PARA QUE LA CUÑA APRIETE

LORENZO MEYER

El conocimiento de la vida interna del panismo le permite a Carlos Arriola diagnosticar, con su nuevo libro, la razón del fracaso del partido en el poder: El miedo a gobernarUna explicaciónCuando el régimen político mexicano cambió en el 2000, una buena parte de los ciudadanos y de observadores extranjeros consideraron que se abría una singular oportunidad para poner al día al país en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder público. Suponían que el fin del régimen de partido de Estado y de la Presidencia imperial más el inicio del pluralismo democrático traerían aparejadas una administración y una impartición de justicia menos corruptas y más eficientes, el fin de la legendaria impunidad y un ejercicio responsable de la autoridad. Ese mejor gobierno tendría un efecto positivo en la seguridad pública y mejoraría el clima económico, etcétera.A nueve años del "gran cambio", muy poco si es que algo de lo esperado se ha cumplido. El "no nos falles" que los ciudadanos corearon frente a Vicente Fox la noche de su victoria en el Monumento a la Independencia se convirtió en una falla monumental. Hoy, cuando la economía decrece y el desempleo crece, la impunidad de corruptos e ineficaces se afianza y los asesinatos atribuibles al crimen organizado suman más de 900 en menos de dos meses, el IFE ya no garantiza elecciones creíbles y el viejo PRI prepara su retorno al centro del poder, la gran pregunta es ¿qué fue lo que llevó tan rápido a un fracaso tan estrepitoso?Miedo a gobernarLa interrogante en torno al fracaso del nuevo régimen mexicano casi al momento mismo del arranque puede tener un abanico de respuestas. Desde la izquierda, por ejemplo, el corazón del problema está en el modelo económico neoliberal combinado con la resistencia de sus beneficiarios -la derecha y sus apoyos en el PRI y el PAN- a llevar a cabo un proceso electoral genuino por temor a que desemboque en un gobierno que incline la balanza en favor de las mayorías y abra los clósets donde están los esqueletos del Fobaproa, de las privatizaciones o de la Guerra Sucia. Otra posible respuesta es la que da Carlos Arriola en El miedo a gobernar. La verdadera historia del PAN (México, Océano, 2008). En este libro, la clave del fracaso de la transición está en la naturaleza contradictoria del partido hoy en el poder.Como bien lo señala el refrán: "para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo". Pocos son más duros con un partido o ideología que sus antiguos militantes que, además, tienen una ventaja al elaborar su crítica: conocen bien los entresijos de la criatura a la que hacen la disección. Arriola conoce al PAN desde dentro porque en su juventud fue militante de ese partido pero con el correr del tiempo se alejó de él. También conoce a uno de los aliados del PAN, a los empresarios, pues publicó: Los empresarios y el Estado, 1970-1982 (México, Porrúa, 1988).La tesis central de El miedo a gobernar es clara: si los gobiernos del PAN con los que México inauguró su siglo XXI político no han tenido éxito, la razón básica se encuentra en los orígenes mismos de ese partido que al momento de nacer no se decidió a aceptar lo obvio: que la naturaleza de la tarea política a la que se iban a lanzar es justamente esa que Maquiavelo o Max Weber demostraron que es incompatible con la moral en la tradición cristiano-occidental. Para Arriola, Weber está en lo justo al advertir: "quien busque la salvación de su alma y la redención de las ajenas, no debe de seguir los caminos de la política, cuyas metas son distintas y sus éxitos sólo pueden ser alcanzados por medio de la fuerza". Los panistas buscaron combinar la salvación de su alma con la salvación política del país pero se negaron a emplear los medios moralmente reprobables que requería esto último.Origen es destino, dice Arriola. Sin embargo, el fundador del PAN que retrata nuestro autor no pareciera ser alguien particularmente ajeno al ejercicio del poder en el sentido propuesto por Weber. Justo al inicio del libro hay una cita del joven Manuel Gómez Morin donde en 1919 admite que, por un lado, le tienta el "lanzarme como profeta del nuevo mundo, alumbrado por el sol de la Unión Soviética" pero, por el otro, no descartaba la posibilidad de "dedicarme a ser rico, navegando en los negocios con bandera de pendejo, la única que salva en este oficio". Obviamente, pronto desechó la posibilidad de acompañar a su contemporáneo Vicente Lombardo Toledano en su deslumbramiento por el sol soviético. Su biografía muestra que más bien se decidió por la otra opción: combinar los negocios -el servicio a los grandes empresarios- con la política. Sin embargo, en este campo fue realista: aunque con reticencia, acompañó como tecnócrata al régimen revolucionario en su primer tramo del camino y en una coyuntura clave -1929- optó por no jugársela con José Vasconcelos. Al final del cardenismo, Gómez Morin fundó el PAN, que pese a su nombre más pareció un grupo de presión de la derecha ilustrada que un partido propiamente dicho, pues la esencia del partido es empeñarse en alcanzar el poder en tanto que el segundo sólo pretende influir en las decisiones del poder.Menos ambigua aparece la otra figura fundadora del panismo: la de Efraín González Luna, militante católico de Jalisco cuya visión del mundo le llevó a ver la esencia de su labor y de su partido en el esfuerzo por recristianizar a México, desechando la vulgar búsqueda del poder o de negociar ventajas concretas con quienes efectivamente lo ejercían. La consecuencia final, según Arriola, fue que el PAN resultó bastante irrelevante en el proceso político real del México posrevolucionario. Para el grueso de los mexicanos, que obviamente no pertenecían a las clases medias ilustradas de los Gómez Morin, González Luna et. al. poco o nada significaron las intensas discusiones de panistas ilustres con sus afines -como las que tuvieron lugar en el I Congreso Nacional de Cultura Católica de 1953-, tampoco sus campañas electorales tuvieron mucho que ver con el México real de la época.Claro que lo que el autor de El miedo a gobernar dice del PAN a mediados del siglo pasado también se puede decir de la izquierda, especialmente de la lombardista y de su Partido Popular. PAN y PP sirvieron para dar apariencia de pluralidad a un régimen autoritario y cada vez más alejado de sus orígenes revolucionarios.Arriola encuentra en la negativa del PAN a practicar la política de fondo -la de Maquiavelo o Weber- la razón de su irrelevancia. Habría que añadir a la timidez de los políticos de tiempo parcial del PAN, el elemento de autoritarismo, de represión, del régimen del PRI -ese partido para cuyos líderes la moral, en palabras de Gonzalo N. Santos "es un árbol que da moras y sirve para..."- y que no pararon mientes en diseñar magnos fraudes electorales y en asesinar a vasconcelistas en Topilejo o a sinarquistas y otros disidentes en León. Los panistas estaban, quizá, para la "brega de eternidades" pero no para el martirio.El PAN en el poderFinalmente, ¿cómo explicar que un partido sin vocación de poder haya derrotado en el 2000 a un partido de políticos seguidores de Maquiavelo, con experiencia de casi un siglo en el poder -desde Carranza- como eran los del PRI? Arriola explora dos vías. De un lado, el ascenso a la Presidencia en 1994 de Ernesto Zedillo, un tecnócrata que en los hechos no era priista. Del otro, la toma del PAN por un no panista: Vicente Fox. El primero no consideró perder nada si perdía el PRI, el segundo, con sed de triunfo y apoyado por los empresarios, vio en el PAN un mero instrumento para llegar al poder. Zedillo y Fox resultan complementarios. El uno no se explica sin el otro; fueron dos capitanes dispuestos a abandonar sus respectivas naves partidistas, salvarse con ello y plantar a los demás.¿Por qué los duchos políticos del PRI no reaccionaron a la traición de Zedillo? Arriola no ahonda en ese misterio porque lo que le importa dilucidar es por qué el PAN se dejó utilizar por Fox. La respuesta sucinta: porque el miedo de los panistas a cargar con la responsabilidad del poder les llevó a permitir que otro hiciera por ellos el trabajo sucio, como lograr vía "Amigos de Fox" los recursos económicos ilegales pero necesarios para enfrentar con éxito los recursos, también ilegales ("Pemexgate"), del PRI partido de Estado. El resultado fue un gobierno de irresponsables y fracasó.El enfoque y trabajo de Arriola contribuyen con una pieza importante a la explicación del desastre en que ha desembocado el gran proyecto democrático del 2000. Por otro lado, al examinar al PAN vuelve a plantear un tema de fondo, inquietante y sin respuesta clara: ¿realmente para hacer buena política se tiene que suponer que la moral es sólo un árbol que da moras y nada más?

EL ARRAIGO Y LA ONU

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

La noticia es muy importante: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le recomienda a México "terminar con el sistema de arraigo (que es la detención por tres meses sin tener orden de aprehensión (sic)"), lo cual aparece en la página web del propio Consejo. La verdad es que se trata, en los términos del artículo 133-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales (Diario Oficial de la Federación de enero 23 de 2009), del "arraigo domiciliario" sólo aplicable en los casos de los llamados delitos graves, mismo que no se podrá prolongar más allá de cuarenta días; aunque el nuevo artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada determina que se "restringirá a 40 días, prorrogables a 80 si el juez considera que persisten las condiciones originales". Por cierto, otra recomendación del Consejo es la de que las leyes mexicanas usen una definición de crimen organizado conforme a la Convención Contra el Crimen Organizado Transnacional (el párrafo octavo del nuevo artículo 16 de la Constitución dice: "Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia").Ahora bien, según el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, el gobierno mexicano se ha comprometido ante el Consejo a revisar la figura legal del arraigo. Pero en reciente reunión del Consejo, en Ginebra, Suiza, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sostuvo que "el Estado mexicano en la actualidad no puede sino usar todas las herramientas a su alcance contra la situación intolerable que sufre la sociedad mexicana", refiriéndose en concreto a la preocupación internacional por la activa participación del ejército en el combate al narcotráfico. Al respecto yo pienso que el arraigo no encuadra en el uso de "todas esas herramientas", porque una cosa es el ejército y otra la presencia activa del Derecho que con el arraigo desvirtúa y contradice su naturaleza. La de la ONU es una noticia que me ha impresionado mucho porque creo que rebasa la mera coincidencia. Que yo recuerde son contados los escritores, los juristas, incluido yo, que se han opuesto de manera enérgica al arraigo por considerarlo anticonstitucional (no somos a lo sumo más de tres); en especial desde que Felipe Calderón se ha hecho cargo de la Presidencia de la República, aunque en la época de Fox, de triste memoria, manifesté en múltiples ocasiones mi criterio acerca del arraigo. Así las cosas, y habida cuenta de la celeridad y universalidad de las comunicaciones actuales (Internet que es una red informática mundial, páginas web, correos electrónicos, etcétera), yo no dudo que por asistirnos la razón se haya atendido a ella. Por último, al arraigo se le ha dado una importancia, que desde luego no tiene, en el contenido ideológico, digamos, de la reforma en la especie a la Constitución. Hay una Convención Internacional llamada de Palermo, señalan algunos, suscrita por México y en la que se recomiendan medidas como las aprobadas con la reforma. En primer lugar la Convención de Palermo, suscrita por México, no puede obligarnos a violar la letra y el fondo de la Constitución; siendo que el artículo 133 de ésta prescribe en lo conducente y con absoluta claridad que la Ley Suprema de toda la Unión es la Constitución, después las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y, finalmente, los Tratados que estén de acuerdo con la Constitución. Emanar es proceder, derivar de algo, y estar de acuerdo con algo es estar en conformidad con algo y en unión y armonía con ello. En consecuencia y aparte de si una convención es o puede ser un tratado en estricto Derecho, no hay la menor duda de que el arraigo no emana del espíritu o norma constitucional ni de que la Convención de Palermo no está de acuerdo con ellos. Además la dicha Convención no incluye en sus "Elementos Mínimos a Considerar" ninguno similar al arraigo. En la medida c) alude únicamente a "procurar acciones legislativas y administrativas para promover la integridad, prevención y detección de la corrupción". Resumiendo, según el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución "nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos". ¿Y qué hace el arraigo? Privar de la libertad sin juicio, antes del juicio, cuando apenas se está averiguando la probable responsabilidad del acusado o indiciado en la comisión de un delito.México debe acatar la recomendación que sobre arraigo le ha formulado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

