MONSIVÁIS

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Los japoneses, como una buena parte de los pueblos del Oriente Lejano, miden el tiempo a través de una rara combinación de hechos históricos y sucesos astronómicos; para los occidentales, que nos movemos en el tiempo medido por el movimiento de los astros, por las eternas repeticiones del cosmos, los hechos son marcas que suceden en ese devenir; en cambio, para el pensamiento oriental, los actos de los hombres, en particular de los grandes hombres, influyen y dialogan con los fenómenos estelares de tal manera que a las cronologías imponen el nombre de las dinastías o de los monarcas. Así, la era Meiji, con su propia cuenta de los años, así también la era Showa correspondiente a la Segunda Guerra Mundial y a la actual, gobernada por Akihito que, al momento de su muerte será llamado Heisei, conforme a la era con la que se identifica. Con nuestras sociedades suceden cosas parecidas, si bien en nuestra cosmogonía el universo se mueve fuera de nosotros, aunque seamos parte de él, la sociedad, la historia y con ellas la política se mueven sólo porque los seres humanos le damos movimiento creando la cultura que es sinónimo de ejercicio de la libertad, de la expresión y del pensamiento. Por eso decimos el tiempo de los muralistas, la época dorada del cine, el tiempo de Fernández de Lizardi. Hace apenas unas horas, terminó el tiempo de Carlos Monsiváis. Al partir Monsiváis se cierra todo un tiempo en nuestra cultura, el del hombre de opinión, constructor de ciudadanía, cercano al hombre de cada día y de todo momento; el tiempo de la crónica que más que eso era crítica del momento. Independiente, siempre en debate con el poder, era una voz escuchada a causa de su propia legitimidad; irreverente e iconoclasta, sabía del respeto, pero también cómo emplearlo; dotado de una pluma liviana y al mismo tiempo de gran hondura, encontraba causas profundas en las más superficiales señales de nuestra realidad. Con Monsiváis, los mexicanos aprendimos a leernos en el papel y en la realidad. El terremoto de 85 sería sólo una amarga experiencia si Monsiváis no hubiera hecho de él una cruda experiencia cultural. En una palabra, guía y conciencia de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Soberbio actor de sí mismo, supo encarnar en sí mismo los valores que consideraba más importantes: respeto por la inteligencia de cuya ausencia y de cuya pretendida exhibición se burlaba, amor por nuestra cultura que encontraba donde otros no veían nada o sólo veían la áspera realidad cotidiana, independencia intelectual que le sirvió para ser el aval de las causas que saltaron de la marginalidad al debate abierto. El tiempo de Monsiváis ha terminado. Gracias a ese hombre singular, muchos mexicanos le perdimos el miedo a la rigidez formal de la cultura. Bueno y comprometido, quiso que cada letra y cada palabra de su bien trabada literatura fuera una aportación para que los mexicanos pudiéramos, algún día, vivir mejor, con mayor paz con nosotros mismos, pero sobre todo más libres.

PUEDE HABER JUSTICIA EN EL ABC

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Puede y debe haberla. Me remito al efecto a mi artículo anterior (jueves 17 de junio) en el que sostengo que el artículo 97 de la Constitución, que faculta a la Suprema Corte de Justicia para que únicamente averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, sí es vinculante en relación con los artículos 117 y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales; cosa que digo para afirmar que si la resolución de la Corte hubiera sido otra la Procuraduría General de la República hubiera debido, inmediatamente, concluir la averiguación respetiva y consignar ante un juez a los presuntos responsables. Y allí me quedé, en esa hipótesis y tesis, en virtud de que la magnífica ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no fue compartida por ocho de sus colegas. Pero ahora voy más lejos. Aunque en la especie la facultad de la Suprema Corte consiste únicamente en averiguar, ello no implica que el Ministerio Público Federal desacate lo dispuesto en los artículos 117 y 123 de referencia. En efecto, la propia Corte nombró una comisión -formada por magistrados de un tribunal colegiado- que determinó que una serie de servidores y ex servidores públicos son penalmente responsables de los hechos; lo cual, al margen del fallo de la Corte -que evidentemente no es obligatorio per se-, obliga a actuar a la Procuraduría General de la República. ¿En qué sentido? En uno muy claro y que es imposible evadir salvo que se quiera ignorar o torcer el significado -su raíz legal- de aquellos artículos. El 117 dice a la letra: "Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere". Con mayor razón y en consecuencia, puesto que los delitos de que se trató en el trágico caso de la guardería infantil ABC son perseguibles de oficio, la Procuraduría General de la República ya tiene amplio conocimiento de ellos; y en consecuencia, también, so riesgo de incurrir en grave responsabilidad, debe actuar conforme a lo prescrito en el artículo 123 que a su vez dice a la letra: "Inmediatamente que el Ministerio Público Federal o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictará todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante". Es de resaltar que los padres de las víctimas, niños fallecidos o quemados, son por su parte víctimas indirectas del delito a los que hay que proporcionar seguridad y auxilio de toda clase en una extensión que corresponde al más depurado y humano Derecho Penal. En suma, el Ministerio Público Federal tiene la obligación de impedir que se dificulte la averiguación, o sea, que culmine poniéndola en manos del juez para que califique constitucionalmente el grado de culpabilidad de los imputados.
Ahora bien, ¿qué pasa si el Ministerio Público Federal no acata lo que prescriben los artículos 117 y 123 citados? En primer lugar, repito, que incurriría en una grave responsabilidad y, en segundo, que con ello violaría diversas garantías individuales entre las que destacan las comprendidas en los artículos 17 y 21 de la Constitución, razón por la que procede que los agraviados recurran al juicio de amparo. Yo sostengo que todo lo anterior se infiere impecablemente del artículo 97 de la Constitución y de los artículos 117 y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales. No interpreto sino que propongo aplicar los textos constitucional y legal. Creo igualmente que los padres agraviados, entristecidos, doloridos por la respuesta negativa que en el alto tribunal tuvo la notable ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con excepción de los votos a favor de los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, no deben recurrir a instancias internacionales sin antes agotar en México los medios de impugnación, incluido el juicio de amparo, que contempla nuestra legislación vigente. La Justicia ha de imperar frente a la injusticia. Aquellos padres se sienten agraviados, ofendidos y viven dramáticamente la sensación de la injusticia; sensación que es por cierto el alma de la ciencia y del arte jurídicos. Tres votos concuerdan con su sentir, ocho no. Es suficiente para que estén convencidos de que no erraron en su percepción. Es suficiente porque la Justicia llega a menudo después de una larga búsqueda en los espacios del derecho positivo, de la ley, que es donde habita aunque a veces escondida, oculta, entre la malla de las palabras legales. ¡Que luchen esos padres hasta encontrar la verdad justa a la que tienen derecho!

GUARDIANES DEL INFIERNO

DENISE DRESSER GUERRA

Allí está nuestro Cerbero mexicano. Esa figura de la mitología griega, ese perro de tres cabezas parado en la puerta del infierno. El guardián del Hades, encarnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría asegura que no habrá escapatoria jamás, jamás. Al hablar y votar como lo acaban de hacer siete ministros en el caso de la guardería ABC aseguran que no será posible salir del país donde todo pasa y no pasa nada. Donde no hay “responsables”, sino tan sólo “involucrados”, y de rango menor. Donde importa más apaciguar el enojo del presidente Calderón con el histórico dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que el reconocimiento de las verdades incómodas que revela. Donde los “involucrados” de alto nivel alegan que no se les concedió audiencia, cuando tuvieron acceso privilegiado a los ministros y pudieron hacer un cabildeo personal tan exitoso que los exoneró. Nuestro Cerbero nacional, un vigilante leal de las compuertas que impiden a los mexicanos el éxodo del inframundo. Un lugar en el cual la población se ha acostumbrado a la impunidad y no tiene más recurso que la indignación personal. Un lugar en el cual se obliga a los padres de 49 niños muertos a rogar por la intervención del Máximo Tribunal dado que los Ministerios Públicos no investigan crímenes, las Procuradurías no procuran justicia, los funcionarios no renuncian, las instituciones no cumplen. Y llegan allí, el pecho cubierto con las fotografías de los hijos que depositaron al cuidado del IMSS –cuyo escudo es un águila que protege a una madre que protege a un hijo– y que nunca más volvieron a abrazar. A acariciar. A mecer entre sus brazos, como todavía lo pueden hacer Juan Molinar y Daniel Karam y Eduardo Bours con los suyos. Cerbero, el hermano de la Quimera, de la pendencia. Cerbero tiene –según los textos clásicos– una cabeza que representa el pasado; aquella era en la que los ministros de la Suprema Corte se comportaban como comparsas del Poder Ejecutivo y seguían sus instrucciones. Aquella era en la que no importaba ignorar, mancillar y burlarse de la Constitución o ponerla al servicio de la protección política. Aquella era en la cual, en aras de “defender” a las instituciones del Estado mexicano, se ignoraba cuando fallaban y se olvidaba a quienes padecían los costos, que casi siempre eran los desposeídos. Aquella era que considerábamos superada y vemos revivir con ministros temerosos o inconsistentes o presionados o escurridizos; con argumentaciones –en tono consistentemente socarrón– como las del ministro Aguirre Anguiano, que sólo reconoce “algunas negligencias” e ignora las implicaciones probabilísticas del muestreo realizado por la Comisión Investigadora. O las del ministro Sergio Valls, con las que asegura que “no es problema del IMSS el de la supervisión” por la instalación de una gasolinera cerca de la guardería, y con ello se lava –y les lava– las manos a los “involucrados”. O las del ministro Luis María Aguilar Morales sugiriendo que no hay una buena ley que regule las guarderías, pero a la vez rechaza que exista un desorden generalizado por ello. O las de Margarita Luna Ramos, quien dice que “probablemente sí se diera el desorden” pero no se atreve a votar para acreditarlo. O las de Fernando Franco, quien afirma que hay “irregularidades de diferente grado y hay algunas que no afectan la seguridad”, con lo cual acepta que se viola la ley un poquito. O las de Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien –increíblemente– usa como pruebas para acreditar su posición los “comentarios de la gente” y con ello constata que el sistema de guarderías subrogadas del IMSS es satisfactorio, cuando la investigación auspiciada por la propia Corte evidencia lo contrario. Y sin duda todos ellos se sentirán orgullosos por la defensa del honor del IMSS, sin comprender que en este caso no se denostaba a la institución como tal, sino a los funcionarios omisos o incompetentes; se trataba –como lo subrayó con razón el ministro Zaldívar– de proteger al IMSS de los malos servidores públicos. Y sin duda los ministros de la mayoría se escudarán en esa facultad de investigación maltrecha y mal diseñada que les otorga el artículo 97 de la Constitución. Dirán que hicieron todo lo posible, dadas sus limitaciones. Incluso insistirán en que les quiten la facultad para así evitar la incomodidad que entraña asumir posiciones controvertidas y defenderlas. Pero el dictamen singular del ministro Zaldívar les ofrecía una puerta de escape, una ruta con la cual ayudar a los mexicanos a salir del infierno de la impunidad garantizada. Él ofrecía otra cara para el Cerbero cómplice de las cosas tal y como son. Él ofrecía la cara del futuro para la Suprema Corte, la faz de lo que podía ser. La Suprema Corte que México merece, capaz de perderle el miedo a las palabras; capaz de mirar a ese otro México en el que ellos no viven, habitado por personas sin poder –como los padres de la guardería ABC–, cuyos derechos tienen la obligación de proteger. Capaz de pronunciar la palabra “impunidad”, la palabra “responsable”, la palabra “omisión”, la palabra “violación”, como lo hicieron José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño. Capaz de exigir una modificación constitucional para que las investigaciones que realiza sí tengan efectos jurídicos. Porque si no lo hacen y continúan escondiéndose detrás de la ambigüedad, los tecnicismos y las visiones estrechas, los ministros que votaron una y otra vez en contra del dictamen tan sólo darán validez a lo que su colega Arturo Zaldívar reprochó: si el segundo párrafo del artículo 97 no sirve para fincar responsabilidades, pues “realmente no sirve para nada”. Como no sirvió en este caso porque la mayoría de la Corte simplemente no quiso darle vida o sentido al texto constitucional. Optó por ignorar el argumento –enraizado en las mejores democracias– de la responsabilidad política asociada con el servicio público. Y con ello mostró la tercera cara de Cerbero, la cara del presente. La cara de los fallos jurídicos mediocres y mal argumentados. La cara que insiste en considerar la crítica necesaria como alta traición a la Patria. La cara de un México en el que siempre faltan reglas y donde las que hay no se cumplen. La cara con la cual se aceptan las omisiones, y por ello nunca hay servidores públicos de alto nivel responsabilizados, como Juan Molinar o Daniel Karam, que saltarán a otro puesto gracias al permiso que la Corte les ha dado. La cara desencajada de los padres de 49 niños muertos a quienes la Corte les acaba de decir: “Bienvenidos al infierno, y ni modo”. Una Suprema Corte que, parafraseando las palabras de Juan Rulfo, “no oye ladrar a los perros

