NO SE TRATA DEL ABORTO

ALEJANDRO MADRAZO LAJOUS

Leí con preocupación el artículo titulado “El aborto, la Corte y la democracia”, firmado por Agustín Basave, en este espacio. En su texto, Basave hace un llamado a evitar “un nuevo germen de polarización” en el país, recomendando que la Corte, por razones pragmáticas, se abstenga de ejercer el control de constitucionalidad al que está obligada. Lejos de lograr su cometido, el autor abona a la polarización difundiendo la equivocada idea de que lo que se debate en la Corte hoy es el aborto. Algo similar sostienen correos en cadena que circulan en la red, asustando a los católicos: “URGENTISIMO SE APROBARA ABORTO HASTA LOS NUEVE MESES EN TODA LA NACION” reza el encabezado de uno. Nada más lejos de la verdad.

Las reformas estatales que hoy se discuten en la corte poco o nada tienen que ver con la legalidad del aborto. Lo que está en riesgo es la legalidad de métodos anticonceptivos tan difundidos como el dispositivo intra-uterino (DIU) y métodos de reproducción asistida como la fertilización in-vitro. Si un óvulo fecundado es una persona, como plantean las constitucionales locales impugnadas, entonces el DIU (que es el método anticonceptivo reversible más utilizado en el mundo con 14% de usuarios frente a un modesto 1% del condón), al inhibir su implantación en el endometrio, será homicidio. Asimismo, la fertilización in-vitro, que requiere fecundar varios óvulos, utilizar sólo el o los más fuertes y congelar o desechar lo demás, sería también un homicidio o constituiría una privación de la libertad (así lo sostuvo la Corte Suprema de Costa Rica). La penalización del aborto, así como sus excluyentes, queda prácticamente intacto antes y después de las reformas. Así lo entiende el proyecto que el Ministro Franco propone a sus colegas.

En términos constitucionales, el problema es aún más grave: está en riesgo la unidad del régimen constitucional. Las reformas constitucionales locales fueron una respuesta simbólica, visceral, ante la despenalización del aborto en el DF. La PGR y la CNDH impugnaron la despenalización, arguyendo que violaba un derecho a la vida del óvulo fecundado. La Corte sostuvo que era constitucional porque que no existe una obligación constitucional de penalizar una conducta específica salvo que la Constitución expresamente la señale. Las mayorías en algunos congresos locales leyeron mal la sentencia de la Corte. Creyeron que, al establecer el derecho a la vida del óvulo fecundado generarían, automáticamente, la obligación del legislador de penalizar el aborto. Pretendían así “blindarse” de la posibilidad de despenalización en sus estados.

Al otorgarle derecho a la vida al óvulo fecundado, los constituyentes locales redefinieron el concepto de “persona”, produciendo consecuencias jurídicas graves. “Persona”, en el derecho, es el centro de imputación de derechos y obligaciones. Solo las “personas” (en el sentido técnico jurídico) -sean individuos físicos, entidades gubernamentales o empresas- pueden estar obligados por las normas y ejercer derechos; para ello, cuentan con ciertos “atributos”: nombre, nacionalidad, patrimonio, domicilio, etc. ¿Qué pasa si consideramos que un óvulo fecundado es persona? Primero, tendríamos que reconocerle los atributos de la personalidad: nombre (registrar en el registro civil los embarazos); nacionalidad (las mujeres embarazadas tendrían que viajar con dos pasaportes y los “concebidos” durante una vacación en Cancún tendrían nacionalidad mexicana, con independencia de dónde nacieran y crecieran); y un largo etcétera. Lo grave no son las consecuencias imposibles de cumplir que se generan, sino el hecho de que los estados se arrogaron la facultad de decidir quién tiene derechos fundamentales y, en consecuencia, quién no. Esto es incompatible con la Constitución que establece que los derechos fundamentales son los mismos para toda persona en el territorio nacional.

Con independencia de la intención de sus autores, la consecuencia de las reformas fue fragmentar el sistema de protección constitucional de los derechos fundamentales. Hoy los congresos locales amplían el concepto de persona para incluir al óvulo fecundado. Sin embargo, si la Corte no invalida las reformas, mañana podrán restringirlo, excluyendo de la protección constitucional a migrantes centroamericanos, a menores de edad, a indígenas, a ancianos o a cualquier otro grupo vulnerable.

Contar con un sólo régimen de protección de los derechos fundamentales es lo que los hace fundamentales. La definición de quién es persona debe ser unitaria. La vida prenatal se puede proteger sin violentar el régimen derechos fundamentales. Las reformas que hoy se discuten sacrifican la seguridad jurídica de todos y todas. La Corte está obligada a enderezar el entuerto.

El Ministro Franco ofrece al Pleno y al público un proyecto inusualmente breve, claramente diseñado para ser leído y entendido ampliamente: cuenta con apenas 141 hojas (para referencia: la sentencia sobre aborto en el DF de 2008 suma más 1300). Lo mínimo que podrían hacer quienes opinan sobre él, es leerlo con cuidado. La regulación del aborto no está en juego; la unidad del régimen constitucional sí.

EL PROYECTO DE SENTENCIA CONTRA LA VIDA DE LOS NO NACIDOS

JORGE ADAME GODDARD

El ministro Fernando Franco González Salas ha presentado un proyecto de sentencia, en las acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma del artículo 7 de la constitución de Baja California que protege la vida del no nacido desde el momento de la concepción, en el sentido de que esa reforma de la constitución local viola la constitución federal de la República, por lo que tiene que ser declarada inválida. ¿Cuáles son las razones que aduce para llegar a esa conclusión extrema?

En pocas palabras, son solo dos razones: la primera es que el concebido no nacido no es ser humano, ni individuo de la especie humana, ni persona titular de derechos. La segunda es que proteger al no nacido significa limitar los derechos de las personas nacidas, que sí son verdaderas personas. En este artículo sólo analizaré el primero de esos argumentos o razones.

El proyecto comienza afirmando que la constitución mexicana protege la vida, ahora de nuevo expresamente en el artículo 29, y que la reforma a la constitución de Baja California también protege la vida por lo que concluye que el nuevo artículo 7º de dicha constitución "en sí mismo es concorde con la Constitución" (p. 43) federal. Luego afirma (p. 50) que la constitución federal "equipara los conceptos individuo, ser humano con el de persona humana física".

Con esas premisas, uno podría esperar que concluyera que la reforma que protege la vida del ser humano concebido no nacido es conforme con la constitución federal, pero la argumentación da un giro sorprendente, cuando aborda la cuestión de si el embrión unicelular o cigoto es persona. Dice entonces que si bien el embrión "podría calificar genéricamente como ser humano con el enfoque de otra disciplina, no califica necesariamente como persona o individuo en un sentido normativo, que es el relevante en el presente asunto".

Llega incluso a reconocer que "un ser humano efectivamente puede definirse en términos de su pertenencia a la especie Homo sapiens (y la pertenencia a esa especie es determinable empíricamente y, en último análisis, con base en criterios científicos), lo que lleva a la conclusión correcta, con este enfoque, de que, desde el momento de la fecundación del óvulo de una mujer por un espermatozoide de un hombre, inicia la formación de un ser humano".

Pero, añade el proyecto, no es suficiente que el concebido sea realmente un ser humano, porque es necesario que la constitución lo reconozca como ser humano, individuo o persona para ser titular de derechos. Por ese razonamiento llega a una afirmación sorprendente (p. 52): "Si lo anterior es así, luego la pertenencia a la especie Homo sapiens es condición necesaria pero no suficiente para calificar como persona/individuo en sentido normativo. De la premisa que describe el hecho (biológico) de que un ente, ser u organismo es un miembro de la especie humana, no cabe concluir, automáticamente, sin otras premisas adicionales, que califique jurídicamente como persona. Para ello es necesario que se cumplan, desde el punto de vista conceptual y normativo, otras condiciones", es decir las condiciones que fijen las leyes.

Es una afirmación digna de los esclavistas, que consideraban que ciertos seres humanos no calificaban como personas por lo que podían venderlos como esclavos; es digna de los encomenderos más fanáticos, que afirmaban que los indígenas americanos no eran seres racionales, por lo que podían tratarlos como animales; es digna de los racistas que consideran justo matar a los seres humanos de razas supuestamente inferiores porque no son titulares de derechos; pero no es digna de la Suprema Corte de Justicia de México, ni siquiera es digna del ministro Fernando Franco, quien es una persona honorable.