LA REELECCIÓN ILIMITADA

EMILIO RABASA

Hugo Chávez logró el “sí” para mantenerse de por vida en el poder en Venezuela, al sustituir el principio de reelección limitada por el de reelección ilimitada. Este cambio trae a la memoria el caso mexicano de Porfirio Díaz a fines del siglo XIX, además de que cuestiona si la reelección ilimitada es o no un elemento consustancial a la democracia.
En México, “el principio de no reelección (fue) modificado en siete ocasiones a lo largo de 70 años. Primero por Porfirio Díaz en tres ocasiones, para permitir la reelección en la Constitución de 1857, luego por Plutarco Elías Calles, una vez más para autorizarla, después de que la Constitución de 1917 la prohibía, y finalmente por el presidente Abelardo Rodríguez en 1935, para regresar al texto de la no reelección de la Constitución de 1917” (mi artículo “El dinamismo de la Constitución mexicana”, en Problemas actuales del derecho público mexicano, editorial Porrúa, México, 2003, pág. 7).
El pasado domingo 15 de febrero, más de un siglo después del antecedente mexicano, 6.3 millones de personas (54.4% de los votantes venezolanos) apoyaron la enmienda constitucional para autorizar la reelección continua de Chávez, a pesar de que apenas en diciembre de 2007 se había rechazado la misma propuesta.
Diferente es el caso de Bolivia, donde Evo Morales logró la aprobación de una nueva Constitución, cuyo artículo 169 permite la reelección continua pero por una sola vez. La diferencia entre el caso mexicano y el venezolano estriba en que la reelección ilimitada del primero fue promovida por un gobierno de derecha, mientras que la otra por uno de izquierda. En México acabó en una larga dictadura. ¿Cuál será el destino de Venezuela?
Países como Inglaterra, Alemania y Suecia permiten la reelección presidencial (o de primer ministro) ilimitada. Interesante el caso catalán en España, de corte parlamentario, que permitió a Jordi Pujol reelegirse por 24 años, de 1980 a 2003.
En EU, F.D. Roosevelt, electo en 1933, fue reelecto en 1936, 1940 y 1944. La enmienda 22 de 1947 limitó el ejercicio presidencial a sólo dos periodos de cuatro años cada uno. En contraste, ejemplos de países que prohíben absolutamente la reelección presidencial son México, Guatemala y Paraguay.
La reelección ilimitada no parece representar en sí mismo un elemento antidemocrático. Se adapta a la democracia moderna, siempre y cuando (y aquí está el meollo del problema) la ratificación en el cargo sea mediante elecciones libres, transparentes, equitativas y confiables, por las que, sin lugar a dudas, el electorado haya expresado su voluntad de mantener en el poder al mandatario en turno.
Si la reelección ilimitada sucede, como en el caso de Pofirio Díaz, mediante la manipulación del proceso electoral, para que beneficie al Ejecutivo en funciones, entonces la elección no es más que una mascarada que busca esconder la verdadera y feroz cara de la dictadura, entronizada sin límite alguno en el ejercicio del poder.

MÉXICO EN EL CONSEJO GENERAL

OLGA PELLICER

La llegada de México al Consejo de Seguridad coincidió con momentos de gran turbulencia en el ambiente internacional. El bombardeo durante 22 días de la franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes llevó a uno de sus puntos más extremos el conflicto entre Israel y Palestina, una espina en el corazón de las Naciones Unidas desde que se decidió la creación del Estado de Israel, hace más de 60 años. Tomar un asiento en el Consejo de Seguridad cuando tiene lugar uno de los episodios más violentos de la lucha en el Medio Oriente no concede mucho margen de maniobra a la representación mexicana, que enfrenta, al menos, dos problemas. Primero, al igual que otros miembros del Consejo, es un actor secundario en el tratamiento de ese tema. Los actores principales son otros: el gobierno de Estados Unidos que, bajo la batuta de Bush, seguramente desempeñó un papel en la decisión de cuándo y cómo lanzar la ofensiva contra Gaza; los países árabes que más resienten las consecuencias de los enfrentamientos, en particular Egipto; los miembros de la Unión Europea, cuyo mayor protagonismo recayó en esta ocasión en el presidente de Francia. Fueron ellos quienes tuvieron la última palabra en la elaboración de la resolución que finalmente se adoptó el 8 de enero ordenando, entre otras cosas, el cese al fuego. Lo anterior no significa que México se mantenga al margen o que su participación sea indiferente. La intervención del representante permanente en el debate público fue muy pertinente al insistir en el respeto al derecho humanitario y solicitar (sin haberlo logrado) la inclusión de un mecanismo de monitoreo para asegurar el cese al fuego permanente entre las fuerzas de Israel y Hamas. El segundo problema de llegar al Consejo en momentos de turbulencia es el malestar producido cuando hay incumplimiento de sus resoluciones. No fue sino hasta el 20 de enero, 12 días después de que el Consejo pidió el cese al fuego y luego de intensificar los bombardeos, que las tropas israelíes abandonaron Gaza. En esas fechas, los reflectores de los medios de comunicación internacionales se enfocaban hacia la toma de posesión de Barack Obama. Fueron, pues, los tiempos políticos considerados más convenientes por Israel, y no la resolución del Consejo, lo que se tomó en cuenta. Esa situación coloca sobre la mesa el tema de la irrelevancia del Consejo de Seguridad, uno de los argumentos más utilizados por quienes disfrutan restando legitimidad a las Naciones Unidas. No coincido con esos argumentos. La importancia del Consejo no reside exclusivamente en lograr que se cumpla un cese al fuego, sino en conseguir un consenso sobre los principios que se están violando y las responsabilidades en que se está incurriendo. No puede ignorarse, por ejemplo, la viva condena a las violaciones del derecho humanitario, expresada en múltiples sesiones del Consejo. Sin embargo, tampoco se puede ignorar la vieja disputa entre el “deber ser” y el realismo en las relaciones internacionales. Para quienes sólo creen en lo segundo, lo importante es el resultado de las elecciones generales de Israel el 10 de febrero, el grado de presión que decida ejercer el representante especial para el Medio Oriente recién nombrado por Barack Obama, y la viabilidad misma de destrabar un conflicto que, en opinión de muchos, no tiene solución. En esa perspectiva, las consideraciones sobre violación de principios son secundarias. Más allá del conflicto de Gaza, el Consejo de Seguridad se ha ocupado de otros asuntos. Tomó varias decisiones sobre la prolongación o ampliación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, un tema siempre delicado para México por ser uno de los pocos países de América Latina que no participa en aquéllas. Así mismo, se determinó quiénes ejercerán las presidencias de los órganos subsidiarios del Consejo. México presidirá dos Comités de Sanciones –los dedicados a Somalia y Costa de Marfil–, así como el Grupo de Trabajo sobre Niños en Conflictos Armados, y ocupará un lugar, como miembro del Consejo de Seguridad, en la Comisión para la Consolidación de la Paz. No es fácil averiguar cómo y por qué determinados países presiden uno u otro órgano subsidiario. A primera vista, dada la poca experiencia de México en cuestiones de África, es poco afortunado presidir dos comités relativos a problemas en esa región. En todo caso, el más interesante parece el de Somalia, donde habrá que dilucidar cómo podrían enfocarse mejor las sanciones a ese país para hacer posible la entrega de asistencia humanitaria o detener las acciones de piratería que realizan sus nacionales, poniendo en perpetuo estado se zozobra a los numerosos barcos que transitan frente a sus costas. El tema de niños en conflictos armados es crecientemente grave, a medida que los informes del Grupo de Trabajo revelan que miles de ellos integran las filas de ejércitos irregulares, principalmente en África. Es sin duda un problema que afecta la paz y la seguridad internacionales, aunque es dudosa la contribución que se pueda hacer a su solución desde el ámbito del Consejo de Seguridad. Se ha iniciado, así, el paso de México por el Consejo de Seguridad para el período 2009-2010. Es necesario que transcurra algún tiempo para saber si su diplomacia dejará huella. Se requerirá ver el destino de las iniciativas que presenta en el pleno y en los órganos subsidiarios, conocer las alianzas que se construyen y el impacto que logran sus posiciones. Un momento clave será el mes de abril, cuando a México le toca presidir el Consejo y, como tal, fijar la discusión de asuntos temáticos. Los trabajos que acaban de transcurrir son sólo el comienzo.