¿QUÉ DICEN?

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Un candidato a gobernador detenido en plena campaña, acusado de ligas con el narcotráfico; otros bajo sospecha de tener relaciones, pasadas o presentes, con el crimen organizado; candidatos ultimados sin que nadie sepa el origen ni los responsables de los crímenes; oficinas partidistas atacadas con bombas molotov; institutos y tribunales electorales estatales señalados por la subordinación a gobernadores y la notoria parcialidad de sus actos; consejeros del IFE acusados de servir al PRI; judicialización imparable de la vida interna de los partidos y de las contiendas electorales; contradictorias sentencias de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF; grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas, que aparecen como hongos, extremando, por si todo lo antes conocido fuera poco, un ambiente de sospecha y desconfianza.
Carentes de valor probatorio ante cualquier juez, el contenido de las grabaciones que en diversos medios han sido difundidas confirman lo que ya sabíamos: que los gobernadores han adoptado el papel de coordinadores de campaña, y que en su loco afán de asegurar la continuidad de su respectivo partido no conocen límites. Confirman igualmente el asalto sufrido por las instituciones electorales locales, avalado por tirios y troyanos, que en negociaciones al amparo de las sombras se repartieron cargos y esferas de influencia. Panistas y perredistas pagan la factura de haber solapado y ser beneficiarios del contubernio de sus legisladores y dirigentes estatales con los gobernadores; también lo paga el PRI, a la medida de su influencia en los estados.
Sin embargo, no es lo mismo analizar resoluciones y contratos, avalados por el TEPJF, entre institutos electorales locales y proveedores privados, que escuchar de viva voz, a la presidenta del Consejo Electoral de Sinaloa, y al presidente del Instituto de Oaxaca, ponerse al servicio de los respectivos gobernadores. Por un mínimo de pudor, deberían renunciar. No lo harán. Como no lo hará el de Puebla, ni el de Zacatecas, ni la de Aguascalientes. Etcétera.
Tampoco es asunto menor escuchar al gobernador de Oaxaca, en plática con el coordinador de medios del candidato del PRI, Eviel Pérez, ofrecer control sobre el periodista Carlos Marín y Milenio /TV, o sobre Radio Fórmula, cadena radiofónica a la que Raúl Castellanos, tránsfuga del PRI, perredista de temporal, hijo pródigo que regresó al partido de su cuna, se refiere como "fórmula". ¿Qué dirán, empresas y periodista, mencionados en la ilegal grabación?
Marcado a fuego por la orfandad política, luego por omisiones y reglamentos del IFE, la normatividad en materia de televisión y radio, el avance más importante de la reforma de 2007, es ahora convertido en el gran culpable de lo que pasa en la relación entre el poder y los medios electrónicos. La culpa es por la "nefasta reforma de 2007" dicen los periodistas y editorialistas de Milenio diario y su filial de TV. Igual hacen, con honrosas excepciones, los que ocupan la antena de Radio Fórmula. Han ignorado, o guardado silencio cómplice, ante los contratos de los gobiernos estatales con sus patrones, que les imponen silencios y vetos a invitados.
El daño mayor que las ilegales grabaciones terminan por colocar sobre la mesa no es solamente contra candidatos y gobernantes, de eso ya sabíamos lo necesario; tampoco en contra de autoridades cuyo prestigio hace rato que está por los suelos; la evidencia es sobre la conducta de los dueños de las empresas que controlan televisión y radio en México, también sobre los medios impresos que de ellos dependen, extorsionadores de gobiernos y partidos, a los que ofrecen, a cambio de sumas millonarias, no sólo difusión privilegiada, sino también, todo indica, bloqueo en contra de sus adversarios, de lo que, si a las evidencias atendemos, no informan a sus comunicadores, ¿O sí?
Por ley, las grabaciones no podrán ser consideradas por autoridad alguna, pero su efecto, contra lo que pensaron -es un decir- sus autores intelectuales, es equivalente a una carambola de tres bandas. Han puesto a la luz pública a gobernadores del PRI, a quienes encabezan institutos electorales y a medios de comunicación y a un periodista que, por decir lo menos, nos deben una explicación.
El sistema electoral está en punto de crisis, los que obligados estaban a cuidar lo avanzado a lo largo de dos décadas, de ello se olvidaron. A pretexto de la autonomía de las instituciones electorales, mal diseñada y peor aplicada, hemos regresado a los años previos a 1988, o peor. Ya oímos las grabaciones. ¿Qué dicen los que en ellas están mencionados?
Posdata: La muerte de Carlos Monsiváis me deja un poco más huérfano. No fui su amigo, sino solamente su adicto lector. Su luminosidad estará siempre presente.

EL MENSAJE DE CALDERÓN

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

A primera vista, el desplegado de Felipe Calderón del pasado lunes 14 de junio podría parecer una respuesta a aquellos analistas, políticos o incluso narcotraficantes que se hayan atrevido a sugerirle “pactar” con el crimen organizado. “Mi gobierno está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la criminalidad hasta poner un alto a este enemigo común y conseguir el México que queremos”. Sin embargo, el texto también puede ser leído como un velado intento de establecer nuevos “arreglos” con los narcotraficantes. Plantea que el nuevo objetivo “no es única ni principalmente combatir al narcotráfico”, sino “lograr la seguridad pública de los ciudadanos”. De acuerdo con el presidente, “el punto clave es reducir la acción del crimen organizado contra la población”. Existen contradicciones evidentes en su discurso. Por un lado, Calderón señala que las alternativas “eran muy claras: ignorar ese problema y administrarlo para tratar de evitar los costos de su solución (...) o hacerle frente con toda la fuerza del Estado y resolverlo”. Por otro lado, sugiere que ya no busca “resolver” el problema del narcotráfico o derrotar a los delincuentes, sino simplemente “reducir” sus acciones y minimizar su impacto en la sociedad en general. En otras palabras, tal parece que se hará precisamente lo que supuestamente se rechaza: “administrar” el problema del narcotráfico. Este contexto es lo que nos permite entender por qué Calderón tan inesperadamente ha repudiado el concepto de “guerra” que él mismo había venido utilizando con tanta frecuencia. Las guerras necesariamente tienen un principio y un fin, así como ganadores y perdedores. Hoy el presidente busca que su batalla sea permanente y se ha dado cuenta de que hasta la fecha los narcotraficantes van ganando en su confrontación con el gobierno. Tanto la escalada de violencia de los últimos días como el secuestro de Diego Fernández de Cevallos han influido de manera contundente en esta reevaluación de la coyuntura. Pero en lugar de aceptar su derrota táctica y cambiar de estrategia, el primer mandatario prefiere simplemente cambiar el juego. Ya no se trata de ganarle a los narcotraficantes, sino únicamente de controlarlos y ponerles límites. También es de notar la preocupante nostalgia percibida en la misiva de Calderón por aquellos tiempos en que, según él, el narcotráfico mantenía “un bajo perfil” y “no se metía con nadie”. Ante el rotundo fracaso de su “guerra”, parece que hoy el presidente estaría listo para llegar a un acuerdo similar a los que existían en el pasado, en que los delincuentes se comprometen a respetar a la población y el gobierno acepta permitir el tránsito de drogas por el país. El problema, sin embargo, es que los mismos narcotraficantes aparentemente ya no quieren llegar a un arreglo. De acuerdo con Calderón, hoy los delincuentes cuentan con tanto poder y control territorial que la única opción que le queda al gobierno es una confrontación directa. “Se plantea como si la acción del gobierno fuera la que provocó la violencia y la criminalidad, cuando es completamente al revés. Han sido la violencia y la delincuencia las que han motivado la acción decidida del gobierno”. En pocas palabras, es el narco, y no el gobierno, quien tiene la iniciativa y pone la agenda en la “lucha por la seguridad pública”. Según el presidente, si los narcotraficantes no hubieran “provocado” al gobierno desde un principio, éste no hubiera tenido que actuar de manera tan “decidida”. El mensaje subliminal es claro. Si los narcotraficantes quieren que el gobierno no se meta con ellos, tendrán que organizarse mejor para no generar tanta violencia. Así como los delincuentes fueron los responsables de generar la confrontación actual con el gobierno, ellos también serían los únicos capaces de poner fin a la violencia. Con su desplegado, Calderón parecería tender la mano a los capos y proponer un pacto de caballeros a los principales cárteles mexicanos. El abandono del discurso de la “guerra” teóricamente podría tener efectos positivos si es que implicara una reducción de las violaciones a los derechos humanos, una desmilitarización del país, o un fortalecimiento de la rendición de cuentas de las “fuerzas del orden”. Pero la comunicación de Calderón no menciona absolutamente nada al respecto. No habla del retiro de los soldados de las calles, ni de la responsabilidad de las fuerzas militares para rendir cuentas. Tampoco ofrece alguna propuesta novedosa de combate a la corrupción en las tareas de seguridad pública ni cuestiona la opacidad reinante en la Procuraduría General de la República. Una vez más, el mensaje de Calderón injustamente culpabiliza a las víctimas del delito. “En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente 70% de los casos. Alrededor del 90% de estos casos de homicidio con algún indicio en su causa corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”. En primer lugar, destaca el lenguaje dudoso y tambaleante que utiliza el presidente: “en general”, “detectar razonablemente”, “indicios”, “aproximadamente”, “alrededor”, “muy probablemente”, etcétera. También llama la atención que ahora el famoso 90% resulta ser no en relación con todos los muertos, sino únicamente con respecto a 70% de los mismos. De un plumazo, Calderón ha confesado que hay unas 5 mil “bajas civiles” adicionales a las que originalmente había informado. El desplegado de Calderón no refleja la fortaleza de su lucha contra la delincuencia organizada, sino la derrota de su gobierno a manos del narcotráfico y su disposición para encontrar una salida negociada. En lugar de corregir el rumbo y atender las raíces del problema, el presidente recurre una vez más al típicamente artificial despliegue publicitario para esconder el tamaño de su fracaso.

