EL APLAUSO AL DÉFICIT CERO

RICARDO BECERRA LAGUNA

Resultó desconcertante -y también alucinante- ver allí, en plena ceremonia de asunción presidencial, en Palacio Nacional, a tantas gentes importantes, respetables, inteligentes, aplaudiendo el consabido anuncio del déficit cero.

¡Es como si un público tan selecto celebrara y no cupiera de felicidad porque el Presidente hubiese pregonado: “la tasa de interés será del 3 por ciento”, “el gasto del gobierno llegará a 3 billones” o que “nuestro barril de crudo se costeara a 85 dólares”! ¿Quién en su sano juicio armaría un jolgorio tan solemne por semejantes definiciones financieras y contables?

Quiero decir: tener déficit o no, es sencillamente un instrumento, una herramienta, a la que se decide echar mano o no, pero nunca una meta inalienable de la República, un propósito nacional, un fin en sí mismo.   

Ocurrió al llegar la décima segunda decisión. El Presidente Peña Nieto puso entonces una entonación y un énfasis serio, casi sacramental: “Hoy, México es un país reconocido por su estabilidad macroeconómica. En mi Gobierno el manejo responsable de las finanzas públicas será la base…. Por ello, en los próximos días pondré a consideración del Congreso de la Unión el paquete económico 2013, con un cero déficit presupuestal”… así lo dijo.

Fue entonces que el respetable se abalanzó en una fuerte y decidida ovación, como si acabara de escuchar una medida quimérica que viniera a romper alguna vieja maldición histórica.

Nada de eso: lo que realmente estábamos oyendo era una definición administrativa, un ingrediente –entre otros- de la política económica; un instrumento técnico al que por ideología, burocracia y argucia legal el Presidente estaba renunciando, eso sí, entre felicitaciones y cumplidos.

Déficit cero para la dudosa satisfacción de unos mercados tan devastadores como caprichosos, pero no para las necesidades de la sociedad ni del crecimiento.

Déficit cero que por lo demás tiene tres graves implicaciones políticas y económicas a saber: la falsedad básica que hay en su promesa; lo mal que encaja en el resto del programa de cambios enunciados por el Presidente en su mismo discurso inaugural y, la riesgosa apuesta a la que el Presidente se empeña, pues la consecución del cero déficit es difícil y altamente incierta. Veamos.     

Primero: se supone –la Ley de Responsabilidad Hacendaria y los defensores del planteamiento suponen- que la deuda estatal desplaza injustamente las cargas de los mexicanos de hoy, a la siguiente generación. Esto es cierto sólo si los préstamos adquiridos se utilizan para financiar gastos corrientes (incremento de la burocracia por ejemplo), pero nunca se habla del reverso de la cuestión: resulta altamente equitativo y justo, distribuir el gasto de la inversión en educación, tecnología e infraestructuras –por ejemplo-. La deuda impacta en esta y en las generaciones por venir, que también resultarán beneficiadas (el asunto de los trenes o de los hospitales es un buen ejemplo). Si vemos las cosas así, la peor decisión es no hacer la inversión, abstenerse de tomar una deuda razonable, pues se deja de empujar y al hacerlo, se estrangula el crecimiento presente.

La famosa “responsabilidad hacendaria” a raja tabla, es su revés: es vaciar las posibilidades del desarrollo, de la expansión, de la generación de riqueza nueva, en aras de presentar cuentas redondas en busca del incierto premio de los mercados a los socios bien portados.  

Segundo: si algo, el discurso de Peña Nieto está dotado de horizonte y ambición: un gran piso de seguridad material para los mexicanos, a las madres, jefas de familia, a los más viejos, a los desempleados; incorporar el sur más atrasado al mercado mundial; tejidos estratégicos de trenes modernos y otras redes de movilidad en las principales ciudades del país, entre otros grandes proyectos deseables y aún, verosímiles. ¿Y de donde saldrá el dinero para financiarlos? De una enorme operación de compresión y reacomodo del gasto (cosa que no contiene la propuesta de Presupuesto 2013) o de la contratación de fondos mediante deuda.

¿Lo ven? El dogma del déficit cero no embona, es disonante y contraproducente a una idea de gobierno que se propone edificar y construir una nueva realidad material para el país, y que lo quiere pronto.       

Finalmente: además de todo, resulta un corsé autoimpuesto muy difícil de cumplir. El famoso déficit cero ordenado por la loca Ley de Presupuesto, (y que la crisis de 2008 y 2009 lo demostró claramente inviable) no es tal, pues si consideramos la inversión real de Pemex, las finanzas cargan ya de suyo, con un déficit del orden del dos por ciento del PIB (unos 330 mil millones de pesos).

Y las cosas cuadran aún menos si nos fijamos en la rotunda variable de los Estados Unidos.

De modo muy acomodaticio, el Presupuesto mexicano 2013 supone que los vecinos del norte no tienen los problemas que tienen, que Obama además de todo es mago y que crecerán 2.6 por ciento, con lo que se mantendrá el jalón extraordinario a nuestras exportaciones.

Pero resulta que Obama y los republicanos se abrazan ahora mismo en puja clásica en el borde de su "precipicio fiscal". Según un informe del Joint Comittee on Taxation del Congreso Norteamericano (https://www.jct.gov) en el 2013 sobrevendrán medidas fiscales como el incremento de tasas del impuesto sobre la renta (de 35 a 39.6%); se incrementarán las cuotas de seguridad social; se recortará el gasto civil y de defensa en unos 110 mil millones de dólares, además de rebajar la ayuda a los desempleados. O sea: lo más probable es que el consumo estadounidense se verá mermado y con ello el crecimiento, -y con ello- nuestro propio crecimiento.

Una vez más, si eso ocurre, el gobierno de Peña tendrá que hacer una revisión prácticamente de todo su proyecto, de sus trece decisiones y claro, del presupuesto mismo: o resignarse e un crecimiento económico menor o abandonar el lastre del déficit cero para compensar con deuda los ingresos que de otro modo se verían inevitablemente enanizados.

No quiero ser aguafiestas: quiero discutir para extirpar las malas ideas que hay en el programa anunciado y en el Pacto confeccionado casi milagrosamente, por las tres fuerzas políticas y la Presidencia del país. 

Pero no nos engañemos: muy a pesar de las jaculatorias de Forbes y de The Economist, México no es el león económico agazapado que se dispone a saltar. Calderón no deja buenas cuentas económicas: 1.9 por ciento de crecimiento anual en su periodo (el más bajo de los últimos 4 sexenios). En contraparte, la tasa de crecimiento de la población rondó el 1.4 por ciento. Esto quiere decir que el ingreso per cápita arañó poco menos de 0.5 en el último sexenio.

Díganos respetable auditorio, sus señorías: ¿es ésta la sociedad sólida, cohesionada, lista que puede vivir con el déficit cero?

Al menos… es de buen gusto, no aplaudir.

EL DERECHO COMO BIEN PÚBLICO*

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Al derecho se le ha definido de muchas maneras a lo largo de los siglos. La mayor parte de las veces esta tarea la han realizado quienes hacen de él su objeto de estudio.

Así, se ha dicho que es un conjunto de normas que buscan regular conductas o la expresión de la moral de un determinado tiempo, por ejemplo. El énfasis suele hacerse para distinguir al derecho de otros órdenes sociales como la religión o la propia moral.

El ejercicio es útil, si no es que indispensable, pues de otra manera no podríamos diferenciar, construir y aplicar el derecho con respecto a otro tipo de sistemas sociales. Sin embargo, este ejercicio de diferenciación tiene el inconveniente de ocultar aquello que los que estamos sometidos a las normas jurídicas consideramos lo que el derecho es. Incurrir en esta omisión suele traer graves consecuencias.

El derecho se diseña desde las alturas para una sociedad imaginada y se espera que los ajustes culturales necesarios para la plena realización normativa lleguen por añadidura. Casi nunca se piensa en cómo acompañar al cambio normativo de su correspondiente impacto en las prácticas sociales, o en cómo adaptar correctamente estas últimas a fin de hacerlo eficaz. La razón de esta equívoca perspectiva tiene que ver con el modo en que el derecho suele ser concebido por el grueso de la población a la cual se dirige.

Detengámonos aquí y preguntémonos ¿qué significa el derecho para la mayoría de los mexicanos? Con todos los riesgos que conlleva hablar en términos binarios, el derecho es entendido por nuestra sociedad como un obstáculo para el ejercicio voluntarioso de la libertad de cada cual.

Desde expresiones simples del derecho, tales como la existencia de semáforos u otras condiciones para la circulación vehicular, hasta situaciones más complejas como el pago de impuestos o la protección de los bienes o de la vida de otros, las normas jurídicas se asumen como restricciones a un hacer libre.

Circular por donde y como yo quiera, deshacerme de la basura que produzco en el lugar y momento que me parezca, apropiarme de los bienes que a otros les correspondan o encontrar los medios para evitar el pago de un impuesto son expresiones de diverso tipo e importancia que, efectivamente, evidencian la necesidad de imponer restricciones a la conducta.