EL NUEVO ANACLETO MORONES

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Traspasar las fronteras de la literatura para incursionar en la realidad es un artilugio técnico que algunos escritores suelen utilizar, más que para dar verosimilitud a sus escritos, para darles un toque surrealista, fantasioso y, en ocasiones, añadir un poco de angustia en el lector. Siempre, esa ruptura en el hilo narrativo es causa de sentimientos de inseguridad, como un chapuzón, como un pez fuera del agua. Ejemplos hay muchos, desde el infantil La historia sin fin, del alemán Michael Ende; hasta el pedagógico El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, el más célebre de todos es Niebla, de don Miguel de Unamuno. Sin embargo, una cosa es ver cómo en un libro escapa un personaje para instalarse en la realidad y otra muy distinta ver que en la realidad se ha instalado un siniestro personaje fugado de la literatura. Eso sí es causa de una verdadera angustia.
Escuchando el desarrollo de las noticias sobre la revelación del verdadero Marcial Maciel, me pregunto, ¿de dónde ha salido este nuevo Anacleto Morones?
El reverendo padre fundador de los Legionarios de Cristo ha resultado ser la reedición viviente del Anacleto Morones de Juan Rulfo. Si aquél, entre los eriales de un Jalisco devastado por la miseria y la sequía, vendía indulgencias, milagros y curaciones, entre las violaciones, abusos y estupros, se hacía fama de santo hasta que su más cercano colaborador, Lucas Lucatero, dio a la luz todo cuanto los demás ya sabían, que Morones no era ningún santo, sino un fraude, un embaucador y un delincuente.
Maciel no existió sólo en el papel y, entre lujos y despilfarros de dinero ajeno, vendía también indulgencias y milagros, no tan primitivos como los del personaje de Rulfo, sino envueltos en el glamur de las altas esferas sociales y económicas de México. Pero él también, entre violaciones, estupros y abusos, se dio fama de santo y ahora, sus discípulos, azuzados por la lucha en pos del poder en la orden y debido a la malquerencia del papa Benedicto con su fundador, sus propios Lucas Lucatero dan a la luz lo que otros muchos ya sabían y lo que otros no por considerarlo posible y no pasamos menos estupor ante la cauda de víctimas que el ilustre fundador dejó tras de sí a lo largo de su vida.
Sin embargo, igual que las “diez mujeres, sentadas en hilera, con sus negros vestidos puercos de tierra”, los legionarios nos vienen con que, incomprensiblemente, su líder vivió una doble vida. Y no, no podemos aceptar semejante argumento, no se trata de una vida oculta, sino de una serie de delitos que van desde los equiparables a la violación hasta el fraude y que, sin duda, debe haberse sustentado en toda una serie de complicidades que aún deben ser investigadas.
Si para la Iglesia en general y la legión en particular se trata de las humanas debilidades de un hombre dedicado a Dios. En realidad estamos en presencia de un delincuente que murió en la más inocente de las impunidades. Si su relación con su mujer se hubiera tratado de una entre adultos, el problema sería suyo, de sus votos y su Iglesia, pero se trató de una niña de 15 años, de una menor que no podía expresar su voluntad. Así, mediante engaños o violencias, estamos en presencia de un abuso que traspasa los límites de su moral individual para equipararse al delito de violación que, si hubiera sido cometido por otro cualquiera, le hubiera merecido unos buenos años de cárcel.
La reflexión de la orden es un asunto que sólo a ellos concierne. A los demás, a los ciudadanos, nos concierne que los delitos se castiguen a todos, cuando hayan delinquido, sean curas, políticos o policías. Que nadie quede impune y, sobre todo, que las hipocresías de algunos no sean argumentos para ocultar y tolerar algunos de los crímenes que más ofenden el sentido de humanidad y de lo que, en realidad, podemos llamar la moral pública y no la triste moralina que han repetido al menos durante dos mil años.

PERDIMOS TODOS

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Afortunadamente, la inmoral y hasta ilegal conducta de los seis consejeros del IFE que el viernes pasado decidieron la absolución de las dos principales televisoras por haber manipulado la propaganda electoral que tienen obligación de transmitir ha recibido un amplio rechazo de parte de la opinión pública y especializada. Era lo menos que podía esperarse luego de su vergonzosa actuación.
En estas páginas, el lunes, Pedro Salazar desmontó uno a uno los argumentos con los que esos consejeros claudicaron de su obligación de aplicar la ley. No pretendo repetir aquí las falacias jurídicas y argumentativas que sustentaron esa decisión, ni tampoco reiterar las razones expuestas por los consejeros Alfredo Figueroa, Virgilio Andrade y el presidente Leonardo Valdés en su fallida defensa de las atribuciones del IFE.
Prefiero subrayar algunas de las implicaciones que esa decisión puede tener en el futuro.
Como es sabido, la actitud desafiante e ilegal de la televisoras continuó en los días posteriores al no transmitir los pautados de publicidad que el IFE les remitió, provocando el inicio de nuevos procedimientos.
Pues bien, con los falaces argumentos usados para desechar las propuestas de sanción el viernes pasado, los consejeros también deberían desechar los nuevos procedimientos. En efecto, al haber reinterpretado la jerarquía jurídica de las normas y haber colocado a un documento de dudoso valor legal, las “bases de colaboración” entre la CIRT y el IFE, por encima de la Constitución y del Cofipe, resulta imposible sancionar la no transmisión de la publicidad electoral en que las televisoras incurrieron posteriormente. Si la “buena voluntad” expresada en ese documento es, para la mayoría de los consejeros, una fuente de derecho más importante que la ley, ¿cómo sancionarlos si ya prometieron portarse bien?
Es el mundo del absurdo. Y lo peor es que esta claudicación por parte del IFE de aplicar la ley parece haber sido consentida (o pedida) por buena parte de la clase política. El escandaloso silencio guardado por el PAN y el PRI y la renuncia que hizo la Secretaría de Gobernación a su estatus de autoridad en la materia (asumiendo el ridículo papel de mediador en el conflicto) solapan al más puro estilo de la omertà (la complicidad típica de la mafia siciliana) la conducta ilegal de la mayoría de los consejeros.
El más elemental sentido común hace suponer que al gobierno, a varios partidos y a la mayoría de los consejeros (que actuaron más como correas de transmisión de esos intereses que como autoridad electoral) se les doblaron las manos y les temblaron las rodillas ante la presión de las televisoras.
Pero, más allá del sentido común, lo que es indudable es que, hasta ahora, el Estado perdió, por mucho, este round frente a los poderes mediáticos y queda muy maltrecho para lo que sigue. Y si dejamos de lado las lecturas cortoplacistas a las que están acostumbrados nuestros gobernantes, nuestros políticos y nuestros empresarios, al haber perdido el Estado perdimos todos.
Hasta ayer por la noche todo parecía indicar que el PRD impugnaría la resolución del IFE. ¡Ojalá así sea! ¡Y ojalá el Tribunal Electoral reivindique la supremacía del Estado —como lo hiciera en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la ley Televisa— frente a los intereses mediáticos revocando la lamentable decisión del IFE! Tal vez, a pesar de todo, exista en algunos políticos la altitud de miras y el valor de anteponer el interés común a sus intereses particulares, y eso sería de celebrarse frente a la mezquindad imperante.

EL DINAMISMO SOCIAL

JOHN M. ACKERMAN

Felipe Calderón y algunos otros conspicuos personajes han llamado recientemente a promover la imagen de México en el mundo y a terminar con el “catastrofismo” que supuestamente desalienta la inversión en nuestro país. Quisieran que, en lugar de vernos como una tierra de narcotráfico, pobreza y conflictividad política, los extranjeros nos perciban como un país de mole, playas, maquiladoras y tequila. Pero esta disyuntiva entre el Estado fallido y el Estado para el turismo y la explotación es falsa y nos lleva a un callejón sin salida. Ante la crisis económica y la negligencia gubernamental, México ofrece al mundo un ejemplo de participación ciudadana, dinamismo político y crítica intelectual sumamente destacable. Es cierto que la cultura política del país tiene muchos vicios, pero también cuenta con grandes ventajas y fortalezas que vale la pena recordar en estos momentos de desaliento. Como ha ocurrido numerosas veces en la historia, los ciudadanos de a pie serán también ahora los principales responsables de sobrellevar la situación económica. Ante la ausencia de una política gubernamental de fomento al empleo, la solidaridad de los mexicanos es lo que permitirá a millones de familias sobrevivir aun en las situaciones más drásticas. Tal como ocurrió con el terremoto de 1985 y la crisis económica de 1994, nuevamente la sociedad se fortalecerá y se proyectará para llenar los grandes vacíos del poder público. En materia política, tampoco nos encontramos ante un desastre total. Si bien el Poder Ejecutivo confirma cada día su ineptitud, y los organismos autónomos su debilidad, la pluralidad del Poder Legislativo ha dado grandes muestras de efectividad en los últimos años. Las reformas constitucionales históricas en materia de transparencia, elecciones y justicia penal se aprobaron casi por consenso en ambas cámaras federales y en los Congresos de los estados. Las modificaciones hechas a la iniciativa de reforma petrolera de Calderón evidencian igualmente un Legislativo que defiende su autonomía y logra incluir una amplia variedad de posiciones políticas. Todas estas reformas lucen incompletas y tienen serios problemas de implementación. Habría que exigir sin cansancio que el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cumplan cabalmente con sus responsabilidades constitucionales. Lamentablemente, dichas instituciones han exhibido signos preocupantes de docilidad e ineficacia en los últimos tiempos. Así mismo, habría que exigir a los legisladores federales que de una vez por todas aprueben las urgentes reformas que necesitamos para consolidar nuestra democracia, incluyendo las modificaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley Federal de Radio y Televisión, y al Código Penal. Es necesario, por otra parte, empujar cambios que se han ido quedando en el tintero, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la nueva ley de réplica. No obstante tales problemas y defectos, serios e imperdonables, procede celebrar la serie de reformas constitucionales mencionadas, que han sido fruto del dinamismo y la pluralidad política del México democrático de hoy. En efecto, los pequeños avances experimentados se los debemos a la movilización ciudadana y a la crítica pública de las instituciones gubernamentales realmente existentes, no a las negociaciones en lo oscurito de los líderes políticos e intelectuales orgánicos. Precisamente con el fin de mostrar esta otra cara de México al mundo y romper con los prejuicios y fetichismos que suelen caracterizar los análisis sobre México realizados en el extranjero, hemos organizado un evento relevante que tendrá lugar esta semana en Nueva York. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Columbia hemos convocado a un grupo internacional e interdisciplinario de expertos para analizar las reformas constitucionales en materia de transparencia, elecciones y justicia penal, así como los retos de la democratización del Estado mexicano. Participarán expertos mexicanos como Porfirio Muñoz Ledo, Juan Pablo Guerrero, Irma Eréndira Sandoval, Santiago Creel, Héctor Fix-Fierro, Jesús Orozco y Enrique Ochoa, a la vez que analistas internacionales del más alto nivel, como Roberto Gargarella, John Bailey, Al Stepan, Robert Kaufman, Heather Gerken, Douglas Chalmers, Allan Brewer y Diego López. El encuentro se realizará los días 19 y 20 de febrero en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y será transmitido por internet a través de TV Jurídicas (http://www.juridicas.unam.mx/tvjuridicas). Ojalá que todos los distinguidos lectores de la revista Proceso nos acompañen en este evento, si bien no físicamente, al menos virtualmente.

