EL TEMA NUCLEAR EN LA AGENDA INTERNACIONAL

OLGA PELLICER

Las armas nucleares son un peligro para la humanidad. Esta aseveración es inobjetable; sin embargo, no conmueve, no produce alarma, no acelera los pasos para evitar la proliferación de las mismas. No ha sido sino hasta últimas fechas que el tema ha recuperado importancia ante la opinión pública y los medios de comunicación internacionales. Los motivos para la atención hacia el peligro nuclear en la agenda internacional son varios: la firma del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para reducir sus cabezas nucleares y establecer un sistema de verificación que aliente la confianza mutua y propicie, eventualmente, mayores reducciones; la Cumbre celebrada en Washington para advertir sobre el peligro del terrorismo nuclear y tomar medidas para combatirlo; la ofensiva diplomática para intensificar las sanciones a Irán y detener, quizá, su avance hacia la fabricación de la bomba nuclear; finalmente, aunque no de menor importancia, la cercanía de la Conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, el documento más importante para evitar la proliferación nuclear. Las acciones protagonizadas principalmente por Estados Unidos y Rusia han sido vistas con optimismo moderado. El número de cabezas nucleares eliminadas en ambos países es pequeño, comparado con el de las que permanecen activas; no se han modificado las doctrinas de defensa que otorgan importancia al armamento nuclear para la seguridad nacional; no ha cambiado la posición de países como Francia, Reino Unido o China, que saben bien cuánto importan sus arsenales nucleares, por pequeños que sean, para mantenerlos en la “élite del poder”. Es discutible si se avanza, o no, hacia el mundo sin armas nucleares que prometió Obama hace poco más de un año en Praga. Y sin embargo, no se puede negar que lo ocurrido en las últimas semanas, aunque sea muy limitado, va en la buena dirección. Es bueno pavimentar el camino para el entendimiento entre Estados Unidos y Rusia en materia nuclear; es bueno ampliar el consenso para tratar el caso de Irán en el Consejo de Seguridad; es bueno ayudar a que se tome conciencia de la posibilidad de que materiales nucleares caigan en manos de terroristas; es bueno, en fin, que el mundo recupere la preocupación por el peligro de las armas nucleares, aun si dicha preocupación no corresponde a la profundidad de las acciones que se realizan. Todo ello es necesario, entre otras cosas, por el interés renovado en el uso pacífico de la energía nuclear. Durante los años de la Guerra Fría, México fue un actor importante en materia de desarme, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear. En aquella época se inició, negoció y llevó a feliz término la negociación para el Tratado de Tlatelolco. Se convocó a una reunión de seis jefes de Estado o de gobierno, provenientes de todos los continentes, para alentar la reanudación de pláticas sobre desarme que se habían suspendido entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. México era un país muy reconocido en todas las actividades que se efectuaban en la Conferencia del Desarme o en la Asamblea General de la ONU para mantener viva la causa del desarme. En otro orden de cosas, puso en marcha la central nuclear de Laguna Verde, para la generación, por ahora, de 4% de la electricidad que se consume en el país. Luego, todo lo nuclear fue cayendo en el olvido. Una serie de circunstancias internas y externas motivaron que se debilitaran los foros ocupados del desarme y fuese imposible detener la proliferación nuclear, como lo evidenciaron los casos de la India, Pakistán y, aun si no lo declara, Israel. Por otra parte, los terrores producidos por accidentes nucleares colocaron en segundo término la energía nuclear como fuente de electricidad. Para México ni los peligros de las armas nucleares ni la utilización pacífica del átomo volvieron a cobrar importancia. No fue así en el resto del mundo. Desde comienzos del siglo XXI la energía nuclear fue recuperando importancia para cuestiones de seguridad o producción de energía. En el primer caso, porque el temor al terrorismo nuclear, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, llevó a buscar mecanismos de control sobre toda instalación que tuviese materiales que pudieran ser utilizados para producir una bomba nuclear. En el segundo caso, porque la búsqueda de energías alternativas que no produzcan gases de efecto invernadero se colocó en el corazón de las políticas energéticas en la mayoría de los países. México se ha quedado al margen de esos desarrollos. Se necesitó la reciente Cumbre convocada por Obama para que decidiese, al fin, realizar la sustitución del combustible nuclear utilizado en el Instituto de Investigaciones Nucleares, una demanda que no se había atendido desde hace casi 10 años. Otro tanto sucede con el Protocolo Adicional de Salvaguardias del OIEA, el cual da a esa organización mayores facultades para monitorear importaciones, exportaciones y utilización de materiales nucleares. Es cierto que, siendo secretario de Energía, Felipe Calderón lo firmó en 2004, pero no se ha ratificado, a pesar de múltiples presiones ejercidas por el OIEA. Todavía no se ratifica al momento de escribir estas líneas, pero seguramente oiremos muy pronto que ya entró en vigor. De algo sirve, por lo visto, el llamado que se hace desde los más altos niveles de Washington. Los compromisos aceptados recientemente en Washington para la seguridad de las instalaciones nucleares fueron inevitables; México no se puede quedar fuera de esas corrientes internacionales. Pero se requiere algo más que decisiones forzadas; se requiere una política que coloque a México al nivel de los países que tienen el uso y la seguridad de la energía nuclear al centro de sus planes de desarrollo a largo plazo. ¿Será posible dentro del ánimo que domina la política nacional?

MARÍA ANA

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

En El mundo de Guermantes, Marcel Proust, habla del falso recuerdo de la infancia y dice: “Esos años de mi primera infancia ya no están en mí, me son exteriores, nada puedo aprender de ellos si no es, como pasa con lo que ha ocurrido antes de nuestro nacimiento, por lo que los demás cuentan”. Esa prehistoria de nuestra vida, que nos explica y nos justifica, al grado de que muchos la consideran madre del destino, es siempre testimonio de los demás, de quienes —cuando natura es generosa— se marchan antes que uno y nos dejan en las sombras de los recuerdos presentes que son, a diferencia de los de ausencia, más vívidos y también más arduos. Hace unos días, una mujer excepcional pasó el umbral de la presencia; una mujer que guardaba en su memoria y su corazón muchas de las claves de una familia que, por su historia —como todas, ciertamente— tiene sus peculiaridades; una mujer que en muchas formas fue heroína de una historia con sombras y luces, pero también víctima de un siglo cruel y de circunstancias de lo más adversas. Hay una heroicidad mayor en la constancia decía Alfonso Reyes, y Yourcenar, por boca de Adriano, afirmaba que no había encontrado en los hombres mayores signos de constancia ni para el bien ni para el mal, por eso, ella brillaba con luz propia, como una suerte de faro para quienes la conocían y como una forma de reposo para quienes la querían. Se trata, pues, de una mujer que a los diez años se vio atrapada por una de las guerras más brutales del siglo XX, una guerra que desgajó su país y que se transformó en un fracaso para la libertad y la conciencia. Con apenas 13 conoció por primera vez el exilio, en Francia, experimentando la noción del no existir, de no ser nada para nadie salvo para quienes compartían su infortunio. Allí presenció atónita la invasión alemana y los campos de concentración. A a los 15 supo de otro exilio todavía más opresor y aún más cruel, el de ser la joven hija de un rojo en la España de la dictadura: sin derechos, sin expectativas, sin más que el cada día en compañía de su madre y sus hermanos. A los 18, México se convirtió, no en un exilio, sino en un oasis y, desterrada de su Villanueva de los Infantes, aprendió otras voces y otros sabores, otros horizontes y, aunque volvería a separarse de su familia para volver a Europa como recién casada, la viudez la devolvió a México para, entonces sí, consolidar familia y nuevo solar, hijos y nietos que le compensaron los años difíciles. Fueron muchos los años en que no pudo conocer la paz y la dulzura sino a dosis atesoradas como la más fina materia y, aún así, con todo cuanto pasó, su sonrisa, su buen humor, su dedicación a la familia, hacían de ella el inexplicable recuento de la esperanza y de la condición humana. María Ana se marchó así hace apenas unos días, a nosotros nos dejó de este lado del río que sólo se cruza una vez y, a mí, en particular, en un mundo que se me va llenando de fantasmas con los que ahora convivo, se llevó los recuerdos de mis primeros días y, a cambio, me dejó con una vida de recuerdos compartidos en que seguirá siendo “la Nana”, la que hizo de la voluntad un acto de valor y heroísmo.