A partir de aquí surge el entendimiento generalizado de lo que es el derecho y, claramente, del modo en que debe ser tratado. Se piensa que no es más que un conjunto de obstáculos, una serie de formalidades y absurdos mecanismos encaminados a acotar el ejercicio de la libertad y, como consecuencia de lo anterior, termina por verse como un obstáculo a superar.

Si la intención de las personas es, para seguir con los mismos ejemplos, circular a la mayor velocidad, cualquier reglamentación de tránsito buscará ser violada en tanto implica moderar esa velocidad. Si la razón de la actividad empresarial es la producción de riqueza individual, se buscará el modo de evitar toda imposición tributaria en tanto ello implica la disminución de la ganancia.

Si, inclusive, alguien ha determinado hacer de ciertas actividades delincuenciales una forma de vida, no le bastará ejercerla sólo en el ámbito preciso de los ilícitos elegidos, sino que se terminará por adoptar una posición de desconocimiento prácticamente completo del orden jurídico. Para quien entiende al orden jurídico como obstáculo, es irrelevante corromper a la autoridad, generar normas ad hoc o --lo que sistemáticamente es más grave-- despreocuparse por completo de lo que el derecho disponga o de la manera en la que las normas lleguen a establecerse.

Para ilustrar mi idea podría señalar más ejemplos y mostrar cómo es que en nuestro país existen personas con diversos niveles de cultura, educación o ingresos, que suelen entender al derecho sólo como un límite que requiere ser superado a fin de alcanzar los objetivos que cada cual se haya planteado.

Por ello, en vez de insistir en el problema me parece importante formular una pregunta distinta: ¿existen otras formas de entender al derecho? Me parece que sí. Puede ser entendido como un orden que posibilita la convivencia social para que cada quien persiga sus fines. No se trata de apelar a un modelo autoritario, ni a una suerte de despotismo ilustrado, ni a la expresión de la naturaleza de las cosas como medios para regular las conductas humanas. Más bien se trata de llamar la atención acerca de lo que podría significar que las personas entendieran al derecho como una construcción social que, al favorecer ciertas condiciones de convivencia, no tuviera que ser destruido sino que, por el contrario, debiera ser construido y mantenido como un bien público.

La sola asunción de este último carácter podría traer muy diversas consecuencias. La más importante sería el interés por participar en algo que es común y relevante para la obtención de fines propios. Saber quién legisla y cómo lo hace, quién decide los conflictos jurídicos y de qué manera actúa, bajo qué condiciones se crean normas tales como concesiones, por ejemplo, se convertiría en algo socialmente importante.

En su modalidad electoral, la democracia está presente entre nosotros. No así en su modalidad sustantiva. Uno de los males de nuestra actual situación es haber transferido el pensamiento mágico sobre las capacidades redentoras del presidente de la República a los resultados de la propia democracia electoral. Ésta, con todo y su enorme importancia, no tiene la capacidad de arreglar las cosas por sí misma. Es preciso ocuparnos de cómo las autoridades actúan y los resultados que producen.

En el Estado moderno, su forma de actuación es la producción de derecho, más concretamente, de normas jurídicas.

Si partimos de esta idea podríamos comenzar a entender al derecho como la condición necesaria para una mínima convivencia general, y no más como algo a destruir o a conquistar. Con independencia de los motivos particulares de cada quien, ello podría llevarnos a tomar al derecho como un bien común, por el que valdría la pena participar en su configuración y mantenimiento.

*El Universal 11-12-12

CONTROLAR Y CONCENTRAR, NO COMPARTIR*

JAVIER CORRAL JURADO

El proceso de discusión sobre la reforma a la ley orgánica de la administración pública federal, da cuenta del largo camino que aún falta por recorrer en nuestro país para que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo en asumir conceptos básicos de la vida democrática, y resuelvan operar los asuntos del Congreso con apego a mínimas reglas de ética parlamentaria.

Me resulta inconcebible que a una semana de haberse firmado el Pacto por México, no haya el más mínimo interés de respaldar con hechos la voluntad expresada en el documento, particularmente entre los miembros del nuevo equipo gobernante y su partido. Y se me hace demasiado temprano para que los priístas recurran a maniobras indebidas para mermar la frágil mayoría que integramos los senadores del PAN, PRD. PT y MC; como también es temprano que en este bloque tengamos que recurrir al recurso extraordinario de no votar un asunto para romper la regla del quórum. Ambas actitudes son penosas porque, así como una lleva a la otra, las dos juntas desembocan de nuevo en la confrontación, y ésta tiene como su principal fruto la parálisis.

El PRI podrá conseguir con inasistencias de senadores de la oposición o con la abstención de algunos de éstos en ciertas votaciones del pleno, derrumbar la mayoría actual o incluso hacerse de ella de manera permanente - sólo requiere de tres senadores más a su lado -, pero le será imposible conseguirlo en algunas comisiones dada su conformación y mucho menos en votaciones que requieran la mayoría calificada de las dos terceras partes. Y porque en cualquier caso la resultante sería de mayor pérdida para el gobierno que para la oposición. Sobrevendría un ambiente legislativo crispado por el desacuerdo y, otra vez, vuelta a la navaja limpia.

Lo que más llama la atención es el tema que ha provocado la reciente tensión en el Senado de la República: una absurda resistencia priísta a que dos funcionarios de policía que son nombrados por el Presidente de la República puedan ser también ratificados por el Senado. Argumentan que desde una disposición legal no es posible hacer corresponsable a la cámara alta y que ello requiere de una reforma constitucional para señalar expresamente la facultad en el artículo 76.

Los priístas no ignoran ni olvidan que una docena de cargos a distintas dependencias y entidades desconcentradas y descentralizadas de la administración pública federal pasan por el Senado de la República para su aval y están señaladas sólo en ley, tal es el caso de los nombramientos del IFAI, en la figura de la no objeción, y los consejeros del IPAB, los magistrados del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, los Magistrados Agrarios, el Procurador de Protección al Ambiente, entre otros, por la figura de la ratificación.

Lo que acontece en el fondo es que dada la correlación de fuerzas que existe en ambas cámaras del Congreso, pretenden cerrar cualquier posibilidad para que cualquiera de éstas actué como contrapeso y equilibrio frente al nuevo gobierno vía la ratificación de funcionarios o que en todo caso cualquier propuesta en este sentido sea llevada a la Constitución, y ellos tengan la llave para abrir o cerrar. Esta lógica es la del presidencialismo autoritario y no la "presidencia democrática" que ha ofrecido Peña Nieto. La muestra más clara es el diseño planteado en la LOAPF para fusionar en la Secretaría de Gobernación, la interlocución política y la administración de la Policía. En ninguna parte del mundo democrático tenemos un antecedente de un órgano que concentre facultades y atribuciones en materia de interlocución con el Congreso y seguridad interior. Mientras la política está llamada a procurar entendimientos para la gobernabilidad democrática, la policía está facultada para hacer un uso legítimo de la fuerza.

A pesar de esta contradicción, en el Senado resolvimos dejar que transitara el nuevo modelo planteado por el Presidente de la República si a éste se le adicionaban algunos controles políticos parlamentarios que obligaran a rendir un informe del ejercicio de las nuevas atribuciones, asi como requerir la comparecencia periódica del Secretario de Gobernación al Senado y el tema de la ratificación, pero ésta difícil e importantísima decisión entre los senadores de oposición, no se supo valorar en el equipo de Peña Nieto, ni alcanzaron a comprender la importancia de un aval así, porque están en la idea de controlar, concentrar el poder, no de compartir la responsabilidad.

La responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos o más personas o instituciones, quienes comparten la obligación o compromiso, y en materias tan delicadas como la seguridad interior, son muy buenas señales. El contrapeso significa más democracia pero también corresponsabilidad. El poder bien ejercido, bajo controles democráticos, conlleva responsabilidad, no es privilegio sino una carga, no es un logro sino un desafío.

*El Universal 11-12-12

#1DMX NO SE OLVIDA*

JOHN ACKERMAN

Después de dos traslados pacíficos del poder presidencial en 2000 y 2006, la violencia política ha retornado. El primero de diciembre docenas de jóvenes fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública, y dos activistas pacíficos, Uriel Sandoval y Juan Francisco Kuykendall, gravemente lesionados. El primero perdió un ojo y el segundo parte de su cerebro, ambos heridos por la violencia ejercida por la Policía Federal. Asimismo, las detenciones arbitrarias y la incapacidad de la policía capitalina para proteger negocios y monumentos revelaron el estado de desprotección en que nos encontramos los habitantes de la ciudad de México. La liberación de algunos presos políticos ayer no modifica en absoluto los agravios cometidos.

Recordemos cómo en 1988 fueron asesinados dos colaboradores de alto nivel del entonces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, cuatro días antes de las elecciones presidenciales. Francisco Ovando y Román Gil habían construido una red nacional para recolectar los resultados electorales el día de los comicios. Gracias a su muerte fue más fácil para Carlos Salinas orquestar el fraude que cancelaría la posibilidad de una alternancia hacia la izquierda en aquel año.

