MOCIÓN DE CENSURA*

CIRO MURAYAMA

Con un abrazo para la familia Zenzes Cordera, en recuerdo de nuestro queridísimo Alex, el hombre sereno y cariñoso que amaba la velocidad.

El día de mañana, miércoles 24 de julio, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), puede enfrentar una moción de censura en el parlamento planteada por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), lo que implicaría la apertura de un procedimiento para destituir al actual jefe del Ejecutivo. Si bien la moción no tiene posibilidades formales de prosperar, pues el PP cuenta con la mayoría absoluta de los votos en el Congreso conseguida en las elecciones de 2011, lo cierto es que la solicitud de remoción del actual presidente significa llegar a un punto de no retorno en la crisis política y de legitimidad del gobierno que se suma a la grave crisis económica que afecta al país ibérico desde 2008.

La amenaza de la moción de censura por parte del principal partido opositor, a la que se han sumado las exigencias de dimisión por parte de Izquierda Unida y de UPyD, surgió la semana pasada tras la revelación de que Mariano Rajoy mantuvo comunicación vía SMS a lo largo de los primeros meses de este año con Luis Bárcenas, ex gerente del Partido Popular, actualmente preso y sometido a juicio por corrupción por haber acumulado una enorme fortuna de origen irregular, haber defraudado al fisco y pagado altas sumas en efectivo de forma clandestina a dirigentes del PP, Mariano Rajoy incluido, a lo largo de casi dos décadas.

Bárcenas fue, hasta hace unos cuantos meses, defendido por la dirección del Partido Popular. “Nadie podrá demostrar que no es honesto” llegó a aseverar Rajoy. Cuando en febrero el diario El País publicó documentos que mostraban que el ex tesorero del PP llevaba una doble contabilidad de ingresos (pagos hechos por empresarios a cambio de contratos, esto es, tráfico de influencias) y egresos (sobresueldos a los líderes del partido que no fueron declarados, es decir, dinero negro en manos de políticos de primera línea), el PP descalificó su verosimilitud diciendo que se trataba de “fotocopias de fotocopias”.

Un poco más tarde, cuando la justicia española encontró millonarias cuentas de Bárcenas en paraísos fiscales, el PP se deslindó del ex tesorero, pero éste demostró seguir a sueldo del partido, que entonces le despidió.

Al final de junio, tras haber sido dejado solo por la formación política de la que llevó las cuentas por veinte años, Bárcenas fue encarcelado y comenzó a hablar. 

A la fecha, Rajoy dice que su gobierno no cederá a ningún chantaje y que se mantiene en lo dicho a inicio de año negando cualquier acto indebido de su parte y de su fuerza política. No obstante, en estos meses se acumula la evidencia, su ex tesorero está preso y demuestra que la doble contabilidad no fue un invento mediático sino que la ha confirmado quien la operó.

El que Rajoy no haya aceptado dar explicaciones ante la representación popular que es el Parlamento es lo que ha activado la moción de censura. Paradójicamente, el hecho de contar con mayoría absoluta en el Congreso, en vez de darle margen de gobernabilidad al titular del Ejecutivo le ha llevado a despreciar los controles democráticos de la división de poderes y ha terminado por minar la credibilidad en el propio gobernante.

El hecho de que el PP arroje tierra sobre este enésimo escándalo de corrupción que se le acredita demuestra que la falta de probidad política y el desgaste de las instituciones democráticas avanzan de la mano, a grado tal que el sociólogo Enrique Gil Calvo habla de que el régimen español es “un auténtico Estado cleptocrático de cohecho, que se camufla tras la impecable fachada jurídica de un Estado democrático de derecho” (El País, 22/07/13).

Que la historia del financiamiento del Partido Popular la esté contando un preso desde la cárcel, que el jefe del Ejecutivo no dé explicaciones y que pueda mantenerse en su cargo a pesar de que la mayoría de los españoles opine que debe dimitir ya (una encuesta del diario El Mundo publicada este lunes 22 muestra que el 55% de los ciudadanos, incluido un 31% de los votantes del PP, apoya la dimisión), muestra que hay algo más que una manzana podrida en el reino de 

España. Evidencia que la tensión entre dinero y democracia siempre está al acecho y que la corrupción de los políticos puede devorar y vaciar de legitimidad no sólo a sus protagonistas directos sino al propio sistema democrático cuando no hay controles institucionales adecuados. El caso ha puesto en claro que el Tribunal de Cuentas en España es incapaz de hacer una adecuada fiscalización del dinero que va a la política, por lo que requerirán construir un órgano especializado con autonomía del poder político y económico para llevar a cabo esa tarea.

Tampoco es menor la falta de resortes internos en el propio PP contra las prácticas corruptas, lo que subraya la importancia de la calidad de los partidos políticos para la calidad de las democracias: con partidos mediocres o corruptos se tendrá necesariamente una democracia pobre y viciada.

Finalmente, esta crisis política nos recuerda que para que un gobierno sea democrático no sólo debe de emanar con credibilidad del voto ciudadano, sino que debe de apegar toda su actuación a la ley y someterse al contrapeso democrático ejercido tanto por la oposición como por poderes independientes.

Cuando esos controles fallan y la impunidad política se vuelve el pan de cada día, la crisis de legitimidad de la democracia está servida.

*El Universal 23-07-13