IZQUIERDA SINIESTRADA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Decía Alejandro Gascón Mercado que la unidad de un partido requiere que cada grupo "controle a sus locos". El problema es qué hacer cuando los locos hacen mayoría.

Pese a que las cabezas de las principales tribus perredistas tenían el acuerdo de posponer las elecciones internas de dirigentes para después del proceso electoral de 2012, la impugnación de una minoría llevó a la Sala Superior del TEPJF a intervenir, una vez más, en la vida interna del PRD, al que ordenó renovar, antes el 15 de noviembre del presente año, sus órganos de dirección en todos los ámbitos y niveles. Pero culpar a los magistrados electorales es olvidar la causa de lo causado.

Si atendemos a los testimonios publicados por la prensa, así como a las denuncias que hacen tirios y troyanos, lo ocurrido el domingo pasado desborda con mucho una confrontación partidista, por más enconada que pueda ser. Lo visto fue la puesta en acto del catálogo completo de tropelías por grupos del hampa electoral, cobijados por la bandera del partido del sol azteca.

Toma violenta de instalaciones partidistas para controlar, o evitar, la entrega de boletas y materiales electorales; suplantación de funcionarios de casillas o asalto de las mismas; robo de urnas; destrucción de papelería; enfrentamientos entre pandillas; ratón loco; acarreo generalizado; reparto de despensas. La jornada comicial interna fue suspendida en cuatro estados y en el Distrito Federal; en siete estados fue imposible instalar la totalidad de las casillas. Esto es mucho más que una crisis, es la prueba de un partido en descomposición, sin dirección ni rumbo.

De nada servirá reponer el próximo domingo la elección interna en las entidades en que no se pudo celebrar. Lo previsible es que se repitan, en escala mayor, los actos delincuenciales. Más aún, a la luz de lo ocurrido es imposible que los resultados de la jornada celebrada anteayer sean respetados por las tribus perdedoras, que acudirán ante el TEPJF para pedir la nulidad y obtener la reposición de todo el proceso.

El costo de trasladar a las autoridades electorales la solución de los conflictos internos de los partidos políticos encuentra en el caso del PRD un resultado extremo. Consejeros y magistrados electorales desconocen, por formación e inexperiencia, las dinámicas que provocan y expanden los conflictos intrapartidistas; para el TEPJF lo que debe imperar es el cumplimiento de la letra de los estatutos partidistas, elevados a rango de ley que debe acatarse. Convertir a los partidos políticos en entes públicos ha desnaturalizado su origen y función como organizaciones de ciudadanos. Al proteger a una minoría, en lugar de propiciar la normalización de la vida interna del PRD, la Sala Superior abrió la puerta a la agudización del conflicto.

La división del PRD estalló a unos días de la elección en Michoacán y a pocas semanas de que defina los detalles y plazos para la selección de sus candidatos, presidencial y para diputados y senadores, amén de los que tendrá que postular en 14 estados y en el DF. Es probable que los jefes de las tribus busquen una tregua al conflicto, como han hecho en el pasado, pero esta vez tendrán que hacerlo con sus respectivas huestes armadas y en pie de guerra. No parece haber forma de amarrar a los locos de cada bando. La perspectiva del PRD es siniestra, tanto en lo que hace a su vida interna, como en su imagen ante la sociedad y sus futuros resultados electorales.

Lo que está en la raíz del conflicto es el choque entre los partidarios de Andrés Manuel López Obrador y los de Marcelo Ebrard, detrás de los cuales se despliegan las pasiones y ambiciones para alcanzar lugares asegurados en las listas plurinominales de diputados federales y senadores, así como en congresos locales y ayuntamientos. Quien obtenga mayoría en el Consejo Nacional perredista tendrá el poder para decidir esas candidaturas, y dispondrá del control de los millonarios recursos que el PRD recibirá en 2012 por concepto de financiamiento público.

Quizá la única solución a la mano sea el acuerdo inmediato entre los dos aspirantes a la candidatura presidencial, salvo que alguno de ellos crea posible alcanzar el triunfo, parado sobre las ruinas del PRD.

MÁS PRESIONES CONTRA EL IFE

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

La Semana Nacional de Radio y Televisión fue el escenario perfecto para recrudecer las presiones sobre los consejeros del IFE con el propósito de doblegarlos y obligarlos a renunciar a su intención de reformar el Reglamento de Radio y Televisión.

Los concesionarios alegan que la reducción de los tiempos en los que tienen que atender los cambios de los promocionales, de cinco a tres días en el caso de la entrega electrónica de los materiales, o dos si la entrega es física en sus oficinas, generará incertidumbre en el proceso electoral, dado que no todos podrán cumplir con dicha obligación. El hecho de que los permisionarios, que en general tienen equipo menos moderno que los concesionarios, aceptaran la medida sin comentarios negativos, deja en claro que el alegato es un nuevo pretexto de los concesionarios para obstaculizar la aplicación de las nuevas normas en la materia.

El actual presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Tristán Canales, aprovechó el discurso de inauguración para lanzar una evidente advertencia al IFE, aunque en ese punto no hizo referencia explícita al mismo, al señalar: “por eso nos oponemos firmemente a las arbitrariedades…”, para más adelante afirmar: “también sostendremos una interlocución franca con los consejeros del Instituto Federal Electoral, con el objetivo de que conozcan a fondo las muy diversas y variadas formas en las que operan la radio y la televisión para transmitir los spots que señala la ley…”.

Inmediatamente lo secundó el secretario de Gobernación, José Francisco Blake: “A mí me da mucho gusto que podamos, a través de la convencionalidad del diálogo, de la comunicación sincera y franca, arreglar y resolver, y definir juntos estas reglas…”.

Al día siguiente, el miércoles 19, fue el presidente Felipe Calderón quien se sumó al llamado “al diálogo y la sensatez”. En su discurso durante la tradicional comida anual, afirmó: “Y sí, hay reglas importantes que ha dado el Congreso de la Unión para el curso de estas campañas. Ha habido, también, puntos de coincidencia y de controversia que afortunadamente, tengo entendido, han sido conducidas por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión con sensatez, en diálogo con las autoridades electorales competentes. Y hago votos por que también tales diferencias puedan llegar pronto a conciliaciones democráticas, justas y a favor de todos”.

Finalmente, fue el aspirante priista a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto quien rompió lo críptico y ambiguo del lenguaje y se lanzó decididamente en contra de la reforma: “¿Qué ha habido con esto? La limitación a la libertad de expresión, mayor cerrazón sobre las campañas, y a ustedes como empresarios de la industria de la radio y la televisión al final de cuentas se les impuso una camisa de fuerza que les ha restringido, y se ha convertido la autoridad electoral en una autoridad también reguladora de su industria, sin señalar que prácticamente se les impuso una doble tributación: la que realizan pagando impuestos y la que hacen en especie al conceder tiempos para las campañas políticas”.

Antes de los pronunciamientos de Calderón y Peña Nieto, el miércoles al mediodía, los concesionarios dialogaron con los consejeros Benito Nacif, Macarita Elizondo y Francisco Guerrero, y según Nacif, presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE y quien votó a favor de la modificación al reglamento: “El reglamento debe definirse de tal manera que garantice su cumplimiento y que se reconozcan todas las particularidades”. Por su parte, Guerrero, quien se opuso al mismo, declaró: “…Hicimos un compromiso por tratar de construir un reglamento que sea positivo, donde todas las partes podamos ganar y se garantice la transmisión de 40 millones de spots que habrán de transmitirse en el proceso electoral”. De ninguna de estas dos declaraciones puede desprenderse que se mantengan los términos de la reforma.

Así que, tras la lectura de todos los posicionamientos y declaraciones, lo que queda claro es: la oposición de los concesionarios a la reducción de los tiempos; la invitación al IFE a que acceda a las solicitudes de los concesionarios, y la desinformación de Peña Nieto, quien ni siquiera se dio cuenta de que con la reforma del 2007 no se agregó un minuto extra de tiempo de Estado u oficial al que estaban obligados los concesionarios desde el 10 de octubre del 2002.

Hasta la campaña electoral del 2006, las televisoras modificaban los contenidos (no la programación, es decir, los tiempos ya están separados –lo estaban en aquel entonces y ahora también) de los promocionales a los pocos minutos de haberlos recibido. El caso más palpable fue el anuncio con la silla de Andrés Manuel López Obrador vacía, tras el primer debate, que se transmitió apenas concluyó el mismo.

A partir de la reforma del 2007, en función del reglamento del IFE, desde que los partidos entregan al instituto los materiales hasta que aparecen en radio o televisión, pasan 10 días hábiles, que invariablemente se traducen en 12 días calendario y, eventualmente, hasta en 15. Porque el reglamento indica que el IFE se puede tomar hasta cinco días para entregarlos a los concesionarios y permisionarios, y éstos tienen hasta otros cinco para iniciar sus transmisiones.

La reforma aborda únicamente el tiempo de los concesionarios y permisionarios, sin especificar nada del tiempo de la autoridad; lo ideal es que el de la autoridad también se reduzca a uno o dos días, y, en ese caso, son días calendario, pues durante procesos electorales todos los días y horas son hábiles, con lo cual el número de días hábiles se puede reducir hasta en seis días en total. Incluso se puede más, como lo demuestra la práctica histórica, pero esto sería un avance en la dirección correcta.
El tiempo tan largo entre la entrega de los materiales y su difusión rigidiza y acartona las campañas y resta capacidad de reacción a los contendientes, algo que siempre opera a favor de quien está en la punta. Por ello no sorprende la identificación en las posiciones de los concesionarios y el PRI y el PVEM, que en su momento impugnaron la reforma al reglamento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; como tampoco sorprenden los consejeros electorales propuestos por el PRI (Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero), que votaron en contra del reglamento, ni ahora ahora el pronunciamiento de Peña Nieto.

