constitución, el INEE no podrá ni administrar los concursos ni emitir una certificación de idoneidad. Además, el secretario de Educación, Emilio Chauyffet, fue muy claro en una entrevista con Carlos Loret de Mola el pasado 11 de diciembre: La evaluación no será retroactiva, y aplicará únicamente para aquéllos que se incorporen a partir de la entrada en vigor de dicha legislación al servicio profesional docente. Tampoco garantizó que reprobar un examen de evaluación implicase la salida del servicio; sólo ratificó que no ingresará quien no lo apruebe, pero, una vez adentro, el reprobarlo no necesariamente conduciría siquiera a que el educador fuese retirado de sus funciones (puede ser que la ley establezca su salida en algunos casos, pero en la Constitución eso no está establecido), aunque fuese para una capacitación.

El conductor del noticiario se sorprendió ante la respuesta de Chuayffet y le preguntó que si la ley aplicaría únicamente para los nuevos, cuántos años se tardarían en renovar a toda la planta de maestros, y el secretario se remitió a la experiencia de Corea del Sur y respondió que a ese país le llevó 20 años. De manera que, aparte de que el impacto de la reforma sobre la calidad educativa será en el largo plazo, nada garantiza que los que ingresen sean los idóneos, por lo señalado previamente.

Las dos instituciones incorporadas al artículo tercero constitucional (Servicio Profesional Docente e Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) son muy positivas, pero en los términos en los que se redactaron las disposiciones mencionadas no garantizan la consecución de los objetivos planteados.

*Proceso 18-12-12

EL PACTO Y SU MÉTODO*

JAVIER CORRAL JURADO

El Pacto por México, suscrito por el presidente y los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD arrojó al Congreso su primer fruto: la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, con un largo articulado transitorio en el que se obliga algunas de las principales características y objetivos de la legislación secundaria. Sin duda sui géneris la técnica legislativa, garantiza por lo menos la concreción de compromisos específicos, a los que será difícil burlar en nombre de las generalidades. 

Prohibir es prohibir, y lo dice uno de los transitorios de la propuesta en relación con los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Pa’fuera de las tienditas escolares la comida chatarra y los refrescos. Escuelas de tiempo completo, lo son las de horario ampliado de seis a ocho horas diarias. Es inteligente la forma, creativo el diseño. 

La reforma ha sido bien acogida por la sociedad y los sectores involucrados. ¿Quién no quiere que la educación y su proceso de evaluación sean rescatados del secuestro en que los ha mantenido por largo tiempo la dirigencia del SNTE? Pocos se resisten, pero ahora ni siquiera son capaces de oponerse públicamente. En la legitimidad de las iniciativas planteadas por el pacto estará el éxito de su propósito reformador y la fuerza moral de sus exigencias, de tiempo y de forma. 

En la Cámara de Diputados la iniciativa se recibió el martes 11, se procesó en comisiones el jueves 13, y presumiblemente hoy se vota en el pleno de la Cámara Baja. Una semana es un tiempo récord para una reforma constitucional; adicionado el dato de que no se le hicieron cambios relevantes. 

En sentido político esto es un buen signo, pero es necesario introducir una alerta en cuanto al método de procesamiento del pacto entre cámaras del Congreso, pues desahogar así los procedimientos para las reformas presupone una gran operación política y mecanismos de retroalimentación, discusión y participación entre los legisladores que dictaminan de origen y los que lo hacen en función revisora. No hay bicamaralismo en el mundo que aguante un ritmo en el que una cámara le impone a la otra, por ritmo o por procedimiento, sus decisiones sin el más mínimo escrutinio, a menos que ambas se pongan de acuerdo en una agenda de iniciativas y se distribuya a qué cámara corresponderá dar origen al proceso legislativo. 

La reforma educativa llega al Senado sin ese obligado mecanismo. En función de los intereses que toca es comprensible que se busque apresurar el dictamen en la colegisladora, pero ni ello justificaría que se ignoraran propuestas de adición tan importantes como las que hemos presentado varios senadores para darle un mayor contenido, mejorar los objetivos de las enmiendas y profundizar en serio, no sólo en el discurso, la idea de recuperar la rectoría del Estado en materia educativa y transparentar las condiciones generales de trabajo, así como la democratización de la vida sindical. 

A todos los actores debe quedar claro que el pacto es un piso, no es un techo; mucho menos debe ser convertido en camisa de fuerza, bajo una especie de dogmatismo firmante en el que lo suscrito por los líderes partidarios y el presidente Peña es intocable. Ello distorsionaría el papel del Congreso y tampoco creo que haya mayoría de legisladores que estén dispuestos a aceptar ser suplantados o sustituidos por un presidencialismo, así esté acompañado de los principales líderes partidistas. El Congreso está obligado a colocar la mira por encima de ese pacto y hacia adelante, y no por debajo y mirando hacia atrás. Las cámaras pueden y deben darle su impronta y un impulso mayor, todo lo que se pueda hacia arriba, para ensanchar el cambio y la transformación del país. No hacerlo de esta manera le provocaría un gran daño al Pacto por México, le restaría el mérito de su altura de miras, perdería su inédito signo de madurez democrática y civilidad política que representa su listado de compromisos reformadores. 

Si hay una reforma que necesita el país, es la educativa. Está en el fondo de muchos de nuestros males, incluida la inseguridad y la falta de competitividad internacional. La educación es un igualador social como pocos. México está rezagado en la economía del conocimiento y precisa de un nuevo modelo educativo. Es cierto que hemos avanzado y la cobertura en alfabetización alcanza casi el 100%. Pero se requieren cambios en la estructura, funcionamiento, evaluación y descentralización de la educación, para lograr una verdadera calidad educativa. 

Por ello insistiremos en complementar la reforma educativa en el Senado, no para detenerla, sino para mejorarla. Hubiera sido deseable que se hubiera puesto en marcha un mecanismo idóneo para ello, como lo es la conferencia parlamentaria planteada en el artículo 153 del reglamento del Senado que dice: “las comisiones en consulta con los órganos directivos del Senado pueden trabajar en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados para deliberar sobre iniciativas y proyectos de ley o decreto u otros asuntos, cuya tramitación se considera necesario agilizar”. Así se propuso formalmente a la Cámara de Diputados, y al no aceptar, el Senado hará la revisión propia. Ojalá esto cambie para futuras iniciativas del pacto. 

*El Universal 18-12-12

EL NUEVO PRESIDENTE*

JORGE ALCOCER

Contra los pronósticos, el nuevo Presidente sigue dando buenas noticias qué hablar; primero fue el anuncio de su gabinete legal, luego del ampliado y de los mandos medios. La ceremonia de protesta en San Lázaro transcurrió, comparada con la de seis años antes, con relativa tersura; aunque los actos de provocación y vandalismo ese día, en el DF, siguen sin explicación. El mensaje en Palacio Nacional quizá no merezca un lugar en la literatura, libros, pero fue conciso y preciso; y además, fue culminado con el anuncio de 13 acciones inmediatas, que han empezado a llevarse a la práctica.

La firma del "Pacto por México", más allá de lo que podamos criticar a su redacción, de pronto tan detallista como imprecisa y críptica, o la falta de cuidado en el trato hacia el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos estatales y municipales, resultó un acto políticamente relevante. No es poca cosa que al segundo día de su gobierno, Peña Nieto haya logrado reunir; para la firma conjunta del Pacto, a los presidentes nacionales de los tres partidos con mayor peso electoral y presencia legislativa. Otra vez, el contraste con el pasado es destacable.

