domingo, 30 de septiembre de 2012

VENEZUELA, LA MADRE DE TODAS LAS ELECCIONES


DANIEL ZOVATTO

Las elecciones presidenciales venezolanas del próximo domingo 7 de octubre pueden calificarse, sin temor a exagerar, como “la madre de todas las elecciones”. Sus resultados repercutirán no sólo en el país, sino en toda la región en la que Chávez encabeza y financia una alianza continental, el ALBA, basada en los postulados ideológicos del llamado “socialismo del siglo XXI”.

Por sus características, más que una elección presidencial estamos ante un plebiscito donde lo que está en juego es la continuidad de Chávez y su régimen. En caso de que perdiera, el régimen colapsaría, aunque no necesariamente el chavismo como movimiento y, muy probablemente, el ALBA se debilitaría o incluso desaparecería. Si en cambio ganara, el chavismo habría vencido por cuarta ocasión sucesiva en una elección presidencial y se colocaría en la senda para gobernar el país, ininterrumpidamente, durante 20 años.

Elecciones con final abierto. Un par de precedentes marcan estos comicios como los más competitivos de los últimos 14 años. Por primera vez, Chávez no marcha como favorito indiscutible. En 1998, el actual presidente aventajó en más de 16 puntos a su contrincante, en 2000 ganó por más de 22 puntos y en 2006 por 26. En estas elecciones, y de acuerdo con las encuestas más serias (más allá de la guerra de encuestas que existe), su ventaja ha menguado y, si bien Chávez sigue siendo el favorito, un triunfo de Capriles no es para nada imposible. Según la última encuesta de Datanálisis (cuyos datos fueron dados a conocer el pasado 25 de septiembre), Chávez aventaja a Capriles por 10 puntos (49.4% a 39%) pero existe un 11.6% de indecisos, quienes se han venido decantando mayoritariamente (en un 83.6%) en favor de Capriles.

También por vez primera, la oposición se ha unido en la amplia coalición MUD (Mesa de Unidad Democrática), con un candidato único. Henrique Capriles es joven (40 años), energético y libre de vínculos con la vieja partidocracia. Se ubica ideológicamente en el centro izquierda (dice que su referencia es Lula), y ya ha ocupado cargos populares como alcalde y gobernador. En campaña, ha recorrido todo el país con su estrategia de puerta a puerta, derrochando vitalidad frente a un Chávez físicamente debilitado y en pleno proceso de recuperación del cáncer.

Unos comicios inéditos. En materia electoral, estos constituirán unos comicios particulares. Venezuela es el único país de América Latina (salvo la situación especial de Cuba) donde se permite la reelección indefinida. Esto significa que, de ganar, Chávez prolongaría su permanencia hasta 2019, permitiéndole 20 años en el poder, algo atípico e inaudito en el escenario latinoamericano donde las hegemonías políticas personalistas, en democracia, raramente han excedido los 10 años de manera ininterrumpida.

El ritmo de la campaña lo marcó la salud de Chávez, y si bien parece que por el momento, tras un tratamiento en Cuba, ha logrado vencer el cáncer, una recaída no puede descartarse. Si su salud volviera a complicarse (asumiendo que gane el 7 de octubre) dentro de los primeros cuatro años de su nuevo gobierno (colocándolo en una situación de “falta absoluta”) según el artículo 233 de la Constitución Bolivariana, el vicepresidente asumiría el poder y debería convocar a nuevas elecciones en los siguientes 30 días. El vicepresidente solamente podría completar los años restantes en el caso de que Chávez hubiera cumplido su cuarto año en el poder.

Pero esta no sería la única forma en que el régimen chavista podría verse debilitado en el futuro cercano. El 16 de diciembre se llevarán a cabo elecciones regionales (gobernadores); en abril de 2013 municipales y en 2015 legislativas. Además, a partir de 2016 podría convocarse un referéndum revocatorio (artículo 72 de la Constitución Bolivariana), y, como ya analizamos, desde 2013 a 2017 en caso de “falta absoluta” del presidente tendrían que convocarse nuevas elecciones presidenciales. Es decir, en los próximos años, Venezuela se enfrentaría a la posibilidad de ir prácticamente cada año a las urnas, poniendo a prueba al régimen chavista.

Posibles escenarios. Tan importante serán los resultados (y sobre todo la diferencia entre el primer y segundo lugar) como su aceptación o rechazo por parte del oficialismo y de la oposición.

Según el oficialismo y la oposición el sistema electoral es confiable y permite su control y monitoreo por los actores políticos a lo largo de todo el proceso electoral. El riesgo de que se dé un fraude masivo que no sea detectable es muy bajo, pero para ello es crucial que la coalición MUD ubique a sus “testigos” en todas y cada una de las mesas de votación.

Si bien es difícil que haya fraude, la mayor debilidad de estas elecciones reside en el claro ventajismo del oficialismo y en unas condiciones de la competencia no equitativas. Según el reciente Informe del el aparato del Estado se ha puesto al servicio de la candidatura oficialista con una utilización abusiva de sus recursos y de los medios de comunicación públicos, en particular de las “cadenas”. A ello hay que agregar la utilización clientelar que el oficialismo hace de las “misiones”. Por su parte, el financiamiento de las campañas es particularmente opaco, aunque claro el abrumador predominio del gasto del chavismo.

Un tema respecto del cual hay que prestar debida atención es el papel que desempeñen las Fuerzas Armadas, ya que, aunque la cúpula es claramente chavista, resulta muy dudoso (o al menos esto es lo que sería deseable) que el Ejército, como institución, respalde un fraude o desconozca un resultado electoral que diera el triunfo a la oposición.

Posibles resultados y principales retos. Dejando a un lado la reacción de quien resulte perdedor (si se aceptan los resultados o se declara fraude), quien asuma la presidencia tendrá que afrontar grandes retos.

Si Chávez triunfa, deberá hacer frente a desafíos importantes. En el plano económico, las medidas de ajuste son impostergables, dada la espiral inflacionaria en que se encuentra el país. En el social, la inseguridad sigue siendo un grave problema. Según un informe reciente de la ONU, Venezuela es el quinto país del mundo con mayor nivel de homicidios y el octavo en materia de secuestros.

En materia política, Chávez tratará de profundizar el modelo “socialista bolivariano del siglo XXI”, lo cual dependerá de cómo evoluciona su salud. Si no se recupera totalmente y sufre una recaída, el régimen intentará mantenerlo en el poder por el mayor tiempo posible (como sucedió cuando gobernaba desde La Habana) con el propósito de evitar tener que convocar nuevas elecciones, pues en tan solo 30 días habría que planificar una campaña y, algo mucho más difícil, encontrar al heredero político.

En este escenario (triunfo de Chávez), el reto para Capriles será mantener unida a la oposición, muy heterogénea y disímil, sobre todo si dentro de la coalición surgen divergencias, por ejemplo, entre reconocer o no el resultado de las elecciones presidenciales. La eventual continuidad de la unidad de la MUD y del liderazgo de Capriles dependerá en buena medida de la diferencia con que resulte derrotado.

Si en cambio ganara la oposición, Capriles debería hacer frente a tres retos principales: 1) que se le reconozca su triunfo; 2) transitar con éxito el período que va del 8 de octubre al 10 de enero de 2013 (fecha en que asumiría la Presidencia); y 3) gobernar en un contexto muy complejo, sobre todo durante los primeros años, en el cual la alta concentración del poder en manos del chavismo plantearía a la oposición enormes dificultades para garantizar la gobernabilidad. Deberá enfrentar asimismo a un Legislativo donde el chavismo tendría la mayoría, al menos, hasta la renovación de la Asamblea Nacional y, dependiendo del resultado de las próximas elecciones, eventualmente el control de un número importante de gobernaciones y de alcaldías. Conviviría, además, con un Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo al igual que los otros poderes del Estado.

Es así como Venezuela se enfrentará en tan solo siete días a unas elecciones cruciales, a un plebiscito con final abierto que puede otorgar nuevo aliento al régimen de Chávez; o, por el contrario marcar el final del chavismo como régimen en el poder, aunque, tal vez, no así el del chavismo como movimiento político.

jueves, 27 de septiembre de 2012

ALONSO LUJAMBIO


JOSÉ WOLDENBERG

De las múltiples facetas de su vida pública -profesor, ensayista, historiador, funcionario público- solo doy testimonio -mínimo- de lo que me consta de primera mano.

Alonso Lujambio fue durante siete años (1996-2003) consejero electoral en el IFE. Hombre educado, de magníficos modales, tenía una formación académica sólida, un conocimiento de la materia electoral vasto, una capacidad analítica poco común -toda situación, iniciativa o proyecto planteaba siempre dilemas-, la que se deriva de la intuición o la certeza de que lo "bueno" puede acarrear consecuencias indeseadas y que lo "malo" puede tener alguna derivación positiva, es decir, esa capacidad para alejarse de la bobería que cree que el mundo puede ser armónico.

Alonso, además, fincó su labor en cuatro cualidades que explotó de manera sistemática (o eso creo): a) por encima de sus preferencias políticas, la convicción de que había una causa superior que nos cobijaba a todos: la construcción de un régimen democrático; b) el compromiso con la legalidad a la que no se debía dar lecturas "a modo" y menos facciosas, en contraposición a esa mala costumbre que hace pensar que una institución del Estado es un litigante más, por lo cual le están permitidas truculencias en su relación con la ley; c) su trabajo cotidiano y en profundidad, dado que si bien sabía delegar, asumía que la responsabilidad es intransferible y por ello nunca se acomodó a navegar con la inercia o la rutina; y d) su capacidad para laborar en equipo. Como integrante de un cuerpo colegiado sabía escuchar y entender la lógica y los argumentos de los demás, y su flexibilidad le permitía tender puentes para construir acuerdos que robustecieran a la institución. No es común que una persona conjugue esos atributos.

