LAS PARADOJAS DEL IFE I/III

LEONARDO VALDES ZURITA

La última semana de agosto de 2009 fue paradójica para el Instituto Federal Electoral (IFE). Culminaba el proceso electoral federal mejor organizado y menos cuestionado de sus casi 19 años de historia y, a la vez, fue centro de diversas críticas respecto de su operación, administración y, asimismo, de su presupuesto. En estas tres entregas me permitiré poner a su disposición, respetable lector, información e ideas que espero le sean útiles para formarse una opinión al respecto.
Se ha dicho, y repetido con el claro objetivo de que esa mentira sea tomada como verdad, que el Sistema de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión (SIATE), para fines electorales, no funcionó durante el proceso electoral de este año y que los recursos invertidos en su construcción no dieron los resultados esperados.
Es necesario tomar en cuenta que un conjunto de nuevas atribuciones en materia de radio y televisión, ordenadas por la Constitución y por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), produjo necesidades presupuestales adicionales a la histórica tarea del IFE: organizar las elecciones. Como administrador único del tiempo del Estado en radio y televisión para sus propios fines y el de otras autoridades electorales, así como para el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, el instituto tuvo que diseñar y poner en marcha un modelo tecnológico de vanguardia.
Las exigencias establecidas por ley en el artículo 76 del Cofipe, que señala que “el instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión”, precisaron el desarrollo de un sistema que monitoreara los mensajes, de manera directa, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión y las normas aplicables respecto de la propaganda electoral en radio y televisión.
Para construir esta tecnología totalmente nueva, en noviembre del 2008 el IFE recurrió a una licitación pública internacional apegada a derecho. Tres empresas presentaron sus respectivas propuestas, conforme a las bases acordadas, las cuales, por cierto, pueden ser consultadas por el lector en la página de internet del instituto.
Verificación y Monitoreo, SA de CV, Indra Sistemas, SA, y Grupo de Tecnología Cibernética, SA de CV, fueron las empresas que, ante las instancias del IFE, entregaron sus propuestas técnicas. La compañía que ganó la licitación fue el Grupo de Tecnología Cibernética, que fue el mejor valorado en cuanto a las bases de licitación.
El instituto, entonces, requería una solución integral que permitiera organizar y administrar un sistema que funciona a partir de la interacción de cinco subsistemas relacionados entre sí (Generación de Pautas, Ingesta y Catalogación de Materiales, Transmisión de Materiales, Verificación y Monitoreo y Monitoreo de Contenidos).
Así, en un espacio temporal significativamente reducido, se procedió a la instalación de la infraestructura, la elaboración de los programas de operación, a la capacitación del personal y la puesta en marcha del sistema. Todo este trabajo, que implicó incluso la adecuación de los espacios físicos, se llevó a cabo para que el inicio de las campañas de los partidos políticos se encontrara en condiciones de operación.
Aunque el sistema es complejo e inédito, es sencillo entender en orden secuencial su funcionamiento en los siguientes términos:
1. Elaboración de las pautas de transmisión de los partidos políticos y las autoridades electorales, y que son aprobadas por el Comité de Radio y Televisión y la Junta General Ejecutiva del instituto.
2. Recepción, catalogación e ingesta de los materiales a los que se imprime una huella acústica para comprobar el cumplimiento de la ley.
3. Distribución de los materiales a concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión.
4. Verificación y monitoreo de los materiales y su grabación durante la transmisión al aire para actuar en caso de incumplimientos y/o denuncias.
5. Materiales que son grabados para el monitoreo de noticiarios y su valoración.
Fue necesario instalar 150 Centros de Verificación y Monitoreo (Cevem), ubicados estratégicamente en todo el país, conectados al Centro Nacional de Control y Monitoreo (Cenacom), para que se pudieran documentar y comprobar los cumplimientos e incumplimientos de la ley, ocurridos en las frecuencias de radio y televisión.
Lo anterior, como se puede apreciar, implicó enormes retos técnicos y organizativos. En estos centros se grabaron y almacenaron durante toda la campaña mil 474 señales de radio y televisión, las cuales fueron digitalizadas y pudieron ser consultadas inmediatamente o, en archivo histórico, por los propios partidos políticos. En el Cenacom, ubicado en oficinas centrales del instituto, los partidos tuvieron un espacio con tecnología de punta para comprobar, en cumplimiento de la ley, las transmisiones oportunas de sus respectivos promocionales al aire.
Quiero aclarar que este sistema funciona de manera semiautomática. Así fue concebido en sus términos por el Comité de Radio y Televisión del instituto en su diseño y en las bases de licitación. Una tecnología totalmente automatizada no existe aún en el mercado mundial, por lo que, afortunadamente, todavía necesitamos del recurso humano.
Difícil decir, por lo tanto, que el monitoreo no funcionó, cuando los resultados están ahí y demuestran su eficacia, aunque algunas voces digan lo contrario, sin ninguna prueba fehaciente. Los siguientes datos hablan por sí solos:
—Las mil 474 señales mencionadas con anterioridad cumplieron con las pautas ordenadas por el IFE durante el periodo electoral.
—A través del sistema de verificación se dio cuenta acerca de posibles infracciones cometidas por concesionarios y permisionarios en radio y televisión.
—Lo anterior sirvió para que se emitieran 563 requerimientos de información sobre incumplimientos que detectó el sistema en la transmisión de promocionales.
—Se turnaron 52 denuncias debido a incumplimientos a la ley por parte de concesionarias y permisionarias, y se abrieron igual número de procedimientos legales con el fin de sancionar.
—El monitoreo proporcionó la totalidad de las grabaciones de 348 noticiarios, junto con la entrega de nueve reportes del 3 de mayo al 1 de julio de 2009.
El sistema funcionó, y funcionó bien, tanto en sus disposiciones técnicas como en la restricción del uso de recursos privados en la compra y venta de tiempo en radio y televisión, tal y como se viene haciendo en otras partes del mundo.
Es cierto que tuvo un costo elevado, alrededor de 26 millones de dólares, información que en todo momento se hizo transparente ante la opinión pública. Pero también es cierto que es una inversión por única vez, lo que algunos llaman gasto fundacional, es decir, a diferencia de lo que sucedía en procesos electorales anteriores en los que los pagos a las empresas se daban en cada elección, ahora esta inversión es perdurable. El grupo de sistemas que integran el SIATE no termina su razón de ser en el proceso electoral que finalizó hace unas semanas, sino que servirá para las elecciones locales venideras de 2010 y, en efecto, para las presidenciales de 2012.
Además, este sistema tiene un valor agregado importante. A través de la firma de convenios con todo tipo de instancias gubernamentales o académicas nacionales, se puede brindar acceso a una enorme base de audio y video, para realizar verificación de transmisiones, realizar investigaciones científicas, o bien, monitorear determinadas pautas de transmisión de promocionales.
El espíritu del sistema está en administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, por lo que, evidentemente, es un bien nacional al servicio de todos y cada uno de los mexicanos.

LOS PRINCIPIOS OLVIDADOS

BERNARDO BATIZ

El PAN cumplió 70 años de vida en septiembre de este año (2009). Aparece en el escenario político nacional como una respuesta al gobierno del general Lázaro Cárdenas, que si bien había logrado avances importantes en lo tocante a democracia social, no había sido un gobierno que pudiera identificarse con la democracia política.
El gobierno cardenista se inició como el último de los gobiernos impuestos por el Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles, y culminó con la imposición, a su vez, de un candidato oficial, otro general, el último en esa etapa de la historia de México: Manuel Ávila Camacho.
En materia social, el gobierno de Cárdenas se distinguió por el impulso que dio al movimiento obrero, por el reparto agrario y el apoyo a la propiedad colectiva en el campo, pero principalmente, y en forma destacada, por la patriótica expropiación petrolera, que aseguró por muchos años la independencia económica del país.
El PAN se fundó durante las fiestas patrias de 1939; su bandera principal era la democratización de México a partir de la participación ciudadana en las elecciones y la educación cívica del pueblo.
Sus principios doctrinarios más conocidos y destacados, además de su fe democrática, fueron el respeto a la “eminente” dignidad de la persona humana y el bien común, pero no sólo poniéndolo como fin o meta de todo gobierno, sino destacando con énfasis que el bien común debe prevalecer sobre cualquier otro bien individual, sectorial, de grupo o de clase social.
En materia política el impulsor del partido, el fundador número uno del mismo, dio una definición de democracia insuperable, en mi opinión, por su brevedad y contundencia: “democracia es la identificación del poder y el pueblo”, dijo en recordada conferencia don Manuel Gómez Morin.
Otro dato esencial de los principios del PAN, éste en materia de política exterior, fue de algún modo heredado del pensamiento de Vasconcelos o, al menos, coincidente con él. Junto con el sostenimiento de la necesidad de la solidaridad y cooperación internacionales se apuntó desde un inicio el concepto de bien común internacional, al lado del reconocimiento de que somos un país hispanoamericano y que nuestro ámbito natural para estrechar lazos y fincar relaciones firmes es precisamente hacia el sur del continente con las naciones de las que somos afines por historia, lengua y cultura.
Estos principios han sido paulatinamente olvidados y abandonados en los últimos cuatro o cinco lustros de la historia del PAN, marcadamente por los gobiernos federales y estatales surgidos de candidaturas del partido. En la práctica del poder, en lugar de implantar los principios como criterio de su política y como una respuesta a los largos años de gobiernos de facción y proclividad a la corrupción, en vez de ser un contrapunto de los injustos y abusivos gobiernos priístas, que tanto combatió, Acción Nacional abandonó sus convicciones y gobernó en todo contrario a ellas.
¿Podemos decir hoy que en los gobiernos panistas, tanto el federal como los estatales, hay una identificación entre el poder y el pueblo? Desde luego que no; los gobiernos panistas se han caracterizado por la identificación del poder político con los grandes intereses económicos. Del gobierno de Fox se dijo, y él mismo lo aceptaba socarronamente, que su gobierno era de empresarios, por empresarios y para empresarios. El pueblo estaba entonces tan ausente del interés del PAN como lo está ahora.
Algo parecido podemos decir del respeto a la dignidad de la persona. El gobierno panista, autoritario y policiaco, con los soldados y las tanquetas en las calles y carreteras ha abierto las puertas a los atropellos cotidianos de la dignidad personal y al desconocimiento, en la práctica, de los derechos humanos.
En el campo de las relaciones internacionales, nuestra identidad con los intereses de Latinoamérica ha sido sustituida con la sujeción cada vez mayor a los intereses de Estados Unidos, de los que el Plan Mérida es un claro ejemplo y el Tratado de Libre Comercio la camisa de fuerza que nos impide nuestra independencia económica.
Pasamos de ser el hermano mayor de las naciones iberoamericanas a esquirol del arrogante gobierno estadunidense, que se ha negado a darnos un trato igualitario y respetuoso.
La democracia en México la ahogó el dinero en su propia cuna, para usar la atinada expresión de Emmanuel Mounier; los gobiernos panistas sustituyeron las competencias democráticas entre ideas y propuestas diferentes, por campañas de mercado en las que se “venden” candidatos y planillas como productos y en las que no hay escrúpulo alguno en mentir y prometer lo que saben de cierto que no podrán cumplir.
El PAN celebra 70 años muy lejos de su origen, dando la espalda a sus propios valores y gobernando no con el pueblo, sino en complicidad abierta con lo peor de su antiguo rival, quien le ha impuesto modos, estilos y mañas. Lastimosamente se echó por la borda el trabajo de tres generaciones de mexicanos bien intencionados, entusiastas del bien común, la democracia y la justicia social. Esos principios, sin embargo, no están perdidos y no han faltado quienes desde otras trincheras y con otras perspectivas toman la estafeta.

