martes, 30 de junio de 2009

23 RAZONES PARA ANULAR

DENISE DRESSER

Porque:
1. Los votos convencionales construirán gobiernos estatales, ayuntamientos, Congresos locales, Jefaturas Delegacionales, Asamblea Legislativa y una Cámara de Diputados que no tendrán el menor incentivo para rendir cuentas.
2. Los votos nulos cuentan como mecanismo de protesta, sobre todo si se levanta una encuesta de salida –como ha sugerido Federico Reyes Heroles– en la cual se puedan enlistar los motivos de la insatisfacción.
3. Los sufragios cuentan desde hace muy poco, en efecto, pero esa no es razón suficiente para argumentar que el sistema electoral no puede ser mejorado usando la anulación como forma de presión. Sin duda, es mejor que los votos cuenten, porque en el pasado no era así, pero sería mejor aún que lograran producir una representación real que actualmente no existe y que la anulación busca impulsar.
4. Existen diferentes opciones, pero las diferencias ideológicas entre los partidos –a la hora de gobernar– suelen sucumbir ante la presión de los poderes fácticos, como ocurrió con la Ley Televisa, la ley de “acciones colectivas”, la iniciativa para aumentar las multas que puede cobrar la Comisión Federal de Competencia, la reforma energética que dejó sin tocar al sindicato de Pemex y tantas más.
5. Es una falacia que los partidos se diferencien notablemente a la hora de llegar al poder, sobre todo cuando la priización –el clientelismo, el corporativismo y la impunidad– afecta a todos.
6. Resulta una elaboración intelectual insostenible argumentar que la democracia electoral mexicana merece ser defendida sin las modificaciones sustanciales que aseguren la representación y la rendición de cuentas.
7. La derivación política de esa construcción intelectual recuerda a los discursos priistas en defensa de la “democracia a la mexicana”, que se reducía a la simple rotación de élites dentro del PRI. Ahora otros partidos participan en la rotación y el mecanismo se ha vuelto más competitivo, pero la falta de representación real, fundacional, persiste debido a la inexistencia de la reelección.
8. La anulación cuenta como un instrumento válido para sacudir, presionar, exigir, y empujar a la profundización democrática que los partidos tanto resisten.
9. La anulación y el voto independiente son formas de participación que se diferencian de la abstención.
10. La anulación se alimenta del humor público ante la persistencia de una democracia mal armada que funciona muy bien para sus partidos, pero que funciona muy mal para sus ciudadanos.
11. El voto nulo tendrá tantas vertientes y pulsiones como el voto “normal”; habrá quienes anularán su voto para exigir las candidaturas ciudadanas y quienes votarán por el PRI en busca de “agua y paz”, la promesa difusa de Fausto Zapata en el Distrito Federal.
12. El voto nulo expresará –en efecto– hartazgo, desencanto y malestar: el primer paso para diagnosticar lo que le falta a la democracia mexicana e impulsar los cambios indispensables.
13. El movimiento nacional en favor del voto nulo sin duda necesita articular una plataforma mínima de demandas consensuadas, que traduzcan el agravio en propuesta. Pero el agravio existe y es legítimo; basta con ver la última encuesta del periódico Reforma, en la cual el 79% de los encuestados cree que los partidos actúan siguiendo sus propios intereses. Sólo el 12% piensa que vigilan los intereses de los ciudadanos que representan.
14. Los padres y las madres del voto nulo sin duda tienen en común eso: malestar. Ese malestar que es componente fundamental de la democracia participativa, en la cual los ciudadanos se organizan para componer algo que no funciona o exigir derechos que han sido negados. Subestimar ese malestar es no entender la realidad del país.
15. Votar construye la punta del iceberg civilizatorio, pero anular el voto también lo hace. Constituye un acto de deliberación tan válido como el voto tradicional, y representa una forma de participación política pacífica, ciudadana, que bien encauzada puede contribuir a ampliar las libertades conquistadas durante las últimas décadas.
16. El mundo de la representación real aún no se logra en un país que no ata a los legisladores a las demandas y preocupaciones de los ciudadanos. Es cierto, hay más pluralidad política, pero eso no es suficiente. Y no queda claro que los ciudadanos puedan mejorar la democracia mexicana tan sólo votando, ya que las demandas pendientes son ignoradas por los partidos una vez que llegan al poder.
17. El voto ha sido un instrumento inmejorable para ampliar el ejercicio de las libertades. Pero no es el único instrumento. La política no puede ni debe depender exclusivamente de la votación por o la participación en un partido, aunque Felipe Calderón y otros crean que es así. Las democracias funcionales se nutren de muchas fuentes de participación que buscan precisamente obligar a los partidos a hacer suyas demandas que de otra manera ignorarían.
18. Y sí, los que llaman a anular el voto tendrán que organizarse más allá del 5 de julio, pero eso no significa que deberán hacerlo en un partido. Quienes sugieren eso demuestran una visión demasiado estrecha sobre el funcionamiento de la democracia.
19. El voto nulo tiene el tufo del desprecio, no a la política como actividad en sí, ya que el movimiento está haciendo política al convocar y organizar como lo hace. Lo que el voto nulo critica es la forma prevaleciente de hacer política partidista en México hoy.
20. El voto nulo no implica un acto de abandono de la plaza; de hecho, busca ocuparla en nombre de una ciudadanía a la cual se le han negado derechos que forman parte de las democracias exitosas del mundo; derechos como la capacidad de sancionar a un diputado y removerlo del poder; como las candidaturas ciudadanas, el plebiscito, el referéndum, y la revocación del mandato, entre otros.
21. Los preocupados por la vida política del país están obligados a generar diagnósticos y propuestas de reformas, fórmulas de organización, agendas que graviten sobre la toma de decisiones, mecanismos de rendición de cuentas. El problema es que los primeros en asumir esa responsabilidad deberían ser los partidos, pero no lo hacen. No tienen el menor incentivo para modificar la situación política actual. Y, precisamente por ello, el voto nulo está intentando crear una trama civil que eleve la presencia de las organizaciones y las propuestas que emergen de la sociedad.
22. Los propios partidos han incorporado a sus listas a ciudadanos no afiliados a ellos, pero eso no basta para modificar el andamiaje institucional, ni para permitir las candidaturas ciudadanas independientes que podrían airear al sistema.
23. Porque, como escribe Milan Kundera, “todo lo que es puede no ser”. Y ojalá lleguemos al momento en que lo que es deje de ser. Espero que un día nos encontremos con partidos obligados a representar ciudadanos, elecciones que sirvan para algo más que rotar élites o familiares, un Congreso plural que no se doblegue ante los poderes fácticos en cada negociación legislativa, una división de poderes real, y súmele usted…Ahora bien, si usted quiere tachar la boleta en favor de un candidato en vez de anular su voto o de votar por “Esperanza Marchita”, hágalo. Está en su derecho. Piense, sin embargo, en que probablemente jamás volverá a ver al diputado por el cual votó porque –en este sistema democrático trunco y parcial– usted no le importa. Él o ella dirá que lo representa cuando en realidad no podrá hacerlo.

EL PARTIDO VERDE Y LA TELEVISIÓN

JAVIER CORRAL

Perla periodística —porque hurgó con inteligencia en el momento oportuno y desnudó la farsa—, la entrevista que Marilú Torrano hizo al actor Raúl Araiza para el programa de radio Tal cual, que conduce Susana Moscatel (MVS 102.5 de FM), evidencia mucho de la relación política y de negocios entre el Partido Verde y Televisa, pero, sobre todo, regala trazos insospechados de la concepción en que se fundan las complicidades entre la televisora y ese partido que, de la mano desde hace ya varios años, han cometido en esta campaña los actos violatorios de la legislación electoral más descarados y desafiantes al estado de derecho.
Las declaraciones de Araiza —que ahora trata de hacerlas pasar como descontextualizadas— sólo confirmaron lo que ya eran quejas de algunos partidos ante el IFE: que los promocionales de la revista TV y Novelas —propiedad de Grupo Editorial Televisa—, que pasaron por los canales 2 y 5, entre el 3 y el 21 de junio, en los que se presentaba como noticia los motivos de Araiza para apoyar al Verde y hacer promoción de sus tres propuestas de campaña, eran en realidad simple y llanamente más propaganda electoral, contratada o donada a ese partido por la televisora. Lo que está prohibido por el artículo 41 de la Constitución de la República.
Lo mismo ocurrió hace unos meses cuando Maite Perroni prestó su imagen al PVEM para los spots contratados por sus diputados federales, presuntamente para difundir sus informes de labores, cuando en realidad era propaganda electoral pura. Pero el Tribunal Electoral federal no lo consideró así y exoneró a la televisora y a su partido de la multa que había impuesto el IFE. De aquel absurdo se puede colegir que la nueva multa impuesta por el órgano electoral, de 13 millones de pesos a Televisa y su partido, por esta nueva violación, gozará de la misma impunidad que la anterior. Con todo y lo que el conductor del programa Hoy reveló, suelto y desparpajado.
Araiza, quien se alquiló a petición de Televisa como voz e imagen del Verde en su campaña de propuestas engañosas, confesó haber sido contratado en un focus group y resolvió hacerlo “como si me hubiera escogido Coca-Cola o Marinela, pues ese es el mismo proceso como actor, como imagen, no tanto en meterme a fondo en cuestiones políticas ni representar a fondo a nadie”.
La reportera inquirió sobre “si realmente estaba creyendo en las propuestas, porque cómo podía prestarse a ser la imagen de una campaña política”. Araiza contestó: “Me gustan algunas pero no todas, ni la de los otros partidos, de hecho yo me he abstenido casi toda mi vida, aquí hay muchas cosas del Verde que me gustan. (...) Lo de la pena de muerte es un tema bien delicado que yo creo que de entrada no se va a aceptar, yo creo por la corrupción que hay en nuestras leyes y que bueno, porque si no, cuántos inocentes podrían perder la vida. Entonces en esa yo no estoy a favor, es un castigo más que una solución, pero bueno, ellos ponen otras que son muy buenas: las del fondo de educación, las medicinas…”.
La capacidad de simulación con la que Araiza actúa en los promocionales de cine y tv, como si realmente fuera un convencido del Verde al que endosa su fama, contrasta con su franqueza al hablar de su única lealtad en política, del único presidente al que reconoce desde hace 22 años: Emilio Azcárraga, padre e hijo.
En la desafiante apuesta de poder con la que la televisora resiste y burla la ley electoral, la respuesta del actor ofrece la mejor explicación: “A mi presidente nunca lo quitan, que es el señor Azcárraga, a él nunca lo quitan y a nosotros no nos traiciona nuestro presidente”.
Araiza no es capaz de concebir la síntesis magistral que su doblez proclama, pero nos formula el reto ineludible para los demócratas en los tiempos por venir: continuar con la dictadura de las televisoras y la simulación de su Partido Verde —ariete y testaferro, bandera falsa y programa inerme—, o poner bajo las reglas de la competencia y la diversidad, de la democracia y de la rendición de cuentas, a las empresas de televisión y al sistema de partidos.
No será otra la disyuntiva si la política ha de reinvindicarse ante tantos reclamos sociales y ciudadanos. Si en verdad se quiere reconducir el rumbo y rescatar dignidad y sentido patriótico al ejercicio del poder.