Los nuevos actores son el presidente Felipe Calderón y su secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quienes evidentemente se alinearon con los concesionarios, a pesar de no tener ninguna atribución en la materia ni por qué pronunciarse al respecto. Desaprovecharon una oportunidad de quedarse callados.

El IFE tiene una gran oportunidad para empezar a recuperar la confianza ciudadana, o bien, continuar su caída.

PRESIDECIALISMO DE COALICIÓN

RICARDO BECERRA LAGUNA

 

Al momento de escribir esta nota, Cristina Fernández de Kirchner ha arrasado en las elecciones generales de Argentina. No obstante uno de los debates más interesantes que se colocaron durante la contienda, fue la del cambio constitucional, reforma política y cambio de régimen (¿lo han oido en alguna parte?) con cargo del lejano segundo lugar, Hermes Binner (a la sazón, candidato del Frente Amplio Progresista).

La provocación de Binner fue ésta: “Vamos a tener una Presidenta fuerte, quizás la presidencia más fuerte y concentrada de los últimos 30 años; sin embargo, el sistema político democrático es el más débil y disperso y la actuación del Congreso, aun dentro del propio kitchnerismo es una incógnita… Si yo fuera Cristina, sería la primera en pensar seriamente una salida parlamentarista a su siguiente mandato”. La propuesta causó una pequeña tolvanera y tuvo un dèbil eco en varios países circunvecinos.

Por ejemplo, el Observatorio de Política Brasileña se preguntaba si ésa no era, en realidad, la pregunta política de toda América Latina: “… Se sabe que el parlamentarismo requiere de la modernización de las clases políticas, pero no parece haber otro camino, Dilma por ejemplo, depende completamente de la coalición con el PMDB y no lo podemos siquiera reconocer”.

En Uruguay y en Chile hubo quien respondió a la pedrada, y no es casual: los problemas se parecen mucho en todas partes. Las 18 democracias imperfectas de América Latina, escaparon del autoritarismo y de sus dictaduras, dentro del presidencialismo histórico (a imagen y semejanza de la Constitución norteamericana) y no obstante, desde el punto de vista político y constitucional, ningún problema parece ser tan importante como la tensa y compleja relación entre el Presidente y los Congresos de la región.

Y es que la nueva era no sólo trajo poderes legítimos mediante elecciones libres (ayer, nadie en Argentina reclamó fraude electoral, lo que no deja de ser agradecible), sino que también derivó en la fragmentación del poder mismo, porque el parlamento –habitado por la pluralidad política- cobró un protagonismo como pocas veces lo tuvo en nuestra historia independiente. Aquí y allá, la aparición de los “gobiernos divididos” configuró el escenario en América Latina, complicando la gobernación y acotando de diversas formas la actuación del Presidente, por muy votado que sea, como el caso de ayer, en Argentina.

Por esa razón, el reformismo latinoamericano ha optado por inyectar dosis diversas para parlamentarizar sus sistemas políticos: dando nuevas atribuciones al poder legislativo (moción de confianza; censura; informes; pregunta parlamentaria; interpelaciones e investigaciones); redistribución de las facultades del Presidente (legislativas, definición del presupuesto público, poder de veto; atribuciones en emergencias; expedición de decretos; los mecanismos para emitir decretos-ley); creación del cargo de Jefe de Gabinete o fórmulas parecidas; permitir que el Congreso censure y destituya a los ministros del gabinete e incluso, otorgando la facultad al Presidente para que en circunstancias excepcionales disuelva el Congreso.

Puede decirse, que éstos son los grandes temas que han cambiado la índole de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en América Latina… Hasta ahora, porque la cosa sigue sin funcionar como es debido.

Y es que la paradoja está en el corazón del sistema presidencial: por un lado la necesidad de un Presidente fuerte pero acotado; capaz de tomar decisiones pero lleno de controles; ágil pero atento a un montón de formalidades, mientras tenemos Congresos que canalizan las demandas y necesidades de la ciudadanía, pero que deben trascender los intereses de su clientela o su sector; un Congreso que debate, evalúa, fiscaliza pero que no ha de entorpecer el gobierno. Ésta es la ecuación política irresuelta de nuestra democratización.

La solución clásica apunta a dos fórmulas: revisar la configuración del sistema electoral a fin de reducir el multipartidismo y minimizar el Congreso, o bien modificar la estructura fundamental del régimen político para pasar del sistema presidencialista a uno parlamentario o semipresidencialista (la segunda vuelta, no ha resuelto tampoco este gran problema, pues el Congreso sigue votándose en elección y boleta distinta a la del Presidente).

Es la realidad la que ha aportado su propia solución: frente a la fragmentación del sistema de partidos, han ocurrido grandes acuerdos políticos mediante los cuales, los Presidentes latinoamericanos forjan coaliciones con otros partidos, de muy distinto signo, para facilitar su conducción gubernamental. En este sentido, la pausada pero sostenida desaparición de gobiernos de mayoría unipartidista, ha propiciado la construcción paralela de gobiernos respaldados por coaliciones.

La tendencia ha cobrado tanta importancia que algunos estudiosos lo llaman ya “presidencialismo de coalición” (feliz expresión temprana, acuñada por el politólogo brasileño Sérgio H. Abranches).

DE PENA AJENA

JAVIER CORRAL JURADO

La llamada “semana” de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) fue pródiga en mostrarnos con claridad dónde radica uno de los mayores atorones de la democracia mexicana: la mutación hacia lo peor en la relación entre políticos y dueños de medios de comunicación electrónica, basada en el temor, la condescendencia y, no pocas veces, en el franco sometimiento de los primeros hacia los segundos. Las campañas electorales potencian ese fenómeno y lo mezclan con un deplorable oportunismo político.

La pasarela que hicieron los precandidatos a la Presidencia de la República ante los industriales de la radio y la TV es una penosa prueba de ello. Momento plástico de nuestra realidad política, en el que los que se proponen como liderazgos para encabezar la siguiente etapa del país se achican de entrada, muestran que prefieren ser rehenes desde ahora de los poderes fácticos, antes que hablar con decisión sobre los retos que México enfrenta en el terreno de los monopolios privados.

Realizada en dos tandas, la primera el 18 de octubre con la participación de Santiago Creel, Manlio Fabio Beltrones y Marcelo Ebrard, de la que poco se reflejó en medios, y la segunda el 20 de octubre con gran difusión en la que se presentaron Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, el ejercicio advierte la larga lucha que aún nos falta por recorrer en materia de democratización de medios de comunicación.

No sé bajo qué criterio los organizadores agruparon de esa manera a los aspirantes, pero en la primera tanda los políticos expusieron su visión de gobierno, desarrollaron tesis sobre los problemas del país y de manera coincidente afirmaron los gobiernos de coalición como una alternativa para en pluralidad hallar el consenso en torno de reformas fundamentales que harían avanzar a México. Quizá porque en la CIRT son poco receptivos a temas como diversidad, pluralidad y competencia, los dichos no merecieron la repercusión merecida.

Lo que los entusiasmó de verdad y levantó su aplauso puestos de pie fue la segunda ronda, porque están más acostumbrados a escuchar lo que realmente les interesa, la expansión de sus negocios, cómo eludir el pago de contraprestaciones al Estado, cómo hacerse de nuevas ventajas en el campo de la radiodifusión y cómo derrotar definitivamente la reforma electoral del 2007.

Y fue Enrique Peña el primero en la competencia de quién les ofrecía más. De entrada prometió revertir la reforma electoral que “nos pone limitaciones a la libertad de expresión y a ustedes les puso una camisa de fuerza”. Luego, por ignorancia supina sobre el régimen fiscal de la radiodifusión o simple oportunismo político, el ex gobernador les dijo que la ley electoral “también les pone doble tributación porque tienen que pagar más impuestos y dar más espacios”. Los tiempos de Estado que ahora se usan para transmitir la propaganda electoral existen desde hace cuatro décadas, y es la única contraprestación que por uso y explotación del espectro radioeléctrico pagan los concesionarios; un régimen privilegiado de pago en especie: pagan con aire el aire.

De Peña Nieto, invención y producto de la mercadotecnia televisiva, era de esperarse esa actitud de entreguismo. De quien no me lo esperaba sinceramente era de Josefina Vázquez Mota, ya tan toreada en las lides de salir al paso sin tener que confrontarse con nadie. Estrujante para quienes la hemos visto en un ascenso meteórico y representar una esperanza creciente, sus ofrecimientos a la CIRT golpean como un marrazo a la larga lucha por el derecho a la información en México. Decepcionan, se nos cae.

No sólo empató a Peña en la oferta de modificar varios puntos de la ley electoral; fue más allá que el candidato de Televisa: “Ha llegado el momento de, con responsabilidad y seriedad, considerar la ampliación en el término de las concesiones, de tal suerte que no sean 10 años, sino que podamos explorar un horizonte de tiempo mayor que permita que las inversiones y la certeza sean parte de esta industria”.

No sé a cuántos concesionarios pobres conozca Josefina, pero si su desconocimiento abarca hasta allá, es menester decirle que se trata de una las actividades económicas más rentables de cuantas existen, y que el promedio de duración de las concesiones en el mundo es de nueve años. En Estados Unidos de ocho años y en Canadá de siete; ni mas ni menos que nuestros socios comerciales.

Lamento esa posición por varios motivos, pero entre ellos porque nos trae desazón al recordar que hace seis años, también en el rentismo electoral, se negoció la llamada “Ley Televisa”, uno de los mayores intentos de despojo de bienes de la nación a cambio de cobertura informativa y encuestas.