OPORTUNIDADES TRUNCAS

ALEJANDRO ENCINAS

La comparecencia de los titulares de Hacienda y Desarrollo Social ante la Cámara de Diputados ha puesto en evidencia, además de la debilidad e inconsistencia del paquete económico 2010, la ausencia de una política social que, lejos de cumplir con los objetivos de combatir la pobreza, enfrentar la desigualdad y mejorar el bienestar de los mexicanos, incrementa sistemáticamente la inequidad en el país.
Aunque parezca absurdo, mientras más recursos se canalizan a combatir la pobreza, más pobres existen en el país. Ya que mientras de 2004 a 2009 los recursos del programa Oportunidades pasaron de 25 mil 600 millones de pesos a 47 mil 800 millones, la pobreza se incrementó. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2006 a 2008 la pobreza alimentaria alcanzó a 18% de la población, la pobreza de capacidades a 24% y la pobreza patrimonial a 47% de la misma, es decir, 55 millones de mexicanos no cuentan con las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.
México se ha convertido en una gran fábrica de pobres muy pobres, que al mismo tiempo manufactura una pequeña élite aristocrática, en la que 50% de los mexicanos recibe 17% del ingreso, en tanto un privilegiado 10% de los mexicanos concentra 40% del total.
Pese a la contundencia de los propios datos oficiales, el Ejecutivo federal insiste en las bondades del programa Oportunidades. Señala que con este programa ha disminuido la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, se han mejorado los índices de alimentación y con ello “ha disminuido la anemia que padecen las mujeres embarazadas”, en un discurso sólo equiparable con la afirmación del entonces procurador general de la República de “que aunque no se crea, le vamos ganado la guerra al crimen organizado”.
Con el gravamen de 2% que se pretende establecer a todo consumo de bienes o servicios —incluidos alimentos y medicinas— se grava el consumo de los más pobres, para supuestamente reintegrarlo posteriormente. Lo que muestra una vez más la inconsistencia de la política fiscal que, gravando el consumo, contrae el mercado interno, en lugar de enfrentar el régimen de privilegios de las grandes empresas, que bajo el esquema de los llamados “gastos fiscales” permite la disminución de la recaudación tributaria y la aplicación de regímenes de excepción, facilita exenciones, reducciones y desgravaciones que desvían la estructura regular de cada impuesto en beneficio de un exclusivo club de empresas, lo que da cuenta una vez más del cumplimiento de compromisos con los grupos fácticos, lejos de atender el interés nacional.
Por ejemplo, con el nuevo IVA de 17%, disfrazando el 2% generalizado al consumo para “el combate a la pobreza”, se espera recaudar 70 mil millones de pesos, cuando el boquete fiscal al que se ha referido la Secretaría de Hacienda es de 300 mil mdp, los que pueden obtenerse, sin seguir dañando la economía popular ni a la pequeña y mediana empresas, ya que una alternativa viable, que entraña un replanteamiento de lo hasta ahora implementado, es en primer término enfrentar la evasión fiscal. Con ésta, de acuerdo con el secretario Carstens, se deja de captar 25% del potencial, especialmente de causantes mayores, que representan 500 mil millones de pesos; también sería posible establecer gravámenes especiales a las grandes cadenas comerciales y de la industria alimentaria, a las que se devuelven 90 mil mdp anuales por IVA; o eliminar los regímenes especiales que permiten que hasta 465 mil mdp se dejen de captar.
Estas son medidas que permitirían un verdadero cambio estructural y no sólo cubrir el llamado boquete fiscal, a fin de superar la crisis a partir de la reactivación de la planta productiva, la defensa y la promoción del empleo, la reconstrucción de la red de solidaridad social y de proteger la economía popular, y así enfrentar la pobreza, la inequidad y vivir, no mejor, sino vivir con bienestar.

BLOQUE CONSERVADOR

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Después del mensaje del 2 de septiembre algunos entendieron que Calderón retomaba la iniciativa después de su derrota electoral y pretendía exhibir a los priístas como “los verdaderos guardianes del orden injusto y autoritario”. Olvidaron que ambos navegan en la misma embarcación y sólo están disputando la gorra de capitán.
Ricardo Raphael enumeró aquí los poderes reales que vedan la consumación de los cambios anunciados e impiden una reforma fiscal con vocación distributiva. Concluyó que “en las coordenadas donde cohabitan esos intereses se encuentra el anclaje del poder conservador mexicano”.
A cada coyuntura de riesgo se repite sin falla el abrazo de Acatempan. El pacto histórico de 1988 —documentado por Martha Anaya— que hizo posible la entronización de Carlos Salinas mediante el concurso del PAN y la implantación definitiva del ciclo neoliberal. Lo demás es esgrima verbal para deleite de galerías.
Así lo vivimos en el Congreso. La contundencia de los votos acalla las fanfarrias guerreras. Ayer, durante el prolongado eclipse de García Luna, observamos que seis grupos parlamentarios habían solicitado la renuncia del funcionario. Pedimos una votación en ese sentido y la mayoría de los diputados se retractó mediante el silencio.
La cuestión de la huelga de Cananea tuvo un desenlace afrentoso. Un legislador del Partido Verde presentó exhorto al Ejecutivo para que proceda a retirar la concesión a la empresa Minera México, demanda que ya había formulado otro del PRI. El rechazo fue aplastante: 85 votos a favor y 305 en contra.
La ratificación por el Senado del nuevo procurador —75 a favor y 27 en contra— entraña una imperdonable falta de decoro político. Mientras diputados del mismo partido descalificaban con ardor las acciones de seguridad pública, sus colegas de la otra cámara avalaban el nombramiento de quien manifiestamente llega para apuntalarlas.
Había quedado en claro que sus turbios antecedentes no lo hacían elegible para el cargo. El repudio social debiera alcanzar ahora a quienes lo aprobaron. Pretextar que si lo repudiaban el Ejecutivo podría enviarles otro peor es argumento pueril. Nada justifica que los legisladores se hagan corresponsables de un nombramiento artero.
Los líderes de los partidos involucrados propalan que ha llegado la hora de reformar el Estado en tanto que sus representantes eluden lo esencial del debate: una de las más urgentes asignaturas es la autonomía constitucional del Ministerio Público y su elección a cargo del Congreso. Sobre esa reivindicación inaplazable nada se dijo y nada se hará.
En la aprobación del paquete fiscal ocurrirán escenas semejantes. Sólo que la negociación habrá de ser más tortuosa por razones doblemente clientelares. Para sortear cualquier daño a los mayores intereses económicos por el lado del ingreso y para repartir los beneficios del egreso entre una legión de peticionarios encabezada por los gobernadores.
El impuesto del 2% es regresivo y demagógico, pero no es el peor de todos. Hacienda echó sus redes y el gobierno sus megáfonos para atrapar a los incautos y ofrecer salidas a sus cómplices. Es deplorable que traten siempre de pescar en las aguas de los que menos tienen y finjan ignorar que la elevada concentración del ingreso es la causa eficiente de la crisis.
El debilitamiento del Estado y su parálisis frente a los poderes de facto ha sido condición y consecuencia del modelo económico que nos fue impuesto. Imposible transformar éste si no se reconstruyen las instituciones públicas a partir de sus fundamentos. El bloque hegemónico sólo promoverá retoques ornamentales, como la erección de un jefe de gabinete, a fin de mejor compartir la dominación.
El edificio está a punto de desplomarse sobre nosotros. La solución ha de ser radical: venir pronto y desde la sociedad.

REPROBADOS, ENTRE LAS CALIFICADORAS Y LOS NOBEL

MANUEL CAMACHO SOLIS

Los premios Nobel en economía que visitaron México opinaron que la política que propone el gobierno —de aumentar impuestos y reducir el gasto en medio de la crisis— prolongaría la recesión, aumentaría el desempleo y el número de pobres. Señalaron que ese fue el error que llevó a la Gran Depresión y que actualmente los gobiernos buscan evitar, lo mismo en Estados Unidos, Europa o China que en Brasil y Chile.
Ante un rechazo amplio de distintos grupos de la sociedad y de los expertos, el gobierno tiene dos líneas de defensa. Para el público, su propaganda en los medios masivos dice que se necesita más dinero para atender a los pobres. Para convencer a los expertos y vencer resistencias políticas, “en corto” argumenta que, de no aprobarse su propuesta, las calificadoras nos reprobarían.
Las calificadoras (cuyo prestigio no está en su mejor momento) han hecho saber que si persiste la debilidad fiscal podrían bajar la calificación que dan a México. Lo que, sostienen, acarrearía presiones al alza en la tasa de interés y en el mercado cambiario. ¿Qué tanto? Es difícil anticiparlo, aunque algunos de los mejores especialistas mundiales en riesgos piensan que el mercado ya ha absorbido la mayor parte del riesgo adicional.
Los argumentos contra el déficit son en parte justificables, pero también tramposos. No es lo mismo un déficit adicional moderado que los déficits abultadísimos que llevaron a la quiebra del Estado. Está visto que una política contraccionista retrasaría la recuperación, prolongaría el desempleo y, paradójicamente, aumentaría también la deuda, al reducir aún más los ingresos fiscales.
Los argumentos de las voces que claman contra el déficit son socialmente injustificables. Escandalizan hoy por un 1% de déficit adicional al propuesto; cuando ellos mismos, hace unos cuantos años, justificaron el rescate bancario que costó 20% del PIB.
Hay que cuidar el grado de inversión. Sí, pero sin que la dieta sea tan severa que se mate de hambre al paciente. Hay que sentarse con las calificadoras, la comunidad financiera y los funcionarios norteamericanos para explicarles las dificultades y verdaderos riesgos en los que está metido México: recesión prolongada, violencia y polarización social; así como sus consecuencias para la recuperación y estabilidad regionales. Alguien lo tiene que hacer bien, rápido y con todo el respaldo. (¿Qué esperan para ratificar o cambiar al gobernador del Banco de México?).
El Estado mexicano debe fortalecerse fiscalmente. Sí, pero en un momento de crecimiento y con un gobierno capaz de contener a los privilegios.
Los premios Nobel tienen razón. El paquete fiscal propuesto prolongaría la recesión, el desempleo y aumentaría la pobreza. El riesgo ahora es que por un manejo dogmático del déficit, falta de legitimidad por los derroches del gasto y cerrazón autoritaria en las decisiones políticas se provoque una crisis social. De poco serviría sacar 10 en conducta si se reprueba en aprovechamiento.

