UN RESPETUOSO HOMENAJE A UN MEXICANO EJEMPLAR

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

José de Jesús Gudiño Pelayo ha partido de esta vida dejando un legado que trascenderá no sólo en el ámbito jurídico, sino también en el histórico, social e institucional.
Lo conocí hace alrededor de cincuenta años, cuando cursábamos la carrera de Derecho, él estudiaba en la Universidad Iberoamericana y yo en la Nacional Autónoma de México. Desde entonces, cultivamos una amistad fraterna que nos permitió intercambiar pensamientos y enriquecer los propios. Los intereses comunes que nos unían hicieron que el lazo de amistad se estrechara cada día más; los caminos que transitamos por esta vida lograron una consistente y siempre grata relación la que se estrechó aún más cuando ambos convergimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministros del Máximo Tribunal. Fue él, precisamente, el encargado de darme las palabras de bienvenida al Alto Tribunal el nueve de noviembre de dos mil cuatro.
José de Jesús fue un hombre de ideas, de convicciones profundas, un forjador de gente de leyes y un amplio conocedor del Derecho.
En él se conjugaban los elementos que expuso en una de sus obras respecto de lo que la sociedad requiere de los jueces; calidad moral para ejercer bien la labor del juzgador y sólidos conocimientos del Derecho: "Existe un enorme interés público en que quien juzgue sea una persona de honorabilidad y conocimientos, una persona que cuente con las herramientas técnicas necesarias para el cabal desempeño del cargo, y que también tenga la calidad moral indispensable para ejercerlo bien."
Inició su carrera dentro del Poder Judicial de la Federación como secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera Sala en la Suprema Corte de Justicia, posteriormente se desempeñó como juez de Distrito, para llegar a ser magistrado de Circuito. En 1995 llegó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia pero ahora como ministro de la misma.
Su perfil era el de un ministro de pensamiento independiente, con firmes convicciones que defendió en el Máximo Tribunal, su pensamiento siempre tendió a que se concretara la justicia en cada caso y que los derechos de los gobernados fueran plenamente respetados. Estas fueron las máximas que guiaron su labor en el más Alto Tribunal de la República.
José de Jesús legó para la posteridad obras que sobresalen por su profundidad y seriedad en las que trató grandes temas de la ciencia jurídica, siendo algunos de ellos los siguientes: "Problemas fundamentales del amparo mexicano"; "Introducción al amparo mexicano"; "El Estado contra sí mismo"; "Las comisiones gubernamentales de Derechos Humanos y la deslegitimación de lo estatal"; "Controversia sobre controversia"; asimismo, una vasta cantidad de artículos, escritos de gran envergadura y conferencias magistrales.
Chucho Gudiño ya no caminará por los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que sirvió con denuedo, llevando siempre presente en su trabajo diario una de las máximas de la Universidad que lo formó: "El que no vive para servir, no sirve para vivir."
Su partida significa una gran pérdida no sólo para Yola y sus hijos, sino también para todos nosotros, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Poder Judicial y para México.
Hago votos porque José de Jesús Gudiño Pelayo descanse en paz, en su cuerpo y en su espíritu.
Que ese pensamiento garantista que lo caracterizó "no descanse", sino que siga alumbrando nuestro camino y el de las generaciones que continuarán nuestras tareas.

EL PAPEL DE LA UNAM HACIA EL FUTURO

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

El día de hoy la UNAM celebra el centenario de su institución como Universidad Nacional. Si bien los antecedentes de su fundación se remontan a más de cuatro siglos y medio cuando se instituyó la Real y Pontificia Universidad de México, es hace cien años cuando comienza su rol definitivo como uno de los pilares institucionales indiscutibles del Estado mexicano.

A diferencia de la suntuosa y despilfarradora celebración del Bicentenario que se ha enfocado más al oropel y al festejo —en el mejor de los casos, cuando no a proyectos inacabados, pospuestos o, de plano, fallidos—, dejando pasar la oportunidad de ser un contexto de reflexión sobre el estado que guarda el país y las rutas futuras sobre las que debería encauzarse su desarrollo, la UNAM celebra su centenario en medio de un muy intenso y bien planeado y nutrido conjunto de actividades académicas, culturales, artísticas y editoriales.

Si bien es innegable que en estos cien años la historia de la Universidad ha estado íntimamente vinculada con los sucesos políticos, económicos y sociales que han marcado el México del último siglo, hoy como pocas veces antes esa institución se proyecta de manera muy importante como un potencial puntal de transformación del país hacia el futuro.

Y es que, a mi juicio, una de las más importantes virtudes de la UNAM es que constituye un foro privilegiado de discusión y de debate de los grandes problemas nacionales y que, particularmente en tiempos recientes, en su seno se han generado algunos de los diagnósticos más relevantes para pensar las posibles soluciones para las múltiples crisis que aquejan a nuestra nación. Un ejemplo de lo anterior es el documento Hacia un nuevo curso de desarrollo. México ante la crisis que un conjunto de quince estudiosos, convocados por el rector José Narro, presentaron hace un año y que representa uno de los diagnósticos críticos más elaborados del modelo económico imperante en el país y de cuáles deberían ser los ejes que debería inspirar las políticas de desarrollo para hacer de la nuestra una sociedad más justa y menos desigual.

Y no se trata de mera retórica. A pesar de sus problemas —evidentes y ya diagnosticados—, la UNAM es una institución que como pocas cuenta con una masa crítica y con un prestigio capaz de incidir en los destinos nacionales en un contexto en el que las políticas públicas parecen haber perdido sentido de orientación.

Así, por ejemplo, quienes nos ocupamos de las cuestiones jurídicas debemos reivindicar el papel transformador de los derechos sociales en sociedades tan injustas y desiguales como la nuestra y colocar la defensa y efectiva garantía de esos derechos como una de las exigencias más apremiantes del desarrollo inmediato del país. Durante décadas ha prevalecido la idea de que esos derechos tienen un carácter programático e ideológico; que se trata de cartas de buenas intenciones plasmadas en la Constitución y en los tratados internacionales y que, consecuentemente, no tienen algún grado de obligatoriedad para el Estado.

Toca a nosotros desde la Universidad denunciar y desmontar ese discurso y construir uno nuevo que reivindique la obligatoriedad del respeto y satisfacción de los derechos fundamentales y en particular de los sociales, así como de su exigibilidad, como una vía transitable para lograr una sociedad más igual y más justa.

Nos corresponde, desde la academia, encauzar los esfuerzos y construir los contextos de exigencia necesarios para que los encargados de definir las políticas públicas de desarrollo atiendan y cumplan las obligaciones que al Estado le impone el reconocimiento de esos derechos.

Y es que no podemos dejar pasar el buen momento que pasa la Universidad y el innegable peso que tiene en el ámbito público para incidir en el futuro del país. Y eso es algo que nos corresponde hacer a todos los universitarios desde los distintos ámbitos del conocimiento científico, cada quien en su respectiva área.

Me parece que hoy la mejor manera en la que quienes laboramos en la Universidad podemos celebrar nuestro centenario es terminar de cobrar conciencia del potencial que tiene la UNAM como una palanca de transformación de la sociedad y de incidencia en la vida nacional y de actuar en consecuencia. La deuda histórica de construir una sociedad más equilibrada, más justa y más democrática nos lo impone.

CENTENARIA UNIVERSIDAD NACIONAL

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Hoy hace un siglo fue inaugurada la Universidad Nacional de México. La apertura de sus cursos, encabezada por el presidente Porfirio Díaz y el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra Méndez, fue la culminación de las fiestas del centenario del comienzo de la lucha por la Independencia.
La nueva institución, que reunía las escuelas de bellas artes, ingeniería, jurisprudencia y medicina, que con modalidades diversas habían sido parte del régimen colonial, y la Escuela Nacional Preparatoria, surgida al cobijo de la restauración republicana, cristalizaba un viejo proyecto de Sierra. Antes de ingresar al gabinete de Díaz en 1905, el abogado campechano había cobrado prestigio como periodista, poeta, narrador y legislador activo. En los setenta del siglo XIX había formado parte del intento de crear una universidad libre, y en 1881, en la Cámara de Diputados a que pertenecía, presentó un proyecto para crearla como institución del Estado. De esa suerte pudo convencer a Díaz de fundar la Universidad Nacional, cuya ley fue aprobada en mayo y abrió sus puertas el 22 de septiembre de 1910.
El proyecto así consumado no parecía parte de un régimen que concluiría apenas unos meses después. La universidad porfiriana no lo fue en el sentido peyorativo de la palabra. Al contrario, apareció como un renuevo, como un anticipo de tiempos nuevos. El después llamado Maestro de América dijo a los alumnos fundadores que estaban llamados a ser "un grupo en perpetua selección dentro de la sustancia popular", a los que se encomendaría "la realización de un ideal político y social que se resume así: democracia y libertad".
El primer rector fue un viejo profesor de derecho, que lo había sido del secretario que lo nombró. Joaquín Eguía Lis tuvo claro que la institución que dirigiría en los procelosos días de la caída del antiguo régimen y la incierta inauguración de uno nuevo, que la institución recién creada debía poseer "libertad absoluta respecto del poder público" y era consciente de que su deber consistía en "procurar que la universidad funcione por sí sola tan eficazmente, que su alteza y majestad sean bastantes a imponer respeto a todo gobierno, hasta que llegue a conseguir su autonomía plena".
La primera década de vida universitaria reprodujo la agitación que vivió el país a partir del alzamiento maderista, sólo unas semanas después de su nacimiento. Sufrió embates del conservadurismo, que consiguió la escisión de una parte de la Escuela Nacional de la Jurisprudencia, de la que en 1912 surgió la Escuela Libre de Derecho, mata de los gobernantes de hoy. Regida por un ideario avanzado, sólo en la etapa del rector José Vasconcelos, 10 años después de su fundación, comenzó a dar muestra de sus alcances y trascendencia para la vida nacional. Tuvo también aliento vasconceliano la autonomía alcanzada en 1929 y reforzada en el lustro siguiente con la libertad de cátedra, uno de los pilares de la institución, entonces y ahora.
Al cumplir 100 años de edad, la Universidad Nacional cumple con creces el papel que le ha asignado la sociedad mexicana, que la sostiene a través del erario. Así lo hará constar hoy mismo el Congreso de la Unión en la sesión solemne citada expresamente para el caso. Lo confirmará en las próximas semanas cuando discuta y apruebe el presupuesto federal, que incluye el subsidio a la UNAM. Cerca de 25 mil millones de pesos serán asignados a ella, la principal institución de enseñanza superior del país. Demasiado dinero, se dice desde diversos géneros de mezquindad. Apenas suficiente, puede responderse cuando se cobra conciencia de las dimensiones de la casa centenaria. Si sólo se considera su planta física, se percibe su capacidad de servicio y sus necesidades. Desde mediados del siglo XX cuenta con un predio central formidable, la Ciudad Universitaria, cuyo circuito inicial, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad conforme a las reglas de la UNESCO, se ha completado con nuevas instalaciones académicas, un circuito consagrado a los institutos y centros de investigación y el espléndido Centro Cultural Universitario, en cuya Sala Nezahualcóyotl se tocará esta tarde la Sinfonía Conmemorativa compuesta por el maestro Federico Ibarra, y que será interpretada por el Coro universitario y la orquesta filarmónica de la propia UNAM. Amén de ese enorme campus, la Universidad enseña e investiga en instalaciones dispersas en el DF, los estados vecinos y disemina su conocimiento y su espíritu en sus propios territorios, a fuer de nacional como reza su nombre, en toda la República, desde Baja California hasta Yucatán.
En sus bachilleratos, licenciaturas y posgrados reciben clases más de 300 mil alumnos, que cursan tanto las carreras tradicionales como las nuevas opciones que el progreso social y técnico requiere. El Sistema Nacional de Investigadores se compone, en casi la mitad de su nivel más alto, de miembros de la Universidad Nacional, que desarrollan 8 mil proyectos. La difusión cultural, de amplísimos alcances, atiende en sus propias instalaciones a públicos para todas las artes.
La Universidad Nacional dista de ser una institución perfecta. Pero ella misma dispone de los mecanismos de corrección de sus defectos, que lo son de funcionamiento más que de estructura. En sus cursos transmite, además de saberes, valores que han contribuido al desarrollo nacional, y en estas horas oscuras pueden ser útiles para remontar las cuitas que padece el país.
¡Feliz centenario!

