sábado, 30 de junio de 2012

¿¿¿PROCURADOR???


ANA LAURA MAGALONI

"Esta noche quiero decir aquí en Jalisco, con total convicción, que al ganar la Presidencia invitaré al Presidente Calderón para que encabece la Procuraduría General de la República". Estas son las palabras de Josefina Vázquez Mota en su cierre de campaña en Zapopan, Jalisco, el pasado miércoles. Las leo y las vuelvo a leer y mi desconcierto sólo va en aumento. La Presidencia, hasta donde yo entiendo, es un puesto terminal. Ser ex presidente de México significa el privilegio de haber ocupado el cargo público más importante del país. El puesto más deseado, más competido, de mayor impacto y al que sólo llegan muy pocos respecto del enorme universo de personas que desearían ocupar ese cargo. Ofrecer a Calderón la PGR no parece, por tanto, un elogio para el Presidente. Todo lo contrario, en mi opinión es una propuesta que demerita la jerarquía de cualquier ex Presidente. Entonces, si no se trataba de echarle flores al Calderón, ¿qué mensaje político quería mandar Josefina al electorado con este ofrecimiento tan atípico y perturbador?
A mí me resulta desconcertante la propuesta de Josefina porque si tuviese que elegir el área de la administración de Calderón con mayores saldos negativos y atrasos, sería precisamente el rubro de procuración y administración de justicia. Calderón siguió una estrategia de seguridad basada en la supuesta disuasión de los delincuentes a través del ejercicio de la fuerza pública. No fue una estrategia basada en acusaciones, procesos penales y aplicación de la ley. La procuración de justicia, como lo dijo Calderón en varias ocasiones, no formaba parte del corazón de su estrategia. Por ello, el presupuesto de la PGR durante casi todo el sexenio se mantuvo estático, no hubo ningún intento serio de reformar la institución, ni tampoco hubo un espacio de poder real para que el procurador/procuradora ejercieran el control y fiscalización sobre la actuación de policías y Fuerzas Armadas. Ello explica en parte el aumento acelerado a las violaciones de derechos humanos de los detenidos durante este sexenio. Además, la PGR sistemáticamente incumplió su obligación de perseguir los delitos violentos (homicidios, lesiones y secuestros), que, por tratarse de delincuencia organizada, le correspondería investigar y consignar. El argumento de que esos delitos eran del orden local, pero, al mismo tiempo, eran producto del pleito entre organizaciones criminales es un contrasentido. Si realmente eran competencia de las autoridades locales, entonces no podrían ser atribuidos a las organizaciones criminales. Lo que hizo durante todo el sexenio la PGR es rehuir a ejercer las facultades y responsabilidades que la Constitución y la ley le confieren. Se dedicó, por tanto, a perseguir delitos contra la salud y dejar en manos de las colapsadas autoridades locales la persecución de delitos que realmente lastiman a los ciudadanos como homicidios y secuestros producto del crimen organizado.
La administración de Calderón tuvo importantes aciertos en otros rubros distintos a la PGR, por ejemplo, en el manejo cauteloso de la macroeconomía en medio de la crisis mundial, la mayor cobertura del sistema de salud y de vivienda o el fortalecimiento de la Policía Federal, entre otros. ¿Por qué, a Josefina, se le ocurrió elegir "el frijol negro en el arroz" como lugar de reconocimiento a la gestión del presidente Calderón? ¿Qué significa ello respecto de la capacidad crítica del PAN para saber dónde están sus aciertos y sus desaciertos?
En realidad mi preocupación tiene poco que ver con Calderón y el PAN, y mucho que ver con lo que creo debe ser una agenda inmediata de reformas y decisiones que el próximo presidente de México debe tomar. En los años que llevo estudiando el sistema de procuración y administración de justicia, nunca había constatado un retroceso autoritario como el que estamos viviendo. Los policías, federales y locales, han vuelto a institucionalizar la incomunicación y maltrato a detenidos como método de investigación y los MP y jueces son simples ratificadores legales de la arbitrariedad.
Me parece increíble, por ejemplo, que los dos jóvenes, Félix Beltrán León y Kevin Daniel Beltrán Ríos, detenido el primero por ser hijo de El Chapo, continúen arraigados en la SIEDO, después de que la DEA claramente dijo que se trataba de otra persona. La Marina y la PGR tendrán problemas para dar una explicación razonable con respecto a lo que a todas luces parece una siembra de armas en la casa de los detenidos. El abogado defensor de los dos jóvenes asegura que hasta la fecha no ha podido hablar con sus clientes. Este tipo de abusos son propios de un régimen autoritario.
Este es uno de los pocos casos que conocemos por la prensa. En las entrañas del sistema de procuración e impartición de justicia hay miles de personas, anónimas en términos mediáticos, que padecen acusaciones falsas y mal hechas con las que todos los días se dictan sentencias que significarán varios años en prisión para ellos y una tragedia y desfalco para toda su familia.
Necesitamos urgentemente que el próximo presidente de México crea que es la ley y no la coacción la forma en que el Estado construye su autoridad y que, por tanto, una PGR creíble, potente y honesta es una pieza clave en su gobierno.

viernes, 29 de junio de 2012

LA OMISIÓN LEGISLATIVA Y LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

Continuando con mi reflexión respecto del tema que titula este artículo, estoy convencido de que no existe omisión legislativa cuando los Municipios gozan de libertad de autoorganización y autorregulación, en casos como el que vengo comentando.
Sobre ello, debe recordarse que la reforma del 23 de diciembre de 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal, tuvo por objeto el fortalecimiento del Municipio, como orden de Gobierno y, en lo que al caso interesa, el fortalecimiento en específico de su facultad reglamentaria en las materias mencionadas en su fracción II, además de la limitación del contenido de las leyes estatales sobre cuestiones municipales.
Sobre esta misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha buscado fortalecer al Municipio y, desde que resolvió las primeras controversias constitucionales promovidas por Municipios después de dicha reforma, entre las que destacan las controversias 12/2001 y 14/2001, de los Municipios de Tulancingo de Bravo y Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, determinó que a los estados les corresponde sentar las bases generales, a fin de establecer un marco normativo homogéneo para todos los Municipios, que asegure su funcionamiento, pero únicamente en aspectos que requieran uniformidad, en tanto a los Municipios les corresponde regular cuestiones medulares de su propio desarrollo, a través de normas específicas que, sin contradecir esas bases generales, rijan dentro de su jurisdicción.
Dicho en otras palabras, los Municipios deben ser iguales en lo que es común a todos, pero tienen el derecho de ser distintos en lo que es propio a cada uno de ellos, por lo que no es aceptable que los estados, con apoyo en la facultad legislativa con que cuentan para regular la materia municipal, intervengan en las cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que esto les está constitucionalmente reservado a éstos.
Ahora bien, en el estado de Nuevo León -que fue el caso que analizamos en la controversia constitucional 61/2010- tanto la Constitución Local como la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, prevén la creación de los órganos de lo contencioso administrativo municipal en aquellos Municipios que decidan contar con órganos de este tipo, así como las bases generales a las que deberán estar sujetos estos órganos, las cuales son homogéneas en todos aquellos Municipios que decidan crearlos y consisten en lo siguiente: (i) que sean autónomos, (ii) sin subordinación jerárquica a la autoridad municipal, (iii) con facultades plenas para el pronunciamiento de sus fallos y para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública municipal, central o paramunicipal, y los particulares, (iv) con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.
Siendo, por tanto, facultad y no obligación de los Municipios crear o no estos órganos, en mi opinión, corresponde a éstos el desarrollo de cuestiones específicas relacionadas con la integración, funcionamiento y atribuciones de los mismos, adaptándolas a su propio contexto, las que, si bien pueden ser distintas en cada Municipio, atendiendo a aspectos y necesidades particulares de cada uno de ellos, no pueden contravenir, desde luego, las bases generales antes referidas.
Consecuentemente, desde mi punto de vista, no existe omisión por parte del Poder Legislativo del Estado, pues son los Municipios -concretamente, en el asunto que resolvimos, el de San Pedro Garza García- los que, en caso de que decidan contar con órganos de lo contencioso administrativo municipal, deben determinar su integración, funcionamiento y atribuciones, en un reglamento que al efecto expidan, de acuerdo con la libertad de autoorganización y autorregulación de que gozan, en términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal y de la interpretación que la Suprema Corte ha sostenido en relación con este precepto constitucional.