ARGUMENTOS CONTRA EL NUEVO IMPUESTO AL CONSUMO

CIRO MURAYAMA

El Ejecutivo federal presentó la propuesta de crear un gravamen del dos por ciento al consumo general para, con esos recursos, enfrentar la pobreza. La idea parece y es sencilla, aunque no necesariamente correcta. La lógica oficial señala: se consiguen recursos adicionales y, al canalizarlos a programas sociales, se ayuda a los mexicanos más desfavorecidos. Con ello, se dice, se está teniendo una política fiscal progresiva —como consumen más los que más ganan, serán los que paguen más impuestos— y redistributiva —porque el destino de los recursos son los pobres—. Pero hay varios supuestos incorrectos, que hacen cuestionable e incluso contraproducente la iniciativa, sobre todo en el actual momento de crisis. Veamos.Cuando se habla de progresividad en la política fiscal se quiere decir que la acción de la Hacienda pública de un país, a través de los impuestos y de las transferencias, de los tributos y el gasto, va a consistir en fijar gravámenes proporcionalmente más altos para las personas de mayores ingresos y que esos recursos se canalizarán de tal forma que las diferencias en la distribución de la renta se atenúen. Para decirlo en una frase: la progresividad tiene que estar presente en la manera como se recauda y también en la forma en como se gasta. Esta condición no se cumple en la propuesta presidencial.Lo anterior porque el nuevo impuesto del dos por ciento —que aunque se llame “contribución” es simplemente un nuevo tributo— se va a cobrar por igual a todo consumidor. Es cierto, sí, que quien consuma más pagará más, como es natural, pero Hacienda estará tratando igual a alguien que destina el grueso de su ingreso al consumo, o incluso que se gasta todo, que a alguien que tiene capacidad de ahorro. Siendo así, es un impuesto parejo por cada unidad de consumo, pero disparejo y regresivo en términos sociales porque se recarga contra las familias cuyo ingreso se va en adquirir los satisfactores básicos. Así, por ejemplo, una familia que gaste el 90 por ciento de su ingreso en consumo pagará el 1.8 por ciento adicional de sus ingresos en el nuevo impuesto (le quedaría libre el 8.2 por ciento de su ingreso para darle un uso adicional). Y una familia que sólo gaste el 30 por ciento de su ingreso en consumo, porque es más rica, destinaría el 0.6 por ciento de su ingreso al nuevo impuesto (le quedará libre el 69.4 por ciento del ingreso para otro uso). La familia de bajos ingresos y mayor propensión al consumo pagaría un porcentaje de su ingreso tres veces mayor que el de la familia acomodada. Como se ve, proporcionalmente pagan más los que menos ganan, justo lo contrario a una política fiscal progresiva. De aplicarse el gravamen generalizado de dos por ciento al consumo lo que veríamos es que el impuesto estaría ampliando la desigualdad, es decir, recargándose en los más pobres.Es, por supuesto, pertinente contar con partidas de ingreso público para cubrir el gasto de las políticas sociales, pero lo que resulta impertinente en una situación de crisis es echar a andar políticas de recaudación que precisamente encarecen los bienes de consumo a los que los pobres destinan todo su ingreso, como son los alimentos. Llama la atención que Hacienda haya hecho tal propuesta cuando el propio gobierno está detectando un incremento importante de los precios de los alimentos. El director de Diconsa, Edmundo Martín Ramírez Pech, es decir, ningún outsider del equipo gobernante, estimó que en los próximos meses el alza en el precio de la canasta básica podrá ser de entre un 15 y un 20 por ciento (Reforma, nota de Daniela Rea, 24/09/09). Y en algunos productos, como el azúcar, el incremento en el último mes es del 17 por ciento (estimación a partir de datos de la nota citada). A ese aumento, habrá que sumar uno adicional del dos por ciento de prosperar la iniciativa presidencial.Cabe recordar, además, que estamos en crisis, lo que quiere decir que producimos menos como economía y también consumimos menos. Si se encarece el precio de los bienes se castiga al consumo y, por tanto, se aleja la recuperación de la inversión y del empleo. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista macroeconómico este nuevo impuesto no es oportuno ahora.Por el lado del gasto tampoco está claro que los recursos que se puedan obtener con el nuevo gravamen vayan, en efecto, a paliar la situación de los más pobres. Para empezar por el número de pobres en el país: un total de 50.6 millones de mexicanos se encontraban en alguna situación de pobreza el año pasado, antes de que la crisis comenzara a expandir sus efectos más drásticos, por lo que el número puede ser mayor ahora que se presenta la iniciativa de gravar el consumo. De los pobres detectados en 2008, 19.5 millones corresponden a pobres alimentarios, es decir, que todo su ingreso —incluidas las aportaciones que reciben del gobierno federal— no les alcanza para comer. ¿Para qué encarecerles más los alimentos?Pero, por otra parte, no está claro que el gobierno pueda gastar de manera eficiente a corto plazo en los hogares más necesitados los recursos que pueda recaudar con el nuevo gravamen. Los recursos se irían a Oportunidades y al Programa de Apoyo Alimentario. Este último, por ejemplo, tuvo en 2008 un presupuesto de mil 800 millones de pesos y, de acuerdo con la propuesta presidencial, recibirá seis mil 600 millones de pesos en 2009. Un aumento del 266 por ciento. Ahora bien, ¿cómo se va a conseguir ampliar el padrón de beneficiarios, puesto que se trata de un programa de política social focalizado y no universal, en esa proporción en un año para que dicho presupuesto se pueda gastar? Es imposible, por lo que esos recursos no podrán entregarse. Así, tampoco por el lado del gasto se asegura que la política sea efectiva combatiendo la pobreza.Sería un error que el Legislativo apruebe el nuevo impuesto al consumo.

REPUTACIÓN

CARMEN ARISTEGUI

Increíble que la Presidencia haya propuesto al Senado como nuevo procurador general a un hombre con los antecedentes de Arturo Chávez Chávez, creados cuando fue procurador de Chihuahua. Todavía más increíble que la mayoría de los senadores haya, contra viento y marea, decidido ratificarlo ayer como el nuevo abogado de la nación. Con 75 votos a favor, 27 en contra y una abstención, Chávez Chávez logró sortear las impugnaciones más graves que haya recibido un funcionario en materia de procuración de justicia en los últimos años. Increíble. Verdaderamente increíble. Aun en un país como México, cuyo nivel de tolerancia a los excesos es, en sí mismo, otro exceso.
Por las peores razones, se ha puesto al frente de la PGR a alguien que, lejos de permitir la restitución del crédito perdido, ahondará el desprestigio casi crónico de la institución. Chávez Chávez no sólo no era el idóneo sino que ni siquiera era elegible. El artículo 102, apartado A, de nuestra Constitución establece los requisitos para poder ser procurador. Chávez Chávez cumple con casi todos pero no con el más importante. Es mexicano de nacimiento y lo acreditó. Tiene más de 35 años de edad y ahí está su acta que lo confirma. Su título de abogado indica que tiene más de 10 años de profesión y cumple con la norma. Es en el último de los requisitos en donde Chávez Chávez no cumple con la ley. Para ser procurador, se debe: "gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso". Cumple con la segunda parte de la exigencia, pero en la primera es claramente insuficiente. Si la reputación del ratificado está en entredicho, la de quien lo propuso y de quienes lo ratificaron ni se diga. La "reputación", dice el diccionario, es la opinión de los demás respecto a una persona en el aspecto moral o profesional. No puede tener buena reputación quien concita manifestaciones públicas como las que se han visto a las afueras del Senado. Madres y familiares de Chihuahua, ONG y ciudadanos recordaron, con su estrujante presencia, no sólo los horrores criminales cometidos en contra de mujeres que quedaron impunes, sino los horrores cometidos por autoridades ministeriales. Las expresiones de repudio, que fueron ignoradas brutalmente por los legisladores, serían suficientes para saber que Chávez Chávez no tiene una buena reputación. Pero no sólo es eso, ¿dónde quedaron las investigaciones técnicas realizadas por expertos nacionales y extranjeros sobre las tareas del hoy procurador? ¿Nadie leyó, como debería, el amplio informe y las recomendaciones -con nombres y apellidos, incluido el de Chávez Chávez- que formuló la CNDH en tiempos de Mireille Roccatti? ¿Nadie supo del escrupuloso "Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la misión en Ciudad Juárez, Chihuahua" publicado en noviembre de 2003? El contenido de estos dos documentos es demoledor. Simple y llanamente hace trizas la reputación profesional del hombre ratificado. La ley no se cumplió y tenemos, antes de empezar, a un "pato cojo" de procurador.
¿Por qué o para qué quieren a un procurador así? Lo que acreditaron la CNDH y Naciones Unidas, sobre las violaciones, mutilaciones, asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, muestra lo que la doctora Roccatti llamó "faltas profesionales impresionantes". No siguieron los protocolos judiciales más elementales. Había casos sin expediente. Otros que sólo tenían la carátula. Desaparecieron evidencias. Entregaron a madres huesos que no eran de sus hijas. No se formularon acusaciones por secuestro. Por miedo o por omisión no se acusaba de asociación delictuosa, aun a sabiendas de que había grupos desapareciendo y matando mujeres. Los expertos de Naciones Unidas realizaron una revisión, absolutamente técnica, de 328 expedientes de feminicidios. Eran los casos abiertos de 1993 a 2003. Quien dirigió la misión, el doctor Edgardo Buscaglia, dijo esta semana que "...antes de 2001, las investigaciones eran un desastre" y que "...un caso como éste tendría que haber llevado a una investigación sobre la actuación de autoridades... En Europa, por ejemplo, llevaría, de inmediato, a la apertura de causas administrativas y hasta penales". Los expertos que vinieron quedaron sorprendidos de que, después de un informe de ese calibre, México no hizo nada. ¿Qué pensarán ahora que uno de los responsables de aquello es el nuevo procurador?

