EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN "CHILANGO"

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Como punto de partida es factible hacer referencia a la época prehispánica, dentro del mundo maya, y, al respecto, señala Francisco J. Santamaría, en su obra denominada: "Diccionario de Mejicanismos", que el vocablo "chilango", en su variante escrita como "shilango", procede del maya: "xilaan", que significa: pelo revuelto o encrespado. A través de una versión oral, repetida en Yucatán, los mayas eran y son de pelo sumamente lacio, de tal manera que, las personas con pelo ondulado, en mayor o menor medida, eran distintos y, por tanto, tratados como fuereños o extraños.En la obra de José Vasconcelos, denominada: "El Ulises Criollo", el autor hace referencia al acontecimiento de que, en el estado de Campeche, en la época de su niñez, les daban a los no campechanos la denominación de: "guachos", que equivale a: "hijo sin madre", como si fuera un huérfano o un expósito. Esta denominación llevaba inmerso un tratamiento ríspido.Esa misma denominación de "guachos", se entronizó en el estado de Sonora y se aplicó esa expresión a todos los inmigrantes en el estado, procedentes de cualquier lugar del país, al sur de Sonora. La justificación de ese vocablo derivaba del hecho de que, quienes inmigraban de otra entidad federativa, ubicada al sur de Sonora, no llegaban acompañados de su abnegada madrecita mexicana, situación muy normal, por lo que, eran personas "sin madre" y, por tanto, tampoco se conocían sus raíces. Esto dio lugar a una discriminación que originaba limitantes en varios aspectos, pero, tenía la característica de que abarcaba a individuos procedentes de muchos lugares del país y no únicamente de la capital de la República, a diferencia de lo que, posteriormente, ocurrió con el término: "chilango", endilgado a los procedentes del Distrito Federal. Ya, concretamente, respecto de la palabra: "chilango", a través de una tradición oral generacional, de setenta años a la fecha, por lo menos, es bien sabido, que desde los años cuarentas y cincuentas del pasado Siglo XX, se utilizó, en el Puerto de Veracruz, como fruto del festivo espíritu de los jarochos, el sobrenombre de "chilangos", para atribuírselo a aquellos turistas nacionales, que, en las playas veracruzanas, veían enrojecida su piel, por su exposición a los rayos solares pues, en esa época, no se usaban bronceadores ni bloqueadores. El color enrojecido de la piel de los turistas mexicanos, quemada por el sol, les daba la apariencia de: "enchilados", como si fuera consecuencia de la ingestión de picosos chiles. Era un apodo que no implicaba ofensa alguna y que tenía un tono agradable. Ese mote de "chilango", no se sentía que ofendiera a nadie ni que provocase alguna actitud despectiva. Además, ese sobrenombre se aplicaba a todos los individuos procedentes del altiplano mexicano, entre ellos, los procedentes de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Distrito Federal, etcétera y, también se podía aplicar a un veracruzano procedente de Jalapa. No era una denominación aplicable a los procedentes de la Capital de la República, ni tenía intenciones vejatorias, ni discriminatorias. La expresión, de origen jarocho, en Veracruz, se extendió a otros lugares del vasto territorio mexicano, pero, por extrañas razones, la expresión: "chilango", ya no se aplicó a individuos procedentes de diferentes lugares de la República, sino que se especializó como un epíteto aplicable a los mexicanos procedentes de la capital de la República, y no sólo eso, sino que, se aplicó con graves tendencias discriminatorias y menoscabadoras de la personalidad de los sujetos víctimas de la atribución de esa denominación, dándose rienda suelta a un regionalismo exacerbado.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS ¿INCONSTITUCIONALES?

PEDRO SALAZAR UGARTE

Si usted tiene una Constitución que fue impresa en una fecha posterior a la reforma penal que entró en vigor el pasado 18 de junio, le recomiendo leerla con cuidado en su artículo segundo transitorio. Partes sustanciales de cinco artículos relativos al “sistema penal acusatorio” —dos párrafos del artículo 16, tres del 17, los artículos 19 y 20 de ese documento y un párrafo del artículo 21— carecen de vigencia en alguna parte del país.
El pasado 4 de diciembre el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal anunció la creación de seis juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones que podrán autorizar dichas figuras a petición del Ministerio Público federal o del Cisen. La creación de dichos juzgados se fundamenta, entre otros, en el artículo 16 constitucional: “(los jueces) deben ocuparse de conocer de las medidas cautelares que requieran la investigación de los delitos”. La premisa no sería errada si no fuera porque el párrafo decimotercero del citado artículo —que contiene esa figura judicial— es una de esas disposiciones constitucionales que todavía no entra en vigor.
Por lo tanto, más allá de las facultades legales que pueda tener el Consejo de la Judicatura para crear juzgados especializados, en este caso, la creación de estos juzgados federales especializados adolece de cualquier anclaje constitucional. Ni más ni menos.
Y, por si no bastara, para colmo, el Consejo de la Judicatura se dio a la tarea de reglamentar las competencias y el funcionamiento de los multicitados juzgados. En efecto, gracias al acuerdo de creación sabemos que trabajarán 24 horas por 48 de descanso; que contarán, al menos, con cuatro secretarios; que actuarán en toda la República; que sus resoluciones deberán constar por escrito y se incorporarán en un sistema electrónico accesible sólo para el personal autorizado por la PGR y el director del Cisen; cómo y ante quién se impugnarán sus resoluciones; etcétera. Sabemos, incluso, que entrarán en funciones a las 8:00 am del 5 de enero de 2009. De esta forma, el pleno del Consejo de la Judicatura no sólo se equivocó al crear estos juzgados con base en una norma constitucional que carece de vigencia sino que, de paso, se aventuró a suplantar al legislador.
El berenjenal es todavía un poco más complejo. La entrada en vigor de estas delicadas disposiciones constitucionales dependerá de las normas secundarias. Que quede claro: el problema no es que las leyes inferiores configuren al nuevo sistema penal (eso sucede en todas partes). El despropósito reside en que la vigencia de un conjunto de garantías constitucionales —particularmente sensibles para la seguridad de las personas— depende de la voluntad de los legisladores ordinarios. Y no sólo del legislador federal, sino de cada una de las legislaturas de los estados.
Así que si usted se encuentra en la penosa situación de tener que enfrentar a la justicia, le sugiero buscar una versión vieja del texto constitucional porque, aunque parezca ridículo, el texto vigente en esas materias es el que, con toda probabilidad, ya arrojó a la basura.
Dado que el mismo transitorio nos dice que las leyes correspondientes pueden ser aprobadas en un “plazo de ocho años” y que cada legislatura puede hacerlo con “la modalidad” que mejor le parezca, entonces es perfectamente posible que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente en Morelos sea diferente a la que se encuentra en vigor en Guerrero o en el DF. Y así sucesivamente. Por lo que si usted viajara por el país y es persona precavida, lleve consigo las dos versiones del texto constitucional.
Tengo para mí que el origen del enredo está en los defectos del decreto de reforma constitucional y no en la impericia de los consejeros de la Judicatura. Pero, aunque así sea, debemos preocuparnos.
En primer lugar, porque las leyes deben ser claras, accesibles y conocibles por las personas. De ello depende lo que se conoce como certeza y seguridad jurídicas. Y esto vale, sobre todo, en el caso de las normas constitucionales (en particular, para aquellas que rigen materias tan delicadas como la administración de justicia). En segundo lugar, sobre todo, porque estando las cosas como están en el país, no podemos darnos el lujo de crear autoridades —mucho menos jueces— de dudoso fundamento constitucional.

El Decreto de Reforma publicado en el Diario Oficial el pasado 18 de junio en materia de seguridad y justicia, en su artículo segundo transitorio, conlleva implicaciones insospechadas. Si usted tiene una Constitución que fue impresa en una fecha posterior a la reforma, le recomiendo leerla con cuidado. Dos párrafos del artículo 16, tres del 17, los artículos 19 y 20 y un párrafo del artículo 21 —todos ellos relativos a lo que ahora se conoce como ‘Sistema Penal Acusatorio’— no tienen vigencia. Por lo menos no en todo el territorio nacional. Así que, si usted se encuentra en la penosa situación de tener que enfrentar a la justicia, le sugiero buscar una versión vieja del texto constitucional porque el texto vigente en esas materias es el que ya arrojó a la basura.
El berenjenal es aún más complejo. La entrada en vigor de estas delicadas disposiciones constitucionales dependerá de las normas secundarias. Que quede claro: el problema no es que las leyes inferiores configuren al nuevo sistema penal (eso sucede en todas partes). El despropósito reside en que la vigencia de un conjunto de garantías constitucionales —particularmente sensibles para la seguridad de las personas— depende de la voluntad de los legisladores ordinarios. Y no sólo del legislador federal sino de cada una de las legislaturas de los Estados. Así las cosas, dado que el mismo transitorio nos dice que las leyes correspondientes pueden ser aprobadas en un “plazo de ocho años” y que cada legislatura puede hacerlo con “la modalidad” que mejor le parezca, entonces, es perfectamente posible que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente en Morelos sea diferente a la que se encuentra en vigor en Guerrero o en el Distrito Federal. Y así sucesivamente.
El artículo transitorio ya descolocó hasta al Poder Judicial. El pasado 4 de diciembre el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal anunció la creación de seis “Juzgados Federales Penales Especializados” en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones que podrán autorizar dichas figuras a petición del Ministerio Público federal o del Cisen. La creación de dichos juzgados, según puede leerse en los “considerandos” del Acuerdo de creación, se fundamenta, entre otros, en el artículo 16 constitucional y responde a la siguiente premisa: “Es innegable que los textos constitucionales constituyen normas legales de la más alta jerarquía que deben ser acatadas indefectiblemente, esas normas fundamentales instauran la figura de jueces que, entre otras facultades, deben ocuparse de conocer de las medidas cautelares que requieran la investigación de los delitos…”. La premisa no sería errada sino fuera porque esa figura judicial está contemplada en el párrafo decimotercero del citado artículo 16 que es, precisamente, una de esas disposiciones constitucionales que todavía no entra en vigor. Por lo tanto, más allá de las facultades legales que pueda tener el Consejo de la Judicatura para crear juzgados especializados, en este caso, la creación de estos “juzgados federales” adolece de cualquier anclaje constitucional.
Para colmo, el Consejo de la Judicatura se dio a la tarea de reglamentar las competencias y el funcionamiento de los juzgados. Gracias al Acuerdo de creación sabemos que trabajarán 24 horas por 48 de descanso; que contarán con cuatro secretarios; que actuarán en toda la República; que sus resoluciones deberán constar por escrito y se incorporarán en un sistema electrónico; cómo y ante quién se impugnarán sus resoluciones; etcétera. Sabemos, incluso, que entrarán en funciones a las 8:00 a.m. del 5 de enero de 2009. De esta forma, el Pleno del Consejo de la Judicatura no sólo se equivocó al crear estos juzgados con base en una norma constitucional que carece de vigencia sino que, de paso, se aventuró a suplantar al legislador.
Tengo para mí que el origen del enredo está en los defectos del Decreto de Reforma constitucional y no en la impericia de los consejeros de la Judicatura. Pero, aunque así sea, debemos preocuparnos. En primer lugar, porque las leyes deben ser claras, accesibles y conocibles por las personas. De ello depende la certeza y seguridad jurídicas. En segundo lugar, sobre todo, porque estando las cosas como están en el país, no podemos darnos el lujo de crear autoridades de dudoso fundamento constitucional.