CARTA ABIERTA A CARLOS SLIM

DENISE DRESSER

Estimado Ingeniero: Le escribo este texto como ciudadana. Como consumidora. Como mexicana preocupada por el destino de mi país y por el papel que usted juega en su presente y en su futuro. He leído con detenimiento las palabras que pronunció en el Foro Qué Hacer Para Crecer y he reflexionado sobre sus implicaciones. Su postura en torno a diversos temas me recordó aquella famosa frase atribuida al presidente de la compañía automotriz General Motors, quien dijo: “Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos”. Y creo que usted piensa algo similar: Lo que es bueno para Carlos Slim, para Telmex, para Telcel, para el Grupo Carso, es bueno para México. Pero no es así. Usted se percibe como solución cuando se ha vuelto parte del problema; usted se percibe como estadista con la capacidad de diagnosticar los males del país cuando ha contribuido a producirlos; usted se ve como salvador indispensable cuando se ha convertido en bloqueador criticable. De allí las contradicciones, las lagunas y las distorsiones que plagaron su discurso, y menciono las más notables: –Usted dice que es necesario pasar de una sociedad urbana e industrial a una sociedad terciaria, de servicios, tecnológica, de conocimiento. Es cierto. Pero en México ese tránsito se vuelve difícil en la medida en que los costos de las telecomunicaciones son tan altos, la telefonía es tan cara y la penetración de internet de banda ancha es tan baja. Eso es el resultado del predominio que usted y sus empresas tienen en el mercado. En pocas palabras, en el discurso propone algo que en la práctica se dedica a obstaculizar. –Usted subraya el imperativo de fomentar la productividad y la competencia, pero a lo largo de los años se ha amparado en los tribunales ante esfuerzos regulatorios que buscan precisamente eso. Aplaude la competencia, pero siempre y cuando no se promueva en su sector. –Usted dice que no hay que preocuparse por el crecimiento del Producto Interno Bruto; que lo más importante es cuidar el empleo que personas como usted proveen. Pero es precisamente la falta de crecimiento económico lo que explica la baja generación de empleos en México desde hace años. Y la falta de crecimiento está directamente vinculada con la persistencia de prácticas anticompetitivas que personas como usted justifican. –Usted manda el mensaje de que la inversión extranjera debe ser vista con temor, con ambivalencia. Dice que “las empresas modernas son los viejos ejércitos. Los ejércitos conquistaban territorios y cobraban tributos”. Dice que ojalá no entremos a una etapa de Sell Mexico a los inversionistas extranjeros, y cabildea para que no se permita la inversión extranjera en telefonía fija. Pero al mismo tiempo usted, como inversionista extranjero en Estados Unidos, acaba de invertir millones de dólares en The New York Times, en las tiendas Saks, en Citigroup. Desde su perspectiva incongruente, la inversión extranjera se vale y debe ser aplaudida cuando usted la encabeza en otro país, pero debe ser rechazada en México. –Usted reitera que “necesitamos ser competitivos en esta sociedad del conocimiento y necesitamos competencia; estoy de acuerdo con la competencia”. Pero al mismo tiempo, en días recientes, ha manifestado su abierta oposición a un esfuerzo por fomentarla, descalificando, por ejemplo, el Plan de Interconexión que busca una cancha más pareja de juego. –Usted dice que es indispensable impulsar a las pequeñas y medianas empresas, pero a la vez su empresa –Telmex– las somete a costos de telecomunicaciones que retrasan su crecimiento y expansión. –Usted dice que la clase media se ha achicado, que “la gente no tiene ingreso”, que debe haber una mejor distribución del ingreso. El diagnóstico es correcto, pero sorprende la falta de entendimiento sobre cómo usted mismo contribuye a esa situación. El presidente de la Comisión Federal de Competencia lo explica con gran claridad: Los consumidores gastan 40% más de lo que debieran por la falta de competencia en sectores como las telecomunicaciones. Y el precio más alto lo pagan los pobres. –Usted sugiere que las razones principales del rezago de México residen en el gobierno: la ineficiencia de la burocracia gubernamental, la corrupción, la infraestructura inadecuada, la falta de acceso al financiamiento, el crimen, los monopolios públicos. Sin duda todo ello contribuye a la falta de competitividad. Pero los monopolios privados como el suyo también lo hacen. –Usted habla de la necesidad de “revisar un modelo económico impuesto como dogma ideológico” que ha producido crecimiento mediocre. Pero precisamente ese modelo –de insuficiencia regulatoria y colusión gubernamental– es el que ha permitido a personas como usted acumular la fortuna que tiene hoy, valuada en 59 mil millones de dólares. Desde su punto de vista el modelo está mal, pero no hay que cambiarlo en cuanto a su forma particular de acumular riqueza. La revisión puntual de sus palabras y de su actuación durante más de una década revela entonces un serio problema: Hay una brecha entre la percepción que usted tiene de sí mismo y el impacto nocivo de su actuación; hay una contradicción entre lo que propone y su forma de proceder; padece una miopía que lo lleva a ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio. Usted se ve como un gran hombre con grandes ideas que merecen ser escuchadas. Pero ese día ante los diputados, ante los senadores, ante la opinión pública, usted no habló de las grandes inversiones que iba a hacer, de los fantásticos proyectos de infraestructura que iba a promover, del empleo que iba a crear, del compromiso social ante la crisis que iba a asumir, de las características del nuevo modelo económico que apoyaría. En lugar de ello nos amenazó. Nos dijo –palabras más, palabras menos– que la situación económica se pondría peor y que ante ello nadie debía tocarlo, regularlo, cuestionarlo, obligarlo a competir. Y como al día siguiente el gobierno publicó el Plan de Interconexión telefónica que buscaría hacerlo, usted en respuesta anunció que Telmex recortaría sus planes de inversión. Se mostró de cuerpo entero como alguien dispuesto a hacerle daño a México si no consigue lo que quiere, cuando quiere. Tuvo la oportunidad de crecer y en lugar de ello se encogió. Sin duda usted tiene derecho a promover sus intereses, pero el problema es que lo hace a costa del país. Tiene derecho a expresar sus ideas, pero dado su comportamiento es difícil verlo como un actor altruista y desinteresado que sólo busca el desarrollo de México. Usted sin duda posee un talento singular y loable: sabe cuándo, cómo y dónde invertir. Pero también despliega otra característica menos atractiva: sabe cuándo, cómo y dónde presionar y chantajear a los legisladores, a los reguladores, a los medios, a los jueces, a los periodistas, a la intelligentsia de izquierda, a los que se dejan guiar por un nacionalismo mal entendido y aceptan la expoliación de un mexicano porque –por lo menos– no es extranjero. Probablemente usted va a descalificar esta carta de mil maneras, como descalifica las críticas de otros. Dirá que soy de las que envidian su fortuna, o tienen algún problema personal, o una resentida. Pero no es así. Escribo con la molestia compartida por millones de mexicanos cansados de las cuentas exorbitantes que pagan; cansados de los contratos leoninos que firman; cansados de las rentas que transfieren; cansados de las empresas rapaces que padecen; cansados de los funcionarios que de vez en cuando critican a los monopolios pero hacen poco para desmantelarlos. Escribo con tristeza, con frustración, con la desilusión que produce presenciar la conducta de alguien que podría ser mejor. Que podría dedicarse a innovar en vez de bloquear. Que podría competir exitosamente pero prefiere ampararse constantemente. Que podría darle mucho de vuelta al país pero opta por seguirlo ordeñando. Que podría convertirse en el filántropo más influyente pero insiste en ser el plutócrata más insensible. John F. Kennedy decía que las grandes crisis producen grandes hombres. Lástima que, en este momento crítico para México, usted se empeña en demostrarnos que no aspira a ser uno de ellos.

PUSILÁNIMES

JAVIER CORRAL JURADO

La decisión de la mayoría de los consejeros del IFE de indultar a las televisoras por la violación constitucional y legal que hicieron de las disposiciones electorales en materia de radio y tv es un acto de autodenigración institucional, porque se menoscaban tres de las cualidades que debe tener esa autoridad: credibilidad, independencia y legalidad. Esto se suma al deterioro del prestigio que otrora gozó y a la desconfianza ciudadana hacia el árbitro de la principal disputa que se da en México: la electoral.
Esa es la afectación, un enorme daño porque en un abrir y cerrar de ojos nos echa a perder esfuerzos sociales, políticos e institucionales muy largos, duros y complejos en la construcción de la democracia electoral. Sí, es un acto suicida, una dinámica autodestructiva.
Las causas de esa conducta pueden ser diversas y ya varios articulistas han abordado desde distintos enfoques la debilidad con que respondieron a las presiones de TV Azteca y de Televisa los consejeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez, y que inevitablemente arrastrará al conjunto.
Este fin de semana me he preguntado qué les pasó a esos consejeros que al principio se veían tan firmes, y luego fueron capaces no sólo de someterse, sino que únicamente les faltó pedirles una disculpa pública a las televisoras, pues ya no dudo que algunos lo hayan hecho en privado. Por supuesto que lo primero que pensé fue que no pudieron resistir las presiones o se imaginaron consecuencias funestas en su relación futura con las televisoras.
Quiero compartir mi visión del asunto porque he visto pasar muy de cerca esas presiones envueltas de distinta manera, como amenaza, chantaje, intimidación o incluso ofrecimientos de apoyo y gracia con que la televisión sabe pagar los favores recibidos.
¿Cómo presiona la tv? No pocas veces me han cuestionado: ¿cómo opera sus mecanismos de captura? ¿Son sus operadores mentes brillantes en la argumentación? ¿Son sofisticados sus métodos? ¿Realmente son más poderosos que el Estado? Respondo que no; más bien, son muy rudimentarios, poco dotados y más que poderosos son hábiles y sagaces. Del Chapulín Colorado, y no de otra fuente, les proviene su astucia: tienen bien medido el infantilismo político con el que se comporta una buena parte de la clase dirigente del país, saben del desvanecimiento de la visión de Estado en la tarea de gobierno, conocen del bajo nivel cultural, ético y jurídico de muchos de los que hoy ocupan responsabilidades públicas, de lo que se llama ausencia de líderes en instituciones clave de nuestra democracia.
Las presiones de la tv siempre han tenido efecto en quienes se dejan presionar, y más aún en quienes son susceptibles de esa presión porque tienen vínculos directos con las empresas o acumulan en su expediente faltas que luego los cabilderos de la tv se encargan de recordarles.
Por esa vía, a la que no debemos dejar de añadir el narcisismo político, ese embelesamiento que causa salir en la tele, han logrado muchas canonjías, privilegios e impunidades. Pero más ha sacado raja la tv de los pusilánimes que de los corruptos. Sí, su fuerza es proporcional a la debilidad del gobierno. De los faltos de carácter, o de los “faltos de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes”, es de donde la tv ha sacado cómplices para fincar su influencia, su impunidad.
Quien quiera ver cómo se acobarda y se rinde un servidor público, de los que no tienen ánimo ya no digamos para hacer cosas grandes por su país, sino por lo menos para hacer respetar la ley, y sancionar el atropello del poder fáctico de la tv, que vea la sesión del IFE del pasado 13 de febrero de 2009. Quien desee observar el referente contrario en hombres y mujeres que se dan a respetar, y no sólo son fuertes ante la desgracia sino inteligentes y firmes para detener el abuso, que vea las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo y junio de 2007, cuando se echó abajo la ley Televisa.
El mismo IFE tiene su contraste para esperanza de muchos, aun cuando en número insuficiente. Frente a la vergonzosa actitud de quienes decidieron congraciarse con las televisoras, o con quienes hayan abogado ante ellos en defensa de TV Azteca y Televisa, destacó la actitud del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, que recordó que la autoridad electoral no puede renunciar a la aplicación de la ley. Singular, por valiente e informada, la actuación de Alfredo Figueroa. También la de Virgilio Andrade, quien reivindicó la defensa de la legalidad. Vaya para ellos nuestro abrazo, sabiendo que se trata de la excepción honrosa en este capítulo de demolición. Para la mayoría que se rindió, nuestro rechazo a su conducta.

