PRIMERO EL PROYECTO, LUEGO EL CANDIDATO

MIGUEL CARBONELL

Ahora que ya se han renovado las dirigencias de los tres principales partidos políticos en México y que se despeja la ruta para definir las candidaturas presidenciales hacia la contienda de 2012, quizá convenga recordar lo importante que es no quedarnos solamente en una discusión sobre nombres y apellidos, sino avanzar hacia una definición de proyectos y programas. De hecho, lo ideal sería que cada partido definiera como primer paso el programa que le va a ofrecer a los electores, para luego buscar a la mujer o el hombre mejor preparados para realizar esa propuesta en caso de que resulten electos. De esa manera los ciudadanos tendrían elementos para hacer una elección racional y no basarse solamente en la imagen del candidato, en sus cualidades físicas o en la forma en que pronuncia los discursos. Una ciudadanía bien informada necesita saber el tipo de proyecto político que quiere impulsar un partido, para decidir si le da o les niega el voto a sus candidatos. Hacerlo de otra manera es votar a ciegas, confiando solamente en elementos intangibles que pueden llevarnos a una pérdida importante de tiempo. Sería relevante saber qué quiere hacer el PRI, como partido, en materia educativa por ejemplo. ¿Qué cambiaría respecto a lo que se hace actualmente?, ¿qué política seguiría para mejorar el nivel académico de nuestras universidades?, ¿qué tipo de controles e incentivos aplicaría en la edu cación básica?, ¿qué decisiones tomaría respecto al sindicato magisterial? Sería igualmente importante saber qué quiere hacer el PRD en materia de seguridad pública. Hemos escuchado que algunos de sus miembros dicen que la actual estrategia defendida por el gobierno de Calderón no sirve. Necesitamos que nos digan exactamente qué parte es la que no funciona y qué harían ellos para mejorar: ¿cómo capacitarían mejor a nuestros policías?, ¿cómo alinearían los esfuerzos de la Federación con lo que hacen los estados y los municipios?, ¿qué propuestas concretas tienen para llevar adelante la gran reforma penal que el país necesita?, ¿cómo limpiarían la enorme corrupción de los reclusorios? En el caso del PAN es probable que las dudas sean menores, ya que es el partido que lleva más de 10 años en el poder y nada indica que el próximo candidato o candidata vaya a desmarcarse de lo que han venido haciendo los presidentes Fox y Calderón. Es probable que las líneas económicas principales se mantengan y que las principales políticas públicas no sufran grandes variaciones. Solamente si los partidos son capaces de comenzar a plantear propuestas para los temas de fondo que necesita resolver el país, es que las elecciones del 2012 serán algo más que una mera consulta sobre qué candidato tiene al mejor asesor de marketing. México merece ya, a estas alturas, campañas basadas en ideas, no en simples eslóganes o cancioncitas. Necesitamos definir qué opción partidista tiene las mejores propuestas para que México crezca económicamente, para que seamos una mejor opción como destino turístico, para que aprovechemos lo mucho o lo poco que nos queda de petróleo, para que tengamos un país seguro en el que podamos salir a la calle sin temor a ser ejecutados o secuestrados, para que contemos con la infraestructura necesaria para exportar nuestros productos en la economía globalizada del siglo XXI, etcétera. Si no generamos una gran discusión nacional sobre las alternativas, los costos, los actores y las responsabilidades de llevar adelante cada tema, seguiremos votando a ciegas, sobre la base de lo que nos quieran “vender” los magos del marketing político. El riesgo de quedarnos hasta el año 2018 con un presidente que es una incógnita y al que conocemos solamente por la tele y el periódico es demasiado alto. Si discutimos primero los proyectos y las propuestas, tendremos muchos más elementos para encontrar el perfil idóneo (dentro de cada partido) para encabezar la campaña del 2012. Hoy tenemos apenas algunos esbozos, como los artículos de periódico que publica Enrique Peña Nieto, el libro de López Obrador sobre su proyecto de nación o las iniciativas de Manlio Fabio Beltrones en el Senado. Del lado del PAN las propuestas no han abundado, seguramente porque casi todos los posibles candidatos siguen estando a la sombra o bajo las órdenes de Calderón. No sabemos qué quiera o pueda hacer Josefina Vázquez Mota en el tema de la reforma hacendaria, ni qué piensen Cordero o Lujambio sobre la forma en que hay que fortalecer la infraestructura física del país (puertos, aeropuertos, carreteras). Sería bueno saberlo con tiempo, para poder definir el voto y, de esa manera, el futuro que queremos para México. Esperemos que la lucha por el 2012 sea, sobre todo, una batalla de ideas y no solamente de imágenes.

CUENTAS Y CUENTOS DE LA EXENCIÓN A COLEGIATURAS

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La nueva noticia suele eclipsar a la anterior, pero ello no debería ser suficiente para dejar de atender asuntos medulares para el país, como es la educación y las decisiones que sobre ella se toman. Hace unas semanas el Ejecutivo federal decretó hacer deducible del Impuesto Sobre la Renta el pago de colegiaturas en escuelas privadas, de preescolar a bachillerato. Para soportar tal medida, se argumentó que no se afectarían los recursos disponibles para la educación pública y que no habría efecto regresivo para la población, sino incluso lo contrario. Los propios datos oficiales evidencian que no es así: se causará un daño importante a la disponibilidad de recursos para invertir en educación al tiempo que la medida beneficia claramente a los hogares de mayor ingreso. Tómese, para empezar, como buena la cifra de 13 mil millones que implicará el gasto fiscal del decreto. Ese es el monto que el gobierno estima dejar de recaudar. ¿Cuánto es en términos de los presupuestos públicos destinados a la educación? En primera instancia, 13 mil millones parecen poco significativos, pues el gasto del sector público en educación fue en 2010 de 488 mil millones de pesos, de acuerdo al IV Informe de Gobierno del presidente Calderón. Es decir, se dejarían de recibir recursos por menos del 3% del gasto público en educación. Sin embargo, el problema está en que más de 90% del gasto en educación se va al pago de nómina, de salarios, por lo que la capacidad de invertir en infraestructura en las escuelas, para dotarlas desde agua potable y baños, hasta computadoras y laboratorios, es por demás limitada. Entonces, las decisiones de gasto, la innovación posible, se hace sobre montos reducidos de recursos, que hay que cuidar y optimizar. Tan es así, que toda la inversión física del sector público federal en educación ascendió en 2009 —último dato disponible— a 19.86 mil millones. Es decir, por la deducción de colegiaturas se va a perder el equivalente a 76% de todos los recursos públicos disponibles para inversión física en educación. Ello, en un escenario de muy insuficiente oferta pública de educación en los niveles medio superior y superior. Siguiendo con las cifras del IV Informe, la deducibilidad implica más del doble de los recursos con que cuenta la Secretaría de Educación Pública para realizar inversión física. El año pasado la SEP dispuso de 5 mil 839 millones para inversión física, el 44% de lo que se dejará de percibir con la deducción. Los 13 mil millones representan, además, 3.5 veces la inversión física en ciencia y tecnología que realiza el país. Si se suman los recursos otorgados para inversión física al Consejo Nacional de Fomento Educativo, a la UNAM, a los Centros de Investigación Especializados, al Cinvestav del IPN y al Conacyt, el monto llega a 9 mil 367 millones. Es decir, de canalizar a esas instituciones los 13 mil millones en vez de transferirlos a particulares, su presupuesto en este importante rubro para la innovación pudo haberse más que duplicado. Por tanto, el costo de oportunidad de la deducibilidad resulta muy alto, pues equivale a todo lo que se dejará de invertir en educación, ciencia y tecnología. Véase ahora el efecto en la distribución del ingreso. México es una sociedad en extremo desigual. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) muestran que el gasto total en educación de un hogar perteneciente al decil de mayor ingreso es 25 veces el de un hogar del decil de menor ingreso. Sin embargo, si se toma en cuenta el gasto en colegiaturas, la diferencia se ahonda a 285 veces. Lo anterior, porque los pobres no suelen gastar en escuelas privadas, aunque sí en materiales escolares. De hecho, los hijos de los primeros siete deciles —el 70% de los hogares del país—, en su amplia mayoría, prácticamente el 100%, no van a la escuela particular. En el decil VIII, 11.5% va a particulares y 88.5% a las públicas. En el decil IX, 20% acude a escuelas privadas y 80% a oficiales. En el 10% de hogares de mayor ingreso, 39.6% de los hijos va a las privadas y 60.4% a las públicas. Es decir, la deducibilidad beneficiará a lo sumo a 7.1% de los hogares, situados en la parte alta de la pirámide socioeconómica del país. Los datos oficiales y el discurso oficial producen, en este tema, cortocircuito.