Luego de las elecciones del año 2000 al IFE se le presentaron dos retos mayúsculos. Las denuncias que luego se conocerían como "Pemexgate" y "Amigos de Fox". Alonso era el presidente de la Comisión de Fiscalización, una de las tareas más delicadas porque coloca al Instituto frente a los partidos, como su vigilante y eventual sancionador. Lujambio tomó "al toro por los cuernos", se dedicó en cuerpo y alma -apoyado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos- a desentrañar esas acusaciones. La Comisión pudo aclarar a satisfacción la triangulación del dinero que había salido de Pemex al sindicato y de ahí al PRI (500 millones), y que no había sido reportado al IFE. La sanción que decidió el Consejo General fue de mil millones de pesos, la más alta jamás aplicada a un partido no solo en nuestro país sino en el mundo. Al resolver ese caso, quedaba pendiente el otro. Y con la maledicencia que preside nuestras relaciones políticas y el comportamiento de no pocos medios, se empezó a especular que el IFE actuaba de manera parcial: sancionaba a uno pero no a otros. Lo cierto es que la denuncia en relación con el financiamiento paralelo a la campaña de Vicente Fox era más difícil de aclarar. La Comisión -el IFE- no podía hacerse de la documentación que tenían los bancos, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores argumentaba que no los podía entregar puesto que estaba atada al secreto bancario. Fueron días de tensión extrema, de constatar que querer no es poder, y resolvimos que no nos quedaba otra más que cerrar el caso, para que los partidos denunciantes eventualmente volvieran a inconformarse ante el Tribunal y éste también, quizá, habilitara al IFE para llegar al fondo del asunto. Y tal cual sucedió. El Tribunal resolvió que para ese caso el IFE debía ser considerado como un equivalente de la autoridad hacendaria. Luego de lo cual la CNBV empezó a entregar la documentación requerida, pero los involucrados recurrieron al amparo. No me extiendo más. El IFE tuvo que litigar en varios juzgados, pero al final la Comisión presidida por Alonso pudo dilucidar el caso: los fideicomisos habían actuado en paralelo haciendo gastos a lo largo de la campaña, traspasando el tope de erogaciones permitido y no lo habían reportado a la autoridad. Ello ocasionó una multa al PAN y al PVEM por más de 500 millones de pesos. Y Alonso fue la pieza clave para aclarar y sancionar esas conductas.

Alonso fue además un historiador del PAN (La democracia indispensable), del cambio democratizador que vivió el país (El poder compartido), de su propio linaje familiar (Retratos de familia), de los congresos locales (caray, no encuentro el libro). Son textos informados, bien escritos, pedagógicos, siempre sugerentes, y con una clara intencionalidad política. Por ejemplo: deseaba recordarles a sus compañeros la vocación pluralista y laica del PAN de Gómez Morin; documentaba de manera contundente la transformación política de México en las últimas décadas en debate con aquellos que sostenían que nada había cambiado; recreaba y se fascinaba con los recintos legislativos porque estaba convencido de que no existe democracia sin esas moradas donde habita la pluralidad política.

Lo vamos a extrañar. Y no solo sus amigos y compañeros.

FIN A LA INICIATIVA MÉRIDA



JOHN ACKERMAN

El pasado martes 18 de septiembre, en el marco de su visita a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Enrique Peña Nieto afirmó que ese país “representa un ejemplo exitoso de lucha contra la violencia y la criminalidad organizada”. El mismo día, Alejandro Poiré, Guillermo Galván, Francisco Saynez, Genaro García Luna, Marisela Morales y Patricia Espinosa se encontraban en Washington rindiendo cuentas a sus homólogos estadunidenses sobre los saldos de la “guerra contra las drogas”, en el contexto de la cuarta “reunión de alto nivel” de la Iniciativa Mérida. Allí, Hillary Clinton expresó su confianza en que el “alto nivel de cooperación y creencia en la responsabilidad compartida” establecidos con el gobierno de Felipe Calderón continuaría con “la próxima administración mexicana”.

Tiene razón la canciller estadunidense. Al parecer Peña Nieto no tiene ningún interés en modificar las coordenadas de la relación de México con Estados Unidos y no transformará los términos de la estrategia de combate al narcotráfico iniciada por Calderón. Al contrario, el presidente electo ya anunció que el Ejército seguirá en las calles, y con el nombramiento del general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia y “agente especial” de la DEA, como su asesor en materia de seguridad pública, envió una clara señal de continuismo a los estadunidenses.

La decisión de iniciar su gira por América Latina en Guatemala, para sacarse la foto con el presidente Otto Pérez Molina, quien, como Peña Nieto, es un “dinosaurio” emblemático del peor pasado autoritario, y en seguida llegar a Colombia, confirma el interés del presidente electo mexicano de dar continuidad al entreguismo de Calderón. Tal como ha sido señalado por Julio Hernández, Peña Nieto “geográficamente ha dado sus primeros pasos diplomáticos hacia el sur, pero políticamente su equipaje discursivo y su brújula están abiertamente orientados hacia el norte”. Habría que recordar cómo, en el segundo debate presidencial, el priista deslizó la necesidad de visualizar a México principalmente como parte de América del Norte y dejar atrás la idea de que seamos latinoamericanos.

Afortunadamente, la gran mayoría de los mexicanos no coinciden con quien se pondrá la banda presidencial el 1 de diciembre. Estudios recientes demuestran que los mexicanos se identifican mucho más con sus hermanos latinoamericanos que con los habitantes de Estados Unidos y que tienen una enorme desconfianza en las políticas de Washington. Datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revelan que mientras solamente 7% de la población nacional se siente “norteamericana”, más de 50% se considera principalmente “latinoamericana”. Asimismo, el Country Rating Poll de la BBC sistemáticamente demuestra que el mexicano es uno de los pueblos que menos creen que “la influencia de Estados Unidos en el mundo” sea “positiva”. Con respecto a esta valoración, México se encuentra en un nivel similar a los ciudadanos de Egipto, Pakistán y Rusia, con una tasa de aprobación de los mexicanos a los estadunidenses que varía entre 13% y 38%, dependiendo del año y del encuestador encargado de aplicar el estudio.

Llama la atención cómo, en su comunicado conjunto del martes pasado, Clinton y Espinosa no se atrevieron a presumir ningún éxito concreto o medible de la Iniciativa Mérida. El documento concluye que “en los cinco años desde que anunciamos la Iniciativa Mérida, nuestros esfuerzos han llevado a grandes avances cuantitativos y cualitativos en la cooperación bilateral en contra del crimen organizado trasnacional. Ello ha ayudado a establecer una sólida fundación de confianza y coordinación entre las autoridades estadunidenses y mexicanas responsables de prevenir y combatir al crimen”. En otras palabras, el único logro material de la colaboración entre los dos países ha sido la misma colaboración.

Al menos los gobiernos de México y Estados Unidos han tenido el recato de no inventar que la estrategia de los últimos años supuestamente haya logrado mejorar la seguridad de los mexicanos o reducir el flujo de drogas hacia el norte. Ello sería una vil mentira. Por lo tanto, los funcionarios se limitan a celebrar la consolidación de los nuevos “hábitos de cooperación” que, confían, rendirán frutos en el futuro.

Es en este contexto que Peña Nieto ensalza el caso colombiano como un “éxito” en la materia. Lo que no menciona el priista es que el Plan Colombia implicó un intervencionismo aún mayor que el Plan Mérida de las fuerzas militares estadunidenses, y que se basó en estrategias de contrainsurgencia que violaban de manera generalizada los derechos humanos de la población. Colombia, por ejemplo, ya se encuentra bajo observación formal de la fiscal de la Corte Penal Internacional por los sistemáticos ataques a la población civil durante las últimas décadas.

Cada día queda más claro que la prioridad principal de Barack Obama, Felipe Calderón y Peña Nieto no es la paz, y ni siquiera “ganar” la guerra contra las drogas, sino solamente administrar la violencia para que no cruce el río Grande hacia el norte. Estrictamente, entonces, la “colaboración” entre México y Estados Unidos efectivamente ha sido todo un “éxito”: ya se ha alcanzado el objetivo de que los mexicanos paguemos con nuestra sangre todos los costos de la errada estrategia.

Así, llegó la hora de pensar seriamente en poner fin a la Iniciativa Mérida y suspender todo el financiamiento de Estados Unidos hacia el aparato de seguridad mexicano. Si bien puede ser útil que ambos gobiernos compartan inteligencia criminal y coordinen el combate al lavado de dinero, una vez que el gobierno mexicano recibe armamento y financiamiento militar directamente de Washington nuestro país sacrifica la soberanía necesaria para articular una nueva estrategia que ponga en primer lugar la salud pública y el bienestar de los mexicanos. El que paga manda.

martes, 25 de septiembre de 2012

INICIATIVITIS


JORGE ALCOCER

Sin una reforma integral de su vida interna, las dos Cámaras del Congreso de la Unión seguirán inmersas en una dinámica perversa, que hace ineficiente su trabajo, dando lugar a críticas, justificadas o no, pero al final de cuentas demoledoras del aprecio que la sociedad debieran tener por sus representantes, diputados y senadores.

Han transcurrido 24 días desde el inicio del mandato de la LXII Legislatura; a finales de agosto fueron electos los integrantes de las respectivas mesas directivas, presididas por Jesús Murillo Karam la de San Lázaro y Ernesto Cordero en el Senado. A su vez, las juntas de coordinación política se instalaron sin mayor problema. En Diputados la preside el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal, y en el Senado, Emilio Gamboa, líder de la bancada del PRI.