LOS OCIOSOS DE VIADUCTO TLALPAN

JOHN M. ACKERMAN

Con el inexcusable e ilegal indulto a las televisoras, queda claro que los consejeros electorales no toman las decisiones en el Instituto Federal Electoral (IFE). Aquel IFE que representaba una voz ciudadana, plural y valiente, comprometida con la defensa del espacio público y la democracia, ya es historia. La entidad que organizará las elecciones de 2009 se encuentra al servicio de Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones, y sus respectivos partidos políticos, quienes fungen como mayordomos del duopolio televisivo.
De la misma forma en que el IFE antes se subordinaba a los mandatos de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, hoy el organismo electoral se ha convertido de nuevo en un terreno para dirimir negociaciones y pactos entre las cúpulas del gobierno y los personajes más oscuros de la “oposición”. Tal como el IFE de Luis Carlos Ugalde se doblegara ante los poderes fácticos y se negara a ejercer sus facultades legales, el instituto de Leonardo Valdés hoy negocia la ley de manera vergonzosa y sacrifica su autonomía constitucional.
Lo que une a los cinco consejeros que votaron en favor del “sobreseimiento” del proceso sancionador en contra de Televisa y Tv Azteca es su irrestricta lealtad a personajes políticos del PRI y el PAN. Recordemos que Marco Baños y Benito Nacif son incondicionales de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Calderón, respectivamente. Francisco Guerrero mantiene esa misma relación de complicidad con Emilio Gamboa. Arturo Sánchez pertenece al “equipo” de Juan Molinar Horcasitas, actual director general del IMSS. Marco Gómez, el consejero “verde”, le ofreció la luna y las estrellas al PRI y al PAN con tal de no ser incluido en la lista de consejeros despedidos el año pasado.
Los cinco personajes que conforman este nuevo pentágono de la impunidad deben sus puestos actuales y su futuro político de manera directa a los políticos que los nombraron. Por ello, a nadie debe sorprenderle que el viernes pasado hubieran fungido como simples correas de transmisión del pacto que sus verdaderos jefes y las televisoras acordaron el día anterior. Todavía el jueves, los consejeros Sánchez y Gómez declararon que el nuevo convenio entre la CIRT y el IFE no tenía relación con los procedimientos sancionadores ya iniciados. Menos de 24 horas después, justificarían su voto en favor del indulto precisamente porque este convenio supuestamente garantizaba el cumplimiento de las televisoras con la ley. Salvo que los consejeros sufran de algún grave trastorno mental, un viraje tan evidente solamente se puede explicar por evidentes variables políticas.
Al desechar el proceso iniciado contra las televisoras, los consejeros cometieron una franca violación de la ley. El proyecto aprobado, presentado de manera sorpresiva ni más ni menos que por el consejero Baños, alfil de Beltrones, recurre a un artículo de la norma electoral que simplemente no aplica al procedimiento que estaba en curso. El artículo 263 se encuentra dentro del capítulo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que regula los procedimientos sancionadores ordinarios, no los procedimientos sancionadores extraordinarios, como era el caso. Asimismo es absurdo afirmar que las quejas se habían quedado sin materia. Aun si nos creyéramos el cuento de que de aquí en adelante Televisa y Tv Azteca acatarán la ley, la evidente manipulación y distorsión de la propaganda electoral ya ocurrió y el daño es irreparable.
El proyecto de Baños no es otra cosa que un engendro legal cuyo único propósito fue congraciarse con los poderes fácticos. Incluso la consejera Macarita Elizondo, quien de forma abierta se había pronunciado en contra de sancionar a las televisoras, tuvo la dignidad de votar en contra del proyecto de sobreseimiento. Ya veremos si algún partido tiene las agallas para impugnar la resolución. Veremos también si la ex socia de Baños, María del Carmen Alanís, y sus colegas del tribunal electoral se atreven a rectificar esta flagrante ilegalidad.
También es notorio el doble rasero del IFE. A la hora de multar al PRD por los bloqueos de Reforma y los intentos de impedir el informe de Vicente Fox y la toma de posesión de Calderón, los consejeros presumían ser implacables con la imposición de sanciones ejemplares que pudieran prevenir este tipo de acciones en el futuro. Hoy en cambio, las televisoras han encontrado de buenas a los señores consejeros, quienes ya se cansaron de dar castigos ejemplares y se conforman con la “buena voluntad” de los medios electrónicos de comunicación y un convenio que no cuenta con ninguna fuerza legal. Tal como ocurrió en 2006, la autoridad electoral demuestra su fiel compromiso con la máxima de Porfirio Díaz y Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Paradójicamente, uno de los responsables principales de esta situación es el PRD y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. En el contexto de la renovación de los consejeros electorales del año pasado, el PRD tuvo la oportunidad de transformar de manera integral el perfil del Consejo General. El gobierno necesitaba forzosamente incorporar a la izquierda en las negociaciones para evitar la repetición de un escenario como el de 2003 en que de entrada el árbitro estuviera deslegitimado. Sin embargo, en vez de apalancar esta posición de fuerza, el PRD simplemente abdicó. El resultado es un Consejo General carente de una visión plural, ciudadana o independiente.

RESPUESTAS A LA CRISIS: CONTRASTES

CARLOS FUENTES

Desde el primer día de su mandato, Barack Obama ha hablado con fuerza y claridad de la crisis económica que afecta a los Estados Unidos de América, la peor, ha dicho, desde el crack financiero de 1929 y la subsiguiente depresión de los años treinta.Paso por paso, el presidente ha caracterizado abiertamente el problema y ha apelado a la acción bipartidista. Los republicanos han negado lo que le regalaron a George W. Bush: la abstención frente a una política que conducía a la catástrofe: rebaja de impuestos, aumento del gasto militar, ruina de las infraestructuras.Negado el apoyo bipartidista Obama ha regresado, en plan de campaña, a su base electoral en Indiana y en la Florida y ha delegado a su secretario del tesoro, Timothy Geithner, a que explique los pormenores de la política gubernamental de rescate. Incluso el severo crítico del nuevo régimen, David Brooks, aplaude y agradece el realismo y la franqueza de esta política: "el plan de Geithner es vasto pero disciplinado... está diseñado para adecuarse a la crisis, no a una agenda prefabricada". Y dice el propio Geithner: "si no lo hacemos ahora, el mercado sabrá que deberemos hacerlo más tarde". ¿Qué cosa? "Crear una política macroeconómica masiva, sostenida y sustancial".En otras palabras, el público norteamericano está plenamente advertido de la gravedad de la situación, de los deberes que le incumben al público y al estado, al sector público y al privado. Al menos a la parte responsable de este último. La parte irresponsable ha empleado la primera suma de ayuda otorgada por el gobierno anterior a regalarse jugosos bonos a sí misma, así sea disfrazados de aguinaldos.Lo importante es que en los EE.UU. la situación es vista en toda su gravedad y las obligaciones de todos y cada uno se han hecho explícitas.En México, Felipe Calderón no ha dejado de señalar, asimismo, una situación difícil, aunque rechazando "el catastrofismo sin fundamento, particularmente ahora llevado a extremos absurdos, que daña sensiblemente al país, a su imagen internacional, ahuyenta inversiones y destruye los empleos que los mexicanos necesitan".Esta declaración presidencial es un llamado a la calma que, implícitamente, evoca lo mismo que rechaza: la fuga de inversiones y la pérdida de empleos, amén del daño a nuestra "imagen internacional". Calderón, justo es reconocerlo, ha iniciado algunas medidas anti-recesivas: inversiones públicas para mantener los puestos de trabajo y la protección social. ¿Son buenas? Claro que sí. ¿Son suficientes? Claro que no.Y como los hechos se vienen encima, y la recesión es inevitable, sobre todo en un país de graves desigualdades, profundas desidias y voluntarias cegueras, Carlos Slim se sintió obligado a escalar la atención nacional con palabras que han dañado al feliz y peligroso optimismo del mundo oficial."Van a quebrar empresas, muchas, chicas, medianas y grandes; van a desaparecer comercios; va a haber locales cerrados por todos lados, inmuebles vacíos".La reacción oficial a esta advertencia por parte de un poderoso ciudadano, debe ser motivo de tristeza y hasta de depresión para el resto de la ciudadanía. Slim es acusado de haberse enriquecido gracias al mercado mexicano, en un país de desigualdades e iniquidades. Es tildado de pesimista, fatalista y catastrofista y, además, de sadista solapado al que le gustaría que le vaya mal a México. No faltó quien, folclóricamente, le desease a Slim que la boca se le convirtiese en chicharrón.No voy a referirme en este espacio a la fortuna de Carlos Slim ni a la previsión y oportunidad de sus negocios, que le han dado a México una importante presencia en la vida económica de América Latina y del mundo. Las actividades de Slim han creado empleo y fomentado ahorro a partir de una filosofía de mercado interno mediante el impulso a la pequeña y medianas empresas (las PYMES). Hoy, prevé una caída sin antecedentes del empleo, no quiere ser catastrofista "pero hay que prepararse".En todo caso, a Slim habrá que agradecerle que haya abierto el debate nacional, develando las complacencias, los disfraces y los temores que nos impiden abordar a tiempo el gran tema de la recesión, lo que implica para México y las maneras de resolverla.Mi reflexión personal sobre estos asuntos la di hace pocos días ante la legislatura del Estado de Veracruz, afirmando que es cómodo -es inteligible- que un país prolongue los hechos que le resultan provechosos.El petróleo, el turismo y las remesas de nuestros trabajadores en los EE.UU. nos han dado provecho aunque a veces nos han adormecido, dejando de lado obligaciones latentes.Hoy, la crisis nos presenta a todos una carta de obligaciones -y de derechos- basada en una realidad.La crisis es global. Nadie se escapa de ella. Requiere cooperación internacional. Pero también precisa acción interna.Vulnerados los tres capítulos de nuestro ingreso -petróleo a la baja, turismo en descenso, candados aun mayores a la migración- nos vemos obligados a renovar prioridades y fortalecer propósitos. Y a hacerlo dentro del marco de la democracia.El tráfico de drogas no es un asunto que pueda relegarse a la culpabilidad mexicana. Es un asunto bilateral. Lo cual no exime a México de combatir al crimen en nuestra casa, sobre todo si el descenso previsible de la oferta laboral empuja a muchos mexicanos a buscar salidas ilícitas.Por ello urge tanto que nuestro país proponga cuanto antes un programa de empleo que no sea circunstancial o "de a poquito", sino que constituya un llamado nacional a proteger y ampliar las fuentes de trabajo mediante un programa comparable al "Nuevo Trato" del presidente Franklin Roosevelt para enfrentar la crisis de 1932 y al "Nuevo Nuevo Trato" que el presidente Barack Obama intenta hoy poner en pie.El trabajo es un derecho humano.Rechacemos el escenario fatal de un desempleo sin salida destinado a esconderse en las callejuelas del crimen y la violencia. Destapemos de una vez el guión creativo de un proyecto de empleo que atienda los terribles retrasos del país:Renovación de la infraestructura. Caminos, carreteras, presas, urbanismo, puertos, energía eléctrica. Salud. Educación.Es decir: romper la fatalidad que, en medio de los progresos alcanzados, condena siempre a muchísimos mexicanos a vivir en la pobreza.De Veracruz a Guerrero, de Oaxaca a Tabasco, el sur de México ofrece una oportunidad de crear riqueza, aprovechar la tierra, diversificar cultivos, emplear mano de obra, modernizar enriqueciendo y enriquecer modernizando, fortaleciendo tanto las instituciones culturales como los procesos políticos.Hablo de esta parte del país Veracruz, que es la mía, la más entrañable, pero sólo ilustro un aspecto del gran proyecto nacional que nos exige el momento, a fin de darle la cara a la crisis con el corazón y los brazos de todos los mexicanos.Trabajo, educación, salud.Tierra y agua.Todo ello debe ser parte de un Nuevo Contrato Social Mexicano que no se diluya en proyectos parciales, sino que mire al conjunto. Un proyecto que nos comprometa a todos, movilizando no sólo las fuerzas existentes sino la vasta reserva de la energía latente y desaprovechada de nuestro país.Que el trabajador que regresa del norte (o que ya no pueda salir) encuentre aquí la oportunidad de trabajo en vez de la desesperación y el crimen.Que el niño que nazca aquí encuentre la salud y la educación necesarias para crecer como ciudadano.Que el hombre y la mujer que envejezcan aquí cuenten con el apoyo y las oportunidades que sus vidas entregadas al hogar, al trabajo y a la formación de ciudadanos, merecen.Que la ciudadanía entera encuentre aquí, aquí mismo, las oportunidades de trabajo, el respeto y la seguridad requeridos para que México supere esta crisis.Y la supere con democracia.