Cajón de Sastre
En uno de los momentos más críticos de su historia, la agresión a la Universidad por el gobierno de Díaz Ordaz, el rector Javier Barros Sierra dijo: "Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la Universidad es el ejercicio de las libertades democráticas de reunión, de pensamiento y de expresión dentro de nuestra comunidad. Ciertamente, la Universidad no ha dado al pueblo todo lo que debe darle, pero su marcha es ascendente y eso no sólo se dice sino que se comprueba diariamente. ¡Viva la discrepancia porque es el espíritu de la Universidad! !Viva la discrepancia porque es lo mejor para servir!". Eran los días del ataque armado a San Ildefonso, de la ocupación militar de Ciudad Universitaria, los tiempos tempestuosos de los canallescos procesos contra cientos de universitarios, de la represión indiscriminada.

¿Y QUÉ ES EL AUTORITARISMO?

MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO

La ciudad de México, Distrito Federal de la República, es principal y singular en el país por su historia, por sus monumentos emblemáticos para todos los mexicanos, por su infraestructura vial, de transporte, de salud, de educación, de turismo, por su significado, en fin, en la economía nacional, entre otros aspectos relevantes. En ciudades como ésta, se ameritan recursos económicos más amplios, no sólo por su dimensión demográfica y económica, sino también por su doble carácter de ciudad con una gran densidad demográfica y de capital de la república. Pero, también se requiere, como ocurre por ejemplo en Barcelona o en Berlín, una participación ciudadana a la que se le dé información oportuna sobre el destino de los recursos a obras concretas y el porqué y para qué de dichas obras. ¿En qué serán útiles los proyectos a los habitantes de la ciudad? ¿de qué manera aportarán a un mejor desempeño económico de la misma?, ¿cómo funcionarán para mejorar el difícil tránsito de la ciudad?, o ¿cómo le darán a ésta una dimensión más amable y humana? Nada de esto conocemos usualmente los capitalinos. Por un lado, nos encontramos de un día para el otro con agujeros por diferentes rumbos del sufrido Distrito Federal. Por el otro, nos topamos con calles cerradas, obstruidas por patrullas o camiones de carga sin previo aviso, sin explicación y, desde luego, sin disculpas. Las autoridades del DF parecen suponer que todos los inmuebles, espacios monumentales y la infraestructura existentes aquí, son de su propiedad, y pueden disponer de ellos como mejor les parezca. También parecen asumir que los ciudadanos que aquí habitamos no merecemos respeto alguno, que somos incondicionales y carecemos de capacidad para opinar. A propósito de esto, muchos (ciudadanos, intelectuales, académicos, periodistas, entre otros) nos hemos preguntado qué pretende el jefe de gobierno con las obras y excavaciones que han bloqueado por meses el histórico monumento dedicado a conmemorar la Revolución Mexicana de 1910. Estos trabajos han impedido la circulación normal en esa zona; peor aun, están alterando la fisonomía de un edificio construido en 1910 por el arquitecto Carlos Obregón Santalicia, originalmente con la idea de que fuera el palacio legislativo federal. Esta edificación, como todos sabemos, se destinó finalmente a conmemorar la gesta revolucionaria que dio lugar a la primera Constitución social del Siglo XX. La obra que el gobierno de la ciudad emprendió ahí asombra por su lentitud, pero aún más por lo antiestético de un elevador cuya estructura parte por la mitad el monumento. La vicepresidente el Comité Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, ha declarado recientemente que “lo que hace Ebrard es eliminar el monumento a la Revolución y sustituirlo por un monumento al elevador… la excelsa obra es ahora el marco de un elevador, cuando el monumento era un espacio abierto, ese es su sentido, apreciarlo en toda su magnitud y enormes dimensiones, algo memorable como fue la Revolución. Apenas están terminando de armar la estructura y se ve espantosa, con el aparato dentro quedará peor. El nuevo engendro de Ebrard debe de ser detenido y el trabajo del arquitecto Obregón Santalicia conservar su dignidad” Asombra la decisión del Gobierno del Distrito Federal, como también llama la atención la pasividad y el silencio de las autoridades federales que tienen que ver con el patrimonio histórico que, además, no sólo importa a la capital, sino a toda la republica. Por ultimo, cabría la pregunta de si, al igual que ha venido ocurriendo con “el Zócalo”, de la llamada Plaza de la Constitución, el principal espacio público del país, en donde, por igual, se realizan bailes de quince años, que eventos de patinaje sobre hielo o exposiciones comerciales, el jefe de gobierno piensa apropiarse de la “Plaza de la República” del simbolismo de la Revolución Mexicana, de sus héroes y sus implicaciones de la vida social del país, para sus fines personales o de grupo, y para reivindicar, de facto, que los grandes símbolos y monumentos que nos pertenecen a todos los mexicanos, en nuestra capital, son para uso y abuso de una sola persona. ¿Eso no es autoritarismo?

PEÑA NIETO: REGLAS A MODO

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan. La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental. La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos. La forma más sencilla de concretar la alianza electoral era, hasta antes de la reforma, la candidatura común, que sí tenía un factor de inequidad (no todos los que señala la iniciativa de reforma) ya que mantenía el acceso del candidato común a radio y televisión de cada uno de los partidos que lo postulaban, es decir, sumaba los tiempos que le correspondían a éstos y no establecía un límite, pues a partir de la reforma del 2007 dichos tiempos ya no forman parte de los topes de gastos de campaña. Al eliminar la figura de la candidatura común, la única vía para concretar la alianza es la coalición, que en el Código Electoral del Estado de México tiene requisitos que también pueden traducirse en inequidad en la contienda. El código señala que cuando una coalición postule candidato a gobernador del estado, “deberá acreditar ante los órganos del instituto y ante las mesas directivas de casilla tantos representantes como corresponda a uno solo de los partidos coaligados”, lo cual casi obliga a lograr la coalición total, pues los candidatos postulados únicamente por uno de los partidos coaligados no tendrán representación en ninguno de los órganos electorales, ni siquiera en las casillas, ya que la misma la ostentará el candidato de la coalición a gobernador. Por otra parte, respecto al financiamiento público, asienta que “disfrutará del monto que corresponda a la suma de los montos asignados a cada uno de los partidos coaligados”, y más adelante indica que el convenio de coalición contendrá, “en su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les corresponda, estableciendo cada uno de éstos el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”. Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que el instituto entregará el financiamiento a la coalición, y ésta, a su vez, retendrá la aportación de cada instituto político a la coalición y luego entregará el resto, lo que nuevamente conduce casi inexorablemente a ir en coalición total, pues de lo contrario la demora en la entrega del dinero puede traducirse en retrasos para la realización de las campañas de los candidatos no coaligados. A nivel nacional, la legislación en esta materia se estableció tras el proceso presidencial de 1988 y tenía como objetivo dificultar, hasta donde fuera posible, la construcción de alianzas entre fuerzas opositoras, para evitar que se repitiera el fenómeno que condujo a la construcción del Frente Democrático Nacional, que en esa elección postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. En el Estado de México, afortunadamente, se habían mantenido las candidaturas comunes, pero en materia de coaliciones se establecieron limitantes incluso mayores a las federales, como la señalada en materia de financiamiento. Este no es el único obstáculo adicional que establece la Constitución o el código estatal. Otro muy significativo es el incluido en el artículo 12 constitucional, que señala: “Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente”. Este párrafo podría ser utilizado para cerrarles la puerta a candidatos como Mario López Valdez, en Sinaloa, o José Rosas Aispuro, en Durango, que previamente “aspiraron” a ser postulados por el PRI. Pero estos obstáculos no eran suficientes para enfrentar una elección competida, por lo cual la reforma estrechó aún más los márgenes para la oposición y, por ello, canceló la posibilidad de las candidaturas comunes, al menos por dos razones: una, el impacto para los votantes duros de un partido político es muy distinto si tiene que cruzar un recuadro donde además del logotipo de su partido aparece el de uno de sus principales opositores, lo que es inevitable en el caso de las coaliciones; y dos, como las reglas para las coaliciones casi obligan a postular candidatos a todos los puestos de elección popular, el costo para las dirigencias partidistas se eleva mucho, pues prácticamente obliga a dejar de competir en distritos y municipios donde la contienda se da realmente entre PAN y PRD y no con el PRI. Así, por una parte, se reducen las posibilidades de que la coalición se concrete al aumentar las dificultades; y en caso de que se lograra, impacta directamente sobre los votantes, particularmente los más duros, que eventualmente pasan a las filas del abstencionismo. Todavía eso no brindaba suficientes garantías y, por ello, se incorporaron otras reformas, como la reducción del periodo de las campañas electorales de 90 a 45 días en el caso del candidato a gobernador, y de 60 a 35 para diputados locales y ayuntamientos. Esta reforma tiene un doble impacto: por una parte, le permite al gobernador en funciones mantener su propaganda gubernamental 45 días más; y, por el otro, reduce sustancialmente las posibilidades de un candidato de la alianza opositora sin mucho posicionamiento en Edomex, pues no tendrá el tiempo suficiente para hacerlo, especialmente porque también se redujo el tiempo de las precampañas a únicamente 10 días. Así, la presencia de los candidatos se limita a sólo 55 días, ni siquiera dos meses, en un estado con 125 municipios y casi 10 millones y medio de electores. Tampoco esto era suficiente, y en el caso de que lograsen concretar la alianza y el candidato fuese popular, todavía había que estrecharle más su margen de maniobra, y esto se logra con otra iniciativa dirigida a reducir y limitar el destino del financiamiento público para la obtención del voto. La reducción en realidad es menor, pues la legislación del Estado de México es muy generosa y actualmente establece que para dichas actividades se otorgará a los partidos políticos una cantidad equivalente al doble del que reciben para actividades ordinarias, es decir, 200% más, y lo reduce a 190%. Pero adicionalmente se establece que dicho financiamiento debe “aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate”, lo cual eventualmente lo reducirá todavía más, dado que el límite de gastos de campaña puede ser inferior a la suma de los recursos que por dicha modalidad recibirán los partidos coaligados, lo cual obligaría a regresar dicho dinero. Peña Nieto sabe de sobra el impacto que tendría sobre sus aspiraciones presidenciales una eventual derrota en la contienda electoral del 3 de julio del 2011, y, por ello, no está dispuesto a correr ningún riesgo. Así, por lo pronto, colocó en las normas constitucionales y legales las disposiciones necesarias para asegurar al candidato de su partido condiciones ventajosas o, al menos, no tan competitivas.

