OBAMA: LA BATALLA POR LA SALUD

CIRO MURAYAMA

La llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos fue posible porque despertó entre sus conciudadanos la convicción de que es posible construir otra realidad, volver a retomar el sueño americano. No se trataba, sólo, de desmarcarse del perfil belicoso de la administración de George Bush Jr., de dejar de negar el cambio climático contra toda la evidencia científica, de reconciliarse con el discurso de los derechos humanos y por tanto de cejar con las prácticas que institucionalizaban la tortura, sino sobre todo de dar pie a una nueva era que pusiera en el centro el bienestar colectivo de los estadunidenses más allá del éxito personal de unos cuantos.En estos días se juega uno de los temas centrales para el futuro no sólo de Obama sino de la cohesión de la sociedad norteamericana entera, y es el proyecto de ampliación de la cobertura sanitaria del presidente. Estados Unidos es uno de los países con mayor gasto total en salud, y el que más gasto privado destina a servicios de atención médica. Esto quiere decir que estar sano en Estados Unidos es más caro que en el resto del mundo, y que la salud se paga en buena medida del bolsillo de los ciudadanos y no a través de la cobertura pública como sucede en los países desarrollados de Europa por ejemplo. Lo anterior implica que en el país vecino del norte exista uno de los sistemas de salud menos equitativos del mundo, esto es, que pueda acceder a la salud sólo una parte de la población y que ese acceso se deba fundamentalmente a la capacidad económica de cada quien. Algo muy similar ocurre en México, aunque aquí exacerbado.La amplia privatización de los servicios de salud en Estados Unidos han hecho que la salud sea, en buena medida, una mercancía: quien tenga dinero para adquirirla en el mercado la podrá pagar y quien no, simplemente está condenado a la enfermedad o la muerte. Diversos estudios internacionales demuestran, por el contrario, que el mejor modelo de financiamiento a la salud es el que hace que cada quien pague según sus capacidades y que se beneficie a cada quien según sus necesidades. Esto es, contribuyen más quienes más tienen, y se benefician quienes más lo necesitan. Como México, Estados Unidos es lo opuesto: paga quien más lo necesita por una situación de urgencia, y quienes hacen uso de los servicios médicos de forma regular son quienes están en mejores condiciones de pagar.Ante esa situación, Obama ha lanzado un proyecto sanitario que tiene como objetivo reducir de manera drástica el número de personas sin cobertura de los servicios de salud, que en la actualidad rondan los 50 millones de individuos –de los cuales una parte significativa son inmigrantes y mexicanos de origen. La apuesta del presidente norteamericano es clave, porque la dificultad para cubrir con los costos de los gastos de las enfermedades acaba generando un círculo vicioso de exclusión, marginación y desigualdad. Cada que una familia pobre sin recursos ha de afrontar la enfermedad de uno de sus miembros, costeando por sí misma los gastos, termina siendo más pobre.A partir de la cobertura universal de los servicios médicos, es factible construir sociedades más justas, más equitativas y, por supuesto, más sanas. En ese objetivo se inscribe la propuesta de Obama. Sin embargo, enfrenta en el Congreso múltiples resistencias que tienen que ver, por un lado, con el costo fiscal de su programa y, por el otro y sobre todo, con los intereses privados que se verían directamente afectados de prosperar el nuevo modelo sanitario.Diversos cálculos citados por el semanario inglés The Economist señalan que para ofrecer cobertura sanitaria a dos terceras partes de los 50 millones de personas que no tienen ningún tipo de aseguramiento médico –esto es, unos 33 millones de individuos-, se necesitará un presupuesto de un billón de dólares –un millón de millones. Entre las alternativas para hacer frente a esas necesidades financieras se encuentra un incremento de impuestos del 5.4% a quienes ganan más de 350 mil dólares al año, con lo que se podrían conseguir 500 mil millones de dólares. Por supuesto que los sectores de altos ingresos, los mismos que se vieron beneficiados por la reducción de impuestos en la época de Bush, se oponen a esta medida que afectaría su riqueza.Pero otro flanco adicional de resistencia lo representan las compañías farmacéuticas y aseguradoras, que hasta la fecha han sido las grandes beneficiarias del modelo de salud basado, estrictamente, en las reglas del mercado: tanto tienes, tanto vale tu salud. El esquema actual hace que la sexta parte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se destine al gasto en salud, un negocio multimillonario que se vería acotado de prosperar la iniciativa de Obama. Lo que acontece en estos días no es un simple debate entre diferentes modelos o visiones de gestión del sistema de salud de un país. En realidad se trata de una batalla política fundamental en la que se definirá si el Congreso norteamericano, donde en teoría está representado el pueblo, puede ver por el interés público o si la campaña orquestada desde los poderes fácticos puede derrotar a Obama. El modelo de sociedad estadunidense puede estarse jugando en esta disputa, por ello no puede pasarnos inadvertida.

TRES EPÍSTOLAS

SERGIO AGUAYO QUESADA

El ambiente está tan viciado, que a quienes sacan la cabeza para hacer propuestas les llueven descalificaciones.
Las crisis se enfrentan con ideas, como las incluidas en las cartas escritas por Cuauhtémoc Cárdenas, Santiago Creel y Javier Corral, "Carta abierta a militantes del PRD", "Volver a los orígenes" y "Momento de aprender", respectivamente. Las comento aquí porque dan una señal de los rumbos que podrían tomar el PAN y el PRD. El ambiente está tan viciado, que a quienes sacan la cabeza para hacer propuestas les llueven descalificaciones. Considero esto un error porque, dada la magnitud de nuestros problemas, urgen enfoques novedosos y viables. Lo anterior explica por qué incluyo la carta de Creel: aunque conozco la deteriorada autoridad moral que le dejó su paso por la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox, un personaje cuya frívola patanería crece con el paso del tiempo, hace una autocrítica adecuada en un documento escrito con claridad. La tesis central de los tres autores es que la participación en el poder pervirtió la esencia de sus respectivos partidos. Para Cárdenas, "en sus condiciones actuales", el PRD está "traicionando a sus muertos" y perdiendo "su condición de instrumento de lucha por la soberanía de la nación, el progreso y la democracia". Según Creel, la "mística originaria" de Acción Nacional se fue perdiendo, "al punto de que, hoy, a los ciudadanos les cuesta trabajo saber cuáles son las causas y qué es lo que defiende Acción Nacional". Por su parte, Corral subraya "el abandono de los rigores éticos que plasmaron a la tarea política los fundadores del PAN". Sigue entonces que su principal recomendación sea que ambos partidos vuelvan a sus orígenes y se reconcilien con sus valores y principios primigenios. Califican de urgente esta tarea porque la prioridad es impedir el regreso del PRI a Los Pinos ya que, aseguran, viene estrechamente ligado a los poderes fácticos ya tan fortalecidos durante los años del PAN en la presidencia. Sugieren, entonces, un doble camino: hacia el interior de los institutos políticos y hacia el exterior, en donde recomiendan restablecer los nexos con la sociedad. Los tres documentos tienen debilidades y huecos. Es sólido el razonamiento de que la obsesión con los cargos y la forma en la que los utilizaron una vez obtenidos, los hizo perder su identidad sustituida poco a poco con los valores, usos y costumbres del viejo régimen. Ninguno de ellos acepta que el virus corruptor era parte integral de los ríos de dinero de financiamiento público que fueron obteniendo, sobre todo, a partir de la reforma electoral de 1996. Indispensable que tomen en cuenta este factor porque el dinero los afecta de múltiples formas entre las que estaría, por ejemplo, la calidad de las militancias. Uno de los indicadores más precisos es la caída en las cuotas aportadas por los militantes a las arcas partidistas. Esto significa que un porcentaje importante de quienes se acercan a los partidos ya no lo hace por la coincidencia con el ideario, sino como método para la obtención de contratos o cargos. Si de verdad quieren rectificar, deberá reducirse la cantidad de dinero público que reciben. Difícil porque afectará la fibra más sensible de la existencia partidista. Tampoco toman en cuenta la importancia de que los partidos respeten la independencia de quienes presiden los organismos autónomos. Uno de sus errores más graves fue percibirlos como parte del botín y, en consecuencia, al menor atisbo de querer actuar con libertad les aplican la mutilación o la castración. Al hacerlo, eliminan un contrapeso indispensable como hemos podido ver en la trágica historia del Instituto Federal Electoral, cuya autoridad moral depende de la autonomía y del profesionalismo con los cuales regulen las elecciones. Otra debilidad de las tres cartas está en la pobreza de sus planteamientos sobre la relación entre partidos y sociedad. La enuncian como indispensable pero no la desarrollan, lo que tal vez se debe a que la identidad de los tres autores citados se construyó en el interior de los partidos políticos. En todo caso, es una veta que deberán desarrollar con mayor amplitud. Las reacciones iniciales no fueron buenas. Del PAN y el PRD salió una combinación de silencios, descalificaciones y cinismos. Comprensible la hostilidad porque los reformistas afectan intereses creados y eso es mal visto en cualquier ambiente. Sin embargo, la profundidad de las crisis del PAN y el PRD forzará algún tipo de reacción a éstas y otras inconformidades. La viabilidad del reformismo se vería fortalecida si Cárdenas, Creel y Corral trabajaran de manera simultánea en la inclusión de los puntos de vista de una sociedad que también busca interlocutores entre la clase política. También serviría que consideraran lo que ahora resulta impensable: iniciar un diálogo entre ellos para elaborar una agenda común de aquellas renovaciones que tocan la esencia de toda la vida política.