RESPUESTA A LA CRISIS: CONTRATS

CARLOS FUENTES

Desde el primer día de su mandato, Barack Obama ha hablado con fuerza y claridad de la crisis económica que afecta a los Estados Unidos de América, la peor, ha dicho, desde el crack financiero de 1929 y la subsiguiente depresión de los años treinta.Paso por paso, el presidente ha caracterizado abiertamente el problema y ha apelado a la acción bipartidista. Los republicanos han negado lo que le regalaron a George W. Bush: la abstención frente a una política que conducía a la catástrofe: rebaja de impuestos, aumento del gasto militar, ruina de las infraestructuras.Negado el apoyo bipartidista Obama ha regresado, en plan de campaña, a su base electoral en Indiana y en la Florida y ha delegado a su secretario del tesoro, Timothy Geithner, a que explique los pormenores de la política gubernamental de rescate. Incluso el severo crítico del nuevo régimen, David Brooks, aplaude y agradece el realismo y la franqueza de esta política: "el plan de Geithner es vasto pero disciplinado... está diseñado para adecuarse a la crisis, no a una agenda prefabricada". Y dice el propio Geithner: "si no lo hacemos ahora, el mercado sabrá que deberemos hacerlo más tarde". ¿Qué cosa? "Crear una política macroeconómica masiva, sostenida y sustancial".En otras palabras, el público norteamericano está plenamente advertido de la gravedad de la situación, de los deberes que le incumben al público y al estado, al sector público y al privado. Al menos a la parte responsable de este último. La parte irresponsable ha empleado la primera suma de ayuda otorgada por el gobierno anterior a regalarse jugosos bonos a sí misma, así sea disfrazados de aguinaldos.Lo importante es que en los EE.UU. la situación es vista en toda su gravedad y las obligaciones de todos y cada uno se han hecho explícitas.En México, Felipe Calderón no ha dejado de señalar, asimismo, una situación difícil, aunque rechazando "el catastrofismo sin fundamento, particularmente ahora llevado a extremos absurdos, que daña sensiblemente al país, a su imagen internacional, ahuyenta inversiones y destruye los empleos que los mexicanos necesitan".Esta declaración presidencial es un llamado a la calma que, implícitamente, evoca lo mismo que rechaza: la fuga de inversiones y la pérdida de empleos, amén del daño a nuestra "imagen internacional". Calderón, justo es reconocerlo, ha iniciado algunas medidas anti-recesivas: inversiones públicas para mantener los puestos de trabajo y la protección social. ¿Son buenas? Claro que sí. ¿Son suficientes? Claro que no.Y como los hechos se vienen encima, y la recesión es inevitable, sobre todo en un país de graves desigualdades, profundas desidias y voluntarias cegueras, Carlos Slim se sintió obligado a escalar la atención nacional con palabras que han dañado al feliz y peligroso optimismo del mundo oficial."Van a quebrar empresas, muchas, chicas, medianas y grandes; van a desaparecer comercios; va a haber locales cerrados por todos lados, inmuebles vacíos".La reacción oficial a esta advertencia por parte de un poderoso ciudadano, debe ser motivo de tristeza y hasta de depresión para el resto de la ciudadanía. Slim es acusado de haberse enriquecido gracias al mercado mexicano, en un país de desigualdades e iniquidades. Es tildado de pesimista, fatalista y catastrofista y, además, de sadista solapado al que le gustaría que le vaya mal a México. No faltó quien, folclóricamente, le desease a Slim que la boca se le convirtiese en chicharrón.No voy a referirme en este espacio a la fortuna de Carlos Slim ni a la previsión y oportunidad de sus negocios, que le han dado a México una importante presencia en la vida económica de América Latina y del mundo. Las actividades de Slim han creado empleo y fomentado ahorro a partir de una filosofía de mercado interno mediante el impulso a la pequeña y medianas empresas (las PYMES). Hoy, prevé una caída sin antecedentes del empleo, no quiere ser catastrofista "pero hay que prepararse".En todo caso, a Slim habrá que agradecerle que haya abierto el debate nacional, develando las complacencias, los disfraces y los temores que nos impiden abordar a tiempo el gran tema de la recesión, lo que implica para México y las maneras de resolverla.Mi reflexión personal sobre estos asuntos la di hace pocos días ante la legislatura del Estado de Veracruz, afirmando que es cómodo -es inteligible- que un país prolongue los hechos que le resultan provechosos.El petróleo, el turismo y las remesas de nuestros trabajadores en los EE.UU. nos han dado provecho aunque a veces nos han adormecido, dejando de lado obligaciones latentes.Hoy, la crisis nos presenta a todos una carta de obligaciones -y de derechos- basada en una realidad.La crisis es global. Nadie se escapa de ella. Requiere cooperación internacional. Pero también precisa acción interna.Vulnerados los tres capítulos de nuestro ingreso -petróleo a la baja, turismo en descenso, candados aun mayores a la migración- nos vemos obligados a renovar prioridades y fortalecer propósitos. Y a hacerlo dentro del marco de la democracia.El tráfico de drogas no es un asunto que pueda relegarse a la culpabilidad mexicana. Es un asunto bilateral. Lo cual no exime a México de combatir al crimen en nuestra casa, sobre todo si el descenso previsible de la oferta laboral empuja a muchos mexicanos a buscar salidas ilícitas.Por ello urge tanto que nuestro país proponga cuanto antes un programa de empleo que no sea circunstancial o "de a poquito", sino que constituya un llamado nacional a proteger y ampliar las fuentes de trabajo mediante un programa comparable al "Nuevo Trato" del presidente Franklin Roosevelt para enfrentar la crisis de 1932 y al "Nuevo Nuevo Trato" que el presidente Barack Obama intenta hoy poner en pie.El trabajo es un derecho humano.Rechacemos el escenario fatal de un desempleo sin salida destinado a esconderse en las callejuelas del crimen y la violencia. Destapemos de una vez el guión creativo de un proyecto de empleo que atienda los terribles retrasos del país:Renovación de la infraestructura. Caminos, carreteras, presas, urbanismo, puertos, energía eléctrica. Salud. Educación.Es decir: romper la fatalidad que, en medio de los progresos alcanzados, condena siempre a muchísimos mexicanos a vivir en la pobreza.De Veracruz a Guerrero, de Oaxaca a Tabasco, el sur de México ofrece una oportunidad de crear riqueza, aprovechar la tierra, diversificar cultivos, emplear mano de obra, modernizar enriqueciendo y enriquecer modernizando, fortaleciendo tanto las instituciones culturales como los procesos políticos.Hablo de esta parte del país Veracruz, que es la mía, la más entrañable, pero sólo ilustro un aspecto del gran proyecto nacional que nos exige el momento, a fin de darle la cara a la crisis con el corazón y los brazos de todos los mexicanos.Trabajo, educación, salud.Tierra y agua.Todo ello debe ser parte de un Nuevo Contrato Social Mexicano que no se diluya en proyectos parciales, sino que mire al conjunto. Un proyecto que nos comprometa a todos, movilizando no sólo las fuerzas existentes sino la vasta reserva de la energía latente y desaprovechada de nuestro país.Que el trabajador que regresa del norte (o que ya no pueda salir) encuentre aquí la oportunidad de trabajo en vez de la desesperación y el crimen.Que el niño que nazca aquí encuentre la salud y la educación necesarias para crecer como ciudadano.Que el hombre y la mujer que envejezcan aquí cuenten con el apoyo y las oportunidades que sus vidas entregadas al hogar, al trabajo y a la formación de ciudadanos, merecen.Que la ciudadanía entera encuentre aquí, aquí mismo, las oportunidades de trabajo, el respeto y la seguridad requeridos para que México supere esta crisis.Y la supere con democracia.