Seis años después, el 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a sangre fría a plena luz del día. La tensión entre el presidente Salinas y el candidato Colosio había aumentado desde el nombramiento de Manuel Camacho como comisionado para la Paz en Chiapas, lo cual permitió al ex regente capitalino tener más reflectores que el candidato presidencial. Dos semanas antes de su fallecimiento, Colosio había marcado su distancia de Salinas en un simbólico discurso en el Monumento a la Revolución. No pocos cronistas e historiadores han señalado que con ese pronunciamiento público, Colosio firmó su sentencia de muerte.

Las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 no fueron de ninguna manera ni pulcras ni equitativas. En 2000, tanto el candidato del PRI, Francisco Labastida, como Vicente Fox recibieron enormes cantidades de dinero de manera ilegal. Si bien el IFE impuso multas históricas en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, nunca se llegó al fondo de las telarañas de financiamiento ilícito y la mayoría de los responsables quedaron impunes. Hoy, por ejemplo, Carlos Romero Deschamps, líder petrolero y uno de los principales responsables del Pemexgate, despacha cómodamente desde una curul en el Senado.

La elección de 2006 también estuvo marcada por las graves irregularidades que todos conocemos. Hubo una intervención indebida desde la Presidencia de la República, una campaña mediática calumniosa financiada ilegalmente por el sector privado y un total desaseo en el conteo de los votos. El dato más indicador es que a la fecha los ciudadanos aún no hemos podido revisar la papelería de aquellas fatídicas elecciones.

En 2012 nos encontramos ante una macabra síntesis de las viejas y las nuevas formas para defraudar la voluntad popular y violentar la democracia.

Uriel Sandoval, Juan Francisco Kuykendall y las docenas de activistas que fueron arbitrariamente detenidos y encarcelados son hoy lo que fueron Ovando y Gil en 1988 y Colosio en 1994: víctimas de un sistema político que está dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder su control sobre las palancas del poder. Hubo una clara sed de venganza. Alguien tuvo que pagar por la insubordinación de los jóvenes del movimiento #YoSoy132.

Como complemento, tenemos unos días después el carpetazo anticipado del IFE de los casos de Monex y Soriana. Y por su destacada labor en la protección de los potentados, la magistrada María del Carmen Alanís recibe de manos de Enrique Peña Nieto un anillo de diamantes como la mujer del año.

Hace falta repudiar sin regateos la violencia porril ejercida por los grupos de choque muy probablemente auspiciados desde las más altas esferas del nuevo gobierno federal.

Esa vieja estrategia de los halcones la conocemos bien desde 1971. También es importante señalarles a los pocos jóvenes que auténticamente creen en métodos violentos de lucha, que esa senda está destinada al fracaso y que además pone en grave riesgo la integridad física de sus compañeros y amigos pacifistas.

No se debe nunca dar pretextos a la autoridad para cancelar el derecho constitucional a la libre manifestación pacífica.

Hay, sin embargo, buenas noticias. Primero, se demostró la enorme fuerza de las redes sociales y las cámaras ciudadanas como instrumentos para la autodefensa popular. A partir de hoy, no puede haber protesta o acción ciudadana sin una comisión formal a cargo de grabar desde todos los ángulos posibles. Así se podrá evitar tanto la infiltración de los saboteadores como las detenciones arbitrarias. Con estas protecciones, los jóvenes podrán vencer el miedo e inundar de nuevo las calles para continuar defendiendo sus muy justificadas demandas para la total renovación de la clase política nacional.

La otra buena noticia es que Marcelo Ebrard termina hundiendo toda posibilidad para recibir el apoyo de la izquierda en 2018. Cada vidrio roto el pasado primero de diciembre se debe a una imperdonable falla en la vigilancia de sus policías. Y cada joven detenido injustamente fue un imperdonable agravio a la ciudadanía por parte de su gobierno.

Muchos ya lo sabíamos, pero hoy como nunca queda claro que Ebrard es igual de represor y cínico que Peña Nieto. Si quiere contender por Los Pinos, que lo haga por donde le corresponde: el PRI. #1DMX no se olvida #TodosSomosPresos.

*La Jornada 10-12-12

PARTIDOS POLÍTICOS TRANSPARENTES*

JACQUELINE PESCHARD

La transparencia es una condición indispensable de todos los órganos y organismos públicos en una democracia y en nuestro país este principio está establecido para todos los niveles de gobierno en el artículo sexto de nuestra Constitución Política.

Por la relevancia de las funciones de los partidos políticos, éstos son también sujetos obligados de transparencia. Al tener encomendadas las tareas de agregar y articular a las diferentes corrientes de opinión para conformar la representación política y a los gobiernos surgidos del voto popular, los partidos políticos están constitucionalmente identificados como "entidades de interés público" y es en este carácter que están sometidos al escrutinio público, tal como lo están los entes públicos gubernamentales.

Sin embargo, en la actualidad se ha incrementado la exigencia social sobre la transparencia de los partidos políticos, en buena medida por los voluminosos recursos públicos que reciben tanto en el plano federal como en el estatal, pero también porque la publicidad de su información está regulada por distintos procedimientos y criterios dependiendo de los diferentes niveles de gobierno.

Así, mientras que en el ámbito federal y en 13 estados, los partidos son sujetos indirectos de transparencia y sólo se les puede requerir información a través de los institutos electorales, en 19 entidades federativas son sujetos directos, lo cual implica que tienen una mayor responsabilidad frente a requerimientos de información y, desde luego, es más expedita la respuesta que deben ofrecer a los ciudadanos. Esta asimetría normativa obedece al hecho de que los partidos políticos no están enlistados en el artículo sexto constitucional que sólo establece las obligaciones de transparencia para los entes públicos.

No parece haber duda sobre la necesidad de que la reforma constitucional en materia de transparencia que se discute hoy en el Senado, incorpore a los partidos políticos al artículo sexto de nuestra Carta Magna, asimilándolos como sujetos obligados directos.

La discusión, entonces, está en determinar cuál debe ser el régimen legal de transparencia que se aplique a los partidos, dada su naturaleza particular de "entidades de interés público" y por estar inscritos en la jurisdicción electoral que está identificada constitucionalmente como materia exclusiva y excluyente, regulada por autoridades especializadas, el IFE y el TEPJF.

Hasta hoy, en el terreno federal, los partidos políticos son sujetos indirectos de transparencia y las solicitudes de información se presentan al IFE y las inconformidades se resuelven ahí en primera instancia y pueden ser recurridas ante el TEPJF, que ejerce el control constitucional y legal en materia electoral. En cambio, en los estados en donde los partidos son sujetos directos de transparencia, son los institutos o comisiones de transparencia los que atienden las quejas por deficientes respuestas de información de los partidos y sus resoluciones pueden ser impugnadas por los ciudadanos a través del amparo.

La gran ventaja de uniformar los procedimientos de transparencia para los partidos políticos, distinguiéndolos como una materia administrativa, diferenciada de lo electoral, es que preserva la unicidad de criterios de transparencia y cumple con el mandato constitucional de que los órganos garantes sean especializados en la materia. La gran desventaja reside en que trastoca la jurisdicción exclusiva y especializada en materia electoral que es la que regula precisamente a los partidos políticos, cuyos fines y funciones se inscriben en dicho ámbito.

La discusión, entonces, está en determinar si el órgano garante para los partidos políticos debe ser el IFE y las impugnaciones las resuelve el TEPJF, o si se opta por dejarlo en manos de los institutos de transparencia. El problema de este último esquema es un posible conflicto de competencias entre dos órganos autónomos: el electoral y el de transparencia. Este conflicto se presentó en Jalisco, en donde el Tribunal Electoral dejó sin efectos una resolución del Instituto de Transparencia de dicho estado y fue la Suprema Corte de Justicia quien finalmente resolvió en favor de la materia electoral.

Si de lo que se trata es de acceder a información más consistente y de mayor calidad de los partidos políticos, cabe recordar que las autoridades electorales tienen mayores atribuciones legales para allegarse de la misma, pues son fiscalizadoras y no les es oponible el secreto bancario, fiduciario y fiscal.

El planteamiento está claro: elevar la exigencia de transparencia para los partidos políticos, haciéndolos sujetos obligados directos, más e inmediatamente responsables frente a la ciudadanía de la información que deben publicitar. El debate está en quién debe de fungir como órgano garante y el legislador tiene la palabra.

*El Universal 10-12-12

EL PACTO*

JOSÉ WOLDENBERG

No. No es la reedición de un viejo ritual. Tampoco una rutina inercial. Se trata de una operación política de grandes dimensiones que ciertamente tiene antecedentes, pero a los que rebasa con creces. Me explico. Desde que existe un pluralismo equilibrado en el Congreso se han construido convergencias inclusivas, coaliciones puntuales para la reforma de diversas normas constitucionales y legales, para la aprobación del presupuesto y la Ley de Ingresos. Pero todas ellas han sido coyunturales, volátiles, puntuales. Mientras el "Pacto por México", firmado por las tres fuerzas políticas más implantadas del país y el presidente de la República, representa una especie de programa de gobierno y legislativo abarcante y con un horizonte temporal vasto.