NO JUGUEMOS CON MÉXICO

FRANCISCO MARTÍN MORENO

La asociación inteligente con los empresarios extranjeros que explotan la industria eléctrica mundial podría representar para México la captación de decenas de decenas de millones de dólares, que no sólo se traducirían en una generosa derrama económica, sino que abatiría nuestros costos de producción haciéndonos mucho más competitivos.
Desechar las alternativas aprovechables para evitar un nuevo cataclismo económico, político y social constituye un juego temerario y peligroso en el que no podemos caer y, sin embargo, nos prestamos por irresponsabilidad, por corrupción política o por traumatismos indígeno-nacionalistas, cuyos orígenes ni siquiera alcanzamos a comprender.
Una de las opciones más lucrativas se encuentra en la explotación inteligente de nuestro subsuelo, aquél al que el poeta se refería cuando afirmaba: “El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo, el diablo.” Si se abriera la industria petrolera en los términos dispuestos por el propio Lázaro Cárdenas a través de una ley emitida en 1939, en la que hacía constar la insolvencia tecnológica y económica de México para explotar nuestros veneros, le podríamos dar la vuelta al país como a un calcetín. De revivir dicho ordenamiento sería posible rescatar a millones de mexicanos de la miseria, sacar a flote a nuestra industria, al comercio, a la academia, empezando un faraónico proceso de reconstrucción y, en el corto plazo, podríamos hacer de México el país que todos soñamos. Los estudios hablan de la captación de 600 mil millones de dólares en ocho años de abrir la industria a la inversión extranjera, tal como ya lo han hecho todos los países del orbe incluido, no faltaba más, el presidido por el marxista-leninista-stalinista-maoísta-brejnevista, ¡uf!, de Fidel Castro, quien se afianzó aún más en el poder al asociarse con compañías extranjeras dedicadas a explotar el subsuelo marino.
¿Cómo es posible que continuemos exportando crudo e importando gasolinas? ¿Se trata de hacer precisamente todo aquello opuesto a la razón? ¿La idea es exportar azúcar para importar caramelos..? Cada barril se puede desdoblar en un producto petroquímico hasta 10 veces superior al precio de un barril de petróleo. ¿Por qué no aprovechamos este valor agregado en lugar de seguir exportando crudo con una torpeza que raya en lo patético? Si México ya no depende del petróleo, ¿por qué casi 40% del Presupuesto federal de Egresos se financia precisamente con dichas exportaciones y con los impuestos mutiladores que el gobierno federal impone a esa paraestatal para después derrocharlos irresponsablemente en gasto corriente? ¿De qué le han servido a los 50 millones de mexicanos que subsisten en la miseria, a los lacandones, a los tarahumaras o a los mixtecos, el hecho de que México haya expropiado el petróleo hace más de 70 años?
Los extranjeros nos cambiaron collares de oro por cuentas de vidrio; nos conquistaron y ultrajaron a nuestras mujeres robándonos todo lo nuestro y explotándonos como animales; nos despojaron de la mitad del territorio nacional; nos impusieron a un emperador austriaco, hasta que Tata Lázaro les arrebató el petróleo haciendo por primera vez justicia a los desposeídos y a las víctimas históricas. ¿Por esa razón la xenofobia?
La asociación inteligente con los empresarios extranjeros que explotan la industria eléctrica mundial podría representar para México la captación de decenas de decenas de millones de dólares, que no sólo se traducirían en una generosa derrama económica, sino que abatiría nuestros costos de producción haciéndonos mucho más competitivos. Sólo que la corrupción política ha impedido sacudirnos de la garganta al sindicato respectivo que permanece anudado como una sedienta sanguijuela que se alimenta con la mejor sangre de la nación. La alternativa nuevamente no se aprovecha. ¿Los casinos? Los casinos constituyen otra opción que podría traducirse en la captación de 10 mil millones de dólares que irían a dar a polos de desarrollo turístico en nuestro país. Sin embargo, todo parece indicar que esta posibilidad también permanecerá embotellada hasta que desaparezca afortunadamente Castro y Cuba abra otra vez casinos arrebatándonos buena parte del turismo de Estados Unidos, canadiense y europeo. Entonces será tarde, otra vez tarde, muy tarde.
El tesoro mexicano se erosiona agresivamente. La recaudación se ha desplomado en buena medida por la crisis internacional y en otra parte en razón de la ineficacia operativa del gobierno de Calderón para combatirla. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que sea imposible sufragar los costos de una nómina pesadísima integrada por millones y más millones de burócratas, unos más incompetentes que otros? El gasto corriente nos asfixia, como también nos asfixia ese 50% de los mexicanos que subsisten en la economía informal, pero eso sí, disfrutan el seguro médico gratuito sin cooperar al financiamiento del gasto público. ¿Solución? Derogar los impuestos a las nóminas, facilitar las contrataciones de puestos de trabajo, generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sin excepción alguna, hacerse de recursos para ayudar a los marginados y gravar el consumo, a lo que nadie puede escapar.
Ahí están las soluciones a la vista, sin embargo, no sólo no se toman, sino que se juega con México y su paciencia… ¿Hasta cuándo..?

REFUNDACIÓN PROGRESISTA

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Durante los actos de campaña arreciaron los cuestionamientos sobre la izquierda. No es fácil responderlos, cuando se dirigen al comportamiento de los partidos o evidencian el abismo que media entre el descontento social y la mediocridad de los mensajes que rehúyen un programa de cambio verdadero.
La réplica es en apariencia sencilla: los partidos no son las ideologías; cuando mucho las simbolizan pero casi siempre las usufructúan. La izquierda, como la derecha, no son organizaciones, sino maneras de ver el mundo, actitudes vitales o coaliciones de intereses. De ahí la expresión original “tomar partido”.
En las democracias occidentales primero fueron las libertades ciudadanas y luego se conformaron los partidos, como una evolución de los clubes y núcleos de resistencia. Aquí procedimos al revés: se promovieron constitucional y económicamente los partidos antes de que se instaurara el sufragio efectivo.
El proceso de apertura y pluralidad se dio bajo el control y en beneficio de los partidos. Ellos deciden la forma de reproducción y reparto del poder, pero se niegan a regular su ejercicio y su devolución a la sociedad. El Estado se ha vaciado de autoridad y los ciudadanos no se sienten representados en el gobierno.
Vivimos una etapa tardía e imprevista de la reforma política de 1979. Entonces se trataba de otorgar espacios a las oposiciones para efectos de distensión. Las reformas que realizamos después las instalaron en el interior de la casa sin desalojar a sus antiguos moradores ni acondicionar el inmueble. Promiscuidad irresponsable de la que se aprovecharon vecinos y transeúntes.
La gente demanda respuestas claras y una acción consecuente: ¿cómo vamos a llegar al gobierno para transformar al país? Si es por la vía electoral se requiere una metamorfosis cabal de los partidos, que suelen estorbar o claudicar. Los ámbitos de poder conquistados pueden ser útiles, pero a menudo sólo prueban que no quieren el cambio de modelo que pregonan.
Escribe Rodríguez Araujo sobre el PRD: “Es imperdonable su incapacidad para aprovechar la crisis que vive el país con propuestas alternativas. Tenían la mesa servida y la volcaron”. Muchos dirigentes no se conducen con la lógica del señor, sino con la del sirviente. Piensan que, pareciéndose a los que mandan, incrementarán su influencia por concesión o contagio. El camaleonismo es, con frecuencia, expresión de un complejo de clase.
Hablan de refundación cuando pretenden una refundición: revolver los mismos componentes en un recipiente más presentable. Otros reconocen su hundimiento en un “pantano” de parálisis y agonía, pero no reparan en las causas del problema, y sólo algunos, como Flores Olea, llaman a una “lucha mucho más profunda e imaginativa, amplia y radical” que colme la “perfecta lejanía” de los escaladores con la sociedad.
El salto en la mitad del ruedo del antiguo caudillo confirma la decadencia. Habla desde una autoridad moral que hace tiempo perdió y a nombre de una izquierda en la que dejó de militar. Sus llamados a la legalidad interna y a la coherencia ideológica revelan una amnesia patética. Le bastaría releer mi renuncia al partido en enero de 2002 para recordar los orígenes de los extravíos que hoy condena.
Bien está que se discuta la creación de un partido-frente y la eventual fusión de las organizaciones existentes. La suma de sus votos hubiese arrojado, mecánicamente, 13 victorias distritales más y modificado los resultados municipales. Es todavía más necesario disipar las confusiones, liquidar el arribismo y redefinir el proyecto.
La cuestión de fondo es la voluntad efectiva de acceder al poder. Los fantasmas de 1988 y 2006 nos persiguen. Nuestra tarea es vincular los planos de la inteligencia, las organizaciones civiles y la movilización social. Refundar las izquierdas, en concepto y capacidad decisoria.

LA JUSTICIA ELECTORAL TRAS EL 5 DE JULIO

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA

Una de las condiciones necesarias para mantener vigente el estado democrático de derecho radica en que las diferencias que se susciten en las contiendas electorales sean resueltas a través de los cauces institucionales estrictamente apegados a la Constitución y la ley.
En México, ese propósito se ha institucionalizado en los tribunales electorales locales y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A través del sistema de medios de impugnación, este último garantiza que los actos de las autoridades electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad, anulando o corrigiendo jurídicamente cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo de los comicios. Además, tutela en todo momento los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Actualmente están en curso 12 procesos electorales locales y uno federal, de los que resultarán los titulares de mil 520 cargos de elección popular. Aun antes del 5 de julio, el TEPJF resolvió 3 mil 777 casos que le fueron presentando durante los primeros meses de los procesos electorales, con lo cual dio certeza a los actores políticos desde las primeras fases de los procesos. Esta cifra representa casi el triple de lo resuelto en el mismo periodo durante el proceso 2002-2003 (mil 388).
Toca ahora el turno de entrar a la resolución de los conflictos suscitados durante las jornadas electorales, los cómputos y los resultados de las elecciones federal y locales.
En cuanto a la elección de diputados federales, los actores políticos disponen de un recurso —el juicio de inconformidad—, a través del cual pueden controvertir irregularidades determinantes en los cómputos electorales, la jornada electoral o, incluso, durante la preparación de los comicios. Si bien estos medios serán resueltos por las salas regionales ubicadas en las cabeceras de cada una de las cinco circunscripciones electorales del país, bajo ciertas circunstancias las decisiones de éstas pueden ser controvertidas ante la Sala Superior, a través del juicio de inconformidad.
En estas elecciones federales se presentaron 86 juicios de inconformidad para impugnar la elección de diputados federales en 67 de los 300 distritos electorales del país. Dichos medios de impugnación deberán ser resueltos a más tardar el próximo 3 de agosto. A partir de la notificación de las sentencias, los inconformes contarán con tres días para interponer los recursos de reconsideración que consideren, los cuales deberán ser resueltos, a más tardar, el 19 de agosto.
Cabe señalar que el recurso de reconsideración también procede, en su caso, contra la asignación de 200 diputados federales por el principio de representación proporcional que realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Ahora bien, en cuanto al ámbito local, el TEPJF es competente para resolver las impugnaciones que se le presenten respecto de los actos o resoluciones definitivos de las autoridades electorales de las entidades federativas. Para ello, los actores políticos disponen de otro medio de impugnación —el juicio de revisión constitucional—, que debe presentarse ante la Sala Superior, tratándose de las elecciones de gobernador, y ante las salas regionales, cuando corresponda al resto de cargos de elección popular locales. Estas impugnaciones sólo proceden cuando se hayan agotado los medios de defensa previstos en las leyes locales y sea posible reparar el daño antes de la fecha fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.
Conviene anotar que las resoluciones recaídas a estos medios de impugnación no tienen efectos menores, ya que puede decretarse la nulidad de una o varias casillas e incluso la de la elección.
Sobre este último punto, la Sala Superior ha establecido jurisprudencia, en el sentido de atender el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. De ahí que la anulación de la votación recibida en una casilla sólo procede cuando se hayan acreditado plenamente las causales previstas en la ley y sea determinante en el resultado de la votación, sin que sus efectos se puedan extender a otras votaciones, cómputos o elecciones no impugnadas en tiempo y forma.
Según se ve, en las próximas semanas y meses, el Tribunal Electoral seguirá siendo garantía de justicia y legalidad de los procesos electorales en curso. Con ello, mantendrá su contribución decisiva en la edificación de la democracia en México, pues la justicia electoral federal asegura que la voluntad popular expresada en las urnas se refleje, con transparencia, en los resultados electorales y en la conformación de gobiernos.