POR ENCIMA DE LOS CANDIDATOS

RAÚL CARRANCÁ

Votar por un candidato porque es guapo, simpático, agradable, o porque es mujer, o porque simple y llanamente se cree en él, es reducir el voto a su mínima expresión. Votar no es cuestión de fe ni de oportunidad. No debe serlo. Ya sé que hay quienes dicen y sostienen que en la dinámica electoral el ciudadano se inclina cada día más a votar por las personas que por los partidos. ¿Y la ideología, dónde queda la ideología? Es decir, la plataforma de pensamiento en que se apoya el candidato y, por supuesto, su partido. ¿La conoce el elector, la ha estudiado con detenimiento? El hecho es que por encima de los candidatos hay algo imponderable, sutil, que tiene que ver con las ideas y más en concreto con el pensamiento. En este sentido votar debería ser pensar. ¿Cuántos de los que votarán por el PRI, por el Partido Verde, por el PAN, por el PRD, por el Partido del Trabajo o por el PANAL conocen su declaración de principios, su ideología? Lo cierto es que un elevado número de electores los desconocen, ignorando que votarán por un proyecto de nación en el amplio espectro de las opciones ideológico-políticas. Su voto, en consecuencia, será un voto a medias, imperfecto. Y lo grave es que cuantitativamente hablando pueden ser mayoría al elegir una de aquellas opciones políticas que se presentan. La gran pregunta es si ésta es la democracia o si debe ser así la democracia. La verdad es que pocos, siempre pocos, se ajustan a los principios originales de la democracia, o sea, a lo justo para definir el destino de un país. Por eso yo distingo entre el voto meramente visceral y el razonado.
Ahora bien, el próximo domingo primero de julio reclama, exige, habida cuenta de las circunstancias difíciles y hasta dramáticas por las que atraviesa México, un voto razonado y atento a la ideología política con la que se identifique el elector. En tal orden de ideas son claras las expectativas, que a mi juicio se reducen fundamentalmente a dos, aclarando que desde luego la diversidad de creencias políticas es la que le da valor y sentido a la democracia. Al respecto y desde el punto de vista sociológico hay, digamos, varios Méxicos que en resumen equivalen al que se inclina hacia la derecha o al que se inclina hacia la izquierda, obviamente con sus variantes y matices. ¿Qué quiere el elector, recordando un poco sus clases de civismo y de historia? No es que yo pretenda revivir la vieja lucha entre liberales y conservadores, aunque el llamado pasado nos enseña que los nombres, los adjetivos, al final de cuentas no hacen sino revelar algo que escapa a la propia denominación; no es que yo quiera revivir esa lucha, digo, pero guste o no México se ha forjado en el enfrentamiento de dos grandes corrientes. No hay más que ir a las páginas de la historia para constatar que la trayectoria nacional halla su expresión o símbolo en la Reforma, que es y seguirá siendo el crisol donde se fundió la patria. E incluso los grupos más retardatorios se tienen que apoyar en ella, evocando sus principios y valores. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto al PAN, a sus prohombres y afiliados, exaltar a Juárez o a la Revolución? Es que la Reforma representa algo irrenunciable, es el tronco del árbol que nutre ramas y hojas de la vida nacional. Pero volviendo al punto, aunque haya varios Méxicos, como tengo dicho, en rigor sólo hay uno. O sea, la disimilitud o desemejanza sirve para forjar un país, para aglutinar tendencias y visiones diferentes. Sin embargo, y como en un cuadro, al final aparece el lienzo ya completo y uniforme. ¿Cuál es el cuadro de la Nación Mexicana? Hay que meditar muy seriamente en esto. Hay que romper las barreras del egoísmo y entender que el bienestar propio y común no puede ser ajeno al árbol genealógico de la República. Pretender lo contario es propiciar el divisionismo. En consecuencia, fijémonos muy bien en las ideologías para no caer en la tentación que deslumbra y aparta del camino.
En suma, la palabra izquierda, que por desgracia asusta a tantos, no es sino el sinónimo del reformismo que se aleja tanto de los partidos conservadores como de los centristas. Pensemos en ello el próximo primero de julio. No nos estanquemos, procuremos el cambio verdadero.

¿ESTÁ CUMPLIENDO CON SU TRABAJO LA SECCRETARÍA DE GOBERNACIÓN?

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

Realmente me encuentro con que he pasado muchos años trabajando en el Poder Judicial de la Federación. En la época en que era Juez de Distrito en el Distrito Federal, a cargo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, había en la Secretaría de Gobernación un director jurídico que ahora pienso hacía perfectamente su trabajo. El Secretario de Gobernación era el profesor Olivares Santana y del director jurídico he olvidado su nombre, pero sí recuerdo que tenía las siguientes reglas en cuanto a la pornografía. Según el diccionario: “pornografía es la representación o descripción de cosas obscenas con el fin de excitar morbosamente la sexualidad”.
El director jurídico era en aquél entonces, presidente de una comisión encargada de aprobar, en su caso, las revistas que se vendían o se publicaban en México, y me comentaba lo siguiente: —si el cuerpo femenino o masculino muestra el órgano sexual es pornográfico—. Prohibía todas aquellas revistas que no cumplieran con esa regla. Acabo de ver en la peluquería dos revistas que se venden en México en que se muestran fotografías de hermosas mujeres en las primeras páginas y en las interiores, estas mismas mujeres enseñan y abren sus vaginas para que se vea con todo cuidado las diferentes clases de vaginas que tienen. Yo pienso que esto es pornografía.
Recuerdo alguna observación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que decía:
para saber cuando algo es pornográfico, necesito verlo—. Y así las películas acusadas de ser pornográficas, debían exhibirse a los señores ministros de la Suprema Corte.
Desde entonces se estableció una sala para exhibir películas a fin de que los ministros norteamericanos pudieran decidir si se trataba de una película pornográfica o no.
En lugar de elogiar estas dos revistas que vi en la peluquería, creo que la Secretaría de Gobernación no está haciendo su trabajo.
Es cierto que la Secretaría de Gobernación puede hacer todo lo que le de la gana, pero esta institución no debe sobrevivir a esta clase de publicaciones que están lejos de ser artísticas, son verdaderamente lastimosas, eso levanta dudas acerca de la legitimidad de la Secretaría de Gobernación o al menos de sus actuales dirigentes.

¿GIRA MÉXICO A LA IZQUIERDA?

JOHN ACKERMAN

En un inesperado giro de los acontecimientos, la irrupción de un novedoso movimiento juvenil transformó el panorama de las elecciones mexicanas de este domingo. Hace apenas un mes, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, parecía destinado a obtener una cómoda victoria de dos dígitos que le permitiría retrotraer al país a sus antiguas prácticas políticas y sus vicios autoritarios. Unas pocas semanas de protestas estudiantiles contra el duopolio que controla la televisión nacional –al que acusan de querer imponer la imagen de Peña Nieto a los votantes–, así como una serie de escándalos de corrupción, bastaron para que el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador avanzara significatívamente en las encuestas.
El movimiento “#YoSoy132” tiene mucho en común con las movilizaciones que sacudieron al mundo durante el último año y medio, aunque con un matiz propio. Al igual que en Egipto, España y Estados Unidos, el uso masivo de Twitter, Facebook y demás redes sociales facilitó la organización de marchas y protestas. A diferencia de la Primavera Árabe, sin embargo, los jóvenes mexicanos no protestaban contra los actuales gobernantes sino contra un candidato opositor. A diferencia también del movimiento Occupy y de los movimientos estudiantiles mexicanos del pasado, los manifestantes se cuidaron muy bien de no entorpecer el tráfico vehicular o usurpar espacios públicos.
El denominador común de “#YoSoy132” es la frustración con la falta de progreso que ha caracterizado a la lenta transición democrática mexicana. El país es hoy más violento, más corrupto y más inequitativo de lo que era en 2001, cuando el PRI fue desplazado por primera vez del poder en setenta años. Los siguientes doce años de gobierno del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), sólo dieron una capa de barniz a los clásicos modos autoritarios de su predecesor.
Cuando el PAN asumió el poder, la expectativa general era que el cambio traería más honestidad administrativa. Pero los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) rápidamente adoptaron las viejas mañas de cacicazgo, corrupción y clientelismo del PRI. Durante esos años, el puntaje de México en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional cayó del nivel (bajo) de 3.7, al abismalmente bajo de 3.0, el mismo de Malawi o Madagascar.
El amargo fracaso de la guerra contras las drogas, que produjo más de 60 mil muertos en los últimos cinco años, es el ejemplo más palmario de la debilidad institucional del estado. Esta debilidad es un legado del PRI, agravado por el PAN. De acuerdo con un estudio de la UNAM, sólo el 5 por ciento de los crímenes recibe algún castigo, mientras que, según una encuesta reciente de Gallup, sólo el 35 por ciento de los mexicanos confía en la policía. De 1,376 investigaciones de lavado de dinero realizadas por la administración Calderón entre 2007-2011, sólo 79 culminaron en alguna sentencia.
En semejante contexto, enviar 45 mil soldados a calles y autopistas del país sólo sirvió para provocar a los delincuentes y agravar la situación. La decisión de Calderón de privilegiar la fuerza bruta por sobre la fuerza de la ley ha desencadenado una peligrosa carrera armamentista entre el gobierno y los grupos del crimen organizado, así como una disputa territorial entre mafias de traficantes que ha destruido la estructura social en muchas partes de México.
Las administraciones panistas hicieron otras dos cosas muy graves: dejar de lado la larga tradición mexicana de separación de la Iglesia y el Estado y vulnerar el pacto cívico-militar que regía de hecho en el país desde la era post-revolucionaria. En efecto, el presidente Fox le dio a la jerarquía eclesiástica un protagonismo inédito en la vida política mexicana del siglo XX; en 2002, durante la última visita de Juan Pablo II, y en una sorprendente muestra de subordinación de un jefe de Estado a un mandatario extranjero, Fox se arrodilló y besó el anillo del Papa. La importancia simbólica de este hecho no es nada menor: uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana de 1910-17 fue limitar el poder económico, cultural y político de la Iglesia católica. Este año, en otro claro intento de capitalizar políticamente la presencia de un Papa, Calderón invitó a Benedicto XVI a visitar México apenas unos días antes del inicio de la campaña electoral.
Calderón abrió también la puerta de la política a los militares. En una región en donde golpes y guerras civiles han sido la norma, México se caracterizó durante más de medio siglo por la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Desde 1946 el Ejército se había mantenido al margen de la vida política; esto cambió a partir del momento en que Calderón dio poder a los generales con su desesperada “guerra contra las drogas”.
Históricamente, Iglesia y Ejército han sido los dos pilares del autoritarismo latinoamericano. Al devolverle poder a ambas instituciones, Calderón ha socavado los cimientos de la democracia mexicana, que de ahora en más puede verse amenazada cada vez que aquellas sientan que sus intereses están en peligro. El pueblo mexicano está ansioso por probar los frutos de la transición democrática; también está preparado para un verdadero cambio de régimen. Hace apenas un mes, el PRI parecía una opción creíble, con un candidato joven y telegénico que concitaba el apoyo de la corporación mediática y de los poderosos, y que cortejaba activamente al gobierno de Estados Unidos.
Pero la imagen de Peña Nieto se derrumbó rápidamente cuando éste quedó envuelto en una serie de escándalos de corrupción que lo pintaron como otro político corrupto de la vieja guardia. La DEA y el gobierno mexicano están investigando la posible complicidad con el cartel Los Zetas de tres exgobernadores del estado de Tamaulipas cercanos a Peña Nieto. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien Peña Nieto nombró presidente del PRI, dejó a su estado con una deuda de tres mil millones de dólares, también bajo sospecha de corrupción. Y este mes, tres asesores de alto nivel del candidato del PRI-PVEM fueron acusados en cortes estadunidenses de fraude por haber supuestamente robado dinero de la campaña.
El reciente informe sobre pagos que Peña Nieto habría realizado a las principales cadenas televisivas mexicanas para garantizar una cobertura positiva de su campaña, publicado por el diario británico The Guardian, ha mostrado que su imagen de político limpio es más un invento de los medios que una realidad. La vasta mayoría de los mexicanos se informa a través de la televisión, que está controlada por dos cadenas, Televisa y TV Azteca. Una de las principales demandas del movimiento #YoSoy132 es precisamente que estas cadenas dejen de lado su alevoso favoritismo por la candidatura de Peña Nieto.
La respuesta de Peña Nieto a estas adversidades ha sido remplazar su anterior mensaje de “cambio” por uno que lo presenta simplemente como “un ganador”. Ya no pretende representar algo nuevo. De paso, y para desvanecer sospechas en Washington de que de resultar vencedor el domingo negociaría un acuerdo con los grandes jefes narcos, el candidato anunció que el exjefe de policía colombiano Oscar Naranjo será uno de sus principales asesores. Naranjo fue el más alto funcionario policial durante la presidencia de Álvaro Uribe, y es considerado por algunos como un “agente especial” de la DEA.
La candidata del PAN, Josefinia Vázquez Mota, ha jugado por su parte la carta del género, poniendo el acento en que es “diferente” a los demás candidatos. A pesar del interés que despertó por ser la primera mujer que compite por la presidencia, las encuestas indican que Vázquez Mota está condenada a pagar los errores de doce años de administración panista.
López Obrador, que seis años atrás perdió la elección contra Calderón por poco más de medio punto (0.56 por ciento), llevó mientras tanto una campaña muy distinta a la que realizó entonces. En 2006, su postura anti-establishment y su inicial rechazo a aceptar los resultados del escrutinio asustaron a muchos; ahora propone un gobierno de unidad nacional basado en los principios del amor (sic). Dejando de lado el discurso clasista y estatista típico de otros líderes izquierdistas latinoamericanos, López Obrador ha dicho que, hoy, en México, ser de izquierda es ser honesto y ético.
López Obrador ha tenido también la audacia de nombrar a su gabinete antes de la elección. Varios de los nominados han estado ligados al PRI o al PAN, pero se alejaron desilusionados de esos partidos. Anunciando públicamente su apoyo a López Obrador, ellos han manifestado la esperanza de que éste se convierta en el equivalente mexicano de Luis Inacio “Lula” da Silva, el izquierdista que desarrolló la economía brasileña.
Como mencionamos anteriormente, lo que está en juego en esta elección es la supervivencia de la democracia mexicana. En el pasado, el presidente saliente designaba a su sucesor; hoy, los grupos de poder hacen lo mismo, pero mediante el control de la transición entre un presidente y el otro. Peña Nieto es el candidato que asegura la continuidad para las clases dominantes. Incluso el expresidente Fox y un exlíder del PAN han anunciado públicamente que apoyan su candidatura.
Independientemente de los puntos de vista y preferencias políticas de cada uno, y a pesar de la vaguedad retórica de López Obrador, su victoria podría traer un muy necesario cambio a la política mexicana y renovar las esperanzas en el futuro de la democracia. Una victoria de Peña Nieto, por el contrario, debería ser causa de alarma. La cuestión central a dilucidar este domingo es si las mismas élites que han manejado al país desde la década de 1940 lo seguirán haciendo, o si una verdadera oposición tendrá finalmente la oportunidad de gobernar.