DISTRIBUCIÓN DE FACULTADES ENTRE FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTADOS DE LA REPÚBLICA

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Dado que en nuestro país existen Poderes Federales y Poderes de los Estados de la República, es pertinente hacer referencia a las normas constitucionales que distribuyen facultades entre ambas esferas de Poder.
El punto de partida está consignado en el artículo 124 de nuestra Carta Magna que, literalmente, establece: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados." De conformidad con el texto transcrito, nos encontramos una inicial distribución de facultades. en primer término, a favor de funcionarios federales aparecen las denominadas: "facultades expresas" y, en segundo lugar, se consignan a favor de los Estados las "facultades reservadas".
A efecto de tomar conocimiento de cuáles son las facultades expresas a favor de funcionarios federales hacemos referencia al principio jurídico real y valioso que determina: "El Estado sólo puede hacer aquello que la legislación le autoriza". Por tanto, esto nos conduce al texto del artículo 73 constitucional, en el que aparece una relación minuciosa de las facultades que corresponden al Congreso de la Unión. Este precepto comprende treinta fracciones, mismas que señalan las facultades expresas que corresponden a los funcionarios federales. Si en esas fracciones no aparecen facultades a favor del Congreso de la Unión, las facultades correspondientes se entienden reservadas a favor de las entidades federativas.
No obstante la conclusión que antecede, debemos admitir que el Congreso de la Unión también tiene facultades tácitas, que están comprendidas dentro de las expresas, dada su clara naturaleza inmersa en las facultades expresas. A través de la ejemplificación se puede tener mejor noticia de las facultades tácitas y en tal sentido, cabe citar que, en la fracción X de artículo 73 constitucional, se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en toda la República, en materia de comercio, de tal manera que, expresamente puede emitirse legislación con la denominación y naturaleza mercantil pero, implícitamente está la facultad para legislar en materias concretas mercantiles, entre las que podemos citar: legislación sobre títulos y operaciones de crédito, sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, protección al consumidor, concursos mercantiles, etcétera.
Además, existen las denominadas facultades concurrentes que son aquellas en las que puede actuar la autoridad federal, al lado de la autoridad estatal. Ejemplo de tales facultades concurrentes, entre otras, lo encontramos en el inciso G de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, en donde se establece la facultad del Congreso de la Unión: "Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico."
Del inciso transcrito derivamos que pueden concurrir, conjuntamente, en el desempeño de sus competencias: autoridades federales, estatales y municipales, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Esta concurrencia está limitada para autoridades estatales y municipales a la aplicación de las normas ambientales pero no abarcan la expedición de leyes estatales o municipales puesto que la facultad de legislar está reservada exclusivamente a favor del Congreso de la Unión. En consecuencia, las legislaturas de los Estados no están en condiciones de legislar en la materia ecológica, también denominada ambiental. Hay concurrencia en el ámbito de aplicación de las leyes pero no en el terreno de establecer legislación aplicable. Por una mala interpretación del artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución mexicana, ha habido Estados de la República que han legislado en la materia ambiental, sin facultad para ello, dado que en una adecuada interpretación del precepto relativo ésta es una facultad expresa a favor de la autoridad federal como lo es el Congreso de la Unión.

EL QUE CON LECHE SE QUEMA...

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Las candidaturas comunes estuvieron contempladas por las leyes electorales durante muchos años; a su amparo, el PPS y el PARM apoyaban a los candidatos presidenciales del PRI, hasta que en 1988 el FDN utilizó ese medio para registrar a Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato de cuatro partidos.
En 1990 el primer Cofipe eliminó la figura de la candidatura común, quedando solamente la de las coaliciones electorales, para las que estableció requisitos exagerados (suprimidos en 2008), pese a ellos, el PRD las estableció con diversos partidos en 1994, 2000 y 2006; lo mismo hizo el PAN con el PVEM en el año 2000, y el PRI con el PVEM en 2006.
El fantasma de las alianzas electorales, sea a través de candidatos comunes o de coaliciones, se ha recrudecido por la experiencia de este año; el PRI las teme como a la lepra, a pesar de que a ellas recurre para intentar ganar puntos de votación. Ahora la polémica vuelve a surgir. Como dice el refranero popular, "el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla", y el PRI se acaba de quemar en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y a punto estuvo en Durango e Hidalgo.
Mal asesorado, el gobernador Enrique Peña Nieto compró la idea de primero impedir y ahora obstaculizar que el PAN y el PRD se junten para competir el año próximo por la gubernatura en el estado de México. A finales de 2009 pidió y obtuvo una carta compromiso por la que el PAN admitió no establecer alianzas con el PRD en ese estado, misma que fue repudiada por el todavía jefe nacional del blanquiazul. Ahora, Peña Nieto, usando la mano de gato del PVEM, ha hecho aprobar una reforma a la Constitución local para proscribir las candidaturas comunes y reducir el plazo de campaña para gobernador a 45 días. Pero de poco podría servir esa reforma a los afanes del gobernador, pues ha pavimentado el camino para que sus adversarios se coaliguen en condiciones óptimas.
El Código Electoral local seguirá permitiendo las coaliciones, con cláusula de reparto de votos por anticipado; es decir, de antemano los partidos coaligados acordarán el porcentaje que a cada uno corresponderá de los votos recibidos, lo que facilita la alianza. No es así con las candidaturas comunes, en las que cada partido aliado debe acreditar el porcentaje mínimo de votos para conservar registro. Si lo que Peña Nieto y sus asesores buscaban era impedir la alianza entre el PAN y el PRD, han hecho exactamente lo contrario, alentando además al PT, Convergencia y Panal para aliarse, pues su registro local quedará garantizado.
El debate no es sobre la constitucionalidad de lo aprobado por el Congreso mexiquense, sino sobre el abuso del poder. La forma como Peña Nieto obtiene la mayoría calificada de votos es un pésimo anticipo de lo que espera al Congreso de la Unión en el caso de que alcance su máxima aspiración. Pagar por los votos de diputados mercenarios puede ser un problema menor en Toluca, pero revela una de las facetas más negativas del hasta hoy aspirante favorito a la candidatura presidencial del PRI. La balcanización del poder permite que las leyes electorales sean cambiadas a contentillo del gobernador mexiquense, con la complicidad de diputados locales supuestamente opositores, a los que sus partidos solapan y protegen.
A pretexto de adecuar las leyes electorales del estado de México a la reforma federal de 2007-2008, el Congreso local separó las elecciones de gobernador de las de diputados locales y ayuntamientos, adelantó las segundas, para que tuvieran lugar en 2009, dejando para 2011 la de gobernador. Al PRI le funcionó, pero ahora están en un brete, del que pretenden salir imponiendo una reforma a todas luces abusiva.
En el estado de México habrá -creo- coalición entre el PAN y el PRD (a la que podrían sumarse Convergencia y el Panal) paradójicamente facilitada por la reforma ordenada por el gobernador; y aunque la campaña se acorte a 45 días, no habrá manera de evitar que el candidato del PRI enfrente una dura competencia de pronóstico reservado.
Posdata
Todo indica que la renuncia del doctor Alberto Alonso y Coria a la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores fue producto de la disputa de posiciones y cargos entre los consejeros electorales. Pierde el IFE.