PENA DE MUERTE

JOSÉ WOLDENBERG

De nuevo se pone a discusión la pertinencia de aplicar la pena de muerte; ahora, dicen, para los secuestradores que asesinen a sus víctimas. El triste mérito de la iniciativa debe asignársele al gobernador Humberto Moreira, acompañado del Congreso de Coahuila y el Partido Verde. Se trata de una medida -según ellos- para hacerle frente a la espiral delictiva y poner un freno a las bandas criminales. Una vuelta a la añeja consigna de “ojo por ojo, diente por diente”.De inmediato, la propuesta desató una ola de comentarios en contra, aunque recabó, para mi sorpresa, no pocas adhesiones. De tal suerte que no parece conveniente voltear hacia otro lado, hacer como si nada sucediera, y dar por muerto el intento. Por el contrario, parece necesario insistir en el contrasentido que implica querer batallar contra la criminalidad convirtiendo al Estado en un clon de la propias bandas delincuenciales. Antes, sin embargo, también parece pertinente salirle al paso a posiciones contrarias a la pena de muerte con argumentos que -para mí- resultan inapropiados. Varios políticos y comentaristas le reclaman al Gobernador las “pretensiones electoreras” de su propuesta. Se equivocan de principio a fin. En ese terreno no hay nada qué objetar. Resulta meritorio que los políticos hagan sus propuestas de cara a las elecciones. Se trata de los momentos estelares donde candidatos, partidos y coaliciones deben hacer saber a los ciudadanos cuáles son sus pretensiones, para que éstos se formen una opinión, de tal suerte que el expediente de hacer públicas incluso las iniciativas más controvertibles debe ser bienvenido. Ahora bien, si lo que preocupa es que la propuesta recoge un sentimiento profundo anidado en nuestra sociedad que, harta de la espiral de violencia e inseguridad, no ve con malos ojos la reinstalación de la pena de muerte, tienen razón. Resulta deplorable que algunos políticos traten de explotar esas pulsiones en su beneficio. Y si es así, entonces no hay que reclamarles que hagan públicas sus pretensiones en los momentos previos a una elección, sino que quieran explotar los miedos de los votantes, y que lo hagan proponiendo medidas y desarrollando argumentos deleznables. Es decir, que se alineen con un mínimo común denominador cargado de pulsiones bárbaras.Otros han sostenido que dado el (lamentable) estado que guardan nuestras instituciones, resultaría “prematuro” aprobar la pena de muerte. Subrayan las deficiencias y taras de policías, ministerios públicos y jueces y creen entonces que no es el momento para reinstalar la pena capital (“Todavía no...”).Temen y con razón que se puede acabar asesinando a inocentes, pero presumen que con mejores instituciones la pena de muerte no estaría mal. Esa línea discursiva también (me) preocupa, porque de ella no se desprende un rechazo fundamental y de principios a la pena de muerte, sino sólo coyuntural. “Ahora no, pero el día de mañana quizá sí”. Paradójicamente se convierte a la pena de muerte en un ideal que hoy no podemos alcanzar, pero que algún día, con esfuerzo...La pena capital es inaceptable, entre otras, por dos razones:A) Porque el criminal ya está en manos del Estado y en consecuencia no puede seguir cometiendo sus fechorías. El problema central en el combate a la delincuencia es la impunidad. Los números de los delitos que ni siquiera se denuncian y de los que quedan sin castigo son escalofriantes. Ésos son los eslabones más débiles de la impartición de justicia en nuestro País: Que el ladrón, el asesino, el secuestrador, etcétera, tienen muy altas probabilidades de no ser atrapados ni sancionados. Se trata de una verdad de Perogrullo, pero que es imprescindible volver a enunciarla, porque nuestro problema fundamental no es de penalizaciones (grado, tipos, atenuantes, agravantes, etcétera) sino de impunidad, de incapacidad para agarrar a los culpables. Ahora bien, si el delincuente se encuentra a buen resguardo, si ya está en prisión, ¿para qué asesinarlo? Si ello sucediera, en nada se incrementaría la seguridad de la sociedad y por el contrario estaríamos en presencia de una simple y escalofriante revancha.B) Porque el Estado no debe mimetizarse con la conducta de los criminales. Cuando uno tiene noticia de las aberraciones que cometen las bandas de secuestradores de manera “natural” se activa el resorte de la venganza. Esos miserables -piensa uno- no merecen ningún tipo de consideración. Y cuando uno además se pone en los zapatos de los familiares o amigos de las víctimas entiende las ganas de hacerles pagar por los sufrimientos que han perpetrado a sus víctimas.Malos tratos, mutilaciones, torturas, violaciones a lo largo de la retención, hasta llegar al asesinato. Y por supuesto que el resorte y la fantasía que se activan son los de castigarlos con un trato similar. Es comprensible (no justificable). La vieja idea de que “el que a hierro mata a hierro muere” alimenta todo tipo de ensueños “justicieros” por propia mano. Pero precisamente el Estado -esa construcción civilizatoria- está ahí para que esas pulsiones de venganza, de desquite sanguinario contra los delincuentes, no sean la vía para la impartición de justicia. El Estado -se supone- debe estar por encima de esas pasiones, está obligado a “enfriarlas”, no a incrementarlas. El Estado se separa de manera radical de esas pulsiones sociales porque la justicia no puede ser sinónimo de revancha, ni las instituciones del Estado una réplica invertida de las bandas de hampones.En la base del Estado democrático de Derecho está la noción de que el Estado no ataja la delincuencia con las mismas armas que esta última utiliza.

AUTOAMPAROS EN TLAXCALA

ERNESTO VILLANUEVA

Los órganos jurisdiccionales en el país tienen una credibilidad acotada, pero hay casos de escándalo que llaman a indignación cuando se desnaturaliza el uso de la ley y desparece por entero el mínimo de ética pública que prevalecía. Me refiero al caso del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, donde se evidencia que el pasado sigue en esa entidad gozando de cabal salud. Veamos por qué.Primero. Uno de los puntos básicos del acceso a la información es el conocimiento del total de los ingresos que el erario asigna a los servidores públicos para realizar sus atribuciones. Todas las leyes en materia de transparencia prevén esta obligación, y la de Tlaxcala, en el artículo 15, fracción IV, dispone que es información de oficio: "la remuneración mensual por categoría y puesto, incluyendo el sistema de compensación que en su caso se establezca". El Poder Judicial de la Federación ha hecho públicos los tabuladores salariales con todo y sus compensaciones, incluyendo los correspondientes a los ministros, habida cuenta que se trata de un mandato constitucional y legal. El Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, por el contrario, ha hecho todo lo posible para no proporcionar la mínima información. El 14 de agosto de 2008, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal emitió el acuerdo 02/2008 por el cual resolvió que "toda decisión de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala que tenga por objeto incrementar legalmente las percepciones que ingresan al patrimonio de los servidores públicos de este tribunal, se clasifique como confidencial y reservada". La motivación es única: "esa información afectaría el "estado de completo bienestar físico, mental y social" de los juzgadores, sin el cual se podrían "contravenir los principios de libre acceso a la impartición de justicia". Segundo. Notificada de ese conspicuo acuerdo, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Gobierno del Estado de Tlaxcala (CAIP) resolvió el 3 de septiembre de 2008 dejar sin efectos la resolución de referencia por no observar las formalidades mínimas para clasificar, previstas en el artículo 26 de la ley local en materia de transparencia. En otras palabras, los encargados de administrar justicia y conocer la ley fueron exhibidos en su afán de no abrir el ejercicio de los recursos públicos a los ojos de la sociedad. Al mismo tiempo, el reportero Sergio Enrique Díaz Díaz se inconformó con el acuerdo del Poder Judicial por el cual se le había negado su acceso a la información mencionada. Tras haber presentado su recurso de revisión ante la CAIP, ésta resolvió (expediente 020/2008) que el presidente del Tribunal debía informar sobre las remuneraciones salariales, toda vez que se trata de información claramente pública.Tercero. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala fueron notificados de esa resolución adversa de la CAIP. Sabían también que interponer una demanda de amparo ante la justicia federal no tendría posibilidades de éxito, si se considera el reiterado criterio de la Suprema Corte de Justicia que pondera la publicidad de los ingresos de los servidores del Poder Judicial. Frente a ese dilema, los magistrados aprovecharon una peculiar figura en la Constitución tlaxcalteca que prevé un juicio de protección constitucional o amparo local. El encargado de resolver esos juicios es precisamente el propio Tribunal Superior de Justicia. De esta forma, el 23 de octubre de 2008, el presidente del Tribunal, Luis Aquiahuitl Hernández, obtuvo, del propio Poder que preside, la suspensión del acto cuya invalidez demandó a efecto de que la CAIP "se abstenga de llevar a cabo los actos materiales que pretende ejecutar con motivo del apercibimiento" hecho al magistrado Aquiahuitl. El presidente del Comité de Información del referido Tribunal, el también magistrado Mariano Reyes Landa, rápidamente hizo lo propio y, por supuesto, obtuvo la protección de la justicia local de la cual forma parte. Es quizá la primera vez en México que los juzgadores se auto-otorgan amparos olvidando el mínimo sentido de lo que es el conflicto de interés. Cuarto. Las cosas no quedan ahí. Los magistrados tlaxcaltecas no tienen límite. El presidente del Tribunal, Luis Aquiahuitl, es propietario del equipo de futbol San Miguel, a cuyos jugadores los tiene en la nómina judicial, bajo el argumento de que, "aunque no son abogados, son personas, deportistas y de mi confianza" (El sol de Tlaxcala, 30 de octubre de 2008). Ahí mismo justifica que el Tribunal Superior no observa la ley de acceso "porque fue aprobada con deficiencias. En cuanto la reformen seremos los primeros en cumplirla", dice, aunque afirma: "todo lo tengo transparentado y lo daré a conocer en su momento" (ídem). Leer para creer. Resulta sorprendente cómo estos juzgadores hacen pedazos la escasa credibilidad institucional en una justicia imparcial, pronta y expedita