Si la posición de Josefina causa a varios pesadumbre, la de Andrés Manuel López Obrador es de vergüenza, aunque por lo menos causa hilaridad. Para él, que se dice el candidato del movimiento progresista, la propuesta de un nuevo modelo de radiodifusión y telecomunicaciones para México se basa en arreglar la disputa entre los operadores dominantes de cada sector, y así, ofrece a Carlos Slim televisión y a Emilio Azcárraga y a Ricardo Salinas Pliego telefonía. Así, con nombres y apellidos, como si ese fuera el mundo de la competencia. Como si lo segundo no fuera hoy una realidad, y como si Telmex no tuviera derecho a ello por la propia convergencia tecnológica. Esa es toda su visión, ni siquiera existe en su concepción la televisión de servicio público.

Dura semana para la política, la de la CIRT, que cerró con un hecho increíble y sólo comprensible en ese marco de rendición anticipada. Nadie había ridiculizado tanto al presidente Felipe Calderón —delante de él—, en el fracaso que tuvo su programa de las tres “C” en el sector de la radiodifusión —cobertura, convergencia y competencia—, como lo hizo el priísta Tristán Canales: “Con su gobierno, más de 500 estaciones de amplitud modulada están transitando a la frecuencia modulada, brindando un mejor servicio a millones de compatriotas: eso es cobertura. Con su gobierno, la radio y la televisión entran de lleno a la era digital, abriendo la puerta a servicios de telecomunicaciones, donde la creatividad y la innovación marcarán la pauta: eso es convergencia. En estos años, más de mil 300 estaciones de radio y televisión compiten por la preferencia de los ciudadanos: eso es competencia. Señor Presidente, en nuestra industria las tres ‘C’ son una realidad actuante”.

No sé qué habrá sentido Felipe Calderón sobre esta manera de traducirle en “cobertura” el regalo de los combos: más estaciones de FM a los mismos que ya tenían AM; en “convergencia” que con la nueva política digital les haya abierto la puerta a las televisoras para dar telecomunicaciones —sin licitación ni contraprestación alguna—, mientras a operadores de telecomunicaciones se les tiene frenados, y que la “competencia” signifique no haber dado ni una más de las mil 300 concesiones de radio que existen desde hace 18 años, concentradas 82% en 13 grupos radiofónicos. Se debe tener mucho poder para avergonzar así a un presidente de la República.

MIGUEL ÁNGEL EN EL IFE

JOSÉ WOLDENBERG

1994 fue un año marcado por la violencia y la política. La buena política. La que edifica un presente y un futuro mejores.

El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, primero, y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, después, cubrieron el escenario con el manto de la violencia. Violencia que no puede ser equiparada en ambos casos, pero violencia al fin. Y para conjurarla, para no rendirse ante ella, desde el gobierno y las oposiciones se comprendió que la única vía legítima para cerrarle el paso era la de reforzar la convivencia y la competencia de la pluralidad política en democracia.

Partidos y gobierno se sentaron a la mesa, se escucharon, negociaron, intentando crear las garantías que permitieran que el proceso electoral en curso llegara a buen puerto. Las oposiciones demandaron nuevos y más seguros candados contra un eventual fraude y mejores condiciones de la competencia, y el gobierno y el PRI aceptaron una serie de reformas sobre la marcha para atender el justo reclamo opositor.

Como una más de las medidas pactadas se decidió reemplazar a los consejeros magistrados del Consejo General del IFE por consejeros ciudadanos. Y, como producto de esas negociaciones, fuimos nombrados Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas, Fernando Zertuche y yo. Tomamos posesión el 3 de mayo y la elección debía celebrarse el tercer domingo de agosto.

A Miguel Ángel, a diferencia de otros consejeros, lo conocía. Primero, como un maestro destacado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, luego como editorialista muy leído en el Excélsior dirigido por don Julio Scherer, y había tenido un ligero trato personal con él en el Unomásuno y en La Jornada . No éramos amigos cuando llegamos al IFE. Incluso existían algunos rescoldos de tensión producto de nuestro desencuentro en el proceso de sucesión en la dirección de La Jornada .

No obstante, la dinámica del IFE, la deliberación permanente entre todos los consejeros y de nosotros con los representantes de los partidos, del Poder Legislativo y el secretario de Gobernación, y el sentido de responsabilidad que nos impuso nuestra encomienda, nos llevó a construir primero puentes de comunicación eficientes y después una corriente de simpatía que se fue profundizando con los años, aunque siempre a la distancia.

Llegamos al IFE por seis meses y nos quedamos dos años y medio. Empezamos por analizar y ponderar la consistencia del padrón electoral –para lo cual fuimos auxiliados por distintos profesores del ITAM propuestos por Santiago Creel–, nos tocó realizar la primera fiscalización de los recursos utilizados por los partidos en una campaña electoral (la de 1994), construimos un esbozo de lo que a nuestro entender debería ser una nueva reforma electoral (1995), y nos dedicamos a estudiar, discutir, aprobar o reprobar muy distintas iniciativas de los partidos, de alguno o algunos de los consejeros y por supuesto las directrices que emanaban de la presidencia y la dirección general del Instituto.

Para ello construimos un circuito de deliberación entre los consejeros que resultó útil y productivo. Y, conforme esa deliberación generaba frutos, la confianza entre nosotros se fue acrecentando. Nadie la decretó, fue una auténtica edificación conjunta, paulatina, pero cada vez más sólida. Nadie estaba dispuesto a declinar, sin discutir, sus puntos de vista, pero todos en algún momento fuimos capaces de cambiar de opinión cuando se presentaron argumentos que nos parecieron pertinentes.

Y en esas jornadas pude apreciar de cerca, directamente, sin mediaciones, algunas de las cualidades de Miguel Ángel. No las del periodista que son más que conocidas y sobre las que sería un abuso insistir en estas páginas, sino la del funcionario "ciudadano" preocupado legítimamente porque su labor resultara fructífera y porque el IFE entregara buenas cuentas. Porque a fin de cuentas lo que se jugaba en esa institución era la posibilidad de asentar entre nosotros, los mexicanos, el único método que ha inventado la humanidad para que la diversidad política pueda convivir y competir de manera pacífica e institucional.

Miguel Ángel jugó con las cartas abiertas. Puso a disposición del IFE –y de nosotros, el resto de los consejeros– su conocimiento de la política y de los políticos del país, sus buenas artes para acercar posiciones, su paciencia para escuchar, sin inmutarse, las horas y horas de intervenciones, rollos, propuestas y jugarretas que son comunes en los órganos colegiados; su voluntad para que las "cosas" sucedieran, su apego a la legalidad como basamento indeclinable de nuestro entendimiento, y su convicción de que en aquellas jornadas se jugaba algo muy relevante: la posibilidad de construir una casa donde todas las corrientes políticas del país pudieran habitar.

Lo recuerdo con el afecto y el agradecimiento que sólo se tiene por los compañeros con los que hemos emprendido causas comunes.

PROBANDO FUERZAS EN LA CONFUSIÓN

ARNALDO CÓRDOVA

Cuando en una situación social, como se la puede ver hoy en México, las ideas dejan de ser claras y pierden su sentido propio para pasar a significar, muchas veces, algo totalmente distinto de lo que normalmente expresan, la política en esa misma situación se vuelve confusa, nadie o muy pocos lo notan y la mayoría parece chapotear a sus anchas en la confusión. Tenemos ejemplos de ello a granel y todos son ejemplos de confusión extrema que no permiten a nadie ponerse de acuerdo con otros o acercarse entre sí para lograr algún propósito común. En nuestro país, desde que se declaró abierta la contienda por la Presidencia de la República (y otros puestos), todos parecen nadar en la confusión.

Tomemos sólo algunos de esos ejemplos. Felipe Calderón declaró a The NewYork Times que, de llegar el PRI a la Presidencia, de seguro iba a negociar con el narcotráfico un pacto de entendimiento. Nunca se preocupó por darle sentido a esa declaración y aclarar, por lo menos, qué clase de pacto podrían concluir los priístas con los narcos. Para su desgracia esa declaración apareció luego en la versión completa de la entrevista que el propio Times ofreció a sus lectores. Se dijo que ése había sido un acto “electorero” de quien ostenta la titularidad del Ejecutivo, entre otras razones por los tiempos en que se hizo.

Se advierte con facilidad que las confusiones más próximas al desastre son las de los panistas. Se ve, por ejemplo, en la intención nada oculta y ni siquiera discreta del aparato gubernamental calderonista de imponer a como dé lugar a Ernesto Cordero como candidato de su partido a la Presidencia. Creel y Vázquez Mota van muy por delante de él en las preferencias y si Cordero logra la candidatura recibirá una paliza de antología. ¿Por qué insistir en una causa perdida de antemano? Hay malpensados que sacan la conclusión de que eso lleva el propósito recóndito de dejarle el campo libre a los priístas para que lleguen de nuevo a Los Pinos.

En todo caso, la lucha es también por no ceder el poder presidencial. Eso explicaría la estrategia que desde hace tiempo se ha seguido desde la Presidencia de golpear al PRI en cuanta ocasión se presente. Las denuncias, por ejemplo, en torno al endeudamiento excesivo en que Moreira incurrió desde la gubernatura de Coahuila y la difusión de las sospechas sobre el destino de ese endeudamiento, que jamás ha sido aclarado y sobre lo cual los hermanos Moreira, al parecer, no tienen nada que decir. El ataque de Calderón al PRI sobre el crimen organizado, desde luego, se inscribe en esa estrategia y ésta, podría apostarse, seguirá hasta el fin.