IMPUDICIA E IMPUNIDAD

JAVIER CORRAL JURADO

Estoy plenamente convencido de que la divulgación de conversaciones telefónicas que revelan la comisión de delitos e involucran o comprometen a servidores públicos en actos de corrupción o de inmoralidad, constituyen un asunto de ineludible deber para el ejercicio periodístico. En ese enfoque se coloca la difusión de las conversaciones telefónicas entre el gobernador Fidel Herrera Beltrán y varios candidatos del PRI en Veracruz la semana pasada por el periódico Excelsior, y las que este lunes difundió en su programa radiofónico Carmen Aristegui, entre Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca y varios actores políticos de esta entidad. Las dos filtraciones son perlas del folklor priísta en su concepción y ejercicio del poder. Hay dentro de los comentarios de Fidel Herrera frases para la historia política del país como “estoy ahorita en plenitud del pinche poder; tengo el gobierno en la mano”. Justifica intervenir para ganar ya que el candidato, según su propio dicho, “anda muy reapendejado”. Las de Ulises Ruiz también marcan el desdén absoluto por cualquier ejercicio ético del servicio público, ponen de manifiesto el clima de impudicia e impunidad del gobernador de Oaxaca. Estas grabaciones confirman lo que una y otra vez hemos venido denunciando los partidos de la Coalición encabezada por Gabino Cue Monteagudo, la intromisión del gobernador, el uso de recursos públicos, la parcialidad del órgano electoral, de manera ostensible y cínica del presidente José Luis Echeverría, en términos reales la conversación telefónica más preocupante. Sí, en efecto, las intervenciones telefónicas sin orden judicial son un delito, pero que nadie trate de eludir el fondo, rasgándose las vestiduras por el método como esos diálogos han llegado hasta los medios: son más graves los delitos que en ellas se contienen y es indiscutible que su difusión es un asunto de acreditado interés público, puesto que ponen al descubierto el destino que hacen tanto Fidel Herrera como Ulises Ruiz de los impuestos que los ciudadanos pagan, usándolos de manera ilegal a favor de la campaña de las campañas del PRI. En varias partes de las conversaciones se configuran violaciones a la ley, delitos de carácter penal, electoral y administrativo; además de las graves faltas a la ética y profesionalismo que supone el ejercicio público. El tema del trato a las mujeres, me parece el más vergonzoso, lenguaje soez. Dos damas que no se han metido con ellos de ninguna manera, son tratadas de manera insolente, pero además, dos damas que no han cometido ningún delito porque no se trató de un acto de campaña sino de un acto institucional. La forma en que se refiere tanto de Mané, la esposa del candidato Gabino Cué, como de Margarita Zavala la esposa del presidente de la República y los calificativos como se refiere a la empresaria Aurora López Acevedo constituyen la muestra más que de un lenguaje vulgar, de una actitud y una visión profundamente excluyente de las mujeres. Deben sentirse ofendidas no sólo las mujeres de Oaxaca, sino todas las mujeres de México. Por otro lado, las grabaciones confirman que José Luis Echeverría se ha vuelto insostenible como presidente del Instituto Estatal Electoral. Esta conversación confirma que teníamos razón en el largo litigio contra las amañadas asignaciones del programa de resultados electorales y de las boletas electorales que de manera ilegal el IEE confirió a las mismas empresas de hace seis años, PROISI y Litho Formas de México, que entonces fueron parte del fraude electoral en 2004. Muestran que nuestra preocupación estaba absolutamente fundada. Es una vergüenza el diálogo sometido del presidente del IEE con el gobernador del Estado. Es fundamental que Echeverría responda ¿Qué pendientes tiene con Ulises Ruiz, siendo él supuestamente, un funcionario del sistema de autonomía electoral del estado de Oaxaca? Las conversaciones ponen también de manifiesto el uso de recursos públicos; ya lo sabíamos, no es sorpresa, lo que ahora tenemos es la confirmación; es deplorable el tema tratado en la conversación sobre los convenios —por lo dicho por Raúl Castellanos— que se han celebrado con algunos medios radiofónicos de la ciudad de México, que además de asegurar recursos públicos de Oaxaca, limitan puerilmente el derecho a la información de los ciudadanos, vulneran la libertad de expresión, la libertad de información al convenir el bloqueo al candidato Gabino Cué, lo que violenta el ejercicio de uno de los principales derechos en democracia que es la libre expresión de la pluralidad política. La conversación confirma otras cosas: Ulises es el verdadero coordinador de la campaña de Eviel, le rediseña la agenda, le instruye arreglos con ciertos actores y en su casa se toman las decisiones estratégicas del manejo de ciertos temas electorales, como también lo confirma el diálogo con Raúl Castellanos, director de comunicación social de la campaña priísta. Hace tres semanas advertí en este espacio que el temor de la derrota inminente ha llevado a varios gobernadores a la desesperación y luego al desenfreno. Está demostrado; sin escrúpulo disponen como señores feudales de territorio y población. Son lo más graneado de la avanzada priísta que busca recuperar Los Pinos en el 2012, los que se cansan en decir, una y otra vez, que ellos sí saben gobernar.

DOS LECCIONES DEL ABC

RODRIGO MORALES MANZANARES

El debate que sostuvo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, es sin duda significativo. Me parece que hay dos asuntos que ilumina, y acaso, otro que únicamente ilustra. Me explico. Creo que el proyecto de dictamen del ministro ponente tiene el mérito de colmar las posibilidades y potencialidades del artículo constitucional que le confiere capacidades investigadoras a la Corte. En ese sentido, la pedagogía del proyecto radica justamente en desgranar lógicamente lo que la Corte debiera hacer para encarar un caso en el que se presume que existen violaciones a las garantías constitucionales. Sin embargo, el hecho de que no existan consecuencias prácticas a los señalamientos o hallazgos de la Corte, impone una dificultad que, me parece, el debate de los ministros puso en evidencia. Una primera virtud del debate es la necesidad de pensar en una reforma constitucional que ubique institucionalmente de mejor manera la facultad de investigar violaciones a las garantías individuales. La inoperancia de la norma nos debiera llevar a pensar, no en desaparecer pesquisas que nos lleven a señalar responsabilidades políticas, sino a ubicar cuál es el mejor espacio para desplegar justamente esas investigaciones. La última instancia judicial, el espacio para el control constitucional, ciertamente no parece ser el sitio idóneo para realizar pesquisas sin consecuencias. Por supuesto que es necesario preservar ámbitos de control sobre la responsabilidad política, pero acaso la CNDH tenga un diseño institucional más propicio para cumplir con esas tareas. Una segunda reflexión asociada al caso ABC es precisamente relativa a las razones por las que tuvo que llegar a la Corte. Pareciera que hay una ausencia de mecanismos o reflejos asociados a la responsabilidad política. Como ha quedado claro, más allá de las responsabilidades administrativas y aun penales, hay una suerte de moral política que, si se hubiera activado a tiempo, difícilmente la Corte hubiera tenido que ejercer su atribución investigadora. Habrá que colmar de nuevos contenidos el sentido ético de la responsabilidad pública. Por otra parte, hay que señalar que el ánimo maniqueo del debate público tampoco ayuda a entender la complejidad del debate judicial. Es decir, el hecho de que en el proyecto original, el ministro ponente ubicara la responsabilidad de ciertos personajes asociados a la tragedia, no los convertía a éstos en indiciados, ni ese señalamiento era suficiente para iniciar alguna acción administrativa o penal. Sin embargo, en la tentación de señalar culpables, el fallo de la Corte es a todas luces insuficiente. El debate fino en torno a los alcances de una atribución constitucional quedó reducido al viejo, y maniqueo, dilema de los justicieros contra los cómplices de la injusticia. Insisto, creo que el debate tiene al menos dos aristas: cómo perfeccionar la norma para que las investigaciones en los casos en los que se presuma violación a las garantías constitucionales conozcan un mejor desarrollo y, sobre todo, cómo reconstruir un sentido ético de la responsabilidad pública tal, que sea absolutamente excepcional la activación de mecanismos de investigación. Por lo pronto, ojalá que las múltiples lecciones de la tragedia de la guardería ABC nos lleven a encontrar mejores caminos para procurar justicia.