Sus temas son centrales y constituyen un abigarrado mural de los asuntos estratégicos de la llamada agenda nacional. No son ocurrencias, emanan de los nudos que aprisionan nuestra convivencia. "Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades" (seguridad social universal, seguro de desempleo, combate a la pobreza, educación de calidad y con equidad, cultura como elemento de cohesión social, derechos humanos como política de Estado, derechos de los pueblos indígenas); "Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad" (mercados competidos, acceso equitativo a telecomunicaciones, promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, desarrollo sustentable, reforma energética, banca y crédito como palancas del desarrollo, campo, deuda de los Estados, reforma hacendaria); "Acuerdos para la seguridad y la justicia" (reformas a los cuerpos de policía y penitenciaria, un solo Código Penal); "Acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción" (completar la reforma reciente en materia de rendición de cuentas, ampliar facultades al IFAI, Consejo Nacional para la Ética Pública), "Acuerdos para la gobernabilidad democrática" (gobiernos de coalición, ley de partidos, nueva metamorfosis electoral, reforma del DF, leyes reglamentarias de la reforma política). Incluso solo enunciados -y no son todos- resultan trascendentes, cruciales, máxime si el acento se coloca en la forja de una mayor equidad social.

El Pacto es posible porque el PRI, PAN y PRD hacen un reconocimiento de la legitimidad de sus adversarios y en ese sentido puede observarse como un eslabón civilizatorio: partidos con idearios, diagnósticos y propuestas diversas logran construir un piso común; partidos recurrentemente enfrentados -y que seguirán generando diferencias y conflictos- son capaces de delinear un horizonte inclusivo. Es también fruto del reconocimiento de la contundencia de la aritmética democrática: dado que ninguno tiene la mayoría de legisladores necesaria para gobernar en solitario, tienen que construir acuerdos, compromisos.

El Pacto sirve además para destensar las relaciones políticas, para -en principio- crear otro ambiente entre los involucrados -que en sí mismo puede propiciar más diálogo y acuerdos-, y para ofrecer al país un horizonte, una serie de objetivos y compromisos que pueden y deben ser evaluados por las más diversas voces.

El gobierno y el PRI ganan al demostrar que son capaces de sumar, de abrirse a los otros, de procesar iniciativas complejas. Corren el riesgo, sin embargo, de que al no cumplir sus adversarios puedan echarles en cara su inconsistencia, su morosidad, su retórica quebrantada. Es una apuesta que los viste, pero que multiplica las expectativas; que les inyecta vitalidad y fuerza, pero que eleva el nivel de exigencia a su gestión.

El PAN y el PRD también ganan en principio. Varios de sus reclamos y exigencias han sido incorporados al Pacto. No son entonces fuerzas solo testimoniales sino agrupamientos capaces de dejar su sello en las decisiones políticas importantes. De cumplirse el Pacto, en buena lid podrán decir que fue también gracias a ellos. Pero asimismo corren el riesgo de que si la apuesta falla, acaben siendo acusados de comparsas, ingenuos y cosas peores. Se trata pues de una "jugada" venturosa que precisamente por ser inédita tiene altos grados de incertidumbre.

En especial en el PRD ya se viven fuertes tensiones. Al parecer, a corrientes importantes no les gusta la forma en que se procesó el Pacto o no están de acuerdo con su contenido (o ambas), son aquellas que no están dispuestas a concederle nada al gobierno porque, creen o piensan, que con ello reblandecen su perfil opositor. Portan algo de lo que Tony Judt detectaba como una secuela de los años sesenta, "la conformidad con el inconformismo". De tal suerte que las derivaciones del Pacto en el seno del hasta hoy mayor partido de la izquierda mexicana, al parecer, también serán accidentadas.

Por lo pronto, sin embargo, hay que agradecer a quienes se atrevieron a platicar, negociar y a comprometerse con un ambicioso programa de reformas que eventualmente puede construir una convivencia mejor para todos. Hay que desear que no fallen. Por ellos y por nosotros.

*Reforma 06-12-12

LA PGR Y EL BENEFICIO DE LA DUDA*

PEDRO SALAZAR UGARTE

Y, ¿por qué no? En una de esas, en esta ocasión, como sucedió en momentos clave de la transición, los acuerdos saltan de los pactos a las normas y, desde ahí, a las políticas públicas para aterrizar en la realidad en la que vivimos los ciudadanos de a pie. No es imposible y es objetivamente necesario.

En cierto sentido vivimos uno de esos “momentos excepcionales” que, según Bruce Ackerman, sientan las bases para la adopción de algunas decisiones fundamentales. Me concentro en un tema —sentido y urgente— de los muchos que recoge el Pacto por México: la procuración de justicia. Durante el sexenio anterior el combate a la delincuencia operó bajo la lógica de la mano dura. Ello supuso, entre otras cosas, un desplazamiento de la ruta del derecho por el camino de las armas que, en los hechos, como lo advirtió Murillo Karam, conllevó el desmantelamiento de la procuración civil de justicia y el fortalecimiento de las autoridades castrenses. El nuevo pacto político promete sacarnos de ese entuerto. Ello mediante nuevas normas y renovadas dinámicas institucionales.

Para empezar, la intención es contar con códigos penal y procesal únicos. Ello como parte de la estrategia para hacer realidad al sistema de justicia penal acusatorio en todo el país. Son acciones deseables. La fragmentación normativa es uno de los motivos de la ineficacia de nuestra procuración de justicia y también es causa de desigualdades ante la ley que se traducen en abusos e inequidades. Los códigos únicos pueden generar certeza y seguridad jurídicas. Además, su aprobación constituiría una oportunidad para modernizar en clave garantista al ordenamiento penal del país. Las normas constitucionales en materia de derechos humanos sientan las bases para que así sea. Pensemos en un tema doloroso y sentido en estos años: la desaparición forzada de personas. Hoy la figura está tipificada en el Código Penal Federal y en la mitad de los códigos locales con redacciones distintas y alcances disímbolos. Lograr unidad en la legislación y armonizarla con los instrumentos internacionales correspondientes son acciones estratégicas para combatir este terrible flagelo. Y es sólo un ejemplo.

En paralelo debe fortalecerse a la PGR. Hacerlo, aunque suene paradójico, es apostar por el Estado de derecho. Toda sociedad democrática necesita que el Estado proteja a las personas del abuso que ejercen los criminales. Esa acción estratégica debe estar en manos de las autoridades civiles y debe ejercerse a través de las leyes. Quienes criticamos la militarización no cuestionamos el combate a la delincuencia, sino los medios y las formas elegidos para hacerlo. Un gran déficit de nuestro Estado constitucional ha sido la histórica inexistencia de una fiscalía profesional, honesta y capaz —precisamente— de procurar justicia a los mexicanos. Hoy parece que los dirigentes políticos se han dado cuenta de ello y de que, junto a la prevención del delito y la reforma de las policías, son necesarias nuevas normas y prácticas que revolucionen al sistema de justicia penal en el país.

Esta transformación requiere de decisiones legislativas pero también —sobre todo— de acciones y políticas públicas que competen al Poder Ejecutivo. Esto no sólo porque, al menos por ahora y por desgracia, no se contempla la autonomía de la Procuraduría, sino también porque un giro en la estrategia supone materializar la desmilitarización del combate a la delincuencia. Así que el Presidente y sus colaboradores deben moverse a dos bandas: profesionalizar la procuración de justicia y desmovilizar a las tropas. El reto reside en lograr la “descalderonización” de la agenda de seguridad. Y no será fácil lograrlo porque existen actores interesados en que ello no suceda. Hay mucho presupuesto, mucho poder y mucha impunidad en juego. Pero, dado que lo que está en vilo es la democracia constitucional mexicana, existen buenas razones para intentarlo. El pacto es un paso en esa dirección. Un buen paso.

*El Universal 06-12-12

HACIA LA OMNIPOTENCIA PRESIDENCIAL

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Las iniciativas de reformas constitucionales y legales propuestas por Enrique Peña Nieto cuando era presidente electo y las que rescatan de la congeladora de las comisiones legislativas los senadores de la bancada tricolor, pretenden restaurar el poder arbitrario y discrecional del titular del Ejecutivo federal para el manejo de asuntos públicos trascendentales, como el combate a la corrupción y la delincuencia organizada, e incrementar el control sobre las autoridades estatales y municipales. Se trata de ampliar los márgenes de maniobra de la administración pública federal y crear instrumentos que le permitan entrometerse en las administraciones públicas estatales y municipales.

Entre las normas que van en este sentido destacan la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), así como la relativa a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que los senadores del tricolor rescataron en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, donde se encontraba la minuta de una reforma aprobada por la Cámara de Diputados hace cinco años.

La reforma al Servicio Profesional de Carrera pretende otorgar absoluta libertad al presidente para designar a 4 mil 409 directores generales, directores generales adjuntos y equivalentes, que actualmente tienen que someterse al procedimiento de concurso público y a una evaluación anual de desempeño que los obligaba a satisfacer un perfil específico y cumplir con sus responsabilidades. Con la pretendida modificación se procederá a ocupar todas estas plazas –que son las más altas en los cargos considerados en dicha legislación– a través de la designación arbitraria y discrecional del presidente o de los integrantes de su gabinete.