PLURALISMO Y PROPORCIONALIDAD

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

En días recientes ha habido una andanada de artículos en periódicos y revistas que se han dedicado a sacrificar en el altar de las mayorías al principio de proporcionalidad como criterio de integración del Congreso y, con ello, abierta o veladamente, a la representación del pluralismo.
Bajo el argumento de que los partidos pequeños adquieren un peso desproporcionado respecto de su fuerza electoral, los críticos del sistema proporcional abogan por los méritos de contar con mayorías predefinidas y sostienen, en consecuencia, la pertinencia de todos los mecanismos que la induzcan (o que de plano la creen artificialmente), como el sistema electoral de mayoría relativa, la segunda vuelta, la cláusula de gobernabilidad y la eliminación de cualquier tope a la sobrerrepresentación. Todos, sin excepción, asumen la sobrerrepresentación como algo natural y sin duda deseable en las democracias, aunque ello sea a costa de algo que les resulta prescindible e intrascendente, que la pluralidad política esté representada.
Un argumento es que el actual sistema mixto de integración de las Cámaras provoca que los partidos pequeños sean indispensables para formar mayorías y que ello los sobredimensiona en su peso político. Así, se dice que, por ejemplo, el PVEM “con 7% de los votos tiene el mismo poder que el PAN con el 30%” (José Córdoba, Reforma, 11-04-2010). Más allá de la simplificación, si las matemáticas no fallan, toda reforma constitucional, sin excepción, con los números actuales de integración del Congreso requiere del apoyo del PAN, con lo que el argumento resulta ser falaz, porque este partido y el PVEM definitivamente “no tienen el mismo poder”.
Además, racionalmente, aún con un sistema de mayoría relativa puro, puede darse el caso que el partido mayoritario no cuente, con todo, con la mayoría requerida para tomar decisiones y, por ello, dependa de la alianza con otros partidos (incluso muy pequeños) para lograrlo.
En las democracias suele ocurrir que las mayorías tengan que construirse porque los electores con su voto no las generan a priori (incluso en el hoy santificado por muchos sistema de mayoría relativa). Pero de eso se trata precisamente la democracia, de que cuando los votos no las predeterminan, las mayorías se alcancen mediante los mecanismos de inclusión que le son típicos: la negociación, el consenso, el acuerdo político entre partes. Tal vez eso es lo que no les gusta a los detractores de la proporcionalidad y de la representación del pluralismo.
Una sociedad democrática no es sólo la que reconoce el pluralismo existente y permite expresarse a través de muchas formas de organización política, en primer lugar los partidos, sino la que contiene fórmulas para que esa diversidad ideológica y política se vea representada en los órganos de decisión colectiva, en primer lugar el parlamento. Y esa representación, para ser efectivamente representativa —y por ello democrática—, supone que refleje, en lo posible, el efectivo peso que tienen las fuerzas políticas con un mínimo de relevancia entre la sociedad. ¿Eso complica la capacidad de gobierno? Indudablemente. Pero nadie ha dicho que la democracia sea un régimen sencillo. La lógica de la democracia complica indudablemente la toma de decisiones. Pero, a cambio, su gran virtud es su intención incluyente del mayor número posible de ciudadanos y el procurar que las decisiones que se adoptan reflejen efectivamente la voluntad de la mayoría de ellos. Inclusión frente a exclusión, en ello se sincretiza el valor democrático.
Ello supone, evidentemente, que cuando los ciudadanos en las urnas no expresan una mayoría clara respecto de un partido político, esa mayoría tendrá que construirse en sede parlamentaria a través de acuerdos. Si somos congruentes con la lógica democrática es algo inevitable. Pero no sólo no es algo imposible, sino que es algo muy frecuente en muchas democracias. Va un ejemplo que sorprenderá a muchos: el de México desde el año 2000. En esta década, caracterizada por la falta de mayorías preconfiguradas, se han procesado el mayor número de reformas constitucionales para un periodo similar desde 1917 y algunas de ellas de trascendental relevancia, como la que constitucionalizó la transparencia en 2007 o la trascendental reforma electoral de ese mismo año.

LA COMUNA: DEL MODELO AL MÓDULO

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

El futuro del país se juega en el destino de los más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos ninis. Es impostergable el desarrollo de nuevas políticas públicas que canalicen el gran potencial de este rebosante ejército de ciudadanos marginados del desarrollo nacional. De otra forma, nuestros jóvenes seguirán alimentando las filas del narcotráfico y la delincuencia organizada, que tanto daño han hecho al país.
Las típicas políticas juveniles asistencialistas que sólo ofrecen una forma edulcorada del famoso “pan y circo” se encuentran en bancarrota. Los numerosos conciertos, concursos, pasarelas, bailes, tarjetas de descuento y estériles conferencias, que año a año son organizadas tanto por el Instituto Mexicano de la Juventud como por sus homólogos en las entidades federativas, de poco han servido en la urgente tarea de ofrecer alternativas para superar la situación de explotación, olvido y falta de oportunidades de la juventud.
En el Distrito Federal, tanto las nuevas preparatorias públicas como la Universidad de la Ciudad de México representan un avance importante. Las becas que ofrece el Gobierno del Distrito Federal a la población juvenil también son un aliciente importante. Sin embargo, el desprecio que las autoridades de la ciudad han demostrado hacia uno de sus programas juveniles más innovadores revela que incluso en la capital en movimiento es necesario un mayor compromiso con este grupo tan estratégico para el desarrollo nacional.
En 1998, el primer gobierno electo democráticamente en la ciudad inauguró un programa juvenil denominado La Comuna. Esta iniciativa se inspiró en el éxito de las Misiones Locales de Francia, creadas por el gobierno de izquierda de François Mitterand a principios de los años 80.
De acuerdo con el distinguido fundador de las Misiones Locales, Bertrand Schwartz, miembro de la Legión de Honor de Francia y doctor honoris causa de numerosas universidades europeas, el proyecto busca romper con la lógica dominante de “control social” que suele caracterizar los programas gubernamentales. En lugar de concebir a los jóvenes como objetos de intervención, parte de la idea de que son agentes de cambio capaces de construir soluciones propias y que cuentan con gran potencial para contribuir al cambio social de sus respectivas comunidades.
En México el programa se bautizó con el nombre de La Comuna, en referencia a la experiencia de la comuna de París, que simbolizó el momento de mayor esplendor de un gobierno popular durante la revolución francesa. El mismo doctor Schwartz realizó un largo viaje a nuestro país para acompañar el inicio del programa.
El personal de las comunas está constituido por un grupo sumamente dinámico, con sólida formación académica y social. Muchos de los fundadores siguen participando en esta iniciativa desde hace 12 años y han logrado convertir estos centros juveniles en verdaderos referentes comunitarios. Allí se realizan trabajos de desarrollo social, las instalaciones abren sus puertas a vecinos y se ofrecen asesorías individualizadas y grupales a jóvenes que buscan transformar sus vidas y la sociedad.
El éxito de las comunas se refleja en los miles de jóvenes que asisten a estos centros cada año, en la alta tasa de colocación laboral que tienen sus beneficiarios y en la ampliación del programa a lo largo de los años. Hoy existen comunas en siete delegaciones de la ciudad. Asimismo, ha recibido el reconocimiento de la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo y de investigadores de la Universidad Iberoamericana por su modelo innovador.
Hoy, sin embargo, el programa está a punto de naufragar. En noviembre pasado, los empleados de las comunas fueron notificados de que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a cargo de Benito Mirón, decidió recortar sus ya reducidos ingresos en 25 por ciento. Hoy, el trabajo especializado que realiza el coordinador de una comuna es remunerado con apenas 7 mil 200 pesos al mes. Los consejeros que atienden directamente a los jóvenes reciben 4 mil 666 pesos mensuales. Un agravante es que estos trabajadores laboran bajo el régimen de honorarios, como si fueran colaboradores externos, y no cuentan con prestación laboral o seguro médico alguno. Quienes se han atrevido a levantar la voz en contra de esta situación han recibido la invitación a presentar su renuncia.
Resulta paradójico, por decir lo menos, que precisamente la secretaría dedicada a defender los derechos laborales en el Distrito Federal trate con tanto desdén a su propio personal. Pero resulta mucho más preocupante la intención gubernamental por desechar totalmente el modelo original de La Comuna. El gobierno ya ha rebautizado a las comunas como “módulos” del Servicio Nacional de Empleo y ha ido eliminando su perfil como un “programa de atención integral a jóvenes desempleados”. Al parecer, el verdadero objetivo es forzar la renuncia de los “comuneros” originales para remplazarlos con simples burócratas dedicados a administrar una bolsa de trabajo para jóvenes.
Una transformación de esta índole implicaría un preocupante retroceso en las políticas juveniles de la ciudad, así como una pérdida imperdonable de más de una década de experiencia y capital humano acumulado en la materia. Habría que exigir a las autoridades que rectifiquen el camino antes de que sea demasiado tarde.

COALICIONES INESTABLES

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Han dado inicio las campañas para gobernador en la mayoría de los estados que renovarán ese cargo el domingo 4 de julio de este año; en Hidalgo y Quintana Roo, que debieron ajustar sus respectivas leyes para adelantar sus procesos electorales, empezarán a finales del presente mes. Por primera vez, en 12 estados, campañas y jornada electoral tendrán lugar en paralelo, en una más de las pruebas de aplicación de la reforma constitucional de 2007.Cabe señalar que, debido a las decisiones adoptadas por las legislaturas locales, en todos los estados sigue en curso la selección de candidatos a diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, dado que las respectivas leyes disponen para esas campañas un plazo menor que las de gobernador. Ésa no era la intención de la reforma de 2007, como se acredita con la norma federal que dispone que en el año de la elección presidencial, las campañas para diputado y senador tendrán la misma duración que la primera (90 días). El desfase en los estados ya provocó problemas en la asignación de tiempos de TV y radio durante el periodo de precampañas, los que habrán de continuar durante el periodo de campañas.Otra novedad, que no es producto de la ley sino de la coyuntura, es la celebración de coaliciones totales entre PAN y PRD en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en algunos casos con el acompañamiento del PT y Convergencia, y en Puebla también del Panal. Será por demás interesante observar la forma como los partidos coaligados en esos estados resuelven discurso y propaganda en los que van confrontados, como Aguascalientes, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Es posible que los ciudadanos de algunos estados escuchen y vean, el mismo día, mensajes de la coalición PAN-PRD, y también ataques entre esos partidos, por captar mensajes destinados al estado vecino.Caso aparte es el de Quintana Roo, en donde el PAN sigue deshojando la margarita para definir si acepta la candidatura del alcalde con licencia de Benito Juárez (Cancún) Gregorio Sánchez (PRD), sentenciado por un juzgado federal a pagar los 10 millones de dólares que de manera ilegal recibió como apoyo privado para su campaña anterior, y ahora sospechoso de ser el autor intelectual de los centros de espionaje telefónico que elementos del Ejército descubrieron hace unos días en Cancún.Los dirigentes nacionales del PRD, Jesús Ortega, y del PAN, César Nava, han refrendado sus compromisos en los estados en que suscribieron y registraron coalición, pero el PT anunció el domingo pasado que, "por órdenes de Andrés Manuel López Obrador" romperá los acuerdos firmados en Hidalgo, Quinta Roo, Sinaloa y Oaxaca; el pretexto es la declaración de Vicente Fox anunciando su respaldo a Xóchitl Gálvez, a la que el panorama se le complicará en el caso de que el PT decida lanzar como candidato al senador perredista José Guadarrama (Milenio, 19/04/10, p. 30).La extraña relación entre el PRD y su ex candidato presidencial, que formalmente sigue afiliado a ese partido, alcanza niveles de esquizofrenia. Por donde se le vea, la conducta del tabasqueño, y la disposición del PT a convertirlo desde ya en precandidato presidencial, líder y guía indiscutido, colocan tanto a su partido, como a las hoy inestables coaliciones de las que forma parte, en un brete mayúsculo; los electores perredistas tendrán que enfrentar y resolver el dilema de votar por el candidato de la coalición que respalda su partido, o hacerlo por el que, en el papel de quinta columna, sin posibilidad alguna de triunfo, podría lanzar el PT, con el aval de López Obrador.Mientras el escenario de competencia termina por definirse, las encuestas dadas a conocer en días anteriores apuntan a una mayor competencia en los estados en que existen coaliciones entre el PAN y el PRD, aunque todavía sin tomar la delantera. Parece confirmarse lo que en este mismo espacio he afirmado: que la coalición no es, por sí misma, factor determinante para el resultado.Será la personalidad de los candidatos, sus ofertas y capacidad de conectar con los ciudadanos, los factores que decidan hacia qué lado se inclina la balanza. Esto apenas comienza.