La consecuencia actual de esa afirmación es que los derechos humanos, y en concreto el derecho a que se respete la vida de todo ser humano, no son derechos que tengan los hombres y mujeres por el solo hecho de ser humanos, sino que los tienen únicamente cuando cumplan los requisitos fijados por la ley para "calificar" como persona. Es una afirmación que va directamente en contra del mismo concepto de los derechos humanos, que se entienden como derechos de todos los hombres y mujeres, y que contradice palpablemente dos artículos de derechos humanos, que el proyecto debió considerar, pero ni siquiera los menciona. El artículo 1.2 de la Convención americana sobre derechos humanos, que dice "Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano", y no exclusivamente los seres humanos que "califiquen" como personas. Y el artículo 16 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos que dice "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica", de modo que cualquier ser humano, aun el que está en el vientre materno, tiene derecho a que se reconozca su personalidad jurídica.

Espero que en la discusión del proyecto por el Pleno de la Suprema Corte, se corrija al proyecto, prive el sentido común y se reconozca que todos los seres humanos somos esencialmente iguales, con los mismos derechos fundamentales, y no sujetos que pueden calificar o no como personas.

DEMOCRACIA SECUESTRADA

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Las luchas políticas que libran los dos aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, mantienen paralizada la acción legislativa, muy particularmente en lo referente a reformas constitucionales y legales que permitan avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad más acorde a la pluralidad existente en la realidad mexicana.

La parálisis se genera porque cada uno de los presidenciables tricolores controla a la mayoría de los integrantes de la fracción parlamentaria de su partido en una de las cámaras: Beltrones tiene mayoría en la de senadores, y Peña Nieto en la de diputados. Y son esas divisiones las que impiden lograr la mayoría necesaria en ambas cámaras.

La iniciativa de reforma política aprobada el 27 de abril de este año en el Senado de la República está congelada en la Cámara de Diputados porque no incluye las propuestas de quien fue gobernador del Estado de México hasta el pasado viernes 16, Enrique Peña Nieto, entre las que destaca su intención de “…retomar la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de la votación”, como señaló en un artículo publicado en el periódico El Universal el 16 de marzo del año pasado.

Ante su perspectiva de alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones del 1 de julio del 2012, el hoy exgobernador mexiquense busca obtener mediante una disposición constitucional una mayoría que no piensa que la ciudadanía le otorgue en las urnas. La denominada cláusula de gobernabilidad es una forma de lograr mayorías parlamentarias burlando la voluntad popular, bajo el pretexto de que es la única vía para construir gobiernos funcionales.

Ahora el otro aspirante a dicha nominación, que según todas las encuestas de preferencia electoral tiene menores probabilidades que Peña Nieto de lograr la candidatura del tricolor y, por ende, la Presidencia de la República, presenta una nueva iniciativa de reforma constitucional para dar paso a los gobiernos de coalición, que contempla una participación de las cámaras en la observancia de las “políticas públicas convenidas por las partes” que respalden al gobierno de coalición.

Asimismo, inventa una fórmula sui géneris de gobierno de coalición (que él denomina en la exposición de motivos “…única y específica para el sistema político mexicano…”), que obliga a los partidos políticos que lo respalden a convenir desde el acuerdo de coalición y las políticas públicas que implementarán hasta el registro de éstas ante cada una de las cámaras para su observancia.

En este proyecto de reforma, Beltrones no precisa qué implica pactar “un gobierno de coalición”, pero se deduce que dicho pacto incluye la integración de un gabinete pluripartidista (aunque, según su iniciativa, para dar paso a un gobierno de coalición la integración del mismo debe proceder de un acuerdo de “carácter institucional y democrático”) y el impulso de las políticas públicas convenidas. Esto, pese a que, en la práctica, ambas acciones se pueden realizar sin la necesidad de reconocer formalmente que se optó por “un gobierno de coalición”.

El problema de esta iniciativa es que condiciona y, eventualmente, cancela la adopción de una disposición trascendente y positiva por sí misma, la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial por el Senado, que fue propuesta el año pasado por el propio Beltrones como líder de su grupo parlamentario.

De acuerdo con esa iniciativa de reforma política, presentada en febrero de 2010, el objetivo de la ratificación del gabinete por parte del Senado, como “medida de control y de mera verificación sobre la idoneidad de los colaboradores del presidente (…) es impedir la improvisación de los funcionarios y evitar que el ejercicio del poder político se lleve a cabo de una manera irresponsable…”. La misma iniciativa señala, por otra parte, que tal disposición “…implica una gran ventaja desde el punto de vista de la efectividad del gobierno: El hecho de que los colaboradores del Ejecutivo sean ratificados, facilita la cooperación política entre estos dos poderes, sobre todo en un escenario en el cual el partido del presidente pudiera no tener la mayoría parlamentaria”.

Como es evidente en la exposición de motivos de esta propuesta de Beltrones, la sola ratificación del gabinete por parte del Senado genera incentivos para la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y, eventualmente, puede conducir a un gobierno de coalición. En consecuencia, no hay razón para establecer más requisitos y candados, como lo hace la más reciente iniciativa beltronista, para la integración de gobiernos de coalición.

Basta revisar la exposición de motivos de la primera iniciativa priista para valorar la importancia de que el Senado ratifique la designación de los secretarios de Estado, medida que por sí misma sería de gran importancia para avanzar en la construcción de la democracia en México. Mas si tras esa revisión persistieran las dudas, éstas se disiparían al observar, por ejemplo, la gran movilidad que ha tenido el gabinete del actual presidente Felipe Calderón y lo arbitrario y discrecional de sus designaciones, que no se fundan en competencias y funciones, sino en el grado de amistad y lealtad que los funcionarios tienen con el presidente.

Por ahora, es evidente que las ocurrencias y ambiciones divergentes de Beltrones y Peña Nieto impiden avanzar en la construcción de una institucionalidad democrática.

¡¿SOLUCIONES?!

ANA LAURA MAGALONI

El miércoles pasado, al presidente Felipe Calderón le tocó tomar el micrófono en una sesión de debate de la ONU en Nueva York. Con el enorme talento que tiene el Calderón para hablar en público, planteó algunos de los grandes desafíos del mundo actual: el hambre, el cambio climático, el narcotráfico, etcétera. Con relación al crimen organizado, Calderón señaló sucintamente su definición del problema y cuáles, según él, son algunas soluciones a los desafíos que conlleva enfrentar a esta clase de criminalidad.

Comenzó con una frase contundente: "el crimen organizado hoy en día está matando más gente y más jóvenes que todos los regímenes dictatoriales juntos en este momento". Creo que es una buena forma de entrarle al problema: el principal desafío que plantea el crimen organizado es la violencia no la droga per se. Para reducir la violencia, según Calderón, la comunidad internacional y los países en particular tienen que concentrar sus esfuerzos en: 1) controlar y limitar el mercado de armas y 2) afectar las exorbitantes ganancias de las organizaciones criminales a través de reducir la demanda por drogas. Dicho en breve: Calderón utilizó la plataforma de la ONU para dejar clara la responsabilidad que tiene Estados Unidos en los niveles de violencia que vive México. Quizá sea una buena estrategia en términos de la relación bilateral, no lo sé. Sin embargo, lo que sí creo es que es urgente un nuevo discurso público con relación a la "lucha contra el narcotráfico". Hay que comenzar a desafiar tantísimos lugares comunes. Los datos duros son incontrovertibles: la lucha contra la droga, en ambos lados de la frontera, ha sido un fracaso. Más que echarnos la culpa unos a otros, discutamos por qué hemos fracasado y redefinamos la agenda bilateral en torno este problema proponiéndonos objetivos alcanzables.

Para tal efecto, resulta muy sugestivo el breve e interesante ensayo de Mark Kleiman, profesor de la Universidad de California en los Ángeles, en la revista Foreign Affairs, del septiembre-octubre del 2011.

Lo primero que hay que admitir, dice Kleiman, es que las actuales políticas están dando resultados insatisfactorios en los dos lados de la frontera. Por ello, hay que buscar "aproximaciones menos convencionales" a este problema.

Primero: con respecto a la reducción de la demanda de droga en Estados Unidos, que reclamó el miércoles pasado Calderón, parece, según los datos duros, una batalla perdida. Resumo el argumento de Kleiman: sólo una pequeña minoría de consumidores de droga en Estados Unidos son responsables de 80% del consumo de drogas duras, es decir, cualquier droga que no sea marihuana. Y son estos consumidores frecuentes de drogas duras los principales detonadores de la violencia criminal que existe en Estados Unidos en torno al mundo de la droga. También son los responsables, este grupo selecto de consumidores duros, de 80% de los ingresos de las organizaciones criminales mexicanas. Por tanto, aunque Estados Unidos lograse disminuir el número total de personas que consumen droga, afectar a este núcleo duro de consumidores de drogas duras es muy complicado. La tasa de éxito de los programas de tratamiento a adictos es muy baja.