KALAKOWSKI: UNA LECTURA

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOWSKI

Leszek Kolakowski fue un severo y certero crítico de los mal llamados "socialismos realmente existentes". A la pregunta "¿Qué es el socialismo?", como lo recordaba Jesús Silva-Herzog Márquez, no sin una gracia triste contestó subrayando lo que no era: "El socialismo no es... un Estado que desea que todos sus ciudadanos tengan la misma opinión en filosofía, política extranjera, economía, literatura y moral; un Estado cuyos ciudadanos no pueden leer las más grandes obras de la literatura contemporánea...; un Estado en el cual los resultados de las elecciones siempre son predecibles; un Estado que posee colonias en el extranjero; una nación que oprime a otra nación;... un Estado que distingue difícilmente una revolución social y una invasión armada...; una sociedad de castas...". La lista que enumeraba buena parte de las características de la Unión Soviética y de los países que giraban en su órbita era mucho más extensa, pero terminaba con un giro irónico: hasta aquí, decía Kolakowski, enumeré lo que el socialismo no es. ¿Pero qué sí es? "Una cosa muy buena", se contestaba.
("¿Qué es el socialismo?", Vuelta 108, noviembre 1985, p. 61). El ingenioso juego de Kolakowski era útil para develar el carácter profundamente autoritario de la URSS y los países del Pacto de Varsovia, pero también para contraponer la realidad del "socialismo" al ideal del socialismo. No creía que la situación de los países del este europeo y la URSS pudiera explicarse sin la fuerza de las ideas marxistas, pero tampoco sólo por ellas. "El comunismo no es ni el 'marxismo en acto' ni una simple negación del marxismo". Reconocía que entre las intenciones de Marx y los resultados prácticos de quienes decían aplicarlas había una marcada diferencia, pero esa constatación le resultaba "fácil y estéril". ("Filosofía marxista y realidad nacional", Vuelta 50, enero de 1981, p. 4).
Creo que la principal crítica de Kolakowski al marxismo (y en menor medida a Marx), como a cualquier otra ideología con pretensiones omniabarcantes, era la de responder a una sola pulsión, a una sola lógica, que al no mezclarse y conjugarse con otras necesidades y fórmulas de entendimiento de la realidad derivaba forzosamente en un dogma insensible a la complejidad de las relaciones humanas. Recuerdo haber leído una entrevista con él -que no puedo recuperar- en la cual se definía como un socialista en la economía, un liberal en la política y un conservador en el terreno cultural. Resultaba provocador, aunque sería difícil estar de acuerdo dado el deslinde tan radical entre distintas "esferas" de la vida, que sólo en términos analíticos puede hacerse. Lo que era sugerente era el intento de conjugar tradiciones disímiles y encontradas.
En "Cómo ser un conservador-liberal-socialista" intentaba aprender lo fundamental de esas poderosas corrientes ideológicas, para eventualmente (lo decía en broma, por sí algún lector anda distraído) construir una Internacional, cuyo lema sería el de algunos choferes de tranvía en Varsovia: "Avanzando hacia atrás, por favor". (La modernidad siempre a prueba. Traducción: Juan Almela. Ed. Vuelta, México, 1990. p. 299-302).
Del pensamiento conservador rescataba (1) la noción de que los valores de la modernidad no podían tener vigencia plena y absoluta. "Las cosas buenas se estorban o se cancelan unas a otras... La existencia de una sociedad sin libertad ni igualdad es perfectamente posible; no lo es, en cambio, la de un orden social que combine de modo absoluto la igualdad y la libertad, la planeación y el principio de autonomía". (2) La función que juegan algunas instituciones tradicionales ("la familia, la nación, las comunidades religiosas") para hacer "más tolerable la vida". "No hay bases para creer que al destruir estas formas... mejoramos nuestras posibilidades de dicha, paz, seguridad o libertad". (3) La sana duda de que seamos capaces de desterrar las pulsiones negativas de los hombres, para substituirlas por "la hermandad, el amor y el altruismo".
De las corrientes liberales salvaba (1) la necesidad de contener al Estado para que no avasalle la libertad de los ciudadanos, (2) el reclamo para mantener vivas las iniciativas individuales y (3) la aspiración de que no sean abolidas todas las formas de la competencia, fuente de "creatividad y progreso".
Y del pensamiento socialista aplaudía (1) la pretensión de "limitar la libertad económica a favor de la seguridad y evitar que el dinero produzca, automáticamente, más dinero", (2) la crítica a todas las formas de desigualdad y (3) la intervención sobre la economía de tal suerte que se atemperen las desigualdades. "Debe afirmarse la tendencia a sujetar a la economía mediante controles sociales, ejercidos, ciertamente, en un contexto de democracia representativa".
En suma, Kolakowski creía (y con razón) que aferrarse a una sola estela de pensamiento invariablemente conducía a la ortodoxia. Y que ésta siempre terminaba generando visiones unidimensionales e inclementes.

UN FRACASO MONUMENTAL

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

La utilización de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública ha resultado un rotundo fracaso. El recrudecimiento de la violencia en los últimos días, y sobre todo en aquellos estados con mayor presencia militar como Chihuahua y Michoacán, demuestra que los militares no son más efectivos que los policías en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.La “toma” de Ciudad Juárez por los militares a partir de febrero no ha tenido los efectos esperados. Después de una reducción temporal en la cantidad de asesinatos, la violencia se ha repuntado en los últimos meses. Hoy, en promedio mueren de forma violenta seis personas al día en esta ciudad fronteriza. En una encuesta levantada por El Diario de Ciudad Juárez en mayo pasado, más de 54% de los entrevistados dijeron que la inseguridad y la violencia en esa área ha empeorado en 2009 con respecto al período correspondiente al año pasado. El excelente reportaje de Marcela Turati publicado en la edición 1706 de Proceso resume de manera elocuente el fracaso del “experimento” en Juárez.Las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas siguen en franco aumento. Incluso el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, declaró en su comparecencia ante el Congreso el martes 14 que “la situación de Ciudad Juárez es un ejemplo de la necesidad de que el gobierno federal replantee su estrategia de seguridad pública, ya que la actual no parece rendir los resultados esperados. Es preocupante que el despliegue de las fuerzas federales no haya detenido la violencia que genera el crimen organizado y el narcotráfico. Por el contrario, ha dado como resultado innumerables quejas por presuntos abusos contra personas inocentes”. Los recientes informes de Human Rights Watch, así como los reportajes de The Washington Post y Los Angeles Times sobre el tema, tampoco dejan lugar a dudas. Casos como el del artero asesinato del luchador social y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Manuel Arroyo, el pasado 29 de mayo, y los recientes asesinatos de dirigentes mormones de la comunidad de Le Baron, simbolizan nítidamente lo que ocurre ante el caos y la falta de legalidad que imperan en el país.Con la militarización de la lucha contra el narcotráfico le ha salido el tiro por la culata al gobierno de Felipe Calderón. La presencia de los militares en las calles no ha provocado más orden, sino mayor confusión entre la sociedad. Una ciudadanía acostumbrada a ser amenazada por armas largas a plena luz del día es una población sumamente vulnerable a los ataques del crimen organizado. Pareciera que el objetivo del gobierno es que los ciudadanos perdamos nuestra capacidad de asombro, de denuncia y de protesta.La situación actual es particularmente grave, ya que no queda claro a quién podríamos recurrir después del fracaso de las Fuerzas Armadas. La derrota definitiva de los militares dejaría abierto el camino para la propagación de milicias ciudadanas de autodefensa, tal y como ha ocurrido ante la total ausencia de la protección del Estado, por ejemplo, en las favelas de Brasil. Sin embargo, esta “solución” sólo genera mayores problemas, pues finiquita cualquier apariencia de un Estado de derecho y nos acerca a la barbarie.El sistema de procuración de justicia del país también se encuentra en un estado desastroso. El abuso de la figura del arraigo evidencia la falta de desarrollo de un sistema de inteligencia criminal eficaz. En lugar de detener a los delincuentes una vez que la autoridad cuenta con información fidedigna respecto a los delitos cometidos, el gobierno prefiere capturar primero a los sospechosos e investigar después. Amén de ineficiente, esta estrategia implica una evidente violación a los derechos de los acusados.Los gobiernos neoliberales siempre han insistido en que las cuestiones sociales tienen que empeorar antes de mejorar; argumentan que el sufrimiento producido en el corto plazo por la reducción del gasto público, la desregulación económica y la privatización de las empresas públicas desembocará en una mejora significativa en la economía en el largo plazo. Sin embargo, la terca realidad siempre ha desmentido este falso postulado, pues hemos visto que el dolor y los sacrificios solamente se han agravado más a partir de las recurrentes crisis de las últimas tres décadas.Algo similar ocurre con el actual discurso con respecto a la seguridad pública. Una vez más, nuestros gobernantes buscan vendernos la necesidad de sacrificios en el corto plazo a cambio de una vaga promesa de paz y estabilidad en el futuro. Así como el agravamiento del hambre en el campo supuestamente sería un indicador del éxito de las estrategias de “ajuste estructural”, el aumento de la violencia, hoy, supuestamente revelaría el éxito de la estrategia de combate al crimen organizado. En ambos casos el gobierno miente en su afán por apaciguar a la ciudadanía.Una vez más la opacidad sigue siendo la regla de oro. La cobarde negativa del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la vergonzosa complicidad del PRI al respecto, recuerdan la negativa del gobierno federal para esclarecer las operaciones de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante los noventa. En ambos casos el PRI y el PAN se alían con el fin de blindar el manejo del Estado mexicano del escrutinio público y la rendición de cuentas.Así como ante la crisis financiera global resulta evidente que urge una transformación radical en la estrategia de desarrollo económico, también se requiere de un giro de 360 grados en la estrategia de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico en el país. De otra forma, los cimientos básicos del Estado moderno y de la democracia continuarán estando en riesgo.