Aunque sus dos primeras iniciativas -como presidente Electo- siguen atoradas, por lo profuso y confuso de su contenido; la de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública quedó finalmente en condición de ser promulgada, una vez que el PRI, colmillo de por medio, dejó pasar la demanda opositora para que el Senado ratifique a dos funcionarios del área de seguridad pública. La decisión final estará en manos de la Corte, que confirma su papel como árbitro en este tipo de diferendos.

Enrique Peña Nieto ya tiene carta legal para proceder a reorganizar el gobierno que le corresponde encabezar; decidió apostar a la concentración de facultades políticas y de seguridad pública en una sola Secretaría, la de Gobernación. Quizá por esa apuesta, al nombrar a los subsecretarios, mandó el mensaje de que entrega la responsabilidad a Miguel Ángel Osorio Chong, pero lo rodea de un equipo experimentado que equilibra y contrapesa al hidalguense, lo que se acentúa con la llegada de Jesús Murillo a la PGR. Agrupar funciones es una primera medida, falta lo sustantivo, que es el cambio de la estrategia reactiva a la inteligencia preventiva.

En la primera de sus iniciativas pactadas, el Presidente mandó otro mensaje; esta vez a la otrora poderosa lideresa vitalicia del SNTE, la profesora Elba Esther Gordillo. Terminar con la venta o herencia de plazas de directores de escuela y supervisores de zona significa quebrar la columna vertebral que sostiene su control sobre ese sindicato, tal y como lo heredó de su defenestrado mentor, hace casi 25 años. La reforma constitucional, ya aprobada por los diputados, es un primer paso para la titánica tarea de que la educación pública sea de calidad, y los maestros la garantía de tal objetivo. Queda la preocupación por el despliegue mediático, que se concentró en la crítica a la profesora, sin explicar ni hacer notar la importancia de lo sustantivo, que está en la evaluación permanente del magisterio, y en la carrera docente, como instrumentos para la mejora continua de la calidad de la educación pública, en todos sus niveles, que es lo realmente importante.

El paquete económico para 2013 avanza sin contratiempos. Ya fue aprobada en ambas Cámaras la Ley de Ingresos y se espera que en esta semana los diputados discutan y aprueben el Presupuesto de Egresos, que son más de lo mismo. Ahí está el verdadero reto del nuevo gobierno, maniatado por la debilidad estructural de los ingresos tributarios, que siguen a la espera de la reforma hacendaria que los haga llegar a los montos y proporciones de una economía como la nuestra.

Sin una reorientación social de la política económica, que genere el círculo virtuoso que encadene la inversión con el empleo y supere la mediocridad del crecimiento económico, no habrá mejores salarios ni elevación del nivel de vida del pueblo. Lo urgente es erradicar la pobreza que tiene a millones de compatriotas en condición de extrema precariedad de vida.

No habrá nueva política social, sin nueva política económica. Hoy la solidaridad consiste en abrir, para todos, oportunidades de empleo estable y salario digno.

¡Feliz año nuevo!

* Reforma 18-12-12

LA HORA DE LA TRANSPARENCIA*

JACQUELINE PESCHARD

La centralidad que ha cobrado la transparencia en la agenda pública tanto nacional como internacional obedece al reconocimiento generalizado que ésta tiene como herramienta fundamental para enfrentar los grandes problemas que aquejan a nuestras sociedades en la actualidad. Es por ello que hoy es la hora de la transparencia y el momento para aprobar las reformas constitucionales y legales que están en discusión en el Senado.

Los diez años de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental han hecho que el tema se haya socializado ampliamente. Tan es así que, a pesar de las resistencias que siguen existiendo entre buena parte de los funcionarios públicos que siguen concibiendo a la transparencia como una carga que los distrae de sus funciones sustantivas, hay sendas iniciativas de reforma en la materia que se presentaron desde el primer mes de la actual legislatura. Dichas iniciativas revelan que hay un consenso entre las diversas fuerzas políticas sobre la necesidad de fortalecer y darle consistencia a los esquemas y procedimientos para hacer de la transparencia un ingrediente de la normalidad cotidiana de la gestión pública en todos los órdenes y niveles de gobierno.

Sin embargo, tres meses de debate y de consulta a sectores sociales involucrados en el tema no han sido suficientes para arribar a un dictamen que pueda ser elevado al pleno del Senado. Como dice el dicho popular, “el diablo está en los detalles” y es ahí en donde se expresa la verdadera voluntad política por avanzar en la construcción de un verdadero sistema nacional de transparencia, que es el objetivo de las reformas en curso.

Pensar en el papel que juega la transparencia en las sociedades actuales puede ayudar a comprender por qué es importante que prospere el debate sobre la manera de mejorar el marco normativo que regula la transparencia, así como los mecanismos para hacerla operante, pues como bien ha dicho Hughette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, “las leyes son importantes, pero ponerlas en operación es el verdadero problema”.

La transparencia es una política pública que surte efectos positivos en el desarrollo y la democracia. Como bien señaló la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en ocasión de la 15ª Conferencia Internacional Anticorrupción realizada en Brasil en noviembre pasado, “la transparencia es una palanca de inclusión social”, sin la cual es impensable el desarrollo y la democracia. Y es que la difusión abierta y extensa de la información pública permite que la población conozca la oferta de los servicios públicos y acceda a los satisfactores necesarios para poder desplegar todas sus potencialidades y alcanzar niveles básicos y dignos de bienestar. La transparencia es también es un elemento de igualación social, ingrediente esencial de la inclusión. La transparencia es una condición ineludible y actuante del desarrollo, no su consecuencia, o dicho de otra manera, las sociedades son desarrolladas porque son transparentes, no son transparentes porque son desarrolladas.

La transparencia abre espacios para la participación de la sociedad en las decisiones gubernamentales que tienen que ver con la manera como se utilizan los recursos públicos y como se adoptan las decisiones que impactan en las condiciones físicas, ambientales, económicas, culturales, etc. de vida de la población. Una sociedad informada es una sociedad mejor equipada para identificar sus derechos, pero también para asumir sus obligaciones para con la comunidad de la que forma parte. La transparencia es un elemento de transformación de la relación entre sociedad y Estado porque al dotar a la población de elementos para desenvolverse mejor, trabaja a favor de una sociedad más activa y, por ende, de un Estado sometido a un mayor escrutinio y, por ello, más responsable frente a la ciudadanía de sus acciones y decisiones y, finalmente, un Estado más eficaz.

La transparencia es también un antídoto contra la corrupción, porque al vigilar y publicitar la actuación gubernamental ayuda a reducir los márgenes de discrecionalidad y de impunidad del poder, los cuales florecen y se reproducen en la opacidad. Los expertos en estos asuntos coinciden en señalar que la corrupción es un crimen en contra del desarrollo, porque en ella anida la exclusión y la impunidad.

No es casual, entonces, que en el actual debate de arranque del nuevo gobierno federal estén en el centro los temas de fortalecimiento de la transparencia y de combate a la corrupción. Las propuestas están hechas y hay avances importantes en la deliberación. Esperemos que la voluntad política expresada en las iniciativas de reforma tenga el suficiente aliento y compromiso para traducirlas en decretos de reforma efectivos en los próximos días.

*El Universal 17-12-12

25 MIL DESAPARECIDOS*

CARMEN ARISTEGUI

The Washington Post publicó, hace unos días, información obtenida de documentos oficiales de la Procuraduría General de la República nunca antes revelados. Funcionarios, que tuvieron acceso a ellas y frustrados por el colapso y la inacción institucional, decidieron darla a conocer por esta vía indirecta. Se trata de una lista con más de 25 mil personas adultas y menores de edad registrados como desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón. Veinticinco mil es, por donde se le vea, una cifra inusitada.