NO HAY QUE DRAMATIZAR

JORGE ALCOCER

Mañana concluyen las campañas. A reserva de ver las últimas encuestas, las tendencias apuntan al regreso del PRI a la posición de partido con mayor número de votos, sin alcanzar mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En los estados con elección local concurrente -10- y en el Distrito Federal, los pronósticos apuntan a una relativa estabilidad en el reparto del poder, pero puede haber sorpresas.Más del 80% de los ciudadanos saben la fecha de la elección, pero sólo alrededor del 40% del total dicen estar seguros de ir a votar. No es una buena noticia, pero no es inédito, ni aquí ni en otras latitudes. La interrogante es por el voto nulo -cualquiera que sea la forma en que se exprese- pues en algunas encuestas un 15% de los potenciales votantes dice que anulará su voto, aunque cuando se les entregó el facsímil de la boleta el porcentaje bajó a menos del 5%. Lo que sigue es la lectura de esos votos; habrá múltiples intérpretes.De las novedades, cabe destacar la regulación de precampañas, cuyo efecto práctico más importante fue fijar fechas de inicio y término de las mismas; la reducción del plazo de campaña a 60 días y la disminución de su financiamiento público en un 70%, lo que se explica por la entrada en operación del nuevo modelo de acceso de los partidos a TV y radio, que ha sido el aspecto más discutido.No es casual que las determinaciones del IFE y las reacciones de los concesionarios y permisionarios, especialmente de TV, hayan ocupado la atención pública. Desde el arranque de las precampañas quedó claro el desafío planteado por Televisa y TV Azteca a la aplicación de la reforma, que pasó del litigio ante los tribunales al boicot. Aunque las dos televisoras suprimieron las cortinillas originalmente colocadas y mitigaron la compactación de mensajes, el volumen de los mismos -y las decisiones de los consejeros y magistrados electorales- condujeron a pautas de difusión que se distinguen por la sucesión, sin orden ni concierto, de mensajes de diferentes partidos y de las autoridades electorales.Según los reportes del IFE, las pautas fueron cumplidas en más del 85%; con pocas excepciones, los problemas obedecieron casi siempre a deficiencias en el pautado original o a problemas técnicos. Quedó probado que, en términos de su operación, el modelo funciona de manera más que razonable, incluso utilizando solamente formato de spot (30 segundos) como -desafortunadamente- ocurrió en esta primera experiencia.Es cierto que el IFE se ha visto sometido a una inédita carga de trabajo, pero hay que decir que una parte del problema ha estado en la proliferación de quejas partidistas al amparo del procedimiento especial sancionador, asociadas buena parte de ellas a supuestas violaciones al artículo 134 constitucional, es decir a conductas de servidores públicos y propaganda gubernamental. La omisión del Congreso, al no expedir la ley reglamentaria, explica -en buena medida- los abusos y entuertos que hemos presenciado. Cabe apuntar también que, con la deshonrosa excepción del PVEM y algunos casos individuales, la prohibición a los partidos y sus candidatos de comprar o disponer, en cualquier modalidad, de tiempo en TV y radio para fines de propaganda electoral fue respetada.Es usual que en campaña los partidos opositores extremen críticas y propuestas, que hablen del momento decisivo, de la oportunidad histórica; lo singular en 2009 ha sido que la polarización corrió a cargo del partido gobernante (PAN), y que luego un variopinto grupo de personajes y organizaciones haya descubierto la oportunidad de crear un parteaguas anulando el voto.Sin restar importancia a la elección, no hay que dramatizar. La normalidad electoral tiene como contrapartida la existencia de aburridas rutinas democráticas que lejos están de provocar la pasión del electorado. Con o sin reelección, con mejores o peores partidos, esas rutinas no cambiarán, creo que para bien.Será que, como también escribió Milan Kundera, la vida está en otra parte.

lunes, 29 de junio de 2009

NULIDAD CONFORMISTA

JOHN M. ACKERMAN

Nadie sabe para quién trabaja. Los anulistas” de izquierda que buscan un cambio de raíz en la injusticia, corrupción y desigualdad del país verán que después del 5 de julio sus votos serán utilizados, en el mejor de los casos, para apoyar la realización de cambios institucionales superficiales o, en el peor escenario, para fortalecer agendas profundamente contrarias al interés público.
Si lo que se busca es sacudir el sistema político y obligar a los representantes populares a tomar en cuenta propuestas verdaderamente ciudadanas y progresistas, la mejor acción sería votar en contra de los dos partidos que han controlado el gobierno federal desde hace casi un siglo: el PRI y el PAN. También habría que decir “no” a los partidos patrimonialistas, como el Partido Verde, el Partido Social Demócrata y el Partido Nueva Alianza, que más parecen negocios familiares que “entidades de interés público”.
El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia evidentemente quedan muy lejos de la pureza, pero no por ello dejan de ser importantes vehículos con los que la ciudadanía cuenta para impulsar una transformación estructural del país.
Los líderes, organizaciones y propuestas del emergente movimiento del voto nulo no inspiran mayor confianza que los dirigentes y propuestas de los partidos políticos. Indiscutiblemente, ni Jesús Ortega, Andrés Manuel López Obrador ni Dante Delgado son unos santos. Ninguno de los tres nació ayer en política y todos están rodeados de numerosas figuras de dudosa trayectoria. Pero los intelectuales y las organizaciones que encabezan el movimiento por la anulación del voto tampoco son puros y, hay que decirlo, también tienen muchos amigos incómodos.
Las propuestas que han surgido del movimiento anulista no son particularmente innovadoras: relección legislativa, candidaturas independientes, reducción del tamaño de la Cámara de Diputados, disminución del financiamiento público para los partidos políticos, etcétera. Ninguna de estas propuestas contiene las semillas de una transformación radical en la forma de hacer política, y algunas incluso podrían implicar graves retrocesos.
Se dice, por ejemplo, que la relección legislativa fortalecería la rendición de cuentas de los legisladores porque tendrían que someterse al juicio ciudadano al final de sus mandatos. Sin embargo, la experiencia con la relección en Estados Unidos demuestra que este mecanismo más bien fortalece la influencia de los poderes fácticos sobre los legisladores, quienes los necesitan para financiar sus interminables campañas políticas.
La relección también abona a la creación de una clase política aún menos mutable que la nuestra, ya que permite la repetición ad infinitum de políticos profesionales en el mismo cargo.
La apertura a las candidaturas independientes tampoco garantizaría el acceso al poder de ciudadanos realmente autónomos. El desenlace más probable sería que solamente aquellos “ciudadanos” que contaran con grandes cantidades de dinero tendrían la posibilidad de ganar puestos de elección popular. Se abriría así la puerta a la elección de aún más diputados y senadores patrocinados por las principales televisoras y los poderes fácticos del país.
También existe la clara posibilidad de la cooptación del movimiento anulista por posiciones profundamente conservadoras. Ya Alejandro Martí y Jaime Sánchez Susarrey han anunciado sus intenciones de aprovechar el descontento ciudadano expresado en la anulación del voto para impulsar la derogación de la prohibición de la compra de propaganda electoral en la radio y la televisión. Por mucho que Denise Dresser, Sergio Aguayo y José Antonio Crespo se esfuercen por imprimir un sello progresista a los votos nulos, no hay duda de que las grandes televisoras presentarán estos votos como la expresión de un rotundo respaldo ciudadano a su causa.
En principio, existen importantes semejanzas entre el discurso de algunos anulistas y los posicionamientos de López Obrador. Ambos movimientos rechazan la clase política del país y exigen mayor rendición de cuentas de los gobernantes. Ambos esfuerzos buscan revindicar la voz de la sociedad y reincorporar los excluidos al sistema político.
La gran diferencia es que López Obrador habla en lenguaje claro ante plazas públicas llenas de los ciudadanos más marginados del país, mientras los anulistas se comunican por medio de blogs y publican columnas en diarios de circulación nacional. No hay, desde luego, ningún problema con la existencia de un movimiento “clasemediero” urbano apoyado por periodistas e intelectuales. Al contrario, habría que celebrar su existencia y esperar que rinda frutos positivos.
Sin embargo, un movimiento con tan poco arraigo social no tiene posibilidades de provocar la profunda transformación política que dice perseguir y que necesita el país. Si se busca enviar una clara señal de rechazo a la actual conducción política del país, lo mejor que se puede hacer es votar por alguno de los partidos de izquierda. De lo contrario, pronto podríamos encontrarnos con un bipartidismo conformista y una gran masa de ciudadanos anulados e incapaces de promover cambios políticos y sociales de fondo.

COMO AYER Y ANTEAYER: PODER Y RIQUEZA

ROLANDO CORDERA

Los dados no están cargados y todos están sobre la mesa: en la economía no se avista todavía nada bueno y las caídas en el empleo y la actividad económica dominan el panorama y abruman las expectativas. En lo político, emergen aspirantes a convertirse en actores pero su eficiencia representativa y su capacidad de durar está a prueba, antes y después del 5 de julio. Las bravatas contra la clase” política sirven de poco si de renovar y airear el discurso político se trata. Supongo que su utilidad marginal está en otra parte y de lo que tendrá que cuidarse este discurso pendenciero es de no caer pronto en los rendimientos decrecientes, cuando no negativos.
Tampoco debería caber duda de que el gobierno y su partido andan de caza y de compras. Un día sí y otro también, el presidente Calderón reta y presume su fuerza como portador legítimo de la violencia organizada y esclarece el panorama del Estado: nadie está a salvo de su acción redentora y justiciera, salvo aquel que pueda sentirse libre de toda culpa y gracias a ello pretenda juntarse a la lapidación de infieles y pecadores en que el gobierno y su partido han convertido su “guerra” contra el crimen organizado.
La eficacia del discurso que decidieron ensayar Calderón y los suyos está también por verse, como lo está el que su motivación y propósitos sean predominantemente electorales. A esta hipótesis parece querer atenerse casi todo el resto de los grupos y personajes políticos formales, pero es menester asumir que ni los modos ni el verbo del gobierno y su partido se corresponden plenamente con tal especie.
Ni en Michoacán ni en Sonora, en Monterrey o Garza García; ni en la recepción jubilosa que Germán Martínez y el propio Presidente han hecho de las convocatorias y los convocantes al voto nulo, la abstención o la prefectura de los nuevos legisladores, pueden encontrarse datos duros que muestren que se trata de la aplicación puntual de alguna receta del señor Solá. Y si así fuere, habría que admitir que en su puesta en práctica los panistas y sus gobernantes van más allá de la proverbial marrullería electorera de la derecha, española o purépecha.
En efecto, tanto el PAN como el gobierno recurren reiteradamente a formas discursivas y de acción que no pueden sino desembocar en la naturalización y redición de un autoritarismo presidencialista sustentado en el estado de excepción.
Su legitimidad básica, así, no descansaría en el “desempeño” y el cumplimiento de ciertos compromisos programáticos con alguna oposición, como se dice que ocurrió con Salinas y el PAN, sino en la materialización política e institucional de una noción de gobernabilidad, o de gobernanza, como se dice hoy, que le permitiera al grupo gobernante salir al paso del adjetivo de fallido que le asestaron desde el norte hace unos meses.
Y para esto, la fachada pluralista de la política representativa debe dotarse de un hábitat centralizado en la capacidad del Ejecutivo para “actuar sin consultar”, del mismo modo como la gran empresa pretende ahora reproducirse sin cooperar y mucho menos distribuir, con cargo a reformas fiscales y laborales regresivas y atentatorias de los derechos sociales ganados y consagrados en el siglo pasado.
El que los políticos democráticos y de la oposición no se hagan cargo de esta perspectiva sólo pone al desnudo lo epidérmico que es todavía el espíritu público emergido de la transición, así como la dureza y la insensibilidad social, temporal y mediática de, esta sí, la clase dominante. Eso de la “clase” política puede dejarse a los estudiosos de Mosca y Pareto. Lo que hay aquí es poder y riqueza y una gana inmensa, incontenible, de conservarlos tan concentrados como antes.