QUE LO SEPA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

De nada sirven las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias si los jueces, magistrados y ministros carecen de la que yo llamo "sensibilidad judicial", o sea, de esa fibra del alma, del espíritu y del corazón sin la que es absolutamente imposible impartir justicia. Y es por eso que quien juzga debe oír, escuchar, a los acusados o inculpados, a los llamados justiciables y a los abogados defensores. Es su obligación y es su tarea más fina, primordial. Narro a continuación un hecho que me parece deslustra a los tribunales y a los jueces, por carecer el individuo al que me refiero de aquél atributoEn el ejercicio de nuestra profesión los abogados que trabajan conmigo en mi despacho y yo fuimos a visitar a un magistrado federal de nombre JORGE SILVA BANDA. Lo único que queríamos era exponerle nuestros puntos de vista en relación con la defensa que nos ha encomendado nuestro cliente para que él los conociera y finalmente, si le eran apreciables o convincentes, los manejara en su resolución. Sin embargo primero nos recibió con sequedad extrema. "Le voy a pedir que sea usted breve porque tengo varios asuntos que estudiar", me dijo. Y cuando apenas había yo pronunciado tres o cuatro palabras me interrumpió abruptamente y exclamo con tono airado: "¡conozco perfectamente el asunto"! Lo que hice entonces fue resumir a un minuto mis argumentos y retirarme inmediatamente junto con mis compañeros. Nos invadió por supuesto una sensación de incomodidad y frustración.Debo aclarar que la hija de nuestro cliente visitó en alguna ocasión al magistrado SILVA BANDA. "Se trata de mi padre -señor- y vengo a manifestarle..." El aludido no la dejó hablar, respondiéndole: "se trata de su padre, señorita, y no del mío. A mí eso qué". Pienso que lo anterior es suficiente para resumir mi historia de la siguiente manera. La corrupción no sólo consiste en sobornar o dejarse sobornar, ya que la corrupción puede ser también moral (más bien inmoral). Es corrupto el funcionario judicial que se queda exclusivamente en el perímetro de la ley escrita, que la aplica casi mecánicamente y que ignora la condición humana del acusado o de la víctima. O peor, que la desprecia. Es corrupto el funcionario judicial que se ensoberbece al grado de suponer, desde luego equivocadamente, que es el único depositario de la verdad. Es corrupto, en suma, el funcionario judicial que desconoce que el Derecho es justicia expresada en la ley, por lo que si no siente en la letra legal su presencia humanizada se corrompe hasta deshumanizarse. Para mí que cualquier reforma a la Constitución o cualquier nueva ley no tienen sentido sin la presencia humana del juzgador. Por aquí hay que empezar y no suponiendo en el colmo de los errores que la mera ley es capaz de abatir las fortalezas del crimen organizado o desorganizado. No dejemos que juzguen los incapaces e insensibles ya que hacerlo es dar patente de corzo a la impunidad y a la injusticia. Por eso el Consejo de la Judicatura Federal debe tomar cartas en el asunto de los jueces que no saben apreciar lo humano. Calamandrei afirma con tono de revelación que quitarle al Derecho sus fibras humanas es rebajarlo al fango de las pasiones más sucias; y lo contrario, conservarlas es engrandecer la misión del hombre en la sociedad y proyectarlo hacia un destino superior.Denunciemos a los malos servidores de la justicia

"BLINDAR" LAS ELECCIONES

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

La presencia del narco en nuestro país no es nueva, pero nunca como ahora había existido la legítima preocupación de su injerencia en la política a través del financiamiento de las campañas electorales.
La subsistencia de la criminalidad organizada es posible sólo si existe protección desde el poder público. De ahí que la corrupción sea la salvia vital de toda corporación criminal. Así, las campañas electorales, que suponen una natural necesidad de gasto para las actividades de proselitismo por parte de partidos y candidatos, se convierten en un delicado momento de la vida política propicio para que los intereses criminales busquen tener injerencia en quienes tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones públicas.
En 2009 se realizarán, además de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, comicios en 14 estados (en 11 de manera concurrente con el proceso federal), y aunque ninguno de ellos está “vacunado” de la injerencia del dinero del narco, es en el ámbito local donde el riesgo aumenta. En ese contexto, en las últimas semanas varios partidos han urgido al IFE a blindar el proceso mediante acciones preventivas y de control para impedir que dinero ilícito irrumpa en las campañas.
Nadie puede menospreciar la gravedad del tema y subestimar los riesgos que para el Estado supone que el dinero ilícito incida en la política. Por eso el llamado blindaje de las elecciones es una necesidad de Estado. Pero esa legítima demanda ha errado el tono y sobre todo pretende que el IFE cumpla una tarea que no le compete y mal haríamos en encomendarle. Tal como se ha planteado el problema, parece que es una responsabilidad del IFE impedir y vigilar que el crimen financie las campañas, lo cual es un sinsentido.
El diseño del Estado prevé cuáles son los órganos encargados de combatir al narco y de rastrear los movimientos ilícitos de dinero: la PGR y las autoridades bancarias. El IFE hace otra cosa: vigila que los recursos que reciben partidos y candidatos no provengan de fuentes ilícitas previstas en el Cofipe, así como que su uso sea acorde con sus fines y, de no ser así, impone las sanciones correspondientes.
Además, las tareas de fiscalización electoral son acciones ex post, buscan auditar ingresos y gastos realizados en un periodo contable previo. Cierto, la reciente reforma introdujo informes preliminares de campañas, pero no tienen un carácter definitivo (sino informativo) y, por lo tanto, no pueden sustentar un ejercicio de auditoría en forma; éste, por ley, debe hacerse hasta que se presenten los informes finales de precampañas y campañas. Hoy algunos partidos pretenden que el IFE realice una fiscalización ex ante y que además, investigue los antecedentes financieros de los candidatos, con base en meros acuerdos del Consejo General, lo que supone pedirle a la autoridad que se extralimite en sus atribuciones.
Por supuesto que el IFE como órgano de Estado tiene que colaborar con las autoridades ministeriales y bancarias proporcionando (dentro del marco legal) la información que éstas le soliciten y denunciando cualquier sospecha de financiamiento ilícito. También le compete abrir los procedimientos en materia de fiscalización que dentro de su ámbito de competencia le incumban.
Lo que no podemos pretender es que frente a la ineficacia de los órganos competentes para combatir el crimen el IFE se subrogue a éstos y cumpla funciones de investigación policial. Pedirle al IFE eso significa abrir una peligrosa puerta de la que difícilmente saldremos (todos) bien librados.

LAS EVASIVAS DE CALDERON

JOHN M. ACKERMAN

Hoy el presidente de la República ya no tiene por qué tomarse la molestia de presentarse personalmente para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Con las más recientes modificaciones al formato del informe presidencial, Felipe Calderón puede quedarse sentado en su escritorio para desde ahí responder tranquilamente, con el apoyo de su vasto equipo de asesores, a una serie de "preguntas parlamentarias". Con esta reforma al artículo 69 constitucional, que elimina la posibilidad de un diálogo directo entre los Poderes de la Unión, los legisladores quedan reducidos a simples preguntones sin la capacidad de interpelar al presidente o de corroborar por sí mismos la información presentada en el informe de gobierno.El pasado 26 de noviembre, Calderón respondió a las preguntas que los senadores de la República le formularon. Desafortunadamente, las "respuestas" ofrecidas por Calderón una vez más ponen al desnudo que el compromiso del actual gobierno federal con la rendición de cuentas se queda al nivel de discurso. La baja calidad de las respuestas queda reflejada en la gran cantidad de formulaciones huecas, estadísticas generales y repeticiones de información ya incluida en el informe de gobierno. Y ello aplica no solamente para las preguntas planteadas por los partidos de oposición, sino incluso para los cuestionamientos del mismo partido en el gobierno. Por ejemplo, la primera pregunta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) inquiere al mandatario sobre la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para el tratamiento de algunos temas relacionados con la seguridad pública. Este cuestionamiento es de la mayor importancia, ya que los legisladores deberían tener acceso pleno a la información relevante para poder ejercer su función de control y legislar en la materia. Actualmente tienen que ampararse en la Ley Federal de Transparencia como cualquier otro ciudadano para allegarse documentación fundamental para sus tareas.Sin embargo, en su respuesta, el Poder Ejecutivo se limita a hablar de manera general de los "mecanismos de coordinación interinstitucional" incluidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en su propuesta de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la supuesta "interlocución y comunicación permanentes" que el gobierno ha tenido con los legisladores. El presidente no contesta en absoluto al interrogante específico que plantean los senadores del PAN en torno a la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" con el Poder Legislativo.De manera similar, ante otra pregunta del PAN, el gobierno simplemente se niega a decir lo que se está haciendo para mitigar el efecto de la reducción del monto del superávit financiero gubernamental. Más adelante, ante una inquietud presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la mano en la cintura al Ejecutivo se le olvida proporcionar las proyecciones solicitadas para los siguientes cuatro años alrededor de los impactos de la política social y el futuro del empleo formal. Las preguntas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ponen al gobierno contra la pared. Una de ellas solicita el detalle de las acciones de la Procuraduría General de la República en el seguimiento de las investigaciones de la ahora extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Sin embargo, en su respuesta, el presidente se limita a recitar algunos números sin mayor relevancia. Sin entrar en precisiones, reporta que se han girado 4 mil 521 oficios, realizado 135 peritajes, recibido 273 declaraciones e instrumentado 101 inspecciones ministeriales, entre otras estadísticas.Otra pregunta del PRD se refiere a la constitucionalidad del mando único para la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva. El texto del cuestionamiento proporciona un análisis detallado de los problemas derivados del control centralizado que ha establecido Genaro García Luna y señala las imprecisiones en que incurrió Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación durante su comparecencia en el Senado cuando se le interrogó sobre el tema. Lamentablemente, en su contestación, en lugar de ofrecer un informe sobre la situación de la policía federal y una argumentación jurídica sólida sobre la unificación de las corporaciones, el presidente sólo menciona algunos apartados de la ley que hablan de la necesidad de la "coordinación" entre las fuerzas policiacas, y defiende dogmáticamente la necesidad de utilizar todos los recursos a su alcance para enfrentar al crimen organizado. En su momento, las "preguntas parlamentarias" fueron anunciadas con bombo y platillo como una herramienta que podría reequilibrar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Pero parece que la política de la simulación, de dar "información" sin informar, seguirá siendo la regla. Urge aprobar la ley reglamentaria de las reformas al artículo 69 constitucional para dar más efectividad a este proceso. Así mismo, habría que pensar en incluir disposiciones específicas en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (todavía pendiente desde el 21 de julio de 2008, de acuerdo con el transitorio de las reformas al artículo 6º constitucional) para permitir a los legisladores acceso privilegiado a la información del Poder Ejecutivo, tal y como lo ha propuesto el diputado Alfonso Suárez del Real. Así, en lugar de simplemente preguntar y conformarse con las evasivas del presidente, nuestros representantes podrán encontrar ellos mismos las respuestas completas a sus inquietudes.