LA ALIANZA PVEM, LAS TELEVISORAS Y ATLACOMULCO

JENARO VILLAMIL

Esa anomalía política llamada el Partido Verde Ecologista de México fue nuevamente objeto de la polémica en el seno del Instituto Federal Electoral, organismo donde los niños del tucán también tienen a su servicio a un consejero. El debate de este martes se centró por una nueva sanción de 1 millón 206 mil 38 pesos para este organismo y una cantidad exactamente igual para Editorial Televisa, empresa que publica TV y Novelas, así como 425 mil 248 pesos para Televimex, la concentradora de los canales 2, 5 y 9 donde se transmitieron, del 12 al 15 de junio, otra serie de spots disfrazados de promocionales a la revista dedicada al espectáculo. Estas sanciones se suman a los 4 millones que antes definió el IFE contra el PVEM y una cantidad similar para Editorial Televisa, así como 5 millones para Televimex por los promocionales transmitidos del 3 al 11 de junio donde apareció el actor Raúl Araiza promoviendo la pena de muerte y otra serie de consignas que inventó el partido de la familia González Torres para ganar rating y votos. En el caso de la nueva sanción, es muy claro que disminuyó sustancialmente el monto de la multa a Televimex, es decir, a los canales pertenecientes a Televisa. Algo similar puede suceder el próximo jueves si las intensas presiones que han ejercido personeros de TV Azteca en contra de consejeros del IFE logran que disminuya uno de los proyectos de sanción más importantes que se preparan en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego por violar reiteradamente durante 28 días la normatividad electoral. En ambos casos, el PVEM juega un papel central como una filial ya no sólo del PRI sino, sobre todo, de las dos grandes empresas televisivas. En el seno del Consejo General, el representante de éste partido, Jesús Sesma, quien también se presenta como vocero de los verdes, fue antes representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el organismo cúpula de los concesionarios que es dominado por las televisoras. Y para documentar más su actuación como cabildero de las televisoras, el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Torres, después de sostener un encuentro de fin de semana con Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, demandó a sus "socios" legislativos que le entreguen la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. Para cerrar la pinza de los acuerdos de mutuo beneficio y protección entre el PVEM, el PRI y las televisoras, ayer fue designado como coordinador de la bancada de los 22 diputados "verdes" de la LXI Legislatura Juan José Guerra Abud, un personaje vinculado al exsecretario de Finanzas del estado de México, Luis Videgaray. Videgaray es uno de los Golden Boys que ascendieron al control político y financiero del estado de México de la mano de Arturo Montiel y que juega un papel fundamental en las redes de protección de Enrique Peña Nieto, el verdadero candidato presidencial de la pantalla. Guerra Abud también fue secretario de Desarrollo Económico cuando César Camacho fue gobernador del estado de México y en 1999 se sumó a la campaña de Arturo Montiel. En 2007, Guerra Abud fue invitado a participar en el Consejo Mexiquense de Infraestructura, el organismo creado por Peña Nieto para darle un papel fundamental como árbitro de los grandes negocios en la entidad a su tío y exgobernador, Alfredo del Mazo González. De esta manera, el próximo coordinador de la bancada del PVEM será la pinza perfecta para afianzar los negocios entre el Grupo Atlacomulco –la dinastía que controla la vida política, económica y social del estado de México-, su gobernador Enrique Peña Nieto y las televisoras que se han beneficiado con multimillonarios contratos de promoción personal.

LA PEQUEÑA GUERRA QUE CRECIÓ

LORENZO MEYER

"El enfoque original de la ´guerra contra el narcotráfico´ fue norteamericano. ¿No sería útil uno mexicano?"
La pequeña guerra que creció El principio. Actualmente, tanto el discurso oficial como las crónicas sobre el conflicto entre el Estado mexicano y las organizaciones de narcotraficantes, se refieren al mismo como una guerra. Si por ésta se entiende un estado de hostilidad intensa entre fuerzas opuestas, entonces se debe concluir que hace tiempo nuestro país es escenario de una guerra entre las instituciones de Gobierno, Ejército, armada y policías, y los cárteles de la droga. Generalmente es posible saber cuándo y por qué se inician las guerras. Una peculiaridad de este caso es que resulta difícil fijar con precisión la fecha en que una mera serie de operaciones rutinarias de la autoridad contra productores y traficantes de sustancias prohibidas se transformó en una guerra que, en su última fase, los 32 meses del Gobierno de Felipe Calderón, ya ha cobrado la vida de más de 12 mil mexicanos. El inicio. En el inicio, la naturaleza y característica de la lucha fueron determinadas por Estados Unidos, cuya presión dio origen a la convocatoria para formar una Comisión del Opio en Shanghai en 1909 y a la Convención Internacional del Opio celebrada en La Haya en 1912. Ahí, 11 gobiernos acordaron prohibir el comercio del opio, la cocaína y la heroína. En realidad, Inglaterra y Francia habían creado el problema que pretendían resolver con ilegalizar lo que antes habían fomentado al obligar a China a comprar y consumir opio a lo largo del Siglo 19, un comercio del que también se benefició Estados Unidos. Sin embargo, al inicio del siglo pasado, esas potencias se alarmaron al comprobar que su codicia había dado vida a un monstruo dentro de ellas mismas. Hoy la lucha sigue sin que ninguna autoridad nacional o internacional haya atinado a resolver realmente un problema que ya es universal. México. Hasta los 1960 la producción, consumo y comercio de las drogas prohibidas, que ya incluían la marihuana, era un problema menor entre nosotros. La exportación de drogas al mercado norteamericano era una operación modesta, básicamente en manos norteamericanas. El carácter actual del problema se inició en los 1970; cuando México, empujado por el Gobierno de Washington y sin darse cuenta del tipo de conflicto en el que entraba, inició "la guerra". Froylán Enciso, un estudioso del tema, ha calificado lo que sucedió a partir de entonces como "la fundación de una cultura y un estilo de vida que, con el tiempo, mermó la imagen del Gobierno mexicano", "Drogas, narcotráfico y política en México: protocolo de hipocresía" en Una historia contemporánea de México, T. 4, pp. 183-245. En México, ha sido siempre la presión norteamericana la que ha marcado el ritmo e intensidad con que se ha desarrollado la guerra contra el narcotráfico. Ante el incremento en el consumo de drogas en los Estados Unidos, en junio de 1969, México se comprometió con su vecino del norte a combatir el "problema global de las drogas". Pero, como Washington no pudo resistir explotar la ocasión, de manera políticamente espectacular y absolutamente unilateral, en septiembre puso en marcha la "Operación Intercepción", OI, que, con el pretexto de interceptar las drogas provenientes de México, dislocó la vida de la frontera común y humilló a un Gobierno particularmente cooperador con Estados Unidos: el de Gustavo Díaz Ordaz. Lo que la OI buscó fue dejar en claro que la raíz de la drogadicción estaba en sistemas políticos como el mexicano, que por su ineptitud y corrupción, no detenían la producción y el tráfico de los estupefacientes que corrompían a la juventud norteamericana. El inicio de una "espléndida pequeña guerra". "A splendid little war" llamó John Milton Hay, entonces Secretario de Estado, a la guerra que libró Estados Unidos contra España en 1898. A juzgar por los propios documentos norteamericanos, en Washington quisieron creer que algo similar tendría lugar en México si se obligaba a su Gobierno a resolver por la vía de la acción armada el problema que presentaba la producción de mariguana y cocaína para el mercado norteamericano. El 15 de agosto de 1975, se presentó un reporte interno del Gobierno norteamericano sobre la oferta de heroína elaborado para la Drug Review Task Force, Declassified Documents Reference System, N° CK3100097267. México, aseguró ese documento, era ya la fuente principal de heroína, 77 por ciento para el mercado norteamericano al punto que ya había sustituido a la "conexión franco-turca" en ese campo. Hacía ya 30 años que México cultivaba amapola y procesaba la heroína para el mercado estadounidense, por eso pudo sustituir a los proveedores asiáticos y franceses. Ya en 1947, las agencias norteamericanas habían detectado la existencia de 10 mil campos de amapola al norte de Culiacán. Sin embargo, por mucho tiempo la tarea de localización y destrucción de esos plantíos nunca estuvo a la altura de la extensión del problema, en los 1950 apenas se destruyeron anualmente entre 40 y 80 hectáreas de amapola y en el decenio siguiente 400. Y es que en los 1960 sólo se habían empleado en la tarea de localización de plantíos dos helicópteros y tres aviones ligeros. En un memorándum elaborado cuatro meses antes, el 15 de abril de 1975, Declassified Documents Reference System, N° CK3100112800, el Departamento de Estado ya había señalado el camino a la "solución final" del problema. Partía del supuesto que, pese a la tensión causada, la "Operación Intercepción" había valido la pena porque México ya "estaba siguiendo un vigoroso programa de destrucción de narcótico". El resultado final del programa dependía simplemente de poder transportar "a tiempo" a los policías federales y efectivos del ejército que debían destruir los plantíos de amapola y mariguana. A la Embajada realmente le entusiasmaba que el Gobierno mexicano estuviera dispuesto a instalar retenes en los caminos de las zonas productoras e imponer penas de cárcel no menores a cinco años a los acusados de narcotráfico. Lo mejor de todo, según tan optimista informe, era que el vecino del sur destinaba ya ¡24 millones de dólares anuales en el programa de erradicación! aunque para la otra cara del problema, la prevención y tratamiento de adictos mexicano, apenas se gastarían 1.6 millones de dólares. Obviamente las prioridades en la materia eran más norteamericanas que mexicanas. Desde la esperanzada perspectiva que hace 34 años dominaba en Washington, el obstáculo a superar para que un México cooperador dejara de ser el proveedor creciente de "substancias narcóticas ilegales" para el mercado norteamericano, era algo realmente sencillo: acabar con "la insuficiencia de material y personal entrenado [para usarlo] en México". Era ahí donde debía entrar la "ayuda" norteamericana. Los documentos citados implicaban que la estrategia básica, identificación, destrucción del cultivo y cárcel para los responsables, consistía en que México pondría a los combatientes y Estados Unidos los aparatos. Por otra parte, apenas si hubo una mención sobre qué hacer con los campesinos implicados en la economía de la producción de drogas y ésta consistió en recomendar algo tan simple como irreal: un programa educativo para alentar la sustitución de ¡amapola por frijoles y maíz! Obviamente una recomendación de esa naturaleza sólo buscaba llenar el expediente pues la estrategia real se basaba en el unilateralismo: si lo básico era poner fin a la oferta, el camino más simple y directo era el de la fuerza. Cómo se iba a resolver en México el problema de cambiar la economía campesina de la amapola y la marihuana por la del maíz y el frijol, era algo que realmente a Washington no le importaba. Una solución que no lo fue. Para 1975 Estados Unidos creyó haber encontrado la manera de terminar con el narcotráfico mexicano por la vía de la mera intensificación de la destrucción de plantíos y aumento de las penas a los infractores. Desde entonces han transcurrido más de 30 años y la estrategia sigue siendo básicamente la misma, la diseñada por Washington, pero el problema no se ha resuelto. La "espléndida pequeña guerra" imaginada hace 34 años se ha convertido en un fracaso interminable que obliga a repensar el problema desde una perspectiva más compleja y realista por lo que se refiere a la ética, a las economías del consumo y producción de lo prohibido y a las debilidades institucionales de los gobiernos involucrados. Primero se deben identificar las estrategias que cuadren a los intereses de México como nación y sistema político, independientemente de lo que convenga a Estados Unidos. Después, y sólo después, se tendría que negociar la fórmula que hiciera compatibles esos intereses nuestros con los de la gran potencia.