EL PRESIDENTE: DIRECTOR DE LA POLÍTICA EXTERIOR

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

La fracción X del artículo 89 de la Constitución dice a la letra que es facultad y obligación del Presidente: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales... sometiéndolos a la aprobación del Senado". En consecuencia el único responsable de la política exterior es el Presidente y no su secretaria de Relaciones Exteriores que es simple y llanamente una "secretaria" (jefa de las oficinas o Secretaría del caso), por lo que ni dirige ni es tampoco la responsable directa de aquella política; y con mayor razón en un sistema presidencialista como el nuestro, lo que implica que el Presidente es el jefe del Gobierno pero sin depender de la confianza de las Cámaras, como por ejemplo en el sistema parlamentario, salvo la aprobación, por ejemplo, de parte del Senado de los tratados internacionales celebrados por el Presidente y lo concerniente a los nombramientos del Procurador General de la República y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (fracciones IX y XVIII del artículo 89). En tal virtud no es suficiente la comparecencia reciente de la canciller Patricia Espinosa, la que no despejó dudas muy serias en la Cámara Alta. Sin embargo el Senado, según lo anunció, exigirá "al Gobierno Federal" otro informe sobre el viaje del Presidente Felipe Calderón a Washington pues en el primer documento que entregó a esa cámara no hay referencia al acuerdo de cooperación militar entre ambos países, mismo que, afirma el Gobierno, permite vuelos de aviones estadounidenses en el espacio aéreo nacional. Los legisladores subrayaron la urgencia de que la cancillería detalle lo relativo a un posible acuerdo entre el Presidente Calderón y el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama mediante el cual, según publicó el periódico "The New York Times", se concretó la decisión de que aeronaves no tripuladas estadounidenses sobrevolaran México.
Ahora bien, lo cierto es que ni la Secretaria de Relaciones Exteriores ni el "Gobierno Federal" (así, in extenso) son los responsables directos de la conducción de la conducción de la política exterior del país. Lo es en cambio, única y exclusivamente, el Presidente de la República. No lo sostengo por interpretación tendenciosa de la fracción X del artículo 89 de la Constitución, sino porque la letra de ésta es inequívoca: es facultad y obligación del Presidente "dirigir la política exterior". Por lo tanto en acatamiento al Texto Supremo y en caso de duda, sobre todo siendo grave, el Senado debe citar al Presidente de la República para interrogarlo. A nadie más. La situación es muy delicada e incluso algunos legisladores, en el colmo de una exasperación justificable, han solicitado juicio político para el Presidente. Yo pienso al respecto que antes de invocarlo, lo que evidentemente procede con fundamento en una interpretación teleológica o finalista del artículo
110 constitucional, es de citar en el Senado, repito, al Presidente de la República. Y no importa si no hay una disposición específica en el Reglamento del Congreso o en el del propio Senado, o si la hubiera confusa, no clara, puesto que debe prevalecer la norma superior. Por desgracia ha proliferado en México una tendencia a politizar los mandatos constitucionales cuando se trata del Presidente, dejando la Carta Magna a un lado. No hay que confundir las cosas ni llamar a cuentas a quien sólo obedece instrucciones de su superior. Por eso afirmo que sin subterfugios de ninguna clase el Senado debe convocar al Presidente, ya que la letra de la Constitución es categórica. La situación, insisto, es muy delicada. No es la soberanía cuestión menor, aparte de los insulsos e inconsistentes argumentos de los entregados -y entreguistas- a la globalización. Se han dicho cosas muy fuertes en contra del Presidente de la República y de su política exterior, las que se han querido matizar cubriéndolas con el velo de la diplomacia. Calderón, Obama, Clynton, Pascual, han sido el eje de un torbellino. Y para colmo de torpezas por allí se filtró la noticia, hace pocos días, de que la Procuraduría General de la República iba a investigar quiénes violaron o pudieron violar la soberanía nacional mediante incursiones aéreas. El hecho es que con piloto o sin piloto se dispuso la entrada en espacio aéreo mexicano de aviones provenientes de los Estados Unidos. ¿Quién lo dispuso o quiénes lo dispusieron? ¿Quién dio o quiénes dieron su autorización? Con la agravante de que la Secretaria de Relaciones Exteriores dijo en el Senado, ¡figúrese usted!, que el Presidente lo permitió porque la ley no se lo prohíbe. ¿De qué ley habla? ¿Cuál ley? ¿Qué espera el Senado para preguntarle directamente al Presidente? ¿No es político hacerlo? ¿Tampoco es diplomático? Menos lo es, además de antipatriótico y violatorio de la Constitución, recurrir a terceras personas cuando el director y conductor de la política exterior es el Presidente. A todos los partidos y corrientes políticas de la Cámara Alta les conviene que Calderón explique, argumente, razone, sin evadir nada, absolutamente nada. Y permítaseme una metáfora, tal vez dulzona, a propósito del pasado 21 de marzo: ¡Juárez nos ve! ¡Qué incongruencia rendirle homenajes y soslayar la norma suprema! Que el Senado no tenga escrúpulos infundados. Él no hizo la Constitución, pero la debe aplicar en la especie porque tiene facultades expresas. ¿Y de qué sirven tantas palabras de crítica, tantas protestas y reconvenciones, si tiembla la mano a la hora de recurrir a la Constitución? Que no tiemble y antes de pensar en el juicio político que se cite al Presidente para que hable y explique. Eso es la democracia y no los acuerdos entre el agua y el aceite sólo para ganar espacios de poder. Eso es la democracia y no la atomización de los partidos en corrientes disímiles y pendencieras.
Por último, el pueblo cree en el diálogo aunque sea imperfecto. Es mejor el diálogo y hasta el interrogatorio político que las explicaciones pueriles, torpes, de secretarios de Estado lambiscones que salen al quite de su jefe. El soliloquio discursivo no sirve. Es acartonado y maquillado. Que el Senado cite al Presidente y le haga preguntas inteligentes en espera de respuestas lógicas y coherentes.

PRAGMATISMO VS. PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

La contienda democrática no supone únicamente la mera competencia electoral entre alternativas políticas diversas (partidos y candidatos), sino, ante todo, la confrontación, de cara a los ciudadanos, de diferentes diagnósticos sobre la realidad y los problemas de una sociedad así como de los programas políticos que se proponen para enfrentarlos. En ese sentido, el régimen democrático supone la discusión y el contraste programático como esencia de la vida política. Por ello, normativamente, los partidos políticos deberían ser entendidos como entidades asociativas de ciudadanos que libremente confluyen en torno a una ideología y un programa político particular que los identifica y diferencia; mientras que las elecciones deberían ser concebidas como un espacio en el que esos programas se afinan, se someten a la crítica, y se defienden en un ejercicio de discusión colectiva para que los electores, con su voto, se inclinen por uno o por otro candidato. En la realidad, salvo algunas contadas excepciones, ocurre lo contrario. Los partidos políticos son aparatos de control de clientelas encabezados por grupos dirigentes que, de manera más o menos democrática, deciden a partir de criterios de oportunidad, de modo pragmático, convenenciero y, las más de las veces, cortoplacista. Por otra parte, las elecciones son meras competencias entre membretes y entre candidatos en donde la batería de propuestas políticas pasan a un segundo plano en las estrategias de campaña frente a la promoción personalizada del candidato o la construcción de una frase (o de unas cuantas) de campaña impactante mediáticamente, pero generalmente vacía. No es difícil constatar lo anterior: una de las principales afecciones del sistema democrático es el vaciamiento ideológico y programático que caracteriza la discusión política en general y a los partidos políticos en particular. Éstos se han convertido en maquinarias electorales —cuando no electoreras—, en donde el plano de la ideología que se supone determina su razón de ser, está completamente relegado. Y no se trata de un fenómeno exclusivo de alguna fuerza política en particular; la orfandad ideológica es algo que atraviesa todo el espectro del sistema de partidos. La importancia que debería tener la dimensión ideológica y programática, está claramente reflejada en las normas electorales. Para existir, un partido debe contar con documentos básicos que, además de los estatutos, se encuentran la declaración de principios (es decir los postulados ideológicos que se sostienen) y el programa de acción (o sea, la ruta política para perseguir aquellos). Por otra parte, el Cofipe exige que para cada elección los partidos registren ante el IFE sus plataformas electorales (art. 27, 1, e), que son el conjunto de propuestas políticas con las que se presentarán de cara a los electores durante las campañas. En ese sentido, ese requisito, la presentación de la respectiva plataforma, es una condición indispensable para que los partidos puedan registrar candidatos (art. 222). Además, la ley establece que la finalidad de la propaganda electoral y de los actos de campaña es “la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral” (art. 228, 4). Finalmente, el Código también les impone a los partidos la obligación de difundir sus plataformas electorales a través de los espacios que les corresponden en la radio y la televisión. En los hechos, todas esas prescripciones son letra muerta. Las plataformas son, en el mejor de los casos, un requisito —sin duda fastidioso— que debe cumplirse. La elección de 2012 se presenta como una oportunidad para reivindicar el papel que tienen la ideología y los programas políticos en la contienda democrática. El país está atravesado por múltiples y muy diversas crisis, y los comicios federales se presentan como una verdadera oportunidad para que conozcamos la evaluación que las fuerzas políticas hacen de los problemas que nos aquejan y las propuestas que nos presentan. Pero no será algo espontáneo por parte de la clase política. Nos toca como ciudadanos crear los contextos de exigencia para que ello ocurra; premiar el debate de fondo y rechazar la estridencia y la confrontación barata. Tenemos que hacernos cargo de que en democracia los “para qué” importan. Es por ellos que la contienda política deja de ser una mera lucha del poder por el poder y deviene una herramienta que nos permita orientarnos como sociedad hacia el futuro.