POLÍTICOS PROFESIONALES

NESTOR DE BUEN

En estos días en que nos abruman con carteles de todo tipo en los cuales nos presentan a personajes, por regla general, desconocidos y a los que dotan de virtudes especiales, uno se pone a pensar si no será necesario que los aspirantes a un puesto político, lo que incluye desde el más modesto miembro de un municipio hasta un presidente de la República, pasaran por un periodo de aprendizaje en escuelas especializadas que estarían facultadas para otorgar títulos que serían elementos esenciales para poder optar por una posición de mando.
El político que asume una responsabilidad, por lo menos administrativa, debería probar previamente sus capacidades. Claro que los títulos académicos no hacen al político, pero sería benéfico para la salud pública que quienes tuviesen vocación para llegar a esas responsabilidades aprendan desde lo más elemental de las funciones que eventualmente –si el voto les favorece o les favorece otra cosa– tendrían que desempeñar.
Pienso en los puestos administrativos de los municipios o las delegaciones. Me imagino que lo menos que tienen que conocer es el marco jurídico de sus responsabilidades. Por principio, tendrían que leer la Constitución federal y, en su caso, la del estado en el que pretendan competir. No sólo leerlas, por supuesto, sino aprender y aprehender lo fundamental. La lectura de las leyes secundarias hecha con detenimiento sería también indispensable, tanto las nacionales como las estatales. En todo caso, los cursos tendrían que ser amplios y exigentes.
El manejo de la cuestión pública es tan importante o más que el conocimiento de los puntos fundamentales de una profesión. Y por algo las profesiones están sometidas a la condición de que el interesado alcance un título y que éste merezca la expedición de una cédula que lo autorice a ejercerlas. Nadie pondría en manos de un ignorante un tema que afecte sus propiedades o sus vínculos familiares. Claro está que existen prácticos en todos los oficios, particularmente en el campo del derecho. En materia laboral son conocidos como coyotes y representan a una persona que por razones de su propia existencia y vicisitudes: por ejemplo haber sido despedido y tener que litigar en busca de la indemnización o la reinstalación, a fuerza de acudir a los tribunales van adquiriendo una experiencia que los lleva a ofrecer sus servicios.
Debo suponer que en materia médica la práctica es tan frecuente como en el litigio. Y no faltan personajes de esa misma naturaleza en la construcción y en la mecánica, poniendo de manifiesto dos actividades muy populares. Hay muchísimas más.
No quiero ni imaginarme a un diputado que no tiene ni idea de las funciones legislativas que debe desempeñar. Y de ésos abundan. Pero puede ocurrir lo mismo con un senador y desde luego que con un concejal o un presidente municipal. Sin olvidar, por supuesto, a los secretarios de Estado. Las pruebas las conocemos todos.
Es claro que el candidato debe ser un sujeto político. Esa es la otra fase del problema. La política es relación humana, capacidad de convocatoria, sentido de servicio, conocimiento de la realidad, disciplina rigurosa hacia su partido y claro sentido del papel que se desempeña. La carrera del político tendría que comprender el estudio concienzudo de esas exigencias.
Hay, por supuesto, el problema de la ideología. Allí la cuestión afecta a la sensibilidad del sujeto, a su formación humanista, a su vocación de servicio. No podríamos imaginar a un político carente de sensibilidad social, lo que puede expresarse, incluso, en formas contradictorias. Los capitalistas tienen, por supuesto, un sentimiento especial frente a las condiciones económicas de su entorno. Y quienes afirmen ser socialistas –o por lo menos preocupados por los problemas sociales– no podrán ser ajenos a la amplia literatura fácilmente accesible y cuya lectura y posterior discusión puede ocupar gratamente el tiempo libre de cada quien. La vida diaria enseña fácilmente.
Los carteles de promoción política deberán reservar un espacio que invocara los antecedentes de la preparación del candidato. Por supuesto que formaría parte importante la disciplina de partido.
Pero ir a votar por un ilustre desconocido que lo único que ofrece es renunciar si no garantiza la seguridad, es perder el tiempo. Por eso y por otras muchas razones se justifican los votos cancelados.

EL ATROPELLO DE LA JUSTICIA ELECTORAL EN IZTAPALAPA

ARNALDO CÓRDOVA

Los jueces, en un estado de derecho, existen para decir el derecho. En unos casos fijan el sentido de las normas o de la misma Constitución de la cual ellas derivan; en otros, coadyuvan a la conducción de los procesos que se siguen para establecer el fin que se persigue normativamente; en otros, también, deciden en un conflicto de intereses jurídicos cuál de ellos tiene la razón y debe prevalecer, y, en otros, en fin, equilibran la acción de intereses que en la realidad son abiertamente desiguales en sus propias posibilidades y, así, lograr la justicia.
Dejemos de lado el deseo que todos los ciudadanos tenemos de que nuestros jueces sean, siempre y en todo caso, personas probas, impolutas, sabias, responsables y partidarias, ante todo, de la causa de la justicia. Sucede que, como nuestros políticos, son también gente de carne y hueso y no ángeles ni querubines. Pese a sus terrenales defectos y deficiencias, tenemos el derecho a esperar de ellos, por lo menos, que se sujeten a la ley y la respeten. No es lo que tenemos con la actuación de los siete magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Iztapalapa es sólo un caso.
Cuando en las elecciones para la presidencia del PRD se alegó como causa de nulidad de votaciones en casillas el que las mismas no hubieran sido recibidas por miembros de ese partido, según establece el artículo 124, inciso d), del Reglamento General de Elecciones y Consultas del sol azteca, los magistrados del tribunal decidieron que no había lugar a la anulación. Con ello le dieron el triunfo a Jesús Ortega como dirigente nacional del partido. No hubo modo de objetar esa resolución.
En su momento, yo estuve de acuerdo con ello. No, en cambio, con muchas otras causales de nulidad que los magistrados ni siquiera mencionan en su resolución, como la abundancia de casillas llamadas zapato o casillas que ni siquiera se instalaron y que se dieron por buenas. Por eso sorprende su actuación en el caso de las elecciones internas para candidatos a la delegación de Iztapalapa. Aquel argumento ahora se dio por válido y se anuló el triunfo de Clara Brugada para darlo a Silvia Oliva. ¿Cómo explicar que no sólo la misma autoridad, sino los mismos magistrados ahora dan por bueno un argumento que antes desecharon? Con el agravante, además, de que la quejosa, Oliva, ni siquiera lo adujo en su demanda.
De las actuaciones de Oliva Fragoso y de Brugada ante el Tribunal Electoral del DF resultaron anuladas, respectivamente, 25 y nueve casillas, con lo que el triunfo siguió siendo de la segunda. A demanda de Oliva sobre 58 casillas, los magistrados del TEPJF invalidaron otras 47, con lo que revirtieron el resultado de la elección interna, cuidando de no llegar a la anulación de 20 por ciento de las casillas para no invalidar la misma elección. Esto último está razonado ampliamente en la sentencia SUP-JDC-497/2009, con ponencia de Pedro Esteban Penagos López.
Mi maestro de derecho procesal civil y derecho procesal del trabajo en la Universidad Michoacana, Arturo Valenzuela, nos decía que el derecho procesal es la verdadera ciencia matemática del derecho. Todo tiene que ser exacto y preciso. De otro modo no hay manera de decir el derecho ni hacer justicia. Cuando el juzgador actúa supliéndose a la queja, lo que quiere decir que va a corregir y a perfeccionar los planteamientos que el promovente no acaba de discernir, para que tenga mejor oportunidad de que se le haga justicia, no está actuando de oficio, porque sobre la materia no agrega nada, sólo corrige y mejora el alegato de la misma.
En realidad, los magistrados no se sustituyeron a Oliva Fragoso en el planteamiento de su queja, sino que se volvieron quejosos, reconstituyendo la queja misma por motivos que ella estuvo lejos de alegar. El 2 de junio solicitó a la sala superior del TEPJF que atrajera el caso. En principio, el tribunal rechazó la petición por extemporánea (debió hacerla el 18 de mayo anterior). Sin que mediara fundamento alguno, la sala superior, con ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, de oficio, así como suena, resolvió ejercer la atracción. Ahora veamos:
De todas las causales de nulidad que Oliva Fragoso alegó contra la resolución del TEDF sólo prosperó una, referente a una casilla (la IZ-24-20-125-3), en la que el tribunal local anuló 193 votos, mientras Oliva alegó 96. Entonces, los magistrados actuaron por su cuenta, aduciendo el artículo 124, inciso d), del reglamento del PRD mencionado, según el cual la votación debía ser recibida por miembros de ese partido.
El tribunal del DF, en ponencia del magistrado Armando Maitret, estableció que el encarte (la publicación de la lista de casillas e integrantes de las mismas) fue avalado y publicado por la dirección del PRD, después de haber sido insaculados legalmente los integrantes de las mesas de casillas. Se trataba –lo postuló el magistrado ponente– de un hecho definitivo, además, sustentado por resoluciones del propio TEPJF. Por lo cual, aparte de extemporánea, la actuación de los magistrados del TEPJF es totalmente arbitraria. Aunque no fueran miembros del PRD, quienes recibieron las votaciones estaban de antemano avalados por el partido. ¿Cómo pudieron los magistrados actuar de oficio, pasando por alto algo inapelable, como es el principio de definitividad?
En derecho procesal, todo acto resolutivo de una autoridad judicial debe ser definitivo, porque, si no, lo que sigue no tiene sustento. Los magistrados lo ignoraron. Abolieron con su actuación, también, el principio de certeza jurídica, que depende del anterior. La justicia fue muy mal servida y atropellada. Eduardo Huchim ha señalado con atingencia el hecho de que los magistrados se esperaron hasta que la papelería de la elección estaba ya hecha y no podía cambiarse, de modo que ahora estamos ante la insólita circunstancia de que los ciudadanos de Iztapalapa votarán por Clara Brugada, pero no votarán por ella, sino por Silvia Oliva.
La pelotera que luego armó el TEPJF, obligando, perentoriamente (con un plazo de ocho horas) al Instituto Electoral del DF a registrar a Oliva, no obstante que ésta no había presentado constancia de gastos de campaña y bajo la reserva de que en caso de que no diera cumplimiento a esa obligación su registro sería invalidado, creó la absurda hipótesis, como también lo señaló Huchim, de que los ciudadanos votarían por Oliva sólo para que Brugada, como segundo lugar, finalmente, fuera la beneficiaria. ¿Es eso justicia electoral?