Pero además del problema de los consumidores, la política antidrogas en Estados Unidos, basada en tres componentes -encarcelar a los vendedores, prevenir a los niños en las escuelas y dar tratamiento a adictos- ha sido un absoluto fracaso. El resultado neto de todo ello es, según el autor, "un medio millón de narcomenudistas encarcelados en Estados Unidos que representan un problema social en sí mismo de similar dimensión que el abuso de droga por parte de los consumidores duros".

No creo que haga falta mencionar el costo inconmensurable que ha tenido para México el narcotráfico. Kleiman destaca principalmente la ola de violencia extrema durante el sexenio de Calderón, pero habría que agregar muchos otros costos, entre ellos la enorme dificultad de generar instituciones de seguridad confiables y profesionales cuando existe el ácido del narcotráfico que carcome sus estructuras.

¿Qué hacer ante este escenario? La legalización de la droga, vista desde Estados Unidos, no parece una buena estrategia, según Kleiman. Los datos indican que el alcohol, que es una droga legalizada, genera en Estados Unidos cuatro veces más adictos que la droga. Además, el costo del alcoholismo es alto: la mitad de la población en reclusión de Estados Unidos cometió el delito bajo el influjo del alcohol. En este sentido, la legalización de la droga, según el autor, puede ser una estrategia equivocada términos de violencia.

¿Qué se puede hacer entonces? Lo primero es renunciar a lo inalcanzable: no se va a terminar el mercado de la droga, ni las organizaciones criminales. Kleiman propone centrar las estrategias y los esfuerzos gubernamentales de ambos lados del río Bravo en la reducción de la violencia. Ello significa priorizar la persecución de las conductas criminales violentas (homicidio, secuestro, extorsión, etcétera) sobre cualquier otra cosa. Las organizaciones criminales, por tanto, tendrán incentivos para evitar la violencia a cambio de seguir "en el negocio".

No sé si ésta sea la estrategia a seguir o no. Lo cierto es que es momento de ajustar las expectativas y las estrategias. Como dice Kleiman, frente al crimen organizado y el mundo de la droga es mejor tener resultados desagradables en vez de catastróficos como los que hoy tenemos

¿LA DIPLOMACIA MEXICANA LE DA LA ESPALDA A PALESTINA?

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

En mis cuarenta años de vida diplomática, pocas veces había visto un escenario tan crispido en la ONU, y una posición tan errónea por parte de la cancillería mexicana y del propio presidente de la República como la que parece adoptarse estos días con respecto al reconocimiento del Estado Palestino dentro de esa Organización. Recuerdo que en el conflicto de Suez condenamos el uso de la fuerza occidental; luchamos contra viento y marea por la aprobación de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados en 1974: por la Convención del Mar y la zona económica exclusiva; defendió Adolfo Aguilar Zinzer -que no la SRE- la no autorización del uso de la fuerza en Iraq y luego nuestros principios contenidos en la Constitución -artículo 89 X- languidecieron porque era más importante mantener una actitud servil hacia el Imperio por un tratado que nos resultó injusto y un trato que indigna. Nos alejamos penosamente de nuestra comunidad latinoamericana y sólo mantenemos cercanía política con Colombia -regímenes comparables, dentro y fuera- y Chile represor. Confiamos en una rectificación a partir del primero de diciembre de 2012, no para recuperar el liderazgo, porque nunca lo tuvimos, sino el respeto entre las naciones que se ha ausentado de nuestra política exterior "panista", hecha por diplomáticos "nylon" que sirven a todas las causas imaginables con reconocida torpeza, como es el caso de Honduras, Brasil, Cuba, etc.

Teníamos la oportunidad de recomponer el camino ajustando nuestra política exterior al derecho internacional que acabamos de pregonar su respeto en la ONU, y torcimos el camino cobardemente, se evaporó el principio de autodeterminación tantas veces reconocido en nuestra historia. Que nos indujo para adoptar el sendero de las grandes potencias y sus países "peleles", ignorando la más profunda razón histórica que fue la partición de Palestina en 1947 en la que sólo se creó un país: Israel, mismo que acometió inmediatamente a los más antiguos del lugar en furiosas guerras de rapiña, que incluyeron parte de Jerusalén y amplios territorios que ahora se pretenden legalizar en beneficio de la potencia ocupante.

La Autoridad Palestina presenta hoy en la Asamblea General su justo reclamo, reconocimiento de su calidad de Estado, pero ya quien hace un año -antes de que se pulverizara su política exterior- prometió apoyo, se retracta, y propone negociaciones imposibles de que fructifiquen por la campaña electoral que se avecina, donde el electorado sionista tiene un peso específico y presiona entre sus incondicionales para que no apoyen la resolución en la AG. No estamos hablando de una carta de solicitud al Consejo de Seguridad para el ingreso de Palestina a la ONU, eso por ahora, es imposible. Simplemente su status como observador (como el de la Santa Sede). En un esfuerzo de mediación, Sarkozy ha propuesto un cambio de método, otorgando el estatus deseado por Palestina ahora y dándose un término de un año para que satisfactoriamente se concluya negociaciones que es lo que Estados Unidos quiere poner por delante, a pesar de que fracasaría seguramente.

No hay duda de que en la diplomacia no hay triunfos totales por lo que parece razonable la propuesta francesa. El voto en el Consejo de Seguridad presenta veto de Estados Unidos y en contra de dos países dúctiles, Colombia y Bosnia Herzegovina, y seguramente a favor, China, Francia y Rusia, como África del Sur, Brasil, India, Líbano; Alemania y RU se abstendrían y de Gabón, Nigeria y Portugal se desconoce su posición final. Ante ese escenario, es de pensarse que no se llegará tan lejos. Entonces habrá que pensar qué se hará en la Asamblea General, donde ya Palestina cuenta con 126 votos de los 193 Estados. Querrá México quedarse aislado del Tercer Mundo al que el decreto de aquel tiempo no le impidió que continuara siéndolo.

VERACRUZ

CARMEN ARISTEGUI

Veracruz atraviesa hoy por una situación de tan extrema gravedad que da a pensar si tiene o no cabida la declaratoria de un estado de excepción. A raíz del cambio sexenal, la entidad ha caído en una espiral de violencia y confrontación que no tiene precedente. Un estado entregado a los Zetas, durante el sexenio de Fidel Herrera, según ha dicho su más grande adversario y excandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes, y algunas otras voces. Un estado en disputa al que han llegado otros que quieren para sí el control de esa plaza. Gente Nueva es quien firma los más variados mensajes intimidatorios contra Zetas y autoridades que los protegen. Veracruz es un lugar estratégico para el trasiego de cocaína a Europa y Estados Unidos. Se recibe, se envía, se trafica y se lava dinero con la connivencia -como siempre- de algún tipo de autoridad. Veracruz recuerda lo que ocurrió en Quintana Roo a mediados de los años noventa, historia criminal con implicaciones de autoridad que terminó con un exgobernador, Mario Villanueva, procesado y en la cárcel. Veremos si se repite la historia. Hoy Veracruz está cruzada por enfrentamientos entre Zetas, el Cártel de Sinaloa y otras derivaciones. La brutalidad de los asesinatos y la facilidad con que son exhibidos en vías públicas con propósitos ejemplarizantes -aun estando el estado literalmente tomado por fuerzas policiacas y militares- no solo estremece sino que revela el grado de incapacidad, inoperancia o complicidad de las fuerzas locales con los cárteles en disputa.

Hace apenas unas horas y a pesar del descomunal dispositivo de seguridad que fue desplegado, para resguardar la integridad de procuradores y presidentes de tribunales en Boca del Río, y como un desafío más, criminales abandonaron siete cuerpos en ese municipio y en el puerto de la entidad. Tragedia y horror que debe sumarse a la dantesca matanza y exhibición siniestra de 35 cuerpos de hombres, mujeres y menores esparcidos en camionetas y pavimento en Boca del Río, ocurrido apenas el martes pasado, dispuestos lo cuerpos para poder ser vistos a unos cuantos cientos de metros de donde se realizaría tan poderosa cumbre, y al lado apenas del monumento turístico a los Voladores de Papantla. Si la mente criminal que planeó la escena lo hizo pensando en que esa noche se presentaría el Royal Tour con Felipe Calderón de guía de turistas, en la ciudad de Nueva York, estamos ya frente al mayor de los desafíos. Imposible saberlo. Dejémoslo en que cabe la coincidencia. Los 35 muertos "todos con antecedentes penales", remachaba el gobernador, cuando no habían sido siquiera identificados todos y como si eso justificara la barbarie, se suman, a su vez, a la fuga masiva de reos en tres cárceles de la entidad. Todo en una misma semana. Apenas días antes se escenificó una balacera que costó la vida a un funcionario y su hermano, frente de un restaurante, en el que departían empresarios. También en estos días la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad sufrió varios minutos de una tensa situación al pasar por Coatzacoalcos. Policías federales activaron protocolos ante la presencia de hombres armados, que después fueron identificados como parte de los retenes oficiales. La población ha caído en más de una ocasión en sicosis colectiva. La más grave e ilustrativa ocurrió el 25 de agosto -el mismo día de la tragedia masiva del Casino Royale en Monterrey. Sicosis que derivó en imputaciones por terrorismo en contra de dos tuiteros que reprodujeron informaciones, por fortuna falsas pero, también en ese contexto, creíbles. Un mes en la cárcel para, finalmente, ser liberados. Se pretendió modificar su status, después del escándalo, modificando el Código Penal para imputarles otra cosa, reducir el espectro de pena posible y liberarlos bajo fianza. Ante la encrucijada se optó por el desistimiento y quedaron libres y sin cargos. El asunto dejó herencia. Los legisladores sí aprobaron la llamada "Ley Duarte", es decir, la reforma al artículo 373 del Código Penal que sirve para sancionar a quien provoque "perturbaciones sociales" mediante cualquier medio, lo cual deja vulnerable a la población civil usuaria. Lo que les faltaba.