Asimismo, con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en los términos previstos el presidente tendría absoluta libertad para la designación de los comisionados y, ya con el pleno control del órgano de gobierno, podría utilizarla como un instrumento para perseguir a gobiernos estatales y municipales.

Respecto al primer punto, aunque formalmente la iniciativa señala que el presidente designa y el Senado (o la Comisión Permanente, si el Congreso está en receso) tiene la posibilidad de vetar la designación en los siguientes 30 días de que se realice con las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes al momento de la decisión, en los hechos es imposible lograr esa mayoría calificada, pues el PRI, sin necesidad de recurrir a su aliado incondicional (PVEM), tiene en ambas cámaras 41% de los asientos, por lo cual ni todas la otras fuerzas distintas al PRI unidas logran las dos terceras partes. Así que es imposible obstaculizar cualquier designación del presidente.

Peña Nieto tendría absoluta libertad para nombrar a los cuatro comisionados y al comisionado presidente. Por cierto, en la redacción constitucional tampoco es claro si a éste lo designa directamente el Ejecutivo o lo eligen los comisionados, caso éste que, en la práctica, es exactamente lo mismo.

Y como la comisión perfilada cuenta con la facultad de atraer casos de corrupción que se cometan en el ámbito de los gobiernos estatales o municipales, puede convertirse en una tabla de salvación o en un poderoso instrumento de represión al servicio del Ejecutivo federal, ya que él será finalmente quien tome la decisión correspondiente. La puede utilizar para rescatar a aliados en peligro de ser sancionados por las instancias estatales o para perseguir a enemigos a los que les fabriquen e imputen actos de corrupción.

La reforma a la administración pública federal también incluye disposiciones que apuntan en las dos direcciones ya señaladas. La pretensión de desaparecer la Secretaría de la Función Pública y el traspaso de los responsables de los órganos de control interno a la dependencia directa de los mismos titulares de las secretarías o entidades públicas van en el mismo sentido, pues ahora serían los mismos titulares los responsables de aplicar las sanciones administrativas, lo cual es totalmente contrario a cualquier lógica de control.

Pero más grave todavía es lo que se busca con las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, pues no únicamente se le traspasarían las de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que se le agregarían facultades que le permitirían entrometerse en las entidades federativas.

Al respecto, son particularmente peligrosas las redacciones de las fracciones XVIII y XX, que otorgan un poder desmedido al titular de dicha dependencia. La primera de ellas le da la atribución de “reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente…”.

Tal disposición da para varias interpretaciones, y eso es precisamente de lo que se vale el régimen autoritario para atropellar las atribuciones de las instancias menos poderosas. Algunos dirán que es indispensable la solicitud de los gobiernos, pero lo cierto es que si la primera parte de la misma fracción dice con claridad que el auxilio lo tienen que solicitar las autoridades competentes, la segunda parte recurre a verbos como “estimar”, “requerir” e “intervenir”, que se vuelven menos precisos y permiten a Gobernación eventualmente invadir sus territorios y atribuciones.

La fracción XX todavía va más allá, pues indica que se trata de “desarrollar políticas orientadas a prevenir el delito y reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales…”. Es decir, que Gobernación desarrolla estas políticas donde considera que se requieren, y en el extremo puede llegar a aplicarlas simplemente con las autoridades federales, o bien, invitar a las estatales y municipales a participar en su implementación, de acuerdo con los criterios y las actividades que la Segob les asigne.

La orientación de las reformas propuestas es muy clara: La Presidencia pretende recuperar sus poderes, aunque ahora sí busca que algunos queden establecidos en la Constitución, para manejar el país a su antojo y mantener bajo control a los hoy insubordinados y descontrolados gobiernos estatales y municipales.

Los únicos que pueden frenar las intenciones de reformas constitucionales son los legisladores panistas y de la izquierda, ya que los necesitan para lograr las dos terceras partes de los votos requeridos en ambas cámaras. Por lo pronto, la división y el equilibrio de poderes enfrentan su primera prueba.

LA SUPERSECRETARÍA*

JAVIER CORRAL JURADO

Con gran tino, casi al finalizar su discurso en la firma del Pacto por México, el presidente del PAN Gustavo Madero Muñoz advirtió que ese acuerdo no cancela nuestras diferencias ideológicas, no condiciona nuestro ejercicio crítico, ni mucho menos el deber de contrapeso y equilibrio que Acción Nacional está obligado a ejercer en las cámaras del Congreso frente a cualquier intento de regresión autoritaria, frente a cualquier exceso o propósito de concentración de poder indebido del nuevo gobierno federal.

Esta misma semana daremos muestra de ello en el Senado de la República, al incorporar en el proyecto de dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, algunos equilibrios y controles políticos parlamentarios a la decisión de llevar al ámbito de la política la administración de la policía.

Como se sabe, el presidente Peña Nieto ha decidido concentrar todas las facultades de la seguridad interior en la Secretaría de Gobernación; y en la de Hacienda y Crédito Público funciones de fiscalización y auditoría. En ambos casos se trata de un evidente error, aunque el que sobresale es el de la Secretaría de Gobernación, pues fusiona dos competencias de naturaleza distinta: la interlocución política para la gobernabilidad democrática y el uso legítimo de la fuerza. En ningún país del mundo, tales funciones se asignan a una misma cartera. El dictamen de las Comisiones Unidas señala que es pertinente aprobar la propuesta del presidente electo en el sentido de dotar a la Secretaría de Gobernación de las facultades de seguridad pública, de política federal, así como del sistema penitenciario que hoy se establecen para la Secretaría de Seguridad Pública federal, en razón de que “obedece, en la perspectiva de estas comisiones dictaminadoras, a la decisión estratégica para que todas las tareas y acciones en esa materia, se desarrollen teniendo como marco rector, el respeto a los derechos humanos y una visión de orden civil para proseguir el combate al crimen organizado y la delincuencia que flagela a la sociedad”.

Estos argumentos son erróneos porque, como lo señala el artículo 21, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete la investigación de los delitos al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, por lo cual no se debe pensar que la Secretaría de Gobernación es la competente para “proseguir el combate al crimen organizado”, aunado a lo anterior el párrafo tercero, del artículo 1 de la Carta Magna, señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, argumento más que suficiente para acreditar que no es exclusivamente la Secretaría en cuestión quien tiene el deber de proteger o fomentar los derechos humanos, ni afirmar que es pertinente dotar a dicha institución de facultades de seguridad pública bajo el supuesto de que ella tiene: “como marco rector, el respeto a los derechos humanos”.

Estoy convencido de que las facultades que la Secretaría de Gobernación absorbería de la de Seguridad Pública federal significarán un retroceso y una posible vulneración al texto constitucional. Retroceso en razón de que estas facultades, devueltas a Gobernación, pueden significar un control político sobre la oposición, puesto que esta dependencia tiene facultades y atribuciones de conducción de la política interior, de los servicios de inteligencia que suministra el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y aunado a la fuerza de la Policía Federal significaría un poder excesivo inusitado en una democracia.

La fusión alarma por sí misma, pero aumentan las preocupaciones cuando se voltea a ver la biografía de Miguel Ángel Osorio Chong, no sólo desprovista de un compromiso democrático y con los derechos humanos, sino que por el contrario se acreditan hechos intimidatorios a sus adversarios, represión y control de medios.

El diseño ni siquiera le dará tiempo al nuevo supersecretario para atender la cantidad de funciones que le suman. Pero esa es la decisión del nuevo presidente. No nos opondremos al modelo de organización que ha escogido para su gobierno, aunque no estemos de acuerdo, pero sí estableceremos condiciones para exigir información periódica sobre el ejercicio de tales facultades, obligar mecanismos de rendición de cuentas ante el Congreso y asegurarnos de que las personas colocadas al frente de las instancias policiacas tengan una trayectoria no sólo profesional y con experiencia, sino de comprobada solvencia moral y política. No le pondremos diques al diseño de gobierno de Peña, pero sí controles. No seremos un obstáculo, pero sí un límite. Y ésta será la función del Senado, como la cámara del equilibrio.    

EL NUEVO PROCURADOR*

ANA LAURA MAGALONI

Inicia un nuevo gobierno y, con ello, el tic tac del reloj empieza a correr de forma acelerada para que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete puedan darle rumbo y potencia a nuestro país. La designación de Jesús Murillo Karam (aunque falta la ratificación del Senado) como procurador general de la República es una muy buena noticia. Murillo Karam, durante la administración de Calderón, fue una pieza clave para que se aprobaran las reformas constitucionales más importantes del sexenio anterior: la reforma de acciones colectivas, la reforma de derechos humanos, la reforma de amparo y la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia. Todas estas reformas fueron diseñadas y aprobadas en mancuerna PAN y PRI. A la cabeza de estos procesos de diseño y cabildeo político estuvieron Jesús Murillo Karam, por parte del PRI, y Fernando Gómez Mont, por parte de la administración panista de Felipe Calderón.

Falta mucho para que cada una de esas reformas sea operativa y despliegue todo su potencial transformador. Muchas de ellas aún no cuentan siquiera con leyes reglamentarias. No obstante, el común denominador de todas ellas es que tienen el propósito de construir los cimientos jurídicos de la ciudadanía y de fortalecer a la sociedad civil organizada, al dotarla de nuevos instrumentos legales para impulsar sus causas y lograr que las acciones de gobierno se hagan cargo de un gran abanico de demandas sociales.