POLICÍAS MUNICIPALES, ESE PELIGRO

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

De creer a las instancias federales correspondientes, buena parte de las agencias municipales de seguridad pública está podrida. Aunque sólo en Michoacán el combate a las complicidades de ese nivel de gobierno con la delincuencia organizada alcanzó a los alcaldes –siete de ellos están ya formalmente presos, lo mismo que 20 funcionarios de ayuntamientos y del gobierno estatal–, se han multiplicado las redadas contra corporaciones policiacas, a veces en proporciones masivas. El punto más alto en este caso se alcanzó el miércoles 24 en Pachuca, donde fueron detenidos 83 miembros de la gendarmería local, más nueve agentes de la Policía Ministerial. Hasta ese momento la cifra mayor correspondía a los cuerpos de seguridad de varios municipios de Nuevo León, que perdieron 74 agentes aprehendidos por la policía federal, en episodios que por lo menos una vez pudieron suscitar un enfrentamiento armado. En Ciudad Juárez y en Torreón las respectivas corporaciones fueron virtualmente desmanteladas mientras se ponía en claro quiénes de sus integrantes contaban con la probidad necesaria para su función, y al cabo de las operaciones respectivas decenas de agentes quedaron detenidos. En la redada pachuqueña quedó incluido el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, capitán Roberto Terán. Como ocurrió en su turno al de igual cargo en Cuernavaca, Terán Contreras fue llevado junto con sus subordinados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. A la hora de escribir estas líneas, el viernes 26 al mediodía, continuaba "en calidad de presentado", según la fórmula con que se disfraza una detención ilegal. Es de suponerse que en las horas siguientes se pedirá su arraigo y, más adelante, si el Ministerio Público reúne elementos de prueba, se le consignará ante la justicia. El jefe policiaco depuesto (ya lo sustituyó, así sea a título provisional, el director de Prevención del Delito de la propia secretaría, Cuauhtémoc Granados Díaz) es un capitán retirado del Ejército que desde hace varios sexenios ha desempeñado diversos cargos, como el de director de Gobernación y de Transporte. Apenas en enero fue nombrado secretario de Seguridad Pública Municipal, donde probablemente encontró una situación delicada. El año pasado se hizo desaparecer a por lo menos cuatro agentes de la policía municipal, que fueron "levantados" sin que el antecesor de Terán Contreras, Isidoro González Blanco, pareciera preocuparse por la suerte de sus subordinados, que tampoco fueron localizados por la Procuraduría de Justicia estatal. La corrupción en ese cuerpo policiaco había quedado de manifiesto en abril de 2008, cuando, en una balacera, resultó muerto Marcelino Lara Pérez, quien había sido comandante de la policía pachuqueña y, quizá después de un lapso en que actuó con doble carácter, resolvió de plano pasarse a la delincuencia organizada. La seguridad pública hidalguense ha vivido en los años recientes períodos de vulnerabilidad muy perceptible, como causa y efecto del asentamiento de bandas delincuenciales en la entidad, entre ellos Los Zetas. El 19 de septiembre de 2007 fue asesinado el secretario de Seguridad Pública estatal, Marcos Manuel Soubervielle. Mientras recorría el municipio de Huasca, fue ultimado a balazos sin que, hasta donde mi registro alcanza, se hubiera podido hallar a quien lo privó de la vida (lo mismo que a un empresario en cuya compañía viajaba). Soubervielle había sido jefe de la Policía Ministerial en el estado, y cuando el gobernador Jesús Murillo Karam fue designado en 1998 subsecretario de Seguridad Pública (en los tiempos en que esa materia correspondía a Gobernación), lo llevó consigo a Bucareli. Su nombre se hizo notorio porque su firma apareció en la licencia para portar armas que, sin título legal ninguno, llevaba consigo Paco Stanley cuando fue asesinado. A la hora en que Soubervielle padeció esa misma suerte, otros jefes policiacos habían sido también ultimados. La regla de la impunidad había asegurado las andanzas de quienes los asesinaron. La policía municipal de Pachuca es nueva. Tiene menos de una década de existencia. Si bien la reforma constitucional de 1984 ofreció a los ayuntamientos capitalinos la posibilidad de crear sus propios cuerpos en esa materia, mientras en Hidalgo el gobernador priista controlaba a los alcaldes de la misma filiación nadie se atrevió a privar al Ejecutivo federal de una comarca de poder manifestada en el hecho de que el orden público dependiera del gobernador donde residiera. En 2000, sin embargo, el inveterado predominio tricolor se rompió cuando José Antonio Tellería ganó para Acción Nacional ese bastión hasta entonces inabordable. No sin dificultades fue creada la policía municipal, que tal vez nació con pecados y vicios de origen pues para organizarla se acudió a jefes provenientes de otras entidades. Recuperado el ayuntamiento capitalino por el PRI en 2003, las dos siguientes administraciones municipales no pudieron enderezar el funcionamiento de la corporación, que cada vez en mayor medida suscitaba inconformidades entre la población. De sostenerse las imputaciones iniciales, el tamaño de la operación federal contra la policía pachuqueña (y en parte contra la que depende de la Procuraduría estatal) sería indicativo de que esa corporación no sólo practicaba abusos, sino que estaba infiltrada severamente por el narcotráfico y uno de sus brazos armados. Con esa clase de garantes de la seguridad nadie puede vivir tranquilo.

CONTESTAR LA CARTA

DENISE DRESSER

Cada semestre mis alumnos escriben cartas a sus Diputados. Sin embargo, los resultados de este ejercicio revelan lo que está mal con la democracia incompleta en nuestro País. Después de tantas cartas, sólo 7 diputados han respondido
Cada semestre, como requisito del curso, les pido a mis alumnos que le escriban una carta a su Diputado. Puede ser una carta solicitando información, o manifestando una queja, o haciendo algún comentario sobre su desempeño. Año tras año, esos jóvenes estudiantes han escrito ya cientos de cartas a la persona por la cual votaron y la cual, en teoría, los representa. Han intentando hacer lo mismo que hacen millones de personas más en democracias que funcionan razonablemente bien: exigir la rendición de cuentas a quienes, políticamente hablando, son sus empleados. Han buscado crear un contexto de exigencia para que el sistema político opere como debería y en su nombre. Pero los resultados del ejercicio revelan lo que está mal con la democracia incompleta en México. Lo que no funciona y urge remodelar. Porque después de tantas cartas, después de tantos semestres, sólo 7 diputados han respondido. Los demás no han contestado porque no es necesario. No es imperativo. No es componente integral del desempeño. No es parte de la descripción del puesto. Porque al Congreso se llega con otros objetivos y con otros fines. Se arriba allí para empujar agendas partidistas antes que atender demandas ciudadanas. Se aterriza allí para perpetuar los privilegios de las cúpulas antes que escuchar las exigencias de los electores. Se instala uno allí para establecer alianzas con los poderes fácticos antes que tender puentes con los votantes. El sistema político que permitió la transición democrática está demostrando sus límites: México rota élites pero no representa ciudadanos. México asegura la competencia entre partidos pero no los obliga a rendir cuentas. México crea mecanismos para repartir el poder pero no para garantizar su representatividad. México cuenta con una democracia, pero todavía con adjetivos: trunca y parcial. Por eso cuando Leonardo Valdés, presidente del IFE, afirma que "anular el voto es quedar al margen de la vida institucional del país que con tanto trabajo hemos logrado construir" le da palmadas en la espalda a una democracia de muy baja calidad. Y esto es lo que está en el corazón del movimiento por el voto nulo. El problema de la representación ausente; el tema de la rendición de cuentas inalcanzable; el mal funcionamiento de una democracia mal armada. Una democracia incompleta que ha traído consigo numerosas elecciones auténticas, cierto pluralismo ideológico, varios contrapesos institucionales. Pero eso no ha sido suficiente para asegurar una mejor gobernabilidad democrática. Para acabar con las prácticas depredadoras de la clase política. Para obligar a quienes elegimos a obedecer las reglas más elementales del comportamiento democrático. Para evitar que los partidos mantengan candidatos que pactan con el narco, como Mauricio Fernández en Monterrey, o que cederán su puesto, como "Juanito" en Iztapalapa. Para obligar a quienes elegimos a demostrar lo que el politólogo Robert Dahl en su libro Poliarquía llamó "responsiveness", o sea responsividad ante las exigencias del electorado. Para evitar la captura de los partidos por los intereses atrincherados, evidenciada en la "Ley Televisa" y la colusión actual entre el duopolio y el Partido Verde. Con demasiada frecuencia la democracia mexicana termina capturada por poderes fácticos porque no cuenta con el contrapeso de la ciudadanía. Como la supervivencia política de un diputado no depende de la reelección en la urnas sino de la disciplina partidista y la buena relación con Televisa y TV Azteca, los partidos acaban embolsados. Este comportamiento condenable existe y persiste pero no porque la clase política mexicana tenga una propensión genética a la corrupción, descubierta al descifrar el genoma mexicano. El problema no es cultural sino institucional; los partidos en México se comportan así porque pueden. Porque no se ven obligados por la reglas a rendir cuentas o a representar a electores como los cientos de mis alumnos que mandaron cartas. Porque no hay suficientes mecanismos institucionales para acotar el poder de los partidos, o sus dueños, y aumentar el poder de quienes, con su voto, los eligieron. Hace unos días Felipe Calderón reflexionaba sobre la "brecha" entre políticos y ciudadanos, mientras llamaba a cerrarla. Si quiere entender por qué existe y se ahonda le sugiero que voltee a ver a las personas que entienden y simpatizan con el movimiento para anular el voto. Porque a su manera, están escribiendo una carta a sus representantes. Una carta en la cual insisten que quieren participar y no tienen cómo. Una carta donde argumentan que tienen derecho a representantes reales y no los encuentran. Una carta con la cual buscan presionar desde afuera a partidos que no tienen incentivos para hacerlo desde adentro, como lo demuestran al descalificar la anulación en lugar de entender qué la motivó. Una carta tal y como las que escribieron mis alumnos y fueron ignoradas. Una carta que en un país llamado "democrático", los partidos tienen la obligación de contestar.