EL INTERÉS PÚBLICO, EL IFE Y LOS RIESGOS

ALFREDO FIGUEROA FERNÁNDEZ

La nueva embestida de Televisa y TV Azteca en contra de la construcción del sistema democrático y de mayor equidad en la contienda es absolutamente inaceptable. El despliegue ofensivo de presiones bajo el cobijo de las redes de complicidad y extorsión política que han edificado en el sistema de partidos y en las instituciones públicas, constituye una de las más grandes amenazas al sostenimiento democrático de nuestro país.

Es claro que su voz se extiende no sólo a la televisión mexicana, sino a buena parte de la radio e incluso a algunos diarios de circulación nacional, a través de columnistas que reproducen sin más, párrafos enteros construidos o dichos en otra parte. Todos quienes estamos en la vida pública vinculada a esferas de su interés, sabemos en qué basan sus procesos de influencia y control: creando climas políticos favorables y desfavorables, en los que con mayor y menor talento, se puede hacer uso, incluso, de la mentira muchas veces repetida.

No debe pasar inadvertido el signo cíclico del poder de las televisoras, por estas mismas fechas hace seis años lograron que el Poder Legislativo aprobara una ley (telecomunicaciones, radio y televisión) que ofrecía nuevas garantías a sus privilegios, al grado que se le recuerda como la Ley Televisa. Resulta indispensable recordar también el esfuerzo de senadores de la República (militantes de distintos partidos políticos) y de organizaciones sociales, al interponer el recurso ante la Corte que permitió frenar aquella ley por su condición inconstitucional. A pesar de ello, hasta el día de hoy, se ha impedido un proceso democratizador en el sistema de radio y televisión en nuestro país.

La reciente embestida pública de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dirigida por Azteca y Televisa en contra del IFE y del Reglamento de Radio y Televisión, es la expresión más clara de su decisión indeclinable por pretender constituirse nuevamente en los árbitros de la contienda. Es un intento por sustituir a las instituciones de la República y quizá lo más grave, la intención de inducir condiciones que permitan favorecer y desfavorecer a los contendientes en la elección presidencial de 2012, con arreglo a privilegios económicos y políticos, contrarios al interés público.

El objeto de la campaña reciente es minar los instrumentos que ayuden al IFE a ofrecer condiciones de competencia política que permitan una elección más equitativa, pero sobre todo, es la búsqueda por impedir que los tiempos públicos de radio y televisión se conviertan en el mecanismo privilegiado por el que las y los ciudadanos se informan de las características de los candidatos a gobernar el país.

Que los tiempos del Estado establecidos en la Constitución para la competencia política no sean suficientemente funcionales para la elección venidera, incentiva el acceso al mercado ilegal de la contratación o adquisición de propaganda electoral integrada, es decir, entrevistas pagadas, cápsulas, menciones en telenovelas que, entre otras, ha documentado el IFE en los años recientes. De dónde proviene el dinero con el que un candidato o partido financia propaganda ilegal en radio y televisión; a qué se compromete alguien que adquiere "gratuitamente" propaganda en radio y televisión para ser favorecido en una elección; cómo se defiende la legalidad y el interés público cuando para ello el acceso al poder ha supuesto actuar contra la ley y convenir con intereses privados. Estas son preocupaciones centrales en torno a la elección venidera ampliamente vinculadas a la funcionalidad de los tiempos del Estado.

Es al menos preocupante que los actores políticos y fundamentalmente quienes tienen una responsabilidad pública ejerzan un ominoso silencio, salvo contadas y muy honrosas excepciones, frente a este nuevo embate de las cadenas de televisión. Pueden seguir mirando hacia otro lado como si en esto no estuviera en juego la viabilidad, la legalidad y el interés de ir a una contienda equitativa. Como si la cuestión no fuera consentir posibles riesgos al derecho al voto libre que, para serlo, debe ser informado. Qué significa su silencio.

Frente a la reciente revocación del Tribunal Electoral del Reglamento de Radio y Televisión, quienes así lo hemos decidido, impulsaremos en el IFE nuevamente consultas en los términos dispuestos por la resolución y ofreceremos, con mayor amplitud, opiniones sobre la viabilidad técnica de los plazos, aunque todos sabemos que ése no es el eje central y el fondo de este debate. Se trata de una evidencia y un signo mayor: de cómo las conquistas democráticas, tan costosas para el país, pueden desvanecerse si no actuamos para sostenerlas dentro y fuera de las instituciones.

Finalmente pienso también, no sin una dosis de candidez que misteriosamente aún conservo, que este nuevo esfuerzo reglamentario es una de las últimas llamadas para saber si las televisoras están dispuestas a contribuir con el proceso y con el modelo electoral que nos dimos. Todos sabemos lo que está en juego.

COALICIONES

JOSÉ WOLDENBERG

1.En un régimen parlamentario si un partido político logra la mayoría absoluta de los escaños puede gobernar en solitario. Si ello no sucede, si ninguna fuerza tiene esa mayoría -por lo general- está obligada a pactar con otras, hasta construir una coalición con los votos necesarios para nombrar gobierno. Dado que el gobierno surge del parlamento se necesita contar con un apoyo mayoritario para serlo.
2. En un régimen presidencial (por lo menos en el "clásico"), el gobierno surge en un proceso paralelo al del Poder Legislativo. Las elecciones pueden ser el mismo día -como en nuestro caso- pero la legitimidad y legalidad del Presidente es independiente de la correlación de fuerzas que exista en el Congreso.
3. En ambos casos, sin embargo, la aritmética democrática es sencilla e inclemente. En el parlamentarismo si no existe la mayoría hay que construirla a través de la negociación; y en los regímenes presidenciales si el titular del Ejecutivo y su partido tienen los votos suficientes como para hacer avanzar sus iniciativas, pueden gobernar en solitario; y si no, también están obligados a negociar con otros para aprobar leyes, el presupuesto o cualquier otra medida que reclame el apoyo congresual.
4. La anterior retahíla, digna de Perogrullo, la aprendimos en la práctica en México a partir de 1997, fecha en la que por primera vez el PRI no obtuvo los suficientes asientos en la Cámara de Diputados para hacer su voluntad. De entonces a la fecha, cada modificación constitucional, cada reforma legal, cada presupuesto, cada comisión, han sido fruto del diálogo, la negociación y el acuerdo; es decir, producto de coaliciones legislativas.
5. No obstante, la formación de coaliciones ha tenido una característica: han sido circunstanciales, efímeras, volátiles. Se forjan en torno a puntos específicos, incluso para aprobar paquetes definidos, y luego se deshacen. Se trata de una imposición de la siempre imperfecta realidad que ha obligado a todos a dejar atrás las artes del exorcismo para adentrarse en el tortuoso y lento camino que impone escuchar y acordar con los que no piensan igual. Hemos estado transitando, quizá sin ser plenamente conscientes, del reino de la necesidad al de la virtud.
6. Sin embargo, esa obligación de negociar para convenir, que genera coaliciones puntuales, a muchos no les gusta. Es más, ven en el pluralismo equilibrado que habita el Congreso la traba para llevar adelante las "reformas necesarias", como si las mismas fueran las tablas de una ley incontrovertible, y lo único necesario fuera remover "los obstáculos" para ofrecerles cauce.
7. En los últimos meses hemos sido observadores de una ola de opinión, forjada en la academia, el periodismo y la política, que pretende construir una mayoría en el Congreso, aunque ni los votos ni su traducción en escaños, arrojen ese resultado. Son todos aquellos que con diversas fórmulas pretenden convertir a una mayoría relativa de votos (menor al 50 por ciento) en una mayoría absoluta de escaños (más del 50 por ciento).
8. En ese contexto, la iniciativa presentada por el senador Beltrones, apoyada por los coordinadores del PRD y el PAN, tiene sentido: hace visible y lleva a la Constitución la posibilidad de construir gobiernos de coalición. Según la iniciativa, la conformación de un gobierno de coalición sería opcional para el Presidente, el cual estaría obligado a presentar ante las Cámaras, para su observación, las políticas convenidas; además que estaría obligado a presentar ante el Senado, para su ratificación, a los integrantes de su gabinete. El Presidente, o éste a través del secretario de Gobernación, podrían presentar iniciativas, informes y responder preguntas ante el Congreso, por decisión propia o por requerimiento de las Cámaras.
9. Es de presumirse que el gobierno de coalición sería negociado con antelación para construir una plataforma mayoritaria en el Congreso. Y para ello sería necesario acordar las políticas y la conformación del gabinete. De ser así, la aprobación del gabinete y la de las políticas contaría con los votos necesarios para ser ratificados. Lo más importante de la propuesta es que asume que cuando no se cuenta con la mayoría en el Congreso, es necesario edificar coaliciones estables a través de las artes de la política.
10. Por supuesto, un Presidente podría hacer lo que aparece en la iniciativa, sin tener que reformar el texto constitucional, pero como suele decirse en estos casos, "lo que no mata engorda".
11. Poco a poco se abre paso la convicción de que la pluralidad equilibrada que hoy habita en las instituciones del Estado es el fruto maduro del proceso democratizador, y que tratar de exorcizarla no es más que un ensueño conservador o peor aún, una iniciativa para ajustar al México diverso y contradictorio en el que vivimos a un esquema artificial y del pasado. ¿No habrá llegado entonces la hora de discutir en serio un eventual tránsito al parlamentarismo? Digo, aunque solo sea como un lujo intelectual.