Las confusiones del PRI son también omnipresentes e inocultables. Incapaces de aclarar qué es lo que se proponen desde los puestos gobernantes, los priístas continuamente enseñan el cobre con sus propuestas, cuando las hacen, y actúan con la más descarnada y cínica incoherencia. Se sienten invencibles de nueva cuenta y obran en consecuencia. Se sueñan dueños del poder presidencial y ni se preocupan por diseñar adecuadamente el camino que los conducirá a ese objetivo. Sólo piensan en cómo van a gobernar y, en especial, en cómo van a fortalecer la institución presidencial que ya creen suya.

La democracia es para ellos un estorbo. Lo esencial es cómo dar al presidente todos los poderes de que precisa para gobernar bien. Peña Nieto, abiertamente, postula una Presidencia fuerte y para ello propone de nuevo la llamada cláusula de gobernabilidad. Su oponente, Manlio Fabio Beltrones, va en la misma dirección, sólo que mucho más prudentemente. Lo importante es poder gobernar y tener los recursos para hacerlo bien. Para ello propone (iniciativa del 14 de septiembre) inscribir en la Constitución los gobiernos de coalición y, a través de ellos, darle al presidente aquellos medios de poder y de decisión que, supone, ahora no tiene.

Manlio Fabio Beltrones propone inscribir en la Constitución los gobiernos de coalición y, a través de ellos, darle al presidente aquellos medios de poder y de decisión que ahora no tieneFoto María Meléndrez Parada

Un grupo de intelectuales y de políticos publicó un desplegado el pasado día 10 en el que parece ser un eco a la propuesta de Beltrones (él mismo es uno de los firmantes). Sobre el tema se dice: “Si ningún partido dispone de mayoría en la presidencia [sic] y en el Congreso, se requiere de una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban”. Es extraño que, siendo la Presidencia, de acuerdo con el artículo 80 de la Carta Magna, unipersonal, se hable de mayorías en ella. Pero es lo de menos. En el desplegado sólo se hace una sugerencia con la que difícilmente se podría estar en desacuerdo. La iniciativa de Beltrones, en cambio, no tiene sentido alguno.

Propone agregar una fracción II al artículo 73 constitucional que diga: “En caso de que el titular del Ejecutivo federal opte por un gobierno de coalición [el Congreso tiene facultad de:], conocer las políticas públicas convenidas por las partes. Cada una de las cámaras registrará las políticas públicas enviadas para su observancia”. No parece haber en la propuesta algo más que un correr traslado al Congreso de esas “políticas públicas”, lo que es un cuerpo extraño en un texto constitucional y no agrega ninguna modificación institucional. No aparece claro de la iniciativa si ese solo hecho vuelve obligatorias las coaliciones (lo que sería un absurdo).

Una coalición no es materia de leyes ni, mucho menos, de la Constitución. Lo único que ellas hacen es permitirlas y volverlas viables mediante mecanismos adecuados de realización. No se trataría de coaliciones electorales, sino de gobierno y son exclusivamente acuerdos formales entre dos partes con compromisos que sólo a ellas atañen. Lo hemos dicho muchas veces, un presidente que no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso no puede apelar a ninguna ley para realizar su programa de gobierno con aprobación del Congreso; para ello deberá aplicarse a convencer a los legisladores de sus bondades y, mediante acuerdos formales, constituir una mayoría en torno a sus propuestas. Las coaliciones se hacen y con mucho esfuerzo, no las regala la ley y, menos, la Carta Magna.

Podría decirse que Fox es un confusionario cuando propone de reciente que se debe pactar con el narco y llegar, incluso, a crear un organismo como la Cocopa para tratar con los delincuentes y arreglar una especie de tratado de paz, comprendidas sus treguas; pero eso no llega a confusión, es sólo una idiotez más del ex presidente que mal haríamos en prestarle atención.

Queda el PRD y su política contrahecha y tortuosa, sea en lo interno que en lo externo. Todo en él es confusión: de objetivos estratégicos y tácticos, de análisis y comprensión de los problemas del país, de desarrollo partidario (carece de normas a las que todos sus adherentes puedan acogerse, porque ni siquiera logran identificarlas), de política de alianzas (en la que priva el más cavernario pragmatismo sin principios), de política interpartidaria y hacia la sociedad. Y no es cosa de hoy. El PRD es confusionario desde su fundación misma y no da muestras de poder mejorar. Su alejamiento de la sociedad, que es su principal problema, lo mantiene ciego y sin perspectivas ciertas.

Hará falta mucho esfuerzo y, sobre todo, mucho debate entre todos, para superar esta época aciaga en la que nada puede verse con claridad.

A Miguel Ángel Granados Chapa in memoriam

KEYNES EN EL ANÁHUAC

ROLANDO CORDERA CAMPOS

De repente, el jueves por la mañana, los noticiarios anunciaron que el mundo estaba en peligro y que su estabilidad afrontaba renovadas olas de irresponsabilidad gubernamental: la décimo quinta economía del mundo había sido puesta en la picota por un grupo de veleidosos diputados, encabezados por el PAN y el PRI, quienes decidieron duplicar el déficit fiscal para 2012 y poner a México al borde de las descalificaciones de Standard and Poors y asociados.

La inesperada audacia de esta comandita legislativa, se llevó a extremos inauditos: decretar el aumento de la plataforma petrolera de exportación y devaluar la moneda nacional. Rebelión de las masas, rendición de las elites tecnocráticas, irrupción del populismo: todo y eso más podía esperarse al despuntar el 20 de octubre.

Nada qué temer al día siguiente. En un acto de prestidigitación digno del Guinness, los diputados anunciaron que con el aumento del déficit de 0.2% a 0.4% del PIB para 2012, la economía crecería por debajo de la previsión hecha por el gobierno con base en los modelos de la Secretaría de Hacienda, y que la bolsa a repartir no rebasaría los 80 mil millones de pesos, dentro de un presupuesto superior a los tres billones.

La religión del déficit cero establecida como ley de hierro en 2006, queda a salvo, los precios apenas crecerán y la economía se adecuará a los dictados de la economía mayor del Norte, de cuyo desempeño se espera poco o nada. Nada de peces por multiplicar.

Aquí no ha pasado ni pasará nada, pues, tal vez porque en este sentido todos en efecto seamos guadalupanos. La rebatiña de los centavos queda a buen resguardo y los mandones de las entidades federativas pueden sentirse tranquilos. Todos a sus bases, al acomodo nacional donde la resignación se ha vuelto cultura: el estancamiento estabilizador da para todos, siempre y cuando se reconozca el lugar de cada quien y nadie ose saltarse las trancas.

Este curioso keynesianismo con los ojos al revés, supera la tradición inaugurada hace unos años por nuestro peculiar pluralismo que ha llevado a aprobar por unanimidad la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación sin que, por otro lado, nadie rinda sus banderas políticas. Se trata de una sublimación del ambiente político que, incapaz de plantearse las cuestiones cruciales de un país cuarteado, opta por simular un consenso pero no para encarar los poderes de hecho, en sus abusos y ganancias exorbitantes, sino para avalar la reproducción de un régimen de dominio político y económico que, ostensiblemente, no puede garantizar la gobernanza y la eficacia que el pluralismo promete y de las cuales depende su legitimidad.

Si hubiere que insistir en la necesidad de cambiar el régimen político, este desempeño de los diputados sería un argumento adicional para hacerlo. No puede haber una economía nacional que, en medio de una globalización caótica como la actual, pretenda vivir y autodeterminarse democráticamente a partir de una fragilidad política tan flagrante.

Cuando hablamos de cambio de régimen podemos hacerlo en varias claves y a diferentes velocidades. Es claro que el régimen económico resultante del cambio estructural globalizador no ha estado a la altura de sus promesas modernizantes ni de las necesidades y carencias nacionales. De aquí la justificación del reclamo de un cambio de rumbo en la política económica y la estrategia de desarrollo. Sólo la necedad alimentada por el acomodo bien lubricado por los centavos puede insistir en que con las “reformas que tanto necesitamos” se va a salir adelante del pasmo productivo y de empleo en que estamos sumidos.

Sin embargo, lo que el comportamiento de los traviesos boy scouts de San Lázaro pone sobre la mesa es una falla mayor en el formato de la política representativa que resultó del pluralismo inaugurado en el último tercio del siglo pasado, distorsionado hasta límites insólitos por su colonización por parte de los llamados poderes fácticos. Con el despegue de la lucha sucesoria, las cosas no siguen igual sino que se agravan, si atendemos a sus primeros excesos, protagonizados por algunos de los comparecientes ante los jerarcas y negociantes de la radio y la televisión. En particular la del ex gobernador mexiquense.

La política y los políticos no pueden asumirse como tributarios de ese u otro poder del dinero, sino como los mandatarios, o aspirantes a serlo, de una ciudadanía diversa y no regimentada por credo alguno. De esto depende, en el propio capitalismo, la posibilidad de mantener o refundar una república como la que México reclama con urgencia.

Nadie puede negar la importancia estratégica de los medios de comunicación de masas. En una sociedad grande y urbana, la democracia de plaza y ágora puede mantenerse como consigna histórica pero es claro que las cosas de la política se deciden en lo fundamental de otro modo. De aquí la futilidad de hacer de la relección un tema decisivo o crucial, de principios o fe democrática.

La intermediación del dinero y la mediación intencionada de los medios de masas constituye una variable determinante que la reforma de la política debe considerar y asumir expresamente, para encauzar su poder al servicio de la democracia. De otra suerte, se acepta de antemano la rendición de la política y de la democracia misma ante el dinero y la influencia concentrada.

Lo que tenemos ante nosotros es una acción preventiva, a la vez que agresiva, de esos grupos de poder concentrado, constituidos y legitimados por su riqueza y la aceptación y celebración que de ella hacen junto con gran parte de la sociedad. No se trata de una circunstancia única en el mundo o la historia, sino de una tendencia de las sociedades capitalistas donde no reina ni puede reinar la libre competencia, ansiada por tantos profetas de la futilidad económica y política, disfrazada de ingenuidad adulta.