La cifra, aunada a la de personas asesinadas de manera violenta durante el sexenio, que ronda en los 100 mil, son los datos escalofriantes en el balance de un sexenio.

La lista de desaparecidos se conformó con la información entregada por autoridades y procuradurías locales a la PGR.

El diario señala que las identidades y características de estas personas, como edades, vestimentas y otros datos proporcionados por familiares o amigos -como el último momento en que fueron vistos o las actividades que realizaban- se encuentra agrupada en columnas en un formato de Excel por la Procuraduría.

El periodista William Booth, autor de la nota, señala que esto confirma lo que se ha venido diciendo de tiempo atrás sobre México: que hay aquí un fenómeno explosivo en el número de personas desaparecidas. Ni en tiempos de la Guerra Sucia en México, ni en la peor dictadura latinoamericana, se tiene registro de tal número de desaparecidos.

Inimaginable la desolación en la que vivirán miles de familias hoy en México por la pérdida de uno o varios de sus seres queridos. Miles de existencias erosionadas por la perenne incertidumbre del no saber si los suyos viven o mueren.

La dimensión de esta catástrofe pasa casi desapercibida para el resto de la población porque, al igual que otros reportes relevantes, el gobierno pasado decidió guardarse, para sí, este tipo de información. "Presidente valiente", se hacía llamar Calderón en sus campañas oficiales. Ocultar estas informaciones a los ciudadanos nos muestra que no había nada más alejado de la verdad en el contenido de esos mensajes.

Felipe Calderón llegó en 2006 a la Presidencia de México en medio del escándalo y las impugnaciones. Su arribo al poder, por la puerta de atrás, significó para México el inicio de un cruento periodo del cual apenas estamos sacando cuentas. Calderón abandonó la Presidencia de México, dejando tras de sí la más grande estela de devastación y muerte que se recuerde en el México contemporáneo.

La grave crisis de legitimidad que acompañó su llegada probablemente fue el factor principal que lo impulsó a definir un sexenio con aires reivindicación.

Se lanzó, sin cálculo ni diagnóstico y, por lo tanto, sin estrategia efectiva -a juzgar por lo sucedido- a intentar combatir a grandes capos y organizaciones criminales y del narcotráfico. Los efectos fueron contraproducentes: los cárteles más grandes se fortalecieron. Otros, al ser descabezados solamente, abrieron disputas de poder que derivaron en por lo menos 11 cárteles más de regular tamaño que operan hoy en territorio nacional.

La actividad delictiva se "diversificó" en por lo menos una veintena de delitos, además del narcotráfico. Los cárteles mexicanos acrecentaron su presencia internacional. A pie juntillas Calderón guió su gobierno, de la mano del vecino del norte, con una estrategia belicista e irresponsable. Los resultados fueron catastróficos. El suyo será un gobierno recordado con un rictus de tragedia y de dolor.

La cifra publicada por el diario norteamericano dio pie para que Human Rights Watch enviara una misiva, esta semana, al nuevo gobierno de México. José Miguel Vivanco alertó a Enrique Peña Nieto sobre las dimensiones de la herencia de Calderón. Le llamó a abordar "... los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración".

Sobre las cifras del Post le dijo que si "...se corroboran, esto situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del Presidente Calderón entre las peores en la Historia de América Latina".

No hay duda que el recuerdo que quede de Felipe Calderón llevará, por siempre, la impronta de la muerte y la devastación. El Presidente "valiente" que no fue ni siquiera capaz de informar, a la población, sobre el tamaño del desastre que dejó.

¿Cuántos muertos, torturados y desaparecidos dejó su administración? ¿Por qué guardó, en su escritorio, la escalofriante cifra que nos reveló el Washington Post?

*Reforma 14-12-12

LA REVISIÓN DEL PASADO*

ANA LAURA MAGALONI

Esta semana, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de llamar su atención sobre los saldos pendientes en materia de justicia producto de su antecesor. La misiva se centra principalmente en dos temas: tortura y desaparición forzada. "Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón -señala Vivanco-, Human Rights Watch logró demostrar mediante pruebas muy sólidas que en cinco estados, militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos ha sido investigado ni juzgado adecuadamente".

Uno de los mayores desafíos de la actual administración es la escabrosa y complicada tarea de revisar qué pasó durante el sexenio de Calderón con respecto al abuso en el uso de la fuerza de policías y Fuerzas Armadas en contra de ciudadanos. Por más que se quiera cerrar los ojos y pensar que "el pasado es el pasado", hoy existen miles de familias por todo el país buscando angustiosamente a algún ser querido desaparecido (no sabemos si fueron los delincuentes o las Fuerzas Armadas y la policía). La demanda de justicia es inconmensurable y no se va a acallar por el sólo paso del tiempo.

El primer gran problema es simplemente conocer qué pasó. Según publicó el Washington Post (29 de noviembre del 2012), la PGR señala que tiene registradas 25 mil personas desaparecidas. No sé si esa cifra es correcta o no, pero nadie la ha desmentido hasta el momento. Para dimensionar este dato es útil compararnos con otros países. Según la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Búsqueda de Colombia, en 2011 se estimaba que, en los últimos 30 años, Colombia registraba 51 mil casos de personas desaparecidas. Ello significa que en seis años, no en 30, México registra la mitad de personas desaparecidas con respecto a Colombia. Asimismo, durante la dictadura de Pinochet, de 1973 a 1990, Chile registró 3 mil personas desaparecidas y, en el caso de Argentina, de 1976 a 1983, los datos oficiales reportan 9 mil personas desaparecidas, mientras que las organizaciones civiles sostienen que fueron 30 mil. Todo parece indicar que, si la cifra de 25 mil personas desaparecidas es correcta, México, en tan sólo seis años, se colocó, en materia de personas desaparecidas, en el escenario de los países de América Latina que padecieron durante décadas regímenes dictatoriales particularmente violentos, como es el caso de Argentina, o en países como Colombia que han padecido por años los estragos de la guerrilla y paramilitarismo. Lo que resulta estremecedor y atípico del caso mexicano es que el lapso es mucho más corto que en estos países en los que han sucedido tragedias similares.

La gravedad del problema no sólo tiene que ver con el número de personas desaparecidas en México. A ello hay que sumarle la indiferencia e ineptitud de las autoridades. Según el Informe de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias en México, los familiares que buscan a un ser querido se enfrentan a la apatía, maltrato e ineptitud de las procuradurías locales y federal. Ni siquiera en muchos casos se abre una averiguación previa. Lo que prevalece es la indolencia de las autoridades frente al dolor de las familias. El Estado mexicano hace nada por encontrar a una persona desaparecida.

Peña Nieto tendría que comenzar por lo más obvio: intentar encontrar a las personas desaparecidas. Quizá serviría crear una instancia que tenga fuerza y presupuesto -no lo que hizo Calderón con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito- con este propósito. Dicha instancia debería dar la atención que se merecen las personas que están buscando a un ser querido y comenzar a sistematizar y ordenar la información. La carta de Human Rights Watch señala que es urgente que la actual administración genere una base de datos nacional que contenga una un registro exhaustivo y preciso de personas desaparecidas, con datos útiles como el ADN de sus familiares, el último lugar en donde se les vio, los registros de hospitales, morgues, cárceles, cruces fronterizos y cuerpos no identificados.