ANTIMATERIA ELECTORAL

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

El fenómeno del movimiento por la anulación del voto, por ejemplo, es un hecho que no puede ni debe pasar desapercibido.
Las elecciones pasaron y, como siempre, nos dejan una cauda de aprendizaje que corre el riesgo de quedarse en anécdota y memoria si no hacemos algo para convertirla en experiencia histórica y en corrección de caminos.
Frente a los hechos, hay muchas formas de reaccionar, desde las más inteligentes, que exploran lecturas de lo sucedido y asumen los hechos como ocurrieron, hasta las más disparatadas, por ejemplo, tratar de desvirtuar lo sucedido.
En materia de comicios, el electorado, como cuerpo difuso pero existente, desagregado aunque, poderoso, no se equivoca: elige. A algunos puede no gustarles la elección y, cada uno, como ciudadano, haber votado de manera diferente a la mayoría, pero aplicar la noción de error es un error en sí mismo. Errar presupone una forma correcta de hacer las cosas y, en materia de elecciones, no existen modelos adecuados, sino una historia que está por hacerse.
El fenómeno del movimiento para la anulación del voto, por ejemplo, es un hecho que no puede ni debe pasar desapercibido. Está ahí y, lo más importante, resultó muy superior en número a los de varios de los partidos que quedaron en el borde de perder su registro.
En una primera lectura, somera y prima facie, podemos decir que existen más ciudadanos convencidos de la poca eficacia de los partidos constituidos que quienes se consideran representados por el segmento menos favorecido en las preferencias electorales.
Esta es una llamada de atención que deja las cosas absolutamente claras: nuestro sistema representativo no está cumpliendo con las expectativas de un sector amplio de la población y se requiere estudiarlo, crear conciencia y trabajar en ese sentido. También es necesario decir que estas elecciones demostraron que la ciudadanía sigue avanzando y conquistando más terrenos de decisión, a contramano de los partidos, que no parecen a la altura de las circunstancias.
Me pregunto si, en el imaginario utópico de la política, no cabría añadir un recuadro más en las boletas electorales, uno en el que los electores, con independencia del partido que eligieran, pudieran señalar aquel que consideran que, por su desempeño y calidad, mereciera perder el registro.
No sería poca cosa y sí un interesante experimento para ver cómo los ciudadanos, fuera de las negociaciones opacas y transitorias, nos permitiéramos depurar nuestro sistema de partidos. Crear algo así como la “antimateria” electoral, pues si nuestro voto consolida partidos, válido es también que los desaparezca.
Imaginemos una campaña electoral regida, no por el deseo de conquistar el voto a cualquier precio, aun al de prometer lo que bien se sabe que no se puede cumplir, o más allá de las descalificaciones sino una campaña dominada por el terror al castigo del ciudadano. Imaginemos lindas purgas partidistas en las que los líderes de los partidos denunciaran a lo peor de su grey, a las promesas del “ahora me portaré mejor”, “ahora sabré escucharte”. Imaginemos a los partidos pasando las mismas penurias y preocupaciones que padecemos todos los ciudadanos cuando trabajamos y tratamos de que nuestro desempeño esté a la altura de nuestra institución, nuestros jefes o nuestros clientes. Si ellos no perdonan y no se tientan el corazón para censurarnos, ya vendría siendo tiempo de que nosotros tampoco lo hiciéramos con los partidos.
En fin, una notita más en el concierto electoral, al menos para ir pensando.

¡VIVA JUÁREZ, MIL ECOS SE REPITAN!

HERMILIO LÓPEZ-BASSOLS

En ocasión de la conmemoración del natalicio del presidente Juárez, un dilecto amigo, hombre de integridad probada y de acendrado patriotismo, Guillermo Cosío Vidaurri, un artículo titulado: "¡Honremos a Juárez!". Lo leí con mucho detenimiento y coincidí en varios de sus conceptos. Es por ello que mañana, 137º. aniversario de su fallecimiento en Palacio Nacional, reitero, con el propio lenguaje de GCV, su mensaje que a todos convoca. Lo hago cuando el embate neo-conservador se agudiza y el nombre del Benemérito se trata de excluir de la cúspide de nuestro Panteón nacional por sus mismos adversarios ideológicos de ayer que tratan de borrar así, uno de los perfiles fundamentales de la identidad mexicana, la gesta de los Hombres de la Reforma. Examinemos solo lo que el incompetente gobierno federal ha hecho para celebrar precisamente en estos días los 150 años de la expedición de las Leyes de Reforma. Cito a Roeder, biógrafo excelente del Patricio "entre el futurismo del mandatario americano y el porvenir de su patria, entre la enajenación del territorio y la nacionalización de los bienes del clero, no era dudosa la alternativa...", Juárez dictó en Veracruz las Leyes de Reforma, las que en la Explicación de Motivos, dice: "pretendían despojar al clero de los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio..". Hoy el clero ha vuelto por sus fueros, el Vaticano recibe de México la mejor mesnada de país alguno; sus representantes participan inpunemente en la vida política nacional; han arrebatado la educación en todos sus niveles para formar cuadros que tienen una visión anti-histórica de la patria, que es la misma que la del partido en el poder. Baste oír el reclamo por impartir religión en las escuelas públicas por parte del clero político.Y agrega GCV, "la animadversión de un oscuro presidente de la República -de cuyo nombre no vale la pena ni acordarse- sacó el retrato de Juárez de Los Pinos, queriendo con ello borrarlo de la iconografía gubernamental. Al no conseguirlo, como era su propósito, urdió, en asociación con legisladores sin conciencia, una maniobra legaloide para tratar de obtenerlo, modificando al efecto la Ley Federal del Trabajo, para hacer a un lado algunas fechas que implicaban la fastuosidad de destacadas efemérides nacionales como los aniversarios de la Revolución Mexicana, el de las Constituciones de 1857 y 1917, el de la Expropiación Petrolera y además, claro, y ese era el fin primordial, el del natalicio del indio de Guelatao.Siguiendo la costumbre americana de la cual él era y seguramente sigue siendo su más ferviente admirador, hizo de los festejos nacionales simples días de asueto para que la holganza propia de un "puente" vacacional fuera borrando cualquier pretensión de conmemorar los fastos nacionales. Su insano propósito, pese a los intentos gubernamentales para consumar la idea, no se ha conseguido".Cierto, un profesorado formado en escuelas públicas, liberal, sigue su labor de enseñanza de la época mexicana más importante del siglo XIX ¿pero qué ocurre en las numerosas escuelas clericales y muchas de las privadas? El embate contra los principios juaristas se acentúa con la complicidad de una Secretaría de Estado que ha mostrado por nueve años la absoluta incapacidad de sus titulares.Y no olvidemos que la contribución más sobresaliente de Juárez a México no está solo en las Leyes de Reforma que emancipan definitivamente al Estado mexicano, sino en su victoria diplomática, política y militar contra la intervención extranjera.Atrás con el obscurantismo que impregna parte de nuestra sociedad; atrás con la entrega formal de nuestra soberanía a intereses extranjeros; atrás con la pérdida de dignidad ante las acciones represivas de nuestro vecino y socio cercano; atrás con un clero político que usurpa funciones bajo la tolerancia del Estado.

DEBE RESGUARDARSE LA SOBERANÍA EN LOS TRATADOS

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Siendo que la soberanía del Estado mexicano es un derecho fundamental y un interés vital, vinculado con su propia existencia, es preciso que los representantes mexicanos que intervienen alrededor de la celebración y aprobación de los tratados internacionales, en los que México tendrá el carácter de Alta Parte Contratante, cumplan con sus deberes de apego a principios constitucionales básicos y den seguimiento a todo lo que sea necesario para que no se vulnere la soberanía mexicana.Como se desprende de los artículos 76, 89 y 133 constitucionales, en nuestro país, el consentimiento del Estado mexicano en los tratados internacionales está depositado en el Presidente de la República, a quien corresponde la celebración de los tratados, y en el Senado de la República, al que le compete su aprobación.El Presidente de la República suele encomendar a personas físicas que lo representen en todas las tareas relacionadas con la celebración de tratados y su firma. Respecto de estos representantes, es necesario que encomiende todo lo relativo a preparación, negociación, redacción y revisión a funcionarios, expertos en todo lo relativo a los tratados internacionales. Esos expertos deben tener necesarias cualidades para el desempeño de su misión, entre las que citamos: conocimientos teóricos y prácticos en derecho internacional, política internacional, economía internacional, diplomacia, historia de las relaciones internacionales. Además, deben poseer inteligencia, talento reconocido, amplia experiencia, habilidad para negociar y obtener equilibrio entre prestaciones y contraprestaciones que se pacten, alto concepto de la dignidad nacional, saber salvaguardar los intereses nacionales y abstenerse de contraer compromisos que pudieran cercenar la libertad de nuestro país para actuar en el futuro con decisiones propias. Deben tener conocimiento amplio y detallado de las normas jurídicas constitucionales y ordinarias para que se abstengan de vulnerarlas. Han de tener un patriotismo a toda prueba para fundar su criterio y se han de apegar a las instrucciones recibidas. Han de agudizar su perspicacia para descubrir peligros de pretensiones hegemónicas. Nunca deben olvidar la enorme responsabilidad que significa representar el país en una negociación internacional tendiente a la celebración de tratados.En lo que hace al Senado de la República, la aprobación o rechazo de un tratado internacional, requiere la votación de los senadores. La aprobación del Senado no es un mero trámite o formulismo. Cada senador, antes de emitir su voto deberá revisar si en el tratado están salvaguardados los intereses superiores del país; si los plenipotenciarios no se han excedido en sus atribuciones; si los compromisos contraídos no se oponen a la Constitución o a las leyes que de ella emanen, o a otros compromisos internacionales; si en el futuro pudieran suscitarse dificultades graves en el cumplimiento del tratado o si pudiera volverse muy oneroso o perjudicial; si ha habido cambio de circunstancias entre el momento de la negociación y firma del tratado y la fecha posterior en que se emitirá la aprobación del tratado; si han concurrido o no vicios de la voluntad como el error o la violencia, representada ésta por presiones ajenas ocultas, o conocidas; si hay equilibrio entre prestaciones y contraprestaciones; si hay disposiciones oscuras en el tratado; si hay dificultad en la interpretación de lo dispuesto en el tratado; si deben rechazarse una o varias cláusulas del tratado, a través de las reservas que está capacitado el Senado para formular; si el tratado contiene, como es necesario, que contenga una cláusula de salida, que es el retiro unilateral del país, cuando así le convenga. Sin esta cláusula de salida, el tratado vinculará al país contra su voluntad, y para liberarse requeriría el consentimiento concurrente de otro u otros Estados.La Constitución y la soberanía deben resguardarse al celebrar y aprobar todo tratado internacional. Una vez celebrado y aprobado, obliga a nuestro país y no puede argumentarse, a posteriori, que no se acatará, porque la Constitución tiene una jerarquía mayor que la correspondiente a los tratados. Esto vale para el Derecho Interno pero no es argumento aceptado en lo internacional.