EL DEDAZO DE TELEVISA

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Las revelaciones de Arturo Montiel (Proceso 1793) confirman que los priistas nunca han elegido a sus candidatos presidenciales, pues hasta la elección del año 2000 –cuando perdieron la Presidencia de la República– dicha atribución correspondía al presidente de la República, quien tomaba la decisión y buscaba la vía para instrumentalizarla; y en 2006, de acuerdo con el exgobernador, siguió prevaleciendo la voluntad presidencial, aunque en ese entonces fuese un panista quien utilizó a Televisa para impulsar la candidatura de Roberto Madrazo. Durante el priismo, las televisoras fueron muy útil instrumento para modelar una opinión pública favorable al régimen autoritario; como fieles “soldados del presidente”, como alguna vez señaló Emilio Azcárraga Milmo, obedecían ciegamente sus instrucciones y, por lo mismo, ocultaban, manipulaban o inventaban información para beneficiar al gobernante en turno. En el primer gobierno de la alternancia, la relación tuvo cambios importantes, aunque no en lo sustancial, ya que Fox entendió, incluso desde antes de ser candidato a la Presidencia, que requería del apoyo de las televisoras, primero para ganar la elección, y después para gobernar. Únicamente así pueden entenderse las concesiones y consideraciones que tuvo con los dos integrantes del duopolio, que fueron desde la tolerancia con TV Azteca ante la ilegal toma de las instalaciones de Canal 40 y el apoyo que le brindó para que se quedara con la concesión, hasta el famoso decretazo del 2 de octubre de 2002 –que redujo a una décima parte los tiempos fiscales– o el otorgamiento de varias decenas de permisos para que Televisa instalara casas de juego por todo el territorio nacional. Y por el adelanto del libro de Montiel, publicado la semana pasada en Proceso, Fox también utilizó a Televisa para entrometerse en la designación del candidato priista a la Presidencia de la República, pues veía en Roberto Madrazo un candidato cómodo para cualquier aspirante blanquiazul, como finalmente resultó. Sin embargo, de ser cierto el testimonio de Montiel, Televisa rápidamente aprendió la lección y en el presente sexenio –el segundo de la alternancia– ya operó por su cuenta, no siguiendo instrucciones presidenciales, sino obedeciendo únicamente a sus instintos e intereses. Y quizá quien primero le mostró el camino a Televisa fue el mismo Montiel, pues hay que recordar que el primer candidato de la televisión, de principio a fin, fue precisamente el delfín de Montiel: Enrique Peña Nieto. Desde que Montiel designó a Peña Nieto como candidato tricolor a la gubernatura del Estado de México, Televisa se hizo cargo de la imagen de éste, primero para que ganara las elecciones estatales, y, después, para proyectarlo hacia la candidatura priista a la Presidencia de la República en 2012. Y, hasta hoy, las encuestas de preferencia electoral muestran que lleva una amplia ventaja sobre el resto de los contendientes, tanto internos como externos. Pero a pesar de que las lealtades –de Peña Nieto con Televisa y de ésta con el gobernador– parecen probadas, Televisa no quiso poner “todos los huevos en una sola canasta” e impulsó a otros candidatos con perfiles similares, que le permitieran tener segundos mejores en caso de que su candidato predilecto sufriera algún accidente, en sentido metafórico; por ello apoyó decididamente a Rodrigo Medina para que alcanzara la gubernatura de Nuevo León. De acuerdo con las versiones que circulan entre los priistas neoleoneses, dicho respaldo fue mucho más allá de lo que se vio en las pantallas televisivas. Conforme a tales versiones, los directivos de Televisa hablaron directamente con quien en ese entonces encabezaba las encuestas de preferencia electoral –al menos en la contienda interna– entre los priistas, que era Abel Guerra, para obligarlo a renunciar a sus aspiraciones. Los integrantes de la cúpula priista no lanzaron la convocatoria sino hasta que estuvieron seguros de que Guerra no se inscribiría como precandidato a la gubernatura, pues sabían que contaba con los recursos económicos y humanos para eventualmente ganarles la elección interna, especialmente contra Medina, quien entonces apenas era conocido por 25% de la población de la entidad. Tanto el entonces gobernador Natividad González Parás como la dirigente nacional del tricolor, Beatriz Paredes, intentaron convencerlo de que desistiera, pero ninguno cumplió su cometido. Por lo que tuvieron que ser los directivos de la televisora quienes lo disuadieran amenazándolo con utilizar toda la fuerza de sus pantallas para destruir su imagen personal. Ante dicha amenaza, Guerra optó por ser candidato a la alcaldía de Monterrey, puesto que perdió en la elección constitucional por segunda vez consecutiva. Durante el proceso electoral, Televisa hizo sentir su apoyo decidido a Medina, básicamente denostando al candidato panista Fernando Elizondo en sus noticiarios y ofreciéndole espacios muy generosos al candidato priista en todo tipo de programas, particularmente los de mayor audiencia. La fórmula funcionó y Medina ganó con amplio margen los comicios. En ese caso, como en el de Peña Nieto, todo se lo deben a Televisa, ya que antes de que ésta se hiciera cargo de la promoción de su imagen eran totalmente desconocidos y logró posicionarlos por encima de sus oponentes (Rubén Mendoza y Yeidckol Polevnsky, en el Estado de México; y Elizondo, en Nuevo León), quienes sí contaban con cierto reconocimiento entre los electores de sus respectivas entidades. En ambos casos la estrategia fue muy similar: amplia exposición para sus candidatos, mucha de ella fuera de los programas noticiosos, y frecuente denostación de sus opositores. Pero Televisa no se conforma con gubernaturas, y va por la Presidencia en el 2012. Ya tiene seis años trabajando en la construcción de la imagen de Peña Nieto, por lo cual tampoco ahora los priistas podrán decidir quién será su candidato a la Presidencia de la República, porque será una mera validación de la designación de la televisora. Y, desde luego, su intención no es únicamente conseguir que sea el candidato tricolor, sino que sea el próximo presidente, como antes lo hicieron gobernador. Así que, eventualmente, también a la ciudadanía nos arrebatan nuevamente la facultad de elegir al próximo presidente, y la jornada electoral simplemente sirve para validar la designación de Televisa.

PASCUAL, EL EMBAJADOR WIKILEAKS

JENARO VILLAMIL

“¿Qué injerencia tiene el embajador de Estados Unidos en la política de combate al crimen organizado? ¿Es cierto que el presidente Felipe Calderón no lo recibe? ¿Quién le proporciona la información?”, le preguntó la ex embajadora y actual senadora priista Rosario Green a la canciller Patricia Espinosa durante su tortuosa comparecencia del jueves 17 de marzo en Xicoténcatl. Espinosa no respondió a estas interrogantes. Se defendió frente a las constantes críticas por la violación a la soberanía que representan los sobrevuelos de aeronaves espías de Estados Unidos en territorio mexicano y se enredó en los detalles del operativo Rápido y furioso, pero mantuvo hermetismo total sobre el futuro del embajador norteamericano Carlos Pascual. Dos días después, el diplomático de origen cubano-americano, experto en “Estados fallidos”, confirmó lo que era un rumor generalizado en todo el gobierno de Felipe Calderón: a raíz de la divulgación de los cables diplomáticos que la embajada estadunidense envió al Departamento de Estado, sus días estaban contados en México. En sus cables “confidenciales” y “secretos” Pascual documentó lo que revistas como Proceso o periódicos como La Jornada habían evidenciado: que la misión diplomática de Estados Unidos y agencias de inteligencia de este país fueron los artífices de detenciones y operativos espectaculares, como el que llevó a la muerte de Arturo Beltrán Leyva; que Washington ya no confiaba en oficiales del ejército ni en Genaro García Luna y estaban preparando a “sus” marines mexicanos a través de un cuerpo de élite de la Armada y, sobre todo, que las perspectivas políticas para el 2012 eran muy negras para el gobierno de Felipe Calderón. Lo grave, para Calderón, no fue lo que dijera sino que lo plasmara en cables diplomáticos que fueron filtrados por Wikileaks. Dejó de ser un secreto, entonces, que Washington tenía perfectamente monitoreadas la debilidad, las incongruencias y la falta de estrategia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno calderonista. Lo peor es que dejó testimonio por escrito y Calderón, tan reactivo a los golpes informativos, decidió presionar al gobierno de Barack Obama para que cambiara al embajador indiscreto por uno más discreto.ç ¿A cambio de qué? ¿Cuáles fueron las negociaciones secretas? Eso aún está por verse. Lo cierto es que Pascual no era bien visto por Calderón no sólo desde que se filtraron los cables de Wikileaks sino desde que el diplomático mantuvo una relación sentimental con la hija de Francisco Rojas, coordinador de los diputados del PRI, ex director general de Pemex durante muchos años y, sin duda, pieza clave en la trama de relaciones y alianzas del priista Enrique Peña Nieto para el 2012. Cables incómodos Algunos de los pasajes más controvertidos de los cables que se divulgaron por los medios europeos y La Jornada, a raíz del convenio con Wikileaks, la organización de Julian Assange que ha dado más de un dolor de cabeza geopolítico, son los siguientes: 1.-La Caída de Arturo Beltrán Leyva.-El cable 3573, clasificado como “secreto”, fue redactado por Carlos Pascual el 17 de diciembre de 2009, y relata de manera abierta la injerencia de Estados Unidos en el operativo que condujo al enfrentamiento y muerte de Arturo Beltrán Leyva: “La unidad que realizó la operación recibió entrenamiento amplio por parte de Estados Unidos. La muerte de Arturo Beltrán Leyva no resuelve el problema de las drogas en México, pero esperamos que genere un momentum necesario para lograr avances sustantivos contra las organizaciones del tráfico de drogas. “Funcionarios de las agencias de aplicación de la ley en la embajada (estadunidense) dijeron que la operación del arresto contra Arturo Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar (Secretaría de Marina) información detallada sobre su ubicación”. Los siguientes párrafos del largo reporte constituyeron dinamita pura para el ejército y para Genaro García Luna, el innegable socio y artífice de la guerra del narcotráfico de Calderón: “La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado una capacidad de respuesta rápida a información de inteligencia. Su éxito pone al ejército (Sedena) en una posición difícil para explicar por qué ha sido reacio a actuar sobre información de inteligencia buena y a realizar operaciones contra objetivos de alto nivel. “Las agencias de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre Arturo Beltrán Leyva), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo que representa para la institución una importante victoria en la lucha contra los narcóticos. “La Sedena proporcionó apoyo a la Semar durante la lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, pero sólo puede tomar un poco de crédito del éxito de la operación. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, también puede contar como un perdedor neto en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva. La SSP considera como su responsabilidad los blancos (líderes) de la organización de Beltrán Leyva, y García Luna ya ha dicho en privado que esta operación debió haber sido suya”. 2.-Los “agentes encubiertos” asesinados.- Para los medios en general pasó desapercibida una de las revelaciones más delicadas de los cables filtrados por Wikileaks, pero no para los círculos de inteligencia de ambos países. El 23 de enero de 2009, el cable 193, clasificado como “secreto y para no ser compartido por ningún gobierno extranjero” reveló lo siguiente: “Desde 2007 han sido asesinados 10 agentes mexicanos, contactos cercanos de la DEA, siete de los cuales eran integrantes de Unidades Especiales que habían sido sometidos a escrutinio. “De manera similar, en los últimos dos años han sido asesinados 51 contactos del FBI. “Más de 60 de los mejores agentes de México en los que depositamos nuestra confianza y con quienes colaboramos en investigaciones sensibles, compartimos información de inteligencia… han sido asesinados por los cárteles”. 3.-La falta de inteligencia y las rivalidades.-El cable 3195, fechado el 10 de noviembre de 2009, es un recuento muy crítico de las fallas del gobierno de Calderón en materia de combate al narcotráfico. Señala que esta administración “carece de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y para realizar operaciones específicas.” Sin embargo, la parte más delicada es la siguiente: “Funcionarios de la embajada (estadunidense) reportan que, por ejemplo, la Sedena tiene bien establecidas unidades de inteligencia que desarrollan operaciones contra jefes de los cárteles. En general, no comparten información o análisis con las fuerzas que han sido desplazadas a los lugares para la lucha antinarcóticos, como Ciudad Juárez. “A nivel local, las fuerzas de la Sedena desplazadas a las plazas calientes raramente desarrollan o utilizan información de inteligencia táctica. De hecho, no cuentan con cuerpos profesionales de inteligencia para recolectar información, operan virtualmente a ciegas excepto cuando reciben tips anónimos… Una parte que fue veneno puro para los responsables civiles de la guerra de Calderón fue la siguiente: “La rivalidad entre el procurador general de la República (Eduardo) Medina Mora (posteriormente reemplazado por Arturo Chávez Chávez) y Genaro García Luna, de la SPP, minimiza dramáticamente la cooperación e intercambio de información entre las dos agencias”. 4.-Panorama “sombrío” para el PAN en 2012.-Pascual no sólo se concentró en revelar las consideraciones de Estados Unidos en materia de narcotráfico (habló en otros cables de “corrupción generalizada”) sino, también, de escenarios político-electorales. El 9 de marzo pasado, La Jornada divulgó este cable redactado a fines del 2009 en el que señala que el PAN está “seriamente debilitado” y el panorama para las elecciones presidenciales del 2012 es “sombrío”. “Mientras tanto, el PRI está en ascenso, manejando con cautela su unidad ilusoria en un esfuerzo por dominar las diez elecciones para gobernador del año próximo… “Las perspectivas del PAN son sombrías y el presidente Calderón parece a veces preocupado y dubitativo acerca de la mejor manera para reforzar las perspectivas de su partido”. El Desafío informativo Como en todo, Calderón elige emprenderla contra el mensajero, pensando que se modificará el mensaje y la percepción de su gobierno mejorará, aunque más de 4 años de ineficacia lo desmientan. Por eso no ocultó ante The Washington Post y El Universal su animadversión hacia el embajador estadunidense, quien tenía menos de 20 meses en México. Pascual pertenece a la generación de neohalcones que manejan una tesis sobre los Estados fallidos. No por nada, antes de llegar a nuestro país estuvo en Ucrania (donde vivió la “revolución naranja”, hecho muy similar a lo ocurrido aquí en el conflicto poselectoral de 2006) y sabe exactamente el valor de cada palabra que escribió, aunque quizá nunca pensó que fueran a filtrarse de manera tan rápida y generara la furia tan reactiva de la administración de Calderón. Pascual no dijo nada que no se ventilara en otros medios y en los propios circuitos del gobierno calderonista. Lo peligroso fue que documentó con mucha precisión cómo Washington utiliza los errores, la falta de coordinación, la corrupción y la vulnerabilidad de los organismos responsables del combate al narcotráfico para avanzar en una estrategia de injerencia mayor en México. Esto tampoco es nuevo en los embajadores de Estados Unidos. Utilizan todos los mecanismos posibles para presionar y obtener concesiones de un régimen tan debilitado como el mexicano. La diferencia radica en que ahora estos asuntos ya no se ventilan sólo en privado. Se han documentado y ventilado. ¿Buscaba Pascual también ese objetivo? Es difícil saberlo. Wikileaks ha generado un tsunami en todas partes del mundo con la difusión de cables que estaban destinados, presuntamente, a un consumo interno. El efecto Wikileaks en México es muy claro: lejos de haberse fortalecido, el gobierno de Calderón es visto cada vez más como una administración débil ante Estados Unidos y fallida en su lucha contra el narcotráfico, por más spots que nos receten en televisión y otros medios electrónicos para convencernos de que 35 mil muertos constituyen un éxito en una guerra sin horizonte claro.