DICIEMBRE 10

SERGIO AGUAYO

Para divertir a la multitud, un showman poblano hizo que se encueraran, por dinero, un puñado de niños indígenas. Actuó auspiciado por el presidente municipal priista de Hueytlalpan. Puebla se une a la celebración, este diciembre 10, del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sinopsis. En Hueytlalpan, Puebla, hubo un jaripeo, y con la protección del presidente municipal priista, Juan Martín Barrientos, el sonidero y maestro de ceremonias convocó a un concurso a un grupo de niños de entre 6 y 12 años. Por cada prenda que se quitaban recibían 50 pesos. Se encueraron con el alborozo de la multitud. La diputada local perredista Irma Ramos Galindo denunció lo que había sucedido, y la acusaron de mentirosa y borracha. Con o sin aliento alcohólico, el hecho está confirmado. ¿Por qué sigue violándose la dignidad de nuestros niños?
La burla, esencia mexicana. Los mexicanos juguetean y muestran afecto haciendo mofa de los demás, y en especial del más débil. Cuando un grupo de mexican@s llega al mar o a la alberca, su diversión comienza aventándole agua a los ojos a quienes chapotean al lado; así se prepara el ambiente para aventar al agua, por la fuerza, a quienes se descuidan. Una veta en el arte de poner apodos es realzar el defecto físico. En el barrio donde crecí, un muchacho utilizaba pañales de trapos por su incontinencia urinaria, y fue bautizado como El Mión; apodo que cargaba, justo es decirlo, con entereza y resignación.
No importa ahora cuándo y cómo empezó la tradición. Ahí sigue, firme, inamovible, enhiesta, porque quienes forjan los valores nacionales del México nuevo, las televisoras, vapulean constantemente la dignidad de quienes buscan el premio material, o los 15 segundos de fama asociados a "salir en la tele". No debe sorprender, por tanto, el alborozo de la multitud poblana que hasta cooperó para el show del sonidero.
El ejemplo de los superiores. Cuando la tempestad de indignación remolineaba por el caso de Lydia Cacho, y el México consciente exigía castigo para Mario Marín, Felipe Calderón se apersonó en el mismo Hueytlalpan. Era el 9 de enero del 2007, alboreaba su zarandeado gobierno, y fue recibido por Mario Marín con quien intercambió elogios y se tomó la foto y se trataron, dicen las crónicas del momento, con gran deferencia. Calderón prometió lo acostumbrado cuando unseñor- presidente-visita-pueblo-de-pobres. Y la Federación dejó en paz al poblano para corresponder, se dice, a los favores priistas recibidos.
Meses después, la Suprema Corte tomó la decisión de exonerar total y plenamente a Mario Marín quien, desde entonces, gobierna sin sobresaltos.
Satisfecho de sus logros, se acaba de dar el gustazo de aceptar, humilde, que su cara aparezca en un mural al lado del general Ignacio Zaragoza, y si el pintor y artista, Felipe Castellanos Centurión, le encuentra el modo -y lo encontrará-, la esposa del góber también estará en el mural. Es posible que ante tanto escándalo poblano dé marcha atrás.
El pecado de la omisión. Debe reconocerse la valentía, y el estómago, de Felipe Calderón y de algunos ministros de la Suprema Corte quienes defendieron en público, y sin ascos, a Mario Marín. Igualmente importantes son aquellos que, con su silencio, hacen posible el reino de la impunidad en este mundo. Resulta lógico que el PRI guarde silencio; uno esperaría más de la lúcida Beatriz Paredes, y de un partido que se dice moderno.
Un misterio mexicano son los criterios empleados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seleccionar los asuntos que le merecen atención. En algunos momentos su titular, el doctor José Luis Soberanes, se transforma en Zeus del Ajusco y relampaguea y fulmina a los malos. En otros casos, se transforma en patriarca bonachón que observa, impasible y distante, el clamor de las víctimas indefensas. Por alguna razón, hasta las 13:00 horas del martes 9 de diciembre -hora de cierre de este texto- los niños poblanos no se habían merecido ni un triste boletín de la CNDH. Tampoco se conocen protestas de los padres de los infantes ridiculizados.
La rutinización del abuso. Por acción u omisión, el abuso a los niños pobres de Hueytlalpan ya entró en el remolino de la "normalización". El hecho adquirió notoriedad por una diputada local perredista, Irma Ramos Galindo, quien ya hizo las denuncias formales ante instituciones locales, algunas de las cuales abrevan en la corte de Mario Marín. Dado el escaso peso que tiene la izquierda en aquel estado, y la fuerza del PRI, se ve difícil que prospere alguna acción contra el gobernante municipal de Hueytlalpan (Puebla mantiene a 41 diputados; el PRD tiene dos, el PRI 26 y el PAN ocho). Este lunes 8 la mayoría priista en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso poblano blindó al munícipe de Hueytlalpan.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya recibió una queja y ya envió visitador a Hueytlalpan. El caso permitirá saber de qué está hecha la flamante presidenta: Marcia Maritza Bullen Navarro fue elegida presidenta de la comisión, apenas en julio pasado, por el Congreso local. Hay dudas sobre su autonomía frente al PRI. Un indicio: el día en que fue electa, las "diputadas del PRI, Janet González Tostado y de Convergencia, Carolina O'Farril Tapia, organizaron algunas porras para vitorear[la]". Es impropio descalificarla por el júbilo de quienes votaron a su favor; si Marcia Maritza demuestra que su compromiso está con la dignidad de los niños maltratados le dedicaré, desde este mismo espacio, una porra en prosa.
Este diciembre 10 es el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reflexionemos sobre los retos lanzados por el showman poblano a los niños pobres de Hueytlalpan: "¿Quieres ganarte 50 pesos más? ¡Quítate el pantalón! ¿Quieres ganarte 50 pesos más? ¡Quítate el calzón!". Toda una filosofía de vida.

BELTRONAZO MEDIÁTICO

JAVIER CORRAL

Operador sinuoso de la aprobación de la ley Televisa hace tres años, Manlio Favio Beltrones no desiste en restituirle al duopolio de la tv las prebendas legales que hace más de un año perdió por virtud de la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la SCJN sobre las principales y abusivas pretensiones de esa reforma.
Impune en términos de la sanción pública que señaló a otros operadores menos taimados que él y Emilio Chuayfet, Beltrones quiere regresarles el refrendo automático a perpetuidad, ahora disfrazado de prórroga, reiterándoles cada 20 años las concesiones mediante un acto discrecional de la autoridad, por tiempo indefinido. Ello sin que, como estableció la Corte, al término de las concesiones éstas se vuelvan a licitar dando entrada a nuevos solicitantes y sólo en caso de empate por una igualdad absoluta de posiciones se prefiera al actual concesionario sobre terceros.
La desfachatez de Beltrones en la iniciativa presentada la semana pasada, y suscrita por otros cuatro senadores aspirantes a gobernadores, tiene el colmo del cinismo: hacerlo en nombre de la sentencia de la Corte, para dotar de “seguridad jurídica a las empresas de comunicación”. En ese planteamiento tramposo se va muy lejos, manipula el texto de la sentencia a su antojo, edita párrafos, rasura renglones y omite criterios esenciales que, de ser citados, pondrían a la vista la embustera interpretación que hace de lo que se asentó en el engrose de aquella resolución judicial, votada por unanimidad.
Más allá de tratar de prostituirles a nuestros jueces constitucionales su lenguaje, la iniciativa tiene errores técnicos de primer orden al pretender comparar las telecomunicaciones —ya no digamos minas, pesca, aguas, puertos, carreteras, aeropuertos o ferrocarriles— con la radio y la tv, no sólo por la función social que tiene asignada, sino porque ni una sola de las actuales concesiones de radio y tv abiertas se sometieron antes a un proceso de licitación, ni se pagó por ellas un solo centavo al Estado.
Para justificar la omisión de la licitación, Beltrones envía una bola engañabobos al decir que por lo menos ahora sí pagarían una contraprestación al recibir la prórroga, y hasta en eso trampea. En un comunicado difundido el mismo día en que la iniciativa se presentó, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información afirmó que: “Esa no es más que una simulación porque sugieren que para integrar ese pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año”.
Así que de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la tv y la radio no sólo no pagarían por la renovación de sus concesiones. Además existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos por la prórroga y el monto de los tiempos estatales que hasta ahora han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos.
¿En qué se basa Beltrones para hacer una propuesta tan regresiva? ¿Dónde deposita su apuesta de que no le costará políticamente proponer una iniciativa contraria al interés público y a la soberanía del Estado? Sin duda, en la cultura de la complicidad y la simulación que se vive en la política partidista, primero, y luego en la red de protección, convenios y alianzas que cada día aumenta entre los medios electrónicos y los medios impresos, lo que minimiza si no es que excluye el tratamiento de estos asuntos.
Es claro que se trata de una maniobra electorera que busca congraciarse con los principales consorcios mediáticos del país y redimirse ante ellos, a manera de arrepentmiento, por lo que se hizo en la reforma electoral, que les afectó jugosas ganancias al prohibirles a partidos y candidatos la compra de propaganda electoral en radio y tv. Quizá tenga la misma motivación que el planteamiento de restablecer en la Constitución la pena de muerte, para llamar la atención y documentar ante los interesados que por lo menos se intentó aunque fueron otros los que no quisieron. Pero la experiencia aconseja que debemos estar alerta, pues más que la Navidad y los Santos Reyes, las campañas electorales traen grandes regalos para los propietarios de los medios.