BRAVUCONADA INNECESARIA

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Qué bueno que hayan limado asperezas el Gobierno del Estado de Michoacán y la Secretaría de Gobernación, porque persistía en el ambiente jurídico y político la sombra de un desaguisado. En efecto, hace pocos días y después de un señalamiento severo del Gobernador Leonel Godoy en el sentido de que el Gobierno Federal, con las acciones que todos conocemos, vulneraba la libertad y soberanía de su Estado, la Secretaría de Gobernación adujo que lo que hizo no fue una invasión de competencias, que se tuvo que actuar de manera inmediata para proteger a los miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Federal, en legítima defensa de ellos, y que a mayor abundamiento el artículo 43 de la Constitución señala que Michoacán es parte de la Federación. Desde luego es parte de ella pero Gobernación omitió otro artículo que está muy por encima del anterior, y que es el 40, que determina categóricamente que los Estados que conforman la Federación "son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior". Lo que significa que con los lamentables hechos señalados anteriormente sí se alteró el Pacto Federal, vulnerándose la soberanía de Michoacán porque aunque el del caso sea un problema nacional lo es primordialmente de aquél Estado.Ahora bien, yo no tengo la menor duda de que el señalamiento enérgico del Gobernador Godoy contribuyó al hoy inicial entendimiento entre el Gobierno Federal y el de Michoacán. Lo desconcertante es que después de encabezar una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional Gómez Mont dijo que en la "lógica primaria" de lo acontecido en Michoacán "no estaba enfrentar al Estado", añadiendo en el acto que "lo están haciendo indirectamente". Es que ni siquiera indirectamente el Gobierno Federal debe enfrentar al de Michoacán, y es una barbaridad que el coordinador del Estado Mexicano de Derecho lo sugiera aunque sea de forma velada. El deber del Gobierno en respeto absoluto a la Constitución es proteger y garantizar la invulnerabilidad del Pacto Federal. Pero lo que más causa asombro y desconcierto es la bravuconada del Secretario de Gobernación. A qué viene eso de: "Señores, los estamos esperando, métanse con la autoridad y no con los ciudadanos; esa es la invitación que les hacemos". No tiene pies ni cabeza. Es que tampoco se deben meter con la autoridad, aparte de lo absurdo y equivocado de invitarlos a ello. Cómo se le ocurre a Gómez Mont. ¿No se da cuenta de que su bravuconada es altamente provocadora? ¿Y de qué se trata, de provocar o de poner las bases para resolver la gravísima crisis de seguridad por la que atraviesa México? Godoy fue en cambio cauto y prudente. Lo que se busca, sostuvo, es realinear la coordinación entre las fuerzas federales y las estatales de seguridad, mejorar la comunicación entre el Gobierno Federal y el estatal, neutralizar a los delincuentes y no a las instituciones. De acuerdo. Qué contraste con la bravuconada.Es preocupante que el responsable de la política interior del país no haga uso de otra clase de habilidades, siendo un hombre inteligente y con una reconocida capacidad profesional en el litigio. Su primera responsabilidad, y más como abogado, es la de velar por la constante presencia del Estado de Derecho en la nación. El tacto, la prudencia, son fundamentales, incluso con los peores enemigos. Pero hay algo más. La invitación que les hace Gómez Mont a los miembros de La Familia (dijo "les hacemos") involucra obviamente al Gobernador Godoy. O sea, lo compromete con algo que no se sabe si a él le parecerá necesario o conveniente. Y todo indica que no. En otros términos, invalida la libertad y soberanía del titular del Poder Ejecutivo de un Estado. ¿Y qué pasa con el artículo 40 de la Constitución? Cosío Villegas pensaba que el estilo personal de gobernar incide de manera directa en beneficio o perjuicio del pueblo. Y no se vale manejar un estilo que atenta contra el pueblo. Si La Familia acepta la invitación del Secretario de Gobernación, que ganas no le han de faltar, el perjudicado inmediato será el Gobierno de Michoacán con repercusiones gravísimas en el pueblo michoacano. ¿A dónde lleva o llevaría esto? A un creciente derramamiento de sangre. Así no se ayuda a Michoacán ni al resto del país.El próximo viernes 31 de julio se llevará a cabo en la ciudad capital de Morelia la siguiente reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. Yo creo que es deseable que en las bases de la coordinación del Gobierno Federal con el estatal en materia de operativos de combate a la delincuencia, se precise con cuidado que no hay un reto ni una provocación de la autoridad. Lo que debe haber es un firme propósito de respetar la Constitución y las leyes secundarias, de aplicarlas por respeto al pueblo y en bien del pueblo. Y que nadie invite en nuestro nombre a una mayor destrucción.

CUIDADO CON LOS CANGREJOS

ALEJANDRO GERTZ MANERO

Los cangrejos se han hecho de fama por caminar para atrás y lastimar con sus tenazas a todo lo que se mueva, sin importar a quién dañen; y ese síndrome es el que se ha apoderado de la vida pública del país en los últimos años, en razón de que nuestros crustáceos políticos ni ven ni oyen ni entienden lo que está sucediendo, y sólo tienen apuntados sus pequeños ojitos al botín, a la pandilla y al pleito inútil, lo cual nos ha llevado a ser el país de más bajo crecimiento económico de América Latina y la peor víctima del desempleo, la inseguridad y la descapitalización.
Este fenómeno no es nuevo en México, ya que se dio en forma descarnada y brutal a partir de 1821, hasta que afortunadamente apareció el primer líder visionario que ha tenido este país, que fue Benito Juárez, quien entendió su momento y su papel en la historia, uniendo al grupo más conspicuo de liberales que lo acompañaron en el gran cisma entre el México colonial y la modernidad, que produjo el primer cambio sustancial en las estructuras políticas y sociales del país.
Al benemérito la muerte lo salvó de convertirse en un dictador, pues ya se había amarrado al poder y a la Presidencia, provocando graves rupturas en el movimiento liberal, pero la tarea estaba hecha, y aun cuando la inmensa mayoría del pueblo había continuado en la pobreza, la ignorancia y la enfermedad, el país ya era otro y el proyecto de un México con futuro estaba planteado.
El siguiente gran líder visionario fue Porfirio Díaz, que comenzó como un heroico y aguerrido militar liberal, para convertirse en el nuevo tlatoani de un México que pasó de la anarquía económica, la inseguridad y la pobreza endémica a un crecimiento nunca antes visto desde la Colonia, fortaleciendo la educación, el orden y el desarrollo en forma que no tenía paralelo en la historia nacional; lamentablemente, como en la época del juarismo, el pueblo fue pretexto y símbolo, pero no beneficiario, y una nueva aristocracia rastacuera y ridícula se fue apoderando de las riendas del país para divorciar al dictador de su proyecto original y del pueblo del que provenía, llevándolo a la crisis de la Revolución y al enfrentamiento con los petroleros estadounidenses que propiciaron la caída del porfiriato.
La Revolución se envolvió en las causas de un pueblo que sólo puso la sangre y la lucha, y poco o nada recibió frente a la ambición desmedida de caciques y generales guerrilleros que vieron en ese movimiento su reivindicación personal y económica, que nunca trascendió al rescate del pueblo al que decían representar; y fue así como Obregón suscribió los oprobiosos Tratados de Bucareli y obtuvo el apoyo de los petroleros estadounidenses, para poder así ejercer la purga política más brutal que hizo surgir al tercer gran líder de la historia moderna del país, Plutarco Elías Calles, quien, en compañía de su asesor, el embajador y representante petrolero Dwight D. Morrow, entendió y aglutinó a todas las fuerzas de los caciques en disputa para convertirlos en la gran sinergia del partido único y de la nueva dictadura que produjo el siguiente cambio fundamental, que estaba hecho de un magno proyecto nacional de progreso y productividad que tenía como instrumentos de control y sometimiento a las Fuerzas Armadas, a la policía, al Ministerio Público y a los jueces, para que todo el país comprendiera que aquel que se disciplinara ante los nuevos caciques tendría la gracia de la seguridad y la justicia, y los revoltosos su aniquilamiento y la muerte.
Ese sistema político se fortaleció a través de la sensibilidad social de Lázaro Cárdenas y Francisco J. Mújica, quienes le dieron al proyecto la legitimación que permitió reivindicar a las masas agrarias y obreras, para convertirlas en un instrumento del poder público que las acogió en su seno, pero las sometió también a sus propios intereses.
Ese modelo ha funcionado durante más de 70 años, y sigue vigente a pesar de su deterioro y de la insensibilidad de sus mínimos administradores, que no alcanzan a comprender que este es un nuevo país que necesita, como en los tiempos de Juárez, de Díaz y de Calles, a líderes que entiendan que México requiere con urgencia de un gran proyecto innovador para salir de esta pesadilla de ceguera y pequeñez por la que estamos transitando con tanto dolor y tantos fracasos.