ENTRE LA ZANAHORIA Y EL GARROTE

JAVIER CORRAL JURADO

El procesamiento para la legislación de medios electrónicos ha estado atrapado en una dinámica de rentabilidad político-electoral. Cuando se han sofocado los esfuerzos de legislar el tema se han dado bajo una toma y daca de carácter electoral, acompañado de una buena dosis de temor, en algunos de sus protagonistas. El tema de la legislación de los medios ha estado entre la oferta de la zanahoria, o la amenaza del garrote. Por eso hay quienes plantean que este tipo de reformas deben plantearse en el tiempo inaugural de cualquier legislatura y preferentemente al inicio del sexenio.
El problema es que México no descansa electoralmente y casi todos los años tenemos contienda política. Esa dinámica ha paralizado la actualización de las leyes en materia de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Por esa vía la propia clase política ha sufrido un deterioro general, y el chantaje resulta cada vez más costoso para la nación, pues el acrecentamiento de los monopolios ha derivado en tarifas caras, servicios de mala calidad y un permanente ejercicio de expoliación al sistema de partidos de parte de las principales empresas de radiodifusión.
Quienes participan en esos distintos momentos, han ganado en el plazo inmediato favores de cobertura mediática. Ganan, pero poco, porque sobre todo el duopolio de la televisión no tiene lealtades absolutas. No pueden cumplir más allá de un sexenio porque su modus operandi reside en que su reciclamiento de lealtades, depende del Presidente en turno, y en función de la nueva lealtad incrementarán sus privilegios. Pero el país pierde, y mucho, cada que se desvanecen los esfuerzos legislativos en la materia. Pierde el Estado en el mediano y largo plazos.
Desde hace muchos años he tratado de convencer y persuadir a mis colegas legisladores que debemos de salirnos de la dinámica de chantaje e intimidación en la que se ha colocado la relación de la política con los medios. En esa interacción permanente que me ha llevado a tener una interlocución en los más altos niveles de la política, detecto transversal a los partidos la misma preocupación, las mismas quejas por los excesos y abusos que, según la entidad federativa, le duelen lo mismo al PAN, que al PRI, que al PRD. Puedo asegurar que no es falta de conocimiento o ignorancia supina entre los actores políticos, encontrar las soluciones para devolverle al Estado su rectoría en la materia, simplemente es negligencia política que se convierte en indolencia ética.
El chantaje de la zanahoria o el garrote en la relación medios-Estado, ha envenenado la vida social. Al interior de los partidos también se han generado hondas fracturas por la indefinición y la vacilación con que se actúa frente a la necesaria legislación. Se desatan juegos internos para ver cómo aprovechan unos el tema y congraciarse y pactar favores, y cómo dejan a otros la responsabilidad de salir al paso de los linchamientos, los vetos y los boicots televisivos.
Hoy de nueva cuenta, se discute en el Senado de la República un proyecto de legislación integral, moderna, procompetitiva y proconvergente, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que vendría a resolver una de las aspiraciones sociales más debatidas en las últimas décadas, y que sin quitarle nada a nadie, sí le abriría la puerta a nuevas opciones comunicacionales y nuevos jugadores en telecomunicaciones, e incluso mejoraría entre ellos las actuales condiciones de competencia.
Sin razones para oponerse a la entrada de nuevos competidores, revive Televisa en un desplegado firmado por la CIRT, la anticuada estrategia: el fantoche del atentado a la libertad de expresión, sin aportar un solo argumento, dato o artículo del anteproyecto que localice el intento de censura. Piden tiempo y exigen discusión, están dispuestos al debate que siempre han rechazado, lo quieren de cara a la nación, y se duelen de las leyes al vapor. Casualmente todas las características de la Ley Televisa, que hicieron votar de manera unánime a una de las cámaras del Congreso. Nuevamente se asoman las zanahorias y los garrotes. Antes, esta conducta la realizaba el Estado bajo el régimen de partido único, hoy la realizan un par de televisoras sobre el conjunto de las instituciones del Estado.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

Hace tan sólo unos días el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, incorpora el concepto de derechos humanos en el capitulo uno, lo que implica un cambio a la dogmática constitucional; define y precisa las circunstancias en que puede declararse el estado de emergencia; atiende el tema de la jerarquía de los tratados internacionales y brinda una base legal para su aplicación; fortalece el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos y amplía las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar investigaciones sin impedimentos y a exigir a las autoridades rindan cuentas por sus actos; asimismo, coloca a los derechos humanos como uno de los ejes de la educación, de la política exterior y del sistema penitenciario en México, y brinda un esquema inicial de garantías contra la expulsión de los extranjeros.
Se trata de una reforma de gran trascendencia que contiene algunos elementos de avanzada que abren la puerta a más y mejores medidas a favor de la protección, garantía y reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos; y que además responde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales, así como a la reciente recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para finalizar la reforma constitucional en esta materia en un plazo razonable.
También debe destacarse que esta reforma contó con la activa participación de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de académicas y académicos especialistas en derechos humanos, y ha sido apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
Por lo anterior, es de esperarse que el Proyecto de Decreto que ahora ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación sea aprobado a la brevedad, y que nuestras disputadas y diputados actúen con la altura, visión y convicción que se requiere para trascender a una nueva etapa en la tutela y protección de la dignidad humana en México.
Al aprobarse la reforma, junto con los congresos locales, también se estaría contribuyendo al desarrollo de una política de Estado en derechos humanos que responda al contexto y a las necesidades que hoy exige nuestro país en esta materia.
Esto es muy valioso si consideramos que en un Estado democrático de Derecho, el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, constituyen sólidos indicadores de gobernabilidad democrática y de la gestión gubernamental.
Existen algunas críticas a esta reforma en el sentido de que apenas iguala lo alcanzado por otros países; así como debates sobre la implicación de referirse a la familia en singular y abrir también la puerta a grupos fundamentalistas para que se cuelguen de la expresión “respeto a la vida” (entendida como la obligación del Estado de evitar ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas), para limitar los derechos de las mujeres, en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo. Hay a quienes, también, preocupa la decisión de quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En última instancia, lo único que esperaríamos de la Cámara de Diputados es que reforzara o corrigiera algunos aspectos que hoy constituyen preocupación, sin perder de vista que aún falta la reglamentación de los temas referidos y otros. Aunque definitivamente es indispensable, ante los contextos de inseguridad y los procesos de militarización, poner en el centro de la acción estatal el concepto de derechos humanos que hoy parece estorbar o ser tan sólo un discurso vacío de contenido.
Así la reforma constitucional en derechos humanos constituye la posibilidad de un nuevo paradigma, aquel donde la democracia sea entendida como un complejo sistema de ejercicio de derechos de todos y todas sin distinción. Constituye un paso civilizatorio.