GOBERNAR PARA CLAUDICAR

DENISE DRESSER

“No es difícil gobernar. Basta con no ofender a las familias nobles”, escribió Mencius el filósofo chino. Y vaya que el gobierno mexicano sigue su pronunciamiento a pie juntillas, sobre todo en el terreno de las telecomunicaciones y la televisión. Ante Telmex hay que doblegarse. Ante Televisa hay que arrodillarse. Ante los concesionarios hay que hincarse. Ante los que realmente ejercen el poder en el país, la autoridad se rehusa a actuar como tal. En lugar de imponer decisiones legítimas, las negocia. En vez de regular en nombre del interés público, termina por fortalecer a los feudos privados. El gobierno no gobierna, ruega. Eso es lo que revela el comportamiento reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante decisiones que involucran a Telmex. Esa es la debilidad que exhibe un gobierno que –en aras de no ofender– termina por claudicar.Produciendo así historias de terror como la que el país acaba de presenciar en el tema de las “Áreas de Servicio Local”. Desde hace más de un año, la autoridad regulatoria –la Cofetel– determinó reducir esas áreas de 397 a 197, para que los consumidores tuvieran que pagar menos llamadas de larga distancia en zonas geográficamente cercanas, como ocurre actualmente. El esquema existente permite que Telmex cobre más de lo que debería y que los ciudadanos paguen transfieran más riqueza a las arcas de la compañía de lo que les toca. Hoy una llamada de Toluca a Metepec es considerada y cobrada como una larga distancia, cuando no debería ser considerada como tal. Hoy una llamada de Texcoco al D.F. contribuye al abuso cotidiano que Telmex es capaz de perpetuar, porque el gobierno se lo ha permitido.Pero como suele suceder en casos en los cuales Telmex ve afectados sus intereses, el asunto estuvo parado más de un año porque el Sr. Slim se amparó. Cuando la Cofetel logró que un tribunal revocara la suspensión y se pudiera avanzar en beneficio de los consumidores, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. La Subsecretaria Carpinteyro le dio entrada desde su oficina a una petición de Telmex para frenar la decisión tanto del tribunal como de la Cofetel. En pocas palabras, lo que Telmex no pudo ganar en los tribunales, lo ganó con la decisión de una mujer que al entrar al puesto generó grandes expectativas que ahora defrauda. Algo legalmente improcedente se volvió procedente y benefició –nuevamente– a un interés privado por encima del interés público. Un avance a favor de los consumidores se volvió –nuevamente– un retroceso para ellos.Y algo similar ha ocurrido en el tema de la interconexión de larga distancia y las tarifas exorbitantes que Telmex le cobra a sus competidores. La Cofetel determinó bajar las tarifas después de un pleito de diez años con el “jugador dominante”; años en los cuales los consumidores suscritos a servicios alternativos al de Telmex se han visto obligados a pagar tarifas diez veces más altas de lo que deberían. Pero otra vez, la subsecretaria intervino para permitirle a Telmex parar una decisión que afectaba de manera negativa sus intereses. Otra vez Purificación Carpinteyro puso en tela de juicio su reputación como una funcionaria autónoma, independiente, capaz de actuar como autoridad y no como correa de transmisión de Telmex.Ahora bien, probablemente la subsecretaria argumentaría que todo es parte de una “gran negociación” con el Sr. Slim que –al final del día– va a producir acuerdos. Que al concederle a Telmex ciertas cosas, logrará obtener otras. Que si ella está dispuesta a darle algo al monopolista más exitoso de México, eventualmente logrará que acepte ciertas decisiones regulatorias en lugar de ampararse constantemente ante ellas. Pero ese comportamiento coloca al gobierno de México en una posición precaria y contraproducente. Acaba negociando con la persona a la cual debería regular; acaba pidiéndole favores al hombre que debería contener; acaba claudicando ante la compañía a la cual tiene la obligación de sancionar. El gobierno –ya sea a través de Luis Téllez o Purificación Carpinteyro– termina por ceder ante chantaje del Sr. Slim y repite sus argumentos: Si no le dan lo que quiere, dejará de invertir. Si no le permiten seguir comportándose como lo hace en el país se irá de él. Si no le cambian el título de concesión para que pueda entrar al negocio de la televisión abierta con las condiciones que exige, demandará a la SCT.Pero al tratar de congraciarse con quien debería regular, el gobierno pierde de vista los costos que perpetúa para el país. La penetración de los servicios de telecomunicaciones en México sigue siendo relativamente baja, en gran medida por los obstáculos que Telmex ha colocado. El ritmo de crecimiento pronosticado de la banda ancha va a ser muy pequeño, en gran medida por los diques que Telmex ha erigido. En los últimos 5 años el nivel de inversiones en el sector ha sido bajo, comparado con otros países, en gran medida por la competencia que Telmex ha frenadoY en lugar de remediar los errores que ha cometido, el gobierno los exacerba. En el pasado, tanto la SCT como la Cofetel no pudieron –o no quisieron– obligar al Sr. Slim a cumplir con los términos de su concesión. Aquella que se le vendió a cierto precio con la condición de que no podía ofrecer televisión. Aquella cuyos requerimientos ha ignorado una y otra vez. Pero en lugar de exigir que cumpla, el gobierno se apresta a premiarlo. Por más escandaloso que parezca, la SCT parece estar dispuesta a modificar el título de concesión de Telmex sin exigir algo sustancial a cambio. Piensa darle más al Sr. Slim para ver si así –por lo menos– deja de ampararse contra toda decisión gubernamental. Piensa darle más para ver si así –por lo menos– alguien logra competir contra Televisa. Como si el país no tuviera una opción mejor. Como si no hubiera otra alternativa que negociar la ley.Como si sólo fuera posible enfrentar a los oligopolios en lugar de obligarlos a competir con un tercero como NBC. Como si no fuera viable abrir tanto las telecomunicaciones como la televisión con la licitación de una tercera cadena, y la elaboración de una nueva ley de medios, y la autoridad de un gobierno que actúa en lugar de negociar. Como cualquier empresario racional, Slim empuja hasta donde encuentra resistencia. Pero la resistencia gubernamental no se da: La subsecretaria Carpinteyro cede, el Secretario Téllez calla, el presidente Calderón está ausente, la Cofetel está dividida. El gobierno dice que gobierna cuando en realidad claudica. Y dado que opta por comportarse como oveja, no sorprende que acabe devorada por el lobo.

REGISTRO DE CELULARES: ¿GARANTÍA CONTRA EL SECUESTRO?

ERNESTO VILLANUEVA

El jueves 4 de diciembre pasado el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones con lo que se crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. De esta forma, los usuarios de teléfonos celulares deberán registrar su equipo y "chip" en las compañías telefónicas que les otorgan el servicio, so pena de que les sea suspendido el servicio y sin posibilidad de reactivación. Esto se llevará a cabo en el transcurso del año entrante. Esta decisión legislativa tiene un propósito loable: facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y a la delincuencia organizada. Nadie podría en su sano juicio estar en contra de esa finalidad. El asunto más bien reside en saber razonablemente si esas medidas podrán ser los medios para llegar a los fines buscados. Desde mi perspectiva no es así. Veamos por qué.Primero. De entrada, no existe en el corto plazo factibilidad para que se adopte el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como un localizador con tecnología satelital en virtud de que esa tecnología haría sumamente costoso el servicio celular en perjuicio paradójicamente de la mayoría de la sociedad. Si se lograra que el Gobierno federal (con los impuestos suyos y míos) absorbiera el costo, otro problema igual o mayor es que para la eficacia del GPS se requiere de un sistema cartográfico actualizado que no posee México. Y no me refiero a las Guías Roji que todos conocemos y que nos sirven para ubicar calles, sino a los sistemas que incluyen los relieves del terreno y sean susceptibles de identificar si se trata de un terreno con un piso o de un edificio de 15 pisos, que para los propósitos de seguridad hace una diferencia entre la vida y la muerte. Hoy sin reforma alguna se utilizan las radio bases existentes para efectos de identificación aproximada, con menor nivel de precisión que el GPS, pero que ayuda cuando hay voluntad de hacer cumplir la ley en casos de secuestro o extorsión. Segundo. Supongamos que lo anterior fuera posible y se reorientara el presupuesto, por ejemplo, de educación para adoptar un sistema GPS y un proceso permanente de cartografía en todo el país. Tampoco este esfuerzo presupuestal mayúsculo sería garantía alguna. Se deja de lado la inteligencia del crimen organizado. ¿Se imagina alguien a un delincuente llamando de su propio teléfono celular para pedir un rescate? Es absurdo. Lo que generalmente pasa es que se utilizan los propios teléfonos celulares de las víctimas o robados. De ahora en adelante se podrá saber el domicilio y a quien pertenece el teléfono del cual se está hablando, pero ello no ofrece ningún elemento eficaz para combatir los delitos de alto impacto. Y así, las cosas seguirían exactamente igual.Tercero. Pero si lo anterior fuera poco, se parte del supuesto de que los delincuentes son débiles mentales y que para sus quehaceres delictivos usan los teléfonos celulares convencionales de Telcel, Movistar u otros similares. Se hace caso omiso de la existencia de la comunicación telefónica por internet que es mucho más segura y confiable para no ser rastreada. Se trata de sistemas como Skype o Vonage, por citar dos ejemplos. Además, obviamente no requiere de número alguno. ¿Qué sucede además si el teléfono para el secuestro es europeo, norteamericano o de cualquier país distinto a México? Tampoco están previstos. Como se puede observar, el Registro Nacional servirá sólo como un mecanismo para brindar seguridad sicológica a la población, pero en modo alguno es esperable que venga a resolver los problemas de inseguridad. En épocas electorales es entendible que el poder Legislativo busque reivindicar su imagen entre los gobernados, pero es injusto que se explote la ignorancia de nuestro pueblo en este tema tan sensible para todos, dándole "gato por liebre". Más allá de cuestiones tecnológicas que son siempre instrumentos al servicio de la persona, el problema reside en la cultura de la corrupción y la impunidad sin cuyo combate lo demás será siempre lo de menos.