EL PRÓXIMO DOMINGO

JORGE ALCOCER

Mañana terminan las campañas electorales; partidos y candidatos guardarán silencio y los ciudadanos dispondremos de jueves, viernes y sábado para reflexionar por quién habremos de votar el domingo. Todo está listo para la jornada electoral en que elegiremos Presidente, diputados y senadores; además, en 14 estados y en el DF habrá jornada coincidente para elegir autoridades locales.
El fin de semana Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto cerraron actividades en el DF, con actos multitudinarios de característica común: la movilización de miles de personas, llevadas en autobuses al sitio del evento. Mañana López Obrador mostrará el músculo en el Zócalo capitalino, ya veremos si la misma práctica se repite. No es la capacidad de convocatoria de cada partido lo que queda a la vista, sino la disponibilidad en caja para rentar autobuses y pagar a los promotores.
Mañana conoceremos los resultados de las últimas encuestas; la de este diario será motivo de especial atención, ya que las dos anteriores motivaron en López Obrador reacciones encontradas; primero una radiante felicidad, y luego un notorio entripado. Ayer terminó el plazo para el registro ante el IFE de las empresas que pretenden realizar encuesta de salida y conteo rápido el próximo domingo, habrá que revisar la lista.
A las encuestas pagadas por partidos prefiero dejarlas de lado, más aún si nadie tiene acceso a su metodología, cuestionario y reporte final. López Obrador dice que la suya lo coloca en primer lugar; es un asunto de fe. Si él insiste en repetir el autoengaño del 2006, seguramente es por las mismas razones de entonces.
Concluidos los 90 días es evidente que partidos y candidatos no se prepararon para atender las consecuencias del recorte del plazo de campaña a la mitad, ni para un uso del tiempo de televisión y radio que guardara relación con sus campañas en tierra. Uno y la otra transcurrieron por cauces separados, incluso algunas veces contradictorios, lo que fue más evidente en los casos de López Obrador y Josefina. Peña Nieto se apegó al guión y, salvo contadas excepciones, decidió no confrontar a sus dos adversarios.
Tema por discutir y atender es el de los debates; una falsa polémica sembró todo tipo de dudas sobre su realización y difusión; acuerdos tardíos y confusos del Consejo General dieron lugar a polémicas sentencias de la Sala Superior del TEPJF. Cuando las dudas quedaron aclaradas, el puntero en preferencias no requería -ni quería- más debates que los previstos por el Cofipe.
La novedad es el movimiento juvenil autonombrado "Yo soy 132". De surgimiento casi espontáneo, fue como viento fresco en una campaña que se veía aburrida y asfixiante. Los jóvenes aportaron sus reclamos, sus iniciativas, sus marchas y hasta un tercer debate, que aunque haya sido con tres candidatos, marcó un hito. Al parecer la mayoría de los jóvenes agrupados en la novedosa organización son simpatizantes de López Obrador, lo que a nadie debería causar sorpresa; pero al convertir su preferencia en un movimiento "anti Peña Nieto" tomaron partido y establecieron una barrera frente a otros de sus compañeros que, compartiendo las originales demandas democratizadoras, no estaban dispuestos a embarcarse en una nave pintada de amarillo.
"Yo soy 132" ha anunciado que realizará una marcha el sábado, de Televisa Chapultepec al Zócalo; la juventud no es excusa para violar la ley electoral, que prohíbe todo tipo de manifestaciones o actos de propaganda electoral del jueves al domingo. Ojalá que los jóvenes tengan en cuenta esa norma, y que su marcha no sea convertida en anticipada protesta en contra del resultado que el próximo domingo dará a conocer el IFE. Antes que (des)calificarlo, ojalá lo analicen con ojos propios, para que saquen sus conclusiones y tomen sus propias decisiones.
El conteo rápido y el PREP (IFE) cuentan con la participación y respaldo de reconocidos científicos y con una experiencia de 6 elecciones previas; nunca se ha podido acreditar fraude en sus resultados, no por incapacidad de sus críticos, sino por comprobada eficiencia y absoluta imparcialidad en la operación de esos dos instrumentos. Así será de nuevo.
El domingo, ¡vamos a votar!

ADUANAS A CRUZAR

MARÍA AMPARO CASAR

Mañana conoceremos las últimas mediciones de preferencia electoral. No se espera ninguna sorpresa. El veredicto final de las encuestas está a la vista. Falta desde luego el único veredicto que vale: el de la jornada electoral. Si ambos están alineados, tanto mejor. Si no, peor para las encuestas.
El puntero confía en que el 1o. de julio sea el fiel reflejo de las encuestas. Los de atrás albergan la esperanza de que exista un voto oculto lo suficientemente grande para cambiar el resultado o un vuelco masivo de los indefinidos hacia sus candidaturas. En realidad, el voto oculto nunca se ha visto y los indefinidos se han comportado de una de dos formas: o no salen a votar o sufragan de manera parecida al resto de los votantes. El otro anhelo es el del voto útil. En esta elección es difícil que se presente porque no hay un claro segundo lugar.
Dos aduanas tenemos que cruzar los mexicanos antes de pensar en las perspectivas del nuevo gobierno: la de la jornada electoral y la de la transmisión ordenada del poder.
Son aduanas que no causan preocupación alguna en los países con democracias bien establecidas. No me imagino a un comentarista en esas democracias preocupado por conflictos post-electorales o el paso de estafeta de un equipo gobernante a otro. Los imagino hablando sobre la incertidumbre de los resultados pero no sobre su validez y reconocimiento. Ese es el ingrediente que nos falta. El temor de una reedición del 2006 que tuvo en vilo durante cinco meses a las instituciones y que puso en peligro la transición sigue presente.
En realidad estamos ante la oportunidad y tenemos las condiciones para tener una jornada electoral y una transmisión pacífica del poder exitosas. En ello es central el comportamiento de cuatro actores: las autoridades electorales, los medios, el Presidente y los candidatos junto con sus partidos.
Del IFE no hay por qué albergar dudas. Los consejeros fueron electos con el consenso de todos los partidos y en su actuación no hay viso alguno de parcialidad. Es una institución con probada capacidad para organizar elecciones y llevar a cabo el cómputo distrital. Además de todos los preparativos para poner en manos de los ciudadanos el control de la jornada, operarán los mecanismos diseñados para dar certeza: el Programa de Resultados Preliminares, el conteo rápido y la decisión de proporcionar los resultados a las 11:45 p.m. independientemente de si la elección viene cerrada o no.
Los medios tendrán un papel fundamental pues serán los portavoces de los conteos rápidos y encuestas de salida. Transmitirán los resultados del PREP para que quien no tenga acceso a internet esté informado de los acontecimientos electorales. Serán un elemento más de certeza.
Del Presidente también cabe esperar responsabilidad. No hay nada que haga dudar de que dará su reconocimiento a quien resulte ganador.
En donde persiste la duda es en la actuación de los candidatos y sus partidos. La buena noticia es que hasta el momento todos han decidido jugar dentro de la institucionalidad. La mala es que no hay claridad sobre cómo se comportarán la noche del 1o. de julio y durante el largo y absurdo interregno que media entre el día de la elección y el día de la toma de posesión.
Una elección cerrada -qué tan cerrada no lo sabemos- sigue siendo una invitación para que antes de conocer los resultados cada candidato se declare vencedor; una tentación para que el perdedor descalifique el proceso, la jornada y las propias instituciones; un motivo para desconocer los resultados y llamar a un conflicto post-electoral.
Sería absurdo afirmar que las campañas han sido un ejercicio de pulcritud democrática. Las impugnaciones por comisión de faltas y delitos electorales -de todos los partidos- se cuentan por cientos. Todas ellas ensombrecen el proceso electoral y hablan de la calidad de nuestra clase política.
Dado el comportamiento de los partidos, es muy probable que el día de la jornada también se presenten irregularidades y que algunos intenten la compra y coacción del voto. Como lo han hecho hasta ahora, los quejosos deberán llevar sus impugnaciones ante las autoridades.
Lo que no se vale es desconocer que los votos emitidos se contarán con toda pulcritud, que los consejeros actuarán con imparcialidad, que en más del 97% de las casillas se han registrado representantes de cuando menos tres partidos políticos y que la declaración de validez de la elección se hará conforme a derecho. El domingo siguiente se dará a conocer el cómputo distrital y se confirmará qué candidato recibió más votos. Después habrá que esperar la declaración de validez de la elección y junto con ella que la transmisión de poder no ocurra en las lamentables circunstancias en las que ocurrió en el 2006.