CHUCHO Y LOLA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

La foto de ayer en Reforma (p. 6) es más que elocuente; rodeados por personajes que parecen sacados de los cuentos de la familia Burrón, Jesús Zambrano y Dolores Padierna rinden protesta, al unísono y sin dirigirse una mirada, uno como presidente del PRD, la otra como secretaria general. Ayer mismo, en el noticiero de Carmen Aristegui, protagonizaron su primer duelo de monólogos.
Si alguien pensó que lo peor que le podía pasar al PRD ya había ocurrido, se equivocó. La comedia que escenificaron los consejeros y jefes de las tribus queda para el libro de la picaresca política. Los adversarios irreconciliables terminaron por unirse en santa alianza para cada uno tomar su parte en el reparto de los despojos.
Nada resolvieron de sus discrepancias actuales, salvo el compromiso de no aliarse con el PAN para las elecciones presidenciales de 2012. Mientras tanto, cada tribu seguirá su propio camino, en espera de lo que ocurra el domingo próximo con la consulta para definir la alianza en el Estado de México. Los Chuchos optaron por darle esquinazo a Marcelo Ebrard, al que dejaron en distante tercer lugar, con solamente 36 votos, ya que el jefe de Gobierno perdió siete de los que habían apoyado sus propuestas en la primera ronda.
Jesús Zambrano Grijalva, el ex guerrillero que en su juventud salvó la vida de milagro, asume la conducción formal de un partido que ha perdido toda noción de ética política, cualquier recato en su imagen pública. Si para retener el control del aparato burocrático es necesario dormir con el enemigo, bienvenida la solución, nada les quita el sueño.
La flamante secretaria general clama por el retorno a la identidad perdida, mientras proclama su lealtad para con Andrés Manuel López Obrador, a quien agradece el apoyo que les brindó a ella y a su esposo, René Bejarano, el mismo al que Carlos Ahumada entregó fajos de billetes para financiar las campañas perredistas, según consta en el inolvidable video titulado "el señor de las ligas".
Con lenguaje socarrón, Bejarano confiesa a los reporteros que nunca dejó de participar en el PRD, cosa que ya sabíamos pero los dirigentes de ese partido se empeñaban en negar. El ex jefe de asesores de Andrés Manuel López Obrador se muestra a la luz pública como lo que nunca dejó de ser: el emisario del tabasqueño en las negociaciones con las tribus adversarias, con un poder que le permite colocar a su esposa en la segunda posición dentro de la dirigencia, lista para tomar por asalto la oficina de la presidencia, o encabezar a sus huestes en la fuga, si así lo decide el líder que los respalda.
Dolores Padierna anuncia que combatirán la alianza que los Chuchos preparan en el Estado de México, pero nada dice de las alianzas en Nayarit, en Coahuila o la que se está fraguando para competir por los municipios en Hidalgo. Zambrano le responde que será "el pueblo" quien tome la decisión, pero que si no hay un candidato aceptable, entonces irán con Alejando Encinas a pedirle que acepte la candidatura, que sabe destinada al fracaso.
Lola y Chucho omiten dar explicaciones de lo que han pactado para compartir lo que del PRD queda. Pronto lo veremos, cuando anuncien la integración del Comité Ejecutivo Nacional y el reparto de posiciones y candidaturas, lo que seguramente corresponderá al número de delegados que cada tribu tiene bajo control, conforme a la demostración de fuerza -o de pobreza política- que dieron la tarde del domingo.
Si a lo dicho ayer por Zambrano atendemos, la coalición entre amarillos y azules en el Estado de México está muerta, ése es el precio que los Chuchos decidieron pagar a López Obrador a cambio de los votos controlados por René Bejarano. Con o sin consulta, el PAN se quedará colgado de la brocha y tendrá que decidir si rompe los pactos en los otros estados.
A Ebrard las fichas no le alcanzaron para convertirse en fiel de la balanza. Con apenas 36 votos, el jefe de Gobierno exhibió una extrema debilidad, en el balance de fuerzas internas y en sus dotes como negociador. Fue hecho de lado por tirios y troyanos, sin el menor respeto por su cargo y aspiraciones, a las que el resultado del domingo descarrila, quizá de manera irreparable.
Como lo proclamó López Obrador en su arenga dominical: el PRD tiene líder, y su morena, candidato presidencial: es él.

JAPÓN: EL PÁNICO "CIVILIZADO"