RESPUESTA SOBRE LA TELEVISIÓN DIGITAL

JAVIER CORRAL JURADO

Tanto en los comentarios de EL UNIVERSAL, como en Twitter y Facebook, me han preguntado por qué considero que el decreto del Presidente, por el que se adelanta la digitalización de la tv al 2015, es un decreto insuficiente y tramposo, colocado como distractor de la polémica licitación 21. En efecto, lo he calificado de las tres formas y el texto largo y amplio en el que doy mi punto de vista está tanto enwww.javiercorral.org como en la página de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, www.amedi.org.mx. En ésta última hay una serie de artículos que van más al fondo del asunto, desarrollados por reconocidos especialistas. El tema no es sofisticado, como a veces se muestra para distanciar a la gente de estas decisiones, pero requiere de una lectura a conciencia de varios documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación. En primer lugar, del decreto que publicó Fox (2/07/04), donde se definieron los dos hechos jurídicos más relevantes de la política de transición tecnológica: el estándar tecnológico A/53 ATSC así como la decisión que permitió a los concesionarios conservar un canal de 6 Mhz para transmisiones analógicas y que obtuvieran la asignación “temporal” de un canal adicional con el mismo ancho de banda del espectro radioeléctrico (canal espejo) donde se realizaría el tránsito de señales. El decreto del 2 de septiembre pasado repite básicamente las líneas de aquel, y no modifica ni el estándar, ni el ancho de banda; la única diferencia es que en lugar de determinar el “apagón analógico” en el 2021, lo adelanta cinco años para ver a plenitud la “era digital”. Permanecen indefinidas en ambos decretos las reglas y condiciones de autorización de los servicios adicionales a los de radiodifusión, no obstante que la SCJN determinó el criterio de la concesión para cada uso determinado. Y menos aún queda claro si esa digitalización significará más canales para los mismos, o realmente abrirá alternativas de “un mayor número de proveedores de señal de televisión” como llamó Calderón, presumiblemente, a la entrada de nuevos operadores. El decreto señala 34 “porqués” para adelantar la medida, pero no enlista ni un solo cómo. Como lo ha señalado el doctor Trejo Delarbre, la indefinición principal radica en que “el decreto no dice qué uso se le dará a los canales adicionales que puedan difundirse en cada una de las frecuencias actualmente operadas por cada televisora”. Cuando en 2006 impugnamos la Ley Televisa por tratar de agandallarse el espectro que se libera por la digitalización (en realidad el hecho jurídico propiciado por el fenómeno tecnológico estriba en un rescate de espectro para el Estado) los técnicos de las televisoras aseguraban que la digitalización serviría sólo para difundir una imagen de más calidad y no para que hubiera más canales de tv ni servicios de telecomunicaciones. El desarrollo de la tecnología ha demostrado que teníamos razón al decir que la digitalización permitiría diversos usos y no sólo imagen de alta definición. “En la frecuencia del Canal 2 de Televisa, por ejemplo, o en el canal espejo que hay para esa frecuencia, ahora se pueden difundir dos canales de alta definición, o uno de alta definición y tres canales que siendo digitales tengan imagen de menor calidad. ¿Quién va a manejar esos canales adicionales?”, se pregunta el también investigador del IIS de la UNAM. La respuesta sin ambages es que, seguramente los manejará Televisa, porque el decreto que tanto se ha presumido como el derrotero de una nueva competencia en el sector de la tv no da para eso, porque no modificó el “Acuerdo por el que se establece el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México”. De ahí la asombrosa postura que ha tomado Calderón, no sólo en el IV Informe de Gobierno, sino en diversas entrevistas de radio y televisión en las que se atreve a explicar que con su decreto se podrán crear varias cadenas nacionales de tele digital, llegando incluso al extremo de subdividir el espectro, como si eso fuera posible. Más allá de “hacer público un anuncio de la mayor trascendencia para el país”, frase con la que se pretendió inflar el adelanto de la digitalización, de la que Calderón no verá ni el inicio porque dejará el cargo en 2012, lo que la SCT busca (léase Horcasitas) es atajar y distraer el benefició a Televisa-Nextel de una forma descarada —en la que ha reconocido su responsabilidad y autoría— otorgándole una porción importante del espectro para telefonía móvil a precio de ganga, además de la gestión que les hizo ante el Congreso de otro descuento en el pago de derechos para esta misma licitación, mediante una condonación de los dos primeros años, lo que significará 6,690 millones de pesos. Por supuesto que lo sostengo: un acto de corrupción política que marcará al gobierno de Calderón, como marcó a Fox la Ley Televisa, hecho en el que entonces también fue pieza clave para su aprobación nuestro Presidente.

¡VIVA SALINAS!

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Del mismo modo en que Manuel Ávila Camacho traicionó el programa e ideario de Lázaro Cárdenas del Río para retornar al caciquismo de Plutarco Elías Calles, Felipe Calderón también se ha propuesto frenar el proceso de democratización y entregar el poder al más retrógrado cacique político del momento: Carlos Salinas. Andrés Manuel López Obrador agregó vivas a los héroes anónimos, a los indígenas, a las mujeres, y a los jóvenes en su arenga desde la Plaza de las Tres Culturas el pasado 15 de septiembre. A Calderón, sin duda, no le faltaron ganas de colocar a Salinas junto a los héroes de la patria en su proclama desde Palacio Nacional. Habría que discrepar del gran maestro del periodismo nacional, don Miguel Ángel Granados Chapa, cuando afirma que Ernesto Zedillo es el ex presidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo. La comparación más adecuada no tendría que ser con el burócrata gris y corrupto de Zedillo, sino con el gobierno autoritario y represor de Salinas. Si Salinas eliminó la rectoría del Estado en la economía y transformó los monopolios públicos en oligopolios privados para beneficiar a sus amigos y prestanombres, Calderón hoy también beneficia amigos y familiares y auspicia una fantástica concentración de la riqueza nacional en pocas manos. Recordemos que Carlos Slim le debe la acumulación de su fortuna al gobierno de Salinas, y que hoy el millonario se ha convertido en el hombre más rico del mundo bajo el amparo de Calderón. Si Salinas atacó a campesinos e indígenas con sus ominosas reformas para privatizar el ejido y vender el país con su tratado de libre comercio, hoy Calderón ha emprendido una verdadera cruzada anti-obrera contra electricistas, obreros, mineros, maestros independientes y más recientemente los trabajadores de Mexicana de Aviación. Ambos presidentes comparten una vocación represora en contra de dirigentes sociales, toleran todo tipo de violaciones a los derechos humanos y solapan de forma cínica la impunidad y la corrupción. Ambos sexenios también se han caracterizado por un masivo derroche de recursos públicos para una populista propaganda gubernamental. Y como colofón ridículo de las coincidencias, las únicas dos ocasiones en que México ha ganado el concurso Miss Universo han sido precisamente durante los sexenios de Salinas y Calderón. La reciente condecoración de Rigoberta Menchú también trae a la memoria los hipócritas elogios que Salinas ofreció a la premio Nobel latinoamericana. El delfín actual de Salinas, Enrique Peña Nieto, hoy se conduce con una gran soberbia al grado de imponer una contrarreforma electoral en el estado de México, reminiscente de aquella otra de 1989-1990 impulsada por Salinas. Con razón el ex presidente hoy celebra a Calderón: Son tiempos de cambio. Me parece que han sido positivos. A pesar de las coincidencias, también existe una diferencia fundamental entre Ávila Camacho y Calderón Hinojosa. En la reunión histórica de los ex presidentes del 11 de septiembre de 1942, Ávila Camacho logró conciliar dos polos políticos, Cárdenas desde la izquierda y Calles desde la derecha, con el fin de demostrar la unidad nacional frente a la entrada formal de México en la Segunda Guerra Mundial. En contraste, la reunión del 15 de septiembre pasado convocó a dos ex presidentes, Salinas y Vicente Fox, que comparten una misma ideología y proyecto antipopular. Resulta evidente que la unidad que promueve Calderón no es una unión plural y diversa como la de antaño, sino solamente un cierre de filas entre la misma clase política de siempre, con la notable exclusión de la izquierda política. Aquí Calderón, una vez más, aplica la lección de su maestro de no ver ni oír a un amplio sector de la sociedad. Entrevistado en Palacio Nacional, Salinas recuperó lo dicho por Ávila Camacho cuando este último declaró aquel 11 de septiembre: Estamos aquí los de ayer y los de hoy; mientras estemos unidos, no habrá enemigo que nos derrote. ¿Quién podría ser hoy el enemigo al que se refiere Salinas? ¿El narcotráfico? Difícil de pensar. ¿La corrupción? Imposible de creer. Es evidente que el enemigo de hoy sigue siendo el mismo que con toda fuerza en las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 ha expresado su rotundo rechazo al neoliberalismo. El mismo enemigo que en ambas ocasiones tuvo que ser contenido con todo el peso de las instituciones y que desde la pasada década de los ochenta ha sido sistemáticamente excluido del desarrollo nacional: el pueblo de México. Es una lástima que Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo no llegaron al convite de Calderón el pasado 15 de septiembre, ya que hubiera sido magnífico observar reunidos en el mismo balcón a los responsables históricos del actual desastre nacional. La sociedad no puede seguir tolerando el renovado activismo político del peor presidente que México padeció en el siglo XX. Como bien lo dijo Fox en su campaña presidencial, con Salinillas ni al baño, sólo que aquí Fox volvió a fallar: al menos ya fueron juntos a Palacio Nacional.