REFORMA MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS

OLGA PELLICER

A pesar de las voces que pronosticaban un retraso en la consideración de la reforma migratoria por el Senado de Estados Unidos, las señales van en otra dirección. Diversas acciones del poder legislativo en ese país, así como declaraciones recientes del presidente Barack Obama son claro indicio de que el momento político ha cambiado y es posible tener una iniciativa de reforma migratoria en este mismo año.Lo que ocurra con esa reforma es de enorme importancia para los millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos; para los cientos de miles que intentan atravesar cada año en busca de trabajo; para las familias que viven de las remesas, y para el gobierno mexicano que, como resultado de las medidas que se adopten, verá afectadas expectativas y formas de relación con Estados Unidos. La situación ideal sería una en que los puntos de vista e intereses de México fuesen incorporados al debate y negociaciones que tendrán lugar. Además de ser vecinos, los mexicanos son el grupo más numeroso al que va dirigida la reforma. Participar en el proceso para llegar a ésta se intentó, por única vez, cuando el excanciller Jorge Castañeda confío en la posibilidad de lograr un gran acuerdo migratorio con Estados Unidos que otorgaría a México una “enchilada completa”. Fueron puras ilusiones. El acuerdo nunca se dio y desde entonces no hay vías de diálogo o negociación entre los dos países sobre el tema migratorio.El gobierno de Felipe Calderón, en marcado contraste con los intentos del pasado, ha decidido considerar la reforma como un tema estrictamente doméstico de los Estados Unidos. “Respetamos la soberanía de los Estados Unidos” para decidir sobre el particular, declaran altos funcionarios mexicanos. Los ejes centrales de la reforma migratoria que se discutirá no son nuevos. Están sobre la mesa desde hace tres años, cuando se debatieron ampliamente en el Congreso estadunidense y estuvo a punto de aprobarse una iniciativa de ley que, finalmente, colapsó. Tales ejes son seguridad fronteriza, legalización de los trabajadores mexicanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos y programa de visas para trabajadores huéspedes.Esos ejes no han cambiado, pero algunas circunstancias que pueden afectarlos, de manera positiva o negativa para los intereses mexicanos, sí se han modificado. El ambiente político es menos hostil hacia los mexicanos. Con ese ánimo se han introducido en el Senado iniciativas que los favorecen, como la llamada “Acta soñada” que permitiría a ciertos jóvenes estudiantes indocumentados aspirar a la residencia permanente.De otra parte, los dos gremios sindicales más importantes de los Estados Unidos (AFL-CIO y Change to Win Federation) han acordado una posición común para promover, entre otras cosas, la regularización de migrantes.Así mismo, han cambiado las prioridades y percepciones que se tienen sobre la seguridad fronteriza. En años pasados, las preocupaciones más importantes tenían que ver con acotar el flujo migratorio y el eventual paso de terroristas. Hoy, la preocupación central tiene que ver con evitar que la violencia en México se desborde al otro lado de la frontera. Ahora bien, el problema que, al menos a corto plazo, está afectando negativamente las condiciones en que se desenvuelven los mexicanos en Estados Unidos es la crisis económica. Ésta ha disminuido la oferta de empleo en sectores clave para los migrantes, como es el de la construcción. Los datos hablan de un desempleo creciente entre los trabajadores mexicanos que alcanzó 8% en 2008. Seguramente es más alto el presente año.Lo anterior no significa que, al menos a corto plazo, haya un retorno masivo de migrantes hacia México. Quienes se encuentran allá prefieren esperar, moverse hacia otras actividades, encontrar protección entre amigos o familiares, mudarse a otros estados, aguantar, en fin, por motivos obvios: en México la situación del empleo es aún más desalentadora.Habrá, pues, mayor oferta que demanda en el mercado laboral para los trabajadores migrantes, lo que seguramente repercutirá en sus ingresos y, por tanto, en menores envíos de remesas a México las cuales cayeron un 18% en el primer trimestre de este año.La crisis económica afectará también las dimensiones que puede alcanzar el programa de visas para trabajadores huéspedes. En 2006 se habló de 250 mil y es posible que ahora sean menos. Cierto que las condiciones cambiarán y un buen programa de trabajadores huéspedes debería adaptarse periódicamente a las condiciones reales de demanda, las cuales pueden mejorar en uno o dos años. Sin embargo, el monto inicial que se fije dejará una huella que será clave para determinar hasta dónde ese programa puede sustituir, efectivamente, al movimiento libre de indocumentados que hoy tiene lugar.Se encuentra así, en el horizonte, la posibilidad de una reforma migratoria que puede traer costos y beneficios a México, que presentará retos importantes al gobierno mexicano en su relación con Estados Unidos y en el manejo interno de las zonas expulsoras de migrantes. Sería útil conocer sus planteamientos y proyectos para enfrentar los problemas que vienen. Sin embargo, a pesar de que la migración está en el corazón de las relaciones con Estados Unidos, al llegar al punto de la corresponsabilidad del gobierno mexicano para manejar el problema sólo se encuentran vaguedades. Los optimistas pueden pensar que el gobierno está preparando una posición y planeando acciones con discreción; los pesimistas consideran que, como en tantas otras cosas, no se está haciendo nada.

viernes, 26 de junio de 2009

VOTO DE CASTIGO PERO NO NULO

CIRO MURAYAMA

Inicio este artículo con dos premisas: 1) la insatisfacción hacia el desempeño de los partidos políticos es ampliamente generalizada, de tal suerte que sea más común votar escogiendo al “menos malo” que premiando la labor de un partido. 2) Cada voto nulo o cada elector que se queda en casa favorece al llamado voto duro o, simplemente, hace que sean determinantes los sufragios de quienes sí votaron por alguna opción registrada.Si se trata, entonces, de sufragar por el menos malo, o de ejercer un voto de castigo hacia las peores alternativas, van a continuación una serie de argumentos para que, antes que desperdiciar el voto, se utilice así sea como instrumento de castigo o para tratar de conjurar los escenarios más indeseables.1) ¿Manos libres al Presidente? En la época en que el Presidente de la República y su partido podían aprobar leyes sólo con sus votos antes de 1997 —la deliberación parlamentaria era un mero trámite. El PAN, en esta elección, pide respaldar al presidente Calderón. Si ese partido se hiciera con la mayoría podría aprobar, por ejemplo, las leyes de ingresos y egresos de la federación sin negociar con otra fuerza política. ¿Ha tenido un buen desempeño económico el gobierno? ¿Le convence a usted el diagnóstico que ha hecho el equipo económico del Presidente, que desde hace meses viene diciendo que lo peor de la crisis ya pasó, para encontrarnos al día siguiente con un panorama más desalentador? ¿Cree que sería conveniente que el PAN pudiera decidir él solo el monto del gasto público y su distribución en esta crisis? Si usted considera que la política económica del gobierno debe tener contrapesos de la oposición, tendrá una buena razón para no votar por el PAN. Si su diagnóstico es el contrario, y cree que la oposición sólo entorpece la labor de un gobierno que está haciendo las cosas bien, adelante, su voto es necesario para las medidas de Carstens.2) ¿Quiere ayudar a que Clara Brugada sea delegada? El Partido de la Revolución Democrática es incapaz de procesar sus disputas internas. Esta vez, el pleito fue en Iztapalapa, la capital más poblada del Distrito Federal. En una decisión si se quiere cuestionable, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) —pese a que las dos grandes corrientes del PRD impugnaron las votaciones en su propio partido—, decidió que las elecciones eran lo suficientemente limpias para no ser anuladas y revocó la decisión interna del PRD, nombrando a Silvia Oliva candidata y desplazando a Clara Brugada. En una singular apuesta política, Andrés Manuel López Obrador, enemistado con la dirección del PRD, lanzó un plan que consiste en varias cosas: 1) votar por el candidato del PT en Iztapalapa; 2) hizo que ese candidato se comprometiera a renunciar una vez que ganara; 3) planeó que el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propusiera como delegada sustituta para Iztapalapa a Clara Brugada y, 4) dio por sentado que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, obedecería y nombraría delegada a Brugada. Si usted cree que en esa estrategia hay una buena dosis de autoritarismo y que ni el delegado electo —el que sea—, ni el jefe de Gobierno y menos aún el Poder Legislativo de la capital deben prestarse a tales instrucciones, puede usar su voto aunque no viva en Iztapalapa. Si usted vota por los candidatos a la Asamblea Legislativa del PT y Convergencia, e incluso del PRD, es muy probable que lo haga por un fiel seguidor de AMLO. Una manera de evitar tener una Asamblea al servicio de López Obrador, es votar por algún partido de oposición en la capital. Pero si usted quiere ayudar a AMLO a convertirse en el gran elector del DF, como en la vieja usanza era el presidente todopoderoso, ya sabe por quién sufragar.3) ¿Quiere a Televisa y TV Azteca con representación legislativa? El llamado Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha desplegado una serie de acciones tendientes a cuestionar el marco constitucional vigente en materia de competencia electoral, que tiene como una de sus definiciones claves y más novedosas impedir que el poder del dinero y de los consorcios de televisión graviten sobre los procesos político electorales. Está prohibida la compra de publicidad electoral en radio y TV. El Partido Verde, sin embargo, se ha dedicado a ir a contracorriente de lo establecido en la ley y ha sido funcional a los intereses de las televisoras: las defendió cuando desacataron las instrucciones del IFE para transmitir las pautas de los partidos políticos y de la propia autoridad electoral. Más adelante, diputados del PVEM contrataron publicidad, con dinero de origen desconocido, para difundir sus iniciativas legislativas —si así se le puede llamar a la pretensión de instalar la pena de muerte— con sus lemas de campaña electoral. Luego, los candidatos del PVEM prestos acudieron a firmar los compromisos que la organización SOS exige, desde las pantallas televisivas, a los actores políticos y que implican, entre otras cosas, volver a permitir la compra de publicidad política en los medios electrónicos y suprimir la vía de llegada de las minorías al parlamento: la representación proporcional. El PVEM actúa como instrumento de los poderes fácticos en la arena electoral. Si usted considera inadmisible la conducta del PVEM, vote por algún otro partido.En suma, su voto es útil no sólo para construir escenarios deseables, sino para evitar males mayores: úselo. Y tome conciencia de que si usted renuncia a tener representación y anula su voto, de cualquier manera ya hay quien se hace pasar por su representante y vocero: hasta una “Asamblea Nacional” llamada “Anulo mi voto” van a crear para lucrar con su “no voto”: ¡aguas!