LEY DE MEDIOS

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Desahogada la de mañana, faltarán sólo tres sesiones para que termine este periodo, el segundo de la LXI Legislatura. La agenda de las Cámaras está saturada de grandes asuntos, no todos los cuales podrán ser abordados por diputados y senadores. A pesar de una sorpresiva evolución en su curso, esperemos que antes del 30 de abril sea atendida en el pleno de Xicoténcatl y de San Lázaro la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada simultáneamente en sus respectivas Cámaras por las bancadas del Partido Acción Nacional, que ya se estudia en comisiones al comenzar esta penúltima semana de la temporada legislativa.Ocurrió el miércoles pasado un suceso extraordinario, que puede ser el momento fundacional de la nueva legislación de medios. Para ese día se habían citado a debatir en el Senado de la República el diputado Javier Corral, pugnaz promotor de nuevas normas en esta materia, y Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Esta comisión se había reunido apresuradamente el jueves precedente para aprobar el dictamen sobre una reforma parcial, insuficiente y anticonstitucional a la ley de radio y televisión. En su prisa, instigada por el senador Manlio Fabio Beltrones y por Televisa (que maquiló fuera de esa Cámara el dictamen correspondiente), la comisión encabezada por Sotelo se abstuvo de tener en cuenta, como lo ordena el procedimiento parlamentario, la iniciativa que minutos antes habían presentado el senador Gustavo Madero y el diputado Corral.En una entrevista realizada el viernes anterior en Radio Trece por Javier Solórzano, ambos legisladores habían cruzado no sólo argumentos acerca de sus propias posiciones, sino también juicios sobre la conducta política de cada quien. Quedó claro que para Corral, Sotelo se había apartado del camino que conducía a una reforma integral, no la minireforma que en ese momento favorecía, en beneficio de un núcleo de concesionarios, que a través de la cámara industrial correspondiente habían presionado en diciembre pasado la inclusión de medidas que les significaban provecho. La CIRT publicó entonces un desplegado pretendidamente contra Sotelo. Pero cumplidas sus expectativas se abstuvieron de publicarlo de nuevo, pues el dictamen siempre satisfizo sus posiciones y sus intereses.Agotado el tiempo del debate radial el viernes, Corral y Sotelo convinieron en reanudarlo en el Senado el miércoles, como queda dicho. No era fuego de artificio, no era sólo la expectativa de una discusión apasionante, sino la ocasión para que se decantaran las motivaciones de las partes en un debate parlamentario en que los favorecedores de Televisa no suelen entrar en la discusión. A última hora, sin embargo, el encuentro entre Corral y Sotelo se suspendió porque compañeros legisladores suyos encontraron más fructífero discutir la iniciativa panista de reforma integral junto con la promoción del proyecto Beltrones de que se estaba haciendo responsable Sotelo.Debe ser reconocido el papel que en esta decisión desempeñaron, además de Corral y Sotelo que depusieron sus armas para blandirlas en la discusión en comisiones y en el pleno, los senadores panistas Madero, Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, y el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Carlos Navarrete. La decisión que empujaron se tradujo ya en un nuevo enfoque del trabajo parlamentario a ese respecto, pues el asunto se aborda en la Comisión de Estudios Legislativos que incorporó el tema a su agenda, de la que estaba ausente.El acuerdo entre PAN y PRD dejó al margen al PRI. La iniciativa panista puede ser aprobada en el Senado sin la participación priista. Pero ésta es necesaria en San Lázaro, ya que allí la bancada tricolor, con sus aliados verdes, puede reunir la mayoría absoluta. A riesgo de que el proceso se congele, se requiere una negociación que haga avanzar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Un mecanismo posible es que esta iniciativa sea aprobada aun por el PRI a condición de que un artículo transitorio prevea la prórroga administrativa requisitada de las concesiones, que es el nombre -y el subterfugio- del refrendo automático, imposible por ser inconstitucional. Se daría con ello certidumbre jurídica a los pequeños concesionarios, cuyas autorizaciones han vencido o están por vencer. El riesgo es que ese régimen transitorio retrase la entrada en vigor de los criterios de la iniciativa panista, de que es parte fundamental y aun los aplace para nunca.Llamamos aquí iniciativa panista (porque personeros de ese partido la encauzaron en sus Cámaras) a la que en realidad es suma y compendio de la tarea emprendida desde mucho tiempo atrás por organizaciones civiles que en febrero del año pasado se agruparon en el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. Hay, ciertamente una zona de trabajo propio del PAN, que incluyó en su plataforma electoral del año pasado ese compromiso, pero su objetivo y su núcleo surgieron de la sociedad civil. Por eso el Frente ha manifestado satisfacción por esa iniciativa, que coincide en lo fundamental con su propia visión del problema. Aunque ya antes pareció inminente el abordamiento legislativo de los principios civiles, nunca como ahora se había estado tan cerca de que se conviertan en normas jurídicas. No es un logro menor, por lo pronto, que se haya frenado el intento de reforma parcial y sesgada, cuyo objetivo legítimo puede lograrse por otras vías. Cajón de Sastre La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), una de las organizaciones axiales del Frente mencionado líneas arriba, alienta a los legisladores a llevar adelante la reforma integral que se estudia en ambas Cámaras. La iniciativa presentada por el senador Gustavo Madero y el diputado Javier Corral -que en el lapso de 2006 al 2009 en que no perteneció al Congreso federal presidió la AMEDI y contribuyó al fortalecimiento de sus tesis y su presencia pública- coincide ampliamente con los planteamientos que esa asociación ha generado a lo largo de más de una década. Formada principalmente por los más asiduos investigadores de los medios y por profesionales de todas las ramas y formas de comunicación, mantiene su atención en un órgano de regulación dotado de autonomía constitucional, cuya creación sin embargo requeriría una reforma de carácter precisamente constitucional. Pero, en mi opinión, ese paso definitorio puede ser emprendido más adelante.

PULPO MEXICANO

DENISE DRESSER GUERRA

Lo primero que usted necesita saber sobre Televisa es que está en todas partes. La empresa de televisión más poderosa del país se asemeja a un enorme pulpo cuyos tentáculos envuelven la pantalla, los partidos, la elaboración de iniciativas legislativas, los deportes, las telenovelas, los juegos y sorteos y la construcción de candidaturas políticas. Así como en la revista Rolling Stone el periodista Matt Taibbi bautizó a la empresa Goldman Sachs -hoy bajo investigación por fraude- como un "giant vampire squid" por su tendencia a succionar y adueñarse de cualquier cosa que oliera a poder o a dinero, en México tenemos nuestro propio molusco. Omnipresente. Insaciable. Imparable. Un cefaloide chupador que se aprovecha de las flaquezas de un sistema político endeble, en el cual la codicia organizada suele derrotar a la democracia desorganizada.Por ello no sorprende que en días recientes el senador Carlos Sotelo del PRD, junto con -¿quién más?- Manlio Fabio Beltrones del PRI, hayan intentando resucitar el espíritu de la Ley Televisa, así como algunas de sus propuestas más cuestionables. Hoy como ayer, de pronto apareció un dictamen que se distribuyó entre los senadores señalando a "Televisa S.A. de C.V." como el lugar desde donde surgió el documento. Hoy como en el 2006, Javier Tejado Dondé, el vicepresidente jurídico de la empresa, misteriosamente hizo acto de presencia en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la idea de obtener legislación a modo como lo logró en el 2006. Hoy como ayer, se busca disfrazar el refrendo automático de concesiones -que la Suprema Corte declaró inconstitucional- con la pantalla de la "prórroga administrativa". Hoy, como hace cuatro años, hay legisladores dispuestos a agachar la cabeza lo suficiente como para argumentar que la iniciativa concebida en Avenida Chapultepec constituye "un avance", cuando en realidad es la resurrección de algo incorrecto. Algo indebido. Algo abusivo.Es cada vez más obvio. El alcance y el poder sin precedentes del pulpo le permiten ingresar y manipular amplias zonas del mar en el que se mueve. Allí está la descripción académica acuciosa en el nuevo libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México editado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva. La lista de lo que Televisa hace y el gobierno de México le permite. Evitar la competencia abierta con diversos actores en el sector de las telecomunicaciones; negar condiciones de igualdad para sus rivales; obstaculizar el surgimiento de nuevas cadenas; presionar y subordinar a los poderes constitucionales como lo son el Senado y la Cámara de Diputados; vetar el surgimiento de una nueva ley de medios democrática que se acerque a las mejores prácticas globales; usar las pantallas para desprestigiar a sus críticos, ignorar temas que no convienen a sus intereses y construir "telebancadas", precisamente para asegurar su protección. Por eso el United States Trade Representative -el Representante de la Oficina del Comercio Estadounidense- no tiene el menor reparo en afirmar: "(las televisoras) continúan ejerciendo su influencia sobre la legislación mexicana, la política y los cuerpos regulatorios".De manera similar al pulpo infernal y vampiresco -Vampyroteuthis infernalis- al que se parecería, todo indica que la empresa simplemente no puede controlar su voracidad ni sus peores instintos. Por una parte, a través de Foro TV comienza a reconocer la pluralidad necesaria y la rehabilitación reputacional que necesita empujar. Pero por la otra, permite que su director de Comercialización Artística vaya por el mundo amenazando, chantanjeando, y diciendo frases tan incriminatorias como: "No te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el propio Presidente de la República somos nosotros?". Televisa, el pulpo fáctico cuyos límites el gobierno no logra fijar; cuyo tamaño ha crecido con la colusión de los legisladores; cuya influencia ha aumentado gracias al contubernio de los reguladores; cuyos tentáculos afectan todo lo que tocan, retrasando la competencia, alterando la equidad electoral, vetando la acción pública. Los pulpos vampiro suelen vivir en zonas del mar sin luz conocidas como OMZ -mínimas de oxígeno- y vaya que el nuestro está oscureciendo la democracia mexicana y succionado el poco oxígeno con que cuenta.De allí la importancia de exhortar a los legisladores a que tiendan una red para limitar a quienes -con sus tentáculos- los tienen agarrados de la nuca. De allí el imperativo de apoyar una iniciativa alternativa a la que Televisa elaboró y promueve con legisladores que temen enfrentar el poder del monstruo que han creado. De allí la urgencia de respaldar la nueva ley federal de telecomunicaciones presentada de manera conjunta por el PAN y el PRD que fortalece el interés público, la competencia, la pluralidad, el derecho a la información y la libertad de expresión. Habrá que obligar al pulpo a formar parte del coctel campechano que es la democracia, en lugar de ser un ingrediente impuesto que ya sabe mal.

POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

La angustia compartida ante el despeñadero nacional y la exigencia pública por la fijación de un rumbo de salvación han estallado en una multitud de propuestas de reforma procedentes de todas las esquinas del espectro político. Se entremezclan proyectos legislativos dispares con las presiones acrecentadas de los poderes fácticos, a contraluz de la insólita pequeñez de las iniciativas del gobierno.
Una revisión de las 186 propuestas de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado en 2010 revela que más de una tercera parte está siendo retomada, de modo tardío y desarticulado. Confirma la inmensa irresponsabilidad de quienes abandonaron la oportunidad de realizar una tarea coherente, tanto como la consistencia de las reflexiones que acompañaron los inicios de la transición.
Aparecen por pedazos en el Congreso proyectos que entonces presentamos. Sus ámbitos privilegiados son hoy: el sistema representativo, la democracia directa, la descentralización política, los derechos humanos, la justicia y la seguridad pública, los recursos naturales, la educación, el medio ambiente, la reforma laboral y el debate sobre los medios de comunicación, que concentra todos los demás porque determina la soberanía efectiva del Estado.
En este torbellino surge el replanteamiento de la política exterior desde sus fundamentos, la redefinición de sus orientaciones y los cauces de su autonomía. El espectáculo de un Ejecutivo ambulante y despistado, que asiste a todo género de cumbres y convites en busca de apoyos para un proyecto suicida de militarización al margen de cualquier control democrático, afrenta a la ciudadanía y enciende la imaginación de los legisladores.
A ello contribuye la intensa reinmersión del Congreso en la diplomacia parlamentaria: la revisión de agendas, prácticas y objetivos de sus encuentros internacionales, así como su talante de innovación e independencia. Baste citar que en la Cámara de Diputados se han formado 84 grupos de amistad con otros países —previstos por la ley— que involucran ya a 437 legisladores en actividades políticas con el exterior.
No es casual que la primera ley sustantiva aprobada por esta Legislatura sea la de cooperación internacional para el desarrollo. Proveniente del Senado provee un marco de certidumbre jurídica tanto como capacidades de promoción, evaluación y coordinación para que las acciones en este campo tengan el mayor provecho para el país. Reglamenta un principio constitucional de política exterior y obedece a uno de los tres objetivos centrales de Naciones Unidas.
Articula los Poderes de la Unión, dependencias y agencias federales, los estados, municipios, universidades, centros de investigación, organismos culturales y sectores sociales y privados en la planeación y ejecución de esos esfuerzos. Un avance del Consejo Nacional de Política Exterior, propuesto hace tiempo para evitar la dispersión y frecuente contradicción de los actores nacionales en su acción exterior, que se multiplican por efecto de la mundialización.
Proponemos la inclusión de un apartado en la Constitución que defina la política exterior del Estado mexicano, complemente sus principios y no los atribuya exclusivamente al Ejecutivo —como lo hace en el artículo 89— sino a la totalidad de los agentes legalmente involucrados. Debiera armonizarlos también con otras disposiciones de orden público que han de reflejarse en el exterior y hacerlos compatibles con la “defensa de los intereses nacionales” enunciados por la ley, que serían determinados y revisados mediante procedimientos consensuales.
Proponemos precisar el carácter extraterritorial de la nación mexicana y sus consecuencias legales, establecer los parámetros constitucionales de los procesos de integración, involucrar al Congreso en la negociación y ratificación de tratados, prever su conversión en derecho interno, regular la cooperación fronteriza y la protección de los mexicanos en el exterior, garantizar su participación universal en los comicios y su derecho ser elegidos para cargos representativos y estipular nuestra pertenencia a la Comunidad latinoamericana de naciones. Abolir en fin el reino de lo arbitrario e ingresar al universo de la racionalidad democrática.