CARLOS RAMIREZ

ERNESTO VILLANUEVA

Uno de los principios universales del periodismo de opinión es que existen límites. Nadie tiene, por ejemplo, derecho a la mentira. Este punto de partida no lo observa el señor Carlos Ramírez, quien el pasado martes 11 de febrero, en su columna de El Financiero, formuló una serie de imputaciones sobre mi persona que no puedo dejar pasar. Si el señor Ramírez se tomó la molestia de escribir sobre mí, creo que los lectores tienen derecho a leer la otra versión. Vayamos a las afirmaciones.Primera. Carlos Ramírez afirma que yo presenté una denuncia contra María Elena Pérez Zermeño, comisionada del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal (InfoDF), y que mis abogados son mis amigos y maestros Jorge Carpizo y Diego Valadés. Es totalmente falso que yo haya presentado tal denuncia. En consecuencia, los doctores Carpizo y Valadés no pueden ser abogados míos.Segundo. Es una fantasía pensar que los doctores Carpizo y Valadés, el diputado Víctor Hugo Círigo, presidente de la Asamblea del Distrito Federal (ALDF), y yo busquemos debilitar al InfoDF para apoyar al doctor Salvador Guerrero Chiprés como presidente en lugar del maestro Óscar Guerra Ford. Conozco a Guerrero Chiprés, quien fue mi alumno en la maestría, donde se graduó con las mejores calificaciones de su generación, y lo propio hizo al terminar su doctorado en el Reino Unido. El maestro Guerra Ford ha tenido la ingrata tarea de conciliar en el InfoDF para darle vida institucional, y a esas tareas ha dedicado muchos de sus esfuerzos.Tercero. Es falso que yo haya sido un "frustrado aspirante" a la coordinación general de comunicación social de la ALDF. En tiempo y forma, la comisión de gobierno de la Asamblea y posteriormente el pleno votó a favor de mi designación de ese cargo, a propuesta del diputado Víctor Hugo Círigo. Agradecí su generosa confianza al proponerme, sin embargo, en su momento decliné al cargo, como les consta a todos los coordinadores parlamentarios.Cuarto. Es falso de la misma forma que LIMAC, la ONG que fundé y presidí, haya tenido algún problema de manejo de recursos. Las auditorías externas practicadas por los donantes demuestran exactamente lo contrario.Quinto. Es falso de nueva cuenta que yo haya pactado "convenios secretos" con Andrés Manuel López Obrador. Fue en público y con la presencia de la embajadora Sally Shelton Colby, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Se logró reformar la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con cambios significativos a favor del gobernado, como es público y notorio.Sexto. Es falso que yo haya impuesto cargos públicos en el InfoDF. Ello, además, representa una afrenta a los comisionados de ese instituto, quienes jamás permitirían una situación semejante.Séptimo. Es falso también que la revista que dirijo, Transparencia y Corrupción, tenga una "relación orgánica" con el periódico del cual forma parte Alejandro Encinas. No hay pruebas de esa afirmación. ¿Puede explicar -por cierto- Ramírez por qué se fue y dejó sin pago a casi todos los colaboradores de su malogrado diario Transición en Puebla, como también pasó en La Crisis, siempre en crisis?Octavo. Dolosamente, Ramírez injuria al maestro Carpizo y a mí al pretender armar navajas con el doctor Héctor Fix, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual formo parte. Sin falsa modestia, debo decir que soy investigador titular por oposición y tengo la máxima distinción académica (SNI III) que otorga el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Además, mi obra ha sido publicada en México y en el extranjero y es citada internacionalmente.Noveno. El origen de los misiles contra mí, la señora Pérez Zermeño, tiene problemas con la ley imputables a su propia persona y ambición económica. Ha demandado al InfoDF por unos pagos que supuestamente le deben. Peor todavía, ha falsificado facturas en el extranjero para comprar bebidas alcohólicas y puros con cargo al erario. No tiene llenadera. Pretende seguir utilizando como coartada su odio a Andrés Manuel López Obrador, como si ello fuera el pasaporte a la impunidad.En estos días me han comentado de las andanzas financieras del señor Carlos Ramírez bajo el amparo de la libertad de comercio y de expresión por varios estados, entre ellos Puebla. No tengo todavía las pruebas de ello, razón por la cual prefiero documentarme antes de poder siquiera insinuar que es un comerciante del periodismo.

EL IFE Y SUS FALLAS

PEDRO SALAZAR UGARTE

Desconozco las verdaderas razones por las que cinco consejeros electorales decidieron declarar el sobreseimiento de las quejas contra Televisa y TV Azteca, lo que sí sé es que fue una derrota del Estado ante los poderes fácticos y que la decisión careció de sustento jurídico. Ambas cosas son graves. El estado de derecho depende, por encima de cualquier otro rasgo, de la voluntad y capacidad de los operadores institucionales para cumplir y hacer cumplir las leyes. La decisión, en cambio, es una muestra de lo que Guillermo O’Donell llama el unrule of law latinoamericano. En los hechos, las televisoras, derrotaron al órgano electoral y evidenciaron la fragilidad de la mayoría de los miembros de su Consejo General. Esto es evidente porque la decisión de los cinco consejeros carece de cualquier fundamento legal. El sobreseimiento se sustentó, básicamente, en tres argumentos falaces: a) el hecho sucedió pero no se ha repetido y, por tanto, no hay materia para sancionar; b) no existe una norma que pueda aplicarse “estrictamente” al caso; c) existía un acuerdo —firmado días antes— entre el IFE y la CIRT que evitaría que lo sucedido se repitiera en el futuro.
El primer argumento, presentado por el consejero Baños, es jurídicamente insostenible. Lo que estaba a consideración del Consejo General era la aplicación de la ley para determinados eventos por todos (re)conocidos. La materialización del supuesto normativo no dependía —como sugirió el consejero— de la repetición en el tiempo del acto antijurídico sino de su verificación fáctica, concreta, probada. ¿Qué es eso de “sí se violó la ley pero, como ya no lo siguieron haciendo, no hay materia para el castigo”? En todo caso debieron declarar infundado el recurso pero no podían hacerlo porque ello habría implicado entrar al fondo del asunto y, si lo hacían, sabían que tenían que imponer sanciones. Esto es así porque el hecho fue probado y la norma para sancionarlo existe. De ahí lo grave del caso: la decisión de no sancionar fue adoptada por razones extrajurídicas. Con ello, los consejeros socavaron el principio de legalidad que obliga a la autoridad a aplicar, con firmeza, la legislación vigente.
El segundo argumento, expuesto con titubeos por el consejero Nacif, es contradictorio con el anterior. Si el asunto debía sobreseerse, entonces, no cabía valorar la (in)existencia de un fundamento jurídico para sancionar. El consejero, supongo que sin darse cuenta, entró al fondo del asunto pero, como lo que quería era evitar las sanciones, y no estaba preocupado en motivar el sentido de su voto, terminó sumándose al sobreseimiento. Pero, además, el argumento, en sí mismo, es equivocado. No sólo existían disposiciones legales aplicables al caso (como bien mostró el secretario ejecutivo en su proyecto) sino que el principio de “estricta aplicación de la ley” —que sirvió de argumento para el politólogo consejero— es propio de la materia penal y no del procedimiento administrativo electoral. En este último la interpretación normativa es un instrumento medular para aplicar el derecho.
El tercer argumento es absurdo desde la perspectiva jurídica e ingenuo desde el punto de vista político. El acuerdo celebrado por algunos funcionarios del IFE y los representantes de la CIRT no tiene valor legal alguno (ni siquiera contiene fundamentación jurídica), es una carta de buenas intenciones que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una excusante de responsabilidades para quien incumple la ley. Para colmo, como bien advirtió en la sesión el consejero presidente, ni siquiera fue firmado por Televisa y TV Azteca, sino por la cámara de la industria. Pero, además, ¿por qué creer que los concesionarios ahora sí cumplirán con la ley cuando los consejeros les acaban de informar que no sucede nada cuando no lo hacen? ¿desde cuándo la impunidad es un incentivo para el cumplimiento?
El estado de derecho se construye aplicando la ley y no mediante componendas. El viernes, los cinco consejeros electorales sumaron su voz a los que gritan: ¡al diablo con las instituciones! Paradojas de este México en crisis.

LA CRISIS VIAJA EN AUTOMÓVIL

CIRO MURAYAMA

Los datos publicados esta semana sobre la caída de las ventas y de la producción de la industria automotriz mexicana son una muy mala noticia. Tan mala como la que recibiría una selección de futbol que, en pleno campeonato del mundo, ve que su jugador estrella se fractura tibia y peroné.De acuerdo a los datos ofrecidos por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en enero de este año las ventas cayeron 28.1 por ciento frente al mismo mes de 2008; las exportaciones se redujeron en casi seis de cada diez dólares del año previo (56.9 por ciento) y la producción de coches en territorio nacional se contrajo a la mitad.Esta drástica contracción en la industria automotriz es peculiarmente dañina para el conjunto de la economía por varias razones. El sector es uno de los más modernos de nuestra planta productiva, en él se registran los mayores avances en productividad del trabajo —lo que es señal de espacios productivos con incorporación e innovación tecnología—, ha tenido capacidad de atracción de inversión extranjera directa y productiva (esto es, que no sólo vino capital a comprar negocios ya existentes, como ocurrió con la banca, sino a generar nuevas plantas), y es protagonista destacado del auge exportador que registró el país la década pasada. Visto así, el sector automotriz ha sido el ejemplo más exitoso de la apertura económica mexicana y el vuelco a la producción externa; en él se concentraban los avances que, en teoría, iban a beneficiar al conjunto del tejido productivo del país con la incorporación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá: llegada de flujos de inversión, aumentos en productividad —y por tanto en competitividad—, mejoría salarial para los trabajadores, inserción en los mercados internacionales y capacidad de arrastre para otros sectores económicos —aunque en esto último los avances siempre fueron moderados, porque buena parte de los componentes de la industria automotriz son importados, de tal manera que la buena marcha de ese sector no se tradujo en mejores oportunidades de negocio para otras ramas productivas, como sí hubiera ocurrido de existir una política de fomento que acompañara a la política de liberalización comercial, tal como supieron hacer los países asiáticos—. Ahora, la joya de la corona de la apertura tiene grietas, y no podía ser de otra forma, en plena recesión estadunidense, al tratarse de una industria volcada a las ventas externas.La rama de la fabricación de equipo de transporte, esto es, la industria automotriz, representa por sí misma 20 por ciento, una quinta parte del valor total de la producción manufacturera del país, y 11 por ciento –al cierre de 2008- de toda la producción industrial de México, la que a su vez significa 30 por ciento del Producto Interno Bruto.Además, las actividades de la industria automotriz emplean alrededor de 10 por ciento de la población ocupada en todo el sector manufacturero nacional; se trata, con alta frecuencia, de empleo de calidad en términos comparativos con los puestos de trabajo que se encuentran en el país, lo que alerta sobre las consecuencias que la actual crisis puede tener en términos de deterioro de los ingresos de los trabajadores calificados y productivos, y no sólo para aquellos que se han visto forzados a emplearse en ocupaciones de baja remuneración y productividad. Así, la precarización del empleo da muestras de acentuarse, con los efectos que eso supone en términos de ampliación de la pobreza y ensanchamiento de las desigualdades.Mientras otros países protegen a sus industrias y productores locales, en México la divisa es mantener la apertura a toda costa y, si se puede, incrementarla, pues en cada anuncio económico del Ejecutivo para paliar la adversidad —desde las medidas para enfrentar la espiral alcista en los precios de los alimentos hace un año al “acuerdo” (con ningún actor acordado, por cierto) que se dio a conocer el mes pasado— se incluyen desgravaciones arancelarias. La idea es favorecer que los consumidores estén en condiciones de encontrar precios más baratos, pero el gobierno se olvida de los productores nacionales —que eventualmente se verán compitiendo contra precios de remate de productores externos queriéndose deshacer de los volúmenes sobrantes de sus existencias— que, finalmente, son los que generan los pocos empleos formales con que cuenta la economía y los ingresos de las familias.
En el caso automotriz, la AMIA se ha quejado de la liberalización a la importación de coches usados de los Estados Unidos, lo cual tiene afectaciones sobre el volumen de ventas internas y genera otros problemas, como la posposición de la renovación del parque vehicular con sus efectos nocivos sobre el medio ambiente. Una ola de proteccionismo puede ser dañina para la economía mundial, pero mantenerse como el último de los mohicanos en la fe del libre comercio mientras todo mundo protege a sus plantas productivas es una necedad con implicaciones severas sobre nuestra capacidad para mejorar la economía, que implica, quiérase o no, fortalecer al mercado interno: producción doméstica y consumo —que depende de que haya empleo y salarios—.La crisis de la industria automotriz mexicana confirma que no hay sectores a salvo del tsunami global de destrucción productiva y de empleo. A esta crítica situación se agrega el problema no de que haya “catastrofistas”, sino que desde el gobierno se deje la nave a la deriva.

