CIRO MURAYAMA RENDÓN
El acceso efectivo del conjunto de la población mexicana a servicios de salud de calidad sigue siendo un reto pendiente para nuestro país. Los esfuerzos para ampliar la cobertura a través del Seguro Popular iniciados en 2004 han sido significativos porque permitieron incrementar a niveles históricos el presupuesto público destinado a la salud.
Sin embargo, el gasto per cápita en salud es aún muy bajo y todavía el grueso del desembolso en atención médica lo hacen directamente las familias a través del llamado gasto de bolsillo y no de aseguramiento médico. Mientras los países desarrollados con sistemas de salud universal destinan alrededor de 8% del PIB como gasto público a salud, nosotros apenas superamos 3 por ciento.
Por otra parte, el incremento en los recursos financieros para salud no se ha traducido en un aumento similar en la atención, por ejemplo en el número de consultas, ni en la calidad de la misma. A la par, crecen los padecimientos crónico-degenerativos que exigen cantidades cada vez mayores de fondos para ser enfrentados.
En este sexenio el gobierno ha hecho explícito el objetivo de conseguir el acceso real a servicios médicos para toda la población, y ese es el primer compromiso firmado en el Pacto por México. Que la salud sea un campo de prioridad política no puede sino valorarse de forma positiva. Pero también en este tema el diablo estará en los detalles. Y nos conviene atender otras experiencias para ver los riesgos y disyuntivas que enfrentaremos más temprano que tarde.
En España la universalización de los servicios de salud, financiados con impuestos generales, se consiguió en la década de los años 80 con los primeros gobiernos socialistas. Desde entonces la calidad y cobertura de la salud aumentaron notablemente y también los indicadores de salud de los españoles, a grado de que el modelo de salud del país ibérico fue considerado como un referente internacional.
Pero ahora, en el río revuelto de la crisis económica, hay una peculiar ola privatizadora en España sobre los servicios de salud pública, como ha ocurrido recientemente en Madrid y Valencia. El reportaje de El País (6/01/13) titulado Batas privadas, enfermos públicos, da cuenta de cómo la gestión de los hospitales públicos se va trasladando a agentes privados, pero el dinero que ingresan los particulares en el negocio de la salud sale de las arcas públicas. Así, hay una suerte de subsidio o de canalización de recursos del erario hacia grupos hospitalarios privados.
Si en México pretendemos avanzar hacia la universalidad del acceso a los servicios de salud, debemos discutir con precisión cuál será el papel del sector privado. Es decir, si vamos a construir una red de clínicas y hospitales públicos con los suficientes recursos materiales y humanos para que se atienda la población, o si parte de esos servicios se cederá, y cómo, a grupos privados. El problema de dejar la atención médica a criterios de mercado es que la oferta —doctores, centros médicos— induce a la demanda —pacientes— hacia tratamientos más costosos.
Estados Unidos es un ejemplo claro: por el predominio del sector privado es donde más se gasta en salud sin que sus resultados sean los mejores y con alta inequidad social. Desde el punto de vista económico al sector privado no le interesa la prevención, sino la curación, que es donde está el gran negocio.
La experiencia española de ceder la gestión de hospitales a grupos privados es similar a la concesión de autopistas: los empresarios se hacen cargo del negocio hasta que deja de serlo, entonces el sector público rescata la ruina financiera, absorbe la deuda, y vuelve a dejar el negocio saneado en manos de particulares. Es la vieja historia de ganancias privadas y pérdidas públicas pero en un tema tan delicado como la salud. Así que ojo: que el objetivo de universalizar la salud no sea el pretexto para un nuevo episodio de lucro privado con el interés público.
*El Universal 10-01-13
No hay comentarios:
Publicar un comentario