¿SE SALVAN GRECIA Y EL EURO?

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

El Centro de Estudios Europeos, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, realiza el VII Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos "Rumbo a la Sexta Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea: Una oportunidad para México". Participan académicos de la UNAM, la UAM y el ITAM tan acreditados como el Maestro Luis Antonio Huacuja, el Doctor Germán de la Reza, el Doctor José María Calderón, el Maestro Roberto Peña, el Doctor Jordi Bacaria y el Doctor Stephan Sberro. También presentarán ponencias funcionarios de la Cancillería y dará hoy una Conferencia Magistral la Sra. Marie-Anne Coninsx, jefa de la Delegación de la Unión Europea en México. El evento ha provocado un marcado interés entre los estudiantes y especialistas en la Unión Europea, mismos que, desafortunadamente, no son un número sustantivo por la indiferencia de ciertas instituciones a ese tema (¡en esta época todo es TLCAN!).Como lo he hecho ya múltiples veces, participé en el encuentro, ahora con un tema de completa actualidad: "La primera crisis del euro", en calidad de Profesor Titular de la materia "Derecho de la Unión Europea", en la Facultad de Derecho de la UNAM. En primer término, se plantearon algunas interrogantes para ser respondidas en la conferencia: ¿Por qué Grecia necesitó ayuda? ¿Por qué se ha demorado la ayuda? ¿Cómo ha llegado Grecia a esta situación? ¿Cuál fue la postura de Alemania como motor de Europa?Era difícil pensar que un país que cubre el 3 por ciento de la extensión territorial de Europa y el 2 por ciento de la población de la UE hubiere generado una acción concertada de Berlín, París, Bruselas y Washington. Eso hace pensar que existe un temor fundado de que esta crisis se pueda extender por los otros países mediterráneos e Irlanda. El gobierno de derecha de Karamanlis había sumido al país en una deuda pública cercana al 12 por ciento del PIB, mientras la media comunitaria es, por lo menos, de la mitad. En Grecia se da un fraude fiscal de alta envergadura. Se fue incrementando el gasto público en obras colosales, como fue la infraestructura para las Olimpiadas, y se fueron estrechando las opciones de diálogo que la juventud deseaba para reparar la gravedad de su crisis social. El Gobierno prefirió acabar por la fuerza con toda manifestación y luego sucumbió en las urnas ante el PASOK y el hijo del legendario Papandreu. Además, en forma tramposa se habían obtenido créditos de Wall Street -Morgan y Goldman Sachs-, de los que a la Unión Europea no se informó. Pero a la proximidad del vencimiento de deudas por 11 mil millones de euros, el Gobierno solicitó el apoyo de la Unión Europea.Contrito, Papandreu prometió la congelación de salarios en el sector público, recortes sociales, aumentos de impuestos y disciplina de su economía. Pero la Comisión Europea le exigió un informe más detallado y, ante la gravedad de los hechos, Francia y Alemania examinaron opciones de ayuda, en vista de que el Tratado de Lisboa, vigente, no tiene en sus artículos 122, 123, 124 y 125 un mecanismo específico de rescate para los Estados Miembros ni tampoco lo tiene el Eurogrupo que componen 16 países. La Canciller alemana se mostró reticente al rescate directo, argumentando que Grecia estaba en bancarrota por su propia indisciplina, que tenía, además, elecciones inminentes en Renania que podrían resultarle muy costosas y no quería sentar un precedente. Apareció entonces la lógica del Fondo Monetario Internacional, creado para tal efecto, pero los griegos en principio no lo aceptaban, ya que significaría severas tenazas a su economía y una ingerencia norteamericana en el espacio europeo.Los días transcurrieron y la Unión Monetaria se vio en complicaciones, por lo que finalmente, con Merkel a la cabeza, se acordó un plan de rescate de Grecia bajo dos mecanismos. Por una parte, los países de la eurozona pondrían en disponibilidad 30 mil millones de euros, correspondiendo a Alemania el 30 por ciento, Francia 21 por ciento, Italia 19 por ciento, España 12 por ciento, Holanda 6 por ciento, Bélgica 4 por ciento, Austria 3 por ciento y Portugal 2.6 por ceinto. Los restantes seis países, Finlandia, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia, Luxemburgo, Chipre y Malta, aportarían aproximadamente el 3 por ciento. Por otra parte, el FMI "pone a disposición" 15 mil millones de euros. Pero el compromiso fundamental es de Grecia, por vivir encima de sus posibilidades, y tendrá entonces en Atenas una especie de Contralor para verificar si las medidas ofrecidas se van cumpliendo.Así, ni quebró Grecia ni abandonó la eurozona como algunos lo deseaban, pero esto no significa que en fechas cercanas podríamos tener un efecto dominó en Portugal e Irlanda y más tarde quizá en España e Italia, como lo constaté personalmente en fechas recientes.

LAS AUSENCIAS DE SALUD Y HACIENDA

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Varias veces se ha reunido el “gabinete de seguridad” con diputados y senadores. El propósito es que los legisladores conozcan, de voz de sus directos responsables, la política gubernamental en esa materia. Asisten los dos secretarios militares: el general Guillermo Galván, de la Defensa, y de Marina, almirante Francisco Saynes; el del ramo, Genaro García Luna, y el de Gobernación, Fernando Gómez Mont; así como el procurador general de la República. Desde diciembre de 2000, el ministerio de Bucareli carece de competencia en la materia, pues entonces se creó precisamente la Secretaría de Seguridad Pública. Pero el presidente Calderón ha confiado en Gómez Mont el papel de su vocero en asuntos de ese género, y eso, más que ninguna responsabilidad específica, explica su presencia en esas reuniones.
En cambio, no es explicable (o sí, por lo que diremos a continuación) la ausencia de los secretarios de Salud y de Hacienda, porque sus oficinas tienen asignadas tareas que corresponden a eslabones indispensables de la política contra el narcotráfico, el ámbito más dilatado de la delincuencia organizada. La ausencia de esos funcionarios deja vastas lagunas en la información que deben recibir senadores y diputados, aunque seguramente no pierden mucho, pues esa misma ausencia revela faltantes en la integración de las estrategias contra el crimen organizado. A Salud (si bien debe participar también el DIF) corresponde aplicar la política, si la hay, si la hubiera, contra las adicciones. A Hacienda, combatir por medios financieros el lavado de dinero. Por eso sus titulares no participan en el gabinete de seguridad: porque sus acciones, no obstante su vínculo con el narcotráfico y la delincuencia organizada, no se conciben como parte de una lucha que implica la persecución a balazos y, en un afortunado extremo, la aprehensión y procesamiento de los delincuentes.
México era hasta hace muy poco tiempo un corredor de paso desde los centros de producción y distribución, situados sobre todo en Sudamérica (Colombia, Perú, Bolivia), hasta el mayor mercado de drogas del mundo, Estados Unidos. México era también exportador, de mariguana sobre todo, y de amapola o su primer producto, la heroína.
Poco a poco, sin embargo, fue creándose un mercado de estupefacientes en México. O se amplió, mejor dicho, porque lo había, pero de reducidas dimensiones. Se consumía sobre todo mariguana. Antaño, la yerba estaba reservada para los cuarteles. La fumaban soldados, cabos y sargentos, sobre todo. Había una notoria permisividad de los mandos hacia esa práctica. Cuando se intensificó la participación militar en la destrucción de plantíos y quema de cosechas, una pequeña porción de la mariguana decomisada quedaba a salvo del exterminio, oculta por allí. Con ella se comerciaba en los pequeños núcleos de estudiantes, artistas e intelectuales que por espíritu libertario y afanes creadores chupaban carrujos para provocarse ensueños. En otros niveles de la sociedad la cocaína era el producto preferido, no en demasía, pues era muy caro.
Pero la avaricia de los mercaderes, que de ese modo pagaban los gastos de traslado, hizo que aumentara el consumo de esos enervantes. La insistencia mercadotécnica no halló valladares que la frenaran. En los años setenta Gobernación abrió unos cuantos centros contra las adicciones, pero eran dispensarios de atención directa, no focos de irradiación de una política contra las crecientes ofertas del mercado. Y así seguimos hoy, cuando el consumo local es tan cuantioso como las exportaciones. De allí que la contienda de las bandas por controlar las rutas de entrada y salida se haya acrecentado y adquirido rasgos de violencia cada vez mayor. Sin nadie que frene las adicciones (o lo haga en la medida necesaria, capaz de generar efectos), el mercado crece.
Falta asimismo atender el extremo final de la cadena. Toda la organización logística, la violencia que viene adosada al comercio mismo, tienen sólo un sentido, el de todo negocio: hacer dinero. Por tratarse de un mercado clandestino, las transacciones se consuman en efectivo. Algunos de sus montos son útiles, así, para la vida diaria, para cubrir el ostentoso tren de vida de los jefes de bandas y sus colaboradores. Pero el elevado volumen de ganancias no puede ser almacenado en un colchón. Sólo excepcionalmente, por circunstancias que no han quedado claras todavía, el empresario Zhenli Ye Gon guardó más de 200 millones de dólares en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Es presumible que estuvieran allí sólo de paso, en espera de un pronto y mejor destino, cuando su propietario fue sorprendido. Pero, en general, se busca hacer entrar cuanto antes el efectivo en el circuito legal del dinero, donde se manejan cuentas de inversión y de depósito, desde donde se operan negocios inmobiliarios y otros que generen ganancias o parezca que las producen.
Allí las autoridades financieras deberían actuar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el órgano regulador de la intermediación financiera, donde se expiden autorizaciones para la apertura y funcionamiento de casas de cambio, instituciones bancarias y bursátiles, así como se expiden reglas para las operaciones de esos centros de negocios. Desde allí debería practicar una vigilancia puntual. Por su parte, la Secretaría de Hacienda cuenta con una unidad de monitoreo, que debiera estar al tanto de transacciones y depósitos extraordinarios, ya sea por su monto u otras características, ya sea por su origen y su destino. Allí debería ser posible poner límite al lavado de dinero, a su conversión de dinero sucio en dinero limpio.
Y sin embargo no se hace, o no se hace en la medida suficiente. Las sumas millonarias que produce el tráfico de drogas son tan notorias que deberían ser sencillamente detectables, a fin de obrar sobre ellas. Pero no es posible debido no sólo a la deficiencia gubernamental, sino a lo que no puede ser sino deliberada falta de comprensión del dato elemental de que allí debe ponerse la atención en la lucha contra la delincuencia organizada, no en las balaceras en calles y caminos…