ES LA POLÍTICA ECONÓMICA, NO LA SOCIAL

CIRO MURAYAMA

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2008, que levantó el INEGI, dan cuenta de que el ingreso de los hogares se contrajo en 1.6% de 2006 a 2008. Ello a pesar de que creció el número de perceptores por hogar: en 2006, en promedio 2.1 personas aportaban al ingreso de cada familia, y en 2008 lo hicieron 2.3, lo que indica que más miembros del hogar deben trabajar y aun así el ingreso familiar es menor.
La caída en el ingreso no fue homogénea, pues los hogares de los dos deciles de mayor ingreso mejoran o se mantienen igual, pero la pérdida del ingreso se recrudece en los más pobres (el decil de menor ingreso perdió 8%). Además, los hogares ubicados en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, es decir, familias rurales que partían de una situación desfavorable, sufrieron una dramática reducción de 16.3% de su ingreso.
La conclusión es clara: vivimos un retroceso en el bienestar de los mexicanos y se exacerba la polarizada distribución de la riqueza.
A partir de la ENIGH 2008, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer las cifras de incremento de la pobreza absoluta y relativa en el país. Los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones a 19.5 millones de personas entre 2006 y 2008 (de 13.8% a 18.2%), esto es, se han generado más de 5 millones de pobres extremos en sólo dos años.
La pobreza de capacidades afectó en 2008 a 26.8 millones, por 21.7 millones en 2006 (pasó de 20.7% a 25.1% de la población). En una situación de pobreza patrimonial hubo 50.5 millones de mexicanos el año pasado (creció de 42.6% a 47.4%), 5.8 millones más que en 2006. No sólo tenemos un país más desigual, sino también más pobre.
El incremento de la pobreza y la desigualdad referido puede ser incluso mayor, porque la encuesta se levantó antes de que la crisis económica en curso comenzara a extender sus efectos en el ingreso de las familias —por ejemplo, la destrucción de más de 600 mil empleos formales se dio sobre todo en los últimos meses— y hay que recordar que la ENIGH no capta a los estratos de mayor riqueza, ya que esos hogares ni siquiera reciben al encuestador del INEGI para darle cuenta de sus ingresos y gastos.
Aun así, los datos del INEGI y del Coneval no son una noticia más, sino que brindan la fotografía más nítida e inquietante de las insuficiencias profundas de la sociedad y la economía de México. Esas cifras deberían servir como acicate para articular la acción pública y privada del país en búsqueda de un contrato social diferente y, en esa medida, una sociedad menos desigual, más armónica, moderna.
Una vez conocidos los datos, se ha puesto en el punto de mira la política social. En efecto, el incremento del gasto social no ha permitido reducir el número de pobres e incluso la pobreza se extiende de forma drástica. Lo anterior refleja que más gasto focalizado no necesariamente está consiguiendo sacar de la pobreza a más mexicanos. Pero de ahí no cabe desprender que ese gasto no tenga efectos positivos: sin programas como Oportunidades, las cifras serían todavía peores. Puede decirse, entonces, que la política social está actuando como una barrera de efecto limitado para evitar que se multiplique aún más la pobreza.
Por supuesto, cabe evaluar a la política social y así lo ha hecho el propio Coneval, que en su Informe de evaluación de la política social en México 2008 reconoce el incremento del gasto, pero llama la atención sobre la dispersión de programas, la insuficiente coordinación entre los mismos y a su interior, e incluso la existencia de programas de efecto regresivo.
Pero sobre todo, y ahí está el problema político sustancial, es vital asumir que no puede haber política social exitosa si va a contracorriente de una política económica general que tiene como meta suprema el equilibrio presupuestal y supedita el objetivo del crecimiento.
Diferentes estudios demuestran que el mejor antídoto contra la pobreza es el crecimiento económico, a la par que las recesiones o crisis son productoras de pobres a gran escala. Siendo así, la discusión sobre los malos resultados en materia social tiene que centrarse en la orientación de la política económica del gobierno y en el papel de la Secretaría de Hacienda, más que en la Secretaría de Desarrollo Social que, finalmente, se empeña en evitar lo inevitable: que en una economía estancada y que no redistribuye el ingreso crezcan tanto el número de pobres como la desigualdad.

DERECHO A LA INTIMIDAD

JORGE ALCOCER VILANUEVA

Después de años de avisos por la vía diplomática, y de advertencias a través de instancias de cooperación bilateral, el gobierno canadiense decidió, de golpe, exigir visa a los mexicanos que visitan ese país, cualquiera que sea el motivo del viaje. La gota que derramó el vaso ha sido el crecimiento exponencial en el número de conciudadanos -reales o ficticios- que se internan en Canadá para luego solicitar asilo político, aprovechando la muy generosa legislación canadiense a ese respecto.Pero el problema viene de tiempo atrás y contempla otro aspecto que no ha sido puesto sobre la mesa. Me refiero a la emisión apócrifa, falsificada, de credenciales de elector (IFE) que son utilizadas por personas no mexicanas para tramitar su ingreso a Canadá. Es un delito cuya dimensión parece ser grave, aunque nadie tenga un cálculo, así sea aproximado, de su número.La primera vez que tuve conocimiento del tema fue en 1998-1999, cuando el problema fue planteado a la Secretaría de Gobernación, a propósito de una nota confidencial del gobierno de Canadá. Años después, por motivos profesionales, el asunto volvió a mi conocimiento a propósito del análisis sobre la expedición de la cédula de identidad ciudadana, contemplada desde 1990 en nuestra Constitución (Art. 36, fracción I).El delito electoral de mayor incidencia (según la Fepade) es la adulteración de datos personales ante el Registro Federal de Electores y la expedición de credenciales de elector, con fotografía, con datos falsos, o la falsificación de tal documento. Quienes incurren en esos delitos tienen motivaciones muy distantes a los procesos electorales o la emisión del voto; buscan encubrir su verdadera identidad, o nacionalidad, para ingresar a Estados Unidos o Canadá, o pretenden cometer ilícitos de naturaleza financiera o inmobiliaria en territorio nacional.Hace unos meses dos familiares se encontraron con la novedad de que su fondo de ahorro para el retiro había sido trasladado a una Afore diferente a las que ellos habían elegido; hecha la investigación resultó que la transferencia había sido respaldada con credenciales de elector falsificadas. Supe entonces que en la plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México es posible obtener ese documento, al gusto y capacidad de pago del interesado. También es conocido que en las ciudades fronterizas del lado mexicano operan bandas de falsificadores de la credencial del IFE, que en no pocos casos disponen de micas originales, robadas al RFE por diversos medios.Los esfuerzos que el IFE ha hecho para blindar la credencial de elector con múltiples elementos de seguridad son superados casi de inmediato por los falsificadores; el problema es estructural y no podrá ser resuelto cabalmente en tanto se siga posponiendo la creación del Registro Nacional Ciudadano y se proceda a la emisión de la correspondiente cédula de identidad, como lo ordena, desde hace más de tres lustros, la Constitución mexicana.La decisión del gobierno canadiense afecta a casi 300 mil turistas mexicanos y a miles de trabajadores que año con año aprovechan los programas que les permiten ingresar a Canadá legalmente. Siendo criticable la forma como se anunció y puso en práctica la medida, lo que no es justificable es cerrar los ojos ante el origen del problema, que es responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas.Una de las medidas anunciadas hace un año en el CNSP fue la expedición de la Cédula de Identidad, pero nada se ha hecho al respecto. Las discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso, y ahora la situación de los ingresos públicos, han frenado la instrumentación operativa de la medida, pues los aspectos de diseño hace años que están listos.Es impostergable que el derecho a la identidad sea garantizado por el Estado mexicano, y no, como hasta ahora, por la autoridad electoral. Transitar de la credencial para votar a la cédula de identidad es un tema que desborda lo electoral; el gobierno canadiense ha puesto el dedo en la llaga.

LA RUTA DE LA INCÓMODA TRANSPARENCIA

ÁNGEL TRINIDAD ZALDIVAR

Las siguientes reflexiones que quiero compartir con ustedes surgieron de la provocadora pregunta: ¿hacia dónde se dirige la transparencia? El primer pensamiento que cruzó por mi mente es que el futuro de la transparencia es incierto. No debería serlo, pero así es. La incertidumbre radica en la incomodidad que provoca. A mayor incomodidad, menor certeza de vida. Paradójicamente, hoy más que nunca se habla de transparencia, está en todos lados y es, como dice una expresión muy mexicana, “ajonjolí de todos los moles”.
Así como en su momento el “desarrollo sustentable” se convirtió en expresión ineludible del discurso de cualquier político o aspirante a serlo, hoy la transparencia es referencia obligada y ha pasado a ocupar el espacio que dejó vacante lo “sustentable”. No hay evento, público o privado, en el que los oradores no incluyan en algún párrafo la “imperiosa necesidad de que haya transparencia”. No importa el tema ni el auditorio ni el ponente; todo tiene que ser transparente. De pronto esta cualidad física de algunos objetos ha pasado a convertirse en piedra angular de las disquisiciones más agudas en todo trance.
El primer desafío que enfrenta la transparencia es precisamente ése, no volverse un lugar común que, de tan trillado, empiece a pasar inadvertido para luego dejarse en el cajón de los deseos insatisfechos de las democracias; ese cajón rebosante de ideas mal implementadas. El país no puede darse ese lujo.
La transparencia, el acceso a la información y su consecuencia natural, la rendición de cuentas, son componentes fundamentales de cualquier modelo que aspire a ser plenamente democrático. Estos elementos no son una concesión graciosa de los gobernantes en turno. Son un derecho, y no uno cualquiera, sino un derecho fundamental, un derecho humano, tal y como lo estipula nuestro recientemente renovado artículo sexto constitucional que establece, con absoluta claridad, que toda la información del Estado es, en principio, pública, y sólo por excepción podrá ser reservada. He aquí la cota. Y es ahí donde los ciudadanos tienen la responsabilidad de mantenerla. ¿Cómo? Evitando que el tema pase sin pena ni gloria a engrosar los expedientes de las políticas públicas fallidas.
Sólo el actuar ciudadano puede impedir que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas tengan esa doble vida: presunción en el discurso gubernamental pero una reticente aplicación en la realidad, lamentablemente todavía, por parte de algunos funcionarios públicos.
El mejor antídoto para cualquier escenario de simulación es ejercitar el derecho, presentar solicitudes, exigir respuestas claras y comprensibles, vencer resistencias, cotejar con sentido crítico la información oficial con la realidad.
Si queremos saber hacia dónde se dirige o hacia dónde debería dirigirse el barco de la transparencia, no hay que otear en el horizonte por una respuesta. Basta con voltear a ver lo que establece el artículo sexto de la Constitución, porque ahí se encuentra la carta de navegación. Lo que se requiere son ciudadanos dispuestos a remar y una tripulación con amplitud de miras para llevarnos a buen puerto.
El mapa de ruta está trazado con singular precisión en la Carta Magna, sigámoslo. La primera coordenada que nos da es que toda la información en poder de todos los órganos del Estado es pública. Esto significa que la documentación que se genera en el ejercicio público no puede sustraerse del escrutinio ciudadano, a menos que exista una causa excepcional, que justifique con amplitud por qué esa información debe mantenerse temporalmente fuera del ojo ciudadano.
A este respecto quisiera destacar dos elementos relevantes: primero, que para poder declarar que una información es reservada, debe haber una causa evidente, clara y razonable, pues si existe duda, deberá favorecerse la publicidad de la información; segundo, que esa información quedará fuera del examen de la sociedad sólo por un tiempo específico y nunca podrá serlo eternamente.
Otro elemento que nos da la cartografía constitucional de la transparencia es que no se requiere interés jurídico para acceder a la información, ya que la calidad de pública o reservada de la misma no se determina en referencia a quién la solicite (sujeto), sino a la naturaleza de aquélla (objeto).
Hay dos puertos que están en el itinerario a los que no hemos podido arribar. Me refiero a la impostergable necesidad de contar con una ley de datos personales y una ley de archivos. La primera protegerá la esfera de derechos de los gobernados en cuanto a la privacidad de sus datos, y la segunda coadyuvará a hacer efectivo el derecho de acceso a la información, pues sin la existencia ordenada de los archivos, el derecho a la información es, parafraseando a Madison, una farsa, una tragedia, o tal vez ambas cosas.
Quizá el puerto final de arribo en esta larga travesía es el que tiene que ver con la transparencia en los partidos políticos y los sindicatos. A propósito, los he dejado para el final porque es como llegar a Marsella. Si con la reforma electoral de los años 90 entramos en la ruta de la democracia, con la reforma constitucional de 2007 en materia de transparencia y su ley respectiva lo que está en juego es la calidad de la democracia.
Una reforma sirvió para crear reglas claras de cómo acceder al poder, y la otra sirve para establecer mecanismos de control al ejercicio de ese poder. Es por ello crucial que los partidos políticos y los sindicatos, que son elementos fundamentales del juego democrático, no se excluyan del mecanismo de rendición de cuentas.