VÍCTOR KERBEL PALMA

Hacia 1973, como resultado de la desesperación en la que cayó el pueblo japonés cuando el sobreprecio del petróleo desató un tsunami inflacionario, el escritor Sakyô Komatsu publicó una novela apocalíptica bajo el título de Nihon Chinbotsu (El hundimiento de Japón). La trama está basada en un hecho real: el archipiélago nipón se localiza en los linderos de una placa tectónica que puede ocasionar una alta mortandad. Si una gran porción de tierra se hundiera en el mar, se produciría un éxodo de sobrevivientes por el mundo. Ocurre que la imaginación de los novelistas compite con los influjos de la naturaleza, y a veces ésta gana. Komatsu vislumbró un megadesastre con miles de náufragos arribando a las costas de China, Corea y el Sureste Asiático, lugares donde persisten los resentimientos por los desenfrenos del ejército imperial en la guerra. Aunque Japón sigue ahí a pesar de los terremotos ocurridos en días pasados, el éxodo ha comenzado. Cientos de personas huyen en busca de refugio en el sur; más aún, muchos contemplan la posibilidad de salir del país, atemorizados por la contaminación radiactiva provocada por las explosiones en los reactores de Fukushima. Las islas japonesas, dicen los geofísicos, se han desplazado más de dos metros desde su posición original y hasta se cree que el planeta entero se movió sobre su eje. Es difícil creer que el país de alta tecnología, robots, diseños fantásticos, historietas manga, cerezos en flor, rollizos luchadores de sumo, Akutagawa y el monte Fuji, se encuentra hoy sumido en la peor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hace tiempo que los japoneses dejaron de tener gobierno, si por tal entendemos una autoridad visible con capacidad de decisión sobre los asuntos de Estado. Y es que en el último lustro han tenido no menos de seis primeros ministros, prácticamente uno por año; todos aspiran a por lo menos cinco minutos de gloria; todos quieren concurrir a una reunión de jefes de Estado y saber qué se siente. Los japoneses confían demasiado en la capacidad administradora de su aparato burocrático, siempre previsor, siempre exacto. No hay procedimiento que no tenga reglas, y si algunas no están en el manual emerge la parálisis. Les resulta increíble la improvisación. Para tener una idea, el manual para casos de desastre –accesible por internet– recomienda tener a la mano dinero en efectivo, pasaporte, certificado de seguro, tres litros de agua potable, alimentos no perecederos, teléfono móvil con cargador, pañuelos desechables, cinco toallas, una linterna, un radio portátil, un paraguas, ropa para el frío, casco, guantes, tapabocas, una bolsa grande de basura, un refractario transparente para la comida, algunas ligas, cobijas, periódicos (se advierte que no son para leer, sino para protegerse del frío), fotos de la familia, un silbato, un par de lentes para quienes padecen de la vista, medicamentos de uso habitual, toallas femeninas, un aparato de música para tranquilizarse además de la radio, cinta adhesiva, un cojín y un abrelatas. Las instrucciones de cómo actuar si hay un terremoto no son menos insólitas: hay que abrir puertas y ventanas, poner el equipaje en la entrada de la casa, calzar zapatos con suelas gruesas, cerrar de inmediato las llaves del gas, cocinar arroz (suponemos que sin gas), recargar la batería del celular antes de que se interrumpa la energía eléctrica, y apagar las luces después de desconectar todos los enchufes. Eso hay que hacerlo en pocos segundos, mientras el subsuelo trepida bajo los pies y las edificaciones se desploman. No es humor negro. Se recomienda permanecer tranquilo ya que (literal) “el terremoto durará al menos 24 horas”. Los simulacros periódicos resultan impecables, no así las realidades. Quienes se apegaron al manual con seguridad fueron arrasados por el tsunami. Aun así, lo admirable en la población, por sobre todo, es su disciplina y estoicismo. Un amigo me escribe desde Tokio que en estos momentos ya no le preocupan ni las réplicas ni el tsunami, sino los efectos de los reactores nucleares. “Hay un ambiente de pánico”, dice, pero agrega con un dejo de orgullo: “aunque muy civilizado”. ¿Pánico civilizado? Sólo en Japón… En el terremoto de Hanshin, que destruyó buena parte de Kôbe en 1995, muchas personas perdieron la vida por apegarse al manual. Se encontró a algunos con el cuerpo molido bajo los escombros pero con el casco y la linterna o el celular en la mano. Hubo muertos entre los hierros retorcidos de los muebles de cocina, pero, eso sí, apagaron las hornillas. Escenas similares hallarán en Sendai, ciudad que, por cierto, comparte con México un episodio histórico que data del siglo XVII, cuando una misión de samuráis partió de ahí a entrevistarse con el virrey. La expansión de las ondas radiactivas es imprevisible; la sola idea de morir quemado por las radiaciones debe ser aterradora para quienes mejor que nadie conocen los efectos nucleares sobre la humanidad inerme. ¿Se agregará Fukushima a los tristes casos de Hiroshima y Nagasaki? ¿Exagera el gobierno u oculta la verdadera dimensión del problema? Ya hubo un caso de encubrimiento cuando Tokyo Electric Power Company (Tepco), propietaria también de los reactores de Fukushima, minimizó los daños causados por un temblor en la central de Kashiwasaki-Kariwa en julio de 2007. La central cerró por un tiempo. La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se comprometió a ayudar en la investigación del accidente, y solicitó a Tokio que en lo sucesivo se informara con transparencia a fin de aprender la lección. Sin embargo, el aprendizaje sigue pendiente porque el gobierno de Naoto Kan todavía no ofrece información precisa sobre las radiaciones emitidas desde la central de Fukushima ni de cómo pretende contrarrestarlas. Ante la crisis, el primer ministro arremetió contra el operador de Tepco: “¡Qué diablos pasa!”, le dijo. La respuesta no llega. La biografía oficial de Kan subraya su carácter hiperpragmático; sus amigos lo llaman “Ira-Kan” por iracundo. En cambio su esposa Nobuko le ha fabricado una reputación de incompetente a través de un libro titulado ¿Qué diablos va a cambiar en Japón ahora que tú eres primer ministro? Cuestiona en él la capacidad de su marido para liderar a la potencia asiática y señala: “Me cuestiono si es bueno que este hombre sea primer ministro porque lo conozco bien”. Ambos llevan 40 años casados. Nadie augura mucho tiempo para Kan en el poder. No sólo las regularidades de la política japonesa demandan su salida, sino que va creciendo el descontento de la población por los malos manejos de la crisis. Hay escasez, no hay transportes, la economía está semiparalizada y, peor aún, no existe información clara sobre los peligros de contaminación radiactiva. El pánico todavía es “civilizado”, aunque no son descartables las movilizaciones a favor de la paz y en defensa del medio ambiente. Cuando el pánico se transforma en organización ciudadana en Japón, aflora el espíritu aguerrido de los samuráis. Ejemplos hay muchos en la historia reciente. Se intentó un golpe mediático con la aparición del emperador Akihito llamando a la calma. Fue inaudito más no impresionante, no tanto como cuando su padre, Hirohito, se dirigió a sus súbditos para llamar a la rendición después de las bombas atómicas. Si Hirohito era divino, Akihito devino en simple mortal, simple extravagancia para las generaciones más recientes. Japón es todavía un pilar en la economía regional de Asia Pacífico pese a que le ha cedido a China el puesto de segunda potencia económica en el mundo. Sigue siendo la mayor fuente de inversión extranjera directa en muchas partes de Asia y un generador significativo de ingresos provenientes del turismo, en especial en el sureste asiático y Oceanía, sin que sea menor el turismo dirigido a China y el propio Estados Unidos. Para Filipinas y Rusia, las remesas provenientes del “país del sol naciente” son también una fuente importante de ingresos. Los efectos económicos del marasmo nipón ya se dejaron sentir en los mercados accionarios. El Banco Central de Japón ha tratado de paliar el impacto monetario mediante inyecciones masivas de yenes, pero la moneda sigue al alza y eso encarece los productos exportables. Y es que entre otras cosas las cadenas de producción se han interrumpido; para un país acostumbrado a la exactitud eso puede ser ruinoso. Llevo tres décadas de visitar Japón de manera intermitente. He sido becario, invitado especial de la Casa Imperial, conferencista, diplomático, investigador de la historia japonesa, asesor de empresas y simple adepto de la exquisitez cultural del pueblo yamato. Me tocó vivir la experiencia turbadora del terremoto de Hanshin en 1995 y soy testigo de la increíble capacidad que tienen los japoneses para sobreponerse. Lo que está pasando es insólito. Uno de los países más ricos del planeta en este momento demanda la solidaridad y apoyo de todo el mundo. La Brigada de los Topos, comandada por Héctor El Chino Méndez, está en lo suyo, como estuvo en Kôbe, donde se le recuerda bien. México fue asimismo generoso con Japón cuando ocurrió el gran terremoto de Kantô en 1923, con un donativo espléndido de 50 mil pesos en oro; ese gesto se retribuyó cuando ocurrieron los sismos de 1985 en nuestro país.

LA CONSULTA QUE VIENE

JAVIER CORRAL JURADO

El próximo domingo 27 de marzo se realizará la Consulta en el Estado de México para conocer la opinión de los los ciudadanos en torno de una Alianza entre el PAN y PRD que postule un solo candidato y un programa común para la próxima elección de Gobernador del Estado. Convendrá participar en la medida en que interese, no sólo la alternacia política en esa entidad, sino el futuro de México. Porque la eventual coalición entre estos partidos puede descarrilar el proyecto de regresión que encabeza Enrique Peña Nieto y los peores intereses que le acompañan. Para embestir la construcción de esa coalición, primero han tratado de descalificar la consulta e incluso de desanimar o predisponer a la gente en torno del proceso y luego, conscientes de la manera en que se está potenciando en la opinión pública la idea aliancista, Peña Nieto y sus asesores políticos - disfrazados de encuestologos -, lanzaron los días pasados una campaña de denostación a la coalición a través de un operativo de call center entre simpatizantes priístas, con más de doscientas posiciones, en donde se condena "la alianza perversa" y se les hace una abierta invitación para que vayan a votar en la consulta y manifestarse por el NO. El "invencible" Peña Nieto que, hace apenas una semana, dijo que no le haría el caldo gordo a la consulta, está en plena promoción de la participación priísta, porque sabe perfectamente que de resultar mayoritariamente a favor la opinión ciudadana, acontecerá su primer revés y los partidos tomarán ineludiblemente la ruta de firmar un convenio de coalición con todas las posibilidades de arrebatarle el Gobierno Estatal, lo que en términos reales le significa perder la chequera estatal de donde ha financiado su candidatura presidencial. Por los elementos con que ahora contamos en torno de la injerencia indebida de Peña Nieto en el proceso de consulta, hemos decidido reforzar las medidas de seguridad y vigilancia de esa jornada que estará bajo la responsabilidad de Alianza Cívica y Propuesta Cívica, a las que se ha conferido su organización y despliegue territorial asi como la certificación y validez de los resultados. Los partidos políticos de común acuerdo aceptaron que un Consejo Ciudadano formado por personalidades independientes, de reconocido prestigio y trayectoria democrática, funja como autoridad sobre los aspectos relacionados con la organización técnica y logística de la Consulta Ciudadana. Integrado por Miguel Angel Granados Chapa, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lucila Servitje, Tatiana Clouthier, María Fernanda Campa, Ricardo Raphael, Alberto Aziz Nassif y José Antonio Crespo, éste consejo tiene como atribuciones, vigilar la realización de la Consulta conforme al reglamento aprobado, y atender las quejas o denuncias respecto a la organización y desarrollo de la jornada de opinión. Durante el próximo domingo se instalará en sesión permanente, y los partidos podrán participar con sus representantes en el transcurso de ésta, con derecho a voz pero no a voto. Hemos manifestado que nos ceñiremos a lo que ese grupo defina en torno de la validez de los resultados. Es la primera ocasión que ambos partidos convocan a una consulta para este propósito, a lo largo de la historia de sus alianzas electorales que data de hace 20 años, y ha tenido tres etapas. La tercera, que es la realizada en 2010 y 2011, ha sido la más complicada y a la vez, la que presenta la elección local más importante para los propósitos estratégicos de la política coalicionista entre ambos partidos. Se instalarán 1000 mesas receptoras de consulta instaladas en los 125 municipios del Estado, y estarán atendidas por las personas designadas por Alianza Cívica, debidamente identificadas. Podrán participar los ciudadanos con credencial para votar con dirección del Estado de México, que deberán registrarse en un formato de participación. Se votará mediante papeletas que contienen los elementos de identificación de la Consulta, la pregunta y el espacio para registrar la opción de participación de cada persona. Las opciones de respuesta son SI – NO y NO SABE. Además contienen elementos propios de seguridad para diferenciar las papeletas debidamente acreditadas. Los elementos de seguridad se harán públicos el día de la Consulta a través de la página de Internet. La promoción de la consulta está a cargo de los integrantes de los partidos y de cualquier persona interesada en hacerlo. Las personas que el día de la Consulta estén haciendo promoción deberán estar como mínimo a 10 metros de la mesa de Consulta. Por ningún motivo, quienes están promoviendo la Consulta pueden interferir en el procedimiento de participación de la Consulta. Durante el cierre y el conteo, quienes lo deseen pueden estar presentes y estar junto a la mesa, para observar todo el procedimiento sin interferir con los materiales, la cuenta y los procedimientos de la Consulta. El Presidente del PAN, Gustavo Madero, delineó claramente el objetivo, y explicó sin rodeo alguno la consecuencia inevitable para ambos partidos. Es interesante el planteamiento, por lo que entrañaría para el PAN ir un método abierto o por encuesta del candidato de esa eventual coalición. Dice Madero: "el objetivo es muy claro: transparentar la decisión ciudadana y contrastar el método democrático de la consulta con relación a las formas verticales y autoritarias que pretenden decidir la vida de los mexiquenses. Sólo los ciudadanos pueden y deben decidir su propio futuro.... Nos interesa sobremanera conocer su opinión, que habrá de servir para tomar la decisión sobre una coalición, y construir una candidatura común. Desde ahora afirmo que, de resultar mayoritaria la opinión de la gente a favor de la coalición no puede, ni debe haber, candidatos vetados entre ninguno de los dos partidos que provengan de sus propias filas, y en todo caso, deberá ser el método de elección de éste, el que defina el mejor perfil para esa candidatura".