OBAMA Y SUS OPOSITORES

CARLOS FUENTES

Nada de eso, le explicó Obama al noticiario de la CNN. Se trata, una vez más, de la viejísima disputa norteamericana sobre el papel del Estado. Obama no empleó los términos, discutibles, de "populismo" contra "elitismo". Sin embargo, muchos ciudadanos plantean el conflicto como una oposición "popular" al papel excesivo del Estado. La disputa no es nueva. Es uno de los debates más antiguos de los EU, desde que, en el primer Gobierno independiente, el de George Washington, dos tendencias opuestas se manifestaron. Una, la del Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, favorable al federalismo, la industria y la ciudad. Otra, la del Secretario de Estado y futuro Presidente Thomas Jefferson, por un Gobierno limitado y el predominio político del País rural y dispuesto, según el propio Jefferson, a expandirse al Oeste, el Pacífico, y al Sur, el Caribe. Esta oposición se ha venido repitiendo a lo largo de la historia norteamericana, con temperaturas dependientes del momento económico y político. El Presidente Andrew Jackson, 1829-1837, consagró la fórmula jeffersoniana, descentralizando a la banca. La pugna acerca del esclavismo provocó, en 1856, que el Senador Preston Brooks, de Carolina del Sur, atacara a bastonazos al Senador Charles Summer de Massachussets, favorable éste a que Kansas no fuese estado esclavista, furibundamente ansioso, aquél, de incorporar el nuevo estado a la confederación racista. El Presidente Franklin Roosevelt debió enfrentarse, como Obama, a una crisis económica que requería medidas drásticas de salvación. El Nuevo Trato de Roosevelt, es cierto, fue, por necesidad, más drástico que las medidas de Obama. Provocó una oposición escandalosa en el Congreso, en los medios, en la adjetivación belicosa de Roosevelt como "comunista", "socialista" y "judío" (!). Hoy, las manifestaciones contra la legislación de Obama en materia de seguridad médica y social, la industria automotriz y la energía usan epítetos similares: Obama sería, a la vez, "comunista"y "fascista", (!!). Como no es ni lo uno ni lo otro, el Ppresidente de los EU se presenta sereno pero enérgico ante el Congreso. Se expone a la ruptura del protocolo por el diputado Wilson, un ser pre-diluviano que quisiera que la bandera de la Confederación rebelde ondease en el Capitolio de Carolina del Sur, en serio. Recuerdo, a propósito, una visita a una ciudad sureña hace pocos años en la que la guía que nos proporcionaron se refería al Norte como "el enemigo extranjero". El Diputado Wilson representa estos viejos resentimientos. El Presidente Roosevelt también debió soportarlos, sobre todo en las personas de dos demagogos. Uno, Huey Long, convirtió a Luisiana en un feudo personal y abanderó a "el pueblo" contra la Federación y los "millonarios". El otro, el padre Charles Coughlin, formó el Partido de la Unión para oponerse a Roosevelt, con ideología antisemita y pro-fascista. Obama aún no se enfrenta a opositores tan notables. Las acusaciones contra sus reformas al sistema de seguridad rayan en ocasiones en el ridículo, "Obama quiere asesinar a nuestras abuelitas". Los opositores de Obama son poco relevantes: Sarah Palin, el locutor de televisión Rush Limbaugh. Sin embargo, ya se manifiestan factores tan excesivos como la censura de noticias en la cadena Fox y la marcha en Washington, basada en la ignorancia aunque también en la tradición que aquí he descrito. En su comparecencia ante el Congreso, el Presidente Obama, con tono enérgico, aclaró de una vez por todas que las reformas, en materia de salud, no excluyen a nadie e incluyen a todos. Los que ya tienen seguro, lo conservan. O sea, la reforma propuesta beneficia no sólo a los que carecen de seguridad, sino que le impide a las corporaciones privadas dar o quitar seguros basadas en la salud del enfermo. Un enfermo, por ejemplo, de cáncer, no puede obtener seguro por el hecho de estar enfermo; la seguridad privada recluta y privilegia a los jóvenes y margina a los ancianos. La legislación propuesta por Obama no hace otra cosa que poner a los EU, a la altura de la Europa Occidental y de varias naciones de la América Latina, ninguna de las cuales es "fascista" o "comunista", salvo Cuba. Que sectores importantes de la población norteamericana rechacen esta normalidad moderna, no se debe, en efecto, a que ella misma sea "fascista" sino a una tradición que desconfía del Estado, cree en los poderes locales y olvida un par de cosas. La primera, es que fueron los legisladores republicanos quienes le dieron al Presidente Bush un trillón y medio de dólares en exención de impuestos en el año 2001, a medida que aumentaron los gastos bélicos en el Medio Oriente e Iraq, contribuyendo, así, a la crisis financiera que debió heredar Obama. Que éste pida 900 mil millones para la salud, hoy, debe compararse a la pérdida de un trillón y medio, ayer, para liberar de impuestos a los más pudientes. ¡Valerosos legisladores republicanos! La segunda es que Obama sólo pretende modernizar a los EU. Modernización fiscal, sanitaria, energética, educativa. Está haciendo todo lo que ya se hizo en las naciones europeas, sin que nadie piense que Sarkozy o Merkel son comunistas. Si fracasa hoy, los EU lo pagarán mañana. Esperemos que la política de Barack Obama, lúcida y modernizante, no sea postergada. Nota: Si en el pasado el régimen de los Ayatolas iraníes pudo presentarse como un frente unido, religioso y nacional, hoy el Presidente Ahmadinejad y el supremo líder religioso Ali Jamenei se enfrentan a una situación que no entienden. Modernizada, diversificada, la sociedad iraní, sobre todo la juventud, no lucha contra el Islam sino por la democracia. Quieren el respeto al voto, la libertad de expresión y el pluralismo político. No son manipulados por la Gran Bretaña, como pretende Ahmadinejad. Tampoco son suprimibles por la fuerza pública. A garrotazos, el Gobierno de Teherán no puede vencer al pensamiento. Sólo se daña a sí mismo y anuncia su propia desaparición.

OBAMA EN NUEVA YORK

HERMILIO LÓPEZ-BASSOLS

Barcelona, España.- Las Cancillerías europeas y en especial la de este país, Alemania, Francia y R.U. miran atentamente la primera apertura multilateral del presidente Obama. Primero, Washington desistió del proyecto para instalar un escudo antimisiles en Polonia y la República Checa al considerar que el peligro nuclear iraní se desvanece. Así se da fin al relevo militar norteamericano instrumentado sobre la Europa del Este a la caída del Muro de Berlín. En su lugar EU desplegaría cohetes desde Turquía o los Balcanes. Este golpe decisivo a la visión mesiánica del mundo de Bush, permitirá un nuevo Tratado para reducir las armas nucleares que caduca en diciembre, por lo que se ve como una victoria diplomática de Vladimir Putin. Barack, pragmático, reconoce entonces los límites del poder de EU y sólo con el apoyo de Rusia podrá resolver el nudo estratégico del Asia Central. Segundo, se espera una pronta decisión de EU respecto al envío de tropas al pantano de Afganistán. Sin embargo en Europa, especialmente en Italia, se piensa que hay que salir lo más pronto posible. Entre las trapacerías sexuales de Berlusconi y Afganistán puede estar la clave del hundimiento del Cavaliere. Tercero, en su primer mensaje en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente se fue a fondo contra la doctrina belicista de su predecesor, al reconocer que ha concluido la época unipolar y que él está consciente del declive de su país en los asuntos mundiales. Reconoció entonces que es una responsabilidad compartida combatir al terrorismo, poner fin a los genocidios, controlar las armas nucleares, limitar el cambio climático y reducir la pobreza. Seguramente estaba alerta de que su esfuerzo por encontrar un camino para la solución del conflicto Israel -Palestina pasa por otras aduanas, entre ellas El Cairo, París, Londres, Moscú y Madrid. Prosiguió en su mensaje señalando que su diplomacia promueve un internacionalismo realista, primero porque se basa en la confianza en el multilateralismo y segundo porque parte de una posición de humildad. A ninguna nación, dijo, se le puede imponer la democracia desde fuera. Finalmente, ratificó su confianza en la Organización -aunque Kaddafi arrojara la Carta al suelo minutos después-, pero le exigió cambios. Ahora resta conocer su planteamiento económico en el G-20 que se celebra en Pittsburgh. Donde no se vio una clara definición fue en la Cumbre del Cambio Climático, tanto EU como China han manifestado su voluntad por reducir las emisiones de carbono, pero esta no se traducirá en compromisos antes de Copenhague, donde se decidirá la suerte de otro instrumento que sustituya al Protocolo de Kyoto de 1997.Es así que en 41 minutos, Obama puso fin a la era Bush en cuanto a política exterior. (Fidel Castro habló en 1960 por cuatro horas y 29 minutos) Contaba esta vez con la presencia de los mandatarios de los otros cuatro países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el líder iraní, el presidente Chávez y su propia esposa. Cuando habló Kaddafi, la delegación norteamericana se retiró en señal de protesta por la liberación de uno de los libios que derribo un avión comercial en Lockerbie, Escocia.Existe una sensación de alivio entre muchos europeos por el mensaje de Obama dado que hay coincidencia con sus cuatro prioridades: La no proliferación nuclear, la paz en el Medio Oriente, el cambio climático y la pobreza en los países en desarrollo. Sin embargo, se apuntan algunas dudas como son la indiferencia que Obama ha manifestado a esta casa europea, su indecisión con relación a Afganistán, el fracaso de su enviado especial al Medio Oriente, la tibieza inicial ante el golpe de Estado en Honduras, la distancia que marcó con el Primer Ministro británico, etcétera.Como lo apunta un matutino británico hoy: El punto es que en este supuestamente nuevo mundo multilateral, todavía hay mucho que Estados Unidos puede hacer unilateralmente que pueda cambiar las reglas del juego para otros, más humildes jugadores. En este discurso, Obama enunció una valiosa visión (del mundo) y lo hizo con ambición y con claridad. Él ha cambiado el tono, sin embargo, él tiene aún que cambiar la sustancia.