En las sesiones plenarias celebradas hasta la semana pasada, seis en cada Cámara, han sido presentadas 32 iniciativas de reforma a la Constitución y 72 a diversas leyes; de ese total (104) una tercera parte en el Senado; dos iniciativas, preferentes, corresponden al Ejecutivo, una en cada Cámara; el resto corresponden a los legisladores. Además, se han presentado múltiples puntos de acuerdo sobre los más diversos asuntos que se pueda imaginar un ciudadano; el más reiterado es la creación de Comisiones especiales, adicionales a las ordinarias que establece la Ley del Congreso.

Esas iniciativas y puntos de acuerdo, en ambas Cámaras, no han tenido forma de empezar a ser atendidas, debido a que, hasta ayer, las pugnas entre y dentro de los grupos parlamentarios por las presidencias de las Comisiones ordinarias impedían que el pleno y aprobara la integración de las mismas.

Desde 1997 se impuso, desde la ley, el criterio de asignar las presidencias de Comisiones ordinarias conforme al peso numérico de cada grupo parlamentario, en un reparto por cuotas que demerita la calidad del trabajo legislativo. Como en otros ámbitos, impera una especie de ley de hierro: entra el que cabe, no el que sabe.

Con tan mal criterio, son muchos los casos en que los presidentes de Comisiones no son los legisladores que mejor conocen la materia, sino los que cada grupo partidista designa, una vez que el pastel ha sido repartido por los coordinadores parlamentarios, conforme a criterios que poco o nada tienen que ver del trabajo legislativo.

Como ser presidente de Comisión otorga, a los designados, visibilidad pública y apoyos nada despreciables, se crean Comisiones especiales sin ton ni son, para asuntos que, en estricto rigor legislativo, no son de la competencia del Congreso.

La fiebre por presentar iniciativas se desató desde la primera sesión ordinaria en cada Cámara. Tal iniciativitis da lugar a propuestas que no tienen otra razón o intención que fijar una postura política, o contar con la fotografía del legislador en tribuna, sin importar la calidad analítica ni el rigor jurídico de lo que se propone.

De esa manera, el contador de iniciativas presentadas y pendientes de dictaminar sigue su acelerada marcha, lo que pronto dará lugar a renovadas críticas por la "baja productividad" de las Comisiones de dictamen; de cada Cámara, y del Poder Legislativo federal en su conjunto.

Una posible solución sería establecer en la Ley del Congreso que solamente las iniciativas suscritas por los grupos parlamentarios pasaran de inmediato a Comisión dictaminadora; las presentadas a título personal, o por varios legisladores sin respaldo de su grupo, serán enviadas a una Comisión ad hoc, que las califique en su rigor jurídico, de técnica legislativa, pudiendo desecharlas sin mayor trámite.

Los llamados "puntos de acuerdo" podrían ser votados de inmediato en el Pleno, para admitirlos a estudio, o rechazarlos sin mayor trámite.

Imponer un mínimo rigor en estos asuntos supone establecer normas que hagan de la presentación de iniciativas de ley un acto de responsabilidad colectiva, no un ejercicio de propaganda personal o política.

No es mejor Congreso el que se ve saturado de iniciativas de reformas a la Constitución y las leyes, ni el que las aprueba por conveniencia política. La seguridad jurídica supone permanencia de las leyes que rigen la vida en sociedad.

REFORMA LABORAL, LA INICIATIVA DE 1995


JAVIER CORRAL JURADO

En uso del nuevo derecho constitucional por el que se concede al Presidente de la república presentar iniciativas con tratamiento preferente en el Congreso, el presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma amplia a la Ley Federal del Trabajo. Tiene como principal propuesta flexibilizar el mercado laboral, pero toca muchos apartados que pretenden modernizar conceptos y procedimientos; por primera vez en todo lo que fue el sexenio se incorpora al debate legislativo la propuesta de democratizar la elección de las directivas sindicales y transparentar su patrimonio.

Ya existe un cúmulo de descalificaciones y sobreinterpretaciones de la reforma, y están desatadas las resistencias corporativas con asiento entre las bancadas del PRI. Sin embargo, también hay algunos señalamientos atendibles de voces autorizadas en la materia que, en análisis sistemático de los cambios que propone, plantean consecuencias que no estarían acorde con lo que siempre ha postulado el PAN en materia de los derechos de los trabajadores.

En este ambiente creciente de presiones tendrán que salir al paso los diputados federales del PAN y resolver cuál es el justo medio para la aprobación de una reforma moderna y equilibrada, que sirva tanto a patronos como a trabajadores y en general a la sociedad mexicana. Ese reto pasa, además, por empezar a concretar en los hechos la conseja del presidente del partido, Gustavo Madero, para recolocar en la agenda legislativa los fines democratizadores que se fueron abandonando en el transcurso de los últimos años, unas veces bajo el pretexto de la gobernabilidad, otras en aras de negociaciones electorales que a la postre de nada sirvieron. ¿Dónde encontrar ese norte? Sin duda alguna, en nuestros antecedentes legislativos.

En 1995, a través de su primer grupo de senadores que entonces encabezaba Gabriel Jiménez Remus, el PAN colocó en el Congreso un proyecto de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo. Plasmó ahí su visión humanista del mundo del trabajo y su apuesta por la libertad y la democracia sindical, como condición sine qua non, para modernizar las relaciones laborales, y hacer respetar el principio esencial en el que radica el trabajo humano, la eminente dignidad de la persona. “De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato ni por el patrón, ni por el gobierno a la imposición de criterios ideológicos o políticos”, diría en tribuna el hoy embajador en Cuba.

En términos de plataforma o programa, aquella iniciativa es el producto más decantado y completo de nuestra posición ideológica, incluso doctrinal; se desarrolló cuando el PAN era todavía oposición nacional pero ya se constituía a la vez en una experiencia amplia de gobierno local y una fuerza decisoria en las cámaras. En su estructura y desarrollo técnico la iniciativa abrevó del expertise de Néstor de Buen, y entre sus suscriptores destacan las firmas de Luis Héctor Álvarez Álvarez, Luis Felipe Bravo Mena, José Ángel Conchello Dávila, Norberto Corella Gil Samaniego, Mauricio Fernández Garza, Emilio Goicoechea Luna, Alfredo Ling Altamirano, Benito Rosel Isaac, Francisco Xavier Salazar Sáenz, Rosendo Villarreal Dávila y Leonardo Yáñez Vargas, entre otros.

Tuvo en el centro de su impulso la garantía del derecho para formar libremente las organizaciones sindicales y unitarias que convengan a la defensa de los intereses de los trabajadores y del derecho a la contratación colectiva, sostenida por la bilateralidad, sin apartados de excepción que impidan a los trabajadores pactar en forma auténticamente concertada sus condiciones de trabajo. Fue cuando el PAN clara y contundentemente trazó su oposición a que desaparezcan los contratos colectivos.

Propugnó por el derecho al uso de la huelga sin procedimientos administrativos que limiten su instrumentación cuando la mayoría de los trabajadores lo decidan en la defensa responsable de sus intereses. Un claro rechazo a mayores restricciones al derecho de huelga. Derecho a la participación social en el seguimiento y vigilancia de la impartición de justicia laboral.

Propuso la desaparición de la toma de nota y del registro de los sindicatos en las condiciones actuales que permite la intervención del Estado. Que los derechos laborales sean considerados como derechos humanos.

Como cambio estructural del modelo de impartición de justicia laboral, propuso crear tribunales de trabajo de jurisdicción plena en los cuales se creen resoluciones con fuerza vinculatoria; “para que de una vez por todas se termine con esa especie de mercados turcos de indemnizaciones en los que se han convertido los tribunales laborales (...) Debe suprimirse de plano el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que en la especie implica la encarnación de los pretextos del gobierno para controlar los movimientos sociales surgidos en el seno y la actualización de la lentitud, ineficiencia en perjuicio de la clase trabajadora”.

Ahora que tanto hemos dicho que retomaremos nuestras banderas y volveremos a colocar los máximos de nuestro ideal de cambio democrático, no hay duda de que la iniciativa de 1995 es un documento de ineludible consulta para recuperar ese talante y orientar el criterio sobre los elementos que no pueden dejar de estar en un eventual dictamen y aquellos que deben ser incorporados, como deber de los legisladores de enriquecer los proyectos de ley. Por lo pronto, la democracia y la transparencia sindical son valores irrenunciables en una reforma laboral que se precie de auténtica e integral.

domingo, 23 de septiembre de 2012

TRANSPARENCIA Y ANTI-CORRUPCIÓN; LOS HOYOS NEGROS

JAVIER CORRAL JURADO

Se ha colocado en las semanas recientes un discurso anticorrupción y por la transparencia. Ni más ni menos que, en boca de Enrique Peña Nieto, el Presidente Electo. De repente hizo de éstos dos temas sus prioridades legislativas y pidió al grupo de Senadores priístas que por su conducto hicieran llegar al Congreso la primera iniciativa que busca, presumiblemente, fortalecer al IFAI. No sólo no lo logra, sino que se percibe un intento del próximo Presidente por hacerse del organismo procurador de la información pública; la propuesta presenta incluso problemas de técnica legislativa. Recoge algunos puntos de la exigencia histórica por darle competencia al IFAI frente a resoluciones de organismos locales homólogos, pero es lamentable que haya salido con un planteamiento menor a la bengala con la que despertó la expectativa. Próximamente abordaré con más detalle la propuesta del priísta.