EL NUEVO SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

La reforma a diversos preceptos constitucionales en materia de derechos humanos se encuentra en proceso de aprobación. Son modificaciones de tal importancia que al Estado mexicano le darán una nueva estructura. Los cambios incidirán en el entendimiento y funcionamiento de los derechos de las personas, pero, también, en el modo de actuación de los órganos de la federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios. Esta incidencia se dará por dos motivos. Primero, porque los derechos humanos se encontrarán previstos en la norma de mayor jerarquía en nuestro orden jurídico y toda norma o acto deberá ser conforme a ellos a fin de no ser anulados. Además, porque los derechos humanos son contenidos que restringen las posibilidades de actuación de las autoridades con el fin de garantizar cierta concepción del ser humano. Con el tiempo se desarrollará una nueva, más completa y más compleja antropología constitucional. La reforma en aprobación modifica las competencias de los órganos de protección a los derechos humanos, incorpora elementos a los de educación y libertad de tránsito, cambia las condiciones del sistema penitenciario y modifica la suspensión de los derechos constitucionales. Todo esto es relevante, pero no suficiente para constituir un nuevo sistema. Las reformas que permiten hablar de él son, a mi juicio, las contenidas en los párrafos primero y tercero del artículo 1° propuesto. En el primero se dispone que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Al día de hoy, los habitantes del territorio nacional podemos oponer a las autoridades los derechos previstos en la Constitución a fin de evitar restricciones a nuestras libertades (tránsito, reunión, expresión, etcétera); igualmente, y aun cuando de manera más azarosa por el tradicional entendimiento del juicio de amparo, podemos proteger nuestros derechos sociales (educación, salud, etcétera). Lo importante es que con la reforma propuesta se podrán oponer también los muchos y diversos derechos establecidos en los tratados internacionales. El mismo primer párrafo da lugar a otro tema con enormes efectos. Dado que los derechos humanos serán el género y los derechos de fuente constitucional e internacional sus especies, el órgano de reformas a la Constitución está creando un “bloque de constitucionalidad”, un conjunto normativo de jerarquía suprema a partir del cual deberá determinarse la validez de la totalidad de las normas jurídicas distintas a la Constitución y a los tratados. Ello se corrobora al admitir que la reforma a los preceptos constitucionales en materia del juicio de amparo, también en proceso de aprobación, posibilita su procedencia contra las violaciones a los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados. En una palabra, a los derechos humanos. El tercer párrafo dispone que todas las autoridades del país deberán “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Al día de hoy, la totalidad de las autoridades deben actuar considerando el contenido de los derechos constitucionales, pues en caso contrario sus actuaciones serán anulables. Lo que el nuevo párrafo dispone no es sólo la condición negativa de actuar conforme a la Constitución a fin de evitar la nulidad, sino de manera positiva a efecto de lograr el más amplio desarrollo de los derechos humanos. Los derechos dejan de ser límites a la actuación para ser horizontes de realización de la actuación estatal. Como nos sucede con tantas cosas, puede pensarse que las reformas propuestas son retóricas o un deseo que la dura realidad habrá de poner en su sitio. Para mí no es así. El órgano de reformas a la Constitución ha entendido que las posibilidades de los derechos humanos dependen de su cabal materialización jurídica. Por ello entrelazó el cambio de esos derechos humanos a un cambio sustancial al juicio de amparo. En su novedosa configuración el amparo está en posibilidad de dotar de contenido y eficacia al nuevo sistema de derechos humanos. Ello requiere la renovada y activa participación de una más combativa ciudadanía, de abogados, académicos y, sobre todo, de los juzgadores federales. Sólo el tiempo dirá si estuvimos a la altura de tan relevante tarea.

ADIOS, EMBAJADOR

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Con tal de mantener a Felipe Calderón tan servicial y contento con la relación bilateral como siempre, Barack Obama por fin cedió al capricho del presidente mexicano en contra de Carlos Pascual. Una vez más los logros de la política exterior mexicana hacia Estados Unidos se limitan al terreno estrictamente simbólico. En lugar de empecinarse en correr al diplomático, Calderón debió haber exigido avances sustanciales en la agenda bilateral. Es cierto que la renuncia de Pascual es la primera salida de un embajador de relevancia durante la presidencia de Obama. Sin embargo, las comunicaciones oficiales de los dos gobiernos a propósito del cambio revelan que no habrá modificación alguna en las relaciones entre Washington y Los Pinos. Al contrario, el movimiento burocrático muy probablemente allanará el camino hacia una mayor subordinación de nuestro país a los designios de Estados Unidos. Desconocemos, por ejemplo, lo que Calderón ofreció a los estadunidenses a cambio de la cabeza del novio de la hija de Francisco Rojas, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Es muy difícil que un nuevo embajador del país vecino despache pronto en Paseo de la Reforma. Los embajadores deben ser ratificados por el Senado estadunidense, y ante la invasión a Libia y la complicada situación política en Medio Oriente es poco probable que los legisladores otorguen prioridad a la relación con México. Seguramente, tal como ocurrió a principios del mandato de Obama, pasaremos un año o aún más con un encargado de despacho representando a Washington. De cualquier modo, quizás tal situación sería la menos peligrosa, porque con un Senado dominado por posiciones abiertamente antimexicanas no hay que esperar nada bueno de esa cámara legislativa. Recordemos, por ejemplo, el freno que los senadores estadunidenses pusieron a la ley de los anhelos (Dream Act) en diciembre pasado, cancelando así la posibilidad para la regularización migratoria de cientos de miles de jóvenes universitarios o integrantes de las fuerzas armadas. Hoy, el escenario es aún más negativo, porque, a raíz de las recientes elecciones legislativas, el Partido Demócrata de Obama cuenta con seis curules menos que en diciembre y apenas controla el Senado por un par de votos. Tanto Calderón como Obama seguramente preferirán que la relación quede en un nivel menos formal. Así, el presidente mexicano podría fungir como el embajador de facto de Washington, concentrando todo el apoyo y los contactos en su persona, evitando que el gobierno de Estados Unidos tenga acceso a puntos de vista divergentes o críticos de su gestión. De esta manera, Obama podrá seguir su política de concebir las relaciones con su vecino del sur como un asunto doméstico y de seguridad nacional, en lugar de tratarlo con una sofisticada diplomacia internacional como merecería el tema. Lo seguro es que el retiro de Pascual llevará a un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia México. Washington no permitirá que la renuncia de su embajador se interprete como un signo de debilidad, y jamás aceptará el papel central que jugaron los cables de Wikileaks, divulgados en exclusiva por La Jornada. Ahora, más que nunca, se ampliará la colaboración en materia de inteligencia, existirán más vuelos militares ilegales sobre el territorio nacional, y cada día más agentes estadunidenses armados deambularán por el país. Mientras tanto, las políticas estadunidenses respecto del control de armas, la regularización migratoria y el consumo de drogas se mantendrán igual o peor que antes. Más allá de acciones simbólicas, hace falta una fuerte sacudida en las relaciones bilaterales. Un presidente mexicano realmente preocupado por defender los intereses de la población mexicana condicionaría abiertamente su participación en la guerra contra el narcotráfico de Estados Unidos a la implementación de medidas concretas del otro lado de la frontera para atender las causas de la carnicería que hemos padecido. La exportación de petróleo nacional a Estados Unidos y el apoyo a la agenda de Washington en foros y organismos internacionales también deberían quedar condicionados a acciones concretas que nos favorezcan como país. Ya basta de que México funcione como simple correa de transmisión de la política internacional de Estados Unidos. Es hora de exigir el lugar que merecemos, y que alguna vez ocupamos dentro del concierto de las naciones.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

MATAR AL MENSAJERO

DENISE DRESSER GUERRA

Felipe Calderón finalmente logró lo que quería. Matar al mensajero. Exiliar al embajador. Descabezar al diplomático. Obtener la renuncia de Carlos Pascual por incomodar al Presidente y señalar las consecuencias negativas de la guerra que desató. Por molestar al Ejército y evidenciar que -en ocasiones- no actúa con la eficacia o la rapidez necesarias. Por señalar las fisuras internas del Estado mexicano y las agencias de seguridad confrontadas que cobija. Por informar sobre la grisura de los precandidatos del PAN a la Presidencia y cómo Calderón no siempre sabe qué hacer para fortalecer su propia posición y la de su partido. Por decir la verdad aunque duela reconocerlo. Verdad que el Presidente no quiere encarar, el Ejército no quiere oír, la Secretaría de Seguridad Pública prefiere maquillar, Acción Nacional quisiera que no fuera cierta.
Verdad recalcitrante que se asoma día tras día a pesar del número de capos arrestados, el número de armas consignadas, la cantidad de cocaína confiscada. México no está ganando la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ni más ni menos. La renuncia obligada del embajador estadounidense no puede ocultar los 36 mil muertos, el ascenso en la adicciones, la escalada de las ejecuciones, el incremento de los secuestros, el aumento de los asesinatos, la intransigencia de la impunidad. Y se nos repite que la violencia es una consecuencia inevitable cuando -como lo señala Eduardo Guerrero en sus magníficos artículos en la revista Nexos- no tendría que haber sido así. Y se nos recuerda que se trata tan sólo de capos destazándose entre sí, cuando en realidad las ejecuciones rebasan el mundo del narcotráfico. Y se nos exhorta a denunciar a los malosos, cuando 98.5 por ciento de los crímenes en el país jamás son resueltos.
Como advierte Sun Tzu en El Arte de la Guerra, toda guerra entraña la decepción, y vaya que México es víctima de ella. El gobierno mexicano no ha sido honesto con la población del país sobre la enormidad de los retos que enfrenta. Los errores contraproducentes que ha cometido. Lo arrinconado que se encuentra. El tipo de ayuda estadounidense que ha solicitado. El grado de colaboración que ha exigido. El número de agentes norteamericanos que ha permitido. Y de allí las contradicciones, las evasiones, las incongruencias que demuestran tanto el Presidente como Patricia Espinosa como la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos demandan que Estados Unidos asigne más recursos, más atención, más importancia a la guerra de Felipe Calderón, pero reculan cuando esa ayuda se hace pública. Cuando esa colaboración es revelada. Cuando iniciativas como "Rápido y Furioso" y los sobrevuelos en territorio nacional -por parte de aviones estadounidenses encargados de llevar a cabo labores de inteligencia- ocupan las primeras planas de los periódicos. Cuando las fallas tanto tácticas como estratégicas del gobierno calderonista son ventiladas en WikiLeaks.
Y entonces comienza la tan conocida costumbre de buscar refugio bajo el paraguas del patriotismo. Entre los pliegues de la bandera nacional. Detrás de las diatribas pronunciadas en nombre de la soberanía. Se acusa a Estados Unidos de intromisión, después de que ha sido asiduamente pedida por Felipe Calderón. Se critica a Estados Unidos de intervención, después de que ha sido solicitada por el propio gobierno mexicano. Se acusa a Carlos Pascual de ser "procónsul", después de que las autoridades mexicanas -por incompetencia o irresponsabilidad- le han asignado ese papel. Se destaza al embajador por su "ignorancia", después de que envía cables que contienen diagnósticos acertados. Certeros. Realistas. Duros de leer pero difíciles de contradecir.
Más que matar al mensajero, Felipe Calderón debería reflexionar sobre el mensaje que envió. Contiene todo aquello que debería llevarlo a repensar la guerra y los términos en los cuales la está librando. A rectificar la estrategia que hasta el momento ha aumentado la violencia sin disminuir el narcotráfico. A replantear la relación con Estados Unidos sobre bases más honestas, consigo mismo y con sus compatriotas. A redefinir el "éxito" de su ofensiva para que la prioridad sea la reducción de las ejecuciones. Porque si no hace eso, poco importará si Calderón consiguió la cabeza de Carlos Pascual, si obtuvo aplausos cortoplacistas, si impuso su voluntad.
Mañana, cuando el embajador estadounidense haya empacado sus maletas, Ciudad Juárez seguirá siendo la ciudad más insegura del mundo. La tasa de homicidios seguirá creciendo de manera alarmante. Las instituciones de seguridad pública seguirán siendo incapaces de prevenir, detectar, investigar o sancionar la gran mayoría de los hechos violentos que atemorizan al país. El gobierno mexicano seguirá pidiendo la ayuda del gobierno estadounidense de manera subrepticia, y negándolo cuando salga a la luz. El mensaje es claro: si no acabamos con esta guerra -mal concebida, mal librada, mal explicada-, ella acabará con nosotros. Y no se necesita leer los cables de Carlos Pascual para saberlo.