EUROCOPA Y ELECCIONES

JOSÉ WOLDENBERG

La disposición legal que obliga a terminar las campañas tres días antes de los comicios, supone, de manera extraña, que se requiere antes del día estelar un periodo de distensión, de calma. En esas minivacaciones, no debe pasarse por alto que el domingo vuelven a coincidir, como el 2 de julio del 2000, la final de la Copa Europea y la jornada electoral.
En el año 2000 preparábamos lo que el Consejo General y su presidente (yo) debían hacer ese día. Queríamos, entre otras cosas, ofrecer información de primera mano del desarrollo de la jornada y de los resultados. Y llegamos a la conclusión de que lo óptimo sería programar una serie de mensajes en cadena nacional. Se trataría de cortes breves para comunicar diversos asuntos.
La Eurocopa inició el 10 de junio y (creo que) por primera vez las sedes fueron dos países: Bélgica y Holanda. La ronda inicial dejó no pocas sorpresas, la mayor quizá, que en el grupo uno, Portugal y Rumania eliminaron a Alemania e Inglaterra. En el dos, Italia y Turquía dejaron en el camino a Bélgica y Suecia; en el tres, España y Yugoslavia (ya muy disminuida) hicieron lo propio con Noruega y Eslovenia (unos años antes parte de Yugoslavia), y Holanda y Francia sacaron de la competencia a Dinamarca y a la casi naciente República Checa.
Mientras, en el IFE discutíamos y diseñábamos las intervenciones en cadena nacional para el día de la elección. El plan quedó de la siguiente manera: a las tres de la tarde, un informe de la instalación de las casillas; a las ocho de la noche, un nuevo comunicado sobre el desarrollo de la jornada; a las once, el informe estelar sobre los resultados del conteo rápido de la elección presidencial; a las tres de la madrugada, una explicación del avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares, y a las siete de la mañana del 3 de julio, un balance general.
Los cuartos de final fueron tensos e interesantes. Francia le ganó a España 2 a 1, Portugal 2 a 0 a Turquía, Italia 2 a 1 a Rumania y Holanda goleó a Yugoslavia 6 a 1. (Media docena de ostiones dijo entonces un célebre biólogo). Pero las finales fueron aún mejores. Se jugaron el 28 y 29 de junio, y en la primera Francia dejó tendido a Portugal 2 goles a 1, mientras Italia derrotaba a Holanda, en penaltis, 3 a 1. Tres de los cuatro que tiró Holanda, los falló.
Al inicio de la jornada, como suele hacerse, se instaló el Consejo General, los representantes de los partidos hicieron breves valoraciones del proceso y yo di un mensaje. Se decretó un receso para que los integrantes del Consejo pudiéramos ir a votar. Todo se desarrollaba sobre rieles.
La final de la Eurocopa inició a la una de la tarde hora de México, e Italia y Francia protagonizaron un auténtico duelo. El primer tiempo terminó cero a cero, en un juego trabado, ríspido, difícil. Fue hasta el minuto 10 del segundo tiempo que Marco Delvecchio clavó un gol. Y ya se sabe -o se sabía-, una vez que Italia mete un gol, resulta casi imposible remontar el marcador. Desde el famoso catenaccio, inventado por Helenio Herrera, la defensiva italiana se convertía en una auténtica fortaleza inexpugnable. Bien lo pontificó el propio "Mago": si no te meten gol, no puedes perder.
Como a las dos y media salí de la oficina para ir al set que se había preparado en las instalaciones del IFE, desde donde se trasmitiría el primer mensaje en cadena nacional. Llegué y estaba todo listo. De repente se escuchó el grito inconfundible de Gooool. En tiempo de compensación, minuto 94, Sylvain Wiltord había anotado por Francia y el partido se empataba. Se jugarían tiempos extras. Quien metiera el primer gol, el llamado de oro, sería el campeón de Europa. No lo teníamos previsto.
A las tres en punto informé de la instalación de las casillas. De 113 mil 423 solamente 13 no se habían colocado. Cerca del 95 por ciento de los presidentes de las mesas eran los que se habían nombrado previamente. Y ofrecí las cifras del número de representantes de los partidos acreditados en las casillas. Todo marchaba bien. Pero los aficionados al futbol habían resentido que su partido, en el momento cumbre, se interrumpiera intempestivamente por la cadena nacional.
El mensaje duró tres minutos. Y en las pantallas reapareció el juego. Uno de los dos porteros, no me acuerdo si Barthez de Francia o el de Italia (no recuerdo el nombre), había sufrido un foul y se había quedado tendido sobre el césped casi dos minutos. El partido seguía empatado a uno. Uf, habíamos corrido con suerte. Y la buena estrella se hizo aún más patente cuando unos cuantos segundos después, David Trezeguet, que no alineó desde el inicio, metió el gol que daba la copa a Francia.
A la semana siguiente tuve el siguiente diálogo con un sobrino de 8 años. -¿Cómo se te ocurrió interrumpir el partido? -Bueno, las elecciones son más importantes que el futbol. -Todos en mi salón se quejaron de tu mensaje. -Explícales que le mandamos decir al portero que hiciera tiempo mientras yo hablaba.
Desde entonces mi sobrino no me cree nada.

¿CALDERÓN, PROCURADOR?

CARMEN ARISTEGUI

Perplejos. Así quedaron quienes siguieron el discurso de Josefina Vázquez Mota durante su cierre de campaña en Zapopan, Jalisco, cuando la candidata del PAN a la Presidencia de la República soltó que, de llegar Los Pinos, invitaría a Felipe Calderón a participar en su gobierno como ¡procurador general de la República! Sin habla, dejó a muchos la candidata.
Después de elogiar el desempeño del actual mandatario, justifico su idea: "Porque México necesita un abogado que cuide de sus familias".
¿Felipe Calderón, procurador general de la República? ¿De dónde sacó Josefina tal cosa?
¿Ocurrencia de último momento para llamar la atención? ¿Idea peregrina en el cierre de un ciclo de campañas? ¿Acuerdo con el aludido, que anda en busca de cobijo, a pesar de lo improbable de que se cumpla la oferta?
Difícil saber de dónde salió tan insólito planteamiento. La mezcla de un silencio azorado, en una parte del estadio, con el inescrutable rugido de una parte de la masa congregada da cuenta del extraño efecto causado por la candidata, aun entre sus simpatizantes.
Mencionar a Felipe Calderón de esa manera, en el discurso final, hizo recordar lo que, sin duda, fue la inexplicable gran ausencia durante las campañas: la controvertida política seguida por Calderón durante su sexenio con relación al crimen organizado, los altos costos en materia de derechos humanos y la pasmosa impunidad que ha acompañado a las miles de muertes ocurridas durante este sexenio.
No se tocó, siquiera, la larga lista de pifias cometidas en el sexenio desde las dependencias del Ejecutivo. El Michoacanazo, el caso Hank Rhon o la más reciente, cuando se presentó, con gran despliegue, como si fuera el hijo de El Chapo Guzmán a otro individuo, en una situación que dejó al gobierno federal rayando, ya, los linderos del ridículo.
No se comprende por qué todo esto no fue eje de las campañas. Se dejó que no fuera materia en la disputa política el tema de lo ocurrido en este país, en los últimos años. ¿Por qué partidos y candidatos prefirieron eludir una discusión de fondo sobre todo aquello que ha trastocado el orden institucional, la convivencia entre los ciudadanos y colocado a México en una grave crisis de seguridad en parte importante del territorio nacional?
Fueron esporádicas y menores las referencias que hicieron los aspirantes a la Presidencia de Calderón, de sus políticas y, sobre todo, de sus resultados.
Muerte, impunidad y degradación institucional son parte de la herencia. En México, los cárteles, lejos de destruirse, se hicieron más fuertes, se le oyó a Obama decir alguna vez, tratando de explicar el porqué de la "frustración" del presidente Calderón.
Cuerpos mutilados, torsos sin cabezas, cabezas sin sus cuerpos, mantas que incriminan, extorsiones, desplazados, zonas enteras capturadas por la delincuencia quedaron como telón de fondo de unas campañas que prefirieron mirar hacia otro lado.
Aun en el marco de campañas mediocres como las que tuvimos, nada explica, con claridad, por qué un tema que ha teñido de sangre a una nación entera, que deja en el camino 60, 70, 80 mil muertos -nadie lo sabe, en realidad-, haya sido dejado de lado por quienes buscan gobernar este país.
Ninguno enfrentó el tema con altura. Felipe Calderón salió indemne de las campañas y ninguno hizo intentos, siquiera, de llamarlo a cuentas.
¿Por qué Calderón y los resultados de su sexenio no estuvieron como tema central en la arena política? Se le dio trato de secundario a un tema principal.
Por eso sorprende Josefina al lanzar esa idea. No es sólo que resulta inusual que se piense en alguien que ocupó la titularidad del Poder Ejecutivo como una opción para ocupar un encargo de subordinado. Sorprende más que se pretenda enaltecer con la propuesta a quien, como Presidente, ha dejado esta calidad de resultados.
México ha tenido buenos, regulares y malos presidentes. Calderón se perfila, para la historia, como uno de los más notables de la última lista. En el combate al crimen organizado, México ha gastado lo que nunca en materia presupuestal. También, como nunca, ha cedido la conducción principal en el tema a las agencias de Estados Unidos, ha visto penetrar estructuras a niveles que, en la mayoría de los casos, sólo es posible imaginar. No se encuentran, por ningún lado, las ganancias de lo realizado.
¿Felipe Calderón, procurador general? ¿Hablaba en serio Josefina?
Ayer, Edgardo Buscaglia ironizaba en un tuit: "...¿Es chiste de mal gusto? ¿Qué tal García Luna a la ONU como alto comisionado de Derechos Humanos?".