EL REGRESO DEL AUTORITARISMO

MIGUEL CARBONELL

La recientemente aprobada reforma al artículo 373 del Código Penal de Veracruz para evitar “perturbaciones sociales” propiciadas por cualquier medio es un poderoso signo que pone en evidencia el afán de censura de muchos gobiernos, pero que además refleja una fibra más profunda del imaginario social mexicano. Luego de décadas de vivir bajo gobiernos autoritarios, tal parece que nos hemos acostumbrado a que nuestras libertades sean cercenadas sin que contra ello podamos hacer nada.

No se trata de un actitud que afecte únicamente a quienes desempeñan cargos públicos. Por desgracia, es un rasgo que está bien distribuido entre el conjunto de la sociedad mexicana. Nadie puede llamarse a engaño: la nostalgia del autoritarismo todavía vive entre nosotros.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acaba de dar a conocer la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional, levantada a nivel nacional conforme a una metodología científica avalada internacionalmente para este tipo de ejercicios de medición de la opinión pública. Los resultados son aterradores y deberían de llevarnos a reflexionar con detenimiento sobre el desarraigo que existe entre los mexicanos de los hábitos democráticos más elementales.

La encuesta refleja que estamos envueltos en el desánimo. El 39% piensa que la situación del país el próximo año será peor y un 14% adicional considera que será igual de mala. La situación política del país es calificada como “preocupante” por el 45% de los mexicanos y un 24% la ve como “peligrosa”.

De ahí deriva, probablemente, un marcado desinterés por todo lo que tiene que ver con la política. El 40% señala que no le interesa “nada” lo que se discute en el Congreso de la Unión. Parece ser una actitud impropia de ciudadanos de un país que acaba de conquistar la democracia hace muy pocos años.

Pero quizá se trata más bien de que no hemos podido construir una ciudadanía que de verdad lo sea y se conduzca como tal. Un apabullante 59% de los mexicanos considera que la obediencia y el respeto a la autoridad son los valores más importantes que un niño debe aprender. Un 43% señala que los problemas sociales se resolverían si pudiéramos deshacernos de las personas inmorales; es decir, cuatro de cada 10 mexicanos asumen una actitud parecida a la de los nazis en contra de los judíos y de los homosexuales.

La legalidad no suscita ninguna adhesión fervorosa por parte de los mexicanos. Un 33% considera que un líder fuerte puede hacer más por el país que todas las leyes juntas. La vieja querencia por el tlatoani no ha desaparecido para ese grupo importante de la población nacional.

En el mismo rubro del apego a la legalidad, la encuesta nos informa que el 35% sostiene que el gobierno debe dejar circular a los taxis sin placas y un 58% está de acuerdo en que el propio gobierno otorgue permisos a los vendedores ambulantes.

Por si lo anterior fuera poco, la encuesta revela actitudes francamente despóticas por parte de algunos mexicanos. Por ejemplo, un 32% está de acuerdo en que se torture a un narcotraficante para que proporcione información a la policía. Un 31% está de acuerdo en que las fuerzas del orden maten a un miembro de la delincuencia organizada, aunque lo puedan detener y entregar a un juez. No cabe sorprenderse de que, en este contexto social, las autoridades se propasen una y otra vez sin que haya un enérgico llamado al orden por parte de los superiores ni (mucho menos) por parte de la ciudadanía.

Los intentos de censurar las redes sociales (como en el caso de Veracruz y de alguna peregrina iniciativa presentada en el Congreso de la Unión), de acallar las voces críticas, de combatir a la delincuencia sin observar la más mínima formalidad constitucional y muchas otras formas de atropello a nuestros derechos son en realidad una proyección masiva e institucionalizada de la forma de ser de una sociedad que es democrática solamente en la fachada, pero que no ha interiorizado los principios cívicos más básicos.

Más allá de los discursos oficiales y de los anuncios con que nos bombardean nuestros gobernantes, lo cierto es que el autoritarismo no se ha ido de México. Sigue presente y con ganas de continuar ganando espacios. De nosotros depende dejarlo atrás para dar el salto hacia una sociedad plena y completamente democrática, de la que hoy seguimos lejos.

VIAJE AL CEREBRO DE LA CIRT

RICARDO BECERRA LAGUNA

Ayer fue publicado en muchos medios impresos un desplegado, extraño e inverosímil, que no anuncia nada bueno para el proceso electoral del 2012.

Digo inverosímil por el remitente: la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión que agrupa a empresas y consorcios muy importantes del país. Inverosímil por su tono: “El IFE insiste en poner en riesgo el proceso electoral presidencial” (¡¿?!). También por su contenido, pues fantasean que el presidente del IFE “ha instruido a la Junta General Ejecutiva, para expedir, en esta misma semana, un nuevo proyecto de reglamento de radio y televisión” (¡¿?!). E inverosímil también por su pretensión: petrificar la facultad del IFE para ajustar y reformar sus propios reglamentos. Vamos por partes.

El IFE decidió reformar su reglamento de radio y televisión por buenas razones, aquí enumero tres: 1) luego de 50 elecciones y múltiples litigios de todo tipo en el espacio radioeléctrico, se han generado criterios y jurisprudencias —a veces contradictorias— que se encuentran dispersas en más de 24 ordenamientos (15 acuerdos y 9 resoluciones). Por ello, dice el IFE, es necesario alinearlas coherentemente para brindar mayor certeza urbi et orbi; 2) porque resulta mejor para todos —incluidos los concesionarios— transitar de un esquema excesivamente litigioso, frecuente productor de molestias, a uno que privilegie la prevención y la corrección de errores u omisiones, y 3) porque con la parsimonia reglamentaria vigente, cualquier promocional de cualquier partido político debe cruzar un largo interregno de 10 días en procesos locales y de ocho en procesos federales. En otras palabras, con esos ritmos, el país y la política electoral se condena casi siempre a campañas abstractas, genéricas, sin conexión con los sucesos o los temas de la actualidad.

Este es el punto que ha encolerizado a algunos concesionarios de radio y televisión: el IFE propone reducir los tiempos de rotación. ¿Para qué? Para que un promocional sea emitido en la misma semana en que fue ordenada su transmisión: si el lunes se solicitó, que comience la emisión el jueves. Si el miércoles, que se transmita el sábado. Punto.

¿Esto pone en riesgo las elecciones presidenciales de 2012, como dice la CIRT? Por supuesto que no. Se trata de mejorar el modelo de comunicación política, agilizando su operación y aprovechando la estructura tecnológica con la que ya cuenta el IFE y que no tenía hace tres años, cuando fue emitido el viejo reglamento.

Lo inverosímil no para allí: el IFE dispone de un estudio técnico, que elaboraron expertos en telecomunicaciones, en el que se describen los tipos de operación estándar de la radio y la televisión en México. ¿Su conclusión? El nuevo plazo es factible y practicable (el estudio es público y puede ser consultado por cualquiera).

Todavía más: una gama de permisionarios de la televisión y la radio (emisoras representativas de 463 estaciones y canales) le han dicho al IFE, en sendos escritos firmados por sus directores generales, que no tienen complicación alguna al asumir el nuevo plazo: organizaciones con muchos menos recursos, tecnológicamente menos sofisticadas, incluso aquellas que trabajan con dispositivos de tres generaciones anteriores (algunas graban en antediluvianos mini-disc), aun así, se declaran dispuestas a cooperar con el IFE y con los eventuales cambios en el reglamento.