CLAVES PARA ENTENDER A MÉXICO

FRANCISCO MARTÍN MORENO

Esteban Cervantes Barrera, el héroe del Metro Balderas.
¿Desea usted entender a nuestro país? ¿Sí..? Pues entonces explíquese “el caso Juanito.” Me refiero al delegado electo de Iztapalapa en el Distrito Federal. De llegar a ganar las elecciones, tal como aconteció, dicho sujeto se comprometió públicamente a entregar el cargo a una persona eliminada de la contienda electoral por una decisión judicial. Es decir, la comunidad votaría por el tal Juanito, a sabiendas de que él no gobernaría, sino que lo haría una tal Clara Brugada. El Tribunal Electoral fue burlado, sus sentencias evadidas. El jefe de Gobierno se exhibió como un títere, cuyos hilos tira López Obrador. La Asamblea del DF ratificaría el nombramiento de una delegada que había sido descalificada. ¿Y las instituciones? La Asamblea y el Tribunal se convierten entonces en meras carpas, en las que el payaso principal lo es el “jefe de Gobierno…”
Pero sucede que el tal Juanito, quien escribe su nombre con faltas de ortografía, traiciona a sus operadores políticos y se dispone a gobernar la delegación cuando nadie votó en realidad por él, sino por la señora Brugada, quien ahora ya no trabajará a su lado ni siquiera en el área de limpieza. Nada. El electorado alegará: votamos por Juanito legalmente aunque nuestra intención consistía en que él no fuera el delegado. Cantinflas diría que este es un problema de falta de ignorancia, porque se vota por quien no va a ser para que quien llegue a ser no sea para que al final de cuentas sí sea… ¡Horror! Si ya le entendió al “asunto Juanito” entonces la ventaja es enorme, porque si la delegación más desastrosa de la capital de la República se desestabiliza, rompería el equilibrio del DF, con lo cual el conflicto llegaría a convertirse, como bien apunta Pabo Hiriart, en un problema de seguridad nacional. Juanito ya no es una broma.
¿Más claves? Estudiemos el caso del Sindicato de Mineros que fue desfalcado con más de 50 millones de dólares por su propio líder Napoleón Gómez Urrutia, el mismo que se vio en la necesidad de fugarse del país para internarse en Canadá, en donde se siente a salvo de las diversas órdenes de aprehensión libradas en su contra por diversos delitos cometidos en nuestro país. Sin embargo, sus agremiados, a pesar del gigantesco fraude cometido en su contra, los desfalcados y los burlados, todavía exigen el desistimiento y la reinstalación de quien los desfalcó y burló o, de lo contrario, intentarán paralizar a la industria acerera, fundamental en el desarrollo del país. ¡Ay!, Cantinflas…
¿Otra clave? El gobierno está quebrado. Las finanzas públicas arrojan un faltante de 300 mil millones de pesos para el ejercicio 2010. En lugar de eliminar valientemente algunos subsidios como el de la gasolina, el de Luz y Fuerza, suprimir representaciones del gobierno federal en el interior del país, derogar algunos regímenes especiales, recortar el número de diputados y senadores, cancelar plazas burocráticas, reducir las aportaciones a partidos políticos y al TEPJF y al IFE, entre otros tantísimos rubros más, pues no, en lugar de ir por la inmolación política más que prometida, el gobierno se propone un incremento tributario en plena crisis económica que ya arroja un total de dos millones de mexicanos o más, sin empleo. Quien no tiene ni para comer ahora tendrá que pagar más impuestos al consumo, que aunque es el camino idóneo, no es, ni mucho menos, la ocasión adecuada.
La ciudadanía se queja de la corrupción de la autoridad y es quien la corrompe; la asociación inteligente, similar a la que existe en muchos países, con empresas petroleras extranjeras, nos podría significar el exitoso rescate de millones de mexicanos sepultados en la miseria y, sin embargo, preferimos una nueva convulsión social antes que reformar la Constitución; los cuerpos policiacos dedicados a la erradicación de los secuestros, están integrados, en buena parte, por los propios secuestradores; la Secretaría de Turismo, la industria que podría aportar más del doble de las divisas captadas por el petróleo y las remesas, es degradada con una torpeza que raya en la obnubilación. ¿Ejemplo? Los ingresos por turismo en España alcanzaron los 70 mil millones de dólares. En Francia la cifra se remontó a 65 mil millones en 2008, mientras que en México se desaparece a la Secretaría de Turismo, cuando, de estar bien conducida, podría representar nuestra salvación.
Es fácil entender a México, ¿no..?

'NO HAY CALDO QUE NO SE ENFRÍE'

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

"No hay caldo que no se enfríe, caramelo que no empalague ni amor que no enfade". Y en efecto. Se trata de un sabio refrán. El tiempo tiende a modificar las cosas y la percepción sobre las mismas. El caldo, al salir de la lumbre, suavemente baja su temperatura. Y también la naturaleza de las cosas nos condena a ver "la otra cara de la moneda": el dulce exquisito empalaga y hasta el amor más profundo enfada.
Por ello no existe el paraíso en la tierra. Habría que detener el tiempo y lograr que "las cosas" no fueran ambiguas. Incluso el "bien" no deja de acarrear derivaciones "malas". En los últimos años hemos visto cómo muchas de las aspiraciones democráticas se cumplían y cómo portaban una estela indeseable. Una estela que está en la naturaleza de la cuestión y por eso más vale aprender a vivir con ella y buscarle correctivos propios, ya que no sólo la vuelta al pasado es indeseable, sino que buena parte de las nuevas realidades ojalá no acaben deteriorándose más. Pongo ejemplos.
La división de poderes fue el deseo de muchos demócratas mexicanos. Dejar atrás la absoluta preeminencia del Ejecutivo y construir un sistema equilibrado de poderes constitucionales. Y hoy, las Cámaras, la Suprema Corte, los gobernadores, los congresos locales, y no pocos ayuntamientos, tienen dinámicas propias y no se encuentran subordinados a la voluntad presidencial. En buena hora. Solamente que ese equilibrio hace más complicada la gobernabilidad, entendida en su sentido más estrecho: la capacidad del gobierno para hacer prosperar sus iniciativas en el entramado institucional.
El acceso a la información pública es un pilar de la vida democrática. Durante años fue manejada como si se tratara de un patrimonio personal y privado. Hoy, a través de cambios constitucionales y de las leyes de transparencia los ciudadanos tenemos la posibilidad de llegar a ella. Se trata no sólo de un derecho sino de un mecanismo de control de la autoridad. Funciona de manera dispareja, pero su mecánica tiende a convertirla en una rutina de la que pueden beneficiarse muchos. Su derivación no tan buena es que sirve también para alimentar escándalos sucesivos.
La libertad de expresión hoy tiene grados mucho más amplios que en el pasado inmediato. Hace 30 años las televisoras, las radiodifusoras y la inmensa mayoría de los periódicos se encontraban alineadas al gobierno. Hoy no. Y eso es una buena nueva. Esa libertad es fundamental para una convivencia abierta y un poderoso instrumento de control sobre los poderes públicos y privados. No obstante, su cauda de amarillismo, manipulación y estridencia también sirve para edificar un teatro de lo público plagado de ruido e irracionalidad.
La Presidencia acotada fue el clamor de los anti autoritarios, el símbolo de lo que debía ser una auténtica república. Con los abusos que se cometieron desde el Ejecutivo se podrían editar varias enciclopedias. Y el avance de la pluralidad en el mundo de la representación logró que el Presidente tuviese que vivir acompañado de pesos y contrapesos. Una meta alcanzada. Sin embargo, no faltan los que añoran las potencialidades de la Presidencia omnipotente de cara al laberinto en el que hoy se encuentra atrapado el Ejecutivo.
El federalismo ha sido una aspiración desde los primeros pasos del México independiente. Y quedó plasmado en varias constituciones incluyendo la de 1917. No obstante, el federalismo fue más nominal que real a lo largo de las décadas. La sumisión de los gobiernos estatales al federal fue la regla y los desacatos se pagaban caro. Hoy, el avance del pluralismo edificó nuevas relaciones entre el "centro" y la "periferia" y los márgenes de libertad de la segunda son enormes. No obstante, nuestro nuevo federalismo tiene no pocos rasgos de viejo feudalismo.
La nueva Suprema Corte se está convirtiendo en el gran árbitro de los conflictos entre poderes a través de las controversias constitucionales y en el tribunal encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes mediante las acciones de inconstitucionalidad. Ambas son funciones estratégicas desde la perspectiva de un Estado constitucional de derecho. Una novedad importante si se aspira "al imperio de la ley". No obstante, la judicialización de la política genera tensiones naturales con la soberanía de los congresos.
El pluralismo en los congresos fue el primer signo de apertura de la estructura autoritaria y hoy es una realidad viva y elocuente que construye espacios donde se expresa la diversidad de la república. No existe ámbito institucional en donde mejor se encuentre representada la variedad de opiniones, sensibilidades e idearios que conviven en el país. El tiempo de las (casi) unanimidades quedó atrás y la coexistencia de la pluralidad se hizo realidad. No obstante, por su nueva integración, los congresos son más lentos y complicados, ya que están obligados a construir mayorías a través de la negociación.