La experiencia de otros países indica que los resultados concretos de este tipo de instancias son casi siempre insatisfactorios. Muchas veces no se puede dar con el paradero de las personas desaparecidas y en muy pocas ocasiones los hallazgos permiten juzgar a los responsables. No obstante, lo más relevante de este tipo de instancias es que los familiares y los ciudadanos tengan la certeza de que las autoridades están haciendo todo lo posible por encontrar a quien no aparece y que, cuando existen pruebas contundentes, se proceda inmediatamente a juzgar y sancionar a los policías y militares responsables. De lo que se trata finalmente es que la administración de Peña Nieto ponga en marcha un conjunto de acciones que nos permita tener la certeza de que la actual administración no va a encubrir o intentar minimizar, sino todo lo contrario, las heridas que ha dejado "la guerra" en muchas, muchísimas, familias en todo el país.

*Reforma 15-12-12

MURILLO Y EL ARRAIGO*

PEDRO SALAZAR UGARTE

Caminas por la calle un domingo cualquiera. Paseas tranquilo por tu barrio, pensando en la semana que está por comenzar. Y de repente, de la nada, te rodea un escuadrón de hombres de negro, armados hasta los dientes. Cuando te percatas ya has sido derrumbado, maniatado y estás en el asiento trasero de un auto con torreta. Alguien te susurra que ya te cayeron encima; que pagarás por las que debes. Tú estás ahí, incrédulo y aterrado, sin entender qué está pasando, quiénes son, qué quieren. Los vecinos especulan sorprendidos: lo secuestraron dicen tus amigos; algo habrá hecho —porque eran judiciales— susurran tus enemigos. En la noche, por la televisión, sabrán que se sospecha que estás involucrado en la delincuencia organizada y que, por ello, serás arraigado.

Durante los siguientes ochenta días —casi tres meses de tu vida— estarás encerrado en un hotel de mala muerte, rodeado de policías y sin saber nada de tu situación legal. Una pinza entre el ministerio público y la autoridad judicial se ha cerrado sobre ti y te ha privado de la libertad sin que se te haya acusado de nada y, por lo mismo, sin que puedas defenderte. Caíste en el hoyo negro de un sistema penal autoritario. Porque el arraigo es un secuestro institucional y legalizado. ¿De qué otra manera caracterizar a la detención arbitraria y por la fuerza de una persona sin que se le formalice una acusación ni se inicie un proceso judicial en su contra? Se te priva de la libertad para —supuestamente— investigarte.

La Constitución mexicana, en su artículo 16, lo permite. En 2008, la crisis de seguridad y la emergencia suscitada por la violencia facilitaron la aprobación de esta figura que proviene del derecho penal del enemigo. Ello, paradójicamente, en un artículo destinado a brindarnos garantías contra el poder punitivo del Estado. Y la paradoja es todavía mayor porque esa norma se constitucionalizó al mismo tiempo que los principios y las bases para reformar al sistema penal en clave garantista. Así que, desde entonces, esa medida cautelar autoritaria convive en la constitución con la presunción de inocencia, la oralidad y la publicidad. Se trata de una contradicción mayúscula. Todo un caso de esquizofrenia constitucional.

Durante el sexenio de Calderón la veta autoritaria dominó a la veta garantista. Por eso los arraigos fueron noticia cotidiana. Ante la incapacidad del ministerio público para realizar investigaciones que sirvieran de base para la detención de los presuntos delincuentes, el gobierno arraigó a miles de personas; muchas de ellas inocentes. Por eso, desde 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU conminó al estado mexicano a eliminar la figura del arraigo.

El gobierno ignoró la petición de la misma manera en la que desdeñó las solicitudes de la CNDH en el mismo sentido. De hecho, durante la administración anterior se estancó la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en clave garantista. La lógica del calderonismo era incompatible con esa reforma que sigue dormida en el plano federal.

De ahí que sea alentadora la declaración de Murillo Karam en contra del arraigo. Todo indica que el procurador ha calibrado la ecuación: la procuración de justicia de un Estado Constitucional no es compatible con esa clase de medidas cautelares. Por eso, el procurador, sostuvo que, si la profesionalización impera, el arraigo debe desecharse. Se dice fácil pero el reto es mayúsculo. Para lograrlo deben cambiar las instituciones, las prácticas y la mentalidad de todo un sistema en el que incubó la lógica de la mano dura. Pero la apuesta vale la pena y Murillo merece un voto de confianza. Para esta clase de transformaciones hace falta acompañamiento ciudadano. Ello nos exige pensar distinto. Por ejemplo, debemos comprender que la ruta que conduce a la paz es la de los derechos, no la de los arraigos. Y eso no es sencillo cuando el miedo flota en el ambiente. Pero con el miedo no se va a ningún lado.

*El Universal 15-12-12

UN CÓDIGO PENAL PARA TODO MÉXICO*

MIGUEL CARBONELL

Una de las propuestas del Pacto por México que más debate ha suscitado ha sido la de unificar la legislación penal. Se trataría, en caso de que prospere la propuesta, de tener un único código penal y un único código de procedimientos penales para todo el país.

Me parece que es una idea del todo plausible, la cual había sido ya defendida por profesores de la UNAM desde los años 40 del siglo pasado y que generaciones posteriores de académicos hemos retomado, dado que entendemos que la existencia de 33 códigos penales (32 en cada entidad y uno federal) y 33 códigos de procedimientos penales no se justifica. No se trata de razones vinculadas con el federalismo mexicano, sino con argumentos de puro sentido común.

No parecen existir razones válidas para que lo que es considerado como delito en una entidad federativa no lo sea en la entidad vecina. Tampoco se entiende por qué motivo una conducta delictiva puede merecer una pena de 10 años en un estado y 40 en otro: ¿será que la vida, la integridad física o el patrimonio de las personas merecen una mayor protección dependiendo del lugar en el que se encuentren?

Por lo que hace a la unificación de los códigos de procedimientos penales, la idea que propone el Pacto por México para unificarlos es también encomiable y puede resultar estratégica en un momento de profundo cambio en nuestro sistema de justicia penal. Nos encontramos a muy pocos años de que entre en funcionamiento, en todo el país, el nuevo sistema de juicios orales, con procedimientos acusatorios plenamente transparentes y dotados de una serie de reglas que los harán mucho más modernos.

Para poder realizar una puesta en práctica eficiente de nuestro sistema de juicios orales, serviría de mucho tener un único código, en el que se unifiquen criterios y se compartan conceptos. La necesidad es tan imperiosa que todos los tribunales del país diseñaron desde hace un par de años un "código tipo", que recomendaron fuera aprobado por todos los órganos legislativos locales. Los jueces fueron los primeros en darse cuenta de la importancia de contar con reglas uniformes, para evitar confusiones y ser más efectivos en el combate a la impunidad.

Desde que fue dado a conocer el pacto se han planteado dudas legítimas sobre la pertinencia de unificar las leyes penales y aplicarlas a todo lo largo y ancho del país. Por ejemplo, algunas personas se han preguntado qué va a pasar con el tema del aborto, que está parcialmente despenalizado en el DF, pero no en otras entidades. También se preguntan qué va a pasar con los delitos que son importantes en las regiones rurales, pero no tienen ninguna relevancia para quienes habitamos en las grandes ciudades (es el caso del delito de "abigeato", que castiga el robo de ganado). Finalmente, hay quienes preguntan qué va a pasar con las reglas que hoy aplican hacia su interior los pueblos y comunidades indígenas, con base en la autonomía que les reconoce la Constitución para que se rijan por sus propios usos y costumbres.