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

El próximo domingo viviremos una de las jornadas comiciales más complejas de la historia de nuestra democracia. Los números de la elección hablan por sí mismos: el mayor número de ciudadanos convocados a las urnas (79.5 millones), la más alta coincidencia de elecciones locales con la federal (15 comicios estatales, además de la elección extraordinaria de Morelia), el mayor número de cargos electivos en disputa simultánea (2 mil 127 entre federales y locales), una inédita cifra de casillas a instalar (123 mil 151) y, en consecuencia, el mayor número de ciudadanos insaculados y capacitados para ser funcionarios de casilla (un millón entre propietarios y suplentes).
Pero más allá de las cifras, y de la apuesta política en juego, en la próxima elección nos jugamos otras cosas como sociedad. Me limito a señalar dos. En primer lugar, este proceso electoral supone la prueba del ácido definitiva de la reforma electoral 2007-2008. Hasta ahora, esas nuevas reglas, que implicaron la modificación de todas las legislaciones electorales del país para adecuarse a las nuevas premisas y disposiciones fijadas en la Constitución, han regido ya 50 comicios locales y una elección federal (en 2009), sin embargo, el ciclo electoral de las normas vigentes se cierra definitivamente con las elecciones de este año.
Lo anterior permite constatar en definitiva la viabilidad de la reforma y —más allá de los ajustes y adecuaciones requeridos (ampliamente diagnosticados) para mejorar el marco legal— contrastar poderosamente el discurso de “contrarreformista” que busca revertir el modelo de comunicación política y la prohibición de comprar publicidad electoral en radio y televisión. Los buenos resultados de esta elección son la mejor garantía para impedir que la lógica del dinero vuelva a ser en el futuro la que determine el acceso privilegiado a los medios de comunicación electrónica.
En segundo lugar, estas elecciones son una oportunidad para tratar de exorcizar la desconfianza que en un sector considerable de la población se había venido gestando en los últimos años en torno a los procesos electorales. La aplicación puntual de la ley brinda una gran oportunidad para que ello ocurra, pues el Cofipe establece con precisión y exhaustividad cuáles son los actos que debe realizar la autoridad electoral y los momentos precisos en los que deben ejecutarse, garantizando en todo momento la participación y vigilancia por parte de los partidos políticos, quienes pueden impugnar todas las decisiones tomadas por cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral. No hay ninguna determinación del IFE que escape a dicho control y eventual impugnación.
Además, la garantía de transparencia e imparcialidad la proporciona la ciudadanización de los procesos electorales, empezando por el involucramiento de ciudadanos como consejeros electorales en los diversos órganos de decisión del IFE, pero sobre todo de las mesas directivas de casilla. Los centros receptores de voto, hay que insistir en ello, se integran por ciudadanos —nuestros vecinos— que son insaculados y capacitados para recibir y contar nuestros votos bajo el escrutinio de los representantes de los partidos políticos (por cierto, para esta elección hemos alcanzado cifras históricas: 99.96% de las casillas contarán al menos con representantes de tres partidos; el PRI tendrá representantes en 99% de ellas, el PAN en 92% y los partidos del Movimiento Progresista juntos en 99.82%).
Por otra parte, el IFE, a diferencia de 2006, se ha comprometido a hacer públicos los resultados del Conteo Rápido sin importar la diferencia entre la votación de los candidatos y, de manera inédita, pondrá a disposición del público a través de internet la imagen de las casi 430 mil actas de cómputo a partir de las 20:00 horas del miércoles al cierre del PREP. Se trata de un compromiso con la generación de información puntual y oportuna como un antídoto adicional a la desconfianza.
Estos comicios son, en ese sentido, una oportunidad para, como sociedad, cerrar el capítulo de la confianza y certeza en las elecciones para ocuparnos de lleno en la abultada y urgente agenda de los otros grandes problemas nacionales.

EL 1 DE JULIO Y LA TRANSPARENCIA

JACQUELINE PESCHARD

Más allá de la obviedad que implica la afirmación de que estas elecciones se desarrollan en condiciones muy distintas a las de 2006, debido a la reforma electoral de 2007, quisiera apuntar cuatro novedades de nuestro diseño electoral que dotan de mayor transparencia a la jornada cívica.
No es un asunto menor: en un contexto de tal desconfianza social hacia las instituciones y los partidos como el que enfrentamos, no hay mejor antídoto que la apertura, la transparencia que permita verificar que las cosas se hacen conforme a las reglas, a la ley; en suma, a la voluntad de todos.
1. Para esta elección, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no sólo publicará a partir de las 20:00 horas los resultados de la votación capturados en los 300 distritos y provenientes de las más de 143 mil casillas instaladas en el país; además, publicará las actas digitalizadas de escrutinio y cómputo de cada casilla, documento fuente de las que se obtuvieron los datos capturados en el sistema y de las que guardan copia firmada los representantes de los partidos.
Así, el IFE pone a disposición de la sociedad la documentación básica donde se registran los votos de cada casilla, para que toda persona pueda verificar que los datos del PREP corresponden a los de las actas. Además, los partidos podrán cotejar la autenticidad de las actas (de las que tienen copia firmada), y vigilar con ello la rigurosidad de la operación de captura y publicación de resultados preliminares en su conjunto.
2. Por primera vez, el PREP fue auditado por la UNAM, la cual ha confirmado que el sistema cuenta con los elementos de seguridad que garantizan su funcionamiento e inviolabilidad y que se encuentra libre de algoritmos que puedan distorsionar los datos capturados en los centros de acopio. También el Comité Técnico Asesor del Programa, integrado por científicos expertos en la materia, supervisa el diseño y funcionamiento del software.
3. Una novedad adicional para esta elección presidencial es el trabajo que realiza el IFE para publicar las encuestas. El IFE está obligado a regular las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, y por vez primera la autoridad electoral publica los estudios realizados por las casas encuestadoras: sus metodologías, bases de datos, cuestionarios, además de información relevante como los datos de quien auspició el trabajo y ordenó su publicación. Hay ahí información de las casi 3 mil 500 publicaciones puesta a disposición de todos por el IFE, como un invaluable insumo para fortalecer el voto informado.
4. Finalmente, un elemento que lleva a su máxima expresión el acceso a la revisión y verificación de la información de la elección es la posibilidad del recuento de votos, materialización del famoso reclamo de hace seis años que llevó a reformar el código electoral para permitir que se vuelvan a contar, si es necesario, todos y cada uno de los votos. Es una ventana más para la revisión y verificación de la documentación electoral, y resulta esencial para dotar de certeza el resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
En suma, los nuevos dispositivos para transparentar y abrir al escrutinio de todos los resultados no dejan lugar a dudas: es un escenario impermeable al rumor y la suspicacia; se trata del proceso electoral más transparente y mejor vigilado de nuestro país.
Toca ahora a los distintos actores políticos: partidos, medios y ciudadanos buscar y analizar esta información para asumir plenamente su responsabilidad en la jornada electoral para ratificar que la vía de las urnas garantiza la transmisión pacífica del poder.