LO QUE VALE UN GOL

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Va a hacer un año: casi a las 11 de la noche del 6 de mayo de 2009 en Londres, estadio Stamford Brigde, casa del Chelsea, minuto 92, el equipo de casa derrota por la mínima diferencia al Barcelona, con el que viene de empatar a cero en el partido de ida, las gradas están iluminadas de bengalas, los aficionados ingleses festejan que restan segundos para llegar a la final del máximo torneo de clubes del mundo, la Liga de Campeones de Europa. El partido agoniza, el balón rueda justo detrás del centro del campo del visitante, lo domina Xavi, que abre a la derecha, donde Alves recibe y pica junto a la banda para lanzar un pase largo hasta el centro del área del Chelsea; el defensor Terry despeja con la cabeza hacia la otra banda, donde recoge Eto’o, que a su vez cede dentro del área a Leo Messi, especialista en el regate corto. Messi encara pero no dribla, sino que retrasa al semicírculo, a las afueras del área, donde Andrés Iniesta descarga los 65 kilos de sus 1.70 metros en el empeine derecho. Gol al ángulo. Pep Guardiola, el entrenador del Barsa, pega por el perímetro del campo una galopada propia de jugador, hasta que le reconvienen y vuelve a su banquillo. El Barcelona a la final. Rostros de duelo en Stamford Bridge, juerga en las Ramblas. El gol del año, que acumula varios millones de visitas en YouTube.Pero el gol de Iniesta no sólo aportó júbilo a los aficionados, sino ganancias constantes y sonantes a los accionistas del Barcelona Futbol Club. El gol de Iniesta permitió redondear los 31.2 millones de euros que la Federación Europea de Futbol Asociación (UEFA) garantizó a los dos equipos que, tras sortear los seis partidos de la fase de grupos, llegaran a la final del torneo. Antes de eso, cada equipo que consiguió llegar a la fase de grupos se había embolsado 7.1 millones de euros (esta cifra, y las que siguen, fueron tomadas de notas de prensa de AP a lo largo de 2009).Vendría, luego, la noche del 17 de mayo de 2009 en Roma, donde el Barcelona se midió con el Manchester United. Marcador: Barsa, 2; Manchester, 0. Caja registradora: Barsa, nueve millones de euros; Manchester, 5.2 millones de euros como pago de la UEFA. Esa noche, sobre el terreno de juego, Messi fue 3.8 millones de euros más rentable que Cristiano Ronaldo (pero el entonces número 7 del cuadro inglés no se devaluó, pues unas semanas después se convertiría en el fichaje más caro en la historia del futbol mundial: una transacción, en medio de la mayor crisis económica internacional en 80 años, por 94 millones de euros).Para la edición 2010 de la Liga de Campeones, la UEFA ha destinado un presupuesto de mil 090 millones de euros (unos mil 500 millones de dólares o unos 20 mil millones de pesos, lo equivalente al financiamiento que recibe la UNAM en el año en curso). Esta cifra se mantendrá en los próximos dos torneos, pues el patrocinio está asegurado con la participación de firmas como Ford, Heineken, MasterCard, PlayStation, Sony y Unicredit.Participar en la Liga de Campeones es un asunto de prestigio deportivo a la vez que un importante negocio. Los 32 equipos participantes en la fase de grupos reciben dos tercios de los ingresos totales. Parte significativa de esa suma proviene de los derechos de transmisión televisiva, que en el actual torneo alcanza 337.8 millones de euros, aunque el reparto depende del propio mercado de la televisión en cada país. Así, mientras el año pasado el Manchester United recibió 37.8 millones de euros, el alemán Bayern Munich cobró 21.5 millones de euros y, en cambio, el modesto BATE Borisov, de Bielorrusia, 42 mil euros (aunque un club por participar en la fase preliminar recibe 2.1 millones de euros de parte de la UEFA). Una vez clasificado, un partido ganado implica unos 800 mil euros de la UEFA.A los montos anteriores hay que sumar el dinero que los equipos reciben por las entradas a sus estadios y la venta de mercancía propia, como camisetas, bufandas, etcétera, así como la bebida y comida en los estadios. La UEFA, por su parte, que preside Michel Platini –aquel 10 de la selección francesa que se retiró de los mundiales en 1986 en Guadalajara, luego de que el equipo que capitaneaba fuera eliminado por Alemania pero tras vencer al Brasil de Zico en cuartos de final–, se queda con 200 millones de euros cada año, por gastos de gestión de la Liga de Campeones. Otro negocio es la Liga de la UEFA, un torneo internacional de segunda categoría que se disputa, también, año con año entre los clubes europeos.

ÁFRICA (I-II)

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Pretoria, Sudáfrica. El nombre nos sugiere el término que utilizaban los antiguos griegos para el territorio sur del Mediterráneo. Deriva probablemente del latín "áprica" (asoleado) o del griego "aphrike" (sin clima frío). Los romanos extendieron el término más allá de la costa. Algunos dicen que viene del árabe "afar" (polvo). Este continente tiene el mayor número de países independientes 53, y es el segundo más poblado después de Asia. En extensión ocupa el tercer lugar, después de Asia y América y en población el segundo después de Asia. El nombre de sus países proviene de muy diferentes orígenes. Argelia, por ejemplo, proviene de "Al-jaza´ir", Camerún del portugués "camarón", Egipto del latín "Aegyptus", Madagascar de la capital somalí Mogadiscio, Namibia del desierto Namib, Sudáfrica por su ubicación geográfica, Uganda por su principal tribu Buganda, etc. Sudán es el país con mayor extensión y las islas Seychelles, el más pequeño. Nigeria el más poblado y El Cairo la principal metrópoli. África es el único continente que es cruzado por el Ecuador, por los dos Trópicos y por el Meridiano de Greenwich. Tiene el desierto más grande del mundo, el Sahara. Los más antiguos restos humanos se han encontrado cerca de Ciudad del Cabo. Tutsi es la tribu que tiene los hombres más altos del mundo con promedio de 1.83 m y los Mbuti en el Congo, los más bajos con 1.37 m. El rey Mswati III de Swazilandia es el más joven monarca del mundo. Graca Machel fue la esposa de Samora Machel, presidente de Mozambique, en 1998 se casó con Nelson Mandela. En ese país se encontró el más grande diamante del mundo, el Cullinan con un peso de 3 mil 106.75 carates. El 50 por ciento del territorio tiene insuficiente precipitación pluvial. Es el continente con mayor abundancia de animales salvajes, tiene 90 especies de ungulados y 2 mil de peces. El mayor número de mamíferos y aves se encuentran en el Congo, el de reptiles y anfibios en Madagascar y el de peces en Sudáfrica. El Cairo tiene hoy 16 millones de habitantes.. El continente tiene más de 120 grupos étnicos y sólo Sudáfrica tiene 6. Existen todavía 3 monarquías, Marruecos, Swazilandia y Lesotho. Sudán es el Estado más extenso, y la República de el Congo limita con 8 Estados. Argelia tiene el mayor número de kilómetros de carreteras. Etiopía ha sido siempre independiente, Liberia lo es desde 1847, Eritrea en 1993. Liberia tiene la bandera más antigua y semeja a la de Estados Unidos. La media luna está en las banderas de Mauritania, Túnez, Argelia y las Islas Comoras. Diez países tienen su bandera con los colores rojo, verde y amarillo. Zimbabwe tiene una bandera con un pájaro y Egipto y Zambia un águila y la bandera sudafricana tiene 6 colores por la unión del país y la bandera del ANC. El punto más alto del continente es el Kilimanjaro en Tanzania. Durban es la ciudad con el mayor número de rascacielos. La colonia heredó muchos nombres de las monedas africanas como dinar, dólar, escudo, rupia y franco. La moneda de este país, el rand, proviene del nombre Witwatersrand, área alrededor de Johannesburgo. Nigeria es el principal productor de petróleo y luego Argelia y Libia. El aafrikans es hablado en este país y Namibia pero toma muchas palabras de lenguas locales (simba es la palabra swahili que significa león). La música data desde los primeros pobladores.Las grandes maravillas incluyen las pirámides de Egipto, el Serengueti en Tanzania, la isla de Madagascar, las cataratas de Victoria, el Nilo, el Lago Victoria, la mezquita de Djenne en Niger, hecha de barro, el Sahara, la montaña de la mesa en Ciudad del Cabo, el Canal de Suez, el desierto de Namib, los pantanos en Ocavango en Botswana, el monte Kilimanjaro, el gran Valle Fallado que corre desde Siria hasta Mozambique y la península de El Cabo.Este es sólo una muy breve introducción al continente en el que estamos. Es evidente que no es por el mundial que África entra a ocupar un lugar fundamental en la cultura y en la economía del mundo. Este es entonces un homenaje a una tierra que nos acoge con grandeza, amistad y dignidad, virtudes escasas en otros continentes.

OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE DERECHOS DE TRABAJADORES MIGRANTES

CARLOS ARELLANO GRACÍA

El 10 de mayo del 2002, nuestro país, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre la privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales de trabajadores migrantes y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de garantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley, consagrados en instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.La solicitud mexicana tomó en consideración que los trabajadores migratorios, al igual que el resto de las personas, deben tener garantizado el goce y ejercicio de los derechos humanos en los Estados donde residen. Sin embargo, son vulnerables por violaciones a sus derechos humanos, basadas en criterios de discriminación. El gobierno mexicano mostró preocupación por la incompatibilidad de interpretaciones, prácticas y expedición de leyes por parte de algunos países de la región americana, lo que ha conducido a negar derechos laborales sobre la base de criterios discriminatorios fundados en la condición migratoria de los trabajadores indocumentados. A nuestro país le preocupaban criterios discriminatorios e interpretaciones para justificar la pérdida de derechos laborales, entre ellos, pago de horas extras, antigüedad en el empleo, salarios devengados, licencia de maternidad y la amenaza real de pérdida de derechos protegidos por instrumentos internacionales.Se cumplieron todos los procedimientos ante la Corte, y se emitió una opinión consultiva muy extensa, integrada por 135 páginas, en cuya parte final, por unanimidad, se resolvió que los Estados tienen la obligación general de respetar, garantizar los derechos fundamentales, para lo que deben adoptar medidas positivas que eviten la limitación o conculcación de un derecho fundamental, en el entendido de que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, le genera responsabilidad internacional. Asimismo, se determinó que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos, tanto en el Derecho Internacional, como en el interno. Incluso, se estableció que el principio de igualdad y no discriminación forma parte del Derecho Internacional general, aplicable a todo Estado, y que, en la etapa de evolución actual del Derecho Internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado al dominio del ius cogens. Se determinó que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos, los de carácter laboral. El migrante adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.La clara y ventajosa Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre del 2003, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene el carácter de vinculatoria, es decir, no obliga a los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos y, en particular, no es obligatoria para los Estados Unidos de América, porque el vecino país del norte no ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado multilateral que da existencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante que no es constitutiva de derechos y obligaciones, la opinión consultiva a la que nos hemos referido marca derechos y deberes de índole internacional que pudieran ser fundatorios de argumentos susceptibles de oponerse a la Ley SB 1070 de Arizona, que promulgó la gobernadora de esa entidad de la Unión Americana, la señora Jan Brewer, y que criminaliza a los inmigrantes carentes de papeles, misma que fue promulgada el 23 de abril del año en curso, y que entrará en vigor el 29 de julio próximo, a menos que fuera bloqueada por las Cortes bajo ciertos desafíos legales pendientes presentados por grupos de derechos civiles y otros.