El segundo tema que ahora machaca Peña, es el de la anti-corrupción. Todavía no presenta iniciativa, pero se han anunciado algunos trazos, el mayor de ellos es la conformación de una comisión transversal a federación, estados y municipios. Más allá de que tampoco acredita en su trayectoria política, alguna acción referencial en el combate a la corrupción, habrá que esperar el planteamiento legislativo; en los detalles está el diablo.
A las iniciativas hay que analizarlas por sus méritos, no tanto por quien las proponga; y en materia de anti-corrupción y transparencia hay que tomarle la palabra de inmediato a cualquier promovente. La corrupción lacera al país, y es la explicación de muchos de nuestros subdesarrollos. Diría que es el mal endémico de la sociedad mexicana.
Bajo esta perspectiva y tratando de confiar en el futuro - acepto si me llaman ingenuo -, busco contribuir desde mi trinchera, el Senado de la República, a reforzar los temas de la transparencia, combate a la corrupción y derecho a la información. He presentado ya tres iniciativas directamente vinculadas con ese anhelo social. La primera para transparentar el manejo de los recursos públicos en la contratación de espacios propagandísticos en los medios de comunicación; la segunda para garantizar el ejercicio del derecho de réplica ante los medios, y la tercera para transparentar los recursos públicos que se entregan a fondos privados, y los tratamientos especiales o beneficios de carácter fiscal a particulares, entre ellos, la exención, condonación o cancelación de créditos fiscales. La verdadera lucha contra la corrupción empieza por derribar varios de los mecanismos por los que se eluden o evaden el pago de impuestos.
En la lucha contra la corrupción se necesita más que una comisión, mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación y la autonomía del Ministerio Público, como pilares de un auténtico sistema nacional de rendición de cuentas. Que a la fiscalización del gasto público, a la evaluación de los objetivos y metas, así como a la vigilancia del ejercicio de atribuciones y facultades, sobrevenga en serio una investigación imparcial para el fincamiento de responsabilidades y sanciones ejemplares. Mientras todo eso llega, hay que empezar a cerrar los hoyos negros de la corrupción y la opacidad. Unos hoyos de esos, por donde se vacían miles de millones de pesos en México, son los créditos fiscales. Más bien, su cancelación sin transparencia.
El crédito fiscal se entiende como el derecho que tiene el Estado o los organismos descentralizados de percibir ingresos por contribuciones. Desde 1999 se estableció en la Ley de Ingresos la figura de la cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad, cuando el importe sea inferior o igual a 2,500 unidades de inversión (UDIS), esto es un equivalente de 5,425 pesos. La cancelación implicaba la liberación del pago para el contribuyente.
Esta situación se ha mantenido hasta la fecha, con diversas variantes, de 1999 a 2004 la cancelación del crédito fiscal si liberaba al contribuyente del pago y de 2005 a 2010 la cancelación no libera del pago al contribuyente. Por su parte el Código Fiscal desde 1998 prevé en su artículo 146-A la cancelación de los créditos fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad, y por insolvencia de los deudores o los responsables solidarios.
En el año 2007 el SAT realizó la mayor cancelación de créditos fiscales de la historia: por un monto de 73 mil 960 millones de pesos; lo que originó, como era de esperarse, un escándalo y la presentación de solicitudes de acceso a la información para conocer la identidad de los beneficiarios. Las autoridades hacendarias la negaron, por lo cual se recurrió al IFAI y éste ordenó la inmediata entrega de la información consistente en hacer público una relación con los nombres de las personas físicas y morales que recibieron el beneficio, así como el número de crédito correspondiente, el monto del mismo y las razones o motivos de la cancelación.
Particulares, no identificados, presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de servidores públicos del SAT, con la finalidad de impedir la revelación de sus nombres como lo había ordenado el IFAI. Se argumentó en sus escritos que “se enteraron de que el SAT pretendía dar a conocer los nombres de las personas a las cuales les hubieren sido cancelados créditos fiscales... ello violaría su derecho a la privacidad, ocasionando con ello daños graves de imposible reparación”.
La CNDH en su propuesta de conciliación realizó una ponderación entre dos derechos humanos en colisión; el derecho de acceso a la información, por un lado y la protección de los datos personales por el otro. De esta forma se plantea un problema entre el interés público: el de hacer transparente y conocer la forma en que los servidores públicos del SAT ejercen sus facultades discrecionales con relación a la cancelación de créditos fiscales, respecto al interés de proteger los datos personales de los contribuyentes, en posesión de las autoridades hacendarias, quienes tienen además la obligación de procurar el secreto fiscal, previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Planteado así el problema nos encontramos entre la discusión de ponderar y armonizar el principio de máxima publicidad, previsto en la fracción I, del artículo 6° constitucional, con el principio de privacidad y protección de datos personales previsto en la fracción II, del citado artículo constitucional. Estos dos principios, el de máxima publicidad y el de privacidad, no son absolutos, ya que la propia Constitución prevé que serán protegidos en los términos y con las excepciones que prevean las leyes. Se requiere de un equilibrio que hoy no existe. Del vacío legal es donde las autoridades del SAT se han valido para negar el acceso a la información, desconociendo y aun combatiendo las resoluciones del IFAI.
El nombre es el dato más público que tiene una persona; a través de él lo identificamos y lo diferenciamos. Si no conocemos la información de los nombres y las razones o motivos por los cuales las autoridades del SAT han ejercido sus facultades discrecionales al cancelar créditos fiscales, ¿cómo podrían los ciudadanos evaluar el desempeño de las autoridades?.
Ante esta problemática presenté, junto con los Senadores Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo, Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruiz, todos integrantes del grupo parlamentario del PAN, varias reformas a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y al Código Fiscal de la Federación.
Propongo adicionar un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de transparencia, para establecer la obligación a los sujetos obligados a proporcionar toda la información pública derivada del otorgamiento de recursos públicos que por cualquier motivo destinen a cualquier persona, el cual puede comprender cualquier beneficio, subsidio o tratamiento especial por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal.
Con la finalidad de evitar posibles interpretaciones por parte de las autoridades fiscales en el sentido de que se encuentran impedidos para revelar información hacendaria o fiscal derivado del secreto fiscal que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, propongo incluir una excepción más a las que ya se contienen, para que se dé a conocer la información sobre cancelación o condonación tributaria o fiscal, cuando sobre ésta recaiga una resolución, mediante recurso de revisión,  del IFAI que así lo ordene.
Por último propongo una reforma al artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que la cancelación de los créditos no libera de su pago al contribuyente. Al respecto debemos recordar que las formas de extinción de un crédito son el pago, la dación en pago, la compensación, la condonación y la prescripción. Nuestra legislación no reconoce otro medio de extinción de la obligación fiscal, en ese sentido la cancelación no es una forma de liberar de la obligación, pero sí la prescripción que con el simple transcurso de cinco años libera al contribuyente de su obligación impositiva. En ese sentido, propongo establecer que la cancelación interrumpa el plazo de prescripción.
El tema adquiere toda su dimensión cuando uno lee el informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2007, que nos da una idea, espeluznante, de lo que está detrás de ese secreto que Hacienda quiere resguardar a toda costa: “Existen 15 contribuyentes que tienen más de 100 créditos fiscales y de ellos 6, registran más de 300; en particular, un caso registró 1,453 créditos, número muy cercano a los 1,495 que en conjunto tiene el sector gobierno. Por tanto, no existe un límite para la determinación de créditos y varios de estos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya podido hacer nada al respecto.” 
De acuerdo al reporte de la dependencia, en 2005 la suma de créditos fiscales sumaba 495 mil 807.9 millones de pesos, en este mismo informe se constataba que entre los deudores se encontraban dos cadenas televisivas que registraban créditos por mil 521 millones 821.2 mil pesos, así como una empresa editorial que acumulaba 40 créditos fiscales por un monto de 2 mil 675 millones 476 mil pesos y cuatro clubes de fútbol con 79 créditos fiscales por un monto de 2 mil 178 millones 880.2 mil pesos, entre otros contribuyentes pertenecientes al sector gobierno, personas físicas, instituciones financieras, empresas de la rama de transportes, etc.    
La pregunta es necesaria: ¿son éstos créditos señalados por la ASF los que fueron eliminados como parte de la cancelación masiva en 2007 y a la que tanto protegen?. Es hora de empezar a tapar esos hoyos negros, si como se dice vamos en serio contra la opacidad y la corrupción. Muy pronto lo sabremos. 

sábado, 22 de septiembre de 2012

TENTACIÓN AUTORITARIA


ANA LAURA MAGALONI

Vienen tiempos de cambio para la Suprema Corte. El 30 de noviembre terminan su periodo dos ministros. Se trata de Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano. El proceso que se siga para su sustitución tiene una enorme relevancia para afianzar la legitimidad y fortaleza de nuestro máximo tribunal.

La designación de los dos nuevos ministros tiene retos singulares dado lo atípico que es nuestro proceso de nombramientos. El artículo 96 de la Constitución señala que para nombrar a un ministro, el Presidente envía una terna al Senado, el cual, previa comparecencia de los candidatos, designa, por dos terceras partes, al ministro que ha de cubrir la vacante. Ello debe suceder en un plazo improrrogable de 30 días. Si el Senado no decide, el Presidente designa unilateralmente al ministro de alguno de la terna. Si el Senado rechaza la terna en su totalidad, entonces el Presidente manda una segunda terna. El Senado vuelve a tener 30 días para elegir a uno de ellos. Si rechaza la terna, el Presidente designa a uno de la segunda terna. El artículo 96 no menciona, en este segundo supuesto, qué pasa si el Senado no decide. Tampoco señala cuál es la votación que se requiere en el Senado para rechazar la terna y no caer en el supuesto de "no decidió". Asimismo, el referido precepto no dice si se trata de 30 días hábiles o naturales. Finalmente, el artículo 96 no establece cuándo debe enviar el Presidente la terna: antes de que termine el periodo de los ministros salientes o cuando hayan terminado su mandato. Esto último no es nada trivial en el contexto actual. Los ministros salientes terminan su periodo el 30 de noviembre y el 1o. de diciembre asume la Presidencia Peña Nieto. ¿Le toca a Peña o a Calderón enviar las ternas? Estas lagunas del artículo 96 constitucional pueden causar serios problemas en la sustitución de los ministros.