Se trata de cuestiones relevantes sobre las que habrá que ir generando puntos de acuerdo, pero no creo que supongan obstáculos fundamentales para poder avanzar en la positiva propuesta avalada por el presidente Peña Nieto y por los tres principales partidos políticos. En el tema del aborto podemos pensar en un marco jurídico que respete el avance logrado en el DF, el cual ya fue avalado por la SCJN. En todo caso podría pensarse en sanciones que no obligaran a encarcelar a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo, algo en lo que están de acuerdo la mayor parte de los partidos.

Respecto de las preocupaciones para conservar como delitos aquellas conductas que tienen una incidencia muy localizada geográficamente, pienso que se puede ser sensibles a esas necesidades y preverlas sin problema en el código penal único. Lo mismo puede decirse de los usos y costumbres indígenas, los cuales podrían ser regulados en el código único de procedimientos penales, tal como se hace actualmente en varias entidades federativas.

Ojalá avancemos con rapidez en esta propuesta, que requiere de una modificación constitucional y debe ser avalada por una mayoría calificada en el Congreso y al menos 16 congresos locales. Si lo logramos, estaremos avanzando en una senda de mayor seguridad jurídica que nos permitirá combatir mejor a la criminalidad.

*El Universal 13-12-12

ORTODOXIA ECONÓMICA VS. PROMESAS SOCIALES*

CIRO MURAYAMA

En la reciente campaña electoral en Estados Unidos se enfrentaron dos proyectos económicos incompatibles: el que proponía mantener los privilegios fiscales y reducir el gasto frente al que puso énfasis en la recuperación de la inversión, el crecimiento y la ampliación de los servicios públicos. En Europa ha sido hegemónica en estos años la visión en favor de la consolidación fiscal antes que de la reactivación económica, y así les va.

En México el gobierno propone hacer las dos cosas (incompatibles y contradictorias) a la vez: extender la infraestructura, recuperar el crecimiento, construir una seguridad social universal pero sin aumentar los impuestos (en monto y en tipo) y manteniendo el déficit fiscal cero (que en realidad no lo es) como la estrella polar de la política económica. Se apuesta por el equilibrio presupuestal de corto plazo y por reactivar el crecimiento al mismo tiempo, como si aquí mágicamente no existieran las grandes disyuntivas que encaran las demás economías del orbe.

Las decisiones centrales que anunció el presidente Peña Nieto el día de su toma de posesión, como la cruzada contra el hambre, la pensión universal para mayores de 65 años, el genuino acceso a la salud para todos, las grandes obras ferroviarias, requieren ingentes cantidades de recursos públicos. Lo mismo ocurre con buena parte de los compromisos sociales que se incluyen en el Pacto por México, firmado con los tres principales partidos políticos.

Sin embargo, el paquete económico 2013 prosigue con una política procíclica y que pone en entredicho las promesas sociales. Para empezar, aunque se reconoce que habrá una desaceleración de la economía mexicana (Hacienda espera que México crezca 3.5% en 2013, frente al 3.9% de 2012), en parte por el menor dinamismo de Estados Unidos, se renuncia a utilizar los instrumentos que favorecen la demanda agregada, pues se propone reducir el gasto público como componente del PIB del 25.3% en 2012 al 23.3% en 2013.

Lo anterior se explica en buena medida por la decisión de no aumentar los ingresos públicos, que también caerán como porcentaje del PIB a 21.4% en 2013 cuando en 2012 fueron de 23.7%. Los ingresos tributarios seguirán siendo muy bajos: 9.7% del PIB.

La inversión pública (gasto de capital) disminuirá 0.9% en 2013, según los criterios de política económica, y se reducen partidas clave en materia de crecimiento e infraestructura, como el gasto en transporte, que caerá 19%, o indispensables para el desarrollo sustentable, como la protección ambiental, cuyos recursos bajarán 24%.

El secretario de Hacienda se comprometió a no crear nuevos impuestos, a mantener el déficit cero y a explorar cómo reducir los llamados gastos fiscales. ¿Por qué no empezar por la ampliación del gasto desde 2013 y conseguir el equilibrio de forma gradual eliminando gastos fiscales y ampliando la recaudación a lo largo del sexenio? Porque la prioridad, aun cuando se reconoce el escenario contractivo actual, sigue sin ser el crecimiento.

Que un gobierno recién estrenado, y necesitado de recursos, descarte de entrada crear nuevos impuestos —como a las ganancias al capital, usuales en el mundo desarrollado, o a las transacciones financieras— implica que se autoimpone un corsé que le resta margen de acción para cumplir con sus propios objetivos y dichos. Y la mayor recaudación no puede dejarse para cuando haya reforma hacendaria, si es que la hay, porque ésta también se construye a partir de las definiciones fiscales del gobierno año con año.

No puede haber resultados sociales positivos si perdura la política económica ortodoxa. Mayor bienestar social y misma política económica son incompatibles. El paquete económico conspira contra el Pacto por México, por lo que sería deseable ver en el Congreso a una oposición genuinamente de izquierda en esta discusión presupuestal.

PD: por fin el INEGI reconoce que la informalidad laboral afecta a 60% de los trabajadores; más vale tarde.

*El Universal 13-12-12

60 AÑOS*

JOSÉ WOLDENBERG

Ustedes disculparán. Pero el espíritu vacacional (me) llegó antes. Han sido demasiados artículos sobre elecciones, partidos, reformas, discriminación, estudiantes, y otros, como para que en diciembre uno continúe por esa línea.

Los que nacimos en 1952 cumplimos este año 60. Estamos ya en la parte menguante de la vida. No son convenientes las frases edulcoradas en relación a la edad porque tienen el efecto de un bumerang: entristecen. Eso sí, voltear los ojos a lo que sucedía entonces tiene el aroma grato de la nostalgia, y en mi caso puedo entrar al túnel del tiempo porque una buena amiga me regaló un cuadernillo con el simple título: 1952: un año para recordar, un mini almanaque de la editorial Otras Inquisiciones. Se trata de un cofre del tesoro, un recuento de efemérides que nos transportan a un mundo ido o por lo menos evanescente. Acudo a él y lo cito y me lo apropio en extenso.

Hace sesenta años Isabel II se convirtió en la Reina de Inglaterra y hasta la fecha anda tan campante; el príncipe Carlos por ello sigue en la caja de bateo. En el 52 también murió Eva Duarte, Evita, la mujer de Perón, mito y mitote argentino que trasciende las décadas. Y hace también 60 años Dwight D. Eisenhower ganó por segunda vez la Presidencia de los Estados Unidos. Aquel era republicano; Obama, demócrata, hizo lo mismo seis décadas después. Los Estados Unidos hicieron pruebas de la bomba atómica en el desierto de Nevada y detonaron su primera bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico. La Guerra Fría todo lo justificaba.

En México terminó en 1952 el sexenio de Miguel Alemán. Y en su último año el Presidente inauguró el aeropuerto central de la Ciudad de México, el auditorio nacional (antes municipal) y la Ciudad Universitaria. Al primero lo han remozado una y otra vez porque la rebelión de los machetes impidió la construcción de otro alternativo y necesario; el Auditorio es un recinto fantástico para escuchar música y tiene hasta hoy una vitalidad envidiable y CU está resplandeciente y los que llegamos a ella en 1970 todavía no nos queremos ir.

El 1o. de diciembre le colocaron la banda presidencial a Don Adolfo Ruiz Cortines. Era un viejito. Tenía 63 años (snif). Una de sus primeras acciones fue convertir a Baja California en un nuevo estado. En 1952 nacieron las empresas Bachoco, Minsa, Fud y Tubos de Acero. Huevos, harina de nixtamal, embutidos y cañerías. Productos para siempre, imprescindibles.