EL TRASERO DEL PATIO

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Abrió la 49 reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos en el estado de Campeche bajo los peores augurios. Asesinatos de compatriotas nuestros, por electrocución masiva y tortura en San Diego y a mansalva dentro de territorio mexicano en Juárez. La alevosía y carácter emblemático de los crímenes definía el clima del encuentro y la confrontación parecía inevitable.
La delegación de Estados Unidos se adelantó a cualquier reclamación: con sensibilidad diplomática y tono convincente ofreció condolencias, pidió un minuto de silencio y ofreció que se haría justicia. Los mexicanos convinimos en no remachar los crímenes —que no estaban en la agenda— y en aprovechar el clima de arrepentimiento para profundizar en sus causas y exigir soluciones verdaderas.
Los debates fueron intensos, mas los resultados magros. La franqueza afloró, sobre todo en la contraparte, y la regla de tres minutos permitió un intercambio parlamentario; esto es, directo, vivaz y áspero por momentos. Siendo la mayoría de nuestros invitados de origen latino, era necesario remontarse a la negociación del TLCAN, cuando ellos mismos o sus organizaciones lo combatieron o intentaron enderezarlo.
Traté de centrar la discusión en el análisis objetivo de un acuerdo asimétrico y ventajista. La tasa histórica de crecimiento de nuestro país se redujo a menos de una tercera parte —de 6.4% a 2.1%—, la desigualdad condujo a una desintegración virtual del país, la economía nacional se contrajo a la exportación de drogas, el ingreso por remesas, la venta de petróleo y gas, la maquila y el turismo. La regresión hacia una economía primaria junto con la disolución del estado de derecho.
Los temas por que lucharon las organizaciones civiles de ambos lados fueron abandonados: la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, las condiciones laborales y la cuestión crucial de la migración, sin olvidar las demandas fronterizas que resurgen dramáticamente. Nuestros amigos reconocieron que su gobierno les aseguró entonces trasladar sus demandas a los “acuerdos paralelos”, cuya fuerza obligatoria resultó nula.
La estrategia de seguridad fue abordada de manera contrapuesta. Mientras el discurso estadounidense es unánime en sostener que nuestro gobierno es el demandante de apoyo militar para la “guerra” contra el narcotráfico, algunos mexicanos insistimos en el fracaso evidente de esa política que fue inducida por la parte norteamericana desde fines de los años 80, a partir del “caso Camarena”.
Se discutió la eventualidad de legalizar la mariguana y subrayamos la incongruencia entre el plan de Obama, fundado en la reducción de las adicciones en ese país y el combate militar del otro lado de la frontera. Al control de la venta de armas de asalto se nos respondió que no, por lo redondo. Respecto a la ley migratoria explicaron las dificultades para obtener una mayoría congresional. Nuestras demandas específicas en el plano comercial también están sujetas a factores políticos internos.
Se evidenció la inequidad política del tratado, que en Estados Unidos sólo tuvo 26 votos de diferencia y en México fue impuesto por el gobierno, con un solo voto en contra —el de quien esto escribe. Debiera ser revisado como el fruto postrero de un régimen autoritario, que no podría ser avalado por una democracia. Hubo reacciones positivas en cuanto a su actualización, pero no su apertura.
Quedó claro que el tratado fue instrumento de la política neoliberal —causante de la crisis— y medio de legitimación de un gobierno fraudulento. En conversaciones informales amigos “hispanos” evocaron la debilidad mexicana en las negociaciones y alguno añadió, fraternalmente: “El gobierno de Salinas entregó el trasero —las ‘nalgas’. Después de hablar con funcionarios mexicanos, pensamos ‘a éstos ya se los llevó la chingada’”.
Es la verdad histórica y el origen de nuestra decadencia política, económica y moral. Sólo un resurgimiento democrático, conducente a un nuevo consenso nacional, podría salvarnos de esta degradante cancelación de soberanía y dignidad.

LA CRISIS VA, LA NAVE NO

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Mientras los banqueros centrales de Europa se devanan los sesos para inventar fórmulas que den credibilidad a su sistema monetario, los sindicatos españoles velan armas y anuncian la huelga general para el otoño. La dureza germana no se corresponde con la memoria cercana que señala que fueron Francia y Alemania las que primero pusieron entre paréntesis sus reglas de hierro sobre el déficit fiscal cuando así lo impuso su coyuntura.
Está por verse si podrá Europa sobreponerse a esta nueva ola de pesimismo sobre su futuro y así recuperar el espíritu de desarrollo y cambio institucional que la llevó a plataformas envidiables de bienestar y estabilidad. Por lo pronto, lo que reina es desaliento y pasmo ante una crisis que muta con los días como si fuera un retrovirus cargado de energía letal. Lo que hoy sobresale es la dureza financiera y la debilidad del gobierno español, agravada por la brutalidad de su leal oposición de derecha cuya modernidad sólo vive en el corazón de sus personajes y de sus epígonos de este lado del Atlántico.
La derecha moderna surge contra la modernidad, del mismo modo como la nuestra nace en contra de Cárdenas y sus reformas sociales, sostenidas en la movilización y organización de los trabajadores y los campesinos. Hoy, los usos y costumbres de esta derecha están en el gobierno y, como siempre, se dirigen contra el legado de aquella revolución: el petróleo nacionalizado, los trabajadores organizados, los campesinos que quedan y, ahora, contra el mínimo sentido de decencia y justicia que el México democrático reclama.
La victoria preliminar de Obama en el campo financiero no cierra el paso a la reacción republicana ni pone coto a la renovada prepotencia de Wall Street, pero, de consumarse, la reforma abriría veneros de regulación y gobierno económico, en especial financiero, que no deberían menospreciarse a priori. La (re)construcción del capitalismo en que está empeñado el presidente afroamericano ha pasado por la salud y toca a las puertas del amurallado imperio de Wall Street, cuyas quintas columnas se han alojado en Washington, pero lo más probable es que esta reconstrucción no se quede ahí y pronto se deslice a los pantanosos manglares de la energía, el medio ambiente y la industria del transporte en su conjunto.
La tragedia ecológica del Golfo, dañina como ha sido para Obama, le ha dado pábulo, a la vez, para insistir en que lo que está en juego es la capacidad y disposición del coloso americano para ir más allá del petróleo… y pronto. Veremos.
La aceleración de los tiempos y movimientos de la globalización que imponen las emergencias de impetuosos poderes en China, India, Rusia, Brasil o Sudáfrica, perfila una multipolaridad sobre la marcha en busca de concierto efectivo. A todo ello deberá responder Estados Unidos para tan sólo demostrar que su capacidad hegemónica abreva en fuentes que van más allá, o pueden hacerlo, de su potencia bélica incontrastable.
Tiempos modernos y volubles, en los que el riesgo controlado del que presumían los financieros y sus ministerios de Hacienda se somete a la incertidumbre que reta al más audaz cálculo de las probabilidades. Es en este escenario donde los dilemas mexicanos del nuevo milenio habrán de descifrarse o nublarse todavía más, para entonces encerrarnos en un ominoso panorama de largo y corrosivo estancamiento.
Sería éste el momento para una deliberación arriesgada, como lo manda la acumulación de desaciertos políticos y económicos que define la saga inaugural del nuevo siglo. Antes, sin embargo, el país tendrá que encarar el desafío mayor de un sistema político cuyos frutos no han podido darnos un orden democrático propiamente dicho, capaz de sustentar el Estado renovado que es indispensable para definir un nuevo curso para el desarrollo nacional en su conjunto.
Reformar el Estado para hacer justicia a la vez que adaptarlo dinámicamente a los cambios del mundo, debería ser el eje maestro de nuestra política, pero no lo ha sido. En la justicia, la derecha y sus obsecuentes o inconscientes corifeos ofrecen un estado de derecho cuyos desenlaces recientes en la Suprema Corte no hacen sino distanciar todavía más al derecho de la justicia. No sobra recordar aquí que este golfo entre la justicia, como la sienten o reclaman las gentes del común, y el derecho, como lo entienden y ejecutan las gentes de razón, se llenó en 1910 de balas y combates, violencia y destrucción.
Frente a la globalización y el desarrollo, lo que ha imperado es la ingenuidad cosmopolita, que confundió la interdependencia con el comercio abierto, sin duda ampliado, con la región norteamericana, pero que no fue más allá de Houston. Junto con esta nefasta confusión se impuso la miope imagen de la democracia como mercado de electores racionales que pronto devino casino y bolsa de compra y venta de protección entre los poderes, sin ofrecerle a la sociedad atribulada escenarios de genuina representatividad y deliberación madura sobre las decisiones de fondo, siempre duras y costosas, que hay que hacer para rencauzar la economía y proteger a la sociedad de sus desigualdades y extremos de injusticia, que ahora se tornan amenazas feroces para la seguridad de todos.
La buena vecindad, prometida por el espíritu de Houston que los presidentes Bush y Salinas presumían haber inaugurado, se volvió tierra minada, y no habrá franqueza retórica o astucia cortesana, como ahora se entiende la diplomacia, que puedan refundarla. El gran diseño cardenista con el que México cerró su ciclo revolucionario pudo contar con un clima de comprensión americano al calor del impulso reformador del presidente Roosevelt. Pero más allá de las químicas y buenas voluntades personales, lo que hubo fue proyecto y una sola ortodoxia: la defensa del interés nacional que para Cárdenas pasaba por la del interés popular. Lejana y extraña ecuación para quienes pretenden gobernar sin arriesgarse al cambio, y representar sin poner por delante el reclamo justiciero de las mayorías populares que las capas dominantes han decidido eliminar por decreto.
Mala aritmética y peor álgebra las que rodean al poder y sus falanges. Mal momento éste para ponerse giritos con los desalmados del otro lado y para convocar a la sociedad a entrarle parejo. Como diría Neruda, México está más picudo y espinoso que nunca.