El origen de estos problemas radica en lo atípico del sistema de nombramientos. No conozco ninguna Constitución que le permita al Ejecutivo designar unilateralmente un ministro cuando el Senado no logra un consenso al respecto. Tampoco conozco procesos de nombramiento a base de ternas. En Estados Unidos, por ejemplo, el Presidente manda un solo candidato al Senado. Ello le obliga hacer explícitas las razones que sustentan su postulación, lo que genera un debate robusto sobre las cualificaciones profesionales de quienes van a ocupar ese importante cargo. El Senado puede rechazar cuantas veces sea necesario a los candidatos que envía el Presidente, pues se estima que la legitimidad de la Corte Suprema pasa porque sus jueces tengan un respaldo político amplio. En el modelo europeo, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional no sigue un solo camino. En España, por ejemplo, los 12 magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por distintos órganos: cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado (en ambos casos por tres quintas partes de sus miembros), dos por el gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Tanto en el sistema norteamericano como en el europeo lo que se busca es que el sistema de nombramiento de los máximos jueces del país les garantice una dosis básica de legitimidad producto de los consensos entre las fuerzas políticas.

Nuestro artículo 96 se aprobó al inicio de la administración de Zedillo. En esos años, el PRI mantenía en el Senado la mayoría absoluta, pero ya no contaba con la mayoría calificada de dos terceras partes. Además, Zedillo había tomado la decisión de refundar la Corte, lo que significaba que los 26 ministros de la vieja Corte terminaron su mandato en el momento en que se aprobó la reforma constitucional. Eso hacía que la cabeza del Poder Judicial federal estuviese acéfala y que los 11 nuevos ministros tuviesen que ser propuestos por Zedillo. El sistema de ternas, en ese contexto, diluía la percepción de que los nuevos ministros eran todos "candidatos de Zedillo". Asimismo, el sistema de nombramiento unilateral por parte del Presidente era una especie de "válvula de escape" para que no se quedara acéfala la Corte en caso de que no se lograra la mayoría calificada en el Senado.

Dieciocho años después, el artículo 96 ha perdido toda justificación. Hoy es extraordinariamente delicado que exista la posibilidad de que el Presidente, saliente o entrante, pueda nombrar unilateralmente a los ministros. Un nombramiento unilateral afectaría de forma significativa la legitimidad que, con mucho esfuerzo, ha ido ganando la Suprema Corte desde su refundación. Recordemos, por ejemplo, las catastróficas consecuencias que tuvo para el IFE, en la elección presidencial del 2006, que los consejeros electorales no hubiesen sido designados con el consenso del PRD. Cuando se trata de los últimos árbitros jurídicos del país, su legitimidad está a prueba todos los días. Hasta ahora, existen ministros, como en cualquier parte del mundo, conservadores o liberales, de carrera judicial o externos, pero en ningún caso podríamos decir que sus decisiones se explican en función del partido al que pertenece el Ejecutivo que los propuso. Cuidar que ello siga siendo así me parece de enorme trascendencia. La designación de los dos nuevos ministros va a requerir que los actores relevantes tengan visión de Estado y refrenen la tentación autoritaria de imponer a la mala a sus candidatos.

viernes, 21 de septiembre de 2012

CÁRCELES


CARMEN ARISTEGUI

La fuga masiva de reos -la cifra quedó en 131- en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, en Coahuila, de esta semana, vuelve a poner en evidencia la crisis carcelaria por la que atraviesa nuestro país. Una de las más graves de la historia.

Hoy se sabe que los reos salieron, el pasado lunes, por la puerta del penal y no por un túnel, como se dijo al principio. Hizo recordar la historia de El Chapo Guzmán, que salió de Puente Grande -según la versión oficial- en un carrito de lavandería.

Los reos recapturados dijeron que la salida había sido por la puerta y que el evento ocurrió alrededor de las diez de la mañana, aunque -ahora se sabe- el director del penal notificó varias horas después. Se supo también que, horas antes de la fuga, personas y vehículos no autorizados entraron al penal.

El caso se suma a la gran cantidad de fugas que se han registrado durante el sexenio. Casi un millar. Varias masivas.

El gobierno federal dice que los reos se fugan de las cárceles estatales y no de las federales tratando de sacudirse responsabilidad. Los gobiernos de los estados dicen que la Federación envía a sus cárceles a los reos federales de alto peligro y que éstos deberían estar en otros sitios. La mezcla de reos por delitos del orden común con reos por delitos federales produce todo tipo de efectos nocivos.

En los no pocos estudios que existen sobre esta crisis carcelaria, se coincide en que estamos frente a una bomba de tiempo.

La sobrepoblación alcanza, por lo menos, al 30 por ciento promedio de los cerca de 450 penales que hay en el país. En algunos lugares la sobrepoblación alcanza el 200 por ciento.

Además de las fugas, son recurrentes las riñas y los asesinatos -cerca de 400 en los últimos seis años-, las extorsiones dentro de la cárcel y de la cárcel hacia fuera, motines y, desde luego, fenómenos de autogobierno como el que parece haberse registrado en Piedras Negras, cuyo penal contaba con un túnel que, si no sirvió para la fuga principal, tal vez sí para algunos otros usos colaterales.

Nadie supone que las cárceles mexicanas son sitios para la rehabilitación y futura reinserción de las personas. Se da por sentado que ingresar a un penal conllevará -además del intrínseco castigo de perder la libertad- un conjunto de penalidades adicionales que atentan contra la seguridad, la integridad y la propia dignidad de las personas.

Apenas esta semana tuve conocimiento de un caso que involucra a dos hermanos que fueron acusados por un delito de fraude procesal. Hombre y mujer, a ella la enviaron al reclusorio de Santa Martha. Los familiares narraron que fueron sometidos a un procesamiento que calificaron de irregular. Sobre la hermana dijeron que hace tres semanas estaba, junto con su familia, atendiendo un negocio en la Central de Abasto; fue procesada, junto con su hermano, por un asunto de carácter mercantil y padece ahora un tipo de reclusión que significa compartir una celda ocupada por 19 mujeres que duermen en el suelo y que -las que pueden- pegan cabeza con cabeza para tratar de evitar ser pateadas durante la noche. La mujer tiene hoy el cuerpo completamente enronchado porque la zona del penal en donde está recluida, y viviendo en hacinamiento, está invadida por una plaga de chinches.

Historias de cárceles en México dan cuenta, por ejemplo, de los reos hombres que se cuelgan sosteniendo sus cuerpos de las axilas para poder ocupar el menor espacio posible y poder descargar el cuerpo e intentar descansar. Lo menos que se exige a un sistema carcelario es seguridad y condiciones humanas de reclusión. Lo que hoy tenemos es caldo de cultivo para fugas, rebeliones, abusos, violencia y corrupción.

¿Cuántas de las cárceles en México están regidas por el autogobierno? ¿En cuántos lugares los custodios, directivos y funcionarios forman parte de la cadena criminal que domina estos lugares? ¿Hasta dónde llegan los eslabones de quienes se benefician y hacen negocio cobrando dentro de las cárceles: permisos, visitas conyugales, fajinas, cualquier cosa? ¿Cuánta riqueza produce esa corrupción y hasta qué circuitos llega?

De los muchos quebrantos que pueden darse en el orden institucional de un país, los que más gravedad revisten se refieren, precisamente, a los del sistema carcelario. No hay otro lugar imaginable en una sociedad en donde el Estado debe tener el control más absoluto sobre la vida, seguridad y las condiciones de un ser humano que en una cárcel. Las fugas masivas de las cárceles son el gran síntoma de un sistema trastocado.

jueves, 20 de septiembre de 2012

MORENA PARTIDO


JOSÉ WOLDENBERG

Alguien preguntará, ¿y éste por qué se mete?

Y a lo mejor tiene razón. La evolución o transformación del Movimiento Regeneración Nacional compete a sus integrantes. Pero por la importancia de ese movimiento lo que a él le suceda pesará sobre el futuro de la izquierda y sobre la vida política toda. Parece una frase ritual, pero es cierta.

La ruptura de Andrés Manuel López Obrador con los tres partidos que lo postularon a la Presidencia a la República -así se haya fraseado en los términos más amables posibles- ruptura es. Y el debate que hoy cruza las asambleas de Morena, sobre si se mantiene como asociación civil (movimiento) o se convierte en partido, está precedido -creo- por algunas preguntas que resultan ineludibles: ¿quiere Morena tener representantes en el espacio institucional? ¿Desea contar con diputados, alcaldes, senadores, gobernadores, etcétera? ¿Para ello quiere dejar de depender de los partidos de izquierda? Y como imagino que las respuestas son sí, entonces la opción es la de conformar un nuevo partido político. Ello le permitiría ir a elecciones, ganar espacios en el mundo de la representación y eventualmente contar con gobiernos emanados de sus filas. Es un a, b, c, elemental pero fundamental.

Alguien podría especular, bueno, puede esperar a que se reglamenten las "candidaturas independientes"; pero eso que está por venir resulta un tanto incierto en materia de los requisitos que se requerirán para postularlos; pero lo más importante, si ya se tiene una organización, con sus líderes nacionales, regionales y sus "bases", ¿qué sentido tiene presentarse uno a uno?, como si no los cobijara una identidad más abarcante.