No son, sin embargo, tendencias fatales, sino constelaciones de fuerza y poder que el Estado y la sociedad pueden modular y someter a los dictados y normas de la convivencia democrática. Así lo hicieron los Roosevelt en Estados Unidos y así lo hizo el presidente Cárdenas frente al poder trasnacional y los levantiscos plutócratas regios.

Así va a tener que hacerse ahora si, en efecto, se quiere conservar la democracia y sacar a la economía del estado lamentable en que se encuentra.

El cambio de régimen en la economía nos lleva sin remedio a plantearnos el cambio de la política, porque, como ocurre en toda crisis mayor, como la actual, es imposible separarlas. Poner la política al mando del cambio económico es vital, pero para que esto fructifique y nos permita salir del pantano, es indispensable cambiar el régimen cuidando que con esto no vayamos a echar al niño con el agua sucia de la bañera, como lo hicieron los neoliberales de fin de siglo.

De aquí la importancia de poner por delante el programa y el compromiso, sin temerle a la ideología ni renunciar a los veredictos de la historia.

JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

En estos años de guerra y de aumento de la violencia ha prevalecido la idea de que los problemas de seguridad se pueden resolver al margen de las instituciones de justicia y que éstas más que ayudar estorban al momento de tener que hacer frente a una criminalidad tan compleja y violenta como la que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que la nueva gobernabilidad del país pasa por articular una política judicial que sirva para generar orden y seguridad. Necesitamos una política judicial que sea capaz de detectar y pacificar ciertos conflictos sociales antes de que éstos se tornen violentos. Necesitamos un sistema de justicia efectivo, accesible y bien diseñado que sea un dique de contención a la violencia.

Nuestra crisis de seguridad nos habla, entre otras cosas, de la baja capacidad del Estado mexicano para gestionar la conflictividad social en un contexto democrático. En el pasado, la administración y pacificación de conflictos se hizo por mecanismos que no tenían que ver propiamente con las instituciones legales. Tales mecanismos se basaban en la mediación y la negociación políticas. Estaban centrados en la capacidad discrecional de las autoridades para administrar los premios y castigos políticos, económicos y legales. Era una maquinaria compleja, atípica y que durante varias décadas resultó eficaz para regular la violencia y generar orden social. Esta maquinaria funcionaba desde la centralización del poder, desde la ausencia de pluralismo político, desde una economía que crecía y desde una estructura social jerárquica.

El contexto cambió. La pluralidad democrática, la descentralización del poder y el surgimiento de una sociedad más exigente y menos estamentaria hacen indispensable generar nuevos mecanismos de detección y pacificación de conflictos sociales.

Hasta ahora nuestras instituciones de justicia han estado en la periferia. Los procesos judiciales no han sido pensados para una sociedad con las características de la nuestra. Por poner ejemplo, un juicio ejecutivo mercantil a nivel normativo está diseñado con tal nivel de complejidad procesal que no es posible intentar cobrar una deuda sin contratar a un abogado experimentado. Ello sería razonable si estuviesen en juego grandes sumas de dinero. Sin embargo, según un estudio elaborado por el CIDE y el Banco Mundial, en el año 2000, 50% de los juicios mercantiles en el DF reclamaban sumas inferiores a 30 mil pesos. Asuntos de esa cuantía tendrían que resolverse en una sola audiencia, sin necesidad de un abogado y con una sentencia expedita y pragmática. Es decir, el mecanismo institucional de solución de un conflicto de cobro de deudas no tiene nada que ver con las necesidades de la población. Lo mismo pasa en muchos otros casos.

En el ámbito penal, por ejemplo, muchos de los casos que se denuncian en las procuradurías locales son pleitos entre particulares en donde se intenta manipular la justicia penal y utilizarla como una fuente de presión dada la lentitud y el barroquismo de la justicia civil. Así, el incumplimiento de un contrato se disfraza de un fraude, los pleitos entre vecinos se convierten en denuncias de amenazas o el accidente de tránsito pasa a ser una denuncia de daño en propiedad ajena. Si existieran formas efectivas de solucionar este tipo conflictos entre particulares, yo estimo que se reduciría en al menos 50% la carga de trabajo de las procuradurías locales. Los ministerios públicos por tanto se dedicarían a resolver los asuntos complejos y de alto impacto.

Los ejemplos son interminables. Mi argumento central es que existe una enorme disociación entre las características y tipos de conflictos que existen en la sociedad mexicana y el tipo de procedimientos judiciales e institucionales diseñados para resolverlos. Con ello, el impacto del aparato de justicia y de las instituciones legales en la contención de la violencia es marginal.

Por lo tanto, si de lo que se trata es de construir los nuevos asideros de gobernabilidad, tenemos que comenzar por elaborar un mapa que nos permita saber por qué nos peleamos unos con otros, cómo solucionamos o no solucionamos nuestros pleitos y cuáles son los procesos sociales que tienen que ocurrir para que un conflicto se torne violento. Este mapa se ha hecho en otras partes del mundo a través de una encuesta, que tiene un alto nivel de complejidad, pero que bien vale la pena intentar levantar en México.

El mapa de la conflictividad debería ser el insumo central para que seamos capaces de diseñar mecanismos judiciales, administrativos y comunitarios de acuerdo con las características de cada población y de cada conflicto que se quiera atender. Si se logra diseñar e implementar exitosamente estos mecanismos, estaremos disminuyendo la rentabilidad de la violencia.

Por ejemplo, una intervención del MP efectiva para atender un caso de violencia intrafamiliar se puede traducir en un homicidio menos, o bien, una ventanilla rápida y eficaz para mediar y solucionar problemas entre vecinos puede ser un buen antídoto para disminuir la violencia en los barrios pobres con gran hacinamiento.

Si la autoridad es exitosa en atender y resolver la conflictividad que está en la base de la estructura social, es posible que ello ayude a reconstruir el tejido social y a que la autoridad se gane la confianza de los ciudadanos. Ambas cosas son indispensables para que estemos en condiciones de enfrentar a la delincuencia más compleja y violenta.

LA FUSIÓN TELEVISA-IUSACELL

JAVIER CORRAL JURADO

Esta semana, desde varios ámbitos y distintas miradas, se le ha rendido homenaje a Miguel Ángel Granados Chapa, a su memoria, que es recuerdo permanente de entrega profesional, compromiso ético y enorme generosidad humana. Entre los homenajes destacó el que le rindió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a la que el orgullosamente hidalguense brindó siempre su aval moral, respaldo intelectual y en la que presidió durante tres años su Consejo Consultivo.

Hube de rescatar, en ese marco, uno de sus últimos lances periodísticos, precisamente por el que Miguel Ángel adelantó la operación de compra que Televisa hizo de la empresa de telefonía móvil Iusacell, propiedad de Tv Azteca. Esta revelación le costó los más insolentes improperios por parte de los gatos de angora del duopolio televisivo, llamándole "profesional de la mentira, la calumnia y la difamación", aunque unas cuantas semanas después tuvieron que tragarse su palabrerío, cuando no pudieron seguir ocultando las negociaciones de fusión, y el siete de abril de 2011 Televisa tuvo que informar a la Bolsa de una transacción por la que adquiría directa o indirectamente 50% del capital social de Grupo Iusacell.

Granados Chapa había desvelado ante la opinón pública uno de los procesos de simulación más arteros de que se tenga memoria, de enormes consecuencias para la economía y la democracia en nuestro país y con serias sanciones en términos de competencia y bursatilización en los Estados Unidos. La simulación por partida doble: la que jugaba con su extraordinario cinismo Tv Azteca ante la licitación 21, y la absoluta deslealtad con que Televisa se comportaba con su socio Nextel, toda vez que desde diciembre del año anterior había incubado la idea de dejarlo en el camino y comprar mejor la empresa de Grupo Salinas.

Desmintieron a Miguel Ángel con tal contundencia sólo para lograr esquivar el tiempo legal que Televisa tenía en su contrato con Nextel, para poder entrar en negociacones con un nuevo socio, en el mismo negocio que intentaba con éste, al que exprimió su bussines plan.

El siete de abril las dos televisoras notificaron a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) dicha transacción y el 14 de ese mismo mes la comisión publicó en su página que, por acuerdo tomado el ocho de abril, le había ordenado a las partes no ejecutar la concentración hasta que obtuvieran resolución favorable. Por supuesto que con todo y el poder que representa el duopolio, ese órgano tenía claro que al autorizar de inmediato dicha operación sobrevendría enseguida un escándalo.

Pero igual que al ocultamiento primero, ahora la Cofeco, a cuya vergüenza mayor se ha colocado Eduardo Pérez Mota, prepara también con trabajada simulación la resolución favorable a la maniobra de hacerse de una muy buena porción del espectro radioeléctrico, por quienes usan el cañón de la televisión concesionada por el Estado para hacerse de nuevas ventajas.

Como lo anticipó Granados Chapa, existen varios elementos que confirman que Televisa y Grupo Salinas ya tenían realizada la concentración desde el mismo día en que la notificaron, siendo que la Ley Federal de Competencia Económica ordena que no la pueden realizar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación ni después de recibir la orden de no ejecutarla.

Según información del Reporte Anual de Televisa 2010 (disponible en junio de 2011) y Resultados del segundo trimestre 2011 de Televisa (julio de 2011): el siete de abril de 2011 Grupo Televisa SAB, a través de su subsidiaria Corporativo Vasco de Quiroga, adquirió: 1. Derechos fideicomisarios por el 1.093875% del capital social de GSF Telecom Holdings S.A.P.I de C.V. (“GSF”), titular del 100% de las acciones de Grupo Iusacell en forma indirecta, por 37.5 millones de dólares; y 2. Obligaciones no garantizadas y forzosamente convertibles en acciones representativas del capital social de GSF correspondientes a la Serie 1, por un monto total de aproximadamente 365 millones de dólares y, correspondientes a la Serie 2, por aproximadamente mil 200 millones de dólares.