MARCIAL MACIEL

CARMEN ARISTEGUI

El fundador de los Legionarios de Cristo vuelve a ser noticia a partir de la revelación y aceptación, a medias, de la orden religiosa de origen mexicano, de lo que llamaron eufemísticamente una "doble vida". Por ambiguo y tibio que sea este reconocimiento, el hecho de que los Legionarios de Cristo -históricamente reacios a reconocer señalamientos múltiples y evidencias gravísimas en contra de su fundador- hayan aceptado, desde dentro, que Marcial Maciel tuvo una "conducta impropia" es algo que contradice una larga historia de negaciones. Esta nueva posición ha causado un revuelo que no tiene precedente. La legión se ha cimbrado y vive literalmente un shock, no porque desde fuera sorprendan demasiado las revelaciones de la existencia de una hija del padre Maciel, después de todo lo que se conoce de él, sino porque abrir la puerta al reconocimiento, por lo pronto, de una parte de esta torcida biografía significa, o debería significar, el reconocimiento integral de todo lo ocurrido. Desde la conducta personal de Maciel, con acciones netamente criminales en contra de seminaristas y menores, hasta el comportamiento institucional de la jerarquía católica de franco encubrimiento para los Legionarios y sus instituciones, éste es un punto de quiebre. Se reinventan y empiezan a escribir su historia de otra manera o están condenados al descrédito.Los Legionarios de Cristo y las autoridades eclesiásticas deberían tomarle la palabra, en un afán de sobrevivencia, al grupo de personas y organizaciones que el día de ayer publicaron en estas mismas páginas un desplegado cuyo título formula una interrogante principal: "¿Hasta cuándo dejará El Vaticano de encubrir los crímenes de abuso sexual que cometió Marcial Maciel?". Quienes firman este texto, preciso y clarificador de la ruta que habría que seguir, son personas y organizaciones que se han distinguido por su conducta ética, su contribución a la verdad y un claro sentido de la justicia y la denuncia pública. Ellos están planteando, con una gran claridad, las directrices inevitables ya para la Iglesia, la feligresía y los Legionarios sobre procesar, en diferentes ámbitos, el caso Maciel. Tan costoso. Tan lamentable. Tan insostenible.En el punto 5 de esta comunicación pública se plantea que ante las recientes revelaciones la orden de los Legionarios de Cristo y las autoridades eclesiásticas deben deslindarse, públicamente, de lo que hasta ahora ha sido un encubrimiento cómplice y deben demostrar su vocación de seguir el Evangelio y su compromiso con la justicia. Los firmantes dicen, con razón, que la Legión de Cristo y las autoridades eclesiásticas deben ofrecer una serie de cosas a las que estaban obligados, desde hace tiempo, y que, a la luz de lo ocurrido, hoy son ya un imperativo. Una exigencia ineludible. Los Legionarios y la Iglesia deben ofrecer, sin más dilación:· "Un pronunciamiento público oficial donde se finquen responsabilidades de los delitos canónicos y civiles cometidos por Marcial Maciel.· "Una petición de perdón por el inconmensurable daño causado a las víctimas de abuso sexual.· "Un llamado al Papa para que exija la revisión del proceso que se llevó a cabo en contra de Maciel y que reivindique la honorabilidad y la fama de todos aquellos que fueron llamados a presentar su declaración bajo juramento de excomunión por haberlo hecho de buena fe y diciendo la verdad.· "El esclarecimiento de estos delitos y la reparación de los daños por respeto a las víctimas y a todo el pueblo católico.· "Un profundo cambio institucional para evitar que en el futuro niños y niñas inocentes sean víctimas del abuso sexual de los sacerdotes, bajo el amparo, la protección y el encubrimiento de la Iglesia".Alberto Athié; Arturo Díaz Betancourt; Carlos Fazio; Católicas por el Derecho a Decidir; Frente por la Cultura Laica; Fundación de la Mano con la Justicia; Leticia Valdés; Jesús Romero; José Bonilla; Malú Micher Camarena; Observatorio Eclesial; Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes; SNAP México; Red Democracia y Sexualidad, DEMYSEX; Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir; Red por los Derechos de la Infancia en México y Roberto Blancarte son los nombres de personas e instituciones que plantean este camino a seguir y hacen, finalmente, un llamado "...a la feligresía católica y a todas las personas de buena fe a que se unan a este reclamo y no permitan más la impunidad en el seno de nuestra Iglesia, la cual suele poner la preservación de su imagen por encima del respeto a los derechos humanos de sus fieles y de las leyes civiles a las que todo ciudadano debe estar sujeto".Un llamado así no puede ni debe ser ignorado. Merece ser difundido como lo que es: el planteamiento mejor articulado y con mayor precisión que existe en este momento sobre qué hacer frente a la debacle moral que ha dejado a su paso el caso Maciel. La Iglesia tiene la palabra.

USO INDEBIDO DE RECURSOS EN EL TEPJF

ERNESTO VILLANUEVA

La crisis financiera de México está dejando sin empleo a muchos mexicanos. La devaluación del peso empieza a impactar en el bolsillo de casi toda la población. En ese contexto, el uso indebido de los recursos públicos lastima doblemente a la sociedad, peor aún si quienes incurren en esa práctica son los vigilantes de que la democracia electoral funcione razonablemente. Se trata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Existen elementos probatorios que sustentan mi afirmación. Veamos. Primero. De entrada, el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su fracción III que es obligación de éstos: “utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión (…) para los fines a que están afectos”. Como parte de un ejercicio de investigación aplicada, se hizo una solicitud de acceso al TEPJF para conocer el historial de navegación a través de internet en las computadoras de ese órgano jurisdiccional. La respuesta ofrecida en el folio 00000708 fue que, si bien el tribunal carece de obligaciones para almacenar ese tipo de información, “en aras de la transparencia” accedía a proporcionar datos obtenidos “de todos los servidores de internet actualmente en uso”. Se entregaron 2 mil 628 fojas con la bitácora de navegación correspondiente a 30 minutos de una fecha escogida por el propio tribunal. De esta suerte, es posible pensar que se trata de una información que fue sometida a una revisión previa y, sin embargo, es reveladora de un caso de corrupción sin consecuencias. Segundo. Al analizar una muestra representativa, consistente en 29 mil 327 páginas web, los resultados muestran cómo se usan indebidamente los recursos públicos en el TEPJF, el cual está dotado de un gran presupuesto y goza de la nómina más alta del mundo en órganos similares (www.revistatransparencia.com), ya que son los propios magistrados quienes deciden por sí y ante sí el monto de sus sueldos al amparo de su autonomía. El análisis se dividió en 13 rubros. El primero se refiere a imágenes, y representa 5.4% del tiempo; el segundo está dedicado a videos y películas (5.8%), dentro de los cuales destaca el juego imperiaonline, recurrentemente consultado por quienes integran el TEPJF; el tercero corresponde a chats, con 6.2%; el cuarto, a compras, con 11.3% –aquí, las páginas de ticketmaster y viajespalacio son muy consultadas, acaso para combatir el estrés del trabajo judicial–; el quinto se catalogó como compras un poco más íntimas, con 7.8% –en este caso aparecen, además de mercadolibre.com, páginas que ofrecen estimulantes sexuales masculinos a bajo precio–; el sexto corresponde a los Facebook, con 4.2%; el séptimo, a páginas deportivas, con 5.3%; el octavo a “otros”, con 17.4%, donde los garantes de la legalidad electoral revisan páginas dedicadas a recetas de comida y a encontrar pareja, así como a contenidos eróticos; el noveno es el relativo a la lectura de periódicos, con 21.9%; el décimo está dedicado a revisión de correos electrónicos no institucionales, fundamentalmente g-mail, con el 5.1%; el undécimo, a bancos, con 1.9%; el duodécimo, a transparencia judicial, con 2.3%, y el décimotercero, a páginas del Poder Judicial y relacionadas, con 5.4%. Tercero. Como se puede apreciar, quienes laboran en el TEPJF, en 92.3% de los casos utilizan estos recursos públicos para objetivos distintos a los que la ley señala. Nadie podría estar en contra de que magistrados, secretarios de estudio y cuenta, así como el personal de las áreas de apoyo, consulten por internet las páginas en las cuales decidan navegar. El problema es que lo hacen en sus horas de trabajo y con el equipo del TEPJF pagado por el pueblo. Lo más grave es que sea una conducta consentida por acción u omisión del pleno de la Sala Superior del Tribunal, que es en última instancia el responsable de poner orden en casa. Esa muestra ofrece indicios, además, de cómo están las cosas dentro del órgano supuestamente dedicado a garantizar la legalidad electoral. ¿Cómo puede el TEPJF conseguir el cumplimiento de la ley afuera, si no lo hace dentro de la institución? ¿Cómo es posible justificar salarios de lujo –que rebasan decenas de veces el sueldo mínimo– a personas que no sólo violan la ley, sino que ni siquiera cumplen su trabajo en plena crisis financiera del país? El TEPJF en nada abona a su credibilidad con estas acciones lamentables que ya no debieran permitirse. l Post scriptum: Expreso mi solidaridad a Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas, ante la campaña de desprestigio y amenazas auspiciada aparentemente por el gobernador del estado, Juan Sabines, debido a que en estas páginas difundió hechos de interés público sobre Chiapas.