Los tiempos y los requisitos que fija la ley para la construcción de un partido no deben ser un problema para Morena. La fuerza territorial del movimiento seguramente les permitirá cumplir la condición de contar con el 0.026 por ciento de afiliados en relación al padrón y realizar las asambleas estatales o distritales que establece el Cofipe. Además, el proceso de registro de nuevos partidos se abre el próximo enero, cuando tendría que notificarle al IFE su intención. Y un año después, Morena estaría obligada a entregar al IFE la solicitud de registro acompañada de los documentos básicos, las listas de sus afiliados y las actas de sus asambleas. Así, el 1o. de agosto de 2014 Morena tendría su registro como partido. La ruta es farragosa, lenta pero transitable y les permitiría participar en las elecciones de 2015.

Incluso tendrían una puerta de salida lateral tal y como sucedió en la constitución del PRD. En aquellas fechas el PRD recibió el registro del Partido Mexicano Socialista que a su vez había sido el del PSUM y el del PCM. El PMS decidió disolverse e incorporarse al proyecto de un nuevo partido y ello se tradujo en una ruta más sencilla. Digo, porque siempre cabe la eventualidad de que alguno de los partidos de la izquierda pudiera resolver su incorporación al proyecto de Morena y transferirle su registro.

Por lo pronto, para las elecciones del 2015 quizá existan cuatro partidos autodefinidos como de izquierda. Y el nuevo partido y los tres existentes tendrían que precisar sus lazos de colaboración (o no). Bien podrían ir cada uno a la elección con sus propios candidatos, bien podrían optar por las fórmulas de coalición, o incluso podríamos ser testigos de coaliciones entre dos o tres partidos de la izquierda mexicana. Un escenario, sin duda, que propiciará competencia y/o colaboración entre cuatro referentes distintos. Separados, eventualmente, pueden definir mejor sus respectivos perfiles; pero también, quizá, podrían perder poder de atracción. (Las coaliciones son posibles además porque como cada partido aparece en su propio espacio en la boleta, no se verían obligados a negociar previamente el reparto de los votos, como sucedía hasta antes de la reforma de 2007).

Lo cierto es que luego de todos los esfuerzos unitarios que se iniciaron con la creación del Partido Socialista Unificado de México en el lejano año de 1981, y que dieron pie a diferentes partidos, coaliciones electorales y frentes legislativos, las izquierdas mexicanas llegan a una encrucijada que puede plantearse como una auténtica paradoja: son más fuertes que nunca en la sociedad y en las instituciones del Estado, pero su diversidad reclama definiciones capaces de trascender los grandes enunciados generales que las cobijan. Esto último porque los diagnósticos y propuestas que se abrigan bajo su manto no parecen ser compatibles o, por lo menos, no son compatibles en todo tiempo y lugar.

Creo que la situación las obliga a reconfigurar su política dentro de las dos grandes coordenadas que puso en el centro la modernidad: la libertad y la igualdad. Una combinación siempre tensionada que en nuestro caso supone el combate por la equidad social y el compromiso con nuestra incipiente democracia y la legalidad imperfecta, a la que habrá de modificar en los marcos que fijan la propia Constitución "y las leyes que de ella emanan".

LA MEJOR REFORMA FISCAL


MIGUEL CARBONELL

La legitimidad que el Estado tiene para cobrarnos impuestos depende de una condición inexcusable desde hace varios cientos de años: que todos los contribuyentes paguen y que no haya privilegios para algunos solamente porque sean amigos de los gobernantes. Esa premisa en México es inexistente y, por lo tanto, la legitimidad del Estado hacia los contribuyentes está muy deteriorada.
Es por eso que no está mal visto que alguien diga que evade impuestos o que le hace alguna que otra “trampilla” al Servicio de Administración Tributaria. La tolerancia social a ese tipo de prácticas ilegales es muy amplia: nadie le retira la amistad a una persona por haber confesado que dejó de pagar el predial o tenencia vehicular.
En ese contexto, la mejor reforma fiscal que uno pueda imaginar tiene como requisito que todos los obligados a pagar, efectivamente, paguen. El aumento en la recaudación  sería de tal magnitud, si eso se pudiera lograr, que podríamos construir escuelas, universidades, hospitales, carreteras, aeropuertos, dar becas, apoyar madres solteras, aumentar sueldos de los policías honestos (que los hay, por supuesto), etcétera. En realidad podríamos construir otro México.
Una forma de acercarnos a ese ideal es a través de la extensión de aquellas formas de impuestos que son fáciles de cobrar. Por ejemplo, es más fácil de cobrar un impuesto al consumo (como el IVA) que un impuesto a los ingresos (como lo es el ISR, calculo que depende de cada contribuyente de la forma en que haga sus deducciones y de muchas cosas más).
Por otro lado, también sería ideal que en estados y municipios hubiera mucho mayor rigor a la hora de cobrar los impuestos locales. Algunos estudios señalan que, por ejemplo, en el DF la mitad de hogares, hasta hace muy poco, no pagaba el servicio de agua, pese a lo barato que era. La OCDE ha insistido en varios de sus documentos sobre el bajísimo porcentaje que se recauda por concepto de impuesto predial (cuyo cobro corre a cargo de los municipios).
La idea central debe ser la búsqueda de la “universalidad” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cualquier otro resultado es algo semejante a un fraude a los miles de ciudadanos que sí pagamos y cumplimos a tiempo con nuestras obligaciones fiscales, pese a que no es fácil ni gracioso hacerlo.
Dicha “universalización”, además de un acto de evidente justicia, será un a condición indispensable para realizar en la práctica la promesa mayor alcance que durante su campaña hizo el presidente electo: la protección universal de salud. Recordemos que Peña propuso fusionar los sistemas de salud y financiarlos a través de impuestos y no como ahora, que existe un esquema de aportaciones tripartitas que nutren las arcas del IMSS y del ISSSTE (contribuyen los trabajadores, los patrones y el Estado).
Si la medida entra en funcionamiento supondrá un ahorro para las empresas de alrededor de 25 y 30% del costo de cada trabajador. Si a eso se suma la aprobación de esquemas más flexibles de contratación laboral, estaríamos ante la posibilidad de detonar la creación de millones de puestos de trabajo en los años siguientes.
El problema principal, sin embargo, reside en la forma de financiar ese nuevo esquema de protección social. ¿Qué impuestos se deberán aumentar y quiénes serán los contribuyentes que deban pagar? La solución más fácil sería aumentar la presión fiscal para las clases medias, que en su mayor parte se integran por “causantes cautivos” y complementar tales aumentos con medidas que castiguen a productos que impactan en la salud, como alcohol y tabaco. Pero esas clases medias son mayoritarias en México; su voto fue decisivo en el pasado proceso electoral y lo será en el futuro. Además, los causantes cautivos ya pagan niveles muy altos de impuestos, considerando el bajo nivel de servicios públicos que reciben a cambio.
La solución más correcta (aunque ciertamente mucho más compleja de implementar) sería apretar por el lado de la evasión y de la alusión fiscal. El primer ministro Mario Monti lo ha hecho en Italia y en menos de un año ha aumentado en 18% la recaudación. El margen de mejora en México puede llegar seguramente a esa cifra e incluso superarla. Ojalá la nueva administración federal y los gobiernos locales tengan el arrojo y la decisión suficientes para hacerlo, en beneficio de todos los mexicanos.

¿MISCELÁNEA LABORAL?


CIRO MURAYAMA RENDÓN

Uno de los consensos de nuestro debate público de los últimos años consiste en señalar la necesidad de una reforma laboral. En este tema el lugar común dentro de la corriente hegemónica en la opinión publicada y en los circuitos gobernantes es que urge flexibilizar el mercado de trabajo. Sin embargo esa propuesta, que ya es más una consigna, no se hace cargo de que la flexibilidad en la ley laboral sólo incorporaría a la norma lo que ya existe en la realidad: seis de cada 10 trabajadores subordinados se encuentran en los hechos en una situación de informalidad, que es el reino de la flexibilidad por excelencia.

Un debate más a fondo de la normatividad laboral debería de considerar, al menos, tres elementos.

Primero: uno de los mayores rezagos del cambio económico y político del país se ubica en el ámbito del mundo del trabajo. A diferencia de lo que ha ocurrido en el campo de la representación política y de la vida electoral, en el terreno laboral los viejos lastres de los años 70 del siglo XX, y aun antes, continúan y se han exacerbado. El más notable es la presencia extendida de contratos de protección que hacen nulos los derechos de representación colectiva y hacen de México un país sin diálogo social entre los factores productivos. El debilitamiento de la representación de los trabajadores y la reducción de la participación de los salarios en el PIB revelan que el peso de la organización de la sociedad civil directamente relacionada con el ingreso de la mayoría de la población (los sindicatos) se ha erosionado. La ausencia en la agenda pública, y por tanto política, del tema del ingreso de los trabajadores explica en parte el deterioro de las condiciones de vida y también sirve para entender la insatisfacción con la germinal democracia mexicana: el cambio político sigue sin dar resultados tangibles para el día a día de la gente. La situación del empleo no puede disociarse del tema mayor de la calidad de nuestra democracia. Una población empobrecida y con empleo precario genera una ciudadanía desafecta con la democracia. Esta es una reflexión ausente en la propuesta de reforma laboral.