DEMAGOGIA IRRESPONSABLE

PEDRO SALAZAR UGARTE

La abolición de la pena de muerte ha sido un símbolo civilizatorio, una prueba de modernidad ilustrada. Lo que reposa detrás de esa decisión es la convicción profunda de que la dignidad humana —de todas las personas, incluso de los delincuentes más despiadados— está por encima de las pulsiones primitivas que nos inclinan a la violencia y a la venganza. No es baladí que la enorme mayoría de las democracias constitucionales contemporáneas hayan caminado en esa dirección.
La Unión Europea es el modelo emblemático: el Coliseo romano, arena que fue testigo de ejecuciones y masacres, por decisión de los estados europeos, en nuestros días, se viste de colores las noches en las que, en algún lugar del planeta, se decide suspender la ejecución de un condenado. En el extremo opuesto está el salvaje primitivismo que, inspirado en la Ley del Talión, conduce a ciertos países, sobre todo de tradición islámica, a lapidar personas, ahorcar adolescentes, cercenar cuerpos. ¿Hacia dónde queremos mirar los mexicanos?
La demagogia casi siempre es peligrosa: inflama los ánimos, confunde a las personas, engaña simulando. Pero lo es aún más cuando explota el miedo de una sociedad azotada por una ola de criminalidad sin precedentes. La campaña del —así llamado— Partido Verde Ecologista ya era preocupante: una organización política que explota el desconcierto mediante una falacia infame: “Porque defendemos la vida, proponemos la muerte”. Pero lo del gobierno de Coahuila y el priísmo —por el momento— local debe despertar nuestra indignación y, sobre todo, movilizar nuestras conciencias.
Lo que ha hecho el gobernador Humberto Moreira, con el obsequio de los legisladores de su partido, es irresponsable y peligroso: aprovechar el temor ciudadano, apelando a los instintos y no a la razón de las personas, para posicionarse políticamente con una propuesta que, para colmo, es jurídicamente inviable. No encuentro otra manera más cobarde para esquivar la responsabilidad incumplida de brindar seguridad a sus gobernados.
La propuesta de Moreira es inviable porque, venturosamente, en el sistema internacional de los derechos humanos tienen vigencia dos principios fundamentales: el de progresividad y el de no regresividad.
En su conjunto estos principios estipulan un mandato claro y contundente: en el ámbito de los derechos fundamentales —¿alguien duda que la vida humana sea uno de ellos?—, los estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas que tengan como única finalidad ampliar las garantías de los mismos. So pena de abandonar el grupo de los países democráticos, entonces, está proscrito aprobar reformas constitucionales o legales regresivas, reaccionarias. Cuando el Estado mexicano, en 2005, con el respaldo de todos los partidos políticos (¡412 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara de Diputados!), decidió reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución para expulsar de esa norma —y, con ello, de todo el ordenamiento jurídico mexicano, ya que cualquier reforma legal en sentido contrario sería inconstitucional— la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el país dio, por decirlo de alguna manera, un paso progresista sin retorno. Materializó, para decirlo con Bobbio, el “giro copernicano” que separa a la modernidad de los derechos del mundo premoderno.
La objeción a la pena de muerte no es una posición de humanistas ingenuos. Es una postura congruente con el paradigma del constitucionalismo democrático que, de paso, tiene un sustento práctico: todas las estadísticas serias indican que la medida no sirve para disminuir los índices delictivos. Y, según entiendo, eso es lo que todos queremos: ¿o alguien promueve la venganza como fin último? Quizá no faltará el personaje que prefiera sumar muertes a los muertos y tampoco el irresponsable que esté dispuesto a atizar la exacerbación social a cambio de votos.
Lo que sí les garantizo es que ni uno ni el otro buscan consolidar una sociedad democrática en la que la seguridad —física, económica, ecológica— de todos y de todas sea la prioridad.

POBREZA, DESIGUALDAD Y CRISIS

JOSÉ WOLDENBERG

La pobreza es un mal en sí mismo. La exclusión de una serie de bienes materiales y culturales segrega a franjas importantes de la población. Pero la pobreza aunada a las profundas desigualdades que cruzan al país es un agravio multiplicado. Ambas tienden a erosionar la cohesión social, a generar ciudadanos incompletos -incapaces de apropiarse y ejercer sus derechos- y a debilitar la adhesión a las fórmulas democráticas de convivencia.Son rasgos que han marcado profundamente nuestra coexistencia y que ahora en tiempos de crisis pueden -aunque no deben- agudizarse. Por ello un "Grupo Plural" de personas convocamos a muy diferentes especialistas a debatir sobre los retos que México tiene enfrente. El evento se realizó el 26 y 27 de noviembre y la siguiente es una especie de síntesis apretada de lo que ahí se dijo (por supuesto que en ella se pierden todos los matices y la riqueza del debate).Todo parece indicar que la crisis que estalló en Estados Unidos y que se expande por todo el mundo generará una recesión fuerte y prolongada. Como dijo Norma Samaniego, "los sistemas de alerta temprana no funcionaron" ante una especulación desmedida y desregulada. Se logró que el consumo aumentara sin incrementar los ingresos, por la vía del crédito, como dijo Adolfo Helmut, y ahora se pagan las consecuencias. Ello tendrá importantes repercusiones en nuestro país: aumento del desempleo, disminución de las remesas, eventualmente del turismo, precios del petróleo a la baja, contracción del crédito (sobre el posible retorno de migrantes hubo posiciones encontradas: los que creen que quienes ya se encuentran en Estados Unidos buscarán formas de colocarse en aquel mercado de trabajo y quienes piensan que un buen número de ellos volverá al país).En ese nuevo marco, el muy lento proceso de disminución de la pobreza puede sufrir reveses importantes, mientras la desigualdad quizá se haga más profunda. Menos inversión y las fuertes restricciones al crédito pueden generar una espiral perversa: escaso crecimiento económico (si no es que recesión o decrecimiento), menos generación de empleos, aumento de la informalidad. Además, un incremento en la brecha regional de las desigualdades (un Norte mucho más próspero que el Sur). Y a ello hay que agregar un Estado que tradicionalmente capta escasos recursos por la vía impositiva y que destina a gasto corriente la parte fundamental de los mismos.Lo nuevo, sin embargo, como lo apuntó Paul Krugman, es que las percepciones sobre las causas y las eventuales recetas ante la crisis se han modificado de manera sustantiva. Si a principios de los noventa, las instituciones internacionales atribuían las vicisitudes de la economía a la excesiva participación estatal, hoy, por el contrario, se asume que dejar al mercado en entera libertad sólo puede desembocar en nuevas y más profundas crisis. No es casual entonces que del lenguaje hegemónico estén desapareciendo las nociones de privatizar y desregular, y que las soluciones se busquen en casi todo el orbe con un giro hacia la izquierda.Varias veces se recordó que a la crisis de 1929-32, le siguieron políticas redistributivas que ayudaron a construir una trama social más equitativa: el New Deal de Roosevelt, los Estados de Bienestar europeos, la política cardenista en nuestro país. Se asume que las condiciones no son las mismas, pero ayudan a ilustrar que las "salidas a las crisis" no son una fatalidad, que no se encuentran predeterminadas.La necesidad de un Estado fuerte -recaudador, redistribuidor, regulador-, en el marco de nuestra germinal democracia, apareció una y otra vez. Incluso la necesidad de que en el marco del Grupo de los 20, México pueda jugar un papel más activo, poniendo en la agenda las urgencias de las llamadas economías emergentes y la eventualidad de un nuevo sistema monetario.Repito: la pobreza y la desigualdad tiñen buena parte de las relaciones sociales y erosionan la cohesión social. Y la crisis puede agravar esos problemas. Se trataría entonces de intentar atenuar el impacto social de la crisis, de no dejar a la inercia la "solución" de las derivaciones siniestras de lo que ya está aquí o en el horizonte.En relación con la ruta para el trazo de las políticas necesarias se esbozaron dos caminos que no necesariamente son excluyentes: un pacto producto de la deliberación en el propio Congreso, tomando como antecedente la experiencia de la reforma energética, y/o la búsqueda de un acuerdo económico social entre los antes llamados "factores de la producción".Se trataría de construir políticas anticíclicas y generadoras de empleo. De fórmulas amortiguadoras como el gasto en infraestructura; estímulos fiscales a las industrias creadoras de puestos de trabajo como la de la construcción; reducción del gasto corriente a favor de la inversión productiva; políticas concentradas en la población más vulnerable y la reasignación de ciertos subsidios; programas de empleo temporal; regular los mercados especulativos.Se habló incluso de repensar al país para trascender el crecimiento magro, la no generación de empleos formales, el déficit en el ejercicio de los derechos sociales, y el proceso de fractura social que acompaña a todo ello. Se puso sobre la mesa de la discusión la posibilidad de construir un sistema de seguridad social universal, no ligado a la situación laboral, lo que reclamaría una profunda reforma fiscal.Porque como afirmó Gustavo Gordillo, en el escenario aparecen tres horizontes: una "decadencia administrada", una "restauración conservadora" y una "modernización democrática". Creo que sobra decir que esta última sería la mejor apuesta.