DEMOCRACIA Y BIENESTAR EN MÉXICO: LAS TRANCISIONES BIFURCADAS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La conmemoración de la Independencia y la Revolución da lugar a una evaluación de nuestras circunstancias nacionales que vaya más allá de la coyuntura.
A lo largo de las últimas tres décadas, la economía y el sistema político mexicano han experimentado profundas transformaciones. Los cambios abarcan tanto el rol y poder de los distintos actores económicos y políticos como el diseño institucional que, en ambos campos, arrojan un panorama cuyas características contrastan de manera drástica con la realidad que imperaba hacia fines de los años setenta en México —cuando el modelo económico seguido desde mediados del siglo XX evidenciaba claros signos de agotamiento y cuando el régimen político emanado de la revolución enfrentaba un creciente reclamo democrático—.
Las transformaciones de la economía y del sistema político mexicanos, aunque llegan a coincidir en el tiempo —las décadas finales del siglo pasado—, no forman, sin embargo, un proceso unívoco, ni los resultados de la nueva orientación económica han contribuido a la consolidación democrática. Este ensayo se propone hacer un recuento, que abarca los últimos treinta años, de los cambios políticos y económicos —en este segundo tema con énfasis en el empleo—, señalando que el proceso democratizador que experimentó el país no se ha visto respaldado a su vez por un proceso de generación de oportunidades de trabajo e ingreso para la población, de tal manera que la disonancia entre las expectativas generadas por la ampliación de los derechos políticos y la incapacidad para mejor el bienestar puede representar, como apuntan las Naciones Unidas, el principal desafío para la consolidación democrática de México.
En los últimos 30 años, México fue capaz de formalizar la contienda política real y la disputa por el poder a través de cauces institucionales, pero a la par el empleo se informalizó y con ello se precarizó el acceso al bienestar. Se trata de dos transiciones que se bifurcaron. La experiencia mexicana, así, contrasta con la de otros países, como España y Chile que, tras sus respectivos procesos de democratización, se adentraron en etapas de crecimiento económico que contribuyeron a consolidar a la democracia.
El modelo económico seguido en México, que puso énfasis en la apertura comercial, la orientación a las exportaciones y la contención de los desequilibrios macroeconómicos nominales —que a su vez implicó disminuir el ritmo de inversión pública y contener los salarios— lejos está de resultar funcional a la democracia.
El estudio Latinobarómetro más reciente, revela que México es de los países de América Latina donde más preocupación hay entre la población de sufrir desempleo (69% se declaró preocupado o muy preocupado por perder su empleo), y también se trata del cuarto país del subcontinente —sólo detrás de Paraguay, Perú y Nicaragua— donde es más pesimista la percepción sobre la economía (sólo 18% consideró que la situación era buena). A la par, el apoyo a la democracia en México es inferior (48) al de América Latina (54) y viene disminuyendo; la satisfacción con la democracia también es más baja que en el resto de Latinoamérica (31 vs. 37) y 66% de los mexicanos considera que la democracia es mejor a otros regímenes políticos frente a 72% de los latinoamericanos.
Por lo anterior, es de reconocer que la consolidación de la democracia en México no se resolverá sólo, ni principalmente, en la esfera electoral. De ahí que sea obligado hacerse cargo de manera explícita de políticas para ampliar “la ciudadanía”, que va más allá de la existencia del derecho al sufragio, e involucra el bienestar y la calidad de vida.
En virtud de que el empleo es la fuente de ingreso principal del grueso de la población, la discusión del bienestar tiene como uno de sus elementos clave la calidad del trabajo. Es oportuno, entonces, deliberar sobre estrategias económicas que tengan como objetivo la recuperación de la creación de empleo asalariado. En ese amplio propósito parece indispensable fortalecer la inversión pública como detonador del crecimiento y para ampliar la demanda de trabajo formal. A la par, resulta conveniente recuperar la noción de una política de fomento industrial con orientación hacia el mercado interno para que la eventual recuperación del crecimiento tenga efectos sobre el empleo productivo.
Ahora bien, dado el rezago en la generación de ocupaciones formales, el acceso a la seguridad social debería dejar de depender de la pertenencia al sector formal de la economía, para avanzar hacia la universalización de los derechos sociales. Lo anterior implica un drástico aumento en los recursos del Estado, el viejo talón de Aquiles de la economía y de la política en México.
Sin un Estado más fuerte para invertir, pero también para gastar —lo que en ambos casos quiere decir un Estado capaz de recaudar niveles significativamente más altos que los que se dan en la actualidad— la economía mexicana no conseguirá romper el círculo vicioso del estancamiento, y tampoco mejorarán los indicadores de empleo y bienestar. Como es imperativo fortalecer al Estado para hacer frente a los problemas económicos y contribuir así a la legitimidad del sistema democrático, puede decirse que el principal problema económico de México es político.

LA CORTE Y EL DERECHO INTERNACIONAL

ARNALDO CÓRDOVA

Muchos gobernantes se han acostumbrado a ver el orden jurídico internacional, reconocido por ellos mismos, como un adorno exterior a sus esferas soberanas o, cuando mucho, como un conjunto de disposiciones que se pueden observar a voluntad, sin obligación alguna de cumplirlas. El caso de Estados Unidos es emblemático, país para el cual, desde Kennedy y según escribió el historiador norteamericano Arthur Schlesinger, los asuntos internacionales se volvieron asuntos domésticos. Los gringos, por así decirlo, tienen su propio y exclusivo orden internacional, en el que los derechos son de ellos y las obligaciones de todos los demás. Resulta abominable que potencias menores o subordinadas en todo a los poderes hegemónicos, de vez en cuando nos salgan con que también pueden decidir cuándo sí y cuándo no cumplir con las obligaciones que les impone el derecho internacional. Eso es lo que últimamente han estado haciendo los gobiernos derechistas y, en especial, los panistas que hemos padecido. Hubo una época en la que se vio en el orden jurídico internacional un valladar que nos defendía frente a los poderosos y supimos recurrir a él para nuestra defensa y también para actuar en el mundo de las naciones, ya en plan de guerra, como en la época del presidente Cárdenas y varios de los que le siguieron. Entonces, los tratados y convenios internacionales, aunque eran pocos y muy específicos, se adoptaban (se firmaban) y se cumplían. Después de la Segunda Guerra, el derecho internacional y, en particular, su área de derechos humanos, florecieron como nunca antes. Y el gobierno mexicano siguió aceptando casi todos los tratados y cumpliéndolos hasta donde lo permitía nuestro subdesarrollado sistema jurídico. Pero México no dejó de acoger en su orden interno cuanto convenio se firmó entre las naciones, muchas veces poniendo un valioso ejemplo a las demás naciones latinoamericanas. Era el momento en que nuestro país destacaba por su liderazgo en el respeto a las leyes internacionales. El artículo 133 de nuestra Carta Magna sigue siendo el mismo desde su redacción original de 1917: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Ya señalé aquí mismo que una tesis de la Corte de 1997 indica que la verdadera jerarquía entre ellos es así: primero la Constitución, después los tratados y al último las leyes. Si los jueces locales, por mandamiento del mismo 133, que pueden encontrar en sus ordenamientos locales disposiciones contrarias al mismo deben acatarlo, los jueces federales, que no pueden encontrar tales anomalías, con mayor razón deben tener a la Constitución en primer plano, a los tratados en segundo y a las leyes en un tercero. En materia de derechos humanos, México no sólo ha signado los convenios internacionales en que se consagran, sino que ha participado en la elaboración de casi todos ellos. Es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. De acuerdo con el 133, todos los jueces federales y locales (incluidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia) están obligados a someterse a sus disposiciones al impartir justicia. No pueden ponerse a deshojar la margarita para ver si la convención de San José de Costa Rica es válida o no y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo establecimiento y funcionamiento está regido por los artículos 52 a 60 de la propia convención, es superior o no a nuestra Corte y sus fallos deben o no ser obedecidos. Eso está fuera de todo cuestionamiento. De acuerdo con el 133, la Corte Interamericana y sus fallos están por encima de nuestra Corte y debe acatarlos. Hace unas semanas, el ministro José Ramón Cossío produjo un proyecto de dictamen por el cual, en referencia al fallo de la CIDH sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en los años setenta, propuso que se acatasen los fallos de esa Corte y, además, como ella lo señala, se declarase anticonstitucional el fuero militar que consagra tan malamente el artículo 57 del Código de Justicia Militar (el cual ya comenté en otra entrega). Nuestros ministros, hay que decirlo, a veces son muy chistosos. Unos días después y visto que casi todos sus colegas se pronunciaban en contra de su proyecto, Cossío propuso que votaran en contra de él y él mismo lo hizo así. Los ministros se dieron de tiempo hasta diciembre, cuando vence el plazo que fija la convención, para dar una respuesta al requerimiento de la Corte Interamericana y decidir, así lo han hecho saber, si se sienten o no obligados y responsables frente a una norma de derecho internacional que, repito, no sólo aceptamos sino de la cual fuimos coautores. ¿Por qué se dieron ese tiempo? Pues, en sus términos, porque los señores ministros no saben todavía si esa norma del derecho internacional debe o no ser observada y, menos todavía, si la resolución sobre el caso Radilla debe ser o no acatada u obsequiada. Uno, realmente, ya no sabe si echarse a reír o ponerse a llorar ante los desatinos de nuestra Corte. ¿Qué es lo que detiene a los ministros en un caso que no parece encerrar misterio alguno? Su ignorancia del derecho internacional, a primera vista, no es razón suficiente, aunque ellos mismos parezcan alegarla. No hace falta escarbar mucho para darse cuenta del verdadero problema: en su proyecto el ministro Cossío puso el dedo en la llaga, vale decir, la anticonstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar que impone, como lo he recordado antes, que los militares en servicio que cometan delitos del orden común no pueden ser juzgados por un juez natural (del orden común), sino por sus pares militares, con el resultado de que en su inmensa mayoría esos delitos quedan impunes. El Ejército Mexicano es una institución del Estado y es absurdo que se le coloque por fuera o por encima de las responsabilidades y deberes que competen a todas las instituciones estatales. Ese fuero militar es un auténtico estado de excepción y es contrario a la letra y al espíritu de nuestra Carta Magna. La Corte Interamericana, en su fallo, lo único que señala con gran fuerza es que ese artículo es contrario a nuestra Constitución y, desde luego, al derecho internacional, por ser fuente violadora permanente de derechos humanos y también de derechos consagrados por la Carta Magna mexicana. Para seguir siendo una institución respetada y amada por el pueblo mexicano, por su origen popular indudable y porque sus miembros son hijos de ese mismo pueblo, el Ejército no debe aferrarse a fueros o regímenes de excepción que contradicen la Constitución y que niegan la esencia de su glorioso deber de cuidar y velar por la seguridad del Estado y de la sociedad a la que se debe.