Segundo: es falso que los problemas económicos del mercado de trabajo se expliquen básicamente por la legislación laboral. El bajo crecimiento de la productividad del trabajo, el estancamiento del empleo formal, la informalidad y el desempleo crecientes no se deben en lo fundamental a la actual reglamentación, pues con estas normas también creció el empleo asalariado, mejoraron las remuneraciones y aumentó el PIB sin generar desequilibrios macroeconómicos durante décadas. Por el contrario, la contracción de la inversión como porcentaje del producto nacional, la pervivencia de una política fiscal procíclica y de una política monetaria que castiga la competitividad de los productos nacionales —por la sobrevaluación del peso— son la causa principal del pobre desempeño económico, y no hay economía estancada que genere empleo de calidad. Ergo, los problemas del mercado de trabajo se deben en su mayor parte a las insuficiencias y errores de la política económica, más que a las obsolescencias de la legislación laboral.

Tercero: sí, hay que cambiar el marco normativo del trabajo pero a fondo. Toda reforma toca intereses y entre más profunda es la reforma mayores son los intereses que afecta. La iniciativa de reforma del Presidente no inquieta a los actores que más han lucrado con el statu quo, a saber, los titulares de los contratos de protección que chantajean a empresarios y confiscan los derechos de los trabajadores. La libertad sindical plena —por la que todo mundo en principio aboga— se conseguirá cuando haya genuinos tribunales laborales y cuando desparezca la “toma de nota”, que es la potestad fáctica del gobierno para reconocer a los sindicatos a modo. Pero la creación de un auténtico sistema de justicia laboral pasa de noche por la iniciativa que se discute en el Congreso.

No habrá una reforma laboral de mayor calado si no se modifican los cimientos del corporativismo y de la simulación a través de las Juntas de Conciliación que permite el artículo 123 constitucional. Cambiar lo cosmético, flexibilizar lo que ya es flexible, nos llevará a inaugurar una suerte de miscelánea laboral, pero los intereses dominantes que afectan las relaciones de trabajo permanecerán intactos.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

MAHOMA, LAS CARICATURAS Y LOS PIRÓMANOS


PEDRO SALAZAR UGARTE

Si sacamos la cabeza de la arena nacional descubriremos que también afuera existen buenas razones para inquietarnos. Es más, si lo que queremos es distraer a nuestro pesimismo, podremos constatar que las verdaderas razones para preocuparnos están afuera. La crisis de las caricaturas de Mahoma promete continuar en una espiral creciente de violencia sin término y con seguir cavando, aun más hondo que otros eventos de mayor gravedad (Guantánamo, Abu Grahib), la brecha que separa artificialmente a Oriente de Occidente. Y esto, tarde o temprano, nos afectará a todos. Esta convicción explica las siguientes reflexiones sobre los posibles resortes de una aparente irresponsabilidad periodística que puede terminar provocando un gran incendio.

Lo primero que conviene reconocer es que todos tenemos nuestros símbolos. Ciertos objetos, lugares, imágenes, eventos, canciones... Poco hay de racional en el abrazo que nos ofrecen: construimos su significado en complicidad y nos reconocemos en su sentido. De ahí la importancia de los ritos, de las ceremonias y de las banderas. Y por eso los adolescentes se ponen o se quitan una pulsera, se tatúan la espalda o se pinchan el ombligo. La frontera de la pertenencia sigue el contorno del símbolo: eres o no eres, estás o dejas de estar por la manera en la que te relacionas con ciertos objetos o con su representación. De hecho, la iniciación pasa por la decodificación y el descubrimiento, por la apropiación de los símbolos del grupo. Por eso la crudeza de la no pertenencia, de la exclusión que surge de la incapacidad o de la ignorancia para descifrar el valor de lo simbólico. 

Todos nos hemos sentido extranjeros en alguna parte; a todos nos han sometido a la prueba del lenguaje de los iniciados. Y, también todos, humanos somos, hemos negado membresías y objetado convivencias por razones de incompatibilidad simbólica (“el que esté libre de prejuicios... ”). De ahí proviene la necesidad de reconocer y de distinguir los símbolos que cuentan en un contexto determinado y, conviene advertirlo, de ahí también los peligros que duermen detrás de la construcción de identidades simbólicas (la pandilla, el clan, la nación, la iglesia, la cofradía, la secta, etcétera). Podemos indagar el sentido de los símbolos y cuestionar su valor o pertinencia; podemos, quizá debemos, combatir su fuerza mistificadora; pero mal haríamos en desconocer su existencia objetiva y su valía relativa.

En estos días aciagos de creciente confusión en el plano internacional escucho de voces atendibles, más o menos sensatas, el eco del consejo de Calogero que nos invita a respetar a las personas, no a sus ideas. Se trata de una premisa para iniciar el diálogo racional, sensato y prudente que tanta falta nos está haciendo. Difícil negar que el respeto al interlocutor es la condición de base para la discusión y que el espíritu crítico es la cuña de la razón. Pero no es fácil la teoría, ni pacífica la práctica. La palabra respeto, en el contexto de la idea, causa confusiones porque no vale igual para las personas que para sus ideas: faltar al respeto tiene un significado distinto en cada caso. 

En concreto, la incitación a la adopción de una actitud irrespetuosa ante las ideas ajenas supone, en una aparente paradoja, el reconocimiento de su valor como algo que es digno de ser discutido. Podemos reproponer la idea en los siguientes términos: si le falto el respeto a tus ideas es porque creo que, aunque no se sostienen, son atendibles. Y, además, las enfrento mediante ideas razonables y, a su vez, criticables. Sólo de esta forma es posible conciliar la irrespetuosidad a las ideas con el respeto a las personas. 

Si, por el contrario, respondo a las ideas ajenas con una trompetilla o me mofo de los símbolos que las recogen, será difícil alegar que el pitorreo se limita a las ideas y deja a salvo a sus defensores. 

La fragilidad de los contrapesos que sostienen al desequilibrio mundial aconseja revisar con esta lupa el lúcido principio ilustrado. Debemos empezar por recuperar el respeto por ciertas ideas que se están quedando huérfanas de promotores. Y la primera de ellas es el reconocimiento de fondo al valor que pueden tener para otros ciertas ideas que yo no comparto o que no entiendo. Es verdad que no toda idea vale lo mismo, pero lo que tiene un valor equivalente es el derecho de cada cual a tener y sostener sus propias ideas. Reconocer ese valor, conocerlo, no supone compartir las convicciones ajenas ni hacer propias las razones que las sostienen; lo único que implica es la aceptación de que esas ideas que no compartimos y que criticamos tienen un valor para quienes las sostienen. La verdadera tolerancia está inspirada en esta aceptación: toleramos ideas, símbolos, acciones que no compartimos y, es más, que nos desagradan en aras del respeto a las personas y de un principio orientado hacia la convivencia pacífica que echa raíces en el derecho a la legítima diferencia. Cuando este reconocimiento es mutuo están dadas las condiciones para un diálogo verdadero en el que todos los interlocutores, comenzando por nosotros mismos, estamos dispuestos a defender nuestras ideas pero también a modificarlas. Pero mientras el diálogo sólo es posible cuando el reconocimiento es recíproco, la tolerancia no necesariamente lo es. Por eso es tan difícil y tan relevante delimitar los lindes de lo tolerable que trazan la frontera que separa lo que puede hacerse o decirse legítimamente de lo que no debe ser tolerado. 

Todo esto adquiere sentido dentro de un contexto determinado. Pensemos en algunos símbolos que son ideas o la representación de ideas. Un pedazo de tela que se utiliza, pongamos, para cubrirse la cabeza, en abstracto, no tiene más que un sentido práctico o estético. Pero, en concreto, puede ser el receptáculo de un enorme valor simbólico. 

Basta con echar una ojeada al intenso debate que acompañó a los trabajos de la Comisión Stasi y que sigue dando de qué hablar en Francia para darse cuenta de que la hijäb o chador (que no son conceptos idénticos porque, aunque se refieren al mismo objeto, tienen diferentes significados) es mucho más que un pañuelo. Pero no hace falta forzar demasiado nuestros referentes culturales: de las “madres de Plaza de Mayo”, siempre quedará una blanca pañoleta como imborrable símbolo de dignidad y desconsuelo. Sólo para el ignorante será ajeno el valor simbólico de estos objetos. Para los demás, para los que saben y entienden, será pertinente discernir sobre la naturaleza discriminatoria o incluyente del también llamado “velo islámico” y hará sentido encontrar dibujado un pañuelo anudado en la explanada que conduce a la Casa Rosada. 

En esos contextos, para tratar ciertos temas, el respeto sólo será posible si se reconoce la dimensión simbólica. ¿Podemos imaginar la construcción de un diálogo sobre el futuro de la Argentina, que incluya a las madres y abuelas de los desaparecidos, si en aras de la libertad de expresión que debe orientar la discusión exigimos que nos permitan utilizar ese pañuelo para limpiar ciertas botas?

Algunos temas nos conducen, aunque intentemos resistirnos, por la ruta de los lugares comunes: la civilización occidental, nuestra civilización, funda sus cimientos en las libertades fundamentales. De hecho, algunas libertades, de forma destacada la libertad de expresión, se han convertido en un símbolo de la civilización misma. Nuestra identidad colectiva pasa por el reconocimiento de este derecho que es una especie de patrimonio individual con pretensiones universales. Pero no es un derecho absoluto. Y no lo es, no puede serlo, porque no es el único bien valioso sobre el que se funda nuestra cultura político/jurídica y porque, como todos los valores sociales, es producto de una historia y se despliega en un contexto. Sólo así podemos entender que los tribunales austriacos condenen al historiador Irving por negar la Shoah, el Holocausto. 