A SANGRE FRÍA

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

Los hechos terribles e incomprensibles de las últimas semanas deberían llevarnos a reflexionar detenidamente sobre el tipo de valores que parecen asentarse en la vida cotidiana de quienes habitamos en México. Las imágenes crueles de un desquiciado asesinando a personas en el Metro con la mayor sangre fría, la risa enloquecida de un presunto secuestrador de aviones, la saña de un par de adolescentes que ultiman a una familia en Villahermosa sólo porque querían tener relaciones sexuales con la señora de la casa, y cientos de episodios más, quizá ya no puedan ser calificados como hechos aislados. Desde luego, no me voy a sumar a ninguna teoría del complot, pero sí quisiera destacar que detrás de ese cúmulo de actos siniestros quizá se oculta un hecho de alcance considerable: el fracaso de la sociedad mexicana en prohijar una serie de valores que permitan un mínimo de convivencia civil pacífica.
Tomemos el caso del asesino del Metro del DF; con independencia de la sanción que merecidamente le impondrán por sus actos, uno se pregunta cómo es que pudo haber conseguido una pistola, de dónde la sacó, cómo obtuvo tantas municiones. Pero además dan ganas también de indagar sus antecedentes escolares: ¿en qué escuela fue educado (es un decir) ese energúmeno? ¿Tomó clase de civismo alguna vez? ¿Quién fue su profesor? ¿Qué calificaciones le pusieron?
Cuando todos los días revisamos las estadísticas de delitos que quedan impunes (más del 98% de delitos no son castigados), cuando desde el propio poder público nos repiten sin tregua que nuestros policías no pueden frente a la criminalidad, cuando sabemos que de diciembre de 2006 a la fecha se han producido más de 14 mil ejecuciones, cuando nos enteramos de que en este país viven sujetos capaces de diluir en ácido a cientos de personas o sicarios que desde su adolescencia ejecutan a otros por menos de mil pesos, es posible que estemos transmitiendo un mensaje equivocado a algunos tipos que de por sí no tienen muy afianzados los valores más elementales que hacen posible la convivencia.
Obviamente, del otro lado también hay héroes, personas dispuestas a luchar por sus derechos y a no dejarse violentar en su integridad ni permitir que viole la de los demás. La tripulación del vuelo de Aeroméxico, los miles de policías honestos y trabajadores que noche tras noche patrullan nuestras calles (muchas veces sin entrenamiento o medios suficientes para cumplir con su trabajo y ganando un sueldo bajo), el hombre que decide enfrentar al asesino de la estación Balderas y que se levanta una y otra vez pese a los balazos recibidos, las víctimas que cada año pierden su patrimonio o a sus seres queridos y que luego son doblemente victimizadas por un sistema de justicia penal corrupto e insensible, etcétera. Esas son las personas que nos mantienen con esperanza y que hacen la diferencia para evitar que este país se caiga en pedazos. Hay que ensalzar su conducta y darles el mejor lugar en nuestro espacio público, pues son lo mejor que tiene México.
Para construir nuevos valores no basta con decir que el gobierno tiene toda la responsabilidad. La tiene en gran medida, desde luego, al ser el encargado de administrar el sistema educativo nacional. Pero también es cierto que tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de educar en la familia, de reforzar valores entre nuestro grupo social, de asumir compromisos cívicos y participativos, en vez de adormecernos días tras día viendo el televisor o de promover la abstención electoral. Igualmente, los medios de comunicación tienen una tarea inmensa por hacer, muy lejos del amarillismo que caracteriza a algunos de ellos.
Se trata de repetir hasta el cansancio una idea básica: vale la pena vivir en paz, pero para ello todos tenemos que poner de nuestra parte.
Podemos comenzar con hechos sencillos, casi humildes (como no pasarse el alto o no tirar basura en la calle), pero que a la postre acaban marcando la gran diferencia. También en materia de convivencia cívica se puede afirmar que la forma es fondo.
Si no asumimos el papel que nos toca realizar, nadie lo hará por nosotros. No nos demoremos.

INDEPENDENCIA EN LA DEPENDENCIA

MANUEL BARTLETT DIAZ

Salvo en la retórica de las celebraciones, cumplidas burocráticamente, la de los niños héroes, el grito, el desfile, el gobierno de México ha dejado de luchar por la independencia nacional. Por nuestra situación geopolítica, económica y social, histórica y coyunturalmente la lucha por la independencia debe ser permanente. El pueblo, como siempre, llenó las plazas, gritó y cantó con entusiasmo, pese a que esas masas apretujadas sufren el empobrecimiento creciente.
Felipe Calderón, en su tercer Informe difundido hasta la saciedad, señaló como causa central de la situación crítica del país la dependencia de Estados Unidos. Lo afirmó no como un problema a enfrentar, sino como la aceptación fatal de una situación que asume pasivamente. Sus planteamientos no aportan nada al respecto. La lucha por la independencia frente a la dependencia atroz que nos doblega no se da en “el grito” desde el balcón del Palacio, sino en acciones concretas, urgentes, que ni siquiera se esbozan.
Al pie de la columna que simboliza nuestra Independencia, el secretario de Gobernación pronunció un discurso superficial en nombre del Ejecutivo. Recordó que el Presidente nos ha invitado a aprovechar este momento —o sea, el estado de shock— para la transformación, la reforma, la reestructura, la transición, grandes palabras sin concreción. Sentenció el ministro que “hablar de soluciones implica fortalecer nuestra economía (deshecha), hacer partícipe a todos de sus beneficios” (con más de la mitad de la población en la pobreza). Invitó —comprensivo— a “reafirmar nuestra capacidad de indignación ante realidades inaceptables” y “nuestra voluntad para modificar intenciones insostenibles”; todo se hará, según él, mediante “acuerdos y coincidencias”.
Nada de día de la Independencia, en relación con la dependencia llevada al extremo de tenernos en la parálisis y en la brutal caída del producto nacional, nada frente a la incapacidad del manejo soberano de nuestra política económica. Ningún atisbo de medidas apremiantes de protección.
La defensa de la independencia y de la soberanía nacionales es mandato explícito en la Constitución. Nuestra Carta Magna consigna que el Estado debe regir el desarrollo nacional que fortalezca la soberanía nacional; fomentar el crecimiento económico y el empleo, la justa distribución del ingreso y la riqueza (artículo 25). El Estado está obligado a planear el desarrollo nacional, el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación (artículo 26). Establece en su artículo tercero como principios fundamentales la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y el acrecentamiento de nuestra cultura. Mantener un modelo económico y aplicar políticas que no cumplen con estos mandamientos son violaciones flagrantes de la Constitución. En el estado de derecho no es válido usar facultades constitucionales para usufructuar el poder e ignorar otras que obligan a la atención social y exigen la defensa indeclinable de la independencia y la soberanías nacionales.
El Estado está obligado a regir la economía para asegurar la soberanía nacional y la independencia económica, lo contrario a fomentar la dependencia y dejar al libre juego de los intereses, de las fuerzas del mercado, la distribución del ingreso y la riqueza, porque incumple el mandato de fomentar la democracia económica y social.
A esto se debería referir el señor Gómez Mont, representante el 16 de septiembre del presidente Calderón, cuando habla de “reafirmar nuestra capacidad de indignación ante realidades inaceptables” —capacidad hoy, por lo dicho, endeble— y de “recuperar el espíritu de lucha” que, en efecto, han perdido, y de “asumir los costos de la transformación”. Bien, se les está haciendo tarde.

JACINTA Y LA PGR

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

La señora Jacinta Francisco Marcial, más conocida como "Jacinta", fue sentenciada junto con otras dos mujeres de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán del municipio de Amealco, en el Estado de Querétaro, por el Juez Cuarto de Distrito de ese Estado como responsable del delito de secuestro en agravio de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en aquella comunidad. Al efecto y hasta el año de 2009 la defensa de "Jacinta" interpuso ante el Juzgado Cuarto de referencia el recurso de apelación, mismo que recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Distrito. La resolución de tal Tribunal, de fecha 7 de abril de 2009, fue en el sentido de ordenar la reposición del procedimiento habida cuenta de una serie de irregularidades procesales consistentes en graves "contradicciones substanciales" en los testimonios de los seis agentes de la AFI, además de señalar el Tribunal la posibilidad de que los hechos se hubiesen derivado de "una negociación consentida y propuesta por los servidores públicos de la Procuraduría General de la República". A mi juicio y en estricto Derecho el Tribunal debió, con base y fundamento en los principios de "in dubio pro reo" y de "in dubio mitius" ("si hay duda hay que estar a favor del reo" y "si hay duda hay que abstenerse"), y no en la figura jurídica de la "duda razonable", que por cierto invoca absurdamente la Procuraduría y que no existe en nuestra legislación penal, decretar la inocencia de "Jacinta" y su consecuente falta de responsabilidad, es decir, de culpabilidad, manifestando plenamente la inocencia de la acusada. Establecidas así las cosas resulta que la Procuraduría, ya dispuesta por el juez la reposición del procedimiento y habiéndose llegado a la etapa final de las conclusiones, decide presentarlas inacusatorias lo cual trae como consecuencia que aquél disponga el sobreseimiento (con idénticos efectos a los de una sentencia absolutoria); lo que equivale a cesar la instrucción y dejar sin curso ulterior el multicitado procedimiento.Ahora bien, en el ínter la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le solicitó a la Procuraduría General de la República que analice la conveniencia de invocar los mecanismos legales para obtener la reparación del daño causado a Jacinta Francisco Marcial, después de su injusto encarcelamiento de tres años; siendo que la Procuraduría, a través del Director General de Normatividad, informó lo siguiente el pasado día 22. Que no procede la reparación del daño a favor de "Jacinta" porque "no fue declarada inocente". Que aunque no se presentaron conclusiones acusatorias en su contra, ello "no fue por la ausencia de imputaciones sino porque éstas fueron contradichas por nuevos elementos que llevaron a considerar la figura jurídica de la duda razonable". Que esto no significa la inocencia de "Jacinta" "sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos". Que "no se eliminan jurídicamente las incriminaciones en su contra" y que "de forma ineludible en el asunto que nos ocupa existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos". Y, finalmente, el Director General de Normatividad manifiesta que las conclusiones no acusatorias darán por resultado "que se decrete el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria, no por inocencia, sino por no existir elementos incriminatorias". Ojala algún diputado abogado, que los hay, exhiba las inconsistencias y barbaridades del anterior informe. La verdad indiscutible es que "Jacinta", expresa y tácitamente, fue declarada inocente. ¿Por qué? Porque las conclusiones inacusatorias conllevan la evidencia y certidumbre de su inocencia. Si las imputaciones en su contra fueron contradichas, entonces hubo o hay dudas, no la "duda razonable", que nada tiene que hacer en el ámbito penal mexicano, sino la duda consagrada, como ya lo dije, en los principios "in dubio pro reo" e "in dubio mitius". ¡Y el colmo! La Procuraduría dice que "Jacinta" no es inocente aunque "no haya sido posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos que se le imputaron". ¡Para Ripley! Y para bochorno de una Procuraduría que "razona" tan lamentablemente. No se niega la posibilidad de que se hayan cometido delitos en agravio de miembros de la Agencia Federal de Investigación. ¡Pero no se ha demostrado ni comprobado que los cometiera "Jacinta"! Por último, la Constitución determina en la fracción I del Apartado B de su artículo 20 que es un derecho de toda persona imputada "que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". En consecuencia, si el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria es inconcuso que "Jacinta" fue absuelta. Ergo es inocente. Bienvenido el nuevo Procurador a un reto gigantesco que debe comenzar por hacer limpia de barbaridades jurídicas que desprestigian a la institución y ponen en serio entredicho la justicia del país.