DE QUÉ LADO SE ESTÁ

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Es preocupante que la gravísima situación por la que atraviesa el país orille a algunos a suponer que se debe actuar contra la delincuencia y el narcotráfico por medio de mecanismos que son absolutamente ajenos al Estado de Derecho. Tal es el caso alarmante del profesor normalista y gobernador del Estado de Coahuila Humberto Moreira Valdés, a quien su Congreso apoyó con veintidós votos del PRI, del PVEM y de UD, al proponer la instauración de la pena de muerte diciendo que no se trata de discutir su relevancia sino la manera de privar de la vida a los delincuentes (refiriéndose a los que cometen los delitos más graves), que en su opinión son "desgraciados" que no merecen vivir. Añadiendo con un toque de demagogia que de qué lado está uno, si del de las víctimas o del de los criminales. Y es que por estos desatinos mayúsculos (tal vez explicables pero nunca justificables) generados por la infructuosa y muy negativa política del gobierno federal en su enfrentamiento con la delincuencia, incluidas las reformas constitucionales en materia penal, plagadas de errores contrarios a los principios vertebrales del Derecho Penal y de las cuales me ocuparé pormenorizadamente en próximos artículos, se llega a la conclusión de que en la lucha que se libra contra la delincuencia y el narcotráfico se vale que el gobierno actúe sacrificando el Derecho lo mismo que el sistema jurídico que nos rige. Se puede y se debe estar del lado de las víctimas y de la sociedad agraviada, gobernador Moreira Valdés, sin dar al traste con la constitucionalidad y la legalidad.Los artículos 14 y 22 de la Constitución, en sus párrafos segundo y primero respectivamente, no permiten la pena de muerte. Llegado el caso y en relación con la propuesta del gobernador Moreira Valdés habría que modificarlos. ¿Cómo? Enviando el Congreso del Estado de Coahuila, con fundamento en la fracción III del artículo 71 de la Constitución, una iniciativa de ley para reformarlos en el sentido de que se permita la aplicación de la pena de muerte. Lo anterior corresponde a la forma y al procedimiento constitucional, siendo que con posterioridad dicha iniciativa sería turnada a comisiones para su estudio y dictamen. Y aquí está el punto. Yo doy por descontado que en el seno de aquellas comisiones se rechazaría la iniciativa, pero sin duda después de una larga serie de discusiones y análisis no siempre doctos sino por regla general insubstanciales, superficiales y hasta demagógicos. Perdidos en medio de un debate caótico servirían de pretexto para enjuiciar severamente la política del gobierno en lo que concierne a la seguridad pública y a la justicia. ¿Con qué beneficio? A esto ha llevado el fracaso evidente de esa política, al margen de las explicaciones y justificaciones que de la misma hace el gobierno. Es lamentable. En vez de discutir sobre la pena de muerte lo impostergable es hallar o proponer mecanismos de política criminal, que no alteraciones o modificaciones a la ley ni mucho menos a la Constitución, que sirvan como punto de partida para ir saliendo de la situación dramática e incluso caótica en que nos hallamos. A mayor abundamiento, hay que recordarlo, la experiencia internacional demuestra constantemente lo que la doctrina ya ha explorado desde hace tiempo, a saber, que la pena capital no es ejemplar ni tampoco útil. Así mismo la pretensión de consagrar como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida (lo que es parte de la propuesta del gobernador Moreira Valdés) es algo que ya se tutela implícitamente en la Constitución y en el Código Penal. En suma, aplicarle la pena capital al secuestrador que mate a su víctima (que es otra propuesta del gobernador Moreira Valdés) no servirá en el fondo para evitar tan terrible delito. Hay que ir a las causas y no a los sujetos que derivan su acción de ellas. Me he referido al grito, al alarido de desesperación del gobernador de Coahuila y de millones de mexicanos. ¿Por qué el Congreso de la Unión no lo aprovecha, si cabe el término, para convocar a especialistas del Derecho, a facultades y a escuelas de Derecho, a abogados en el ejercicio de su profesión, con el objeto de que aporten, fuera de la visceralidad explicable pero no justificable, posibles soluciones al terrible problema de la criminalidad ascendente? Aunque el de la pena de muerte sea un tema reiteradamente abordado y tratado que se lo vuelva a estudiar, a analizar, y que se llegue a conclusiones serias fundadas en la razón y no en el coraje, en el miedo o en el terror.

CAPITAL DEFEÑO

SERGIO AGUAYO

La cumbre sobre la inseguridad se desinfló. Ni el gobierno ni la sociedad estuvieron a la altura de aquel vistoso banderazo del lejano 21 de agosto. Ante lo desesperado de la situación, hay que explorar propuestas alternativas, una de las cuales sería que la capital asumiera el liderazgo y marcara la ruta.
En el gobierno federal optaron por el viejo método: culpar a los de atrás y presentarse como el salvador. El crimen organizado, asegura Felipe Calderón, es la consecuencia "de años de indiferencia" que terminaron durante su gobierno.
Repitió las tesis de Eduardo Medina Mora, enunciadas días antes, en una larga entrevista a Pablo Ordaz de El País de España (noviembre 23, 2008). En el acto conmemorativo de los 100 días de firmado el "Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad", la mayoría de los gobernadores optaron por el silencio, y los únicos que medio reconocieron su pereza fueron los legisladores. Días después, el encuentro en Palacio Nacional sigue hundiéndose en el olvido.
En el mismo aniversario, el principal aporte de la sociedad fue la desgarradora denuncia de Nelson Vargas, quien encueró la incompetencia policiaca. Lo demás fue, y da pena decirlo, una retahíla de reiteraciones. Fue evidente lo poco que pudieron avanzar, por lo enredado del tema y lo limitado de sus recursos. Como la sociedad no puede ser indiferente porque es la que padece y paga, seguirá quejándose, denunciando, proponiendo, increpando e insultando, sin que sirva de gran cosa. ¿Cómo romper el círculo vicioso?
Ensayo una respuesta de analista: su único valor está en su lógica interna y en la información de apoyo. Parto de la creencia de que la sociedad puede jugar un papel fundamental. Sin embargo, la indignación, por más intensa que sea, no mueve a gobernantes; éstos reaccionan con acciones bien pensadas e implementadas, que cuentan con el respaldo de los medios de comunicación.
Esto conduce a la llamada "Señora Sociedad Civil"; es decir, a los organismos civiles (o no gubernamentales, ONG) quienes, en una situación ideal, interpretan y traducen el interés público en iniciativas concretas, con las cuales buscan incidir en las políticas públicas.
Una distinción fundamental tiene que ver con las variaciones en la densidad de la sociedad civil por región, entidad y ciudad. Hace ya tiempo, un académico, Robert Putnam, escribió un libro clásico (Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 1993) en el cual elaboró el concepto de "capital social" para explicar por qué la Italia del norte tiene una sociedad más participativa que la del sur (asunto sobre el cual teorizó en los años treinta Antonio Gramsci).
Si se aplica el mismo criterio, México también es profundamente desigual en la distribución de su capital social. De acuerdo con una investigación de Teresa Martínez y Rodrigo León ("Mexicanos pasivos", Enfoque, Reforma, 21 de agosto del 2005), los organismos civiles registrados ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) mostraban el esplendor y la anorexia de la sociedad civil: el 28 por ciento de las ONG tenían su sede en la capital, luego venía Nuevo León con un distante 5, y Chiapas tenía menos del 1 por ciento.
Una última distinción que debe hacerse con la sociedad civil es su diferenciación ideológica. Tiene expresiones de izquierda, derecha y centro, además de un generoso repertorio de simuladores; es decir, una réplica de la sociedad política.
Los comicios presidenciales del 2006 causaron un distanciamiento entre izquierda y derecha que ha dificultado entendimientos posteriores.
Establecida la parálisis oficial, y hechas algunas distinciones sobre la sociedad, regreso a la inseguridad. Es uno de los temas en los que la fractura ideológica puede pasar a segundo término porque los robos, secuestros y miedos no distinguen la diversidad. Azotan a quienes se persignan todo el tiempo y a quienes glosan, mientras se duchan, el último discurso de Hugo Chávez.
Si ese entendimiento fuera posible, parecería lógico tomar a la capital como punto de experimentación para elaborar una agenda mínima de exigencias a las autoridades. Peticiones que podrían ser monitoreadas en un ejercicio conjunto entre organismos civiles e instituciones académicas. En ello podrían colaborar organizaciones como la Red de Especialistas en Seguridad Pública que encabeza, entre otros, Elena Azaola.
Una ventaja de poner énfasis en la capital es la resonancia de lo que en ese lugar sucede. Es la sede nacional de los partidos y de los poderes formales y fácticos y tiene un gobierno de izquierda predispuesto a escuchar, en principio, a la ciudadanía porque tiene, como otros, la mirada fija en el 2012. Tendría interés, entonces, en demostrar su superioridad sobre el gobierno federal, y sobre los gobernadores de otras entidades. Si la capital demuestra logros concretos podría crearse un catálogo de buenas prácticas replicables en otros estados.
Otra ventaja de una movilización del capital social defeño es que la intimidación aún no azota al Distrito Federal con la virulencia que devasta Tijuana, Juárez o Monterrey, entre otras. En la capital están presentes todos los cárteles de la droga pero se van con mucho cuidado de no aterrorizar a la población, tal vez porque no quieren "calentar" la plaza. Nadie sabe cuánto durará su mesura, pero existe una pequeña ventana de oportunidad que puede ser utilizada por una ciudadanía encabezada por los organismos existentes.
Ignoro si sería posible un acuerdo de este tipo, pero ante la indiferencia y/o indolencia de quienes nos gobiernan, hay que explorar lo inédito; y el Distrito Federal tiene un capital social desaprovechado.