LA MAFIA QUE SE ADUEÑÓ DE MÉXICO

ARNALDO CÓRDOVA

La mafia que se adueñó de México… y el 20l2, es el título del nuevo libro que ha escrito Andrés Manuel López Obrador y que publica Editorial Grijalbo. Es un libro sencillo y claro como todos los suyos. Es un análisis crítico, en primer lugar, del proceso a través del cual una pequeña oligarquía se ha adueñado de México, sus riquezas naturales y humanas, en su primer capítulo, que se titula, precisamente, “El saqueo”. Correlativamente, es la exposición del proceso de empobrecimiento de la sociedad a que han llevado la corrupción y la depredación de la derecha, como puede verse en su segundo capítulo, “Abandono, corrupción y pobreza”.
Es también la descripción de una experiencia maravillosa que López Obrador vivió, viajando por todos los municipios del país, de lo que vio, de la gente estupenda que conoció y, también, de la belleza de nuestro país que lo asombró (es el contenido del tercer capítulo, titulado “La resistencia y el peregrinar por el país”, que José María Pérez Gay llamó “el alma del libro”, en la presentación del mismo); y culmina, en el cuarto capítulo, con un examen que es, a la vez, una exposición crítica y un planteamiento programático que denomina, emblemáticamente, “2012”.
Del primer capítulo, todos podrán aprender cómo se adueñó esa mafia de México; del segundo, cómo ello llevó a la miseria de las masas de la sociedad; del tercero, la visión cercana del gran pueblo que tenemos y que constituye nuestra mayor e insuperable riqueza y, además, de ese incomparable país que es México; del cuarto, podrán entrar al debate de lo que somos, de los terribles desafíos que se tienen por delante y, desde luego, de las propuestas que se están presentando a todos los ciudadanos de México no sólo para rescatar a nuestra patria de los saqueadores, sino para hacer de este país una patria digna para todos.
Sí, hay que reconocerlo, como se puede leer en la página 174 del libro, nuestro pueblo es muy susceptible a creer las mentiras que se le administran desde el poder, ese poder real que no son sólo las oficinas del gobierno, sino esos que se llaman poderes fácticos y que son los dueños de la riqueza nacional. Una muy buena franja de la población está muy despolitizada y es víctima de toda clase de manipulaciones. En nuestro pueblo hay actitudes que deberán cambiar, actitudes logreras, que López Obrador llama “aspiracionistas”, una mentalidad retrógrada y sumisa, que se muestra, ante todo, en los sectores más incultos y aislados de nuestras clases medias. En esas franjas del pueblo no hay más pensamiento propio que el que les suministran la televisión y la radio.
Pero los que están del lado del pueblo no son un puñado. Son millones y siguen creciendo. Los conservadores de todas las clases sociales se conforman con esa miseria de país en la que han transformado sus explotadores a México y se sienten muy a gusto en ella, aunque sepan que nada está seguro para ellos, porque si algo nos ha dado la derecha es la más siniestra inseguridad y la duda perenne de lo que nos podrá pasar a todos en el futuro. El mensaje de Andrés Manuel López Obrador es claro y sencillo: “… lo que somos y representamos se ha logrado con autoridad moral, imaginación y firmeza; con acciones de resistencia en defensa del pueblo y de la nación, con el trabajo organizado de hombres y mujeres libres y conscientes” (p. 173).
En este gran movimiento ninguno se considera enemigo irreconciliable de nadie. En él sólo se señala a los culpables de la tragedia que está viviendo nuestra sociedad por la ineptitud de sus conductores políticos, económicos y religiosos. No se piensa en ellos como enemigos porque, si algún día se llega a gobernar este país, y ese día llegará, se tendrá que entender con ellos y encontrar con ellos la solución que les permita, también a ellos, seguir viviendo en esta sociedad y, al pueblo de México, encontrar su camino y tener en sus manos las decisiones fundamentales para hacer de la nuestra una sociedad de verdad justa, equitativa y acogedora para todos sus integrantes, sean de la clase que sean.
En la página 190 de su libro, Andrés Manuel López Obrador lo dice así: “… les decimos a los integrantes de la oligarquía, que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que ante su posible derrota en 2012, no habrá represalias. Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza, y ellos tendrán que entender que ningún grupo, por importante y poderoso que sea, puede seguir conspirando contra la paz social. Nada ni nadie puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo”.
Estos festejos nacionales en torno al bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución no salen de la retórica, la mediocridad discursiva y la alegoría demagógica que hasta hacen víctimas de sus excesos los huesos de los padres de nuestra gesta independentista como nación. Todo mundo se pregunta sobre el misterio del año diez de cada siglo para nosotros. 1810 y 1910 parecen habernos marcado. Ahora le estamos preguntando al 2010 si volverá la violencia en los meses que nos quedan. ¿Haremos de nuevo una revolución y volveremos a caer en la violencia? Nuestra respuesta es no y este nuevo libro de López Obrador lo confirma. Nosotros, a diferencia de todos los reaccionarios de México, somos enemigos de la violencia. No es nuestra vía.
Él señala con atingencia otro hecho que sí tiene significado: la sucesión presidencial. Y nos dice al respecto: “… la historia nos enseña que siempre, alrededor de la sucesión presidencial, se presentan las condiciones más propicias para iniciar los cambios que se requieren en el país” (p. 204). Sí, estamos ante una oportunidad de oro para impulsar los cambios que el país necesita, pero eso no significa llamar a la violencia. El camino de la violencia debe desaparecer para siempre de nuestro escenario, sea de grupos sociales, sea y principalmente de nuestros gobernantes que tan prestos están a echar mano de las armas y, además, sin que éstas, las armas del Estado, les pertenezcan, sino a la nación.
Sí, estamos proponiendo una transformación a fondo del país. López Obrador ha dicho que vamos a llevar a cabo la “Cuarta Transformación de México”, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Pero negamos que cada año diez de cada siglo tenga que ser fatalmente violento. Además, la sucesión presidencial será en 2012, no en 2010. Estamos decididos a hacer que ya no haya entre nosotros búsquedas violentas. La nuestra es la alternativa pacífica para este 2010 que acabará consumándose en el 2012. Ese es el mensaje de este nuevo libro.
Se trata de un libro programático. Todo programa político tiene que ser, a la vez, un análisis riguroso de la realidad y un Conjunto de propuestas para cambiarla. El libro de López Obrador es análisis y es propuesta y está a la vista de todos.