POLÍTICO POTEMKIN

DENISE DRESSER GUERRA

La palabra "Potemkin" se usa para describir una fachada diseñada con el objetivo de tapar hechos indeseables. El vocablo proviene de una actividad asociada con el príncipe Potemkin, quien erigió pueblos de cartón para impresionar a la emperatriz Catherine II durante su visita a Crimea en 1787. Pero detrás de las hermosas fachadas no había absolutamente nada. Todo era una aparatosa construcción erigida con el objetivo de engañar, tapar, ocultar. En México tenemos ahora a un político Potemkin que intenta hacer lo mismo. Enrique Peña Nieto ha armado una carrera política que recurre a los mismos métodos usados por el noble ruso. Usa la televisión para encantar. Usa la propaganda personal para seducir. Usa al Congreso local para apuntalar sus ambiciones presidenciales. Todo ello esconde una realidad que es posible vislumbrar atrás de la fachada y debajo del copete.
Es la realidad de un hombre temeroso, un político miedoso, un candidato que se ve obligado a pasar leyes a modo para limitar la competencia a la cual no se quiere enfrentar. La "Ley Peña" que elimina las candidaturas comunes en el estado de México desnuda al cobarde que el gobernador mexiquense lleva dentro. Alguien que en situaciones de emergencia piensa con las piernas, como dijera famosamente Ambrose Bierce. Alguien que prefiere ser percibido como pusilánime antes que correr el riesgo de que el PRI pierda la elección y él pierda la Presidencia. Peña Nieto opta por eludir en vez de enfrentar; opta por imponer en vez de competir; opta por violar el espíritu de la democracia con tal de ponerla a su servicio. Escondido tras la fachada del modernizador, asoma el autócrata.
Y sí, Peña Nieto usa el vocabulario del nuevo PRI pero una y otra vez recurre a las tácticas autoritarias del partido que lo parió. Denosta las candidaturas comunes y tan sólo ocho días después logra que el Congreso mexiquense las elimine. Critica "la lucha del poder por el poder mismo" e incurre en aquello que ve con tan malos ojos. Ataca a quienes promueven "una democracia sin contenido" mientras se erige en su principal artífice. La "Ley Peña" huele a viejo, a rancio, a prácticas priistas del pasado que el gobernador promete haber superado. Argumenta en su Quinto Informe de Gobierno que sería un error equiparar el regreso del PRI con una regresión, y luego cambia las reglas del juego en su estado para constatar precisamente eso. Argumenta que aspira a una renovación de fondo, para después demostrar que nunca ha creído en ella.
En la película High Plains Drifter, Clint Eastwood dice "es lo que un hombre sabe de sí mismo lo que lo atemoriza". Y Peña Nieto acaba de demostrar que teme una alianza PAN-PRD en el estado de México. Teme perder el semillero de votos priistas que su entidad tendría que proveer en la contienda presidencial. Teme perder la candidatura que con tanto esmero Televisa le ha ayudado a edificar. Teme no ser el político imbatible por el cual 7 de cada 10 priistas votarían según encuestas recientes. La aterroriza saber que sin una victoria en el estado de México en el 2011 no habrá un arribo a Los Pinos en el 2012.
Algunos dirán ante la clausura de las candidaturas comunes que el fin justifica los medios, que en el fondo se trata de una sofisticada estrategia electoral, que Peña Nieto está siendo pragmático y no miedoso. Pero la falta de una buena explicación tan sólo comprueba la cobardía, tan sólo subraya la ausencia de una buena espina dorsal. Y ojalá que el descubrimiento del político Potemkin lleve al escrutinio de todo lo demás que esconde. El estado de México convertido en territorio Barbie. El caso de Paulette y la incompetencia política que demostró. Los decapitados en La Marquesa y la falta de explicaciones convincentes al respecto. Los secuestros, las extorsiones, los robos y la criminalidad que corroe a la casa mexiquense. El hecho de que 60 por ciento de los encuestados señala la inseguridad pública como el problema principal que Peña Nieto no ha logrado encarar. La larga lista de problemas estructurales que han sido enterrados por el pueblo Potemkin presentado en la pantalla. Allí sólo hay éxitos, aplausos y compromisos cumplidos por un político de cartón.
El miedo que Peña Nieto ha intentado ocultar puede tener efectos paradójicos. El temor no sólo anticipa la mala fortuna; puede precipitarla. Al obstaculizar las candidaturas comunes, el mexiquense le está abriendo la puerta a la única opción que le queda tanto al PAN como al PRD. Una coalición con una plataforma común. Una candidatura fortalecida por metas compartidas y objetivos preestablecidos. Una alianza más fuerte incluso que las forjadas en Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Si el objetivo en esas entidades fue remover cacicazgos, en el estado de México el imperativo se vuelve evitar que ocupen la silla presidencial. Parar al político Potemkin y evidenciarlo. Frenar al candidato de cartulina y revelar cuán frágil es. Recordarle que su carrera política es una creación de Arturo Montiel y jamás perder la oportunidad de preguntarle a su progenitor: ¿qué tal durmió?

LAS ACUSACIONES DE LOZANO ALARCON

NÉSTOR DE BUEN

Leo en Entorno Laboral, una buena revista de información sobre temas de derecho del trabajo (no. 1587, tercera época, p. 2), que Javier Lozano –quien entretiene sus ocios actuando como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)– afirma que los integrantes del sindicato minero son unos delincuentes y arbitrarios al impedir el acceso al yacimiento de Cananea, en Sonora, e impulsar una huelga derivada de un paro ilegal de labores en la mina El Cubo, de Guanajuato. Me temo que el problema es de Lozano y deriva de su supina ignorancia del derecho del trabajo, lo cual, además de las consignas que recibe o inventa, hace que su conducta y la de su subordinada, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sean absolutamente violatorias de la ley. En Cananea existe el ejercicio del derecho de huelga desde hace ya mucho tiempo. Lozano promovió en la junta federal de conciliación un conflicto artificial con el propósito de dar por concluidas las relaciones de trabajo, que fue resuelto conforme a sus instrucciones declarándolas terminadas. Pretendió con ello terminar con el estado de huelga, y es ahí donde se manifiesta su ignorancia, si no es que su mala fe. A Lozano se le olvidó leer la Ley Federal del Trabajo, en particular lo establecido en el artículo 469, que clasifica los motivos de terminación de la huelga, a saber: por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones; si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores; por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes, y por laudo de la junta de conciliación y arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión. En el caso de Cananea no se ha dado ninguna de esas causales, por lo que el estado de huelga subsiste. Con respecto a El Cubo, el tema de Cananea no tuvo nada que ver. Aparentemente ya ha sido resuelto, pero en todo caso es un fenómeno que se presenta con frecuencia en el mundo laboral cuando los trabajadores, desconfiados con toda razón del actuar de las autoridades, deciden las cosas por sí mismos y hacen paros. Suelen ser más eficaces que los emplazamientos a huelga. No constituyen delito alguno y, en todo caso, los trabajadores arriesgan la estabilidad en el empleo. Aunque están concientes de que cualquier represalia, como un despido colectivo, lo único que logra es paralizar la empresa. Es evidente que las declaraciones de Lozano, que se supone es abogado, pueden implicar una responsabilidad penal, ya que está imputando al sindicato la comisión de delitos. No es mi materia y, por tanto, desconozco si el sindicato procederá a denunciarlo. El conflicto minero es ya de largo alcance. Pone en evidencia una alianza del gobierno con las empresas, en especial en Cananea, y también que la STPS olvida que entre sus funciones, la de conciliar los conflictos es de las más importantes. Sin embargo, no ha intentado ni por casualidad reunir a las partes para concluir el problema. El sindicato minero se ha mostrado siempre propicio a llegar a una conciliación, fundamentalmente mediante la Secretaría del Trabajo, pero también aprovechando las relaciones personales de sus abogados con los que representan a las empresas, sin resultados, hasta ahora. No conozco abogados que se opongan a resolver los conflictos en forma directa y no mediante juicios eternos y de resultados inciertos. No es tanta la confianza en el Poder Judicial y mucho menos en las juntas de conciliación, que son organismos de claro origen fascista y dependen plenamente de los poderes ejecutivos. Pero, además, es cuestión de tiempos y es bien sabido que la administración de justicia, tanto por razones de observancia de las garantías constitucionales que obliga a jueces, magistrados y ministros a escuchar a los interesados, como por el volumen de los asuntos a su cargo, generan juicios de interminable duración, con la combinación complicada de apelaciones o amparos de dos instancias. Por ello la conciliación es siempre deseada y las autoridades deben procurarla, lo que no hace la STPS. Javier Lozano debería reconocer que es su deber buscar la conciliación. Pero me temo que su íntimo deseo es dañar al sindicato minero, que ha tenido el atrevimiento de objetar a fondo su conducta. Por supuesto que no lo logra.

¡ES LA HISTORIA... Y LA MORAL!