Nos informa el cuadernillo multicitado que si uno se paseaba por la Ciudad de México, podía ver las colas de gente entrando a la carpa Bombay, donde actuaban Resortes, Clavillazo, Manuel Medel. Pero también mirar a la Torre Latinoamericana en obra negra o anuncios espectaculares de brassieres Exquisite form que advertían que se trataba de "el único brassiere modelado sobre cuerpos humanos". (Quizá a los anteriores los ajustaban sobre las ubres de las vacas).

En el lejano 52 se estrenó en París Esperando a Godot de Beckett y se representó por primera vez en Londres La ratonera de Agatha Christie. Dos fórmulas distintas, quizá antagónicas. Teatro ensayo y teatro mal llamado comercial; aunque quizá no tanto, porque La ratonera sólo duró en cartelera 47 años. Mientras, por aquí no se hacían malos quesos. Se presentaron María Callas y Giuseppe di Stefano en el Palacio de Bellas Artes cantando Tosca de Giacomo Puccini.

Ese mismo año apareció publicado El viejo y el mar de Hemingway; mientras por acá, el Fondo de Cultura Económica (que larga vida tenga y ya tiene) ponía a circular el Confabulario de Juan José Arreola y Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas. 20 años después sería mi maestro de metodología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¡Pero como de costumbre empiezo a desviarme! En 1952 apareció el primer número de Tele-Guía y también el primer cómic de Superman publicado por editorial Novaro. Me temo que los libros se leyeron y se leen menos que las guías del ocio y los "monitos".

El cine de Hollywood (¿hay otro?, perdón por el mal chiste) produjo Cantando bajo la lluvia, la excelente comedia musical de Stanley Donen y Gene Kelly, el western High Noon de Fred Zinnemann con Gary Cooper y la bellísima Grace Kelly, y el melodramón de Vincente Minnelli con Lana Turner y Kirk Douglas The bad and the beautiful, traducido con inmejorable precisión como Cautivos del Mar. Pero nosotros no nos quedamos atrás. 1952 fue el año de Dos tipos de cuidado de Ismael Rodríguez con nada más Pedro Infante y Jorge Negrete; única película en la que aparecieron juntos. Y de un clásico de Miguel Morayta que cada Semana Santa vuelve con empuje a las pantallas chicas: El mártir del calvario encarnado en Enrique Rambal. Una especie de evangelio hierático/chusco.

En el glorioso 1952 Jonas Salk inventa la vacuna contra la polio; en Nueva York se inauguran los semáforos con tres colores y John Gibbon Jr. realiza la primera operación de corazón abierto. Y si eso les parece poco, el 7 de noviembre El Santo le quitó la máscara a su archi enemigo Black Shadow.

*Reforma 13-12-12

DESIGNACIONES Y DIVISIÓN DE PODERES*

MIGUEL CARBONELL

Se ha discutido con intensidad en el Congreso de la Unión si el nombramiento de funcionarios con rango de subsecretarios que tendrán a su cargo delicadas áreas de la actuación del gobierno debe o no pasar por el visto bueno de los propios legisladores.

En particular, preocupa la modificación legal a partir de la cual se encuadra en la Secretaría de Gobernación la competencia en materia de seguridad pública federal, que en los gobiernos panistas fue desplegada por una Secretaría diferente, supuestamente ajena al manejo siempre político que se debe hacer desde Bucareli.

Los partidos de oposición sostienen la pertinencia de que la reforma de la ley orgánica de la administración pública federal prevea una ratificación o visto bueno legislativo, como requisito para que el subsecretario de seguridad pública federal sea nombrado y pueda comenzar a ejercer su función.

Los legisladores del PRI sostienen que para ello se requeriría de una reforma constitucional.

Para encontrar la respuesta correcta hay que buscar en los precedentes que sobre el tema ha sentado la Suprema Corte. En el 2007 la Corte dijo que el Senado no tenía facultades para intervenir en el nombramiento de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia. El mismo criterio fue ratificado al año siguiente respecto del nombramiento de los comisionados de la Cofetel; esa sentencia permitió que los comisiones Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar permanecieran en el cargo para el que habían sido nombrados por el Presidente, pese a que el Senado se había negado a ratificarlos. Nada ha cambiado, en el texto constitucional, del 2008 a esta parte en relación al tema, de modo que a la luz de tales precedentes hay que reconocer que les asiste la razón a los legisladores del PRI. 

Lo ideal sería, como lo hemos propuesto desde hace años en la UNAM, que todos los secretarios de Estado y algunos subsecretarios con responsabilidades de gran relevancia, pasaran por un proceso de ratificación parlamentaria. De esa manera podríamos tener una discusión pública abierta y plural sobre los perfiles necesarios para ocupar esas plazas de tanta relevancia para el país y, tentativamente cuando menos, podríamos evitar que lleguen a ejercerlas personas improvisadas, que desconocen por completo los ámbitos de los que se tienen que hacer cargo. En el Congreso ya se han presentado varias iniciativas en ese sentido; quizá sea hora de retomarlas y tomarnos en serio la responsabilidad de los legisladores en materia de nombramientos. Nadie duda que la persona que esté al frente de las fuerzas civiles, federales de seguridad pública, debe pasar por un escrutinio público a partir del cual, sepamos con certeza que cuenta con los merecimientos para ejercer el cargo, lo que se puede lograr a través de un proceso de ratificación a cargo del Senado.

Pero también cabe reconocer que, mientras el marco jurídico a nivel constitucional no se modifique, no parece que quepa prever en una ley un sistema de ratificación para subsecretarios, al tenor de lo que ha señalado la Corte.

*El Universal 12-12-12

EN EL LIMBO*

JORGE ALCOCER

La política es como la naturaleza, le teme al vacío; esa frase la escuché hace muchos años y viene a mi memoria ante el curso de las investigaciones y consignaciones por los hechos de violencia ocurridos el 1o. de diciembre en el Distrito Federal.

De los 70 detenidos, 14 irán a juicio; en las redes sociales y en este diario se ha documentado la impericia y el abuso con que actuaron integrantes de los cuerpos de policía, federal y local, tanto en la contención y respuesta a los agresores, a unos metros de las rejas de San Lázaro, como ante los actos de vandalismo y pillaje ocurridos en el Centro Histórico, la Alameda, Juárez y Reforma.

Hay evidencias que entre las filas de los granaderos y la Policía Federal se encontraban, infiltradas y toleradas, personas vestidas de civil, identificadas con un guante negro; los mandos superiores de ambos cuerpos de seguridad han guardado silencio. Marcelo Ebrard habló, el mismo día de los hechos, de "actos de provocación", señalamiento compartido por Manuel Mondragón, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El viernes de la semana pasada, Mondragón se autodeslindó de responsabilidad por la actuación de la Policía Federal y de las policías capitalinas -preventiva y cuerpo de granaderos- al señalar que él asumió el cargo federal el primer minuto del 1o. de diciembre, dejando vacante el que tenía conferido en el gobierno del DF; agregó que participó en el diseño, pero no en la implementación del operativo policiaco. (Entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS).

En pocas palabras, por impericia, improvisación o premura -o por las tres juntas- en un día que se anticipaba, desde semanas antes, de alto riesgo, la seguridad pública de la capital de México quedó en el limbo. Recordemos que el cerco de seguridad en torno a San Lázaro se instaló desde el fin de semana previo, en un perímetro muy extenso. Ante las quejas de los vecinos afectados y las críticas que voces diversas hicieron contra ese despliegue, voceros del equipo de transición del Presidente electo solicitaron reducir la zona bajo resguardo, lo que ocurrió, colocando las vallas de contención a unos metros de las rejas del Palacio Legislativo.