HERRERA Y YUNES, TAL PARA CUAL

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Criados en las mismas tradiciones, conocedores de las trampas y los trucos para dominar al adversario, Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes protagonizan el rudo proceso electoral que concluirá en Veracruz –como en otras 14 entidades de la república– dentro de dos domingos. Herrera no es candidato, pero es el gobernador que mueve los hilos de las candidaturas del PRI. Estaba haciéndolo con la astucia que le permitió hacer una larga carrera. Pero esta vez topó con la socarronería de Yunes, que puso pájaros en el alambre (como quizá lo hizo muchas veces antes, cuando era priista) y sorprendió a Herrera en conversaciones comprometedoras que el candidato panista dio a conocer por interpósitas personas.
Aunque son casi estrictamente contemporáneos (Herrera nació en 1949 y Yunes tres años después), sus trayectorias políticas fueron distantes, hasta 1998, en que ambos creyeron que podrían alcanzar la gubernatura, que en esa ocasión estaba reservada para que Miguel Alemán Velasco alimentara sus sueños políticos, como si le fuera dable reproducir los que su padre hizo realidad: al pretender transitar del Senado a la gubernatura, como logró su progenitor, quizá lo asaltó la gana de continuar el camino hasta concluir en el Palacio Nacional. Pero Miguel Alemán Valdés lo había hecho a una edad muy temprana y en circunstancias en que más podía el azar –la fortuna al modo de Maquiavelo, no la que suma caudales– que el dinero.
Gobernador Alemán Velasco, parecería que Yunes y Herrera quedaban emplazados para seis años después, para 2004. En realidad era un despropósito del ahora panista, pues implicaba comparar su carrera con la de Herrera, mucho más prolongada y variada que la suya. Ambos fueron diputados, pero Herrera pisó la Cámara –todavía en el palacio del Factor, en Allende y Donceles– en 1973, mientras que Yunes estrenó curul casi 20 años después, en 1991. Ninguno de los dos alcanzó cargos de significación en el gobierno federal, pero Herrera estuvo en contacto con la política nacional desde muy temprano, lo cual le permitió hacer una carrera legislativa (cuatro turnos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado), mientras que Yunes sólo volvió una vez a San Lázaro. Estaba allí, rabioso y lleno de rencor por no ser él quien ocupara el sitio, cuando Herrera ganó la candidatura de su partido y también triunfó en la elección constitucional, con pocos votos de diferencia y aun menor margen de credibilidad. Se le opuso entonces, desde el PAN, Gerardo Buganza, quien seis años más tarde dejó ese partido, agraviado porque Yunes fue el escogido por el presidente Calderón para enfrentar a un candidato priista de menor talla política que Herrera un sexenio atrás, y al cual era posible derrotar con holgura. Consideró tan honda la ofensa, porque con ella se privilegió a Yunes, que se fue del PAN y se manifestó partidario de Duarte, el candidato fácil al que iba a vencer. En las revelaciones que el PAN ha puesto a circular resalta el hecho, que puede ser calumnioso por provenir de Yunes, de que tal adhesión no fue gratuita, sino que tuvo una recompensa material.
Herrera sirvió lealmente a Alemán y consiguió que su juicio pesara ante Roberto Madrazo y Elba Ester Gordillo, secretaria general del PRI, para ganar la candidatura, postergando a Yunes. Éste consolidaba entonces su acercamiento a la lideresa magisterial, en la Cámara de Diputados. Su conocimiento de la ley y de sus trampas, su agresividad sin escrúpulos, lo hicieron un ariete necesario en la batalla interna por el dominio del Congreso, preámbulo a la contienda por la candidatura presidencial. Gordillo arrastró consigo a Yunes en su caída, cuando diputados oaxaqueños y mexiquenses fueron la punta de lanza contra la profesora que, desposeída del liderazgo en la Cámara, quedó en posición precaria, pues siguió siendo secretaria general del partido, enemistada con el presidente del mismo, su antiguo y circunstancial aliado, y pillada en la operación de estar creando un partido para su uso personal, Nueva Alianza.
En el extremo del pragmatismo, una vez echada del PRI y emergida del clóset, es decir, asumido su papel en el Panal, que durante un tiempo pretendió disimular, ella misma y su partido se asocian con el mejor postor. Ella, priista sin duda en 2000, se aproximó a Vicente Fox y logró concesiones para su equipo. Pero con Calderón estrechó los lazos, al punto de que sus indispensables servicios electorales –cruciales para que el candidato panista llegara en 2006 a la silla presidencial– fueron recompensados con la cesión de una franja de la administración. En ella descolló el ISSSTE, que fue entregado a Yunes, quien en la administración anterior había llegado a ser subsecretario, un rango del que estuvo lejos durante su militancia priista.
Esa militancia había cesado simultáneamente con el despido de Gordillo. Por un tiempo Yunes se mantuvo sin partido, quizá en espera de los movimientos de piezas que su jefa tenía que realizar, y luego se convirtió en panista, como quien se cambia de calcetines. Vio con disgusto que en 2007 el Panal hiciera alianza con el PRI en Veracruz, por la cordial relación que a despecho de Yunes mismo mantenían Herrera y Gordillo. Y procuró crear la plataforma desde donde llegaría al gobierno del estado por el camino sesgado de un partido al que desdeñó y persiguió cuando fue secretario de Gobierno, el cargo más relevante a que lo condujo el PRI, bajo Patricio Chirinos, es decir, bajo Carlos Salinas.
Durante los tres años en que encabezó el instituto de la seguridad social de los empleados públicos (a los que sometió a un infamante nuevo régimen de pensiones), sus dos jefes, Calderón y Gordillo, acordaron postularlo en Veracruz. Aquél dispuso que el PAN lo eligiera, y ésta puso a su disposición el Panal. Mucho antes de esas operaciones, Yunes hizo campaña en Veracruz con gran descaro. Fingiendo que realizaba obras sociales en beneficio del personal federal que trabaja en ese estado, pagó propaganda intensa y onerosa, y viajó con gran frecuencia a su entidad natal, no como oriundo de Soledad de Doblado que visita a los suyos, sino como precandidato. Tal vez se le acuse, en estos días, de ese gasto realizado en precampaña y para responder al golpe mediático y político que implica mostrar a Herrera como dispendioso sultán que abre generosos cofres y escarcelas (no los suyos, que los tiene, sino los del poder público) para lograr que sus candidatos hagan campañas cómodas (“dale a todos”, sugiere a un aspirante perplejo por tantas reclamaciones de apoyo de sus multiplicados coordinadores de campaña).
Pobre sociedad veracruzana, apresada entre Escila y Caribdis, entre un gobernador prolongado en un candidato dócil y débil y un voraz ejercedor del poder tope donde tope. Queda a los veracruzanos la opción de Dante Delgado, tercero en discordia, sufridor de la ruindad de Yunes, quien lo encarceló y buscó además infamarlo con acusación de delitos patrimoniales, que libró cabalmente. Sus defectos, especialmente el predominio personal sobre el partido que fundó, son inocultables, pero comparado con Herrera y Yunes es una alternativa digna de ser valorada.

SHCP: EL MUNDO AL REVÉS

ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA

El frágil estado de derecho, la falta de contrapesos sociales, la ausencia de compromiso social de los tomadores de decisiones y el ejercicio irresponsable del principio de discrecionalidad han creado en México una combinación que atenta contra el interés público. El gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, no contribuye a resolver tal estado de cosas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituye una muestra palmaria de lo que aquí afirmo. A las pruebas me remito.
Primero. El escrutinio de las cuentas públicas es una práctica excepcional. Lo es más si se trata de fideicomisos. El fideicomiso es un contrato por medio del cual una persona física o moral (fideicomitente) transfiere parte de sus bienes a una institución fiduciaria para que las destine a un beneficiario (fideicomisario) para un fin lícito. Las características jurídicas de los fideicomisos (públicos) que abrevan del derecho administrativo y del derecho mercantil hacen que la rendición de cuentas sea más compleja. De esta suerte, el fideicomiso ha sido utilizado para un sinnúmero de propósitos, todos ellos ajenos a la transparencia y la rendición de cuentas. (Un texto clave sobre el tema es Transparencia en fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos, de Irma Eréndira Sandoval http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2724/18.pdf.) Así, por ejemplo, la SHCP ha sido especialmente generosa con el sector privado, sin que de sus argumentos esgrimidos se pueda advertir la idoneidad de sus acciones en la circunstancia del país. De acuerdo con el oficio 305-I-3710 del 28 de julio de 1986, creó un fideicomiso por 3 mil 200 millones de pesos para que a través de Banobras se otorgara un crédito a la Operadora, Constructora y Administradora (OCASA). El argumento de la SHCP fue que ese contrato tenía como finalidad brindar “apoyo a la industria de la construcción con el objeto de preservar la planta productiva”. ¿Debe la SHCP subsidiar la impericia de las empresas, en su caso, para “preservar la planta productiva”?
Segundo. Así como ayer, la SHCP del gobierno de Felipe Calderón no ha perdido su vocación para mantener la asimetría social del país. De acuerdo con el registro clave 199806HIU00582, al primer trimestre de 2010 sigue vivo el Fondo para la Participación de Riesgos, el cual tiene el propósito de “compartir con los bancos el riesgo de los créditos que otorguen a las micro y medianas empresas”, para lo cual se destinan “subsidios y apoyos” por 3 mil 902 millones de pesos para el primer trimestre de 2010. Asimismo, con la clave de registro 200306HIU01336 se ha generado un Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, el cual tiene como objeto “constituir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas que apruebe el comité técnico, y cuya finalidad sea otorgar apoyo a las empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial en el país”. Para el primer trimestre de 2010 este fideicomiso contaba con 7 mil 413 millones de pesos. ¿Usted ha visto la convocatoria pública para presentar proyectos empresariales con cargo a sus impuestos? Y con la clave 200306G0N01324 se creó un fideicomiso, Centro Empresarial México-Unión Europea, con la finalidad de brindar facilidades a las empresas mexicanas para hacer negocios. Por la asistencia técnica y capacitación se pagaron únicamente 16 millones 245 mil pesos en honorarios.
Tercero. Una parte importante de los fideicomisos se ha destinado al pago de pensiones como prestaciones adicionales a las del ISSSTE y del IMSS. Se trata, en efecto, de contratos creados para asignar emolumentos a empleados fundamentalmente de confianza de organismos descentralizados y de bancos que gravitan en torno a la SHCP como cabeza de sector. De 16 fideicomisos, que representaban el 2.4 % del total, con fondos presupuestales por 45 mil millones 152 millones de pesos, los cuales equivalían al 25% del total de los recursos al final del gobierno de Vicente Fox en 2006, ahora –para el primer trimestre de 2010– el número de fideicomisos destinados a pensiones ha aumentado a 22 (6.2%) con disponibilidad de 121 mil 712 millones de pesos (31.8%).
Está claro que en estos fideicomisos no aparecen los deudos de los miles de muertos inocentes que ha dejado como saldo la guerra personal que día con día pierde Calderón, según encuestas y notas de prensa. Ni tampoco los afectados por el incendio de la guardería ABC que, de acuerdo con la Suprema Corte, es responsabilidad de altos funcionarios del gobierno. ¿Cómo explicar estos destinos presupuestales y sus montos en un país como México, donde, según la OCDE, uno de cada seis mexicanos vive en extrema pobreza? Es necesario hacer una revisión de la legislación que regula los fideicomisos, mandatos e instrumentos análogos, de tal suerte que se establezca una autorización informada del Congreso de la Unión para su creación. Además, deben darse facultades y autorizarse recursos a la Auditoría Superior de la Federación para que vigile el uso del presupuesto público destinado a los fideicomisos. Se debe eliminar claramente el secreto fiduciario tratándose de recursos públicos para que no sea más un obstáculo a la rendición de cuentas. De esta manera se podría acotar la privatización de los recursos públicos, así como la socialización de las pérdidas, lo que ahora no sucede con Felipe Calderón. Bien lo ha dicho Benito Juárez: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