A Murillo Karam le tocará implementar a nivel federal y liderar políticamente a nivel local la reforma penal. Estoy convencida de que la forma en que opera el sistema de procuración e impartición de justicia constituye una manera de medir la calidad y profundidad de una democracia. Uno de los objetivos centrales de cualquier régimen democrático es establecer un modo de ordenación de la vida colectiva en donde el ejercicio del poder esté limitado jurídica y políticamente. Ello permite que los ciudadanos cuenten con ámbitos reales para ejercer su libertad y sus derechos. No hay poder más amenazante para el ejercicio de los derechos ciudadanos que el que pueden ejercer los delincuentes violentos, por un lado, y las instituciones de seguridad, por el otro. Ambos, de formas distintas, tienen capacidad para ejercer coacción física en contra de los ciudadanos. Sin embargo, mientras que los delincuentes, por definición, lo hacen violando las leyes, en cambio, las Fuerzas Armadas y los policías deben ejercer la coacción conforme a la Constitución y las leyes. El sistema de procuración e impartición de justicia sirve para garantizar que ello sea así. Es decir, dicho sistema se encarga de que, por un lado, se sancione a quien delinque y, por el otro, que el ejercicio del poder coactivo de las policías y Fuerzas Armadas se lleve a cabo conforme a los procedimientos y formas que marca el derecho y, de no serlo así, se sancione. Sólo así los policías se diferencian de los delincuentes y su poder coactivo pierde el carácter despótico e incontrolado propio de los regímenes autoritarios.

El eslabón perdido de la política de seguridad de la administración de Calderón fue precisamente el sistema de procuración y administración de justicia. En estos últimos seis años las políticas de seguridad se estructuraron bajo un paradigma autoritario. Este paradigma tuvo dos componentes: 1) la concepción de que al crimen se le controla a través de la coacción; era una lucha de quién tenía más fuerza: el Ejercito y los policías o los delincuentes. Ello asume que tan pronto los delincuentes perciban que el Estado puede más, dejarán de delinquir y, 2) el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la no autoincriminación por medio de la tortura o la coacción y la calidad de las pruebas son, en el mejor de los casos, poco relevantes y, en el peor, un obstáculo. Bajo el paradigma autoritario no hay forma en que quepa la justicia como mancuerna indisoluble de las políticas de seguridad.

Este paradigma autoritario explica por qué Calderón le apostó al fortalecimiento de la Policía Federal pero dejó en el cajón la implementación de la reforma penal. Quiero pensar que la decisión de Peña Nieto de poner al frente de la PGR a Murillo Karam nos habla de que esta nueva administración ha decidido sacar la reforma penal del cajón y hacerla parte integral de sus políticas de seguridad. Murillo Karam es funcionario con peso político propio y con conocimientos sólidos para enfrentar los enormes desafíos, políticos y técnicos, que significa poner en marcha una reforma que, por un lado, desmonte los asideros autoritarios de nuestro sistema de persecución criminal y, por el otro, logre implantar en las burocracias del MP y los tribunales nuevas formas de hacer las cosas. Del éxito de la reforma penal dependerá, creo yo, la posibilidad de construir una relación de confianza y cooperación entre los ciudadanos y la policía. El reto es mayúsculo. Le deseo el mayor de los éxitos a Jesús Murillo Karam.

*Reforma 01-12-12

TRES LECTURAS Y UNA POSDATA*

JORGE ALCOCER

El primer gabinete. Destacan dos elementos: el equilibrio intergeneracional y la combinación de trayectorias y experiencias. Si alguien esperaba un gabinete de golden boys, se equivocó. Hay cinco ex gobernadores y una ex jefa del Gobierno capitalino (Coldwell; Chuayffet; Murillo; Osorio; Martínez; Robles) a los que se suman personajes de larga data en el servicio público: Meade, Guajardo, Mercedes Juan, Navarrete, Mondragón. Otros con amplia trayectoria legislativa: Ruiz Massieu y Ramírez Marín. Con antecedentes inmediatos en el gobierno del Estado de México están Videgaray, Guerra Abud, Ruiz Esparza y el consejero jurídico, Humberto Castillejos. Emilio Lozoya prefirió ir a Pemex, en tanto que Francisco Rojas arriba a la CFE. Solamente tres mujeres llegan al primer gabinete legal; dos de ellas de militancia priista (Claudia Ruiz Massieu y Mercedes Juan) El presidente Peña Nieto privilegió experiencia y capacidad para cumplir la misión inmediata, sin por ello dejar de considerar relaciones personales forjadas en el Estado de México o en campaña.

La ceremonia constitucional. Aunque no se logró que la sesión solemne del Congreso de la Unión se desarrollara atendiendo a ese calificativo, la diferencia con lo ocurrido hace seis años fue notoria. Impedidos para tomar la tribuna, los legisladores radicales de la llamada izquierda tuvieron que contentarse con la colocación de una enorme manta, la exhibición de pancartas y la expresión de consignas, con mensajes dignos de la prepa popular. En su última sesión como presidente de la Cámara de Diputados y por ello del Congreso General, Jesús Murillo Karam mostró temple y autoridad, haciendo prevalecer el desahogo de la orden del día. Quizá por la inevitable tensión del momento, al pronunciar las frases rituales de su protesta el Presidente omitió la referencia completa a la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", refiriéndose a ella solamente como "la Constitución"; acto seguido recibió de Jesús Murillo la Banda Presidencial, de la que Calderón se despidió con un beso. Para el anecdotario queda el hecho de que Felipe Calderón por fin pudo entrar al salón de sesiones por el pasillo central, aunque ya como ex Presidente. En acto de civilidad, la mayoría de los legisladores saludaron con un aplauso el arribo de Margarita Zavala y Angélica Rivera. Todavía falta un tramo para arribar a la solemnidad republicana, pero mucho se avanzó.

El mensaje en Palacio Nacional. Es de lamentar que, por segunda ocasión, el Presidente se viera impedido de dirigir su mensaje desde la tribuna de la representación popular. Acertado que ante tal situación Peña Nieto decidiera hacerlo desde Palacio Nacional, sede histórica del Poder Ejecutivo. Alejado de la prolongada retórica de Luis Echeverría o de la grandilocuencia de José López Portillo, el mensaje del Presidente consumió 45 minutos, en un estilo que me hizo rememorar la sequedad de Miguel de la Madrid o la obsesión de Ernesto Zedillo por la didáctica del discurso. Estructurado en tres componentes -cinco ejes de gobierno; 13 acciones inmediatas y el mensaje político- el primer discurso de Peña Nieto como presidente de México nos muestra a un administrador y no a un estadista. Hay una agenda de cosas por hacer, no un proyecto de Nación. De las ausencias, destaca la omisión de referencias al lugar de México en el mundo, y la influencia del contexto internacional en el presente y el futuro de nuestro país y de su gobierno. De las acciones inmediatas, en cinco se anticipa el envío de iniciativas al Congreso, lo que sumado a las contempladas en el Pacto firmado el domingo sobrecarga la agenda legislativa.

Posdata. Lo ocurrido el sábado, durante muchas horas, en torno al Palacio Legislativo y luego en las calles del Centro Histórico, la Alameda, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, fue un acto de provocación, vandalismo y barbarie por parte de hordas que, a pretexto de la protesta convocada por el movimiento "yo soy 132", sembraron el terror, causaron destrozos a inmuebles, públicos y privados, y saquearon establecimientos comerciales. La defensa del derecho de manifestación requiere hoy la condena tajante de esos hechos y sus responsables.

El vandalismo y la barbarie no son "formas de lucha", son delitos graves.

PACTO POR MÉXICO: ACTO FALLIDO*

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

El “Pacto por México” promovido por Enrique Peña Nieto busca reemplazar los necesarios debates públicos sobre el futuro de la nación por negociaciones tras bambalinas entre los mismos políticos de siempre. El nuevo presidente quiere evitar a toda costa someter sus propuestas al debate parlamentario o a la deliberación ciudadana. Pretende retornar a los tiempos del partido de Estado hegemónico en que el presidente de la República mandaba como un rey y los demás políticos levantaban sus dedos en anuencia, o “se atenían a las consecuencias” de su rebeldía.

Ninguno de los personajes que hoy negocian el pacto ha sido elegido por medio de una votación democrática, universal y directa. Si bien Gustavo Madero, Jesús Zambrano y Pedro Joaquín Coldwell fueron “elegidos” por sus partidos como dirigentes, ninguno de los integrantes de la mesa de negociación ocupa hoy un puesto de elección popular. Juan Molinar Horcasitas, José Murat, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Ortega, Carlos Navarrete y Santiago Creel son funcionarios del gobierno federal o simples náufragos de la política en busca de nuevas chambas a costa del erario. Ninguno cuenta con una representación ciudadana. Todos responden a sus jefes políticos.