ROLANDO CORDERA CAMPOS

"Una nada rodeada de palabras: así, más o menos, describió José Chávez Morado al gobernador Vicente Fox, quien seguramente hizo pasar más de un mal rato al célebre pintor avecindado en Guanajuato. Lo que seguramente nunca imaginó es que más que un estilo personal de andar por la vida, esta nada se apoderaría del espíritu público mexicano a través de sucesivas presidencias, para alcanzar un clímax este 15 de septiembre con las patéticas manifestaciones de chabacanería interconstruida e importada de Australia. Llegará el momento en que la Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, nos haga las cuentas del despropósito, ojalá y que con los indispensables anexos que nos hagan saber los contratos y contratitos, chambitas y concesiones que las acompañaron y abultaron. Pero, con todo y el desperdicio en que se incurrió, esto es apenas la punta de un iceberg que más nos vale tratar de desentrañar pronto, antes de que la vorágine de la lucha por el poder vuelva a oscurecerlo todo con sus juegos de abalorios de la publicidad y los spin doctors disfrazados de encuestadores y adivinos. La vacuidad de que nos informa lo acontecido con las conmemoraciones patrias no sólo tiene que ver con los mal instalados reflejos históricos de la derecha en el poder, cuya supina ignorancia nos muestra la devastación de buena parte de nuestro sistema educativo básico en manos privadas. La tan traída y llevada historia de bronce, cuya demolición emprendieron hace ya un buen tiempo los revisionistas al gusto y a la orden… de la derecha, se corresponde puntualmente con otra historia, ésta de oropel, tan maniquea y falsificada como se insiste ha sido la primera. Es esta visión de los supuestos vencidos en Ayutla, pero vencedores en sus escuelas confesionales y salones de té, y ahora también ganadores de la tómbola democrática, la que seguramente obnubiló a los mandatarios del gobierno federal y les impidió acercarse a las fechas conmemorativas con un mínimo de humildad intelectual y un máximo de arrojo e imaginación políticos. La oportunidad de una reflexión sobre nuestra evolución como Estado nacional y sociedad organizada, sobre sus problemas acuciantes de hoy y las maneras varias como nuestros antecesores encararon situaciones críticas como las de ahora, fue echada por la borda de una nave escorada. Incluso antes del sálvese quien pueda. Abajo, en un fondo que por desgracia no hemos tocado, se han dado cita la corrosión moral y la corrupción política más espeluznantes, cuyo reconocimiento es la única manera de emprender la dura y dolorosa salida del hoyo. Sin esta combinación nefasta, agravada por la inepcia panista, por su miedo a gobernar según la atinada descripción de Carlos Arreola, el país habría podido sobreponerse a las impertinencias de sus sucesivas crisis económicas e incluso a las veleidades a que se han dado con ligereza los usufructuarios de la transición democrática. En vez de ello, sin embargo, lo que se impuso fue una desaforada carrera por apoderarse del mando y la riqueza nacional, sin parar en mientes sobre lo suicida de la senda por la que los varios flautistas del Hamelín del cambio nos han llevado. Antes del engañoso 2012, quizás a partir del 20 de noviembre próximo que el gobierno y sus exégetas no podrán siquiera recordar con propiedad, el país tiene que adentrarse en este círculo dantesco de violencia, criminalidad y colusión, como una condición sin cuyo cumplimiento todas las otras tareas ingentes que tenemos ante nosotros no podrán ser acometidas. La Reforma de Juárez y los suyos, que todavía nos llena de orgullo a muchos, tuvo que ser, para volverse realidad de gobierno y unidad, una revolución moral y cultural capaz de involucrar a todos, salvo a quienes no le vean a México más salida que la sumisión a un poder ajeno, imperial. Los soñadores actuales de la anexión por adición a Estados Unidos, que encabezó Fox y ahora quisiera conducir el gobierno del presidente Calderón, tienen como destino la pesadilla de la descomposición política y la disgregación social. Sólo a la izquierda, que hoy se debate en su propia banalidad autodestructiva, podrá México encontrar el nuevo hilo de Ariadna que lo saque del laberinto en que se metió a finales del siglo pasado bajo la ilusión de una salida rápida, un fast track, que sólo existe en las cabecitas locas de algunos vendedores de cuentas de vidrio. México no está para celebraciones y sólo una autosatisfacción narcisista puede pretender llevarnos a festejar victorias sociológicas inventadas o proezas económicas cuyos costos todavía no acabamos de estimar, mucho menos de pagar. Es el tiempo de la reflexión y de un revisionismo honesto, no lucrativo, como el que ejercen algunos de nuestros grandes de la historia, como León Portilla o Enrique Florescano, o el Álvaro Matute a quien ahora rinden homenaje en espléndido volumen sus discípulos y colegas. Esta es la tela que nos queda y vaya que tiene de dónde cortar. Para imitar a los gringos: no es la economía, ni siquiera la política… es la historia y con ella la moral. Ahí está la clave.

LAS DIRECTRICES DE LA POLITICA EXTERIOR EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE (VI-VI)

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Iturbide convocó a la Junta Provisional Gubernativa, conformada por 38 individuos notables, quienes se encargarían de nombrar una Regencia formada por cinco miembros, presidida por el propio Iturbide. El 4 de octubre de 1821 la Regencia nombró cuatro Secretarios del Despacho: Justicia y Asuntos Eclesiásticos, Guerra y Marina, Hacienda, Relaciones Interiores y Exteriores, recayendo el nombramiento en este último ministerio en José Manuel de Herrera. La Junta, nombró una Comisión de Relaciones Exteriores integrada por Juan Francisco de Azcárate, el Conde de Casa de Heras y José Sánchez Enciso, para elaborar un Dictamen en donde se examinaran y recomendaran las acciones de política exterior del Imperio. La Comisión presentó dicho documento el 29 de diciembre de 1821. La Comisión expresaba que las relaciones exteriores del Imperio estaban determinadas por cuatro criterios: por la Naturaleza (con las naciones bárbaras de indios, angloamericanos, Rusia, Guatemala, Inglaterra, Islas de los Mosquitos y Costas de los Mosquitos); por Dependencia (Cuba y Puerto Rico); por Necesidad, Roma (La Santa Sede), y por Política (España, Francia, y los estados independientes de la América del Sur).
Se amplían estos criterios. Las naciones bárbaras de indios eran aquellas tribus al norte de la Nueva España, que si bien pudieron haber estado establecidas dentro del territorio de la Nueva España, aquellas también eran tierras despobladas a las que no llegaba el orden virreinal de forma eficiente, por lo que estas tribus gozaban de cierta autonomía y era preferible no confrontarles, ya que de hacerlo las ciudades del norte de la Nueva España hubiesen sido víctimas de su ferocidad. Para fines de la lucha de independencia, los insurgentes tenían clara la política exterior estadunidense: se trataba de una política expansionista, por lo que era indispensable que esta nación reconociera a todas luces la independencia de la Nueva España para darles a conocer "la instalación del Gobierno soberano, manifestarles la mejor disposición de entablar un comercio útil a ambas potencias (...) con exclusión de los puntos que puedan perjudicar la agricultura o industria del Imperio y la igualdad de derechos que se señalen a las demás naciones; ratificar el Tratado de Límites y que cualesquiera excesos en que se haya incidido en esa parte por alguna de las naciones se reponga".
Otra relación por Naturaleza es con Rusia. No obstante los enviados diplomáticos de Alejandro I en América elogiaron la grandeza de la Nueva España y su potencial para ser una nación completamente independiente, Rusia se negaba a reconocer la independencia que finalmente terminaría aceptando.
Respecto a Guatemala, reconocía su independencia y la forma de gobierno y aceptó la anexión de la provincia de Chiapas. Respecto a Inglaterra, el principal objetivo era la ratificación del Tratado de Versalles, con el fin de que fuera respetado el dominio y soberanía sobre el territorio. Respecto a Cuba, Azcárate proponía considerar que la isla aún se encontraba bajo el dominio español, por lo que era necesario "siempre fijar la consideración del Gobierno para precaver las empresas hostiles que pudieran dirigir contra la Península de Yucatán en tiempos de guerra, y en los de paz para impedir el contrabando".
Sin embargo, no se descarta que en Cuba, influenciada por el movimiento independentista de América, despertara el espíritu libertador, por lo que la Nueva España en todo momento pretendía mostrar su apoyo incondicional. Con Puerto Rico la visión es prácticamente la misma. Otra directriz necesaria era con la Santa Sede, ya que la religión era un sinónimo de educación desde que se había sembrado la semilla evangélica en la época de la conquista; esto y el hecho de que la Nueva España estuviera dispuesta a seguir contribuyendo con una cuota a la Iglesia, a cambio de "sus beneficios", serviría posteriormente para que Roma presionara al Estado español para el reconocimiento de la Nueva España como una nación soberana.
Con España no se negaba el carácter despótico del Gobierno, así como el hecho de que España "no hizo lo que pudo ni lo que debió" para el beneficio de su colonia, mas había una amplia disposición para reconocer a España como la madre patria, en tanto España. Francia es vista como una gran potencia que inspiraba gran respeto y admiración por los héroes de independencia, cuyo pensamiento político del siglo de las luces había influenciado a los insurgentes, por lo cual la política exterior mexicana se dirigiría primeramente a entablar un lazo por el cual Francia reconociera la independencia de Nueva España y, sobre esa base, realizaría un intercambio tanto comercial, así como científico y artístico. Para con los estados independientes de América del Sur se encontraba una conveniencia recíproca y de hermandad, que se originaba en una sola identidad en la época, el deseo de la libertad; se pensaba en una unión y hacerles participar en todas las buenas consecuencias del movimiento independentista.
Luis Chávez Orozco denomina, acertadamente, a este esquema de nuestra política internacional como el movimiento primordial en la historia diplomática de México.