Los derechos fideicomisarios (37.5 millones de dólares) y las obligaciones convertibles correspondientes a la Serie 1 (365 millones de dólares) fueron pagados en efectivo el 7 de abril de 2011.

Las obligaciones de la Serie 2 (mil 200 millones de dólares) eran pagaderas en efectivo a más tardar el 31 de octubre de 2011 (mediante un solo pago anticipado o varios pagos). Del monto correspondiente a estas últimas, al 28 de junio ya se habían pagado 600 millones de dólares y en El Financiero se publicó hace dos semanas información en el sentido de que Televisa había pagado otros 150 millones de dólares, por lo que de los mil 200 millones de dólares, sólo falta por pagar la suma de 450 millones de dólares.

Es decir, antes obtener la autorización del organismo antimonopolios, ya han desembolsado mil 152.5 millones de dólares.

Y si bien en la propia información hecha pública por Televisa se señala que se trata de “obligaciones convertibles en acciones”, y que “la transacción aún está sujeta a la aprobación regulatoria de las autoridades” (El Financiero, 21 de octubre de 2011), la pregunta es obligada: ¿qué empresa desembolsa mil 152.5 millones de dólares sin tener seguridad sobre la forma en que ese dinero se usará?

Por eso Televisa ya ha tomado participación directa y control en la administración de Grupo Iusacell, como consta en comunicado del 23 de mayo, en el que se informa que Carlos Ferreiro, anterior director de finanzas de Sky (empresa de Televisa), fue nombrado director general de finanzas de Iusacell. Televisa también ha nombrado uno de los cuatro Consejeros que integran el Consejo de Administración de GSF, en virtud de la inversión que ya hizo en el capital social.

Viene una de las más graves lesiones que se le pueda infringir a la competencia en el sector de las telecomunicaciones, y en términos de pluralidad de contenidos a la televisión abierta, ya no digamos en términos de la publicidad comercial.

No sólo por el encargo moral que nos dejó Miguel Ángel Granados Chapa en este tema, sino esencialmente por el bien de México, es hora de denunciar con todo valor y sin complejos la maniobra en puerta.

DEMOCRACIA Y CRISIS: SALIR DE TERMIDOR

GERARDO PISARELLO

La agudización de la crisis ha colocado a la democracia en el centro de una áspera disputa. En Nueva York y Atenas, en El Cairo y en Madrid, en Marsella, Londres, Barcelona o Reikiavik, miles de jóvenes precarios, trabajadoras y trabajadores despedidos, maestros, pensionistas, personas hipotecadas e inquilinos expuestos al desahucio, artistas, migrantes, periodistas e internautas, vecinos afectados por la privatización o el deterioro de la sanidad, la educación, el agua o el transporte, denuncian la degradación de la vida política y económica. Afirman que no quieren ser «una mercancía en manos de políticos y banqueros». Y exigen, en un grito que atraviesa el planeta: “¡Democracia real ya!”.

Esta demanda democratizadora contrasta de manera visible con el desconcierto o la pasividad de las clases gobernantes. En su boca, la democracia continúa presentándose como el más legítimo de los regímenes políticos. Mientras tanto, el grueso de los elementos con los que esta suele identificarse —el gobierno de las mayorías, el pluralismo político, la protección de las minorías vulnerables, la vigencia de libertades públicas amplias— se encuentra en crisis. Decisiones cruciales para la seguridad material y la autonomía de amplios sectores de la población son adoptadas por grupos privados carentes de legitimidad electoral o de control ciudadano alguno. Entidades financieras, grandes inversores, oligopolios informativos, agencias de calificación de deuda, empresas transnacionales, concentran un poder inédito, capaz de colonizar partidos, parlamentos y tribunales y de reducir consignas como las de «una persona un voto» a poco menos que quimeras.

Naturalmente, la percepción de estos fenómenos está condicionada por la idea de democracia que se profese. Las concepciones liberal-tecnocráticas dominantes, de hecho, minimizan esta distancia entre el ideal democrático y su práctica efectiva. Para ello, suelen reducirlo a una simple técnica de recambio periódico de las élites gobernantes. Esta concepción restrictiva de la democracia, que permite descalificar como demagógica o maximalista cualquier crítica que pretenda mirar más allá de estas premisas, oculta, no obstante, su sentido histórico profundo. Y acaba por dar cobertura a regímenes que, cada vez más, operan como oligarquías isonómicas, es decir, como regímenes controlados por minorías económicas que apenas admiten, de manera selectiva, el disfrute de algunas libertades públicas.

Esta tensión entre democracia y oligarquía, o si se prefiere, entre Constitución democrática y Constitución oligárquica, no es desde luego nueva. Fue lúcidamente entrevista por pensadores como Aristóteles y atraviesa la historia de la humanidad desde la Antigüedad hasta nuestros días. En ella no faltan, al igual que hoy, teorías y prácticas empeñadas en despojar al principio democrático de su componente igualitario y emancipatorio, marginándolo o reduciéndolo a una pieza inofensiva de la organización social. Estos intentos se han presentado bajo diferentes ropajes. Como necesario antídoto contra la «tiranía de las mayorías». Como defensa de la Constitución mixta frente a la Constitución popular, siempre expuesta a los «humores de la multitud». O simplemente como una apuesta por la democracia limitada, moderada, frente a la extremista democracia pura o absoluta. Dispuestos a ganar el sentido común, estos argumentos han intentado cubrirse con la bandera de la moderación, del rechazo a la hybris, al exceso. Pero han dado voz, invariablemente, a temores e intereses exaltados, vinculados a posiciones elitistas y a plutocracias de diverso signo.

Que para identificar esta persistente corriente antidemocrática se evoque a Termidor no es baladí. Termidor fue el mes —según el calendario revolucionario francés— en que tuvo lugar el golpe de Estado de 1794 contra el movimiento democrático que surgió de la caída de la Monarquía y de la proclamación de la República. Dicho golpe supuso la interrupción de un proceso vigoroso de lucha por la extensión de los derechos políticos y sociales de la población, comenzando por sus miembros más vulnerables. Desde entonces, Termidor ha quedado identificado con los procesos de desdemocratización realizados en nombre de la gran propiedad y del gobierno de los notables (y a veces, también, con la degradación burocrática y despótica de las reacciones contra otras tiranías o plutocracias).

De ahí su importancia en los tiempos que corren. Y es que la llamada globalización neoliberal, el capitalismo financiarizado al que ha dado lugar, también podría considerarse el último capítulo de Un largo Termidor. De una honda recomposición en las relaciones de poder que, apelando al ideal democrático, ha acabado por desnaturalizarlo en beneficio de un orden constitucional con fuertes componentes oligárquicos. Esta contrarreforma tiene una fuerza innegable. Pero no es inevitable ni irreversible. Como ocurre con otros conceptos usados en vano, la noción de democracia puede ser rehabilitada, rescatada del naufragio. Para comenzar, si se vincula a su mejor herencia histórica. La que entronca con el constitucionalismo revolucionario de los siglos XVII y XVIII, con el constitucionalismo democrático republicano de entreguerras, en el siglo XX, e incluso con experiencias como las del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, ya en el siglo XXI. La que va de Efialtes y Aspasia de Mileto a Thomas Paine y Karl Marx, de Flora Tristán y Rosa Luxemburgo a Patrice Lumumba y Martin Luther King. Ello nos ayudaría a verla, no ya como un simple mecanismo de renovación de élites, sino como una inveterada tradición emancipatoria. Una de las pocas quizás, capaz de abanderar hoy las exigencias de millones de mujeres y hombres a favor del autogobierno político y económico de todas las personas y pueblos y de la reproducción sostenible de la vida en el planeta.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

DIEGO VALADÉS

Como si el país viviera la plenitud de su gobernabilidad democrática, parecemos más interesados en discutir las figuras presidenciables que en analizar la caduquez de la institución presidencial. Empero, lo que debería preocuparnos es la Presidencia misma, cuya estructura arcaica no se remedia con personas.

El sistema presidencial mexicano no se ha renovado y sus defectos institucionales se podrán exacerbar con motivo del proceso electoral venidero. Las condiciones de gobernabilidad del país estarán muy comprometidas después de una campaña que augura duros enfrentamientos verbales. Las estrategias están centradas en el día 1º de julio del 2012, sin prever lo que sucederá después de esa fecha. Los partidos se aprestan a la contienda y convocan a la unidad como estrategia electoral, no como objetivo de gobierno; como amalgama de intereses, no como identificación de principios; como instrumento para vencer al adversario, no para compartir el poder; como acción política, no como proceso institucional.

La pugna electoral es efímera pero sus efectos de animosidad pueden ser duraderos. Si no se toman medidas oportunas, se corre el riesgo de que la lucha continúe incluso cuando los comicios hayan acabado. Hasta ahora no existen dispositivos institucionales para gobernar una sociedad plural ni para propiciar una convivencia política constructiva después de las elecciones. En cambio, prospera un discurso seco y excluyente. Se olvida que el lenguaje extremo es peligroso en un país al borde de la ira.

Ante la perspectiva de que la ciudadanía decida no entregar la mayoría del Congreso a un solo partido, habría tres grandes opciones: suprimir la representación proporcional e integrar el Congreso mediante elecciones mayoritarias, incluyendo la segunda vuelta; adoptar la llamada "cláusula de gobernabilidad", o disponer de mecanismos que, sobre la base de un proyecto de gobierno compartido, permitan integrar una mayoría compuesta por miembros de diferentes partidos. Muchos pensamos que esta última es la modalidad que mejor refleja el pluralismo democrático, y que la racionalización del sistema presidencial es posible contando con instrumentos que faciliten las coaliciones de gobierno.