ANTE LA BOLETA

MIGUEL CARBONELL

¿Qué pasará por la cabeza de millones de ciudadanos durante la jornada electoral del próximo domingo?, ¿a través de qué vericuetos personales, sociales, familiares y mediáticos llegarán a decidir su voto?, ¿cómo es que tomarán la decisión de votar por uno u otro partido, por uno u otro candidato? Como quiera que sea, el momento decisivo ha llegado.
Luego de la imparable lluvia de spots, de la sucesión de mítines, de la reiteración de promesas y compromisos, de los dardos envenenados de un lado hacia el otro (y viceversa), finalmente los ciudadanos tendremos que emitir el veredicto final.
Para muchos no será fácil, debido en buena medida al desencanto que la política genera entre una parte de la ciudadanía, que no se ve representada por ninguno de los partidos.
No serán pocos los que definan su voto por descarte, eliminando a las opciones que generan más desconfianza o son menos creíbles, hasta quedarse con la más aceptable o la menos peor.
No es algo que sea extraño a la experiencia democrática de América Latina: la desilusión cívica hacia los partidos y candidatos es un fenómeno presente a todo lo largo del subcontinente.
Aunque seguramente hay muchas causas para sentir frustración frente al proceso electoral que tendrá su momento cumbre el próximo domingo, lo cierto es que (salvo una sorpresa de último minuto), hay que reconocer que se desarrolló en términos generales conforme a lo que cabía esperar.
Puede parecer algo sencillo, pero si tomamos en cuenta los grandes factores de riesgo que flotaron en el ambiente, veremos lo mucho que hemos ganado simplemente gracias a la ausencia de malas noticias.
¿Qué habría pasado si el crimen organizado hubiera lanzado una ofensiva contra algunos candidatos o partidos? La posibilidad de que hubieran soltado una granada en medio de un mitin multitudinario o que hubieran ametrallado a un convoy de seguidores de un candidato dejando decenas de muertos no era algo remoto y sin embargo no pasó.
No hubo atentados contra los candidatos presidenciales, como sí pasó en Colombia en los años 90 cuando el país se encontraba en plena ofensiva contra el narcotráfico.
Pudo haber pasado. El gobierno federal resistió la tentación de utilizar a las instituciones de justicia para eliminar a algún candidato de la contienda o para afectar a algún partido, como se intentó de forma tan estúpida hace seis años.
A lo mejor la PGR no fue muy eficaz en el combate de los delitos electorales, pero tampoco fue lanzada para descabezar a algún partido, como durante meses se rumoreó entre la clase política.
En términos generales, el proceso electoral transcurrió dentro del marco establecido por la ley y las autoridades hicieron su trabajo, dentro de las posibilidades de un marco jurídico que habrá que revisar de nuevo en un tiempo no muy lejano.
El IFE demostró que tiene uno de los servicios profesionales más serios del país: no hubo fallas generalizadas en ninguna de las etapas de preparación del proceso (salvo algunos errores menores, atribuibles al hecho evidente de que el proceso fue organizado por seres humanos y no por robots); sin excusas de ningún tipo, lo que la ley señala que se debía hacer fue hecho de forma correcta y dentro de los plazos señalados.
De parte de las autoridades electorales se fueron desahogando las etapas del proceso con total normalidad. Es lo propio de un Estado democrático, pero a nosotros nos costó décadas y miles de millones de pesos lograrlo.
Hoy lo tenemos y hay que valorarlo sin regateos. Falta sin embargo lo más importante: que los ciudadanos acudan masivamente a las urnas, que ejerzan su derecho a votar con total libertad, que cada voto sea contado de forma correcta, que los resultados sean dados a conocer tal como vayan llegando (a través del sistema de conteo rápido y del Programa de Resultados Electorales Preliminares, tal como fueron aprobados en su momento por el IFE) y que los candidatos perdedores reconozcan con espíritu democrático al ganador.
No lo olvidemos: de ese tipo de rutinas se alimenta el sistema democrático. Sin todo eso no se puede hablar de democracia en ningún caso. La buena noticia es que en México hemos hecho lo necesario desde hace tiempo para ir dándole sostén y fundamento a nuestra democracia, con todas sus imperfecciones (que son muchas y muy notables), pero también con todas sus fortalezas.
El domingo millones de mexicanos se harán la pregunta más importante, cuando estén frente a la boleta: ¿qué partido(s) o qué candidato(s) van a dirigir al país durante los siguientes seis años? Lo bueno es que a las pocas horas de que cierren las casillas empezaremos a ver la respuesta. El futuro se habrá definido, en cierta medida.

ELECCIONES: LO QUE SÍ FUNCIONA

CIRO MURAYAMA RENDÓN

En un contexto donde uno de los deportes públicos favoritos es la crítica a las instituciones y a todo lo que no marcha bien en el país, intentaré un balance a contracorriente de ese humor colectivo acerca de las reglas de las campañas ahora que han concluido y antes de conocer el desenlace de la votación del domingo.
Recordemos, para empezar, que estrenamos marco constitucional y legal de comunicación en una elección presidencial. La reforma de 2007-2008 fue blanco de ataques por la supuesta prohibición a la crítica entre candidatos, sobre cómo las normas inhibían el acercamiento ciudadano a la política y, en el extremo, sobre el fin de la libre expresión. Ello, porque se canceló la compra-venta de publicidad electoral en radio y televisión.
En los últimos meses hemos confirmado lo lejano de esos augurios. Todas las fuerzas políticas y candidatos han podido desplegar sus mensajes y hacer llegar sus diagnósticos y propuestas. Eso sí, a diferencia de 2006, la presencia de actores políticos en medios no dependió ni de la capacidad económica ni la caprichosa decisión de los consorcios. Por ley, los anuncios de partidos y coaliciones se distribuyó con una fórmula que otorgó 30% de presencia igualitaria y 70% restante a partir de la presencia que cada partido logró en el electorado en la elección federal previa.
La asimetría de la presencia en medios de 2006 se desterró con esa fórmula.
Asimismo, la crítica ha sido una constante en estos meses. El único valladar con que se toparon los estrategas de campañas fue el de incurrir en calumnia o denigración. Fuera de eso, ataques, críticas, señalamientos duros han sido lo común, como ocurre y debe ocurrir en toda contienda democrática.
Quienes se quejaron de que los ciudadanos no se podrían expresar en medios por no poder contratar publicidad -como si cualquier hijo de vecino tuviera cientos de miles de pesos para hacerse de anuncios en radio y TV-, hallaron que, quizá, esta haya sido la campaña con mayor incidencia de agendas ciudadanas en las definiciones de los candidatos sin que la ley lo inhibiera: desde los reclamos del #YoSoy132 a las comparecencias organizadas por Javier Sicilia con todos los candidatos.
Eso sí, como quiso la ley y como sucedió, al prohibir desde la Constitución la compra de anuncios por particulares y cancelar la publicidad gubernamental durante las campañas, esta vez ni el Consejo Coordinador Empresarial ni el gobierno federal -a través de propaganda- afectaron la competencia.
Hubo, en efecto, miles, millones de spots de los partidos: 82 día por cada canal de TV y estación de radio en el país. El defecto del modelo es el exceso de mensajes, su virtud es que no dependieron de relaciones mercantiles entre partidos y empresas de comunicación. Así, podría pensarse en disminuir el número de spots y abrir mayores espacios de debate entre candidatos, pero preservando el principio del nuevo modelo: presencia de actores políticos en medios sin dependencia del dinero. Ni un solo político se quejó de exclusión.
En materia de medios, la mayor crítica al IFE fue no ordenar la cadena nacional para el primer debate. Sostuve, y sostengo, que debió solicitarla ante la majadería de TV Azteca de dar prioridad al futbol, pero lo cierto es que ese evento puntual no impidió que al final la ciudadanía tuviera suficientes elementos de juicio para decidir su voto.
El diseño constitucional funcionó: hemos atestiguado campañas auténticas, protagonizadas por candidatos genuinos capaces de suscitar adhesiones y rechazo de millones de personas, sin censura estatal ni erradicación de algún actor por parte de poderes fácticos. las campañas cumplieron su cometido. Es la hora del ciudadano y es una hora buena.

25 AÑOS DE JUSTICIA ELECTORAL

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS

Ayer se llevó en la Suprema Corte de Justicia una ceremonia solemne, convocada por su presidente, para celebrar los primeros 25 años de justicia electoral en México. Ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura recordamos cómo el Tribunal Electoral y las instituciones que le antecedieron fueron transformando el funcionamiento de la democracia electoral en el país.
Hemos pasado de un tribunal administrativo (1987) a uno de índole jurisdiccional (1991), coexistiendo, en ambos casos, con colegios electorales capaces de revertir sus decisiones. Es hasta 1996 cuando el Tribunal Electoral se adscribe al Poder Judicial de la Federación, adquiriendo competencias para resolver una amplia variedad de medios de impugnación. En la actualidad, el Tribunal cuenta con facultades, inclusive, para inaplicar preceptos legales contrarios a la Constitución en casos concretos.
El tema de los colegios es ilustrativo. En el pasado eran las cámaras de Diputados y Senadores, erigidas en colegios electorales, las que calificaban la elección de sus propios miembros (autocalificación), o bien la elección de presidente (heterocalificación). El paso a una calificación estrictamente jurisdiccional introdujo los principios de “legalidad” y “división de poderes” al momento climático de un proceso electoral: el examen integral de su validez.
Pero el cambio institucional que ha soportado el cambio democrático no se ha restringido al Tribunal. El rigor y profesionalismo con que el IFE desarrolla sus actividades es ejemplo internacional y nutre de confianza a la ciudadanía.
Los aportes institucionales son mesurables en la medida en que generan cambios profundos en el funcionamiento social. Quizás aquí se encuentre el rasgo más revelador: los actores políticos han asumido al derecho y la razón como vías únicas para dirimir sus conflictos. En lo que va del proceso electoral se han resuelto más de 37 mil medios de impugnación. Más importante, todas las sentencias han sido acatadas y todos los electos han tomado posesión de sus cargos. La “judicialización de la política” no es otra cosa que la sujeción de actores políticos y ciudadanos al Estado de derecho.
La madurez adquirida por las instituciones democráticas es relevante en este momento, pues al concluir la jornada electoral iniciarán las dos etapas finales del proceso electoral: la obtención de resultados y la calificación de la elección presidencial.
A partir del miércoles 4, iniciarán en los 300 consejos distritales del IFE, extenuantes procesos de escrutinio y cómputo de las elecciones de presidente, diputados y senadores que implicarán, en ocasiones, la apertura de los sobres para recontar los votos. Este ejercicio deberá realizarse en forma continua, pues la ley obliga a que esté concluido al domingo siguiente.
Los cómputos pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral, lo cual, es de estimar, ocurrirá con alguna frecuencia. En 2009, el Tribunal recibió 85 juicios de inconformidad para impugnar los resultados de 66 distritos electorales (22% del total).
Pero la contribución del Tribunal Electoral no se agota en la resolución de controversias. Está también a su cargo la elaboración del dictamen de la elección de presidente, el cual debe contener el cómputo final de esa elección y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. El lunes pasado, la Sala Superior designó a tres de sus magistrados para hacerse cargo del proyecto de ese dictamen, el cual deberá ser puesto a consideración del pleno a más tardar el 6 de septiembre.
En palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “de tan alta encomienda, sólo puede salir adelante un Tribunal con credibilidad ganada, a través del profesionalismo, transparencia y responsabilidad en todos sus actos y en todas sus resoluciones”. Confío en que la experiencia acumulada en 25 años serán suficientes para cumplir.