Ésta no es una nota sobre el proyecto que el ministro Zaldívar presentó a la Corte, tampoco sobre el terrible drama de los niños y padres de la Guardería ABC de Hermosillo, menos sobre la inacción de las procuradurías de Sonora y la General de la República, ni sobre los muy pedagógicos debates que se están desarrollando en la Suprema Corte, sino sobre el mal arreglo normativo-institucional en la materia. Los primeros temas enunciados sirven para ilustrar la "trampa" que la Constitución le coloca a sus destinatarios, ya que no solemos pensar en que otorgar facultades mal diseñadas a una autoridad puede resultar contraproducente para todos. El infierno está empedrado de buenas intenciones.
La tragedia de la guardería es irreparable. La muerte de 49 niños suscitó, y con razón, un fuerte clamor de justicia. Los responsables de esas muertes y de las decenas de heridos, con secuelas para toda la vida, deberían ser castigados. Hasta ahí existe un amplio consenso. La impunidad es una de las peores constantes de nuestra vida social y empezar a revertirla resulta una tarea estratégica si es que se desea construir una convivencia medianamente civilizada.
Pero más allá, como en su momento en relación con otros casos que investigó la propia Corte (Aguas Blancas, Lydia Cacho), deberíamos pensar en la forma en que se va a impartir justicia. Digo justicia no un remedo, no un sucedáneo. Porque bajo el diseño actual, haga lo que haga la Corte quedará como el cohetero dado que la normatividad no fomenta la justicia sino "otra cosa".
En este caso, ante la inacción de las procuradurías de Sonora y la General de la República, que tenían la misión de investigar y presentar a los presuntos responsables ante un juez, la Suprema Corte, a solicitud de los padres de familia y de la Comisión Permanente, decidió abrir una investigación. La Constitución lo permite. Dice el artículo 97: "La SCJN podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito... cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión... únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual...".
Es una facultad potestativa. Podía o no asumir el caso. Y cualquier opción era difícil. Si le entraba, la máxima autoridad judicial de la nación sabía que sus conclusiones no tendrían derivaciones jurídicas. Y si no le entraba, la indignación se incrementaría. Lo dicho: como el cohetero.
Pero al substituir y no (esta frase se explica más adelante) a las procuradurías y los jueces se subsana un problema y se crea(n) otro(s). La Corte entonces ha realizado una investigación por el único motivo que puede hacerlo: graves violaciones de garantías individuales. Pero ¿qué carácter tienen las aseveraciones de la investigación? Sin duda, un peso mayúsculo de opinión pública. Sus conclusiones serán o no un fuerte golpe político para quienes resulten responsables. También puede servir para corregir prácticas indeseables. Sin duda se trata de una especie de sanción moral que debe cimbrar a los destinatarios. Pero ese informe -sea el que sea, tanto el que propone el ministro Zaldívar como cualquier otro- no dejará de tener derivaciones perversas. Diga lo que diga la Corte, su acuerdo no tendrá consecuencias jurídicas (no es "vinculatorio") y por supuesto -ya se ha dicho- la Corte no es ni debe ser un tribunal de moralidad.
Pero además, si se presume que los responsables lo pueden ser en términos administrativos, civiles y/o penales, entonces la potencial última instancia se convierte en primera. De tal suerte que los presuntos responsables no tienen garantías suficientes de un debido proceso. (Creo que algunos ni siquiera fueron escuchados). La SC, en términos metafóricos, se convierte en Ministerio Público, juez y abogado defensor al mismo tiempo. Tres importantes funciones que si no están diferenciadas tienden a crear cuerpos prepotentes. Podríamos incluso preguntarnos: ¿y si los presuntos responsables fueran a juicio por la vía ordinaria qué juez se atrevería a contradecir a la Corte?
¿Se fortalece la Corte convirtiéndose en un tribunal moral cuyas resoluciones no tienen derivaciones administrativas ni penales ni civiles? ¿Se fortalece de esa manera la justicia? ¿Y las garantías de debido proceso para los presuntos inculpados? ¿Qué estamos haciendo?
No es casual que la propia Corte haya planteado la necesidad de que el Poder Legislativo le haga el "favor" de quitarle tan ambigua facultad. Porque la Corte debe refrendar y fortalecer sus capacidades en materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicio de amparo y ser la última instancia tratándose de apelaciones en contra de sentencias.
Recordemos que lo que buscamos (creo) es justicia para las víctimas y debido proceso para los presuntos culpables. Sólo así la justicia será digna de tal nombre.

LA HORA DE LA IMPUNIDAD

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de la profunda crisis por la que está pasando el Estado mexicano. Miles de muertos caen cada año sobre nuestras calles, como resultado de enfrentamientos entre bandas que el Estado no puede controlar, o como resultado de una “limpieza selectiva” que pudieran estar realizando algunas corporaciones policiacas. Muchas de esas muertes casi nunca son investigadas. Las averiguaciones previas correspondientes simplemente son archivadas. Nada pasa. Los familiares de los muertos con frecuencia ni siquiera reclaman los cadáveres, que se terminan apilando en fosas comunes. En ese contexto, los ciudadanos prácticamente ya no tienen la más mínima esperanza en que alguna autoridad pueda aplicar algo parecido a la justicia. La impunidad se termina imponiendo siempre y la credibilidad ciudadana en el aparato estatal es nula. Pues bien, la Suprema Corte tuvo en sus manos una oportunidad de oro para restaurar mínimamente la confianza en la justicia y en el Estado mexicano por completo, al ejercer la facultad de investigación del artículo 97 constitucional en el caso de la guardería ABC. La Corte había aceptado intervenir en el caso. Había nombrado una comisión de dos magistrados para integrar el expediente de investigación. Le había asignado la confección de un proyecto de dictamen el ministro Arturo Zaldívar. Las tareas correspondientes costaron al erario varios millones de pesos (alrededor de siete). Esta semana pudimos presenciar el lamentable desenlace. Zaldívar decidió presentar un proyecto que apelaba a la mejor tradición del Estado constitucional y decía algo que, por ser tan obvio, casi ninguno de sus colegas pudo entenderlo: donde hay facultades para un funcionario público, debe haber responsabilidades. Tan fácil y tan lejos de la comprensión de ocho ministros de la Suprema Corte que votaron en contra de la idea de señalar responsables por la muerte de 49 infantes y las lesiones de otros 100. Solamente hay funcionarios “involucrados”, dijeron esos ocho ministros. No se atrevieron a pronunciar una palabra que les debe parecer insólita: “responsables”. La discusión que muchos mexicanos siguieron con gran atención durante esta semana nos indica que la Corte es buena para perderse en formalismos y para evadir el ejercicio de su tarea como órgano controlador del poder, pero menos buena a la hora de construir un discurso jurídico que la convierta en la garantía efectiva de nuestros derechos fundamentales. Quizá habría que matizar lo anterior, ya que no todos los integrantes de la Suprema Corte decidieron entretenerse en citar a Cicerón y hablar de la diferencia entre la ética y la moral (curioso divertimento, cuando a pocos metros estaban los padres de los niños muertos, que habían recorrido miles de kilómetros desde Hermosillo para estar en la sesión). Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza mantuvieron una línea de gran congruencia. No cabe duda que la facultad de “investigación” de la Suprema Corte es ciertamente extraña. No hay ningún otro tribunal constitucional del mundo que la tenga, hasta donde mi información alcanza. Tan es así que ya el Senado ha aprobado una reforma constitucional para trasladar dicha facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero mientras esté vigente la Corte debe ejercerla de forma tal que tenga sentido y pueda dar lugar a una determinación efectiva de responsabilidades. No responsabilidades penales o administrativas, desde luego; pero sí por “violaciones graves de garantías individuales”, tal como lo prevé expresamente la Constitución. Zaldívar identificaba con propiedad a 14 funcionarios o ex funcionarios. No todos tenían el mismo grado de responsabilidad, pero el ministro ponente precisó en cada caso los deberes legales que habían violado, por acción o por omisión. Hoy sabemos que la mayoría de los ministros decidió no seguir la novedosa y bien construida ruta que les propuso Zaldívar. Lo más seguro es que el caso termine como termina casi todo en México: en el olvido y en la más absoluta impunidad. Los responsables se habrán salvado de la Suprema Corte. Pero de lo que nunca se podrán salvar es de la vergüenza de sus ilegalidades. Esa los perseguirá siempre y, tal vez, será su peor castigo.

NO HABRÁ SEGURIDAD EN LA POBREZA

MANUEL BARTLETT DÍAZ

A más de la mitad de su mandato, Calderón rebautiza el programa dominante de su gobierno, lo llama “Lucha por la Seguridad Pública”. Combatir el narcotráfico no es el objetivo, dice, sino la seguridad de los ciudadanos. En dos planas profusas que difunde con su firma, explica desde las Causas del Problema hasta Conclusiones. En sólo tres líneas menciona: “Otras causas sociales: la falta de oportunidades, educativas, laborales y de esparcimiento para los jóvenes en algunas ciudades del país los hace susceptibles de ser presa de las organizaciones criminales”. Afirma por ahí: “Otra realidad que encontramos al inicio de mi gobierno fue la imperante necesidad de recomponer el tejido social dañado por la delincuencia” y pone como “un claro ejemplo de esta estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”. El programa de seguridad es lo mismo, salvo breves referencias sociales desatendidas. No ha habido reconstrucción del tejido social, sino destrucción; el 50% de pobres exhiben una sociedad fracturada y el ejemplo de Ciudad Juárez y su reconstrucción es sólo respuesta apresurada a reclamos sociales indignados ante asesinatos de jóvenes juarenses, sin frenarse la matanza. Juárez es más bien ejemplo de una gran ciudad víctima de políticas federales causales de pobreza, desigualdad creciente, jóvenes sin oportunidades, educación y salud decadentes, desempleo, sin cohesión interna. Y se le promete un programa de rescate inútil frente a lo que se requiere. Lo ejemplar de Juárez son sus habitantes que pese a graves riesgos mantienen la vida de la comunidad y a valientes periodistas que denuncian la verdad y reclaman, pese al secretario de Gobernación que pretende fingimientos. El programa rebautizado está condenado al fracaso, no habrá seguridad para los ciudadanos, en la brutal desigualdad que cancela el futuro de la mitad de los mexicanos, producto de un modelo económico cuestionado mundialmente, pero sostén del grupo gobernante. Basta revisar los resultados de tres décadas de política neoliberal, concentración escandalosa de la riqueza y agudización de los problemas sociales, precisamente el desempleo, la decadencia de los servicios públicos, el ambulantaje, la marginación y sus productos: delincuencia, drogas, pandillerismo. Como el crimen anida en esta situación, la “lucha por la seguridad” no lo va a erradicar, no va a desaparecer a esos millones de jóvenes y desempleados desesperados. Es indispensable hacer del problema social la prioridad. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sesionó del 30 de mayo al 1 de junio en Brasilia y produjo un documento ineludible: La Hora de la Igualdad. Censura el proyecto de sociedad basado en el mercado autorregulado y el mayor protagonismo de los agentes privados, la reducción del Estado y de su intervención en la economía generando desigualdad e inequidad en la que no hay desarrollo posible. “Los Estados tienen deudas pendientes como proveedores de bienes públicos, garantes de la protección social y promotores de la productividad y el empleo”. Demuestra que en América Latina se da la peor distribución en el mundo y niveles escandalosos de pobreza. Plantea medidas precisas para atacarlo, una redefinición del Estado, políticas redistributivas que empiezan por una reforma fiscal progresiva que dote al Estado de los recursos indispensables, revertir la desigualdad con gasto social sostenido. La CEPAL, órgano de la ONU, plantea como urgente un cambio de modelo. Ese es el camino a la verdadera seguridad de los ciudadanos, no la obcecación en la simple violencia que nos recomiendan desde allá, en donde no se aplica. Sin esto la sangre seguirá corriendo.