La pregunta es: ¿por qué la CIRT no?, ¿por qué los consorcios más grandes, influyentes y poderosos le niegan esa mínima colaboración a la autoridad electoral? Porque lo suyo no es una objeción técnica (los propios planes de publicidad que muestran en sus páginas de internet ofrecen la transmisión ultrarrápida de spots en 12 horas), sino una voluntad de exhibir como burocrático, lento y aburrido el nuevo modelo de comunicación política —que emergió de la reforma constitucional del 2007— y que desde hace tres años han combatido por todos los cauces y en todos los frentes. Es su misma lucha y su misma resistencia por otros medios

El problema del que creo aún no son conscientes es que ese empecinamiento los hace aparecer como una organización pendenciera, sediciosa, a ratos descabellada. Dado el tipo y el tono de sus argumentos, ¿cómo puede un sujeto regulado declarar en público que el IFE no tiene facultad reglamentaria? ¿Cómo es posible que empresas de ese tamaño e importancia, anticipando vísperas, se nieguen a asistir a una consulta ordenada, racional y respetuosa, como lo subraya el Tribunal?

En siquiatría estas cosas se resuelven primero cambiando el tono, para que el paciente cobre conciencia de sí y del contexto en que se mueve. Todo parece indicar que en 2012 nos vamos a sumergir en otra ciénaga recesiva de la economía mundial, con el complemento del ominoso boom delincuencial sin resolver. En ese contexto, el único proceso colectivo que puede devolver algo de confianza, una base de futuro a nuestra vida social, es el proceso electoral federal, o sea que los mexicanos logremos la renovación legal y pacífica de los poderes públicos.

Más allá de un diferendo, de un reglamento, de un plazo —y si no nos hemos vuelto locos todavía—, ese horizonte es el que debiera estar ya en el cerebro de la CIRT.

LA BATALLA POLÍTICA POR LA ECONOMÍA

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Las naciones se encuentran ante dos disyuntivas políticas centrales para enfrentar sus severos problemas económicos. La primera es decidir si la política económica se enfoca en reactivar el crecimiento y recuperar el empleo, o si la prioridad es reducir el déficit y la deuda públicos. La segunda disyuntiva consiste en determinar si los costos de la crisis se van a redistribuir o si se dejará que sean las clases medias y trabajadoras las que sigan en resintiendo en lo fundamental la carga.

La propuesta política que opta por la recuperación y el empleo también está pensando en la redistribución de los costos, sobre todo a través de eliminar privilegios fiscales a los individuos de mayores ingresos. En cambio, quienes optan por bajar el déficit y la deuda lo antes posible son más proclives a los recortes del gasto que a mejorar la recaudación con impuestos más progresivos. Es una disputa ideológica sobre la conducción de la economía, pero es, sobre todo, una batalla política auténtica que puede ubicarse en un plano donde hoy día se distinguen izquierda y derecha.

El país donde esta disputa se presenta con toda claridad es Estados Unidos, con la confrontación de los proyectos del presidente Obama versus el del Partido Republicano.

En lo que va del mes, Obama ha lanzado dos importantes iniciativas políticas contra la crisis. El día ocho presentó ante el Congreso su plan para la recuperación del empleo. En sus palabras, el objetivo “es simple: conseguir que más gente regrese a su puesto de trabajo y que haya más dinero en el bolsillo de quienes trabajan”. Para el presidente estadounidense es un sinsentido que existan carreteras atestadas y escuelas en ruinas mientras millones de trabajadores de la construcción están desempleados. La propuesta consiste en dar estímulos fiscales a las compañías que contraten nuevos empleados, así como deducciones fiscales que beneficiarían a la mitad de los trabajadores y a las pequeñas empresas. Al mismo tiempo, Obama propone incentivar el empleo en sectores como la construcción y la educación, invirtiendo en infraestructura. El costo de la iniciativa alcanza los 450 mil millones de dólares, y la intención es trasladar productivamente esos recursos a las familias, cuyo consumo significa el 70% del gasto total del país.
La segunda iniciativa, de esta semana, tiene como fin impulsar el crecimiento y reducir el déficit vía incremento de impuestos a los más favorecidos económicamente; en especial a los que ganen más de un millón de dólares al año. Como señaló Obama, con las leyes actuales una enfermera que percibe 50 mil dólares paga una tasa impositiva mayor que la del acaudalado que, a través de sus inversiones financieras, gana 50 millones de dólares. Adicionalmente se considera eliminar deducciones fiscales a las grandes fortunas y corporaciones. Estos recursos servirán para financiar el plan de recuperación del empleo.
En el caso de Europa, la balanza se inclina a dar prioridad a la estabilización más que al crecimiento, lo que ya implica drásticos recortes sociales y, sin embargo, la Unión Europea es el área de la economía mundial que más incertidumbre económica genera en este momento.
En México la orientación de la política económica para 2012 continuará teniendo como estrella polar la búsqueda del equilibrio presupuestal, la contención del déficit y del gasto. Ello a pesar de que esas prioridades estén dando como resultad bajo crecimiento, niveles récord de empleo informal y desempleo absoluto, así como una caída constante de los ingresos de las familias y el aumento de la pobreza.
Con todo, en esta economía que no crece, con una elevada concentración del ingreso y niveles críticos de pobreza, la redistribución a través de la política impositiva es tabú. Aquí la batalla política por la economía parece estar eclipsada y resuelta de antemano. Esto muestra que la discusión sobre la economía aún no se ha democratizado.

UNA PLAYA ESPECIAL Y UN DESPOJO

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

Usted no conoce Ensenada, Baja California, luego tendrá que confiar en lo que voy a platicarle.

Pero ¿es usted ambientalista? Lo pregunto porque me parece que eso puede ser un registro para escuchar lo que tengo, sí, ¡tengo que contar!

Si no es ambientalista de todos modos creo que habrá de sentir una santa rabia, como a mi me pasó al vivir, al ver un espectáculo en la “Playa del Morro”, que se encuentra un monumento antes de llegar a la ciudad y puerto de Ensenada.

Esa playa es una entrada breve, … Tal vez de una milla de largo, con una característica única, no había arena, sino piedras casi redondas de un tamaño apropiado para mantenerlas en la mano, algunas, tal vez, un poco más grandes.

Cuando llegaba una ola, arrastraba las piedras, diría mejor, las empujaba, pero luego bajaba la ola y volvía a llevar las piedras a su lugar. El resultado era un sonido parecido a un RUM, RURR, una y otra vez.

A mí me encantaba ir y tenia la costumbre de tirar piedras al mar, para calentar el brazo. ¡Era un desahogo!

¡Cuántos años habrá llevado al mar producir esas miles de piedras, talladas, redondeadas una y otra vez por un tiempo imposible de calcular!

Era, sí, una maravilla natural. Para sentirla, admirarla fue necesario regresar de nuevo a Ensenada y ver la “Playa del Morro”, ahora sin ninguna piedra, sólo laderas de tierra. Para mí fue como si me hubieran amputado parte de mi cuerpo. Ya no ver ni escuchar el sonido de las olas tallando las piedras, como lo hacían desde tiempos inmemoriales.

Parte de mis memorias de juventud se borraron. ¿Quién permitió que se llevaran de la zona marítima federal, esas piedras? ¿La Procuraduría Federal del Ambiente aprobó esa canallada? ¿A qué lugar fueron a dar esas piedras? Sin duda dejaron una buena ganancia.

Ningún ensenadense se opuso a ese despojo. Nadie lo comentó. A tres mil quinientos kilómetros de la capital del país se da, se siente, un sentimiento de desprotección, de invalidez ciudadana.

Quien no recuerda en Ensenada la empresa que sacó miles de toneladas de cal de las montañas y llenó a tantas casas de polvo y hecho a perder tantos automóviles. Y todo se permitió porque se decía que alguien muy poderoso estaba aprobando eso.

No estamos acostumbrados a denunciar, ni a preguntar a la autoridad nada. Si lo hace un servidor público bien. No tenemos juicios ciudadanos, ni una prensa inquisitiva y libre, que se ponga a la cabeza de una campaña contra las arbitrariedades del Estado. Necesitamos un cambio.

Tal vez por eso ha pasado en el Estado de Baja California algo de verás espectacular. Recuerdo que en Ensenada todos eran panistas, menos mi mamá. Mi madre votaba por el PRI porque para ella votar por el PAN, era peligroso, pues podrían regresar los sacerdotes católicos al poder y eso no podría soportarlo. Pero, ahora todo cambió, los cinco municipios del Estado son del Partido Revolucionario Institucional, es decir, son PRI.