A un grupo de personas de los ámbitos académico, mediático y político nos ha interesado conocer la posición que sobre ese tema tienen las ocho personas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Les formulamos un cuestionario muy concreto: qué prioridad le otorgan a la reforma del régimen de gobierno; si estarían de acuerdo en someter el programa de gobierno y la ratificación de los integrantes del gabinete a la aprobación de los representantes nacionales; si aceptarían que sus colaboradores, o por lo menos uno de ellos, fuera responsable ante el Congreso, y si integrarían un gobierno de coalición con un pacto legislativo.

Si esas medidas fueran adoptadas desde ahora, y entre las previsiones de los partidos y de sus candidatos estuviera la de una coalición de gobierno, es probable que la campaña que se avecina sería menos acre. Pero ya se ha visto la dificultad de alcanzar un consenso incluso sobre una reforma institucional tan benigna para el régimen de partidos y para la estabilidad institucional como la que está detenida en la Cámara de Diputados, de manera que una de mayor calado como la que implicaría una respuesta positiva a las preguntas que planteamos, se antoja más o menos remota, hoy. El 2 de julio será otra cosa.

Es crucial que los partidos y sus potenciales candidatos estén conscientes de que no bastará con vencer el 1º de julio, porque cuando solo uno de ellos triunfe y se enfrente al desafío de gobernar, le costará mucho serenar los ánimos de una sociedad escindida por las pasiones; le será difícil contar con el apoyo de aquellos que lo denostaron y a quienes a su vez viene de agraviar, y le resultará cuesta arriba gobernar en solitario. Un gobierno minoritario no es democrático; ni siquiera es eficaz. Éste es el problema de un sistema presidencial diseñado para ejercer el poder hegemónico.

En 2012 la disyuntiva será colisión o coalición. Algunos no lo ven; viéndolo, no lo entienden, o entendiéndolo, no lo aceptan. Peor para todos nosotros. Si dos sexenios fracasados no han sido suficientes para ilustrar a nuestros dirigentes, habrá que sufrir otro más de adversidad para la equidad social, para la paz pública y para el desarrollo económico de nuestro maltrecho país. Espero que no vayamos hacia allá.

TALENTO Y GENEROSIDAD DE GRANADOS CHAPA

JAVIER CORRAL JURADO

Tuvo Miguel Ángel Granados Chapa diversas cualidades, pero fue suya íntegramente la de saber escribir, que jamás podría realizarse sin saber pensar, pensar bien y para el bien común. Tuvo varias vocaciones - entre ellas la academia, la abogacía, la política y el activismo social - pero fue única su fe: el periodismo. El que ejerció como Maestro. Y desde esa maestría demostró que el periodismo puede tener causas sin tener que ser militante, apartarse del equilibrio u olvidarse del punto de vista diferente.

Porque este homenaje es organizado por AMEDI, debo señalar que una de sus causas, en sus varias vocaciones fue el derecho a la información, en el que abarcó la defensa de la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación, la responsabilidad social de los periodistas.

Porque Miguel Ángel Granados Chapa supo siempre que tan enemiga de la libertad de expresión es la censura, como la calumnia; defendió que las libertades que no se aseguran en las leyes, se vuelven frágiles y fáciles de perder; por ello se apostó siempre en favor de una legislación de medios que garantizara la pluralidad y la diversidad de voces; de ahí que cuando le propuse que me acompañara a Presidir el Consejo consultivo de AMEDI, su respuesta fue inmediata, resuelta, generosa. Como cuando al lado de más de 80 organizaciones ciudadanas convocadas por AMEDI nos aceptó encabezar, en este mismo lugar, la creación del Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. Que en el mejor homenaje a su memoria, debiéramos retomar con todo vigor.

Su posición crítica e informada sobre el funcionamiento y la estructura monopólica de los medios electrónicos de comunicación - incluido el conocimiento a detalle sobre sofisticados aspectos técnicos y del desarrollo tecnológico de éstos -, le granjeó un desprecio y un desdén por parte del duopolio de la televisión, que llegó a la insolencia.

El 23 de enero de 2011, en su Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa dio a conocer la fusión entre Televisa y Iusacell -empresa de TV Azteca-, por cierto: una operación que esta próxima a resolverse y que de permitirla la autoridad constituiría la más grave lesión a la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones y al sistema democrático, por lo que se refiere a la fusión definitiva de las dos televisoras.

Ese domingo, Granados Chapa advirtió las consecuencias de esa operación, pero sobre todo desvelaba la simulación que en torno de la licitación 21 tenía TV Azteca, y la absoluta deslealtad con que Televisa se comportaba con su socio Nextel, toda vez que desde diciembre del año anterior había incubado la idea de dejarlo en el camino y comprar mejor Iusacell.

Así lo anticipó Miguel Ángel en su columna: "Si no puedes vencer a tu enemigo, recomienda un refrán, únetele. Y si puedes, mejor cómpralo. Esa fórmula se aplicó esta semana, cuando Televisa adquirió la totalidad de acciones de Iusacell, la empresa que en busca de su propio provecho presentó más de 40 recursos legales contra la licitación 21, confeccionada a favor del consorcio Azcárraga. Esa operación jurídica, y política, de la que se da cuenta en esta columna antes que en ninguno otro lugar, permitirá a Televisa además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con 53 megahercios del espectro radioeléctrico, los que posee Iusacell.

Esa misma tarde y al día siguiente, las televisoras publicaron cartas aclaratorias, le profirieron los peores calificativos que se le pueden decir a un periodista, los gatos de angora de Televisa y Tv Azteca lo desmintieron con tal contundencia que nunca habíamos imaginado hasta donde podía llegar el cinismo convertido en derecho de réplica. Lo acusaron de profesional de la mentira, de la calumnia y la difamación.

Miguel Ángel Granados Chapa escribió al día siguiente en su cajón de sastre, el 24 de enero de 2011:

“En sendas cartas que aparecen en esta misma edición, Televisa y Grupo Salinas desmienten la venta de Iusacell, a que me referí en la Plaza pública de ayer. A reserva de ofrecer una respuesta más completa, admito avergonzado que cometí dos errores profesionales. En primer lugar, me dejé llevar por el afán de dar a conocer una primicia, una noticia exclusiva en un ámbito de gran importancia pública, línea infrecuente en mi habitual trabajo de información y análisis. En segundo lugar, como lo señalan los desmentidos a los que en ese punto reconozco plena razón, no inquirí a las partes sobre el hecho, omisión motivada por la firme confianza que me merece la fuente de que abrevé esa información. Al mismo tiempo que acepto la gravedad de este desliz profesional solicito a los lectores lo disculpen.”

Pienso que a muchos se nos estrujó el corazón en aquel momento, particularmente me sentí demolido moralmente, porque fui yo la fuente indirecta de aquella información.

Le escribí por correo electrónico esa mañana a Miguel Angel: "realmente me encuentro atribulado y conmovido por lo que ha pasado, reprochándome la falta de cuidado al platicarle lo de Iusacel, o más bien la contundencia con que hice mía la información que se me dio.

La vergüenza de la que ahora habla en su cajón de sastre, me alcanza por eso quiero pedirle una disculpa y comentarle exactamente lo que me fue informado y como sucedió".

Le di cuenta a Miguel Ángel de todos los detalles, le revelé nombres y fechas, incluso le transcribí los mensajes de blackberry donde me aseguraban que el informante "juraba que se había llevado a cabo la operación", y que había copia de la carta de intención firmada a mediados de diciembre del año anterior. Y le ratifiqué también que la información la había obtenido por un testigo, desde las entrañas mismas de la negociación.

"Miguel Ángel, le cuento esto porque estoy muy contrariado y encabronado por la manera en que le han respondido las televisoras, miserables como siempre; solo me consuela su grandeza, sus tamaños y su nivel que vuelve a demostrar en el cajón de sastre de hoy. Esto me ha motivado a consultarle qué debo hacer, creo sinceramente que debo salir a la opinión pública y dar mi propio testimonio".

Miguel Ángel se comunicó conmigo de inmediato por teléfono.

- No lo haga Javier, al final de cuentas es mi responsabilidad, no la suya. Dejemos correr el tiempo.

Y el tiempo corrió. Sólo unos cuantos meses duró la mentira de las televisoras, porque como siempre ha de llegar, llegó la verdad. Sólo esquivaron el tiempo legal que Televisa tenía en su contrato con Nextel, para dar a conocer su nueva negociación con Iusacell, que en realidad no era de ese día, sino desde diciembre, como la había dicho Granados Chapa.

Pudo Miguel Ángel entregarle a sus lectores la versión completa, ya con documentos en mano.

Sin regodeo alguno, escribió en su Plaza Pública del 10 de abril del 2011, lo siguiente: “Ante los irritados desmentidos de las televisoras que integran el duopolio, pedí disculpas a los lectores. Pero no negué el hecho cuya existencia tenía entonces por cierta, y que 10 semanas después ha sido confirmado por las partes.” “Ese reconocimiento no implicó que me desdijera de lo dicho. No rectifiqué, pues el acuerdo para que Iusacell pasara al control de Televisa, como ahora ocurrirá, consta en una declaración de intención que se consuma ahora. El 21 de diciembre de 2010 había sido suscrita por funcionarios de ambas partes. Se enmarcaba en el comienzo del concurso mercantil solicitado por Grupo Iusacell y Grupo Iusacell Celular, procedimiento jurídico que concluyó la semana pasada, justo a tiempo para admitir en público las nupcias por conveniencia de Televisa y Grupo Salinas.”