El nuevo pacto PRIANRD tampoco cuenta con participación social. No se ha convocado a la presentación de propuestas de la sociedad ni se han compartido con la ciudadanía los borradores o documentos de trabajo. El pacto es un documento negociado por políticos de dudosa trayectoria, sin liderazgo social y de espaldas a la ciudadanía. No podemos esperar nada bueno de ello.

La accidentada presentación en sociedad de la mesa de negociación el jueves pasado fue un clásico ejemplo de un “acto fallido” o, en este caso, un “pacto fallido”. Sigmund Freud desarrolló la teoría del “acto fallido”, o “desliz freudiano”, para entender el sentido profundo que muchas veces tienen nuestras equivocaciones supuestamente accidentales. Por ejemplo, el extravío de las llaves del coche podría deberse no a un simple lapsus, sino a un deseo inconsciente de quedarse en casa. O llamarle a alguien por un nombre equivocado podría en realidad implicar el deseo de que esa persona sea alguien diferente.

De la misma manera, la llamativa ausencia del texto del pacto el jueves 29 ayudó a desnudar la verdadera naturaleza del acuerdo. Los discursos absolutamente vacuos y carentes de visión política evidenciaron que el esfuerzo no busca impulsar ideas o propuestas para mejorar el país, sino simplemente repartir mejor el botín del poder entre los mismos de siempre.

Los comentarios de Jesús Zambrano fueron particularmente reveladores. En lugar de ofrecer ejemplos concretos de la visión de “izquierda” que impulsa su partido en la mesa de negociación, se limitó a pronunciar frases grandilocuentes sobre la necesidad de “escribir un nuevo capítulo” y de “elevar nuestra mira”. Quedó claro que su objetivo como negociador no es defender una agenda de transformación social, sino conseguir posiciones y prebendas para sus amigos y aliados.

Asimismo, sin que se lo pidiera nadie, Pedro Joaquín Coldwell dio la explicación de que el PRI de Peña Nieto “no es un PRI que esté viendo hacia la regresión ni hacia la restauración de un sistema político que se ha agotado”. Lo único que hace el ahora secretario de Energía es reconocer y validar esta fundamentada impresión, compartida cada vez por más mexicanos, sobre el nuevo gobierno federal.

Al querer darle la vuelta al Congreso e ignorar a la ciudadanía, Peña Nieto no hace más que repetir el mismo modelo político que utilizó cuando era gobernador del Estado de México. Allí logró la “unidad” política a partir de un coctel de “incentivos” y amenazas, comprando y amedrentando a la clase política local, desarticulando las organizaciones sociales independientes y domesticando a los medios de comunicación. Así, construyó el contexto de impunidad y descontrol necesario para que él, Videgaray y su camarilla pudieran gobernar sin rendirle cuentas a absolutamente nadie.

Estrategias similares fueron utilizadas por el ahora secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el próximo procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cuando se desempeñaron como gobernadores de Hidalgo. El maestro Miguel Ángel Granados Chapa nunca se cansó de exhibir las redes de complicidad, autoritarismo y corrupción de la retrógrada forma de hacer política en su estado natal.

No es coincidencia que Peña Nieto, Emilio Chuayffet , Osorio Chong y Murillo Karam, los cuatro hombres fuertes del nuevo gobierno, son exgobernadores de entidades federativas que aún no han experimentado una alternancia política. El PRI, y sus antecedentes, ha gobernado sin relevo alguno desde hace más de 80 años en ambos estados. Lo mismo es el caso respecto a Pedro Joaquín Coldwell, quien fue gobernador de Quintana Roo, otro estado que aún no ha experimentado una alternancia al nivel del Ejecutivo estatal.

Veracruz y Coahuila, también gobernados por grandes amigos de Peña Nieto, son otros dos destacados ejemplos de entidades que han sufrido los estragos de la falta de la alternancia. No debería sorprendernos si Rubén Moreira y Javier Duarte terminaran incorporándose al gobierno federal incluso antes de que terminen sus mandatos. Humberto Moreira y Fidel Herrera seguramente ya están en camino. Los exgobernadores de Tamaulipas quizás también encuentren espacios lucrativos en la nueva administración. La conquista del gobierno federal por los nuevos dinosaurios feudales del PRI será completa.

Un nuevo pacto auténticamente social tendría que construirse de “abajo” hacia “arriba”, y no a la inversa. También tendría que incorporar de manera central y protagónica a la voz de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Son los integrantes de las nuevas generaciones los que deberían trazar el camino hacia el futuro, no los representantes de una clase política caduca y corrupta.

*Proceso 03-12-12

COALICIONES INESPERADAS*

RICARDO BECERRA LAGUNA

Pues allí lo tienen: tras un discreto proceso de negociación, los partidos políticos principales y el nuevo Presidente de la República, han podido reconocerse en un largo y abarcador “Pacto por México”.  

Mi sorpresa es triple. Primero, porque se trata de un documento confeccionado tras semanas -o días-, luego de un muy amargo y supurado periodo postelectoral. Así y por lo visto, la discordia política no es del todo infértil o más bien, no solo produce resentimientos sociales que deambulan durante años.

Resulta que políticos que no podían verse ni en pintura y que no se ahorraron invectivas de toda laya para descalificarse por todo y contra todo, encontraron el tiempo y cobran ánimos para conversar y ubicar un montón de coincidencias que en el periodo electoral no aparecieron ni por asomo. De repente, la política halla un espacio para abandonar y trascender las querellas reales y las fingidas, si es que se quiere gobernar o incidir en las decisiones de gobierno.  

La sorpresa es mayor por lo que significa para la política a secas: tímidamente, se renuncia a dos ilusiones autoritarias, que nos han hipnotizado: una que asumió el PAN desde muy temprano y que consistió en gobernar desde los Pinos y solo con los suyos, de frente –o de espaldas- a la oceánica mayoría opositora que habita el Congreso, las Cámaras, las Gubernaturas, los municipios y que reverbera todos los días en la soliviantada opinión pública nacional.   

Por su parte, la propia realidad obligó al Presidente a hacer sus cuentas: por sexta vez consecutiva, la votación nacional federal de los necios y plurales mexicanos se dispersó en tres grandes continentes y el candidato ganador obtuvo un poco más de un tercio de los sufragios. Una vez más, la ansiada mayoría no apareció en ninguna parte y mucho menos, los artilugios imaginados para regalar curules y diputados al partido mayoritario, curules y diputados que la votación no entregó. Y si no hay mayoría lo que queda es… la política, más o menos, la ruta que expresa el propio Pacto por México.   

Finalmente: la sorpresa radica en los temas que cincelan el documento, los temas que están incluidos y los que no quedaron en él. Es notable que la agenda social y la agenda de los derechos esté recogida en extenso: acceso universal a los servicios de salud; pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión; seguro de desempleo; seguro de vida para jefas de familia y un sistema nacional de programas de combate a la pobreza.

También merece subrayarse la centralidad de lo educativo, derechos humanos, la ley de víctimas y los acuerdos para la seguridad y la justicia, cuyo principal objetivo será: “recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones”.

La mención al acceso universal de la banda ancha y el anuncio de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta son también de la mayor importancia viniendo, precisamente, del Presidente Peña, pero más notable aún, me parece la no aparición de dos asuntos que le resultan muy caros: el incremento del IVA a alimentos y medicinas y los esquemas de privatización de PEMEX.

Así las cosas, el Pacto es una especie de promedio aceptable, una serie de temas equidistantes entre los intereses y las sensibilidades que representan PRI, PAN y PRD, y ese solo esfuerzo de localización, merece la pena y el apoyo.

Pero es importante sobre todo, para ordenar la discusión pública, para hablar de lo importante (“hay hambre en México”, y la tienen cerca de 40 millones de personas, reconoció sin el eufemismo de la “pobreza alimentaria” o de “las clases medias” el Presidente Peña) y para que la política, las reformas y la deliberación abierta y sin complejos se conviertan en eje privilegiado del nuevo gobierno.     

No es hora de cantar aleluyas, se me dirá, y es cierto. Pero si el Pacto se traduce en programas concretos y decisiones firmes, será por que habrá arraigado en la intuición básica que lo soporta: México necesita de una coalición de gobierno, acuerdos si –como los que se lograron alcanzar-, pero también inclusión de “los otros” en el gobierno, compartir el poder y una mayoría legislativa estable que acompañe el experimento.

En ese sentido el Pacto representa sólo y premonitoriamente la entrada de México a la política de coalición.

*La Silla Rota 03-12-12

EL DESAFÍO DE CRECER

CIRO MIRAYAMA

Los compromisos que adquirió Enrique Peña Nieto en su primer discurso como presidente sólo podrán cumplirse si se rompe la inercia del bajo crecimiento económico. Hacer realidad los derechos humanos (que incluyen los derechos sociales) reconocidos en la Constitución, cerrar las brechas de la desigualdad social y crear un país incluyente, capaz de generar las oportunidades de empleo que nuestra demografía permite y exige, implica que crezcamos a tasas mucho mayores a las de las últimas tres décadas.

El propio Peña reconoció que el bajo crecimiento, aun con estabilidad macro, no permite superar la pobreza y la inequidad. Si es así, crecer económicamente es un imperativo ineludible, pero no vamos a tener resultados económicos distintos si las decisiones clave de política económica siguen siendo las mismas.

