JAVIER CORRAL JURADO
Nunca habían recibido tanto dinero los estados de la República que con la llegada de los gobiernos del PAN. El federalismo casi se duplicó en 12 años, de lo que había avanzado en 80 años. Hoy en día las entidades reciben el 34 por ciento de los ingresos federales. Lo paradójico es que cuando más reciben, más se endeudan.
El caso de Chihuahua es muy ilustrador, puesto que es de los estados más endeudados, pero también de los que más recursos reciben por parte de la federación, más de 30 mil millones de pesos; mientras que su deuda actual es de 18 mil millones de pesos, producto de compromisos contraídos en la forma de 7 créditos bancarios, cuyos intereses mensuales ascienden aproximadamente a 190 millones de pesos.
¿Por qué se genera tal contradicción? Es evidente que hay un manejo irresponsable de las finanzas estatales, una manga ancha en no pocos rubros, pero a ello también contribuye la enorme corrupción que se ha desatado en los gobiernos estatales, sin auténtica fiscalización por parte de los Congresos locales, y por la ausencia de un sistema nacional de rendición de cuentas que actúe con independencia política y pueda brincar el pretexto de "la soberanía de los estados". La impunidad existente en las entidades, ha multiplicado las conductas corruptas y corruptoras. Chihuahua, lamentablemente, también es uno de esos casos, ni más ni menos que en la época actual, bajo la administración de César Duarte.
Un sistema nacional de rendición de cuentas obliga esencialmente a transparentar la información y dar plena explicación y justificación del ejercicio de las facultades y atribuciones que tiene la autoridad, y sería sin lugar a dudas, junto con la autonomía constitucional de los órganos de procuración de justicia y de los de fiscalización de la federación y los estados, el mejor instrumento para el combate de la corrupción, que sigue siendo el gran problema de nuestro sistema político, recrudecido como nunca antes en las administraciones estatales.
El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional ubica a nuestro país en el lugar 98 por debajo de países como Brasil, Ghana, Cuba, El Salvador, Jamaica y Guatemala. Factores como éste y como la impunidad se suman a la lista de obstáculos que dificultan el fortalecimiento de las instituciones y permean en el progreso económico y social del país. Esa percepción está basada en varios elementos con asidero en la realidad, y los niveles de gobierno que más contribuyen a formarla son los municipios y los estados, precisamente los de mayor contacto directo con los ciudadanos.
La corrupción y la impunidad son elementos indisociables. La impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción. Este es en realidad un problema endémico. No denunciarlo, no afrontarlo, es ser parte de él.
Comento lo anterior, porque en mi columna pasada adelanté que era hora de colocar no sólo sobre la agenda mediática, sino sobre cauces legales y políticos, hasta llegar a sus últimas consecuencias en la denuncia, seguimiento y castigo del enorme caso de corrupción que se está realizando a través del organismo Pensiones Civiles del estado, por parte del gobierno de César Duarte.
El gobierno del estado está adquiriendo medicamentos con sobreprecios exorbitantes para favorecer, y así pagar la factura, a varios de quienes le financiaron a César Duarte buena parte de su campaña, quienes además de ser compañeros de viaje frecuentes del mandatario, se han convertido a través de distintas empresas en las que no necesariamente aparecen, en recipiendarios fabulosos de contratos de carreteras, equipamiento, transporte público, obras para presas y no se diga, medicinas.
Pensiones Civiles del estado convocó y realizó la más importante licitación pública en el sector, con el objeto de adquirir medicamentos y productos farmacéuticos, a la cual fueron convocadas más de 40 empresas distribuidoras, y aquí empieza la historia.
En el expediente constan varias anomalías: "una de ellas fue que si el concursante había celebrado o tuviera contratos vigentes con otras dependencias chihuahuenses, debía de presentar una carta de conformidad de dichas dependencias donde se manifieste que el concursante ha cumplido en tiempo y forma con los compromisos adquiridos en sus contratos, lo cual nunca antes se había solicitado".
Algunas dependencias no dieron la carta de conformidad a 11 empresas concursantes, lo que las descalificaba automáticamente de la licitación; sin embargo, las razones por las que no se otorgaron los oficios gozaron de enorme discrecionalidad: "algunas se excusaron porque el titular estaba de vacaciones, en otras tuvieron que realizar correcciones a varias versiones de las cartas con ausencias prolongadas de los responsables, y en otras, simplemente no se les dio razón alguna".
La licitación produjo 10 ganadores de las partidas licitadas; pero la que se ha colocado en la mirada de varios columnistas y de una de las empresas inconformes es YMMARSA Pharmaceutica, a cuya titularidad aparecen como dueños Hiram y Jorge Márquez, hermanos, ya que se llevó el 83 por ciento de las 881 partidas licitadas cerrando un negocio de 354 millones de pesos, aunque presentó aumentos de precios exorbitantes comparado al año anterior. Así la información de la que dispongo, "YMMARSA cotizó 648 piezas de Fenitoina Sódica en $204.60 pesos por pieza cuando en el ejercicio anterior habría gastado $48.62 pesos por pieza, es decir un 321 por ciento por arriba; asimismo, cuatro mil piezas de Propafenona, que produce Kendrick, a $82.80 pesos por pieza, teniendo un costo al año anterior de $20.75 pesos por pieza... 299 por ciento más caro.