LAS FUERZAS ARMADAS A LOS CUARTELES

ARNALDO CÓRDOVA

Una percepción generalizada en la sociedad sobre la guerra en contra del narcotráfico indica que es muy claro que esa guerra se ha convertido en una guerra en contra de la sociedad en su conjunto. No hay otro modo de verlo. Lo que nuestros generales llaman bajas o daños colaterales” es una gringada inventada para justificar las atrocidades que algunos militares cometen en contra de la sociedad. Esa llamada “guerra” es ya, en sí misma, un problema atroz para todos nosotros. Se ha sustituido otra gringada como lo es la guerra en contra del terrorismo en un concepto que niega no sólo el estado de derecho en nuestro país, sino la misma idea de la convivencia y de la vida social. Los narcos no son marcianos. Muchos podrán ser extranjeros, pero son casi todos mexicanos.
En todo caso, es un concepto arraigado en la mente de los gobernantes panistas muy desafortunado. Los delincuentes mexicanos deben ser punidos por la ley porque son infractores de la misma. No se trata, empero, de una “guerra”. Ésta se da contra enemigos de la nación y en los disturbios internos que contempla el artículo 29 constitucional no se trata de una guerra, sino de la represión o la punición de actos que van en contra del orden establecido y de la legalidad. Toda proclamada “guerra” en contra de delincuentes mexicanos (aunque, hoy por hoy, sean los reyes del narcotráfico internacional), como lo ha hecho Felipe Calderón, es una declaración franca y abierta de guerra civil.
Eso es lo que estamos viviendo, una verdadera guerra civil y, lo que es peor, sin una causa política que sea identificable. La acción represiva y correccional del Estado no es una guerra sino una acción de gobierno. Cuesta trabajo advertirlo, porque se nos han olvidado los principios fundadores del derecho penal moderno a los que nos debemos institucionalmente. Vivimos una guerra civil declarada por el Estado gobernado por los panistas a la que se han prestado alegremente nuestras fuerzas armadas. Muchos funcionarios, incluso, se alegran de que haya tantas muertes. Después de todo, dicen, los narcos se están matando entre ellos. Los hechos muestran que no es así y que la mayoría de los muertos son inocentes.
Con nuestros militares tenemos varios graves problemas. En primer lugar, sólo sus oficialidades forman lo que más se parece a un esprit de corp, lo que quiere decir conciencia de pertenecer a un organismo especial, pero no así la tropa. Ésta está formada, como lo ha señalado con atingencia el joven investigador Raúl Benítez, por individuos de muy baja escolaridad y de muy rústica formación cultural. Él ha encontrado que la mayoría de sus elementos entran al Ejército para hacer ahorros y luego emigrar como trabajadores a Estados Unidos. Muchos se enrolan en las filas de la delincuencia organizada; pero no son una mayoría. Eso es una creencia que debe corregirse.
Yo me inclino a pensar que esa no es una situación general. No creo que lo sea en la Marina ni en la Fuerza Aérea. En ellas se hacen especialidades que forman oficios más sofisticados que el mero uso de las armas. Pero en el ejército de tierra la situación prevaleciente se da como un ente informe que tiene cabeza pero un cuerpo fluido y sin contextura. Una cabeza, los mandos militares, que no cuentan con una fuerza permanente, sino una especie de canal por el que pasan continuamente hombres y mujeres que no aspiran de verdad a ser militares de carrera, sino que buscan sólo una ocupación ocasional.
Hubo una época en nuestra historia, durante la Revolución y las tres décadas que le siguieron, en la que nuestros militares eran, a la vez, los mejores políticos del país. Tal vez fue porque ninguno de ellos era militar de carrera sino políticos civiles que tuvieron que meterse a militares. Pero hoy, con un Ejército sometido a las autoridades civiles, aunque sólo sus comandantes puedan ejercer los ministerios de gobierno de las fuerzas armadas (indebidamente, por cierto), se muestra cada vez más que nuestros militares, de política, no saben mucho.
La demanda del general Galván de un marco jurídico que regule la participación de los militares en el combate al narcotráfico es ociosa por sí misma, pues ese marco ya existe, sólo que, por principio, no contempla esa participación porque el Ejército no está hecho para ese tipo de lucha. Se ha dicho hasta el cansancio y, la verdad sea dicha, el verdadero interés de los generales es que no haya modo de juzgarlos en el futuro por las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución y sus leyes en sus operativos en contra del crimen organizado.
Menos mal que comienzan a aceptar que los militares infractores del orden jurídico deben ser juzgados por jueces naturales, vale decir, civiles, y que el fuero de guerra, como se le llama, debe circunscribirse exclusivamente a faltas en contra de la disciplina militar. La demanda generalizada de la sociedad en el sentido de que los militares deben volver a sus cuarteles y dedicarse sólo a las tareas que la Constitución y el derecho les asignan ha encontrado eco en el Senado, que se ha declarado, primero, porque en sesenta días se retiren los soldados de las calles y de los pueblos y, luego, que ello ocurra en no más de treinta. El hecho patente es que desde que se aparecen los militares en algún lugar comienza la carnicería de civiles que se presumen inocentes.
Si el espíritu institucional de las fuerzas armadas se diera no únicamente como devoción al titular del Ejecutivo sino, y sobre todo, a las instituciones de la República, el general Galván no debería temer que en el futuro se juzgue a sus colegas por los delitos en que hoy puedan incurrir, sino más bien a que se les involucre en una batalla que no es de ellos y, lo que es peor, está corrompiendo y degradando a nuestro instituto armado. Claro que no pueden hacer a menos obedecer al jefe supremo de las fuerzas armadas en cuanto éste les ordena entrar en operativos en contra de la delincuencia organizada; pero podrían mostrar su desacuerdo, en caso de que se diera, y el mismo Presidente estaría obligado a atenderlos.
La Revolución Mexicana nos heredó la idea que luego se arraigó en la conciencia ciudadana de que el nuestro había dejado de ser un ejército de casta para convertirse en un ejército del pueblo, de ciudadanos armados, como decía el general Cárdenas. Para todos fue un orgullo ver marchar en los desfiles a nuestros soldados y a nuestros marinos y, fuera de eso, no se les veía más que en los cuarteles o los campos militares. Hoy esa percepción se ha tornado algo de verdad lastimoso. Ahora nos aterrorizan cuando nos los encontramos en las calles o las carreteras. Y es de eso de lo que los generales deberían estar preocupados, no de ser juzgados por sus delitos en el futuro.

HACE 79 AÑOS

NÉSTOR DE BUEN

El miércoles fue 14 de abril, fecha importante en España porque en 1931, ese día, fue proclamada pacíficamente la República española. Su Constitución, aprobada en diciembre del mismo año, fue de las primeras en reconocer a ese nivel los derechos de los trabajadores, después, por supuesto, de la nuestra de 1917, del Tratado de Paz de Versalles y de la Constitución alemana de Weimar.
La República española, que fue modelo universal, tuvo una vida efímera. En julio de 1936 se inició la sublevación del ejército, finalmente comandado por Francisco Franco, que con el apoyo de fuerzas moras, en un principio, y de inmediato alemanas e italianas, participaron en la Guerra Civil que la República combatió durante tres años con muy escasa solidaridad internacional, salvo el apoyo de México con armamento y las Brigadas Internacionales, ya que Inglaterra y Francia pusieron en vigor la no intervención, en una notable alianza con el fascismo español. Lo pagarían muy caro en muy poco tiempo.
En abril de 1939 terminó la Guerra Civil, se consolidó la dictadura y comenzó el exilio republicano, que en México, gracias al general Lázaro Cárdenas del Río, tuvo una acogida extraordinaria.
España vivió desde entonces la cruel dictadura militar de Franco, caracterizada por los crímenes permanentes contra los republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, lo que generó un régimen de terror.
La esperada muerte de Franco, que ocurrió el 20 de noviembre de 1975, dio paso a una solución política en la que Adolfo Suárez desempeñó un papel importante en favor de la democracia, bajo la presencia del rey. Las organizaciones políticas de izquierda, de manera particular el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista –el primero dirigido por Felipe González y el segundo por Santiago Carrillo– pudieron desde entonces participar activamente en política compitiendo con una derecha que no ha podido disimular su origen franquista y que hoy forma parte de una tenaz oposición al gobierno de Rodríguez Zapatero.
La derecha empieza por asumir sus viejas formas represivas. Renace Falange Española, el viejo partido de José Antonio Primo de Rivera. El representante por excelencia del Partido Popular, Mariano Rajoy, no puede disimular sus vínculos con el franquismo.
Curiosamente, en estos tiempos se han puesto en evidencia los actos de franca corrupción del Partido Popular, entre otros el famoso asunto “Gürtel”, que ponen de manifiesto la conducta de quienes aspiran a volver al poder y que hoy, como un medio de defensa, han inventado atacar la Ley de Memoria Histórica puesta en vigor para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.
Al magistrado Baltasar Garzón, hombre conocido por su vigor jurisdiccional, que ha vivido temas de mayor importancia en su persecución contra los delincuentes que gobernaron España por tantos años, se le acusa de prevaricación por haber abierto procesos contra quienes parecen responsables de actos históricos.
El Tribunal Supremo, organismo paralelo a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha abierto proceso contra Garzón con la pretensión de privarle de su condición de magistrado. Ello está provocando todo tipo de reacciones, pero, en general, un apoyo a Garzón cada vez más notable. Claro está que a corto plazo deberán celebrarse elecciones en España y la extrema derecha quiere aprovechar las circunstancias para buscar apoyo popular en quienes por mil razones tratan de sustraerse de las responsabilidades que aún les resultan por sus actos durante la dictadura.
Los crímenes del franquismo fueron interminables. En mi familia, intolerables. Y es que España, por lo visto, tiene vocación hacia la dictadura. Todo parece que se actualiza en la conducta innoble de la gente del Partido Popular. Por eso mismo, por España, es necesario expresar todo el apoyo posible a Baltasar Garzón.