En el limbo provocado por el relevo del mando superior, nadie actuó para evitar la llegada a San Lázaro de grupos organizados que marcharon desde las primeras horas de la madrugada exhibiendo, de manera abierta, carritos de supermercado con bombas molotov, petardos, tanques portátiles de acetileno y otro tipo de instrumentos de ataque. Las agresiones en contra de la policía iniciaron desde temprana hora.

Arribé poco antes de las 7 am a San Lázaro, por una calle lateral; pude ver y escuchar las detonaciones de petardos, las llamas provocadas por los estallidos de las bombas molotov. Formado en la banqueta en una fila para revisión, vi llegar corriendo a un hombre, que supuse era del Estado Mayor Presidencial, quien a gritos dio la orden de que nos dejaran pasar de inmediato. Le pregunté qué pasaba; me dijo "¡rompieron las vallas y vienen para acá, métanse!".

No se trató solamente de un vacío de mando, sino de algo mucho más grave: la demostración de la ausencia de un plan de contingencia, y de entrenamiento y capacitación policial, para prevenir y contener la actuación de grupos anónimos, preparados y dispuestos a enfrentar con violencia a la policía y realizar actos de barbarie y pillaje en contra de instalaciones públicas y establecimientos comerciales.

Mientras que en las redes sociales han circulado fotografías y videos que dan cuenta de la actuación de los policías, deteniendo y golpeando, sin ton ni son, a quienes se les cruzaban al paso, sus superiores siguen sin mostrar los videos que debieron registrar las cámaras de seguridad del gobierno del DF instaladas en las zonas que sufrieron el vandalismo. No sabemos si las 14 personas consignadas son responsables de tales hechos, lo que sí sabemos es que fueron muchos más los participantes en los actos de vandalismo y saqueo.

Antes que seguir especulando sobre siniestras conspiraciones para dañar a tal o cual político, lo urgente es que las autoridades den su explicación de los hechos y digan qué se hará para subsanar, de inmediato, la evidente ausencia de capacitación policiaca.

*Reforma 11-12-12

PERSUASIÓN*

MARÍA AMPARO CASAR

Como candidato y como gobernante -en campaña y en gobierno- una de las principales virtudes y herramientas del político es la capacidad de persuasión. La capacidad de inducir, de incitar, de mover a quien se tiene que mover para hacer algo, para cambiar de lógica y de comportamiento.

En campaña el sujeto de la persuasión es el elector. Peña Nieto persuadió a más de 19 millones de electores de votar por él y llegó a la Presidencia. Pero en su calidad de gobernante los sujetos y las materias de la persuasión cambian. Ya no son los electores. Ya no opera el principio de un ciudadano, un voto.

Si en campaña y a la hora de votar mi voluntad vale igual que la del empresario más poderoso del mundo, que la del líder sindical, la del dirigente de un partido o la del cabecilla de los ambulantes, esto no es cierto una vez en el gobierno.

Gobernar es otra cosa. En la decisión de una nueva ley o de una nueva política pública las voluntades ya no valen lo mismo. Si yo me opongo a una reforma fiscal o apoyo una reforma energética, da más o menos lo mismo. Pero si a ellas se oponen una fracción parlamentaria, una asociación de empresarios o el sindicato petrolero, el Presidente está en problemas.

Gobernar es otra cosa. Las promesas no pueden cumplirse con pura voluntad. La intención de un Presidente no se convierte en decisión por el solo acto de así desearlo o de así instruirlo. Cuando se gobierna la pura determinación no alcanza. Lo digo porque en entrevista para el periódico Reforma (Roberto Zamarripa, 7/12/12) Peña Nieto declara de manera contundente su intención de introducir la competencia en mercados monopólicos o semi-monopólicos como el petróleo y las telecomunicaciones. Ahí declara: "es un compromiso ... estoy decidido a que así sea, porque estoy convencido de que la competencia es buena, es positiva para la sociedad mexicana".

Podemos creerle pero cuando se llega al poder las condiciones están dadas: un cúmulo de problemas heredados, un marco constitucional que le otorga más o menos facultades, un cierto reparto del poder político formal, una distribución del poder económico que limita el poder real y que definen ciertas condiciones sociales.

A Calderón le alcanzaron la convicción, la voluntad, la inteligencia, la fuerza y las facultades para liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza. Era una acción dentro de su esfera de acción. Pero no le alcanzaron para la reforma fiscal, la energética o la de telecomunicaciones.

Para que a Peña Nieto no le pase lo mismo tiene que persuadir a los poderes formales y a los poderes reales de que lo que él quiere hacer es lo correcto, lo conveniente o, como él dice, "lo bueno o lo positivo para la sociedad". Tiene que lograr que los que tienen una parcela de poder -muchas veces mayor a la suya- se alineen con su diagnóstico y sus soluciones. Tiene que persuadir a "quienes importan" de que las soluciones que propone son aceptables y operables. Y pocas cosas más difíciles porque cuando de reformas de gran calado se trata, se pagan costos presentes por un futuro incierto; porque cuando de afectar intereses se trata, los afectados amenazan con movilizar sus recursos en contra de la decisión que los fastidia.

Poco puede hacer un Presidente sin el acompañamiento de la clase política pero también de la clase dominante que tiene forma de desplegar sus intereses particulares y para quienes en el vocabulario no figura el interés general.

Prácticamente no hay promesa que un Presidente pueda cumplir si no tiene el acompañamiento de "alguien más" y para tener ese acompañamiento la persuasión es el arma más poderosa.

¿A quién convencer? Primero a sus colaboradores. Vivimos en la ficción de que los secretarios de Estado son sus empleados y no tienen más opción que obedecer. Pero no es así de sencillo. Es cierto que sobre ellos pende el arma de la remoción pero también que ellos tienen más información y el Presidente menos tiempo de cuidar los detalles de una política pública por él ordenada.

Tiene que convencer a quienes comparten con él el poder formal. Si no forma mayoría en el Congreso, muchos de sus compromisos se irán a pique. Tiene que convencer a los inversionistas de entrar en una aventura conjunta para la prosperidad. Tiene que convencer a los intereses particulares que es mejor transitar por la ruta de la negociación que por la del enfrentamiento; que convencerlos es mejor que vencerlos. De paso, no sobra -aunque gobernantes anteriores hayan pecado del exceso de buscar el aplauso público-, tiene que convencer a la población sobre el rumbo del gobierno.

En los próximos años, del tamaño de la persuasión será el tamaño de las reformas.

*Reforma 11-12-12

CELEBRAR A LAS MUJERES*

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA

A muchos grupos sociales les cuesta trabajo reconocer las trayectorias profesionales de las mujeres. Encuentran más sencillo celebrar los éxitos de los varones, pues cuando tienen un desempeño exitoso cubren en forma precisa la expectativa que se tenía sobre ellos.

Las sociedades que heredaron ancestrales prejuicios de género prefieren celebrar a las mujeres en sus roles de madres, secretarias o enfermeras. Es ahí donde se satisfacen sus prejuicios sobre lo que las mujeres deben ser. En oposición a esa disparidad histórica, en 1960 un grupo de mujeres mexicanas instituyó un premio para celebrar la trayectoria profesional de otras. Cada año reconocerían a una mujer que, logrando sortear las desigualdades de género que subsisten en todas las disciplinas, realizara alguna contribución notable.