LAS LEYES DE REFORMA: SU ACTUALIDAD

SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ

La protección de los derechos humanos, es un tema que inició en el ámbito mundial después de la Segunda Guerra y sigue en una lucha constante por concretar su incorporación al derecho.Dentro de dicho marco, se han instrumentado diversas políticas públicas cuya finalidad es nivelar a todos aquellos grupos vulnerables en los ámbitos laboral, educativo, familiar y político -sólo por mencionar algunos-. Uno de tales mecanismos es la denominada acción afirmativa, figura que surgió desde inicios de los años sesenta, y consiste en una serie de medidas públicas, de carácter temporal, enfocadas a corregir la desigualdad que se ha generado entre los grupos sociales.Lo anterior puede verse materializado, por ejemplo, en la creación de medidas legislativas tendientes a obtener una efectiva distribución de los bienes sociales que conllevarán a la equidad social buscada por toda Nación.En el Estado Mexicano se ha visto reflejada la figura en cuestión, como se aprecia en la reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua, del veintisiete de diciembre de dos mil seis, en la cual en su artículo 126 se estableció una penalidad agravada, tratándose de homicidio perpetrado contra una persona del sexo femenino o de un menor de edad, y por primera vez, fue analizada su constitucionalidad por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión de fecha nueve de septiembre del presente año.Nuestro más Alto Tribunal concluyó que el artículo referido no transgrede el artículo 1 de la Carta Magna, derivándolo de un análisis a la motivación que puntualizó el legislador al establecer dicha agravante, consistente en que los homicidios efectuados en esa entidad federativa en los últimos diez años contra las mujeres, han perturbado el orden y la tranquilidad social.Así, el legislador acudió al mecanismo de la acción afirmativa, con la finalidad de salvaguardar los derechos de un grupo socialmente vulnerable que, como se sabe, han sido las mujeres y los niños de dicho Estado desde el año de 1993, y la validación de dicho acto puede verse reflejada en la manera cómo nuestro Alto Tribunal resuelve sus casos.Se trata de un gran logro obtenido a través de una política pública, cuya finalidad debe ser difundida para generar una conciencia mexicana en relación con el tratamiento preferencial temporal que se debe dar a ciertos grupos marginados para lograr su integración, ya que éstos necesitan desarrollar la capacidad de influir y participar en el cambio de dichas políticas. Es preciso señalar que la acción afirmativa, al propugnar por la equidad social, tiene que estar enfocada a la finalidad por la que existe, por lo que debe tener un carácter temporal para su eficacia, lo cual se medirá en el momento en que la desigualdad que pretende erradicar encuentre un plano de equidad, ya que de pensarse ilimitadamente en ella, podría generar a la larga la discriminación a la inversa de la que se sustentó.De tal manera, considero importante tener presente que para alcanzar el objetivo que pretenden las acciones afirmativas es necesario que sean revisadas constantemente, ya que como afirmé, es una medida de carácter temporal, y el análisis de la equidad de grupos sociales dependerá de las circunstancias que se presenten cuando estén vigentes.Como conclusión de todo lo anterior, se observa en el Estado Mexicano un avance en la aplicación de mecanismos como las acciones afirmativas que buscan eliminar la desigualdad entre diversos grupos vulnerables, lo que sin duda es un avance para la protección efectiva de los derechos humanos.

OBAMA, SALUD Y JUSTICIA SOCIAL

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Ya en su vejez, Jorge Luis Borges se imaginó conversando con un joven, él mismo, 50 años menor, en una de sus más intensas y mejor armadas ficciones, Borges dialoga, se reconoce en el otro, ve sus rasgos fundamentales y mira en sí mismo sus sueños triunfantes y los postergados. El saldo agridulce no le permite sino añorar aquellas cosas que pudieron haber sido; después de todo, uno de los mejores poemas de Borges comienza diciendo... “pienso en las cosas que pudieron ser y no fueron...” El presidente Obama ha preferido apostar hoy por un cambio que, a su juicio, espera prevenir tanto un desastre financiero como imprimir un sello de justicia social al único sistema democrático del mundo en el que la salud es un derecho que no está garantizado.
Chile, en 2008, modificó, después de 25 años, su sistema de pensiones, aquel que orgullosamente declaraba ser el primer sistema absolutamente particular en el mundo. La cantidad de personas que, al cabo de los años, no alcanzaron a ahorrar lo suficiente para obtener una pensión, se convirtió en un problema de urgente resolución que amenazaba, no sólo al sistema financiero, sino que ponía el acento en las relaciones económicas de la sociedad chilena: la reforma lleva el significativo nombre de Pilar Solidario.
Así, lo que pareciera el lento retorno de las políticas sociales y la vuelta del péndulo que nos llevó hasta la extrema derecha es, en realidad, una demanda mundial por nuevas relaciones económicas más humanas y más solidarias, basadas más en el trabajo y la redistribución del ingreso y en la solidaridad y menos en la especulación y el fantasioso trasiego de millones de dólares inexistentes. En todos los países, la fórmula parece haber fracasado, la construcción de inmensas fortunas para los amos de la información y los dueños de los canales de distribución de la riqueza, por encima de los derechos del resto de la sociedad, y la inequidad entre los diferentes sectores económicos, produjeron no sólo el empobrecimiento de grandes masas en todo el mundo, sino también ampliaron la brecha entre ricos y pobres y, finalmente, nos hundieron en este ajuste de cuentas que llamamos crisis económica global.
Insistir en soluciones parciales es abonar la semilla de la crisis que con mayor gravedad habrá de volver en 20 o 30 años. Al contrario, nuevas reglas económicas para todos, basadas en la acción solidaria y equilibradora del Estado, podrían rendir buenos dividendos y, más que nada, contribuirían a no separar más a la población al interior de las sociedades, a no crear submundos en este planeta que ya bastante complicado se nos aparece.
En su demanda de aprobación, el presidente Obama, habla tanto de una competencia ordenada en el sector de los servicios médicos como también de una acción de justicia que permita distribuir la riqueza. Algo que nosotros también deberíamos comprender. Nuestro discurso ideológico constitucional está pleno de derechos como la vivienda, la salud o la educación, aunque, para hacerlos efectivos es necesario pensar en términos de cómo puede nuestro esfuerzo complementar el de aquellos que, por sus condiciones, difícilmente pueden satisfacer sus necesidades por mucho que se empeñen.
No resultaría grato, en diez o 20 años, ponernos a pensar en las cosas que pudieron ser, y no fueron.

FORTALECER AL CONGRESO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Que los poderes legislativos no gozan de buena fama pública es algo evidente. La percepción ciudadana de esos órganos es particularmente negativa, como lo revelan reiteradamente las distintas mediciones de los más diversos mecanismos de evaluación de la cultura democrática.
A ello ha contribuido, sin duda, la poca calidad del trabajo legislativo (que aunque cierta se ha magnificado hasta convertirse en un lugar común), la baja productividad de los congresos (aunque, desde mi punto de vista, todos los criterios para evaluar este punto son absurdos pues ponderan cantidad y no calidad), los abusos en términos de ejercicio del presupuesto (y no pocas corruptelas) y una serie de lamentables episodios protagonizados por legisladores.
Pero también el mal juicio ciudadano sobre los legislativos se debe a una reiterada y malintencionada campaña proveniente de los poderes Ejecutivos, de los grandes grupos de interés económico y de los medios de comunicación (particularmente los monopolios televisivos) por desprestigiar a los congresos. Insisto en algo, los legisladores poco ayudan a reivindicar al poder del que forman parte, pero es innegable que existen muchos actores, con agendas profundamente autoritarias, interesados en minar la ya deficitaria confianza en las asambleas legislativas.
Y es que, aunque frecuentemente se eluda el punto, en las democracias constitucionales el órgano democrático por excelencia es, precisamente, el Poder Legislativo. No lo son ni el Ejecutivo (con todo y que surja de una elección popular directa), ni el Judicial (cuya legitimidad es jurídica y no democrática). Ello es así porque el Congreso es el único espacio del Estado donde la pluralidad política existente en una sociedad puede expresarse, verse representada y recrearse de cara a la toma de las decisiones colectivas.
Lo malo es que el descrédito del Legislativo tiende a propiciar y justificar una serie de peligrosas propuestas que consciente o inconscientemente han cobrado carta de naturalización entre muchos académicos, políticos y gran parte de la ciudadanía en general. Dos de ellas incluso han sido recogidas por el partido en el gobierno, sostenidas en su pasada plataforma electoral e incorporadas en la agenda legislativa del PAN.
Me refiero a la propuesta de reducir el número total de legisladores (en Senado y Cámara de Diputados) y a la de aplicar ese recorte en la cuota de representantes elegidos mediante el principio de representación proporcional. Por supuesto, son propuestas fácilmente vendibles en el contexto de baja confianza en el Poder Legislativo y de crisis económica que padecemos, pero que en nada contribuyen al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Todo lo contrario.
En primer lugar, el ahorro es muy menor frente a la magnitud del hueco en las finanzas públicas (y, por cierto, llama la atención que el PAN no haya planteado una reducción en la jugosa y ominosa partida de “gastos suntuarios del Ejecutivo”). En segundo lugar, no se toma en cuenta el hecho de que un Congreso más pequeño es, por su propia naturaleza, menos representativo. En tercer lugar, no se pondera el que la cuota de representación proporcional tiene la finalidad de compensar los antidemocráticos efectos de sobre y subrepresentación que genera el sistema de mayoría relativa con el que se elige a la mayoría de los diputados y los senadores y que, históricamente, fue mediante ese mecanismo que se abrió paso la democratización del sistema político al permitir a la oposición tener una presencia cada vez más consistente.
Nadie está peleado con racionalizar el gasto e impedir que se cometan excesos y corruptelas (como el dinero que se llevaron los diputados anteriores por los boletos de avión no ejercidos), tampoco en discutir las dimensiones idóneas del Congreso, pero eso tiene que ser el resultado de un debate serio y objetivo y, por ello, no contaminado por los lugares comunes y mucho menos por el ambiente de desprestigio que interesadamente se ha venido creando en torno al Poder Legislativo.