PRENSA LIBRE

JOHN M. ACKERMAN

En el actual contexto caracterizado por la profunda crisis económica, la abierta polarización política y el claro desprestigio institucional, las buenas noticias se agradecen como un vaso de agua fresca en un árido desierto. El pasado miércoles 17 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio una muy grata sorpresa al defender de manera contundente la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Por unanimidad, los integrantes de esa sala respaldaron el proyecto presentado por el ministro José Ramón Cossío, y elaborado por los secretarios de Estudio y Cuenta Francisca Pou y Roberto Lara, que otorga un amparo definitivo al director de un periódico local de Guanajuato, Jesús Orozco Herrera, en contra de las denuncias del expresidente municipal de Acámbaro, Guanajuato, Antonio Novoa.El único delito que supuestamente había cometido Orozco, director de La Antorcha de Acámbaro, fue permitir la publicación de una entrevista con el exchofer del presidente municipal en la que acusaba a su anterior jefe de desvío de recursos públicos, así como de haber sostenido relaciones sexuales con importantes figuras públicas del sexo masculino. Enfadado, Novoa echó mano de la retrógrada y autoritaria Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato para demandar penalmente a Orozco por daño moral y así obligarlo a realizar una travesía de casi tres años por las diferentes estancias de la justicia local y federal. La decisión de la Suprema Corte en este caso es un buen augurio para otros juicios similares, como en los casos de Eduardo Huchim, Miguel Badillo, Lydia Cacho y muchos otros periodistas que actualmente se encuentran en proceso de litigio. Actualmente, existe un sinnúmero de casos en el país donde las autoridades públicas buscan silenciar a los periodistas por medio de un hostigamiento judicial. Pero los criterios de interpretación desarrollados por el ministro Cossío en su proyecto de resolución son aún más importantes que el propio sentido del fallo de la Primera Sala en este caso en particular. El proyecto indica sin rodeos que los servidores públicos simplemente no cuentan con el mismo derecho a la privacidad o a la intimidad que el ciudadano común. “La democracia exige conocimiento y escrutinio constante de las acciones y omisiones de los funcionarios del Estado… el umbral de intensidad de crítica y debate al que deben estar expuestos personas como las que eran objeto de referencia en la nota periodística analizada es un umbral muy alto, no fácil de traspasar por razones que abran la puerta a la imputación de responsabilidades civiles o penales”.El proyecto aprobado también observa que los funcionarios tienen mayores posibilidades de defenderse públicamente que otros ciudadanos. Su posición de poder les “otorga a quienes se consideren afectados por ciertas informaciones u opiniones unas posibilidades de acceder a los medios de comunicación y reaccionar a expresiones o informaciones que los involucren muy por encima de las que tienen habitualmente los ciudadanos medios”. Nuestros gobernantes, en suma, cuentan con medios de defensa propios que disminuyen el impacto que podría tener alguna crítica, infundada o no, publicada por un medio.Además de argumentar que los servidores públicos deberían aceptar mayores críticas e incluso cierto nivel de intromisión en su vida privada que el resto de los mortales, los ministros de la Primera Sala también respaldaron el planteamiento de que los periodistas cuentan con un derecho especial de conocer y publicar información sobre las actividades de los funcionarios públicos. De acuerdo con el proyecto, el papel central que juegan los medios de comunicación en la construcción de un régimen democrático y de rendición de cuentas justifica que éstos cuenten con libertades especiales. Estos criterios implican un avance fundamental en la lucha por la libertad de prensa en el país. Este caso también nos hace reflexionar una vez más sobre la pretensión de Germán Martínez de guanajuatizar a México. El proyecto de Cossío revela que la Ley de Imprenta de Guanajuato tiene deficiencias muy marcadas, al tipificar los ataques a la moral como delitos penales, contar con una redacción tan general de estos tipos penales, que pueden ser aplicados a casi cualquier periodista en cualquier momento y extender la responsabilidad más allá de quién realice algún dicho, para incluir a los periodistas que recojan la información y a los directores de los medios que decidan difundirla. Sin dejar de reconocer la trascendencia de este fallo, apenas constituye un primer paso hacia la construcción de un nuevo régimen de libertad de prensa en nuestro país. Falta que la Primera Sala y eventualmente el pleno de la SCJN ratifiquen estos criterios en futuras resoluciones con el fin de generar una jurisprudencia vinculatoria en la materia. También haría falta exigir que los diputados del estado de Guanajuato, así como de otras entidades federativas con legislaciones similares, reformen radicalmente sus respectivas leyes de imprenta. Finalmente, los ministros de la Suprema Corte tampoco harían mal en cumplir ellos mismos con el espíritu de su propia resolución. Urge que la SCJN establezca desde ya un organismo plenamente independiente y autónomo para la revisión de las solicitudes de acceso a información pública y que se abra de forma franca a la fiscalización de parte del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.

SE INVESTIGARÁN LOS CRIMENES DE GUERRA DE EU Y RU EN IRAK

HREMILIO LÓPEZ-BASSOLS

Londres, Reino Unido.- Los laboristas sufren el peor descalabro desde la Primera Guerra Mundial, obteniendo el 16 por ciento del apoyo del electorado, y se desata una crisis ministerial por los manejos irregulares de varios miembros del gabinete, cuando el primer ministro Gordon Brown, encara lo que puede ser uno de los informes más severos de la historia reciente contra dos potencias que agredieron sin ningún fundamento ético ni jurídico, cometiendo sin duda crímenes de guerra. Es difícil pensar que un profesor de economía de la prestigiada universidad de Glasgow que se esperaba iba a consolidar al Partido Laborista en el poder ante el desprestigio de su antecesor Tony Blair, se haya desgastado en tal forma en sólo nueve meses y haga absolutamente posible su derrota en las elecciones del año próximo.El que el Parlamento decida realizar una investigación profunda sobre lo acontecido en un conflicto y sus presuntos responsables en el Reino Unido no es novedad, existe el informe Franks que reportó la operación naval más importante de la posguerra, cuando Gran Bretaña recuperó con las armas las islas Malvinas, (Falkland) en manos de Argentina. Pero ahora el asunto es mucho más complicado, se trata de conocer las vinculaciones, compromisos y acuerdos que se dieron entre un estúpido Presidente y un cínico primer ministro, al fraguar la agresión a Irak de marzo del 2003. Está perfectamente comprobado que por lo menos un año antes Bush y Blair acordaron derribar a Hussein con el explícito interés de dejar concluida la obra que no logró el padre del Presidente y además disponer de la enorme riqueza petrolera situada en ese territorio, imponiendo una fórmula política ajena a las tradiciones islámicas y sacudiendo el orden estratégico de la región. Se formó una comisión presidida por Sir John Chilcot con plenos poderes para convocar a las figuras políticas y militares del RU que están o estuvieron involucradas en el conflicto. La moción de algunos de los conservadores era que la investigación se realizara públicamente pero Brown se resistió, conocedor del gravísimo dañó que tendría para su partido, mas Jack Straw, ministro de Justicia, y excanciller de Blair, se dio cuenta de que era imposible "cerrar las cortinas" hacia el hecho más grave militarmente hablando, en este siglo, que involucra indudablemente crímenes de guerra. (Así lo dije en una conferencia en el Colegio de Veracruz en Xalapa, en octubre del 2003, ante la duda de algunos jovencitos de la Cancillería mexicana, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡que ya estaba en plena picada!!!!!!!!!).Pero sin duda, las dos consecuencias mayores que tendrá el informe son, por una parte el fin político de Blair, -hoy mediador en el Medio Oriente- quien se postula para la Presidencia de la Unión Europea y varios países de la misma se opusieron a la guerra de agresión. Caído Blair y ahora Brown, el Laborismo tiene que encontrar otra ruta para sobrevivir, y por la otra, al abrirse los archivos y conocerse las declaraciones de los participantes se abrirá una cloaca internacional de incalculables consecuencias que comienza por la forma en que Powell creó la coalición de 52 países y prosigue con las sucias negociaciones que se dieron en las Azores, en las que participó el ahora genio del Tec. de Monterrey, Aznar, pero principalmente la destrucción física de un país y las gravísimas pérdidas humanas, tanto de la población civil y de la guardia republicana como de los ejércitos invasores. Aparecerá también las armas prohibidas, cuyo uso fue indiscriminado, la responsabilidad del secretario general de la ONU, la destrucción del patrimonio cultural de una de las civilizaciones más viejas del mundo y fundamentalmente las heridas profundas que ha dejado el Imperio en su relación con el Islam que ahora cautelosamente trata de reparar Obama. Aun él mismo tendrá que pagar las secuelas de la guerra dado que pareciera que el pueblo americano finalmente si se sentía orgulloso de la llamada respuesta al derribamiento de las Torres Gemelas y la sangre de sus hombres, ello quedó en segundo término y no se digan los principios de Madison y Roosevelt, como lo demuestran las más recientes encuestas.

DE LA INCAPACIDAD POLÍTICA O DE LOS INTERESES CREADOS

FRANCISCO MARTÍN MORENO


Se ha dicho que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si esto es así, ¿entonces por qué los partidos se niegan a cambiar las leyes precisamente para satisfacer las aspiraciones políticas del pueblo?
Existe un clamor popular: la ciudadanía se encuentra evidente y justificadamente harta de los partidos políticos, así como de los diputados, senadores y de los asambleístas, la inmensa mayoría de ellos unos auténticos presupuestívoros, quienes no cumplen con la representación popular para la que fueron electos, pero eso sí, devoran cínicamente el tesoro público. ¿Por qué dichos partidos, que se han apropiado del país y han secuestrado la política, no recogieron en las campañas actuales la manifiesta inconformidad ciudadana que les hubiera reportado un singular acaparamiento de votos a su favor? ¿Qué tal, por ejemplo, que el PRI hubiera instruido, desde un principio, a sus respectivos candidatos, para que se comprometieran públicamente a reformar las leyes relativas a la reelección de diputados, senadores, presidentes municipales y delegados como un mecanismo democrático de refrendo o rechazo al buen o mal desempeño de sus funciones? ¿Acaso el PRI no sabía que todas las encuestas evidenciaban la innegable voluntad de las mayorías para permitir la reelección de los legisladores y funcionarios antes descritos? ¿Si el PRI hubiera recogido, en su tiempo, dicha intención popular, comprometiéndose públicamente, no le hubiera reportado un sinfín de votos adicionales? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no satisficieron dicha demanda popular?
¿Por qué el PAN, sabedor de que el electorado ya no quiere ver ni en foto a los diputados y a los senadores plurinominales o de representación popular, no instruyó igualmente a sus respectivos candidatos para que en sus campañas también se comprometieran a eliminar a dichos legisladores, cuya existencia no representa más que un aborto republicano? La gente rechaza la existencia de legisladores “virtuales” que nunca nadie votó por ellos. ¿Por qué entonces el PAN no recogió este malestar popular, así como la vieja solicitud de incorporar figuras como el plebiscito, el referéndum, y la iniciativa popular, convirtiéndolos en poderosos y promisorios lemas de campaña?
Se ha dicho que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si esto es así, ¿entonces por qué los partidos se niegan a cambiar las leyes precisamente para satisfacer las aspiraciones políticas del pueblo? ¿No es el gobierno “del” pueblo? Entonces se debería acatar el clamor popular para ejecutar sin tardanza las reformas solicitadas. Si es “por” el pueblo, a reformar, y si también es “para” el pueblo, entonces también a modificar las leyes y a consentir en todo aquello que exigen las mayorías ciudadanas con la debida claridad.
¿Por qué el PRD, o lo que queda de él, no reintegra a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales, los cuales fueron limitados por la reciente reforma al artículo 41 constitucional? ¿Por qué el PRD no se comprometió ante el pueblo de México a permitir la existencia de candidatos independientes sin necesidad de obligar a que forzosamente pertenecieran a un partido político? ¿A dónde queda todo aquello de que el pueblo manda cuando está claro que los partidos han secuestrado a la nación ignorando su voz, que se escucha a través de un coro cada vez más sonoro? México no es propiedad de los partidos políticos. Los legisladores están obligados a cumplir con su representación popular y acatar las instrucciones del pueblo y no las emitidas por la cúpula de los partidos, que día con día pierden más legitimidad.
Si la sociedad demanda insistentemente la ejecución de una reforma en materia de impartición de justicia penal, en el entendido de que 98% de los delitos no se aclaran en nuestro país, ¿por qué entonces ninguno de los tres partidos políticos más influyentes no se comprometió públicamente a instrumentar una reforma penal, el grito de dolor más sonoro lanzado por el pueblo de México ante la barbarie actual? La sociedad ya está harta de modificaciones cosméticas. Ahora denuncia su malestar y furia a través de la moción del voto nulo, del voto en blanco, la mejor muestra para evidenciar el hartazgo de todos nosotros.
Es claro que, si los partidos no modifican las leyes ni reforman la Constitución e ignoran la supuesta voluntad soberana de las mayorías, no se trata de una manifiesta incapacidad política, sino de un entramado de intereses creados que exhiben la putrefacción del sistema político mexicano. Es claro que los subsidios concedidos a los partidos son ciertamente muy generosos, siendo que su correcto destino en muchas ocasiones puede ser cuestionable. Es claro también que dichos partidos se han convertido en unos secuestradores, cuya víctima es dolorosamente México, cuyas víctimas somos todos nosotros, tú también, lector, tu también eres una víctima y, ¿qué hacemos los mexicanos para sacudirnos de encima a estas sanguijuelas que se alimentan con la mejor sangre de todos nosotros? ¿Dónde termina la culpa de los partidos y comienza la nuestra..?