CARLOS SALINAS Y OTROS EXPRESIDENTES DE MÉXICO

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Cualquiera que haya sido, fracasó el propósito del presidente Felipe Calderón al invitar a la cena del 15 de septiembre a los cinco expresidentes vivos (algunos de ellos vivísimos). Sólo dos acudieron: su correligionario Vicente Fox, con quien Calderón mantiene una relación ambigua y oscilante; y Carlos Salinas de Gortari, quien aprovechó el convivio para hacer política, como está en su naturaleza. Se abstuvieron Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo. En Palacio Nacional, Salinas explicó su presencia como una contribución a la unidad nacional. Con su reconocida sagacidad, recogió la expresión varias veces pronunciada por su anfitrión, quien todavía el lunes 13 retornó a esa idea –que en él es como una cantaleta, consciente como está de la polarización causada por su ascenso a la Presidencia. Salinas retomó ese propósito y quiso obsequiarlo. Pero su presencia se sumó a la de Fox, que en campaña lo desdeñó llamándolo Salinillas y acabó aceptándolo como cómplice en la maniobra para desprestigiar primero y desaforar después a Andrés Manuel López Obrador. Si el objetivo de la invitación a los expresidentes era ofrecer un fresco de la unidad nacional encarnada en esos exmandatarios, el propósito no se logró. En otros tiempos, la imagen de que los expresidentes reunidos significan la unidad nacional ha sido fructífera. Manuel Ávila Camacho, como lo recordó el propio Salinas, convocó a sus antecesores en septiembre de 1942. México acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial y pareció conveniente al hermano de Maximino (el general Andrés Ascensio de Arráncame la vida) mostrar que las querellas internas, sobre todo las producidas por la Revolución, habían quedado atrás. Asistieron al Grito, en un acto que entonces se llamó “de acercamiento nacional”, los expresidentes De la Huerta, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Rodríguez y Cárdenas, citados en el orden cronológico de su presidencia. El acto fue significativo por la presencia de Cárdenas y Calles, quienes apenas seis años antes habían roto y ahora encarnaban interpretaciones opuestas de la Revolución en el poder. Después del Grito, los invitados se fueron a su casa. En cambio, casi una veintena de años después el presidente Adolfo López Mateos convocó a sus predecesores no sólo a reunirse, sino a aceptar responsabilidades en su gobierno. Algunas designaciones rayaban en el ridículo, como la que recayó en Ortiz Rubio como representante del gobierno en el patronato de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos. O significaban muy poco, como en el caso del presidente convencionista Roque González Garza, quien recibió nombramiento de coordinador de las obras del gobierno federal en la Vega de Metztitlán; y, casi en el mismo nivel, el encargo hecho al otro Adolfo, Ruiz Cortines, quien aceptó con desgano ser delegado fiduciario de Nacional Financiera en el Fideicomiso de Minerales Metálicos no Ferrosos. Otras encomiendas tuvieron relevancia, ya porque la tenían de suyo o porque los expresidentes les dieron sustancia. Este último fue el caso del general Lázaro Cárdenas como director de la Comisión del Balsas (ya lo era de la correspondiente al río Tepalcatepec), de Miguel Alemán al frente del Consejo Nacional de Turismo y de Abelardo Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional de Pesca: ambos organismos eran consultivos pero sus titulares los dotaron de funciones sustantivas. Emilio Portes Gil ya era director de la Comisión Nacional de Seguros y fue confirmado en su cargo en esta oportunidad, el 7 de diciembre de 1961. Surcaban a la República entonces fuertes tensiones, resultado del enfrentamiento de corrientes poderosas: el Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por Cárdenas, y el Frente Cívico de Afirmación Revolucionaria (llamado Frente Cínico en la revista de izquierda Política), que agrupaba al alemanismo y al callismo. El efecto mexicano de la Revolución Cubana, la movilización sindical que se gestó durante el sexenio anterior, y el creciente papel de algunos intelectuales (casi todos vinculados a la Universidad Nacional) como “conciencia del país”, obligaron a López Mateos a afianzar su poder mostrándose por encima de los “ismos” que ventilaban sus querellas. De allí su convocatoria a los expresidentes, que todos atendieron. En cambio, tres de los cinco invitados de Calderón no se presentaron en Palacio Nacional. Aunque es el expresidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo, Ernesto Zedillo no viajó a México, situado como se halla en ámbitos extranjeros y, por lo que se ve, resuelto a no involucrarse en asuntos mexicanos, como no sea a través de posiciones genéricas de corte académico. Miguel de la Madrid está ahora sí falto de salud, no como cuando respondió a una entrevista de Carmen Aristegui para su libro Transición y cuando autorizó que se radiodifundiera una parte de esa conversación, referida a su heredero Carlos Salinas. Por ese motivo no volvió por unas horas a Palacio Nacional. La misma razón impidió a Luis Echeverría estar presente en la fiesta del Bicentenario. Quiero creer que también lo mantuvo en su caso un mínimo rubor, experimentado no sé si por sus hijas e hijos o por su abogado principal, Juan Velásquez. De aparecer en este momento en público, Echeverría habría sido interrogado sobre los dichos de Heraclio Bonilla, quien junto con Velásquez lo defendió de los intentos de llevarlo a prisión por las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971. Despechado por la morosidad de la familia Echeverría, que le niega o le regatea la parte principal de sus honorarios y le canceló la entrega mensual de un anticipo pactado, Bonilla hizo un recuento sumario de los bienes del expresidente: decenas de bienes inmuebles en la Ciudad de México, el terreno en que se alza el famoso hotel Camino Real Sumiya, en Morelos y, sobre todo, un extenso predio en Playa del Carmen –no aclaró si valuado en 130 millones de dólares o de cuya venta se espera obtener esa cantidad. Sean esas las cifras de su patrimonio, u otras, sobra evidencia de que varias generaciones de Echeverría no padecerán penurias, pues son cuantiosos los bienes acumulados por el expresidente. No se le conocieron nunca negocios que produjeran ganancias voluminosas engendradoras de otros negocios. Fue desde joven servidor público, siempre en ascenso: director de Administración en Marina, oficial mayor de la SEP, subsecretario y secretario de Gobernación y presidente de la República. Por muy bien administrados que sean, sus sueldos y prestaciones no alcanzan para formar, ni con el más estricto sistema de ahorro, un caudal como el que ostensiblemente posee el expresidente o el que se presume a partir de la demanda civil de Bonilla, antaño defensor suyo, hoy su acreedor. Es posible que la fortuna de Echeverría, como la de otros expresidentes, se haya alimentado de la partida secreta que año con año autorizaba la Cámara de Diputados y de cuyo monto y destino el presidente no tenía que rendir cuenta alguna. Es adivinable que buena parte de esos fondos que los presidentes manejaban discrecionalmente fueran a parar a sus cuentas bancarias. De Carlos Salinas dijo el ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, cuando se preparaba para ser secretario de Comunicaciones y Transportes, que se había robado la mitad de la partida secreta, que en el sexenio 1988-1994 sumó cerca de 8 mil millones de pesos. Quién sabe si en esos montos, pero también en el caso de Salinas, como en el de Echeverría, es ostensible su enriquecimiento, que no les impide seguir cobrando su pensión vitalicia como expresidentes, a diferencia de Zedillo, quien renunció a ella porque cobra honorarios en varias fuentes, de negocios o académicas. Es presumible que Salinas utilizara la partida secreta en su provecho, como un regalo de la nación, como pago a sus servicios. No tenía derecho a disponer de ese patrimonio público para fines privados, pues se le autorizaba para el ejercicio de su cargo, no para quedarse con sus fondos. Ya nadie pregunta a Salinas por ese dinero. Goza de la ventaja de la prescripción, es decir, del paso del tiempo que hace olvidar lances de primera importancia. Y por ello se desplaza, cada vez con mayor ostentación, en los terrenos de la política en general y de la electoral en particular, comarcas que antaño estaban vedadas para quienes, habiendo ya bailado, debían sentarse. Salinas, en cambio, está de pie, y camina y trota en pos de objetivos políticos como el que el PRI regrese a Los Pinos por medio de un político a quien él apadrine. El más notorio de quienes están en ese caso es Enrique Peña Nieto, pero maneja cartas alternativas. En su activismo Salinas ha incluido, por lo que se vio la noche del Grito, la idea de apoyar a Calderón. Antes lo hizo con Fox. Lo hará con cualquiera que ni siquiera pida, sino insinúe que lo requiere.

LAS CANDIDATURAS COMUNES Y EL EDOMEX

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

En las democracias es natural que los partidos políticos eventualmente forjen alianzas electorales. Si bien los partidos se distinguen por sus diferentes identidades ideológicas, en determinadas coyunturas políticas se explica que concurran conjuntamente, ya sea coaligados, ya sea proponiendo a un mismo candidato ante el electorado en busca de su voto.

Las razones para que se concreten esas alianzas o convergencias en los hechos son tan variadas que van desde razones ideológicas hasta de mera oportunidad política. Es cierto que desde una perspectiva ideal, una coalición o la postulación de una candidatura común debería estar sustentada en una base programática común, pero muchas veces eso no ocurre y en ocasiones responde a cálculos puramente pragmáticos, justificados o no, pero que son consustanciales al juego político.

Por eso, tratar de condicionar desde las normas la posibilidad de que se produzcan alianzas electorales, agravando los requisitos para que las mismas se concreten, resulta contradictorio con las dinámicas propias de los sistemas de partidos en una democracia.

Me parece que las reglas del juego deberían en este tema ser preferentemente flexibles y permitir que las convergencias políticas puedan irse articulando libremente a partir de las más diversas coyunturas. Por supuesto que lo deseable sería que toda alianza electoral tuviera un sólido sustento ideológico y programático, pero en todo caso, eso le toca justificarlo a los partidos que eventualmente se coaliguen o que postulen conjuntamente a un candidato y el juicio final sobre dichas alianzas le corresponde al elector.

Por eso la decisión que la mayoría calificada de los legisladores del Estado de México tomó ayer de eliminar de la Constitución y del Código Electoral de dicha entidad la figura de las candidaturas comunes, y preservar sólo la de las coaliciones electorales (que es mucho más gravosa y complicada que las primera), es a mi juicio restrictiva y regresiva.

Y no lo es sólo por los excesos verbales que han rodeado esa operación política, como la desproporcionada idea que vendió el gobernador Enrique Peña Nieto (que, por cierto, en su momento fue postulado por una alianza electoral) en el marco del discurso de su V Informe de Gobierno al equiparar el daño que implican las alianzas electorales con el del crimen organizado, sino porque va a contracorriente de la tendencia que venturosamente se ha venido imponiendo en los últimos tiempos sobre el tema.

Luego de lo ocurrido ayer, resulta inevitable pensar en la regresión que implicó la reforma electoral de 1990, cuando en el plano federal se prohibieron las candidaturas comunes (que habían sido permitidas por las reformas de 1977 y de 1986) como una clara reacción al inesperado resultado que obtuvo la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas por varios partidos que en las elecciones presidenciales de 1988, y se endurecieron los requisitos para conformar coaliciones electorales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las legislaciones estatales fueron flexibilizándose y en muchos casos se reintrodujeron las candidaturas comunes y se facilitó la formación de coaliciones. El Estado de México fue uno de esos casos. Mediante la reforma electoral local de 2001-2002 se introdujeron las candidaturas comunes, mismas que fueron mantenidas y precisadas en la última reforma de 2008.

Sería inocente pensar que en el Estado de México no está ocurriendo algo semejante a lo que pasó en 1990 y que la figura de las candidaturas comunes genera un fundado temor. Desde finales del año pasado, el gobierno local parece estar encaprichado por impedir que pueda concretarse una alianza opositora en las elecciones del 2011, primero con el acuerdo firmado por las dirigencias del PRI y del PAN ante el testimonio del otrora Secretario de Gobernación y hoy, luego del éxito electoral que en tres Estados tuvieron las coaliciones PAN-PRD en los comicios del 4 de julio, con la supresión legal de las candidaturas comunes.

Lo peor del caso es que, visto el sentido flexibilizador que sobre este tema ha caracterizado la evolución del derecho electoral en los últimos lustros, es muy posible que, ante la anunciada interposición de una Acción de Inconstitucionalidad por los partidos que se oponen a la medida, la Suprema Corte eche abajo las reformas, con lo que, paradójicamente, el propio gobierno del Estado de México se habrá convertido, con su obsesión sobre el tema, en uno de los principales promotores de una coalición opositora en casa. Ya veremos.