REFORMAS CON ERRE

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Por casualidad, o de manera premeditada, los tópicos que empiezan a prefigurar la agenda de la reforma política en ciernes inician con erre. Esbozadas hace varias semanas por el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, las propuestas tienen orígenes diversos y una misma trayectoria. Todas ellas han estado en las incontables agendas de reforma del Estado desde hace varios lustros, pero ninguna ha logrado el acuerdo que las convierta en adecuaciones constitucionales o legales que su instrumentación requiere.
Sin embargo, parece abonado el terreno para la confluencia de visiones y propósitos entre los tres principales partidos políticos, las correspondientes fracciones parlamentarias en ambas Cámaras y la voluntad reformadora del Ejecutivo federal, plasmada en el punto 10 de su decálogo del 2 de septiembre, refrendado por el secretario de Gobernación en su comparecencia ante la Cámara de Diputados el jueves pasado.El problema no está en el listado de propósitos, sino en la ausencia de un proyecto que los articule para otorgarles rumbo y sentido de conjunto. La pregunta que espera respuesta es ¿qué tipo de sistema político deberá surgir de ese conjunto de iniciativas? Hay quienes se pronuncian por transitar a un sistema constitucional de tipo parlamentario, otros le anteponen el prefijo "semi", y hay quienes postulan la permanencia del sistema presidencial, acotado por nuevas facultades de los poderes Legislativo y Judicial, así como por una redistribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno.A la pregunta anterior cabe sumar otras, más precisas, en torno a las reformas -con erre- puestas sobre la mesa. Veamos algunas de ellas.Reelección inmediata de legisladores. ¿Para uninominales y plurinominales; también para senadores de primera minoría? ¿Reelección acotada a un determinado plazo o indefinida? ¿Los integrantes de la legislatura que apruebe la reforma podrían beneficiarse de la misma? Preguntas semejantes cabe plantear respecto de la reelección de ayuntamientos.Reducción del número de legisladores. ¿Sólo afectaría a los plurinominales? La propuesta más escuchada es reducir 100 diputados plurinominales y eliminar los 32 escaños de los electos por esa vía; pero hay que hacer cuentas y medir el efecto sobre cada partido. ¿Permanecería vigente la cláusula de tope a la sobrerrepresentación? ¿Qué se resuelve reduciendo el número de legisladores? ¿Es oportuno aumentar el número de distritos uninominales, fijado en 300 desde hace tres décadas?Referéndum y plebiscito. ¿En qué casos uno y otro? ¿Cuáles serían los requisitos y las materias que podrían estar sujetas a ese tipo de consultas? ¿Cuáles los efectos sobre la estabilidad y permanencia de las instituciones públicas y los principios dogmáticos? Por ejemplo, ¿sería admisible que mediante referéndum se derogue el principio de no reelección absoluta del Ejecutivo federal y los ejecutivos estatales? ¿Quién organizará las consultas y garantizará la legalidad del resultado? ¿El IFE?Ratificación del gabinete presidencial. ¿Todos los secretarios de Estado y directores de organismos públicos, o solamente los primeros? ¿Cuál sería la Cámara que ejercería esa atribución? ¿Ratificación ad hominem o en paquete? ¿Jefe de Gabinete o Primer Ministro?Revocación de mandato. ¿Sólo para servidores públicos de elección popular, o también para designados? ¿Cuál sería el procedimiento para activar la consulta; los requisitos de procedencia y validez del resultado? Si se revoca el mandato de alguien electo, supongo que habría que convocar a elecciones extraordinarias. ¿En cuánto tiempo? ¿Quién ocuparía la vacante en tanto se realiza la elección? ¿Los partidos harían campaña para promover la revocación o permanencia del afectado? ¿Podrían los diputados o senadores promover la remoción del Presidente, y éste a su vez la de los legisladores?Antes que seguir abultando la agenda, procede abrir espacio a una reflexión de fondo, y dar respuesta a las interrogantes que plantean las erres.

LA SEÑORA PRESIDENTA

JAVIER CORRAL JURADO

Un gran paso ha dado Argentina: la Cámara de Diputados aprobó el jueves el dictamen de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, con base en el proyecto que presentó la presidenta Cristina Fernández. El proceso legislativo ha sido aleccionador en cuanto a la firmeza de la voluntad política con la que ella decidió poner fin a una vergonzosa ley de radiodifusión de la dictadura militar, con la que desde 1983 la democracia argentina coexistió tan inexplicamente como nosotros con la ley de radio y tv de 1960. Se trata de una legislación que, de ser confirmada por el Senado, se convertirá en un acto político referencial y una esperanza para América Latina.
Con precisión jurídica y técnica, la ley recupera de los grupos oligopólicos a la política, a la información y al futbol. Sólida en la explicación de los artículos y en la fundamentación constitucional, la ley va desarrollando notas al calce para identificar de dónde sacó la inspiración doña Cristina: convenios internacionales, tratados, parámetros de la Comunidad Europea, recomendaciones de la CIDH, directrices de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Ley antimonopolica, regula “el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías”. Crea órganos para la vigilancia y aplicación de la ley, establece normas que garantizan la diversidad de contenidos, cine y artes nacionales, protege a la niñez y genera el derecho de acceso a los contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos.
Las principales medidas están en las reglas para la propiedad cruzada y límites a la concentración de frecuencias. “La multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más de 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios”.
El proyecto obliga a los multimedia a desprenderse de empresas en un año, impide a los operadores de cable tener canales de tv abierta, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una empresa y ordena una reserva de espectro en tres partes iguales, una para uso comercial, otra para el Estado y otra para medios de uso social no lucrativos. Los principales consorcios mediáticos afectados serán el Grupo Clarín (argentino) y PRISA (español).
Ha sido interesante observar cómo también allá se reeditan las viejas cantaletas de “atentado a la libertad de expresión” o “ley mordaza”, y cómo los monopolios se refugian en embustes chantajes y amenazas. Ese formato es lo que avivó el debate e inusitado interés social. Es un paso que debe animar a los congresos nacionales a poner bajo supervisión del Estado una actividad esencial para la democracia como la radiodifusión.
El manejo informativo sobre este tema está siendo manipulador. La mayoría de las agencias internacionales de noticias han trasladado de manera distorsionada los contenidos de la ley y, de manera interesada, han destacado “la oposición” del diputado Miguel Bonasso.
Voz de prestigio, el autor de Recuerdo de la muerte no votó contra el dictamen, sino que se abstuvo. Reconoció las bondades de la ley, pero fue conducido a la abstención debido a que el órgano regulador no quedó en la integración y dependencia exclusiva de la Cámara de los Diputados. Tampoco coincido, pues ya hemos visto que no necesariamente los congresos son garantes per se del interés público (ley Televisa).
Ojalá que el ejemplo argentino cunda en América Latina y particularmente en México. Siempre he creído que una mujer puede aspirar a la primera magistratura de nuestro país, pero espero que ello no sea condición necesaria para que cambie la legislación en materia de radio, tv y telecomunicaciones. Esa aspiración adicionaría complejidades a la batalla contra los negociantes de la política, pues tendríamos que pelear también contra el machismo y la misoginia. Ojalá que las faldas de doña Cristina sean suficientes para instigar a sus colegas a dar el paso; que sirva su acción al anhelo latinoamericano de la UNESCO en el informe MaBride: el reconocimiento de un solo mundo, con voces múltiples.

LA VISA CANADIENSE PARA MEXICANOS

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Suele decirse que nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Los mexicanos, con el propósito de recorrer turísticamente diversos lugares atractivos de diversas regiones de Canadá no requerían la obtención previa de una visa, lo mismo sucedía con aquellos que llevaban la intención de cursar estudios temporales en el país citado o quienes participarían en actividades artísticas o culturales. Sorpresivamente, se difundió el cambio de actitud canadiense: desde el 14 de julio de 2009, los ciudadanos mexicanos requieren visa para viajar a Canadá. Esta decisión rige a toda persona que desee visitar, hacer negocios, estudiar, o trabajar en forma temporal. Tal disposición rigió de inmediato, sin conceder un tiempo transitorio necesario para tramitar la obtención de visas y sin considerar que un viaje de esa naturaleza ha sido preparado con antelación. Hubo personas que, ante lo súbito de la decisión canadiense, se vieron en grandes problemas pues, sólo contaban ya de unos pocos días para realizar su viaje, incluso con pasaje aéreo comprado y con hospedaje pagado, antes de que se estableciera la exigencia de visa.La motivación de la imposición de visa a mexicanos se dio a conocer y se hizo consistir en que las solicitudes de condición de refugiado de nacionalidad mexicana, casi se han triplicado desde 2005, haciendo que México sea el país con el mayor número de solicitudes. En 2008, más de nueve mil 400 solicitudes en Canadá fueron presentadas por nacionales mexicanos, representando el 25 por ciento de las solicitudes recibidas. De las solicitudes mexicanas examinadas y finalizadas en 2008, por la Comisión de Inmigración y Refugiados, un Tribunal Administrativo independiente, sólo 11 por ciento fueron aceptadas.El requisito de visa les dará una mayor capacidad de manejar el flujo de personas hacia Canadá y verificar la veracidad de ellas. La medida reducirá la carga sobre el sistema de protección a los refugiados y se estará en la posibilidad de tramitar más rápido los casos de los refugiados genuinos.A través del trámite de visas se podrá evaluar quién va a Canadá como visitante legítimo o quien intenta usar el sistema de refugio para pasar por alto la lista de espera de inmigración. Los solicitantes de visas canadienses deberán cumplir los requisitos necesarios para obtenerla. Tendrán que demostrar que visitan Canadá en forma temporal, que no se quedarán en ese país más del tiempo permitido, que tienen suficiente dinero para cubrir sus gastos de estadía en Canadá, que tienen buena salud y no constituyen un riesgo para la seguridad de los canadienses.La tramitación de visas de mexicanos para Canadá se restringió en lo que hace a su expedición a la embajada acreditada en México. Los consulados fuera de la Ciudad de México no fueron facultados para prestar el servicio de otorgamiento de visas. La obligación de obtener visas también se hizo extensiva a ciudadanos mexicanos con pasaporte diplomático u oficial.Asimismo, se establecieron cuotas para la obtención de visas. Los pagos deben efectuarse directamente en la Embajada de Canadá. Esas cuotas se establecieron para cubrir el costo de los servicios y no son reembolsables, aunque la visa sea negada. El pago de las cuotas debe hacerse a través de cheques certificados o cheques de caja en pesos mexicanos o giros postales emitidos por un banco. Se pagan los servicios proporcionados y no una respuesta favorable. Las cuotas deben pagarse desde el momento de presentar la solicitud. Los cheques certificados o cheques de caja deben emitirse a nombre de la embajada de Canadá.El monto de la cuota para un turista, en una entrada por persona se fijó en 835 pesos, a lo que se adiciona el respectivo cobro por el banco. México decidió no establecer visas para canadienses pues, un millón 300 mil canadienses visitan México cada año y hubiera sido perjudicial para México imponer el requisito de visas y autoafectarse en gran medida. La canciller mexicana, determinó que a partir del día 16 de julio de 2009, los diplomáticos y funcionarios canadienses que ingresen a México necesitaran tramitar la visa respectiva.