EL INTERÉS PÚBLICO, EL IFE Y LOS RIESGOS

ALFREDO FIGUEROA FERNÁNDEZ

La nueva embestida de Televisa y TV Azteca en contra de la construcción del sistema democrático y de mayor equidad en la contienda es absolutamente inaceptable. El despliegue ofensivo de presiones bajo el cobijo de las redes de complicidad y extorsión política que han edificado en el sistema de partidos y en las instituciones públicas, constituye una de las más grandes amenazas al sostenimiento democrático de nuestro país.

Es claro que su voz se extiende no sólo a la televisión mexicana, sino a buena parte de la radio e incluso a algunos diarios de circulación nacional, a través de columnistas que reproducen sin más, párrafos enteros construidos o dichos en otra parte. Todos quienes estamos en la vida pública vinculada a esferas de su interés, sabemos en qué basan sus procesos de influencia y control: creando climas políticos favorables y desfavorables, en los que con mayor y menor talento, se puede hacer uso, incluso, de la mentira muchas veces repetida.

No debe pasar inadvertido el signo cíclico del poder de las televisoras, por estas mismas fechas hace seis años lograron que el Poder Legislativo aprobara una ley (telecomunicaciones, radio y televisión) que ofrecía nuevas garantías a sus privilegios, al grado que se le recuerda como la Ley Televisa. Resulta indispensable recordar también el esfuerzo de senadores de la República (militantes de distintos partidos políticos) y de organizaciones sociales, al interponer el recurso ante la Corte que permitió frenar aquella ley por su condición inconstitucional. A pesar de ello, hasta el día de hoy, se ha impedido un proceso democratizador en el sistema de radio y televisión en nuestro país.

La reciente embestida pública de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dirigida por Azteca y Televisa en contra del IFE y del Reglamento de Radio y Televisión, es la expresión más clara de su decisión indeclinable por pretender constituirse nuevamente en los árbitros de la contienda. Es un intento por sustituir a las instituciones de la República y quizá lo más grave, la intención de inducir condiciones que permitan favorecer y desfavorecer a los contendientes en la elección presidencial de 2012, con arreglo a privilegios económicos y políticos, contrarios al interés público.

El objeto de la campaña reciente es minar los instrumentos que ayuden al IFE a ofrecer condiciones de competencia política que permitan una elección más equitativa, pero sobre todo, es la búsqueda por impedir que los tiempos públicos de radio y televisión se conviertan en el mecanismo privilegiado por el que las y los ciudadanos se informan de las características de los candidatos a gobernar el país.

Que los tiempos del Estado establecidos en la Constitución para la competencia política no sean suficientemente funcionales para la elección venidera, incentiva el acceso al mercado ilegal de la contratación o adquisición de propaganda electoral integrada, es decir, entrevistas pagadas, cápsulas, menciones en telenovelas que, entre otras, ha documentado el IFE en los años recientes. De dónde proviene el dinero con el que un candidato o partido financia propaganda ilegal en radio y televisión; a qué se compromete alguien que adquiere "gratuitamente" propaganda en radio y televisión para ser favorecido en una elección; cómo se defiende la legalidad y el interés público cuando para ello el acceso al poder ha supuesto actuar contra la ley y convenir con intereses privados. Estas son preocupaciones centrales en torno a la elección venidera ampliamente vinculadas a la funcionalidad de los tiempos del Estado.

Es al menos preocupante que los actores políticos y fundamentalmente quienes tienen una responsabilidad pública ejerzan un ominoso silencio, salvo contadas y muy honrosas excepciones, frente a este nuevo embate de las cadenas de televisión. Pueden seguir mirando hacia otro lado como si en esto no estuviera en juego la viabilidad, la legalidad y el interés de ir a una contienda equitativa. Como si la cuestión no fuera consentir posibles riesgos al derecho al voto libre que, para serlo, debe ser informado. Qué significa su silencio.

Frente a la reciente revocación del Tribunal Electoral del Reglamento de Radio y Televisión, quienes así lo hemos decidido, impulsaremos en el IFE nuevamente consultas en los términos dispuestos por la resolución y ofreceremos, con mayor amplitud, opiniones sobre la viabilidad técnica de los plazos, aunque todos sabemos que ése no es el eje central y el fondo de este debate. Se trata de una evidencia y un signo mayor: de cómo las conquistas democráticas, tan costosas para el país, pueden desvanecerse si no actuamos para sostenerlas dentro y fuera de las instituciones.

Finalmente pienso también, no sin una dosis de candidez que misteriosamente aún conservo, que este nuevo esfuerzo reglamentario es una de las últimas llamadas para saber si las televisoras están dispuestas a contribuir con el proceso y con el modelo electoral que nos dimos. Todos sabemos lo que está en juego.