Más allá de lo discutible de la sanción (en lo personal creo que los excesos de opinión deben ser objeto de sanciones administrativas, nunca penales) el mensaje es contundente: la libertad de expresión no está por encima de la verdad histórica y no puede ser un instrumento útil para quienes, negando la dimensión de lo ocurrido, fomentan el resurgimiento del régimen que negó de la manera más rotunda a las propias libertades. El espectro de Hitler, que se aprovecha de las libertades de la República de Weimar para destruirlas, se pasea detrás de la decisión. Auschwitz, Treblinka, el gueto de Varsovia son lugares que evocan eventos que se han convertido en símbolos que no podemos darnos el lujo de negar. Respetar su significado es una condición necesaria para entablar un diálogo respetuoso en y con Occidente.

Regresemos a la importancia del contexto. Probablemente en México no pasaría de ser una idea de pésimo gusto el uso de una referencia bíblica en el sentido siguiente: al que reparta preservativos “que le cuelguen una piedra de molino al cuello y que lo tiren al mar”. Pero en Argentina, después de los “vuelos de la muerte” y viniendo de un obispo castrense, Antonio Baseotto, fue causa de una enorme crispación política y social. 

Ciertas cosas son algo más que un exceso en ciertos lugares y en ciertos momentos. 

Una cosa es el uso y otro el abuso de las libertades: es cierto que la libertad de expresión alcanza para decir esta y otras barbaridades pero no debe servir como escudo para proferirlas impunemente. Al margen de las instancias legales, en una sociedad democrática estos excesos deben ser objeto de una tajante reprobación política y, desde una perspectiva laica y positiva, de una amplia censura moral. De lo contrario las libertades terminarán consumiéndose a sí mismas. Cuando un periódico europeo representa y ridiculiza a Mahoma y cuando, pocos días después, un ministro del gobierno italiano muestra en la televisión que lleva puesta una camiseta con las viñetas del escarnio, no podemos valorar el significado simbólico de la caricaturización del profeta como si hubiera tenido lugar en la luna en el siglo cero. La magnitud del exceso se mide en un contexto específico: el mundo post 11 de septiembre, el de Bush, de Bin Laden y de la guerra al terrorismo. 

Si se trata o no de un símbolo religioso es irrelevante cuando, como lo demostraron las estúpidas quemas de banderas, consulados y embajadas en algunos países de Medio Oriente, lo que importa es que existen grupos organizados y financiados para aprovechar el pretexto que les permita encender la mecha. En este contexto respetar ciertos símbolos es una cuestión de responsabilidad, no de principio; el límite de lo tolerable no pasa por la reciprocidad, sino por la prudencia. Después de todo, si el mundo se incendia, de poco nos servirá saber que la mitad de los pirómanos amaban, o decían amar, las libertades.

ARGUMENTOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL


MARÍA DEL CARMEN ALANÍS 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la demanda en la que se solicitó invalidar la elección presidencial. Los agravios se declararon infundados. Desde entonces, los medios de comunicación han recogido críticas esbozadas por actores políticos, líderes de opinión, académicos y activistas. Si bien es plausible este torrente de puntos de vista, algunos reflejan un conocimiento sólo parcial de la sentencia. A continuación se discuten algunos argumentos desinformados.
1) El TEPJF perdió el tiempo haciendo un recuento de votos que nadie le pidió. Lo cierto es que se recibieron 378 juicios de inconformidad en los que se solicitó el recuento de 70 mil 341 casillas y la nulidad de 33 mil 665. Todas las solicitudes fueron estudiadas.
2) El TEPJF no cumplió con su deber de “limpiar la elección”. Lo cierto es que la calidad de la información sobre los votos recibidos se fue depurando paso a paso. El Tribunal realizó recuentos en aquellas casillas que cumplieran con los requisitos de ley y que no hubieran sido previamente recontadas durante los cómputos distritales del IFE. En conjunto, IFE y TEPJF recontaron cinco veces más casillas en 2012 (75 mil 594) que en 2006 (14 mil 585).
3) El TEPJF no asumió su jerarquía de Tribunal Constitucional y se conformó con la literalidad de la ley. Lo cierto es que para anular una elección la ley exige que 25% de las casillas se anule, pero ello sólo ocurrió en el 0.38% de los casos. A pesar de ello, el Tribunal Electoral estudió las posibles violaciones a principios constitucionales que adujo la coalición Movimiento Progresista, precisamente porque reconoce su calidad de garante de la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y acuerdos en materia electoral.
4) El TEPJF no fue exhaustivo en la valoración de pruebas. Lo cierto es que todas fueron estudiadas y revisadas, sin excepción. Ninguna acreditó la violación a principios descrita en la narrativa de los actores.
5) El TEPJF se negó a allegarse elementos y ampliar investigaciones. Lo cierto es que la obligatoriedad de que los actores prueben sus dichos es una condición del debido proceso y una disposición de ley. Además, los tribunales tienen que salvaguardar el equilibro procesal entre las partes. El Tribunal no puede sustituirse en autoridad fiscalizadora (atribución del IFE), pero sí utilizó sus facultades para mejor proveer, a partir de las cuales conoció de los avances de la Unidad de Fiscalización, de los cuales —hasta ese momento— no se desprendió violación alguna a principios.
6) Los promocionales difundidos en TV se compraron rebasando el tope de campaña. Lo cierto es que los spots se transmitieron en tiempos oficiales, por lo que los partidos no debieron erogar recursos.
7) Las pruebas entregadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demuestran compra del voto. Lo cierto es que no se puede asumir automáticamente que los artículos utilitarios que entregan todos los partidos persigan siempre esa finalidad. Tampoco se logró acreditar que las tarjetas del acervo probatorio hubieran sido entregadas a los posibles votantes, ni mucho menos que ello se hubiera efectuado a cambio de un voto (coacción).
8) El TEPJF apresuró la calificación de la elección, lo que le impidió conocer los resultados de la fiscalización del IFE. Lo cierto es que la ley exige al Tribunal calificar la elección a más tardar el 6 de septiembre, plazo que —por cierto— es uno de los más generosos del mundo.
9) La sentencia del TEPJF exonera a la coalición Compromiso por México de cualquier rebase en los topes de campaña. Lo cierto es que las investigaciones del IFE siguen su curso y se están realizando con respeto a los tiempos que la ley otorga a los entes auditados para su defensa.
La sociedad debe tener claridad en las razones que sustentan las decisiones de los órganos jurisdiccionales. De ahí la importancia de eliminar argumentos desinformados, para que la lectura que se haga de las resoluciones más importantes pueda encontrar basamento en la realidad.

martes, 18 de septiembre de 2012

ALGO PEOR


JORGE ALCOCER

Cada que legisladores y gobernantes se ven enfrentados a las incapacidades de las instituciones que han creado o encabezan, proponen crear una comisión ciudadana o un organismo público autónomo. Para bien de la República la mayoría de tales iniciativas y propuestas han quedado en la congeladora, o en el archivo muerto; otras, pocas, han dado lugar  a positivas experiencias.

Primeras en tiempo fueron las universidades públicas, "a las que la ley otorgue autonomía", que se entiende como "la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas" (artículo 3o. constitucional, reformado en junio de 1980).

Correspondió al presidente Salinas (agosto de 1993) promover la autonomía del Banco de México, establecida en el artículo 28 de la Constitución en los términos siguientes: "El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración".

En agosto de 1996 el presidente Zedillo promulgó el decreto de reformas constitucionales en materia electoral, por el que se otorgó autonomía al IFE (artículo 41) en los siguientes términos: "La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios(...)". En el artículo 116 esa autonomía se hizo extensiva a los institutos electorales locales.

En agosto de 1999 el mismo Zedillo promulgó la reforma al artículo 102, apartado B, de la Constitución, para establecer, respecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que "contará con autonomía de gestión y presupuestaria". Tal calidad se extiende a las comisiones estatales y del DF.

Finalmente, en abril de 2006, Vicente Fox promulgó el decreto por el que se otorga autonomía al INEGI; el apartado B del artículo 26 constitucional otorga a ese organismo "autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios".

En años posteriores varios organismos públicos desconcentrados han sido dotados, por ley, de "autonomía técnica y de gestión"; son los casos de comisiones reguladoras, como la Federal de Competencia (Cofeco); Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) o la Reguladora de Energía (CRE) que si bien derivan su existencia de artículos constitucionales, no están contempladas como tales en la Carta Magna. En varios casos la autonomía se define también como "operativa" o "de gasto", en una evidente heterogeneidad normativa.

Tratándose del derecho a la información el artículo 6o. de la Constitución determina los principios y bases que rigen para la Federación, los Estados y el Distrito Federal, sin mencionar al organismo responsable de garantizar el ejercicio de ese derecho. Sin embargo, la Ley en la materia define al IFAI como un "órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión..." (artículo 33).

La iniciativa presentada por el Presidente electo, vía los senadores del PRI/ PVEM, para otorgar autonomía constitucional al IFAI, establece que éste será un "organismo autónomo, especializado e imparcial", para luego añadir que está dotado de "autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna". Se trataría de una nueva y rebuscada definición de autonomía, llevada al texto constitucional.

Sin menoscabo de los propósitos de la mencionada iniciativa, el Congreso de la Unión haría bien en encontrar para el IFAI una definición de "autonomía" acorde a las que ya están contenidas en la Constitución para otros organismos, en lugar de seguir abonando a la disparidad normativa. Por otra parte, si un objetivo es garantizar la plena independencia de los comisionados del IFAI respecto de la Administración Pública Federal, y de quien la encabeza, lo idóneo es que el Presidente no intervenga en el nombramiento de aquellos.

Cabe tener presente que los comisionados del IFAI, como los consejeros electorales del IFE, son funcionarios públicos profesionales, sujetos a la Constitución y las leyes. La distinción que hace de los ciudadanos depositarios de todas las virtudes y de los políticos y servidores públicos fuente de todos los males, es una falacia.

Como decía Héctor Aguilar Camín, "solo hay algo peor que un político profesional; uno no profesional".