PRIMERO LA REFLEXIÓN, LUEGO LA ELECCIÓN

JAVIER CORRAL JURADO

Los resultados de la elección del 5 de julio no sólo son fruto de una estrategia coyuntural fallida y de la delicada crisis económica que padecemos, sino de un proceso de pragmatismo que rompió con la ética del partido, y de que en más de un campo hemos interrumpido la tradición democrática que dejaron los fundadores en el ejemplo de su insobornable conducta y en la visión con que expresaron propósitos y programas.
Por ello era importante que, antes de elegir nuevo jefe nacional, privilegiáramos la discusión y la reflexión si en efecto, queremos rescatar al partido. Se requiere un diagnóstico para elaborar un plan de acción común a los miembros del Consejo Nacional, y que se constituyera en un claro mandato al nuevo jefe nacional.
Pero la respuesta ha sido inaudita: se lanzó una convocatoria en la que no se llamó a la renovación total del CEN, con una semana para el registro de candidatos y 24 días para elegir al dirigente, sin previa discusión en esa misma sesión.
Por ello, ayer, Gerardo Priego, Ricardo García Cervantes, Santiago Creel, Humberto Aguilar Coronado y como quien esto escribe declinamos nuestra aspiración a presidir el CEN del PAN. Participar en estas condiciones sería avalar un proceso predeterminado en sus resultados.
Es incomprensible que tras la debacle electoral no haya intención de corregir, discutir y analizar el mensaje de los electores. Esos resultados nos llaman a nosotros; el PRI no ha logrado ninguna hazaña, nosotros hemos retrocedido. El análisis del fenómeno del voto nulo es clave. No es casualidad que de los 10 distritos del país con mayor presencia del voto nulo, los tres primeros lugares sean distritos de Acción Nacional.
En distintos tonos y enfoques, los declinantes hemos señalado que empeñarse en dirigir la vida del partido desde el gobierno es un error. Que se está haciendo lo que criticamos al PRI, la simbiosis ilegal e inmoral del PRI-gobierno y la intervención del presidente en la designación de dirigentes y candidatos. Hoy hacemos lo mismo.
De ello da cuenta la división entre calderonistas y anticalderonistas. Está colocada la línea de que quien compita con César Nava se enfrenta al Presidente de la República. Esto no ayuda al país ni al partido, ni fortalece al Presidente la estrecha idea de conformarse con el apoyo de sus amigos, cuando debiera tenerlo de todo su partido.
El partido cumple en unos meses 70 años. Durante ellos se ha congregado alrededor de ideales más que de hombres; su ideología se ha enriquecido con respuestas puntuales a los problemas nacionales, desde los principios de doctrina hasta el cambio democrático de estructuras.
Han sido sus hombres y mujeres ejemplos de congruencia y generosidad. Pocos partidos tienen ideología refrendada por sus bases, muy pocos han tenido una pléyade de hombres como los fundadores y los directivos de AN. Regresemos a los motivos espirituales de los que habló Gómez Morín siempre, pero obligadamente cuando la confusión entra a la casa. No claudiquemos en el ejercicio de buscar la verdad.
No participaré en este proceso, pero no claudicaré en el deber político de insistir en reconstituir el partido; por mejor batalla que demos dentro del actual Consejo Nacional, esa lucha de concienciación puede terminar con un efecto contrario y avalar un proceso disparejo.
Que nadie se confunda: no es contra César Nava; para él mi respeto y solidaridad; no es contra el Presidente de la República; también respeto, colaboración, lealtad y afecto para Felipe Calderón. Es contra la autocomplacencia y la intromisión indebida del aparato gubernamental en la vida del partido.
Buscaremos revertir el actual proceso entre los miembros del Consejo Nacional y que se convoque a otro en el que primero sea la reflexión y luego la elección. Iniciaremos un movimiento nacional entre las bases para tomar en nuestras manos nuestro destino. Los invitaremos a todos: no nos vamos a arredrar ante un episodio, cuando tenemos un horizonte que recorrer.

VIOLENCIA MICHOACANA: DIÁLOGO ENTRE GÓMEZ

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Uno de los lugares comunes del poder social dominante, para fingir una unidad no afectada por la lucha de clases y de intereses, era definir a la sociedad como "la gran familia mexicana". La televisión sigue utilizando esa denominación engañosa, que al mismo tiempo encierra el propósito de homogeneizar lo heterogéneo. No es verdad que seamos esa gran familia. Pero sí lo es que ya tenemos entre nosotros a una Famiglia, en el sentido que se da a las porciones delincuenciales de migrantes italianos en ciudades norteamericanas en siglos pasados. Consciente quizá de esa filiación, la más notoria banda de la criminalidad organizada, surgida en Michoacán hace apenas un par de años, se hace llamar precisamente La Familia.No es sólo un grupo que corresponda a la definición legal de la delincuencia organizada. Quizá se aproxima en mayor medida a la noción introductoria a su tema utilizada por Salvatore Lupo en su Historia de la mafia, un formidable Breviario del Fondo de Cultura Económica: "Puede referirse a la influencia de lobbies, asociaciones secretas o aparatos estatales desviados; también indica una relación estrecha entre política, negocios y criminalidad; una ilegalidad o corrupción difusa; una mala costumbre hecha de favoritismo, clientelismo, fraude electoral, incapacidad de aplicar la ley en forma imparcial".La Familiaexiste probablemente hace mucho tiempo. Su vasta infraestructura, su capacidad de fuego, su eficaz organización no se logran de la noche a la mañana. Resultan de un proceso de acumulación que reclama el paso de los años. Pero su efusión es reciente. Antecedió por pocos días a la declaración de guerra formulada por el gobierno federal en diciembre de 2006, que estableció en Michoacán su primer escenario. Ya se había conocido la crueldad de esa banda, que introdujo una atroz táctica punitiva, la decapitación de sus víctimas. En una de sus acciones más espectaculares, cinco cabezas fueron arrojadas al centro de un cabaret en Uruapan. Pero no se sabía que hubiera concebido una suerte de declaración de principios. La dio a conocer en vísperas de la asunción del gobierno calderonista. En una táctica que acaso revela filtraciones en el gobierno que apenas estaba por iniciarse, La Familiahizo pagar desplegados en la prensa michoacana el 22 de noviembre de 2006, dos semanas antes de que se lanzara el Operativo Michoacán, que en estos días reúne ya 10 mil efectivos, militares y policiacos, tantos como los que por meses patrullaron Ciudad Juárez sin haber conseguido la erradicación de la violencia y sí irritado a buena parte de la población.La Familiamichoacana proclamó en aquel entonces una exclusividad delincuencial chovinista, aldeana. No se permitiría que bandas criminales llegaran a esa entidad. Quedaba prohibida, por lo tanto, la práctica de delitos graves como el asesinato, el secuestro, la extorsión, robo de camiones de carga y de casas habitación. La gama de delitos vitandos era tan amplia que incluía la veda de vinos adulterados. "Quizá en este momento la gente no entienda –proclamaba el mensaje pagado– pero sabemos que las regiones más afectadas comprenden nuestras acciones, ya que es posible combatir a estos delincuentes". En complemento, La Familiaanunciaba la distribución de despensas en municipios de Tierra Caliente, así como el reparto de "literatura" y la construcción de aulas. La obra material se ha cumplido, con notable mejoría de los sistemas de riego y de almacenamiento de productos agropecuarios, como concreción de esta voluntad al mismo tiempo munífica y destructora.A despecho de la ofensiva en su contra, La Familiaha prosperado, y ha extendido sus operaciones a otras entidades, sobre todo el Estado de México. Su combate violento a otras bandas ha caracterizado el paisaje social en no pocas poblaciones michoacanas. Para batir su poder político, y aunque fuera obrando a tientas, el gobierno federal apresó a fines de mayo a decenas de alcaldes y funcionarios municipales y del estado, por sus vínculos con esa organización que, en otro episodio cruento de los días michoacanos que corren, no sólo se deslindó del atentado contra la población civil en la Noche del Grito pasada, sino que puso a disposición de las autoridades a los presuntos autores del irracional ataque.La semana pasada (en que también se supo que un hermano del gobernador Leonel Godoy, elegido diputado federal apenas el 5 de julio, iba a ser aprehendido) La Familiadio dos pasos adelante que significan un vuelco en su desarrollo. Hasta ese momento, con algunas excepciones, su capacidad de fuego se había dirigido a contener y aun destruir a las bandas rivales. El viernes 10 tuvo lugar uno de esos episodios. Pero a partir del día siguiente el blanco de la energía letal de La Familiafue la policía federal, culpable de haber detenido a Arnoldo Rueda, que lleva el extraño mote de La Minsa. No se sabe si pretendieron rescatarlo o asesinarlo, en cualquier caso para evitar que hiciera revelaciones. En operaciones simultáneas fueron atacadas instalaciones de ese cuerpo (hasta seis en un día y hasta ocho en otro) al que se le asestaría después un golpazo brutal: 12 de sus miembros fueron asesinados con sevicia, previa tortura igualmente cruel, en castigo por haberse infiltrado en las filas de la banda, en sus funciones de agentes de inteligencia.Encarado así el poder del estado, La Familiaquiso colocarse al tú por tú frente al gobierno. Uno de sus jefes, Servando Gómez, apodado La Tuta, simplemente tomó el teléfono y a través de un programa local de televisión, al mismo tiempo que rindió parias al presidente de la República, le ofreció pactar la paz en Michoacán, después de un diálogo al que lo convidaba. Incluyó en su oferta una denuncia, surgida antes desde diversas fuentes, pero jamás escuchada, contra el secretario Genaro García Luna, culpable al menos de la desorganización de las fuerzas policiacas a sus órdenes, según testimonio de sus propios subalternos, a quienes se lanza a una guerra sin bastimentos ni convicción. Con ingenuidad asombrosa, el secretario de Gobernación entabló esa misma noche, con la apariencia de lo contrario, un diálogo con su tocayo, de Gómez a Gómez. Fernando Gómez Mont, sin asegurarse de que su presunto interlocutor, Servando Gómez, era en realidad quien dijo ser, le confirió personalidad al dar por recibida su propuesta y negar que hubiera posibilidad alguna de pacto. De haberla, pensamos por nuestra parte, no se expresaría a los cuatro vientos sino con el sigilo con que tal vez antaño se procedía.Luego de esos lances llegaron refuerzos a Michoacán. No es seguro que el curso de los acontecimientos se modifique con más tropas. Hace falta desplegar otras tácticas contra la delincuencia organizada, sobre todo obturando los canales por las que hacen entrar al circuito legal sus dineros mal habidos. Y sobre todo aplicando una política social que haga al Estado competidor eficaz de esos benefactores malévolos que forman La Familia.