EL PRI Y LOS TRABAJADORES

ARNALDO CÓRDOVA

Aprincipios de los años 70, siendo secretario general del PRI, Enrique González Pedrero definió a ese partido, no como un partido de clase, sino de clases. La expresión le resultó redonda al entonces dirigente priísta. En sus largos años de dominación estatal, el antiguo partido oficial (se llamara PNR, PRM o PRI) no tuvo jamás una identidad clasista, en el sentido que le daban al término los viejos marxistas. Más que de clases, era sin clase. El viejo partido, en efecto, sólo se representaba a sí mismo y, como el Estado que gobernaba, su estilo era colocarse por encima de todas las clases sociales. Sólo representaba al poder del Estado y a todos los que se le sumaran. Los trabajadores asalariados y también los del campo o los empleados clasemedieros jamás se han dado una representación partidista. Más bien se las han dado otros. Los primeros, los asalariados, tuvieron en México sus momentos de gloria como clase independiente. Fue a partir de 1932, cuando, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano y organizados en la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), pudieron convertirse en un auténtico movimiento obrero independiente. Eso se prolongó con la fundación, en febrero de 1936, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Entonces, el movimiento obrero fue apolítico, en el sentido de que no se identificaba con ningún partido político. Y lo fue de verdad. Al llegar al poder, el general Cárdenas tuvo que tratar con ese movimiento y sus dirigentes en pie de igualdad y proponiéndoles un plan de alianza política, no de sumisión. Lombardo le propuso a Cárdenas el pleno respeto de los derechos laborales consagrados en la Constitución. Y apechugó. Como extra, le pidió que cerrara todos los casinos y antros de juego. Y apechugó. Eran los tiempos de gloria, cuando el movimiento obrero era de verdad independiente y trataba de igual a igual con el gobierno. Todo ello lo echó a perder el propio Lombardo cuando aceptó, en 1937, que en la campaña electoral de ese año los dirigentes sindicales se convirtieran en diputados del partido oficial. Ese hecho convirtió a la dirigencia sindical en un grupo de poder del Estado y dentro de él. Cuando Cárdenas impulsó la refundación del partido oficial como PRM, la conversión de los dirigentes sindicales en personeros del Estado se dio en automático. Entonces los sindicatos se convirtieron en verdaderas cárceles corporativas de los trabajadores y éstos perdieron su independencia política y, también, su poder de negociación al tratar con los patrones o con el Estado los problemas relativos a su condición de asalariados. La solución a esos problemas dejó de ser materia de trato entre las dos clases fundamentales de la sociedad y pasaron a ser simples disposiciones políticas de gobierno. Antiguos derechos como la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho irrestricto de huelga, los salarios caídos sin límite, durante y luego de una huelga, la seguridad social (aun antes de que se estableciera el régimen de seguridad social con el IMSS), pensiones que aseguraban el retiro con dignidad y, en general, el trato de igual a igual entre los trabajadores y sus empleadores, eran plenamente reconocidos por el gobierno y por las clases patronales. En las reformas laborales no siempre se fue adelante y hubo muchos retrocesos y suspensos obligados para el derecho del trabajo. Pero éste era una roca que permanecía más o menos incólume. Y eso ocurrió durante los regímenes priístas. Con la reforma de 1970, que modificó a fondo la vieja ley de 1931 y en cuya relaboración participó activamente el maestro Mario de la Cueva, el derecho del trabajo persistió con todas sus instituciones fundamentales. Los gobiernos priístas, aunque lo quisieron y dieron innumerables muestras de ello, no pudieron acabar con las clases trabajadoras. Sus derechos se mantuvieron íntegros y, aunque el derecho laboral no fue el mismo de antes, en su esencia se mantenía tal cual. Los gobernantes priístas jamás han estado del lado de los trabajadores. Lo demostraron por el modo en que manejaron la justicia del trabajo. Con ese adefesio inmundo de las juntas de Conciliación y Arbitraje, siempre supieron estar del lado de los patrones y del suyo propio. Los trabajadores siempre perdieron con ellos. Los sindicatos, por supuesto, después de los años 30 dejaron de ser lo que habían llegado a ser: verdaderas organizaciones de resistencia del trabajo asalariado y de defensa de los intereses de los trabajadores. Se convirtieron en entes extraños a esos intereses. Fueron, desde entonces, organizaciones al servicio del Estado y fuentes de poder para los líderes que el Estado mismo reconocía como sus personeros. Los trabajadores, como tales, fueron anulados en el juego político que desarrollaban los sindicatos y sometidos, muchísimas veces por la violencia, a la voluntad de sus dirigentes corruptos y vendidos. No podemos culparlos del papel de peones serviles y dóciles que eran acarreados a las concentraciones priístas o se les conducía a votar por los candidatos oficiales. Estaban dominados. Los líderes sindicales priístas estaban en jauja y sólo se atenían a sus compromisos directos con el presidente de la República y al usufructo de su poder sindical, dominando y sometiendo a los trabajadores a sus fines políticos y de lucro personal. En la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970, ninguno de ellos tuvo nada que decir y, más bien, se cuidaron de expresar sus temores porque sus privilegios pudieran ser afectados, cosa en la que de verdad sacaron las uñas. Esa reforma fue, en gran parte, favorecedora de los intereses patronales y el mismo maestro De la Cueva lo puso muy en claro. Fue por eso que Díaz Ordaz la aceptó. El PRI, en los hechos, ha sido siempre un enemigo descarado de los intereses de los trabajadores. Su cliente, por así decirlo, son sus dirigencias sindicales, tan traidoras y sucias respecto a esos intereses como las mismas dirigencias priístas. No hay hecho que nos diga que los priístas se han comprometido con los trabajadores y sus necesidades. Todo lo contrario: no hay hecho que no nos diga que los priístas sólo han traicionado a los hombres que trabajan y han hecho todo lo posible por someterlos a los peores sistemas de explotación y de opresión. Entre ellos y sus dirigentes sindicales se encontraron los mayores opositores a la reforma de 1970, por la razón, muy obvia, de que temían perder sus privilegios. Los proyectos de reforma laboral que los priístas presentaron en el curso del año pasado los aproximó al viejo derecho del trabajo, planteando una defensa razonable de los derechos de los trabajadores. Sus propuestas fueron rechazadas tajantemente por los grupos patronales. Doblaron las manos y acaban de presentar una iniciativa que será la vergüenza del PRI para siempre: pro patronal y antisindicalista a fondo; negadora de todos los tradicionales e históricos derechos de los trabajadores. Hice un poco de historia para fundamentar lo que me propongo escribir sobre esa malhadada iniciativa en mis próximas colaboraciones. Tal vez ya será tarde, pero valdrá la pena desenmascarar esta felonía del actual priísmo.