AUTORIDADES IMAGINARIAS

JOSE RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Hace 20 años se publicó el libro de Fernando Escalante Ciudadanos imaginarios. La tesis central de este importante trabajo es que las normas establecidas a lo largo del siglo XIX para construir ciudadanía poco o nada tenían que ver con las prácticas y modos de actuación de los principales cuerpos sociales de aquellos años. Cada uno de ellos tenía sus propios sistemas de reglas que excluían a otras, entre ellos, y en buena medida, al que trataba de construirse como el "orden jurídico nacional".
Recordar el trabajo de Escalante viene bien en estos días, cuando diversos actores han sabido mantener o inclusive construir sus propios sistemas de reglas. Sistemas propios y, nuevamente, diferenciados de otros sistemas corporativos o gremiales, pero también distintos al orden jurídico nacional por el que, en principio, debiéramos regirnos todos. Desde luego, acepto la complejidad de la idea moderna de que todos nos rijamos por una misma e idéntica norma en todas las situaciones. No estoy hablando, entonces, de una especie de perfecta aplicabilidad normativa, pues ésta es posible sólo en condiciones de perfecta homogeneidad social, lo que desde luego y por fortuna no tenemos ni debemos aspirar a tener.
Lo que estoy tratando de señalar es otra cosa, tal vez más complicada por resbaladiza. ¿Cuál es el grado de diferenciación que resulta posible admitir en el interior de un orden jurídico nacional en cuanto a la regulación de conductas humanas? Hoy nadie discute más la existencia de normas concretas para regular las conductas de sujetos igualmente concretos, sean estos indígenas, personas con discapacidad, menores de edad o profesionales de tal o cual tipo. Sin embargo, siempre que esta situación se presenta es a través del propio orden jurídico como se identifica a ciertos sujetos y se les asignan consecuencias distintas a sus actos.
El problema al que me refiero es otro: ¿qué sucede cuando muchos sujetos o grupos sociales "cuentan" con reglas de conducta propias y, en buena medida, ajenas al orden jurídico que se supone común a todos? Al mencionar estos casos desde luego se piensa en la delincuencia organizada, como si sólo ellos hubieran construido sus propias reglas. Sin embargo, si ampliamos la visión un poco más, bien podemos identificar a otros muchos sectores que hoy tienen una condición similar. Por una consabida pero tampoco justificada manera de ver las cosas muy apegada a nuestros prejuicios, se pensará en ambulantes, pepenadores y sujetos en condición socioeconómica semejante. Sin embargo, y con un poco más de objetividad, pudieran agregarse empresarios de diverso signo, profesionistas y otros muchos sujetos en buenas condiciones socioeconómicas. Unos y otros tratan de regirse por sus propias reglas, a fin de preservar sus propias situaciones.
Creo que hoy vivimos y, tal vez, de manera creciente, una situación en la que conviven diversos sistemas de regulación de conductas. Una situación que los abogados solemos considerar como ineficaz: el derecho nacional no logra encaminar una parte importante de las conductas de quienes, por su pertenencia a un mismo Estado nacional, debieran regir sus conductas por él. El asunto no es nuevo, ni estoy descubriendo aquí nada de lo que otros no hayan hablado antes. Lo que quiero significar es sólo un aspecto del problema que no suele considerarse y para lo cual me valgo de las ideas de Escalante.
De seguir las cosas como van, ¿no podríamos llegar a una situación en la que lo imaginario no fueran ya sólo los ciudadanos sino, más aun, las autoridades? ¿Una situación en la que por la diversidad de reglas de conducta y la consiguiente ineficacia del orden jurídico las autoridades no tuvieran (en el sentido que venimos hablando) normas que aplicar? Es decir, un manto en el que la actuación de las autoridades fuera tan poco relevante que aquello que determinaran no tuviera la posibilidad de afectar la realidad. Las autoridades serían aquí, como se decía de los ciudadanos del siglo XIX, imaginarios.
No se trata, y esto es obvio, de propugnar una vuelta al autoritarismo y ello por dos razones. La primera, por lo muy ineficaz que suelen ser los gobiernos de ese tipo para generar la aplicación generalizada de un orden jurídico sobre sus clientelas; la segunda, sobre todo, por los graves defectos morales que ese tipo de regímenes suelen tener. Únicamente pretende llamar la atención de que la progresiva ineficacia del orden jurídico sigue fragmentando las condiciones básicas de nuestra complicada convivencia social. Generar o mantener espacios ajenos a ese orden afecta a ciudadanos y autoridades. Es un buen momento para reflexionar lo que significaría que estos últimos perdieran la capacidad de conducir los esfuerzos nacionales que tanta falta nos están haciendo. Lo peor que podríamos hacer es, a la luz del discurso que se quiera, seguir debilitando a nuestras autoridades. Pensemos cómo establecemos controles o profesionalicemos a sus titulares, pero en modo alguno las debilitemos. No terminemos reforzando su estatus puramente imaginario.

domingo, 24 de junio de 2012

FRENO A LA RESTAURACIÓN DEL AUTORITARISMO


JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Según los resultados de la mayoría de las encuestas de preferencia electoral, el próximo domingo 1 de julio se decidirá la restauración del autoritarismo. Tales encuestas indican que Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, ganará con más de 40% de los votos y que los candidatos de los partidos de la coalición que lo postulan conseguirán la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, al obtener más de 42% de las preferencias, con lo cual se acabaría el llamado gobierno dividido, surgido en las elecciones intermedias de 1997 y prevaleciente hasta hoy.
La contención de los afanes autoritarios de los distintos presidentes mexicanos desde ese momento hasta hoy fue posible por ese equilibrio de poderes que surgió el 1 de septiembre de 1997: primero, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y, posteriormente, a partir de septiembre de 2000 (cuando el pleno de la Corte falló a favor de la solicitud de información de la Cámara de Diputados sobre el caso Fobaproa), entre los tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hablar de restauración del autoritarismo no es exagerado, ni significa revivir fantasmas del pasado; es una realidad del México de hoy. Desde luego, a nivel de los presidentes mexicanos la historia de las represiones y matanzas es interminable, por más que se quieran negar u ocultar y que la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos del Pasado haya fracasado en su intento de fincar responsabilidades penales a los responsables.
Basta recordar los cientos de perredistas asesinados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las dos docenas de periodistas que también cayeron abatidos o los casos de comunicadores que fueron forzados, por diversas vías, a abandonar sus medios de comunicación por resultar incómodos para el presidente en turno. Sin mencionar los excesos de Raúl Salinas.
Todavía más presentes están los abusos y atropellos de los gobernadores priistas de Oaxaca, Ulises Ruiz (con flagrantes violaciones a los derechos humanos, según la recomendación de la CNDH por el conflicto con la APPO, y con varias decenas de luchadores sociales asesinados); de Puebla, Mario Marín (con la persecución y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho, en el caso de Kamel Nacif); de Coahuila, Humberto Moreira (con el excesivo endeudamiento de la hacienda pública, violando todas las leyes); o de los tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (con sus vínculos con el narcotráfico).
Pero incluso el mismo candidato Enrique Peña Nieto tiene su historia de abusos y excesos, entre los que se encuentra la represión en Atenco, en la que el Pleno de la Corte reconoció que hubo violación generalizada de los derechos humanos, pero procurando no atribuir responsabilidades directas al gobernador –aunque él mismo reconocería en la Universidad Iberoamericana que era el único responsable. Asimismo, tenemos la reforma electoral a modo que Peña Nieto consiguió para asegurar la permanencia en el poder de su partido, gracias a la mayoría que logró en el Congreso local a través de los diputados del tricolor y la compra de voluntades de otros legisladores que sucumbieron ante el poder del dinero; la compra de medios y periodistas, como han informado Proceso y The Guardian, o el espionaje a los principales actores políticos, como también se reveló oportunamente.
En esta misma campaña política por la Presidencia de la República, algunos conductores de programas de radio renuentes a regresar a las viejas prácticas refieren que los maletines con dinero en efectivo ya están de vuelta en las instalaciones de los medios para modificar los comportamientos de los comunicadores.
El autoritarismo se manifiesta mediante la represión, la corrupción, la violencia, la censura y la persecución política, entre otras formas del mismo que están presentes en México y que serán una realidad impuesta a nivel nacional si se concreta el escenario que perfilan la mayoría de las encuestas de preferencia electoral.
Sin embargo, todavía hay dos formas de evitarlo: una, votando en la elección presidencial por el candidato opositor a Peña Nieto con mayores posibilidades de ganarle; y dos, sufragando por los candidatos a diputados y senadores del PAN y la coalición Movimiento Progresista. Cruzar las boletas por los del Panal no tiene ningún efecto, pues el acuerdo entre Peña Nieto y la lideresa Elba Esther Gordillo es evidente.
En el primer caso, la elección presidencial, conforme a la encuesta realizada por el Observatorio Universitario Electoral (OUE), el aspirante que tiene posibilidades de derrotar a Peña Nieto es Andrés Manuel López Obrador; la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, perdió demasiados sufragios por sus errores, particularmente al inicio de las campañas, cuando ocupaba el segundo lugar, y hoy no tiene posibilidades reales de remontar.
Araceli Damián, del OUE, en un documento que circula en correo electrónico, expone en forma contundente, con información extraída de dicha encuesta, por qué López Obrador es quien tiene las posibilidades reales de ganar. Particularmente tres datos son irrebatibles: el hecho de que, entre los hombres, AMLO y Peña Nieto estén empatados en 33% de las preferencias brutas (con un 15% de indecisos), mientras Vázquez Mota se encuentra prácticamente a la mitad de ellos, con 17%; en el caso de las mujeres, el tricolor sí lleva una ventaja de 12 puntos porcentuales, pero Andrés Manuel ocupa el segundo lugar. Este dato coincide con el que proporciona la encuesta de Reforma, donde en el transcurso de la campaña Vázquez Mota perdió 9 puntos porcentuales de la preferencia entre las mujeres, mismos que subió AMLO, quien, aunque no logra rebasarla, se ubica sólo un punto abajo.
Otro de los datos muy relevantes son las respuestas a las preguntas de si el país necesita que el PRI regrese al gobierno, que el PAN continúe en el gobierno, o que gobierne una opción distinta a las dos anteriores. El 38% elige la tercera opción, contra 32% de la primera y solamente 18% de la segunda.
Esto todavía se hace más evidente cuando se divide por sexo, pues 42% de los hombres y 35% de las mujeres seleccionan la tercera opción, con lo cual crece la posibilidad de que AMLO se quede con el 15 y el 24% de hombres y mujeres que todavía no definían su voto al momento de la encuesta.
El tercer dato es que, al preguntar por cuál candidato nunca votaría, Josefina acapara el 27% de las respuestas; Peña Nieto, el 25, y AMLO, el 21.
A estos tres datos se agrega uno obtenido de la encuesta del Grupo Reforma, según el cual entre 38% de los electores que no declaran afinidad partidaria definida (de acuerdo con la misma encuesta), López Obrador acapara 41% de las preferencias, contra 26 de EPN y 23% de JVM.
Como puede verse, quien tiene probabilidades reales de remontar la diferencia que lo separa del puntero Peña Nieto es Andrés Manuel López Obrador, considerando el resto de la información que puede extraerse de las encuestas de preferencia electoral y el altísimo porcentaje de indecisos que todavía existen en todas las encuestas.
Ahora bien, si el ganador fuese López Obrador, los riesgos de que se cumplan todas las amenazas con las que los enemigos del perredista tratan de asustar a sus posibles votantes son nulas, pues los partidos que lo postulan (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) no reúnen ni siquiera la tercera parte de las preferencias electorales en el Congreso de la Unión, con lo cual el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo está asegurado.
Y si eso fuese poco, aun en el supuesto de que el nuevo presidente tuviese la oportunidad de proponer la terna de candidatos para sustituir a los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyen su encargo el 30 de noviembre de este año, no será sino hasta 2018 (cuando concluye el próximo periodo gubernamental) cuando terminen su encargo otros dos ministros, por lo que permanecerán en el Pleno siete de los actuales 11 ministros, y este es otro impedimento para que el mandatario en funciones pueda ejercer algún control sobre dicho órgano. Así, el equilibrio entre los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) también está asegurado. Como puede verse, no es viable la concreción de las amenazas que difunden los opositores de AMLO.
De este modo, las opciones para evitar la regresión al autoritarismo son muy claras: votar para presidente por López Obrador, y para legisladores, por los candidatos del PAN y el Movimiento Progresista. Con plena conciencia de que si el ganador de la elección presidencial es Peña Nieto, los legisladores blanquiazules seguramente apoyarán el programa económico del priismo, con todas sus repercusiones sociales, como ya lo han hecho en el pasado; y si es López Obrador, se opondrán a muchas de sus iniciativas de política económica y social.

