martes, 3 de septiembre de 2013

INFORMAR SIN ESCUCHAR*

DIEGO VALADÉS

Desde 1824 y hasta 1923 nuestras Constituciones establecían que los presidentes inauguraran y clausuraran todos los periodos de sesiones del Congreso. Benito Juárez lo hizo en 29 oportunidades entre 1861 y 1872, excepto durante la intervención francesa, y en sus 30 años de gobierno Porfirio Díaz informó al Congreso 61 veces. En 1923 ese deber se contrajo a inaugurar los periodos ordinarios y en 2008 la asistencia de los presidentes fue sustituida por la presentación de un informe escrito.

Con los años la obligación republicana devino en un torneo de complacencias en el que se medía el número y la duración de los aplausos, e incluso si estos se tributaban o no de pie. La obsecuencia es habitual en los sistemas cerrados, donde se tiende a sacralizar la figura del poderoso y a buscar el contenido críptico de sus mensajes y gestos. Así se subrayaba instintivamente cuando se hablaba de "glosar" el informe presidencial, sin advertir que "glosa" significa "explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender". Un ejemplo de la tarea adivinatoria se produjo cuando José López Portillo anunció la expropiación de la banca, en su último informe, y la atención se dirigió hacia Miguel de la Madrid, próximo a asumir la Presidencia, quien ante la ovación del pleno se limitó a unas frías palmadas protocolarias, llenas de sentido político en la ocasión.

Poco a poco la ovación fue desplazada por la impugnación, también sonora, que orilló a los presidentes a retirarse de la tribuna congresual. Hoy, el rito está roto. Excluidos por la política y luego relevados por la norma, los presidentes se conforman desde hace años con una ceremonia sin trascendencia constitucional y con un simbolismo político contraproducente, porque exhibe un repliegue forzado por situaciones fuera de control.

Los presidentes dejaron de asistir al Congreso, pero las causas de esa ausencia están variando. Ahora el problema no está relacionado con el talante asambleario sino con la protesta callejera. Esto es otra cosa. Es un indicador más del estrés creciente al que están sometidas las instituciones.

Ese fenómeno no puede ser visto con indiferencia porque denota que el deterioro institucional va en ascenso. La reiterada ausencia presidencial en el Congreso es una irregularidad que debe ser remediada. La distancia política entre la representación nacional y el gobierno acabará teniendo consecuencias adversas para la vida institucional del país. Si hay factores que impiden que el Presidente concurra al Congreso, deben explorarse otras medidas compensatorias.

Los actos informativos de los presidentes fuera del ámbito natural, que es el Congreso, en lugares y con modalidades cambiantes, muestran hasta qué punto está lesionado el sistema institucional. Empero, no podemos conformarnos con el retroceso como método e ignorar que las abdicaciones del poder son un síntoma de deficiencias intrínsecas, hasta ahora desatendidas. La solemnidad es prescindible, pero no la responsabilidad republicana de informar, escuchar y debatir, que deben realizarse conforme a las mejores prácticas democráticas.

A partir de 1997 los gobiernos carecen de mayoría en el Congreso. Desde entonces el sistema se ha mantenido imperturbable y tres lustros más tarde seguimos sin instrumentos para que la minoría en el gobierno escuche a la mayoría en el Congreso. La ausencia de esos mecanismos en el contexto del pluralismo democrático es una omisión que contribuye al déficit de gobernabilidad que padecemos.

En 2008 fue reformado el artículo 69 de la Constitución, facultando al Congreso para analizar el informe, formular preguntas por escrito al Presidente y citar a los miembros de su gabinete para que comparezcan e informen, "bajo protesta de decir verdad". Fue una reforma democrática que no ha dado resultados porque la práctica política la ha hecho casi inoperante. Los secretarios van poco y dicen menos; suelen esquivar los cuestionamientos y recitar lo que podría ser un largo boletín de prensa.

Se requiere mucho más. No es necesario volver a modificar la Constitución para que los secretarios concurran con regularidad a informar y debatir, sin que en cada caso su presencia sea objeto de regateo político. La función política no puede girar sólo en torno a la figura presidencial como si en el país nada hubiera cambiado con la caída de la hegemonía. Se elude que el gabinete tenga una presencia constante en el Congreso, con lo cual se prescinde de un instrumento de interlocución que toda democracia necesita y se corre el riesgo adicional de que los mediocres, refugiados en la obscuridad, se perpetúen en perjuicio de las funciones que tienen encomendadas.

Un diálogo fluido es indispensable para que los ciudadanos escuchemos las razones del poder. No es razonable que el gobierno desoiga lo que en las Cámaras se dice de sus programas y decisiones, ni que rehúya el debate institucional. La democracia implica deliberación continua, responsable y libre.

*Reforma 03-09-13

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