“En el duelo de mastodontes el gobierno justifica su impasibilidad en la carencia o insuficiencia de instrumentos legales para regular a derechas las telecomunicaciones. Pero no ejerce los que tiene, y se muestra tímida y groseramente omiso ante la tentativa encabezada por MVS para ofrecer, según su propaganda, "banda ancha para todos", más rápida y más barata, es decir un servicio ventajoso para los usuarios, en los que nadie había pensado.”

Las televisoras enmudecieron, porque fueron brutalmente exhibidas. Los gatos de angora ya no maullaron. El insulto, las descalificaciones y el desdén quedaron como el mejor homenaje que la mediocridad rinde al talento.

Fue Miguel Ángel periodista siempre, enorme su tamaño como referente del ejercicio ético. Estriba su grandeza en que nos demostró cómo puede un hombre hacer compatible el talento con la sencillez, el profesionalismo con la generosidad. Por eso no podemos decirle adiós, a Miguel Ángel lo único que le podemos decir es hasta siempre y muchas gracias por todo.

M.A. GRANADOS CHAPA, INTEGRIDAD EN EL PERIODISMO

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Se ha dicho que el periódico es una cátedra y una tribuna, creo que no es ni lo uno ni lo otro. En la cátedra se iluminan verdades, se abre a la reflexión ante un corto número de inteligencias pero se cosecha en el futuro. En la tribuna, son pocos, generalmente, como en la cátedra quienes la atienden y muchas veces la elocuencia puede fundir o iluminar el mensaje. En cuanto al periódico, esa pieza de papel hoy transformada, tiene un auditorio indeterminado al que tienen acceso jóvenes y viejos, ricos y pobres, sabios e ignorantes y tiene eco inmediato en la sociedad. En él, todos pueden ser oídos y si se ejerce con conciencia es una tarea honrada, es un alto deber y en algunos además de sacerdocio puede ser martirio: mi amigo, Manuel Buendía.

Revisando rápidamente las plumas más significativas de la prensa mexicana, creo, sin temer a equivocarme, que el trabajo de Granados Chapa se cimenta en los mejores textos de Francisco Zarco, Ricardo Flores Magón, Francisco Martínez de la Vega, José Alvarado, José Pagés Llergo para citar algunos de los hombres más significativos del periodismo mexicano.

Miguel Ángel contó con cualidades no frecuentes en el hombre mexicano: pluma, sabiduría, inteligencia, integridad, compromiso y lógica. Su formación en la UNAM le permitió con la lupa de un jurista examinar la realidad nacional, prístina y honestamente por más de 35 años de trabajo periodístico. Confirmó que no se requiere de un gran diario para impulsar un nombre y hacerlo respetar en los volcanes de la política mexicana, donde van de la mano corrupción, sumisión, engaño, mercenarios y lacayos y en la otra, lealtad, honestidad, luchadores sociales y hombres valientes. Estableció una tribuna para la nación que era ávidamente leída por los políticos que se debieron sonrojar por la forma en que los zahería, con la magia de su ingenio literario y la verdad que adosaba a su talento. No estoy cierto si Miguel Ángel transitó de una primera época de inclinación hacia la derecha, pero si esto ocurrió, pronto revisó su ideología y la puso al servicio de las mejores causas del país, entre ellas la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Infortunada fue su presencia en el Instituto Federal Electoral en el tormentoso año del 94.

No es extraño que coincidiera Granados Chapa con un personaje de la Reforma, Francisco Zarco, en cuanto a abordar los temas ingentes de México: la política y del fanatismo -siempre dentro de las circunstancias de cada época. Como le dice Altamirano al duranguense, Miguel Ángel tenía "un corazón templado para sobreponerse al combate y la abnegación grande de sacrificar el bienestar personal a la felicidad común". El hombre que consagró su vida y su inteligencia a ser el eco y el intérprete de una posición política, a dirigir una ruta de la opinión nacional se convirtió como muy pocos periodistas mexicanos, en el verbo de un pueblo que se encuentra sumido hoy, en su doloroso tránsito, bajo calumnias, injusticias, bajezas y supinas incapacidades.

Le rindo testimonio de gratitud, además, porque un día me ofreció su micrófono y alzó su pluma para reconocer una lucha en otras fronteras por los derechos humanos. Aconteció en Bolivia, donde logramos liberar a una ciudadana mexicana a la que pretendía el gobierno pudrir en un calabozo de La Paz, mientras en otro se encontraba quien hoy es vicepresidente de ese país, Álvaro García Linera.

Deja entonces el hidalguense una herencia sustentada en los más altos valores del periodismo, credibilidad y confianza y un testimonio en sus textos que son la reseña diaria de lo ocurrido en el país en los últimos 25 años. No es entonces la última vez que nos encontramos, ni éste el último adiós, mientras se escriba una palabra que defienda a nuestro pueblo y delate a sus opresores, Miguel Ángel vivirá.

'OPERATIVO SALIM'

CARMEN ARISTEGUI

Con respeto profundo, al maestro Miguel Angel Granados Chapa.

Guía práctica para informarse de un tema antes de opinar.

1. El 9 de junio de 2010, la Semar informó de un operativo realizado en Mérida 12, colonia Roma. Informó del aseguramiento de "...20 kilogramos de alto explosivo". El material "...es utilizado en tareas de demolición ...se puede aplicar directamente en estructuras y cuenta con una velocidad de detonación y densidad suficientes para romper el metal". Esa noche Televisa presentó imágenes del lugar y mostró los materiales descritos por la Marina.

2. El 10 de junio de 2010 la SIEDO corrige a la Marina e informa que: "...el dictamen oficial es que las sustancias químicas como son la glicerina, ácido nítrico y parafinas ...no corresponden con ningún tipo de material explosivo... respecto a los detenidos no eran detenidos, eran personas presentadas".

3. Junio 2010. Dolia Estévez, en Noticias MVS, confirma, con fuentes en Washington, que la versión original de la Marina respecto a los explosivos era válida y que la DEA había participado en el asunto.

4. El 26, 30 y 31 de agosto de 2010, la Semar responde a tres solicitudes de información en cumplimiento a la Ley de Transparencia. El 26 dice que dado que la SIEDO determinó que las sustancias aseguradas no corresponden a ningún tipo de material explosivo, "...esta Semar asume como CIERTO dicho señalamiento". El 30, responde que: "...en dicha inspección fueron utilizados equipos de detección molecular de sustancias explosivas con efectividad del 99.99% mismo que en el caso específico dio positiva a explosivo". El 31 de agosto dice: "...la Semar no efectuó peritajes ya que no dispone de peritos químicos ni atribuciones para tal fin". Subraya (con mayúsculas) que la SIEDO determinó que se trataba de "PARAFINA; ÁCIDO NÍTRICO y GLICERINA".

5. El 17 de junio el portal de la Marina inhabilitó el acceso al comunicado 141/2010 en el que informaba de los explosivos.

6. El 22 de junio de 2010 Marina habilita, de nuevo, el acceso al comunicado. Actualmente se puede consultar, sin modificación alguna, con la descripción de los materiales explosivos.

7. El 31 de agosto de 2010, la PGR rechaza oficialmente dar información sobre el tema alegando que se trata: "... de información reservada ... y podrá permanecer en tal carácter hasta por un periodo de doce años".

8. Octubre 13 de 2011. El sitio "Borderland Beat. Reporting on the Mexican Cartel Drugs War", relacionado con miembros de servicios de inteligencia en Estados Unidos en el retiro, da a conocer un documento confidencial atribuido a la Semar titulado "Operativo Salim". Dolia Estévez informa que se trata de un documento con apariencia oficial y sellos oficiales y marcas de seguridad en el papel. Ahí se detalla el operativo, su objetivo y lo que encontraron. Afirma que: " ...se encontró dentro de la caja de cartón y pegada con cinta engomada color café un logotipo del grupo extremista islámico armado AL SHABAB". Se relata que: "...Autoridades norteamericanas nos informaron que agentes de inteligencia adscritos a la embajada de Israel en México son quienes han seguido la pista del presunto terrorista de nacionalidad somalí de nombre AMHED, quien presuntamente pertenece a la organización extremista islámica armada internacional y de quien anexamos copia de fotografía y credencial apócrifa. Se tiene también información acerca de que los explosivos serían utilizados para atentar en contra de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica en México, además de otros objetivos como consulados".

9. 18 de octubre 2011. Semar rechaza "categóricamente la autoría del supuesto informe". Afirma que es apócrifo y señala que "...no se pronuncia sobre los contenidos de las notas".

10. 18 y 19 de octubre. El periodista Joaquín López Dóriga afirma en Televisa y en Milenio que el documento confidencial "Operativo Salim" fue filtrado por el gobierno de los Estados Unidos.

11. El 20 de junio de 2010, el periodista Jorge Alejandro Medellín publica en MILENIO SEMANAL el reportaje: "DEA y MARINA: cómo cazar al terrorista", cuyo contenido coincide con el documento atribuido a la Marina. El reportaje nunca ha sido desmentido. En el último párrafo se lee: "El hombre que la Marina Armada y la DEA buscaban en la casa de Mérida 12 había abandonado el lugar tres semanas antes. En su cuarto el personal de Fuerzas Especiales de la Armada de México halló un ejemplar del Corán".

12. El 9 de septiembre de 2011, Guillermo Valdés del CISEN afirmó: "...En México aún operan algunos grupos que creen en la violencia como instrumento de cambio. Tampoco podemos descartar el riesgo que representaría una eventual presencia del terrorismo islámico en nuestro territorio".

13. 20 de octubre 2011. Dolia Estévez señala en MVS que, según sus fuentes en EU, está en posibilidad de afirmar que el informe Confidencial "Operativo Salim" no es un documento apócrifo.