DEMOCRACIA Y VIOLENCIA CRIMINAL, HAGÁMONOS CARGO

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

Ya es costumbre que este editorial termine secuestrado por la estridencia del crimen organizado. Es una pena por el enfado de sonar repetitivo. De ajustar metáforas, doblarlas, desteñirlas y reprocesarlas para terminar diciendo lo mismo: la estridencia criminal de nuestros días aturde el alma y las ideas. Nos deja un hueco en la panza y, en el peor de los casos, nos acostumbra a vivir con él.

Y cómo no va uno a hablar de esto. Cómo cerrar los ojos y mirar hacia otro lado. Cómo regular nuestro divertimento mediático para evitar toparnos con los cadáveres y la esquizofrenia criminal. ¿Acaso es posible pasar de puntitas por encima para no ensuciarnos?

Y a pesar de ello también hay que hablar de otras cosas. En este caso un tema importante con miras a la elección presidencial del próximo año. Me refiero a la inconcebible resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado martes 14 de septiembre cuando anuló el Reglamento de Radio y Televisión del IFE argumentando, entre otras cosas, el que la CIRT no haya sido consultada sobre esta medida. Como si usted y yo pudiéramos impugnar la instalación de alcoholímetros argumentando que la policía capitalina no nos preguntó al respecto.

A esto se suma el imperdonable retraso legislativo sobre la integración del consejo general del IFE desde octubre de 2010. La omisión de diputados y diputadas suma  un año desde que fuera emitida la convocatoria para elegir a quienes deberán ocupar los tres asientos vacantes en este cuerpo colegiado. Cosa que no ha sucedido a la fecha y que, llegado el 7 de octubre próximo, no podrá concretarse por iniciar formalmente ese día el proceso electoral para la elección federal de 2012.

Lo penoso del asunto no es que se terminen eligiendo consejeros al cuarto para la doce sino que, independientemente de que esto suceda, los partidos políticos habrán demostrado que la letra escrita en el seno del Congreso de la Unión tiene la misma validez que un garabato de servilleta. Todo, literalmente todo, es sujeto de negociación porque los intereses políticos están por encima de la ley. Este parecería ser el mensaje de quienes hoy la redactan.

En esa reflexión andaba cuando pasó lo ayer en Boca del Río, Veracruz. Otra vez la molienda de los significados. La rutinaria sacudida del pixel asesino. Los voceros del crimen que no necesitan palabras de nuestro diccionario para transmitir su mensaje. A pesar de hablar un idioma distinto al nuestro entendemos lo que dicen. O al menos tratamos de hacerlo porque entender que 35 cuerpos hayan sido tirados en una avenida citadina como si de carroña se tratara no es posible. El significado del hecho se diluye.

¿Un ajuste de cuentas público? ¿Una suerte de transparencia criminal?

Y, de inmediato, lo electoral se volvió chiquito frente a la violencia criminal untada en el asfalto. Luego recordé una conversación, hace ya algunos meses, con colegas del Comité Conciudadano y ONG en donde se llegaba a la misma conclusión. A quién le importa si hay 6 o 9 consejeros en el IFE cuando hay personas, entre ellas muchos periodistas, asesinadas todos los días en las calles del país de manera impune y rutinaria. Por qué debería de preocuparnos el mecanismo de transmisión en radio y televisión de unos ridículos spots cuando los medios difunden diariamente imágenes de una violencia que se cuela por todos lados.

Y expreso ahora lo que dije entonces en aquella reunión. El tema electoral, la legalidad del proceso de elección de nuestros gobernantes, está directamente vinculado al fenómeno de la criminalidad. De otro modo el principio de rendición de cuentas de los servidores públicos carecería de sustento. Cómo exigirles a gobernantes que carecen de legitimidad que enfrenten al crimen organizado con una estrategia verdaderamente efectiva. Cómo garantizar seguridad si los próximos diputados, senadores y presidente son elegidos en un marco contrario al espíritu de la ley electoral.

Concluyo que no podríamos enfrentar el serio problema del crimen organizado con unas elecciones arbitradas sin certeza, legalidad, independnecia, imparcialidad y objetividad. Es por eso que el tema electoral importa, y mucho, precisamente a raíz de la escalada de violencia criminal en el país. El costo por atropellar a las instituciones electorales ha sido muy alto. Tanto como la violencia que hoy nos aturde y parece eclipsar a la política.

PALESTINA EN LAS NACIONES UNIDAS

OLGA PELLICER

Al convertirse en Estado observador, Palestina adquiriría el derecho de integrarse a ciertos organismos del sistema de Naciones Unidas, como la UNESCO o el Consejo de Derechos Humanos; asimismo, el derecho de acudir a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Penal Internacional. La posibilidad de presentar acusaciones en contra de Israel por las atrocidades cometidas, por ejemplo, durante el bombardeo de Gaza, se convertiría así en un escenario factible, cuyas consecuencias no serían irrelevantes.Una intensa actividad diplomática por parte de la ANP permite prever que la resolución que será presentada a la Asamblea General obtendrá numerosos apoyos (se calculan más de 120). Nos encontramos, entonces, ante un giro en la estrategia  palestina para avanzar hacia la tantas veces mencionada creación de un Estado que pueda convivir en paz y bajo fronteras seguras con el Estado de Israel. Semejante cambio de estrategia forma parte de una transición de la política internacional que viene modificando el papel de los actores tradicionales y fijando nuevos caminos  para el diálogo y la negociación. El destino de las nuevas rutas es todavía muy incierto; sin embargo, su carácter innovador representa, al menos, una sacudida del statu quo que en el caso del Medio Oriente ya resulta insoportable.

El primer gran cambio es hacer evidente el debilitamiento del llamado “proceso de paz” iniciado en Oslo hace 18 años y conducido desde entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos. El fracaso de dicho proceso ya estaba presente desde hace algunos años, pero se hizo más visible por las contradicciones y titubeos del gobierno del presidente Obama. 

Dos circunstancias contribuyeron a la desilusión de los palestinos: la primera fue la imposibilidad por parte de Obama de obtener, al menos, una moratoria del gobierno de Netanyahu en lo tocante a los asentamientos en territorios ocupados en septiembre de 2010; la segunda, el veto en el Consejo de Seguridad, en febrero de 2011, a una resolución que condenaba dichos asentamientos a pesar de que éstos han sido condenados en resoluciones anteriores del Consejo.

Por último, acentúa el escepticismo, ante los mecanismos existentes, el escaso perfil obtenido por Tony Blair como presidente del llamado Cuarteto, formado por Estados Unidos, la UE, Rusia y la ONU. Ese mecanismo, que debía seguir de cerca para promover e implementar el proceso de paz, ha quedado casi totalmente desdibujado, lejos de ser un verdadero facilitador del mismo.Lo que va a cambiar son las reglas del juego, los foros para promover acercamientos y los actores que participen. En su calidad de Estado observador, Palestina podrá utilizar mejor los órganos de Naciones Unidas para  popularizar su causa y elevar los costos de no atender sus demandas. El aislamiento internacional de Israel será más visible y la falta de acción de Estados Unidos será objeto de mayores presiones para que trace un curso nuevo. Es posible que otros Estados participen más activamente en la búsqueda de soluciones, desde Egipto y Arabia Saudita hasta los países conocidos como BRIC.
A pesar de fuertes presiones por parte de Estados Unidos y varios países europeos para que no lo hiciera, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha decidido solicitar a la Organización de las Naciones Unidas el reconocimiento del Estado palestino. No se trata de pedir su ingreso como miembro de la ONU, pues para esto se requeriría la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha declarado que ejercería su derecho al veto. Se trata de llevar el caso a la atención de la Asamblea General, donde una mayoría simple puede otorgarle la categoría de “Estado observador”, situación en la cual se hallan actualmente el Vaticano y –desde su declaración de independencia– Kosovo.