Igualmente, encontramos el caso de la Bicalutamida, de Asofarma, cotizada por 700 piezas a $1,503.60 pesos; mientras que en 2011, se cotizó en $500.00 pesos… 201 por ciento de sobreprecio. En resumen, el sobreprecio que la dependencia erogará en 2012 para los mismos productos en adquiridos en 2011 será de alrededor de $100 millones de pesos".
El asunto de YMMARSA Pharmaceutica acapara la atención, pues resulta que los dueños de esta empresa apoyaron la campaña del gobernador César Duarte, lo que sugiere que la estrategia emprendida por el estado fue para favorecer a este distribuidor local y pagar los favores recibidos. Asimismo, el hecho de que esta empresa se haya constituido en julio 2011, siete meses después de la toma de posesión del Gobernador (diciembre 2010), genera aun mas sospechas, cuando para este tipo de licitaciones se pide por lo menos dos años de experiencia en el ramo.
Ahora bien, la siguiente licitación sería del Instituto Chihuahuense de Salud, que dirige el Dr. Noel del Val Ochoa, la cual abarcaría un mercado de $200 millones de pesos. La licitación se llevó a cabo y hubieron los mismos factores extraños, como la carta que se comentó, sólo que en esta ocasión a la mayoría de las empresas que la requerían se les entregó en sentido negativo (en la licitación pasada simplemente no se las dieron), es decir, las dependencias marcaron que dichas empresas no cumplieron con sus contratos, a pesar de que algunas de estas empresas llevan más de dos o tres contratos con las diferentes dependencias.
Con lo anterior, la licitación se hubiera quedado sin concursantes, pero ¡oh, milagro!, apareció una empresa llamada Administración y Comercialización de Franquicias Internacionales, cuyo mayor accionista es Víctor Almeida García, que pertenece al otro grupo de amigos del gobernador Duarte al que, al igual que YMMARSA Pharmaceutica, la empresa que ganó la anterior licitación, apoyaron económicamente la campaña de César Duarte. Además, curiosamente, Administración y Comercialización de Franquicias Internacionales ofertaron 873 de las 912 partidas con una cotización de $186.5 millones de pesos.
En cuanto a la primera licitación y luego de una queja realizada por una de las empresas afectadas, Marketing Medicinal, el director de Pensiones Civiles del estado, Marcelo González Tachiquín, indicó que la persona que estaba a cargo del Área de Adquisiciones fue cesada de su cargo por pérdida de confianza. Además, el funcionario estatal indicó que la licitación fue realizada antes de que él ocupara el cargo, por lo que pidió que todos los procesos de adquisiciones fueran revisados por las áreas fiscalizadoras del gobierno del estado, las cuales emitirían una serie de recomendaciones que el instituto atendería, inclusive si indicaran cancelar las licitaciones que se hubieran efectuado y volver a licitar. Afirmó que hasta el 24 de febrero de 2012 (fecha en que realizó las declaraciones para El Diario de Chihuahua), no se había firmado ningún contrato con las empresas ganadoras de la licitación. En un reportaje realizado por la revista Contralínea sobre este caso (marzo de 2012, No. 277), González Tachiquín comenta que la carta de cumplimiento se solicitó para que “se hiciera constar que [los participantes] son cumplidos”; lo cual demuestra que es necesaria experiencia en el ramo; sin embargo, YMMARSA no contaba con ninguna.
Finalmente, las partidas que se declararon desiertas de la primera licitación correspondiente a Pensiones Civiles del estado, se volvieron a concursar bajo el registro PCE-LP-001-2012-BIS; se mantuvo el requisito de la carta de conformidad, con lo cual se confirmó la persistencia del gobierno del estado por apoyar a los amigos del gobernador en lugar de velar por la salud de los chihuahuenses.
Lo grotesco y a la vez la mejor prueba de lo aquí comentado, es que de nueva cuenta YMMARSA Pharmaceutica volvió a participar, con la diferencia que, ahora sí, fue descalificada en todas las partidas concursadas por estar “fuera de presupuesto”. La gran pregunta a la que el gobierno estatal debe contestar es, ¿Por qué no aplicar el mismo criterio en la primera licitación?, sobre todo con un sobreprecio como el documentado.
Para las demás empresas ganadoras, Pensiones Civiles esperaba cerrar los contratos antes del 17 de mayo de 2012, fecha límite para entregar las fianzas de las partidas respectivas.
A pesar de no es la primera vez que se denuncia este caso, nada ha sucedido en Chihuahua para sancionarlo. Por supuesto que tratándose de mi entidad, y en la que aspiro a ser senador de la República para representar los intereses de todos los ciudadanos, he decidido asumir la denuncia de este caso como un deber ético y político, y buscar mediante todos los medios a mi alcance, que sean sancionados los responsables.
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