CLAUSURAR EL PRIFE

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Senadores de la agonizante Legislatura amenazan con legarnos iniciativas de enmienda a la reforma electoral. No sabemos si es una fe de erratas o si se decidieron a modificar las leyes correlacionadas a efecto de hacer efectiva la autoridad del poder público sobre los medios de comunicación.
Evitan un ejercicio de rendición de cuentas respecto del escandaloso fracaso de la Ley para la Reforma del Estado y su mecanismo (CENCA). No parecen dispuestos a un diagnóstico serio sobre el funcionamiento de las instituciones electorales y el lamentable estado que guarda nuestra democracia representativa.
Esas cuestiones fueron abordadas en la presentación del libro coordinado por John Ackerman: Nuevos escenarios del derecho electoral. Quedaron manifiestas malformaciones genéticas y adquiridas del sistema: sobre todo, la imposibilidad de que florezcan organismos y conductas democráticas en un entorno autoritario.
Recordé que las negociaciones de 1989, 1993, 1994, 1996 y 2007 abandonaron la reforma política y se contrajeron a la electoral. Se fijaron y modificaron las reglas para el reparto del poder pero no su ejercicio ni su relación con la sociedad. La selva política terminó así devorando nuestras precarias edificaciones.
Esos esfuerzos estuvieron encerrados en una caja de cristal: invisible pero invencible. De un lado, la resistencia del bloque dominante para democratizar el Estado o enfrentar a los poderes fácticos. Del otro, el hambre de los aparatos partidarios que veían la caída del régimen como una piñata, sobre cuyos frutos habrían de arrojarse.
Sobresalieron en el debate la contrarreforma emprendida por los medios electrónicos, burlando de facto las disposiciones que los restringen y la corrupción de los órganos electorales: en particular el TEPJF, antes Trife. El primero se debe a la ausencia de una autoridad constitucional sobre la radio y la tv; el segundo, a un deficiente diseño que ha propiciado el secuestro del órgano por los intereses que debería regular.
El tribunal es hoy una caricatura orozquiana de la justicia. A él debemos en última instancia la ilegitimidad del Ejecutivo federal. Tras el adefesio de 2006, en vez de proceder a revisar sus atribuciones, jurisprudencia y composición, para garantizar certeza, independencia e imparcialidad, se entronizó la impunidad y se le convirtió en una fábrica de espurios.
Heredero del contencioso electoral instaurado en 1986, el órgano ganó más tarde autonomía y después fue adscrito al Poder Judicial. Sirvió para eludir las disposiciones de tratados y convenciones que otorgan a los derechos políticos la jerarquía de derechos humanos. Es un contraceptivo jurídico que amortigua el recurso constitucional y cancela la vía del amparo.
Su modo de designación propicia coaliciones de intereses partidarios y facciosos que luego lo utilizan para dirimir contiendas internas o torcer resultado de elecciones. La “validez abstracta” decretada para imponer a un presidente del PRD y el vuelco arbitrario en la candidatura a la delegación de Iztapalapa son casos límite que anuncian monstruosidades por venir.
Este último es una antología de desacatos: desde la “atracción” del asunto, el sigilo de los procedimientos, la reconstrucción de los cómputos y la violación de la definitividad, al resolver cuando ya estaban impresas las boletas. Operación cínica e intención inocultable: confundir al electorado y desestabilizar a la izquierda.
Fue cierta la profecía de que los órganos autónomos terminarían ocupados por el poder y el jurisdiccional transmutado en Prife. Procedería su desaparición, para compactar en una sola institución la organización y calificación de elecciones. El recurso último sería ante la Corte.
Nuevos remiendos carecen de sentido. Es preciso rediseñar el conjunto e insertarlo en una auténtica reforma del Estado. Tarea de un constituyente, no de los beneficiarios del entuerto.

jueves, 25 de junio de 2009

23 RAZONES PARA VOTAR

JOSÉ WOLDENBERG


Porque:


1. Los votos construirán gobiernos estatales, ayuntamientos, congresos locales, jefaturas delegaciones, asamblea legislativa y Cámara de Diputados.


2. Los votos cuentan.


3. Cuentan desde hace muy poco.


4. Existen diferentes opciones.


5. Es una falacia que todos sean lo mismo.


6. Resulta una elaboración intelectual insostenible que los políticos y los partidos no puedan diferenciarse.


7. La derivación política de esa construcción intelectual recuerda a los discursos antipolíticos elementales y reduccionistas: una "clase política cerrada, amafiada, incapaz" contra un pueblo "noble, incorruptible, virtuoso".


8. La abstención no cuenta.


9. La abstención también puede ser leída como consenso pasivo.


10. La abstención se alimenta de muy diferentes humores públicos: la resignación y la distancia, la crítica, la inercia y el desprecio a la política en bloque.


11. El voto nulo -no la abstención- tendrá también diferentes nutrientes: los errores, las gracejadas (votar por El Hombre Araña, por ejemplo) y la crítica indiferenciada al mundo de la política y los partidos.


12. El voto nulo en sí mismo no expresará más que hartazgo, desencanto, malestar.


13. Cada uno de los que está llamando al voto nulo al enunciar sus razones entra en contradicción con otros que también dejarán su voto en blanco. Ejemplos: los que llaman a anular el voto porque están en desacuerdo con la reforma de 2007 contra los que no quieren que los tiempos de radio y televisión vuelvan a ser comercializados; los que desean la posibilidad de reelección inmediata de los legisladores contra los que se expresan contra "la partidocracia"; los que demandan acabar con los diputados plurinominales y los que quieren que las minorías tengan representación. Votarán en blanco los que añoran el viejo verticalismo y los que ambicionan más y mejor democracia.


14. Los padres y madres del voto nulo tienen solo en común eso: malestar.


15. Votar es la punta de un iceberg civilizatorio que supone la existencia de corrientes político-ideológicas organizadas (partidos), que expresan la diversidad existente en la sociedad, que han encontrado un método participativo y pacífico para nombrar gobiernos y órganos legislativos, lo cual coadyuva a la coexistencia de la pluralidad.


16. El mundo de la representación plural lo forjó la gente votando. En 20 años, a través del voto, el universo institucional cambió de manera radical. De un espacio ocupado (prácticamente) por una sola fuerza a un espacio habitado por la diversidad. (Datos: 1988, todos los gobernadores, todos los senadores y el 82 por ciento de los diputados eran del PRI; hoy tenemos gobernadores de tres partidos y en el Senado y la Cámara de Diputados ninguno tiene mayoría absoluta de escaños. Y eso lo realizaron los ciudadanos votando).


17. El voto ha sido un instrumento inmejorable para ampliar el ejercicio de las libertades.


18. Si algunos de los que llaman a anular el voto quieren participar en el espacio de la representación política tendrán, más temprano que tarde, que organizar su propia opción, y en ese momento aparecerá un nuevo partido (Ni modo, son inescapables).


19. El voto nulo tiene además un tufo de desprecio hacia una institución central de la República: la Cámara de Diputados. Porque me pregunto: ¿cuántos de los que llaman a anular el voto lo harían si lo que estuviera en juego fuera la Presidencia de la República?


20. Hay que crearles un contexto de exigencia a políticos, partidos, congresos y gobiernos. Pero no es abandonando la plaza y dejando que otros decidan la mejor opción.


21. Los preocupados por la vida política del país están obligados a generar diagnósticos y propuestas de reformas, fórmulas de organización, agendas que graviten sobre la toma de decisiones, mecanismos de rendición de cuentas, en una palabra, una trama civil que eleve la presencia de las organizaciones y las propuestas que emergen desde la sociedad. Y ello no está ligado, necesariamente, al voto nulo.


22. Los propios partidos, por necesidad o por virtud, han incorporado a sus listas a ciudadanos no afiliados a ellos (ejemplos: Guadalupe Loaeza -PRD-, Gastón Luken -PAN-, Alejandro Gertz Manero -Convergencia- Jaime Cárdenas -PT-, Miguel Galván -PSD-).


23. Porque "todo lo que es también puede no ser" (Milan Kundera, Un encuentro, Tusquets, México, 2009, P. 100). Y espero que un día no nos encontremos sin partidos, elecciones, Congreso plural, división de poderes y súmele usted.


Ahora bien, quiere usted abstenerse o anular su voto, hágalo. Está en su derecho. Piense, sin embargo, en los que ya asumen su representación.

EL FOXISMO-PANISMO ¿FASE SUPERIOR DEL PRIISMO?