Para empezar, crecer a, por ejemplo, 6% promedio a lo largo del sexenio requiere un esfuerzo amplísimo de creación de infraestructura o, lo que es lo mismo, una drástica ampliación de la inversión pública cercana a los cinco puntos del PIB.

Ese monto adicional de recursos tiene que surgir, necesariamente, de una profunda reforma haciendaria que, para ser tal, no puede descansar sólo en la generalización del IVA por dos razones: porque genera más desigualdad (es decir, el medio atenta contra el fin) y porque en el mejor de los casos daría unos dos puntos adicionales del PIB. Si el gobierno va a tomar la iniciativa de, por fin, fortalecer la recaudación tributaria en serio, es decir si va a afectar intereses específicos y va a jugar parte de su capital político en el empeño, el énfasis debe ponerse en el impuesto sobre la renta, en especial a personas físicas, y en gravámenes redistributivos como los referidos a las ganancias de capital que son usuales en países desarrollados.

Por otra parte, será necesario dejar de castigar a los productores nacionales con la sobrevaluación del peso. Un dólar más caro (aunque duela a los sectores que hacen shopping en Houston) significa también productos nacionales más baratos y competitivos en nuestro mercado y en los internacionales. La baja inversión y el peso sobrevaluado son dos anclas contra un crecimiento más dinámico de la economía mexicana y, por tanto, limitantes del bienestar de la población. Están a prueba la disposición y la capacidad del nuevo gobierno para removerlas.

UN PACTO POR MÉXICO

JAVIER CORRAL

Hoy se firma en el Castillo de Chapultepec el Pacto por México; un acuerdo político nacional suscrito por los dirigentes del PRI, PAN, PRD y por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se trata de un documento que, de cumplirse, le cambiaría el rostro a nuestro país en muchos aspectos, metiéndonos en serio en la competencia mundial.

Se le ha dado en llamar "La Moncloa Mexicana", en referencia al pacto que hace mas de 30 años se signó en el Palacio de la Moncloa en España, precisamente el 25 de octubre de 1977, suscrito por las principales fuerzas políticas en el proceso de transición, luego de la dictadura franquista. En estricto sentido el mecanismo es distinto y por supuesto las circunstancias. En España el detonador de los Pactos fue la crisis económica  y en los ejes de acción privaron medidas para combatir este problema, aunque también se delinearon ejes concretos en los que los firmantes encontraban consenso y que abarcaron materias como educación, seguridad social, libertad de expresión, medios de comunicación, justicia militar, agricultura, salud, entre otros.  Luego de 40 años de dictadura, los españoles buscaban la estabilidad, a diferencia nuestra que ya llevamos transitado un camino democrático.

Sin embargo, aunque la democracia se ha constituido ya en el cauce fundamental por el cual hemos decidido dirimir nuestras diferencias, también es cierto que no se ha podido impulsar un mecanismo de acuerdo político por el que se procesen nuestras coincidencias. Eso pretende ser el Pacto por México que, en comprensible sigilo, durante las últimas tres semanas fueron construyendo representantes de los tres partidos junto con el equipo de transición de Peña Nieto, e impulsado por el propio Presidente Electo en el primer acercamiento que tuvo con los gobernadores panistas y nuestro dirigente nacional Gustavo Madero, donde les lanzó: "los voy a sorprender".

Decididamente he apoyado la construcción del Pacto y su celebración, tanto en la deliberación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido como en la que se produjo en el grupo parlamentario senatorial. No podría estar en desacuerdo con lo que fue una de mis principales y machaconas propuestas durante la reciente campaña electoral en Chihuahua. Quienes me abrieron sus puertas y escucharon mis planteamientos, saben de la formulación que hice sobre la necesidad de darnos un respiro en medio de la sofocante polarización, celebrar un acuerdo entre los principales partidos para sacar adelante las reformas estructurales y abrir - sin renunciar a nuestras diferencias y estrategias de lucha política - un tiempo de unidad nacional en lo esencial, y una disputa más civilizada en la lucha por el poder.

Lo que la alternancia nos hereda es un pluralismo latente que desafortunadamente no hemos sabido manejar y que se ha convertido en enfrentamiento permanente y disfuncionalidad institucional.

En este contexto surge el Pacto por México que nos obligue a trabajar con responsabilidad, anteponiendo el bienestar de la ciudadanía, que nos ha elegido para representarla, en lugar de los intereses de los negociantes de la política y de los grandes poderes fácticos que, gracias a los desencuentros y a la falta de visión de Estado, han logrado mayores privilegios en las últimas administraciones.

Y el Pacto por México es esencialmente un acuerdo para enfrentar juntos a los poderes fácticos, no para desaparecerlos, sino para reubicarlos a su papel de intermediación y no como operan actualmente, como los dueños o mandones del país. Con esa claridad lo expresa el Pacto en su exposición de motivos: “la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional.”

Este pacto está sostenido en cinco ejes temáticos que son: Sociedad de Derechos; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y Gobernabilidad democrática.

Particularmente me entusiasman los acuerdos que tienen que ver con los temas de educación, medios de comunicación, telecomunicaciones, transparencia y reforma política, todos contenidos en este pacto.

En el tema de Educación de Calidad y con Equidad, se impulsará una reforma legal y administrativa en materia educativa con tres objetivos iniciales y complementarios entre sí. Primero, aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior. Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad.

Se creará el Sistema de Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos; se dotará de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Autonomía de gestión de las escuelas. Se establecerán escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. Se establecerá un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres. Se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se  promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores.

El Pacto busca intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. De ahí que se proponga fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), dotándola de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para hacerlos efectivos, así mismo se acotarán los procedimientos para dar eficacia a la ley.

Otro de los compromisos que hoy será suscrito dentro del Pacto es garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial, mediante una "mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida". Para ello, se tomarán las siguientes medidas: Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador. Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos. (Compromiso 39). Reforzar la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula. (Compromiso 40). Desarrollar una robusta red troncal del telecomunicaciones. Se garantizará el crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado. (Compromiso 41)

Tal y como ya lo adelantó Enrique Peña Nieto en su primer discurso tras la toma de protesta como Presidente de la República, se ha comprometido en el Pacto abrir la radio y la televisión a una mucho mayor competencia: se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas, así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera gratuita sus señales a operadores de televisiones de paga (must carry, must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones en una sola persona moral o física que detente participación accionaria en varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión. (Compromiso 43)

También una mayor competencia en telefonía y servicios de datos:  se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración,  conforme a las mejores prácticas internacionales.

Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre.

Se reordenará la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley que contemple, entre otros, los principios antes enunciados. (Compromiso 44). Y la adopción de las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberá ser simultánea. (Compromiso 45).

Hay otros importantísimos rubros que se han incorporado al Pacto, y que iré desarrollando las próximas semanas en este espacio. Adelanto que se incorpora el compromiso de legislar la figura de los Gobiernos de Coalición, la reelección de legisladores, reformas legislativas para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, como de igual forma, se dará cumplimiento al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, para garantizar el derecho de réplica. (Compromiso 95)

El acuerdo aquí planteado no sólo cuenta con 95 compromisos englobados en reformas puntales, también establece una metodología de trabajo que incluye la creación de un Consejo Rector que se encargaría de articular las negociaciones y una Coordinación Técnica que daría seguimiento a los acuerdos del Consejo, además de una puntual calendarización para presentar las reformas e  implementarlas, lo cual generaría grandes beneficios al país.

Sobre este pacto ha habido diversas críticas, incluso al interior de Acción Nacional, sin embargo, habría que decir que el 80% de las acciones legislativas contenidas en éste Pacto las hemos propuesto desde nuestra plataforma política y por un servidor en distintas legislaturas; suscribirlo no representa ni incondicionalidad, ni el abandono de nuestras propias banderas. El pacto es un acuerdo político para una agenda legislativa, no es un aval ni un cheque en blanco al Presidente Peña Nieto, no cancela nuestras diferencias, no condiciona nuestro ejercicio crítico y opositor que haremos frente a cualquier intento de regresión o exceso de gobierno.

Nuestro paso por la Presidencia debiera enseñarnos que no podemos perder más tiempo en el regateo, ni en el medro político a través de pequeñas reformas que no nos llevan a ningún lado.  El Pacto es un recuento de lo que nos regatearon y no quisieron darnos en estos años por la falta de generosidad y de visión que ahora, en contrapartida, sí está encontrando Peña Nieto en nosotros.

No debemos temer a un Pacto Nacional, no tengo duda que en algunas de las razones que se están esgrimiendo al interior de cada partido político para no signarlo, hay mucho de la representación de los poderes fácticos para imposibilitarlo. Estos días estos poderes se han estado moviendo con toda intensidad para tratar de torpedearlo y quienes minan este acuerdo, terminan haciéndole el caldo gordo a esos intereses monopólicos en lo político, en lo económico, en lo comunicacional. No hay tiempo que perder.

Para consolidar este Pacto por México se requerirá, eso sí, de altura de miras, de volver a colocar el alto sentido de la política y dejar atrás atavismos ideológicos, rémoras de falsos conceptos nacionalistas y mezquindades personales.