DESACELERADOS

DENISE DRESSER

Ante el tsunami económico que viene, el gobierno anuncia que México logrará encontrar resguardo. Ante el vendaval que se avecina, el equipo económico asegura que el país logrará asirse del árbol de la estabilidad. Ante la magnitud de la desaceleración a la vista, el presidente afirma que bastarán las medidas anunciadas para el momento. Y aunque se agradece la prudencia con la cual Felipe Calderón y los suyos han reaccionado de cara a la crisis, no queda claro que la respuesta sea suficiente. La situación es más grave de lo que se reconoce, más compleja de lo que se sostiene, más impactante de lo que se dice. Frente a una desaceleración dolorosa, demasiados miembros del gobierno parecen estar desacelerados. Mientras otros países comienzan a reaccionar con rapidez, México parece aletargado, distraído, incapaz de reconocer lo que tiene que hacer y la velocidad con la cual debería actuar. Porque en coyunturas difíciles -escribió Titus- los planes más audaces se vuelven los más seguros.Y vaya que se viven momentos económicos muy duros con consecuencias potencialmente devastadoras. Como ha sugerido el economista Sebastian Mallaby, la crisis financiera estadunidense se ha metamorfoseado en varias crisis simultáneas que se alimentan entre sí. El colapso del mercado de bienes raíces ha lisiado a los bancos. Los bancos lisiados han cerrado las llaves del crédito a compañías que lo necesitan. Compañías sin acceso al crédito han comenzado a despedir empleados. Empleados que han perdido su fuente de trabajo han dejado de pagar sus hipotecas, acentuando la crisis de los bienes raíces. Y a través de un proceso similar, instituciones financieras en una situación precaria han dejado de prestar a personas que quieren comprar autos, lo cual ha empujado a compañías como General Motors al borde de la bancarrota. Si las empresas automotrices se hunden, eso traerá consigo otra ronda de despidos y de hipotecas sin pagar y de bancos en problemas por ello.Mientras tanto, la crisis se ha vuelto global. Todavía en septiembre, el presidente de Brasil podía afirmar que la crisis era de Bush, no suya. Todavía hace un par de meses, Agustín Carstens podía decir que México se enfrentaba a un bache y podría salir sin gran problema de él. Pero hoy casi todos los mercados emergentes están en problemas y muy serios. China, que antes crecía al 12 por ciento, ahora anuncia que sólo lo hará al 5 por ciento, mientras que en otras latitudes las perspectivas son aún peores. La angustia de un país daña las posibilidades de exportación de su vecino, generando así un círculo vicioso cada vez peor. Ante todo ello, México haría mal en no calibrar las penurias que padecerá y prepararse para ellas. La contracción de las exportaciones; el descenso de la inversión extranjera; la reducción de las remesas; el regreso de los migrantes; el aumento del desempleo; la pérdida de valor del peso frente al dólar; la disminución del precio del petróleo; la predicción de crecimiento a no más de uno por ciento si bien nos va.Dada la dimensión de lo que se vislumbra en el horizonte, sorprende la tibieza del gobierno mexicano. La ausencia de medidas más agresivas, la falta de posicionamientos más audaces, la renuencia a actuar con mayor urgencia. En diversos países, las autoridades han anunciado planes de largo alcance para lidiar con los retos de la desaceleración y la promoción del crecimiento renovado. En Estados Unidos, el equipo de Barack Obama se mueve velozmente para echar a andar proyectos ambiciosos y de alto impacto. El presidente electo ha convocado a las mentes más brillantes en torno a un objetivo claro: diseñar medidas para crear empleos, alentar el consumo, restablecer la confianza de los mercados, disminuir el gasto público en rubros poco prioritarios, apoyar a clases medias que enfrentan un escenario cada vez más adverso, reinventar la regulación financiera. Obama habla con urgencia, con pasión, con convicción, con preocupación. Describe la complejidad de los retos y los grandes sacrificios que muchos de sus compatriotas tendrán que hacer para enfrentarlos. Pero aún más importante: busca vincular la recuperación con reformas económicas y sociales de gran envergadura. No está proponiendo un montón de curitas sino una cirugía mayor.En México urge una visión integral así. En el país hace falta un liderazgo capaz de combinar el diagnóstico honesto con la propuesta transformadora. En esta coyuntura crítica va a ser necesario que alguien asuma el mando para aprovechar la crisis en vez de insistir en que no nos pegará tan fuerte. Como argumentó John Authers, columnista del Financial Times, en un seminario reciente sobre capitalismo e inclusión, a México le espera una dosis alta de dolor. Porque la crisis va a exacerbar los costos de no habernos reformado a tiempo. De no haber fomentado la competencia necesaria, la productividad indispensable, la competitividad deseable, la inversión creciente, la eficiencia exigida. Todo aquello que hubiera contribuido a fomentar el crecimiento dinámico e incluyente. Todo aquello que la clase política tendría que proponer hoy. Una nueva ley federal del trabajo. Una política omnicomprensiva de competencia. Una remodelación a fondo del sistema educativo que le permita al país construir capital humano. Una reforma al sector energético que vaya más allá de la construcción de una refinería. Un sesgo a favor del crecimiento que trascienda el sesgo tradicional a favor de la estabilidad. Pero las autoridades parecen estar demasiado ocupadas enfatizando que sortearemos la crisis; que no es necesario un ajuste mayor; que es preferible seguir cojeando de lado que hacer lo posible para pavimentar el camino sobre el cual correr de frente. El presidente ofrece cinco puntos, habla de inversión pública en infraestructura, sugiere algunas medidas contracíclicas pero va a ser cada vez más evidente que eso no bastará. Anunciar soluciones no es lo mismo que ponerlas en práctica de manera rápida y eficaz, y la situación global va a empeorar antes de mejorar. Ante sus efectos predecibles, México tendría que entender una realidad ineludible: los países que se recuperarán con mayor velocidad serán aquellos que atraigan el capital mundial. Para lograrlo, México tendría que reformarse con la profundidad que ha podido eludir en los últimos años. Ojalá que ante la dimensión de la debacle el gobierno de México comprenda que será imperativo despabilarse, sacudirse, desplegar el pragmatismo imaginativo y visionario. Porque dicen que la fortuna favorece a los audaces pero abandona a los tímidos. O a los desacelerados

¡MATEN A LOS MALOS, PERO NO A LOS ANIMALITOS!

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

El llamado Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desató una agresiva y atosigadora campaña publicitaria en la que clama por la pena de muerte a quienes participan en ciertos delitos graves. Con un aporético juego de palabras, en cientos de anuncios espectaculares en el país se lee: “Porque nos interesa tu vida, pena de muerte a asesinos y secuestradores”, eslogan que se ha replicado en radio y televisión.
Pero no se trata sólo de una campaña propagandística. Congruente con su desatino, a fines de agosto de 2008 el PVEM presentó una iniciativa de reformas a la Constitución y a varias leyes federales para introducir la pena capital (justo cuando hace algunos meses la Carta Magna se modificó precisamente para prohibir tal práctica de forma expresa).
Paradójicamente, en las propuestas y compromisos que pueden leerse en la página web del PVEM, bajo el rubro de respeto a la fauna, encontramos una joya de la literatura ecologista:
Protegemos y respetamos la vida animal, aunque comprendemos la utilización de los seres entre sí, para la sobrevivencia [se comprende: verdes pero no vegetarianos]. Nos oponemos a la muerte de animales por diversión, capricho o lujo, y a la injusta prisión [sic] a que son sometidos en las incómodas jaulas de los zoológicos o casas particulares. […]
Nos inconformamos ante todo sufrimiento provocado a seres inocentes, incluyendo a los animales, a quienes respetamos sus derechos a la vida y bienestar.
Lo absurdo de esa paradoja es aún más evidente si se piensa que el resto de los partidos verdes del mundo condenan de manera expresa la pena de muerte por la incongruencia que ésta implica respecto del ideario ecologista que parte, al contrario, de la preservación del ambiente, recursos naturales, fauna, flora, etcétera, como vía privilegiada para preservar la vida humana.
En entrevista con la prensa, la diputada Gloria Lavara, quien presentó la iniciativa señalada, subrayó que el PVEM no busca “un ánimo de venganza, ni aplicar una Ley del Talión”. Tiene razón, pues se trata de un oportunismo electoral mero y llano. Y es que con el desmesurado crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad, la de la pena capital se ha convertido en un peligroso pero difundido lugar común entre muchos ciudadanos.
Parece que ahora que los partidos pequeños ya no podrán lucrar con la figura de las coaliciones, la lucha desesperada por mantener el registro de cara a los comicios del próximo año los llevará a plantear cualquier estrategia para “cachar” votos a toda costa, aun cuando ello resulte incongruente con los principios que, se suponía, los inspiraban. ¿Será?

LAS PIEDRAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL

PEDRO SALAZAR UGARTE

La Sala Superior del Tribunal Electoral tiene facultades muy poderosas que está aprendiendo a utilizar. El Tribunal a veces sorprende con decisiones osadas y garantistas (ampliar los derechos de los militantes de los partidos, por ejemplo, en materia de transparencia); en otras, desconcierta con interpretaciones insospechadas (un artículo constitucional, el 38 párrafo II, contradice tratados internacionales y, por lo tanto, no debe aplicarse); en ocasiones, regaña al IFE gratuitamente y le ordena rehacer la tarea (“la investigación no es exhaustiva, la fundamentación es deficiente, la motivación no es satisfactoria…”); en ciertos casos apantalla por su firmeza intransigente (confirmación de sanciones al PRD y al PAN por los plantones y anuncios del CCE en el 2006) y, en otros, preocupa por timorato (por ejemplo, cuando interpreta que al IFE y al propio Tribunal sólo les corresponde intervenir cuando los servidores públicos promuevan su imagen con fines electorales; lo que supone una interpretación sumamente restrictiva de la prohibición que establece el artículo 134 constitucional). Total, que cada vez es más difícil prever cuál será el sentido de sus decisiones porque, en lugar de construir criterios y estándares de interpretación, va resolviendo caso por caso con una lógica que se parece mucho al popular “según el sapo, la pedrada”.
La decisión por la que validó la elección interna del PRD y confirmó el triunfo en ese desaseado proceso de Jesús Ortega es un buen ejemplo de lo complicado que está resultando “leer al Tribunal Electoral”. Anclados en una lectura estricta de una disposición estatutaria —la nulidad procede si se anulan el 20% de las casillas y ello es determinante para el resultado de la elección—, los magistrados ignoraron que la votación de marzo de 2008 había sido un desastre; que la elección del dirigente nacional es una decisión interna fundamental para cualquier partido político; que los equilibrios dentro de esa organización son extremadamente frágiles, y que el derecho debe servir para solucionar conflictos, no para intensificarlos. Con el derecho en una mano, las evidencias en la otra, lo sensato y conveniente era confirmar la nulidad de la elección. Pero no fue así. Pareciera que la vocación por la primera plana y el morbo por la polémica pudieran más que la ética de la responsabilidad. Nunca está de más releer a Weber.