CASANDRA QUEDÓ ATRÁS

ROLANDO CORDERA CAMPOS

México vive un desequilibrio fundamental que no se podrá superar con una nueva onda de reformitis, así se dirija al campo de las relaciones políticas o laborales. La expresión más conspicua y reciente de este desbalance que afecta al corpus económico y social en su conjunto, nos la transmitió Enrique Quintana en Reforma, el lunes pasado, al reseñar el contraste entre las ganancias en la Bolsa de Valores, que el año pasado se incrementaron 30 por ciento, y el estancamiento, yo me atrevería a decir el declive, del salario medio.
Podrá o no tratarse de una miopía empresarial, pero hay que admitir que en el fondo estamos ante la presencia de una necedad estructural que nubla la vista de todos, hasta llevarnos a una mezcla nefasta de miopía y astigmatismo. Peor aún, terciaría el pesimista: se trata de un glaucoma furibundo que estrecha el campo visual y no nos deja ver más allá de nuestras narices.
Si este golfo entre la economía (las ganancias) y la sociedad (el empleo y el salario) se pusiera en el centro del debate actual sobre las reformas que “tanto necesitamos”, como suena de nuevo el retintín reformista, pronto o tarde, pero con creciente seguridad y madurez, el país entero llegaría a conclusiones y diagnósticos bien diferentes a los que hoy se arguyen en favor de la llamada reforma política o la peor bautizada reforma laboral, a la que para sorpresa de no pocos se prestó la diputación panista. De lo que se trata no es de darle mayorías al próximo presidente o paraísos laborales a un empresariado en punto de fuga, sino de recrear los mecanismos, organizaciones e instituciones que son necesarios para construir un nuevo equilibrio económico-social, que dé sustento y estímulo a una renovación política que no se alcanzará por la vía homeopática que el presidente Calderón y sus flautistas nos ofrecen. Sólo así, por lo demás, se avanzará en lo que en verdad se requiere con urgencia: una reforma del Estado que incluya un cambio sustancial en el régimen político hacia el parlamentarismo, donde los hombres serios y sabios que se han autoerigido en visires de la República encontrarían la respuesta racional a su angustia por la falta de mayorías.
La reforma propuesta por Calderón no nos pone en la dirección del cambio necesario en el sistema político, mucho menos del régimen y del Estado. La de Lozano, más bien nos pone en dirección opuesta a la mudanza requerida en las relaciones sociales, en todo caso edulcorada por su atención a algunas cuestiones importantes, como el empleo juvenil o los reclamos elementales provenientes de la inequidad de género.
Vistas como parte central del paquete ofrecido por el Presidente en septiembre pasado, no pueden sino entenderse como iniciativas destinadas a reforzar, pero ni siquiera a ampliar o diversificar, una estrategia de desarrollo que ha conducido al país, primero, al estancamiento estabilizador y, ahora, al pasmo desestabilizador más espeluznante que hayamos vivido en los tiempos modernos mexicanos. Es, así, una especie de salto de la muerte que por las circunstancias que vive el mundo será visto como suicida si en efecto se empeñan Calderón y los suyos en volverlo realidad.
No hay manera de imaginar “experimentos controlados”, de laboratorio, en esta materia. Pero sí puede adelantarse que con el primer paso que se diera en la dirección apuntada tendríamos encima una cantidad tal de efectos no buscados ni deseados que el proyecto, de haberlo, torcería el rumbo y la nación pronto iría a la deriva. Querer imponer mayorías artificiales con razonamientos forjados de una distorsión majadera de Descartes, o intentar someter a un yugo adicional a un mundo laboral debilitado al extremo, con organizaciones diezmadas y corroídas, es abrir una caja de Pandora de lucha de clases y conspiraciones políticas de y por el poder que México no merece y que, tal vez, no sea capaz de soportar como nación más o menos integrada.
De aquí la urgencia de darle un giro al debate y reclamar a partidos, dirigentes políticos y magnates una mínima vuelta al pragmatismo que cuando fue histórico nos permitió cursar tormentas sin escorar la nave demasiado y hasta aspirar a mejores plataformas para la existencia en común. A sus prefectos del punto de vista, basta con sugerirles como tema para la copa de la tarde que para este adolorido país Casandra quedó atrás.

CRISTIANO RONALDO Y LA BURBUJA DE PRECIOS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

El 27 de mayo de 2009, Cristiano Ronaldo abandonaba cabizbajo el césped del estadio Olímpico de Roma. El entonces jugador estrella del Manchester United nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo en la final de la Champions League ante el Barcelona que, tras un 2 a 0, conseguía el triplete del año: campeón de la copa del Rey, campeón de Liga y campeón del torneo de clubes más prestigiado del mundo.
El desazón de Cristiano Ronaldo no duró mucho: dos semanas después, el 11 de junio, se hacía público su fichaje con el Real Madrid por una suma de 94 millones de euros, unos 130 millones de dólares en ese momento. La noticia impactó no sólo por tratarse de la compra-venta más cara de un jugador en la historia del futbol, pues batió la cifra récord que sólo unos días antes había establecido el mismo Real Madrid al fichar al brasileño Kaká por 92 millones de dólares, sino porque la espiral alcista de compras ocurría en medio de una profunda crisis económica que había mermado las finanzas de los clubes en todo el orbe.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (1985) nació en Funchal, en la isla de Madeira en Portugal, y debe su nombre a la madre quien, amén de creyente, profesaba admiración por Ronald Reagan (El País Semanal, 30/09/09). Su historia es la habitual de los grandes futbolistas: origen humilde, suerte al cruzarse con alguien que detecta su talento, luego mucha disciplina y esfuerzo. En la escuela del Sporting cobraba 50 euros al mes, su primer contrato fue por 250 euros, luego de 600 y en 2003, con sólo 18 años, se fue a Inglaterra en una transacción por 18 millones de euros. En la temporada 2009-2010 que está por concluir, la primera con el Madrid, se estima que Cristiano cobre 23 millones de euros: 13 de salario pagado por el club y 10 por contratos de publicidad. El jugador, además, tiene sus propias marcas registradas: CR7 —las iniciales con el número de camiseta que usaba en el Manchester— y CR9 —el dorsal que le tocó en el Madrid, pues el 7 se lo quedó el capitán más veterano del equipo, Raúl—. Quien también hizo el negocio de su vida fue Jorge Mendes, el representante de Ronaldo que actúa como un broker financiero y también intermedia en los contratos de Rafael Márquez, Simao, Deco, Carvalho, Pepe, Anderson, Mourinho, entre otros, el cual cobró por la venta de Ronaldo una comisión de 9.6 millones de euros (El País, 08/09/09). El Madrid espera recuperar la inversión a través de los contratos de televisión, venta de souvenirs, giras al extranjero e ingresos en taquillas. De momento, se lleva el 40 por ciento de los derechos de imagen del jugador a quien, por ejemplo, el banco portugués Espírito Santo le genera honorarios por cuatro millones de euros; la empresa Niké, 12 millones, y Coca-Cola pagó, por sólo un comercial destinado al mercado chino, un millón y medio de euros (El País Domingo, 21/06/09). La prisa del equipo para que la caja registradora comenzara a sonar se mostró desde que, el 6 de julio, sin ningún torneo en curso, el club organizara la presentación de su nuevo fichaje en el estadio Santiago Bernabéu, con la presencia de 75 mil aficionados, en un horario prime time mundial para aprovechar las transmisiones televisivas en Oriente Medio, África y América Latina. En la tienda del equipo, para las dos de la tarde de ese día ya se habían ingresado 40,800 euros por venta de camisetas con el número 9. De ahí que, además del más caro, Cristiano sea el jugador más protegido, con una escolta pagada por el club (EP, 8/07/09)
La inflación en el precio de los jugadores puede ser insostenible para los equipos. Michel Platini, presidente de la UEFA, ha insistido en una necesaria regulación en el monto de las transacciones, e incluso el secretario de Estado para el deporte de España propone introducir un tope para que no se rebase el 60 u 70 por ciento del presupuesto de los clubes en fichajes y salarios. Esta limitación se deberá fijar en una ley, a discusión, del deporte profesional, en la que también se plantea crear un órgano para supervisar la solvencia de los equipos similar a lo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la Bolsa (El País, 14/09/09, p. 38). Peor resulta la cosa cuando en la burbuja de los precios de jugadores se comprometen recursos de entidades financieras con participación pública, como fue el caso en el fichaje de Ronaldo: Caja Madrid prestó 76.7 millones de euros al Real Madrid para costear la compra a pesar de que los rendimientos de ese banco cayeron en un 71 por ciento en 2008 (Semana.com, 16/06/09). La banca privada también es parte del negocio: Santander habría contribuido con un préstamo similar al de Caja Madrid para el club merengue (Ibíd.)
La espiral de erogaciones en estrellas se reproduce así: “un club se endeuda para gastar una cantidad escandalosa de dinero en fichajes y encandila a la masa social con la promesa implícita de títulos y dolorosas humillaciones a los rivales; si consigue títulos, bien, pues nadie recordará los dispendios perpetrados; si no los consigue, sus directivos acuden prestos con la muleta de la ilusión, prometen nuevos fichajes con más gasto y deuda, entretienen a la masa social y se suelen ahorrar la explicación de sus responsabilidades” (El País, 16/07/09). Y, si no, hay que ver la estrategia del Real Madrid para la temporada 2010-2011, una vez que es factible que, tras las compras multimillonarias del año pasado —gastó 210 millones de euros en Kaká, Ronaldo, Benzema y Albiol (La Jornada, 07/07/09)— no se haga de un solo título: ya anuncia la adquisición del francés Ribery al Bayern Munich y de Cesc Fábregas al Chelsea.