Un segundo motivo de escepticismo ante el proceso de paz tiene que ver con la reticencia de la Unión Europea (UE) a actuar políticamente y presionar más decididamente para poner en marcha negociaciones efectivas. A pesar de ser el principal contribuyente de ayuda a Palestina (más de 50% de la misma proviene de la UE), el organismo europeo no incide políticamente sobre el proceso de paz. Esto obedece, entre otras causas, a que no existe una política común a los 27 Estados miembros. Al no haberse articulado una visión compartida se ha decidido dejar toda la responsabilidad política del proceso a Estados Unidos. Las indecisiones dentro de la UE son muy claras actualmente, lo que hace difícil prever cómo votarán  en las Naciones Unidas.
En el contexto anterior, la posición mexicana merece comentarse. México será uno de los pocos países de América Latina que, casi con seguridad, optará por abstenerse en la votación en la Asamblea General. Fijará, así, un claro contraste con sus contrapartes latinoamericanas, en especial con aquellas que, como Brasil, han sido activas promotoras del voto a favor. No es evidente el origen de la cautela mexicana. Posiblemente influye el recuerdo de 1975, cuando una desafortunada declaración sobre Israel le costó el puesto al secretario de Relaciones y desató un boicot israelí contra el turismo a México. Pero eso fue hace muchos años. En la actualidad, su abstención proyecta irremediablemente la imagen de un país que en asuntos de política internacional se subordina a Estados Unidos. Malos augurios para el futuro papel de México en momentos de recomposición de las relaciones de poder internacionales.
Nadie considera que la resolución, que será votada en la Asamblea General, sea el punto de partida para un futuro más promisorio a corto plazo. Por el contrario, es posible que en un primer momento aumente la violencia, se hagan más estridentes las negativas de Israel a participar en negociaciones y sean más duros los reclamos de jóvenes palestinos por los asentamientos en territorios ocupados.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL PRESUPUESTO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

"La mejor de las ciudades es la que por medio de la educación inculca la virtud a sus ciudadanos" Aristóteles

En medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa México no hay duda de que una de las pocas soluciones para resolverla, a mediano o largo plazo, es el incremento de recursos a la educación básica. Sin embargo la educación superior no será prioritaria en 2012 para el gobierno federal. En efecto, los recursos para la licenciatura bajarán 1.9 % y para el postgrado 7.5%, respecto a 2011, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Me parece muy grave la disminución que señalo porque en la especie se trata de una cadena, de una unidad, que va desde los estudios primarios y básicos hasta los correspondientes a las últimas etapas del proceso. La buena educación, la de excelencia, culmina en la licenciatura, en la especialidad, en la maestría y por supuesto en el doctorado. No se niega la importancia de los cimientos que se ponen en la básica, pero los cimientos no suelen ser nada sin el resto, o no son suficientes. 

Ahora bien, educar es ir abriendo perspectivas intelectuales, morales y espirituales en la vida del estudiante. En ello hay una continuidad que debe ser inalterable. Y llama la atención, por lo menos, que en el presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda no se haya tenido en cuenta eso. Es una visión práctica, materialista, propia de los políticos y gobernantes con tendencias claras y manifiestas a la tecnocracia. Y no es que desdeñemos ésta, que es oportuna en ciertos momentos de la historia y como vía de paso, como punto intermedio, sino que la propensión a verlo todo con criterio económico y administrativo, buscando soluciones eficaces por encima de las ideológicas y humanísticas, se paga muy caro a la larga porque la tecnocracia es sólo un instrumento y nunca un fin. Y si se la considera un fin, será siempre con flagrante olvido u omisión del hombre, de lo humano. Desde luego hay problemas ingentes en el país que reclaman solución inmediata, con preferencia de otros. Pero lo que no es aconsejable es la reducción del presupuesto en materia de educación superior. Además es señal inequívoca en el autor o autores del presupuesto de la poca importancia que se le da a la universidad, a la Cultura con mayúscula, en el proyecto de recuperación y progreso de la nación. La Universidad Nacional Autónoma de México, en concreto el Doctor Jorge Carpizo McGregor y el rector José Narro Robles, han elaborado la propuesta de Estado sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que es el fruto de un arduo y paciente esfuerzo de juristas e investigadores notabilísimos cuyo trabajo sería inconcebible sin la licenciatura, la maestría y el postgrado, es decir, sin la educación superior. Detenerse nada más en las primeras etapas de la educación es impedir que culmine el proceso de formación intelectual del estudiante y del estudioso. Es catastrófico, a mi juicio, que en medio de la crisis por la que atraviesa la República se pierda la visión del verdadero problema. Nada podrá funcionar en la inmediata y futura historia de México si prevalecen la inseguridad y violencia que hoy nos acosan, de tal manera que la prioridad es combatirlas. Y en virtud del fracaso de la estrategia del gobierno en su guerra contra la delincuencia y el narcotráfico, no es razonable ni inteligente omitir la relevancia de lo más depurado que puede dar una universidad; porque si el Estado y en particular el gobierno no apoyan el incremento de la educación superior, adelgazando los recursos económicos para favorecerla, entonces la inteligencia más calificada perderá espacio. ¿Y qué tiene que ver ello con el desastre que vive México hoy en día? Todo, ya que es precisamente la inteligencia universitaria la más idónea, como en el caso de la propuesta de Estado sobre Seguridad y Justicia en Democracia a la que me he referido, para estudiar el entorno social y proponer soluciones. Qué lamentable, pues, que la educación superior no sea prioritaria para el gobierno.

LA SUPREMA CORTE Y LA IMPLANTACIÓN TERRITORIALIZADA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL DISTRITO FEDERAL

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

Este mes discutimos en el Pleno de la Suprema Corte la constitucionalidad de la ley electoral del Distrito Federal por medio de la cual el legislador local imponía requisitos de representación territorial a las agrupaciones políticas para convertirse en partidos políticos, así como condiciones para mantener sus registros como tales. La acción de inconstitucionalidad 21/2011 impugnaba la exigencia de la ley que disponía que para formar un partido político local se debe contar con un número de afiliados no menor al 1.8 por ciento de la lista nominal de electores del DF, distribuidos en por lo menos tres cuartas partes de los distritos electorales uninominales.

Al analizar el caso y debatir sus aristas constitucionales, los Ministros sostuvimos dos posiciones encontradas: una, que defendía la idoneidad constitucional de la representación política territorializada, subyacente en la ley impugnada -y la razonabilidad de la medida de los legisladores-, y, la otra, que entendía que establecer requisitos territorializados obstruía la representación política de segmentos minoritarios de la sociedad, afectando por tanto derechos humanos de naturaleza política como los derechos de asociación y participación política.

La cuestión constitucional planteada, como casi todas las que se ventilan en la Suprema Corte, resulta sumamente compleja como el lector podrá advertir en el siguiente recorrido que haré sobre el tema de la representación política territorializada.

Veamos. El constitucionalismo en Estados Unidos parte de un incidente que tiene que ver con la territorialidad de la representación política. Los británicos sostenían que los americanos se beneficiaban de una "representación virtual" que proveían los ilustrados representantes de la Isla en bien de todos, los británicos de Norteamérica incluidos, a pesar de que miles de millas náuticas los separasen. Los americanos por su parte, no se sentían cómodos con dicha "representación virtual", y mantuvieron la posición de que querían representación territorial con ciudadanos provenientes de sus propias comunidades políticas.

No es de sorprender que argumentos parecidos se esgrimieran un par de décadas después en la América Española, pues las distancias geográficas eran las mismas que para la América Británica. En los albores de nuestro constitucionalismo, en el siglo XIX, se discutió el tema de la representación territorial americana en las Cortes de Cádiz. Y como un legado indeleble de ese entendimiento de representación política territorializada, en casi todos nuestros textos constitucionales posteriores consistentemente se ha introducido la residencia de los ciudadanos como requisito de elegibilidad para ser votado a un cargo de elección popular, particularmente en los textos federales.

En aquellos lejanos días no existían formalmente los partidos políticos, los cuales incluso eran vistos con animadversión por los teóricos de la ciencia política de la época. Las cosas desde luego han cambiado en la teoría y en la práctica constitucional mundial y mexicana a este respecto. Y vale entonces preguntarse si a principio del siglo XXI se puede exigir implantación territorial a un partido político, ya no a un individuo que pretende representar a otros individuos de su sociedad política como en el siglo XIX, sino al partido político mismo. Y de ser éste el caso, cómo se acredita la "residencia" del partido político en el territorio del DF, cuáles pueden ser las condiciones "razonables", "proporcionales" que se le pueden exigir en la ley.

Mi opinión a este respecto es que, en un sistema federal, sí es constitucional exigir requisitos de territorialidad por estados. Pero el punto es discutible si se plantea exactamente en los mismos términos al interior de una entidad federativa como implícitamente advertimos en ocasión de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 2/2011, antecedente de la acción de inconstitucionalidad 21/2011. Dado la disposición constitucional existente en el sentido de que los partidos políticos nacionales pueden competir en las elecciones locales, imponer requisitos a los partidos políticos locales en su proceso de formación simplemente aumenta la inequidad de suyo grande con respecto a los partidos políticos nacionales.

Otros de mis colegas defendieron el mismo punto que yo advertí, pero desde otro ángulo, señalando que se debe privilegiar la representación de las minorías existentes en nuestra sociedad -el pluralismo político en el sistema de partidos-, y que imponer requisitos de territorialidad como sostuvimos en la acción de inconstitucionalidad 2/2011 puede convertirse en obstáculos que dañan el acceso a la representación política de las minorías.

Al final, si bien por razones distintas, se resolvió desestimar la acción de inconstitucionalidad por mayoría de votos.