TIEMPOS FINALES

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Vivimos tiempos finales de la formación estatal mexicana. Con el fin del presidencialismo económico que tuvo lugar en la última década del siglo XX, la economía fue reconfigurada como economía abierta y de mercado, e inscrita con enjundia en el marco institucional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se iniciaba así la era de la normalización de México, para apresurar su entrada al nuevo y salvaje mundo global. Con esto, se imaginaba el inicio de una etapa de progreso material que la competencia ampliada y sin barreras fortalecería hasta asegurar su reproducción permanente e imponente. México podía no sólo soñar sino aspirar con realismo a incorporarse a lo que se entendía como el primer mundo, aunque para muchos de aquellos entusiastas esa latitud imaginaria terminara en Houston. El cerrojo impuesto a la hegemonía presidencial con las reformas de mercado que hasta la Constitución llegaron, quisieron coronarse con la firma de dicho tratado y posteriormente con una ley de supuesta responsabilidad hacendaria con la que se quiso maniatar no sólo a la Presidencia de la República sino al Congreso de la Unión en pleno, despojándolo de las pocas posibilidades con que ha contado para participar activamente en la factura y la conducción de la política económica. Con la política fiscal bajo estricto y legal recaudo, el reinado de la política monetaria afianzado por la autonomía del Banco de México se volvió absoluto, quedando a la soberanía popular una cada vez más patética disputa por las migajas presupuestales, aderezadas de vez en vez por los excedentes petroleros para de inmediato ser malgastados por los nuevos barones del mercado político abierto por la democracia apenas alcanzada. Estos baronatos, que se sueñan autónomos e incuestionados, aunque sus secretarios de finanzas sigan haciendo la vergonzosa antesala en Hacienda, se han convertido a su vez en una mezcla confusa de poderes de hecho y poderes constituidos, a partir de la cual pretenden marcar la pauta del ejercicio democrático y ponerlo a su servicio. Tan sólo con intentarlo, estas figuras del federalismo salvaje en que desembocaron años de búsqueda de una descentralización más o menos sensata, vacían de contenido a la propia democracia cuya capacidad representativa de los sentimientos de la nación aparece mermada, cuando no inexistente, como podría argumentarse a partir del examen de los presupuestos y su ejercicio, de las decisiones que a diario se toman sobre Pemex o la energía en su conjunto, o de la endiablada cuestión de las comunicaciones donde priva la ley de la selva a ciencia y paciencia de un gobierno esquivo si no es que ausente. En los primeros escarceos de la reforma del Estado en código neoliberal se concluyó que el heredado de la Revolución sufría de demasiados compromisos con las masas y sus bases de apoyo, pero dichos compromisos no fueron en realidad revisados sino pospuestos en su cumplimiento sin fecha de término. Luego llegó el presidente Zedillo, que hizo a un lado toda noción de solidaridad, sepultó cualquier idea redistributiva por considerarla veleidosa cuando no peligrosa y radicalizó la furia liberista hasta dejar en harapos lo que quedaba del Estado nacional popular, so capa de apurar el tránsito a una democracia normal que fuese congruente con la normalidad económica que entonces acababa con la banca mexicana y entregaba el sistema de pagos a la banca internacional. Todo podía caber en el jarrito del nuevo modelo, como pudo presumir de hacerlo su sucesor en la vicepresidencia económica del presidente Fox. Con los acontecimientos internacionales con que inauguramos este terrible año de la antesala sucesoria, y la triste presencia de la victoriosa de Cancún que no acierta a medio leer la Constitución, no digamos a interpretar el rico legado de la tradición mexicana en política exterior, el desvanecimiento del Estado adopta ritmo de vértigo desmantelador. Sin reflejos ni resortes retóricos, el pragmatismo histórico de que hicieran gala los diferentes establos de Relaciones Exteriores se vuelve postración sin condiciones a una realidad impuesta por las necesidades, los escenarios y los juegos de guerra de los encargados de la seguridad nacional estadunidense. El bochornoso consuelo al que han recurrido el presidente Calderón y su secretaria, de retirarle el habla al embajador Pascual, ni a placebo llega. Es, en todo caso, la confirmación adelantada del fin inevitable de una época, de un modo histórico de sobrevivir a la adversidad de una relación desigual, de una forma de gobierno del Estado y de la sociedad. La antesala del relevo presidencial se nos vuelve antesala de un infierno que no nos merecemos. Alzar y al mismo tiempo modular la voz y el reclamo a los grupos dirigentes, se ha convertido en tercera llamada.

LOS RIESGOS DE LAS ALIANZAS

NÉSTOR DE BUEN

Están de moda por lo visto las alianzas entre partidos políticos sustancialmente contrarios. Lo que en realidad ocurre es que a lo mejor no son tan contrarios. o al menos sus directivas actuales. En materia política la alianza entre el PRD y el PAN, obviamente hecha para excluir al PRI del poder, lo que se ha logrado en algunos estados, ha sido ampliamente criticada porque los partidos que la celebran nada tienen que hacer entre sí. Ya veremos sus iniciativas para tratar de ubicarlas en un mundo político razonable. Dudo que las haya de ese género. Ahora la alianza es diferente. Celebrada nada menos que entre el PRI y el PAN sobre los términos de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Aquí mismo hemos leído la justa opinión de Arturo Alcalde y el resultado de una entrevista telefónica que se me hizo. Pero vale la pena insistir en algunos puntos. El tema en lo sustancial está en lo que se propone y en lo que se olvida. Respecto de lo primero, resalta la precariedad de las relaciones individuales de trabajo a prueba, por tiempo fijo, para capacitación (que ya existe en la ley actual) y la disminución en el importe de los salarios caídos en caso de despido injustificado. Se trata, simplemente, de servir a los patrones en lo que más les duele. El aviso de despido se transforma en una carta por correo, certificada, que no conduce a nada, suprimiendo el aviso personal o mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA). Se aumentan las causas de despido por supuestos actos de violencia en contra de algún cliente. Pero como afirma Norahemid Amezcua Ornela en un estupendo artículo sobre el tema, nada se dice si ocurre lo contrario. El trabajador agredido se tendrá que conformar con la agresión. Se defiende el outsourcing, mecanismo truculento para disimular las responsabilidades laborales, excluyendo de ellas a la empresa beneficiaria de los servicios y que hoy en día está francamente de moda para ahorrar al empresario gastos de despido y reparto de utilidades. Olvidando una oferta previa, el PRI propone se mantenga la semana de 48 horas en lugar de las 40 horas que antes había planteado. Lo más grave del caso, en mi concepto, es conservar a las JCA y, sobre todo, reservar para ellas y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el registro de los sindicatos y las tomas de nota de sus directivos. En un proyecto que el grupo del PAN en el Senado presentó hace algunos años, preparado por Carlos de Buen y quien esto escribe, se planteó su sustitución por juzgados de lo social para superar la absoluta dependencia de las autoridades ejecutivas. Se seguía la fórmula española visible en la Constitución democrática de 1978 que acabó con el modelo fascista de la Magistratura del Trabajo, del cual nuestras JCA son rotunda copia. La inventó Mussolini y la copió Franco. En su lugar se proponía la constitución de jueces de lo social dependientes del Poder Judicial. Por supuesto que el PRI impidió que ese proyecto pasara a comisiones. En México, el registro de los sindicatos y la toma de nota de sus directivas están en manos de la STPS y de las JCA y ya se pueden imaginar las consecuencias. Tenemos ejemplos de sobra en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y del sindicato minero. En cierto modo ocurre lo mismo con el derecho de huelga, cuya calificación hacen las JCA obedeciendo, por supuesto, las órdenes de arriba. Hay sin duda el riesgo de que la alianza entre el PRI y el PAN para estos casos sea efectiva. El PRD, si supera sus problemas internos, y los demás partidos de izquierda tienen que prepararse para dar la batalla. Cuentan desde luego con un conjunto de especialistas de primer rango y hoy en día se anuncian reuniones académicas que van a tocar el tema, inclusive en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la Universidad Obrera. Hará falta, por supuesto, un apoyo total por parte de la prensa democrática. Los sindicatos independientes tienen también la palabra. Y por supuesto que tendrá que ser mucho más expresiva que la voz de la CTM, aliada incondicional del PRI y símbolo evidente del corporativismo sindical.

LIBIA Y LA DEBILIDAD DEL ORDEN INTERNACIONAL

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Al amparo de la tibieza y la ausencia de reflejos de Estados Unidos y Europa, así como de la tragedia ocurrida en Japón, el presidente libio M. Gaddafi desplegó sin miramientos una drástica operación bélica contra la población que se opone a su régimen.
La primera reacción de la Unión Europea, y de algunos países en particular, como España, consistió en decretar un embargo a la exportación de armas hacia el gobierno libio. Fue necesario que se constatara el bombardeo contra la población, ordenada por el sátrapa, para que se activaran los mecanismos que debieron haber funcionado desde un principio: ¿bajo qué criterio puede un país democrático y pretendidamente civilizado exportar armas a un gobierno autoritario? Esas armas iban a utilizarse, y para ello no se necesita de amplios servicios de inteligencia, o bien contra países cercanos, añadiendo conflictividad a una zona de frágil estabilidad y de alto riesgo geoestratégico por sus reservas de energéticos fósiles, o bien, como viene ocurriendo, contra todo aquel que exigiera unos mínimos derechos individuales que en los países europeos exportadores de armas se dan por descontados.
Lo que confirma el conflicto libio es que la disposición de arsenales de armas no puede ser un asunto resuelto por el mercado, por la capacidad de compra de los consumidores —sean gobiernos o grupos privados— en el comercio internacional, sino que debe ser un ámbito de estricta regulación multilateral donde el bien fundamental a tutelar sean los derechos humanos y la preservación de la paz. El enunciado anterior, que puede parecer sacado de un elemental ABC de las conductas civilizadas, sin embargo, está lejos de ser respetado incluso por gobiernos que enuncian profundos compromisos con los derechos fundamentales y la legalidad internacional. Una vez más, los intereses privados, de las empresas productoras de armas, en este caso, se han impuesto sobre los principios y las doctrinas que la Unión Europea declara abrazar.
Este episodio confirma la debilidad e incluso la incoherencia de la política exterior de la Unión Europea, que es reconocida como uno de los proyectos civilizatorios más avanzados que se ha conocido en la historia.
La reinserción de Gaddafi en los últimos años a los circuitos de internacionales, que culminaron con encuentros con jefes de gobierno y Estado de distintos países occidentales, revelan que los intereses económicos —el acceso al petróleo— son más relevantes en términos de diplomacia internacional que los principios de doctrina política.
Con menos relevancia práctica para el desenlace del conflicto en Libia, pero con importancia en términos de lo que revelan de determinados gobiernos latinoamericanos, aparecen las posturas de los mandatarios de Nicaragua, Venezuela y de Fidel Castro. La maniquea noción de que el enemigo de mi adversario es, por tanto, virtuoso, se ha vuelto a constatar. Asimismo, el esconder bajo la alfombra discursiva las violaciones a los derechos humanos por parte de un régimen autoritario como es el de Gaddafi demuestra que el compromiso con la democracia y el respeto a los derechos fundamentales son elementos de quita y pon para una parte representativa de las izquierdas de América Latina.
Tarde, pero aún antes de que se produzca la aniquilación de la resistencia a Gaddafi, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una zona de exclusión aérea que abre la puerta a la intervención en Libia. Cinco países se abstuvieron de apoyar tal resolución, cuatro de ellos forman el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a los que se sumó Alemania. No deja de resultar significativo el hecho de que sean las naciones emergentes, económica y políticamente hablando, las que hayan mostrado reticencias a poner fin a las violaciones sobre los derechos humanos del pueblo libio. Frente a los excesos injerencistas que se cometieron a lo largo de la década pasada por la administración Bush de los Estados Unidos, así como de sus aliados de viaje (Blair desde el Reino Unido y Aznar en España), y que tuvieron su expresión máxima en la invasión a Irak sin el respaldo de Naciones Unidas y a partir de evidencias falsas construidas desde Washington, la alternativa no puede encontrarse en un “dejar hacer, dejar pasar” de la comunidad internacional. Siempre habrá una franja débil entre el intervencionismo y la defensa de los derechos humanos de poblaciones abusadas por sus gobiernos, mas en el caso Libio resulta evidente que se viene desarrollando un baño de sangre que sólo puede ser detenido con la participación de actores externos. Kosovo y Ruanda, en otros contextos, son ejemplos elocuentes, en términos humanitarios, de los costos de la inacción internacional.
Ampliar el multilateralismo, colocar a los derechos fundamentales de todos los individuos y pueblos por encima de los intereses económicos y políticos son objetivos de antaño, pero con una vigencia medular en este aún joven siglo XXI.