Con la crisis a cuestas, y mientras se discute si hay o no regulación, sigue creciendo la burbuja en los precios que se pagan por los jugadores de elite. ¿También en este caso serán las arcas públicas las que acudan al rescate?

TEMOR A LA POLÍTICA

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

Hace más de 50 años John Steinbeck escribió una sabrosa parodia de la política en la IV República francesa (El breve reinado de Pipino IV. Editorial Navona. Barcelona. 2008). Impactado por el fraccionamiento ideológico, la multiplicación de los partidos, la debilidad de los gobiernos, trazó una especie de fábula chusca. Recordemos que entre 1947 y 1958, durante la IV República, se sucedieron veinte primeros ministros a la cabeza de otros tantos gobiernos.
Steinbeck hacía alusión de manera irónica a la larga lista de partidos que habitaban la Asamblea Nacional: Conservadores Radicales, Radicales Conservadores, Monárquicos, Centro Derecha, Centro Izquierda, Ateos Cristianos, Cristianos Cristianos, Comunistas Cristianos, Proto-Comunistas, Neo-Comunistas, Socialistas, Comunistas (a su vez divididos en: estalinistas, trotskistas, jruschevistas). Mientras los monárquicos, cuyos conflictos estaban marcados, entre otras causas, "por el mantenimiento del honor, siempre tan frágil", se dividían en Merovingios, Carolingios, Capetos, Borgoñones, Orleanistas, Borbones, Bonapartistas y Cesarianos.
Una preocupación los unía: ¿cómo salir de la inestabilidad? ¿Cómo trascender el fraccionalismo? ¿Cómo edificar continuidad? ¿Cómo recuperar la unidad? La inestabilidad francesa era una especie de estabilidad, que le permitía afirmar a Lord Cotten, súbdito de la corona inglesa, que "en Francia la anarquía había sido perfeccionada hasta convertirse en reaccionaria".
En una de las múltiples crisis, el Presidente vuelve a llamar a los representantes de todos los partidos para acordar la formación de un nuevo gobierno. Pero tras siete días de debates y negociaciones no alcanzan ningún acuerdo. La gravedad de la situación se hace patente. Y es entonces cuando los monárquicos, un grupo pequeño pero disciplinado, tradicionalista pero no por ello menos oportunista, decide proponer la vuelta a la monarquía. El orador, "sugirió, incluso ordenó, que la monarquía fuera restaurada, de modo que Francia pudiera resurgir como el Ave Fénix de las cenizas de la República".
"Los líderes de los partidos quedaron mudos". Pero cada grupo empezó a encontrar buenas razones para ese retorno. Los comunistas querían la revolución y "cualquier cambio que la hiciera más factible era de innegable conveniencia". "Los políticos franceses estaban sumidos en la anarquía. (Y) es muy difícil rebelarse contra la anarquía ya que en el imaginario popular, mal entrenado para la dialéctica, revolución es anarquía". "Por lo tanto, resultaría muy conveniente... que la monarquía fuera restaurada. Sería un buen punto de partida y... aceleraría la llegada de la revolución". A los socialistas "les parecía obvio que un rey mantendría a raya a los comunistas. Y sin ese estorbo en el camino, ellos podrían lograr los cambios graduales por los que abogaban". "Los cristianos cristianos llegaron a la conclusión de que la familia real había sido siempre inequívocamente católica...". Los de centro derecha y centro izquierda se pusieron de acuerdo "porque un rey podría contener a socialistas y comunistas, y con ello, poner fin a las demandas de aumentos salariales y reducción de jornada". La Liga de Objetores de Impuestos también dio el sí porque vio la oportunidad para que los de centro derecha y centro izquierda pagaran impuestos y no ellos.
Cada quien por sus propias y muy buenas razones llegó a la conclusión de que la restauración de la monarquía era una buena opción. Y los políticos lograron que las olas de adhesión a ese regreso se multiplicaran. "Le Figaro, en un editorial de portada, argumentó que la dignidad y la integridad de Francia estarían mejor defendidas si su símbolo era un rey y no un modisto". La Asociación de Restauradores, que reunía a la alta costura y a las asociaciones de hoteleros, "entendía que como los americanos adoran la monarquía" se incrementaría el turismo y con ello el consumo. "Los granjeros, campesinos y aldeanos", tradicionalmente enemigos de todos los gobiernos, automáticamente estuvieron a favor del cambio. El Rey sería una entidad tutelar. Vería por el bien de todos y la armonía del reino. "Su Graciosa Majestad gobernará como un árbitro benevolente".
No resultaba fácil, sin embargo, encontrar al nuevo monarca. ¿De cuál de todas las líneas sucesorias? Al final optan por "la sagrada sangre de Carlomagno" y encuentran en un astrónomo aficionado, que vive de las rentas de algunos viñedos, al descendiente para ocupar el trono. Se trata de Pipino Arnulfo Héristal que vive con su mujer y su hija en el número 1 de la avenida de Marigny en París y que está llamado a convertirse en Pipino IV.
Una comisión de todos los partidos lo visita para trasmitirle la buena nueva. Y luego de explicarle que "Francia no ha logrado formar gobierno" y que "necesita una continuidad para mantener la seguridad por encima de partidos y facciones", Pipino tiene una primera reacción: "-Quizá la propia política es lo que nos atemoriza".

JUSTICIA INTERAMERICANA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una nueva oportunidad histórica para exigirle cuentas claras al Estado mexicano. A finales del año pasado, con sus resoluciones acerca de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y los feminicidios de Ciudad Juárez (caso “Campo Algondonero”), emitió un claro mensaje en contra de la impunidad. Ahora, con la revisión de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el 15 de abril y el 28 de mayo, respectivamente, tenemos ante nosotros una nueva coyuntura que finalmente podría meter en cintura a las fuerzas militares de México. En hechos separados durante 2002, las indígenas Me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por soldados que laboraban en tareas de “contrainsurgencia” en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, Guerrero. La justicia fue negada a las dos jóvenes, entonces de 24 y 17 años, ya que las autoridades no les prestaron el apoyo adecuado ni cumplieron con sus responsabilidades constitucionales. El Ministerio Público, primero, se negó a investigar a fondo las denuncias interpuestas por Inés y Valentina, y, finalmente, se declaró incompetente. Una vez más, se aplicó de manera irresponsable el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que define como un “delito contra la disciplina militar” y, por lo tanto, justiciable por los tribunales castrenses, cualquier acto que sea “cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Como era de esperarse, en el ámbito de la justicia militar el caso simplemente no ha avanzado y los delitos han quedado impunes. Desde hace tiempo la Corte Interamericana se ha venido pronunciado a favor de la eliminación del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos que involucren a civiles. Este criterio fue adoptado por los magistrados en el caso Radilla al señalar: “En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional (…) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”. El punto resolutivo número siete de la sentencia, dictada el pasado 23 de noviembre, requiere que el Estado mexicano modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Por otra parte, este 26 de marzo, en su informe final con respecto al quinto examen periódico de México, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también exige de manera categórica al Estado mexicano “modificar su código de justicia militar con el fin de que la justicia militar no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles”. El argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de la ONU está basado en el más elemental sentido común. La justicia militar solamente debe aplicarse en los casos en que tanto la parte afectada como el presunto delincuente sean de las fuerzas armadas. En el momento en que estén involucrados civiles, las autoridades civiles deberían encargarse de la procuración de justica con el fin de tutelar los derechos fundamentales y garantizar un proceso independiente y objetivo. De otra forma, se erige un muro de impunidad para todas las fuerzas militares. Por el simple hecho de estar vestido de militar, un soldado podría violar las leyes a su antojo. ¿Quién será castigado, por ejemplo, por el asesinato de los dos niños en un retén militar en Tamaulipas la semana pasada, o por la muerte de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, entre otros tantos abusos? Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo son también emblemáticos de la discriminación institucional que tanto mujeres como indígenas sufren cotidianamente en nuestro país. Por ejemplo, dos días después de sufrir la agresión, la todavía menor de edad Valentina acudió a la clínica de salud de su pueblo, donde, al denunciar lo que le había pasado, le negaron atención médica. Fue obligada entonces a emprender un camino de ocho horas para asistir al Hospital Central de Ayutla, lugar en el que, después de una espera de 24 horas, fue examinada por un doctor que únicamente le revisó el estómago, sin realizar otros exámenes, bajo el argumento de que no se encontraba disponible ninguna doctora. Desde que empezaron a litigar sus casos a nivel internacional, con el invaluable apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Inés y Valentina han sido sujetas a una serie de actos intimidatorios (amenazas de muerte, el intento de secuestro de uno de sus hijos, vigilancia de parte de hombres desconocidos, etcétera) sin que a la fecha el gobierno mexicano haya protegido la integridad de las denunciantes. Asimismo, las autoridades desoyeron por completo las contundentes recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ambos casos, hecho que obligó a la Corte a intervenir en el caso. Hagamos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se mantenga firme aun ante las fuertes presiones que seguramente recibirá de parte de las autoridades mexicanas, y para que, aprovechando este caso, ratifique su mensaje contra la impunidad militar. También habría que exigir al Senado de la República avanzar en la dictaminación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2009, y a la Cámara de Diputados, hacer lo propio con otra reforma, aprobada en diciembre de 2009 por el Senado, que amplía la figura jurídica del amparo para incluir la tutela de los derechos plasmados en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.