CUALIDADES DE UN PRESIDENTE


MIGUEL CARBONELL

En la ciencia política norteamericana hay incontables estudios en los que se analizan las cualidades que deben tener quienes aspiren a ser presidentes de los Estados Unidos. En muchos de esos estudios se hace un listado de virtudes o características positivas y luego se les compara con el desempeño que algunos presidentes del pasado tuvieron. 
De esa forma, se suele citar como los más grandes presidentes de la historia a George Washington y Abraham Lincoln; junto a ellos, pero en otro nivel, se suele reconocer la grandeza y buen gobierno de Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Franklin D. Roosevelt o Woodrow Wilson. Entre los presidentes "fallidos" se cita en primer término y por razones obvias a Richard Nixon, pero también a personajes como Andrew Johnson o Ulysses S. Grant.
¿Qué es lo que hace que una persona forme parte del primer grupo y no del segundo? ¿qué cualidades debe reunir alguien para pasar a la historia como un gran Presidente?
Obviamente, toda biografía política depende del momento histórico en que se vive y de las circunstancias más o menos propicias que se deben enfrentar. Hay momentos en la historia de los países que permiten que las grandes personalidades sobresalgan, mientras que en otras circunstancias se ahogarían en la mediocridad. 
Sin embargo, hay al menos seis rasgos generales que debe tener cualquier persona para ser capaz de aspirar a un gobierno exitoso y a pasar a la historia como un gran estadista.

1. Habilidad como comunicador público
Un buen Presidente debe ser, sobre todo, un buen comunicador. No sirve de nada que tenga buenas ideas si no es capaz de explicarlas y defenderlas en público. En una democracia, los políticos no deben solamente vencer, sino también convencer; y eso se hace hablando, dialogando, comunicando proyectos, iniciativas, propuestas, etcétera.
El Presidente debe ser capaz de hacer llegar con eficacia sus ideas a todo tipo de interlocutores: lo mismo debe hablar con los grandes lideres mundiales que hacerlo en una reunión de campesinos de una pequeña localidad serrana de Oaxaca. Y en todos los casos debe ser igualmente convincente. El Presidente debe saber seducir con las palabras, para sumar legítimas adhesiones a su proyecto político.

2. Capacidad organizativa
El Presidente encabeza la administración pública federal, lo que supone un enjambre de dependencias y oficinas de todo tipo. Es el jefe de millones de empleados públicos. 
Debe tener la capacidad suficiente para elegir a buenos colabores (los mejores que estén disponibles en cada área) y hacer que trabajen de forma coordinada, para que en efecto conformen un equipo. No se trata de sumar talentos que trabajen de forma aislada, sino de conformar una organización que sirva y sea efectiva en la consecución de las metas diseñadas por el Presidente. 
Además, el Presidente debe tener la capacidad de supervisar el trabajo de sus colaboradores y tener el temple necesario para realizar los ajustes que sean necesarios, incluyendo los relevos en el gabinete.

3. Liderazgo político
Un buen Presidente debe tener claridad del rumbo que le quiere dar a su gobierno, de las medidas que hay que tomar para lograr sus metas y de los apoyos que requiere para tal fin. Debe dar muestra permanente de liderazgo. 
El Presidente en México tiene todos los elementos para ser el principal actor político del país, pero para hacerlo debe ser capaz de diseñar un agenda política de largo aliento, en un sinfín de temas. 
El Presidente debe ser capaz de encabezar las principales negociaciones políticas del país, incluso entre actores de la sociedad. Un buen Presidente debe ser capaz de sentarse con académicos, periodistas, empresarios, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, etcétera, y ofrecerles a todos algún tipo de respuesta a los problemas que tienen. Eso no significa que el Presidente no deba escuchar; por supuesto que debe estar atento a los planteamientos que se le hagan, pero luego de escucharlos debe formular algún tipo de respuesta, ya que eso es lo que espera la gente de él: que tenga ideas pertinentes e idóneas para resolver problemas.

4. Claridad en sus políticas públicas
La actuación de un buen Presidente debe basarse en un plan maestro preconcebido, en el que se articulen con claridad los propósitos que hay que lograr, las áreas responsables de cada tema, los tiempos de ejecución de los proyectos y la forma en que se van a rendir cuentas respecto de los avances logrados y de los no logrados. Todo eso debe estar en la cabeza del Presidente, desde el inicio de su gestión. Seis años puede parecer mucho tiempo, pero en política se pasan en un simple abrir y cerrar los ojos. El Presidente debe desde el primer día de ejercicio del cargo comenzar a correr y no detenerse hasta el último minuto de su gestión; pero esa carrera debe tener rumbo y orientación, para evitar demoras y extravíos, que pueden ser dañinos para el Presidente, pero terribles para el país en su conjunto.
Los malos presidentes son los que navegan sin rumbo, atendiendo el problema que surge diariamente, apagando fuegos aquí y allá, sin haber trazado una ruta y sin tener la capacidad de identificar los pasos que hay que dar para generar políticas públicas exitosas. 

5. Capacidad para procesar información
Hasta las manos del Presidente llegan diariamente cientos o miles de documentos, recibe varias docenas de llamadas, conversa con muchas personas de dentro y fuera del país, tiene acuerdos cotidianos con sus principales colaboradores y debe registrar con cuidado lo que dicen los medios de comunicación sobre el trabajo que realiza y sobre muchos otros asuntos de interés general. 
Para poder procesar con eficacia ese torrente informativo el Presidente debe tener una gran capacidad de análisis, que le permita separar el grano de la paja, que lo oriente respecto de la mayor o menor veracidad de lo que escucha o de lo que lee, y sobre todo debe ser capaz de digerir la información indispensable para tomar decisiones, con rapidez y con eficacia. 

6. Inteligencia emocional
El Presidente recibe diariamente una gran cantidad de estímulos de todo tipo: recibe buenas y malas noticias; se entera de cosas que nunca salen a la luz pública; debe ser reservado en muchos aspectos, pero abierto en otros. Debe darle la mano a personajes que le causan repugnancia y sentarse junto a personas de las que puede ser que tenga información que son unos malandrines. Sabe que muchas de las personas que se le acercan le van a pedir favores inaceptables o simplemente quieren aprovecharse de su amistad o de su capacidad de influencia. Todo eso causa un impacto evidente en cualquier ser humano, sin importar el cargo público que ocupe. 
El Presidente debe ser capaz de ejercer un gran autocontrol sobre sus emociones. No puede dejar que le gane el enfado, el coraje, la rabia, ni siquiera la indolencia o el desinterés en algún tema. No puede ponerse a despotricar en público, como lo hacen el resto de los ciudadanos. Su presencia pública debe ser siempre comedida, incluso calculada. Hay muchas cosas a las que deberá renunciar, mientras encabece al gobierno federal. No podrá hacer todo lo que le guste, ni decir todo lo que piense. Pero eso sí, deberá pensar muy bien todo lo que diga.

¿Qué personajes en la historia de México han reunido un mayor número de estas características?, ¿quiénes han sido buenos presidentes en la historia reciente del país, qué políticos en activo tienen lo que hay que tener para ocupar la presidencia de la República? Estoy seguro que, sean cuales sean las respuestas que cada lector pueda dar a las anteriores preguntas, le resultará de utilidad confrontarlas con las seis cualidades que acabo de enunciar.