Era la década de la búsqueda de las libertades y el reconocimiento de la diversidad. De ahí que Kena Moreno y el resto de las ciudadanas que se congregaron en torno a este premio, prefirieron hacerlo en forma independiente de cualquier autoridad. Sabían que las autoridades o partidos podrían ejercer presiones innecesarias, por lo que prefirieron constituirse como asociación civil para que fueran ellas, atendiendo a sus propios criterios, las que decidieran a quién otorgar en cada ocasión el premio. Querían mantener la presea lejos de cualquier tentación autoritaria.

Desde entonces, la heterogeneidad de quienes han sido galardonadas ha reflejado la variedad de campos en los que las mujeres están aportando y sobresaliendo. Han sido reconocidas con esta distinción urbanistas como Ángela Alessio, escritoras como Rosario Castellanos, artistas como Dolores del Río, economistas como Ifigenia Martínez, astrónomas como Julieta Fierro y diplomáticas como Rosario Green. El año pasado lo fue la directora del Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones de educación pública más prestigiadas del país.

A medio siglo de distancia, es fácil advertir que no se equivocaron las ciudadanas del Patronato Nacional de la Mujer del Año, A.C. No sólo generaron un premio a trayectorias individuales exitosas. Más importante todavía, lograron hacer visible que en las empresas, las artes, las ciencias, las humanidades, las iniciativas sociales y, en general en todos los ámbitos del quehacer humano, las mujeres tienen mucho que aportar.

La presea quita el velo que por siglos ocultó que las mujeres podemos contribuir en cualquier campo y, a veces, hasta destacar. Al hacerlo, incentiva a más mujeres a perseguir sus propios anhelos y a desarrollar sus potencialidades.

Este año las mujeres del Patronato de la Mujer del Año me otorgaron esa distinción, en función de una trayectoria impulsando, desde las instituciones electorales del país, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Al hacerlo, el patronato ha puesto en el centro de la atención pública las limitaciones que aún se imponen en la lucha de las mujeres por competir —en igualdad de condiciones que los hombres—, por ejercer la representación popular o acceder a espacios públicos para participar en la toma de decisiones.

Es ahí donde las instituciones electorales del país han tenido contribuciones importantes. El año pasado, por ejemplo, lograron una sentencia que eliminó aquellas excepciones que históricamente habían mermado la eficacia de las cuotas de género. Con ello, México se convirtió en el trigésimo cuarto país en superar la barrera de 30% de representación femenina en los congresos, considerada como necesaria para generar cambios cualitativos que transformen la manera excluyente de hacer política.

Queda mucho por hacer en el ámbito local, donde los liderazgos de mujeres no han logrado hacerse visibles. De ahí la importancia de difundir trayectorias de mujeres, para que más se animen a participar.

*El Universal 12-12-12

CALDERÓN, EL ABUSO DEL ADIÓS*

ERNESTO VILLANUEVA 

El último día de su mandato, Felipe Calderón ratificó mediante una reforma la decisión de que él y su familia reciban seguridad militar vitalicia consistente en 425 activos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como servicios médicos exclusivos. Sin embargo no será tan fácil que Calderón siga lastimando el interés público al infinito. Veamos la historia de este abuso.

Primero. Desde el Acuerdo Presidencial 7637, del 25 de noviembre de 1976, los expresidentes de México gozan de pensiones y beneficios. Este documento jamás fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ni firmado por el presidente de la República (Luis Echeverría Álvarez). Las rúbricas que aparecen son las de Hermenegildo Cuenca, secretario de la Defensa Nacional, y Luis M. Bravo, titular de Marina. Por lo tanto, nunca tuvo valor legal. Además, acusando ignorancia jurídica, el acuerdo de referencia fue publicado en la Gaceta de la Secretaría de la Presidencia por su oficial mayor, Tulio Patiño. Para esa fecha, el expresidente tenía asignados 78 militares y ayudantes civiles.

Once años después, el 31 de marzo de 1987, salió el Acuerdo Presidencial 2763 Bis, que tampoco fue firmado por el presidente Miguel de la Madrid ni publicado en el DOF, amén de haber sido rubricado sólo por el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. En este acuerdo se amplían las prebendas de los expresidentes de la República poniendo a su servicio otros 25 funcionarios públicos. De esta suerte, los “apoyos” pasan de 78 en 1976 a 103 en 1987 entre militares y civiles. A finales de 2011, en un acuerdo secreto, Calderón aumentó esa protección a 425 militares, como lo comenté en Proceso 1835, del 1 de enero de 2012. Si de por sí está mal que los expresidentes cuenten con 103 elementos, es gravísimo que esa cifra crezca 400%.

Segundo. En la experiencia comparada no hay parámetros que ayuden a explicar el despropósito mexicano. Por lo que se refiere a seguridad, cabe decir que en Italia, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y el Reino Unido no hay servicios de seguridad pagados por el erario para sus exprimeros mandatarios. En Estados Unidos, a partir de George W. Bush, por razones de austeridad la pensión y los apoyos serán sólo por 10 años, no vitalicios como en México. Bush cuenta sólo con 15 elementos del servicio secreto para su seguridad diaria. Puede solicitar seguridad adicional para casos excepcionales, como las ocasiones en que hace visitas internacionales, previo dictamen de un órgano colegiado dispuesto para esos efectos. En Francia el exprimer mandatario tiene dos escoltas y cinco más para la protección de su hogar. ¿Alguien en su sano juicio cree que Felipe Calderón requiere más seguridad que George W. Bush, que tiene enemigos en los cinco continentes?

Por cuanto se refiere a atención médica, cabe apuntar que en Estados Unidos los servicios de ayuda y asistencia médica para los expresidentes no son gratuitos. Tienen un descuento en los hospitales militares que asciende a 40%. En Australia los servicios médicos de los exprimeros mandatarios son idénticos a los de cualquier funcionario que se atiende en la seguridad social. Este esquema es igual en Canadá, Chile, Costa Rica, Francia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros. En México, gracias a Calderón, él y su familia gozan de servicios médicos gratuitos en el Hospital Militar.

Tercero. Será muy difícil para la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, durante la discusión del Presupuesto de Egresos que se realizará los próximos días, justificar los ingresos de Calderón por ¡2 mil 677 salarios mínimos mensuales!, si se suman pensión y apoyos. Del lado progresista, los diputados Carlos Augusto Morales, Socorro Ceseñas Chapa, Carol Antonio Altamirano, Alberto Anaya, Tomás Torres Mercado, entre muchos más, tienen el deber cívico de detener esta afrenta. Estaremos pendientes de cómo se vota y quién vota de espaldas a la nación. Más todavía, en el numeral III de Acuerdos Presupuestales del “Pacto por México”, firmado por todos los partidos políticos, se establece: “El Presupuesto 2013 considerará un programa de austeridad y racionalidad en el gasto que permita reducir el gasto corriente e incrementar la inversión productiva”. ¿Cómo justificar las pensiones y apoyos a los expresidentes de la República como parte de la “austeridad y racionalidad”?­

Un grupo de juristas daremos una batalla legal para combatir este último misil que Calderón ha enviado al pueblo de México. No existen palabras para calificar el hecho de que el último día de su mandato reformó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, que, entre otras cosas, dice: “Los expresidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieran asignados para su seguridad y la de su familia con antelación a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la autorización a que se refiere la fracción IX del artículo 11 del Reglamento”; es decir, que abre la puerta para requerir todavía más militares de protección. En su huida y a la carrera, Calderón, apoyado por su equipo jurídico, fue afortunadamente desaseado. Esas pifias son oro molido para darle viabilidad a este caso legal que no podría dejarse pasar.

*Proceso 12-12-12