LORENZO MEYER

En México el cambio ha sido más de forma que de contenido; aún no hay un régimen realmente nuevoDefiniciónLa interrogante o propuesta que da título a esta columna la formuló un colega, José Luis Reyna, el pasado día 19 en un seminario donde se presentaron los cuatro tomos que forman Una historia contemporánea de México (Océano-Colegio de México, 2003-2009). La propuesta es una clara referencia a la famosa definición leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo (1916). Obviamente, la caracterización de la naturaleza del actual sistema político mexicano como un tipo superior de priismo apela, en la forma, a nuestro sentido del humor, pero tiene un fondo muy serio.Veamos más de cerca y con reflexión la definición sugerida por Reyna. Para empezar, supone, y con razón, que el foxismo no es sinónimo de panismo, y que pese a que han desembocado en lo mismo, para propósitos de análisis, conviene no subsumir al primero en el segundo. El foxismo fue una especie de populismo de derecha impulsado por el carisma de un personaje que se colgó del PAN para llegar al poder pero que también requirió y obtuvo otros apoyos. Los "Amigos de Fox", por ejemplo, fueron parte fundamental del foxismo inicial y aunque se trató de una fuerza de derecha, resultaron ser distintos del panismo. Por otro lado, bajo el lema del "voto útil", Fox apeló con éxito a los votantes independientes e incluso a antipanistas y simpatizantes de la izquierda, deseosos todos de poner fin al largo monopolio priista como una condición necesaria para proceder a introducir a México al auténtico pluralismo democrático. Con Felipe Calderón el elemento carismático desapareció por entero y ya fue el PAN propiamente dicho -el PAN duro- la fuerza que llegó a la Presidencia. Ahora bien, ese PAN que sustituyó al foxismo poco tenía que ver ya con el original, con el de Manuel Gómez Morin y sus "místicos del voto". El panismo contemporáneo, al que encarnan, además de Calderón, personajes como Diego Fernández de Cevallos y Germán Martínez, lo mismo que Manuel Espino o el desaparecido Juan Camilo Mouriño, es uno ya transformado por las "concertacesiones" con el gobierno de Carlos Salinas en los 1990 así como por el ejercicio del poder. Se trata de un partido que ha aprendido bien y a fondo cómo y para qué negociar con los priistas desde la oposición primero y desde el poder después y que, en el proceso, se fue haciendo cada vez más parecido al PRI.En el capítulo publicado por Reyna en el tomo 3 de Una historia contemporánea de México -"El sistema político: cambios y vicisitudes"- se muestra que desde hace ya algunos años nuestro país cuenta con las condiciones mínimas necesarias para avanzar en la construcción de una efectiva democracia política, pero que para empezar a andar ese camino con paso firme es necesario -en realidad indispensable- proceder a desmantelar la vieja estructura autoritaria. Sin embargo, eso es justamente lo que no ha sucedido.El foxismo y el panismo llevan ya más de ocho años ejerciendo el poder desde la Presidencia, en varios estados y un buen número de municipios, pero ni el uno ni el otro han mostrado auténtica disposición a abatir el viejo arreglo. Al contrario, lo encontraron conveniente a punto que más bien pareciera que el proyecto de ambos -y ésta es su coincidencia fundamental- es remozarlo por la vía de la alternancia entre PRI y PAN y de un cambio en el discurso, pero sin tocar el arreglo fundamental, el heredado, salvo por lo que toca al viejo arreglo del PRI con el narcotráfico. En enero de 1989 Salinas buscó "ganar la Presidencia desde la Presidencia": usar al Ejército para dar un golpe espectacular a un viejo cacicazgo sindical -el petrolero-, para luego volverlo a recrear a su imagen y semejanza. Calderón decidió hacer algo parecido en diciembre del 2006 pero de una manera mucho más arriesgada: usar al Ejército para declararle "la guerra" al narcotráfico; la moneda calderonista aún está en el aire pues en su caso no ha logrado el equivalente del "Quinazo".Cambiar la forma sin tocar el contenidoHoy ya no vivimos bajo el signo de un "sistema de partido" sino que tenemos un sistema de partidos, cuya forma no es muy distinta de la que es común en muchas democracias efectivas: dos partidos grandes, uno mediano y cinco pequeños más algunos regionales. Como consecuencia de ese cambio, se modificó de manera sustantiva la característica distintiva del viejo régimen priista: la gran concentración del poder en manos del Presidente. Esta transformación se inició en la fase final del priismo clásico. Como bien lo muestran Rogelio Hernández, Luisa Béjar o Arturo Alvarado, en otros tantos capítulos de la obra sobre el México contemporáneo ya citada, y que fijan la atención en los cambios en las arenas de los partidos, los gobiernos estatales, el federalismo, los congresos y los municipios. Las reformas administrativas y los cambios económicos de los 1980 y 1990 fueron el arranque de la migración de una parte del poder histórico de la Presidencia hacia los partidos, gobiernos estatales, municipales y los congresos.Ahora bien, ¿esas modificaciones de las formas en el ejercicio del poder han significado, también, un cambio en sus contenidos? Aquí la respuesta tiene que ser: no mucho. El sistema electoral está lejos de ser transparente y sin manipulación. En un buen número de estados, el PRI sigue aumentando cuentas a su rosario de años de dominio ininterrumpido sobre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial: en Veracruz, Puebla, estado de México, Oaxaca y muchos más, ese monopolio ya ha cumplido 80 años y va por más. La relación entre el gobierno federal y los grandes cacicazgos sindicales -SNTE, STPRM, CTM- es hoy tan estrecha o más que en la época priista. La muy buena asociación que el priismo post-revolucionario estableció con el gran capital fue reforzada durante el salinismo y hoy se mantiene a ese nivel, no en balde, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial rompió en el 2006 la legalidad con tal de apoyar de manera efectiva a Felipe Calderón en el momento electoral crucial.La corrupción es un campo donde se esperaba un cambio natural y sustantivo al ocurrir la transferencia de poder del priismo al foxismo-panismo, pero no fue el caso. Desde la persistencia de monopolios o cuasimonopolios a pesar de su prohibición constitucional hasta el tráfico de influencias, los contratos inflados entre gobierno y proveedores pasando por las tristemente célebres subrogaciones sin control efectivo y la omnipresente cooptación de autoridades por el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de personas. Y la lista puede seguir.La impunidad, característica central del régimen autoritario priista, era otra de las arenas donde se suponía que era posible y obligado el cambio de fondo. Sin embargo, ningún "pez gordo" cayó durante el foxismo ni después. Obviamente el respeto a los derechos humanos fue letra muerta en el régimen que nos dio la "Federal de Seguridad", el 68 y el 71 -entre otros- y que se empeñó en "guerras sucias" contra sus enemigos armados, desde los cristeros hasta los neozapatistas. Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho desde el 2000 hasta nuestros días, como lo demuestran las acciones y juicios injustos contra dirigentes de la APPO o de Atenco o con activistas como Lydia Cacho.El campo más importante en la medición de los efectos del juego político en el mundo del ciudadano promedio es el social, el de la distribución de los costos y los beneficios de las actividades productivas. Echando mano de los cálculos sobre la distribución del ingreso monetario en los hogares mexicanos elaborados por Gerardo Esquivel -"The Dynamics of Income Inequality in Mexico since NAFTA" (PNUD, 2009)-, se puede constatar que la desigualdad social se acentuó en nuestro país a partir de la crisis del modelo económico a inicios de los años ochenta del siglo pasado y que luego disminuyó, pero sólo para volver a tener casi la misma forma que cuando el priismo clásico entró en crisis al final del gobierno de José López Portillo. Veamos las cifras; en 1984 el ingreso del 10% de los hogares más ricos equivalía a 31.9 veces el del 10% de los más pobres, pero en 1998 la cifra aumentó a ¡54.8 veces! Ahora bien, para el final del foxismo, en 2006, ese 10% de los hogares más afortunados disponían de un ingreso "sólo" 34.3 veces mayor que el del 10% de los más pobres. Esto significa que, en materia de distribución del ingreso, tras un periplo de más de 20 años, apenas si logramos retornar a donde estábamos en la etapa final del priismo clásico. Recordando un título de Shakespeare, el cambio político en México pareciera haber sido "mucho ruido y pocas nueces".

LA SOBERANÍA JURISDICCIONAL DE MÉXICO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Dicha soberanía consiste en el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y al respecto de manera expresa o tácita abundan las disposiciones en nuestra Constitución y en las leyes secundarias. En consecuencia es un desatino del gobierno francés decir que en el caso de Florence Cassez México tomó una decisión unilateral. Nada más faltaba que decisiones de este tipo las tuviéramos que tomar consultando a otros países. Así mismo, el que se hubiera acordado formar un grupo de juristas mexicanos y franceses para estudiar el caso no podía implicar un factor de obligatoriedad en cuanto a la opinión de los integrantes de ese grupo. Las autoridades mexicanas han estudiado el asunto y han llegado a una conclusión absolutamente apegada a las disposiciones constitucionales y legales en vigor. Por su parte la defensa mexicana de Cassez ha hecho declaraciones muy responsables y profesionales. Ha dicho que interpondrá un amparo directo para que una instancia superior revise minuciosamente el expediente, añadiendo que lo de la transferencia de Cassez a Francia es un debate rebasado y que su único trabajo es subrayar las vías de lo legal y exponer los argumentos jurídicos. Pero el portavoz del Ejecutivo francés ha declarado que su gobierno utilizará todos los medios a su alcance para lograr la repatriación de la sentenciada, expresando su profunda decepción por este acontecimiento. Ahora bien, Francia apoya su reclamación en la Convención de Estrasburgo, en realidad Convenio Sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas, que México subscribió en 1983. Lo cierto es que en tal Convenio hay algunas reservas de Francia para modificar la pena impuesta. No obstante es de recordar que el artículo 133 de la Constitución prescribe que la propia Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, "serán la Ley Suprema de toda la Unión". En tal virtud el Código Penal Federal, que es una ley emanada del Congreso, tiene prioridad constitucional por encima de cualquier tratado, convención o convenio. Y aunque hubiera jurisprudencia en contrario, que no la hay, ésta seria, como por desgracia ha solido serlo, contraria a la Constitución. En efecto, en la Suprema Corte de Justicia suceden cosas extrañas. En 1992 se dijo en su Pleno que los tratados tenían la misma jerarquía que las leyes. Pero en 1999, al igual que en 2007, el Pleno señaló que los tratados están por encima de las leyes generales y federales pero por debajo de la Constitución (¡obvio!). Sin embargo, y al margen de tan confusa resolución (que rebasa al texto del artículo 133 constitucional), no se trata jurisprudencia obligatoria. Además es de tener en cuenta el párrafo séptimo del artículo 18 constitucional, que establece que "los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto". Tratados, repito, de menor jerarquía que la Constitución; aparte de que el anterior precepto es potestativo ("podrán ser trasladados") y no obligatorio. Yo sospecho que algún abogado francés, o si no mexicano pero asesor del francés, al constatar lo confuso de las "interpretaciones" de la Corte ha aprovechado la oportunidad para alegar a favor de Cassez. A pesar de ello lo evidente es que el artículo 1º del Código Penal Federal (ley secundaria emanada de la Constitución pero de mayor jerarquía que los tratados) determina que "se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal", entre los que se encuentran los cometidos por Cassez (secuestro, delincuencia organizada, terrorismo y tenencia de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas). Y sería el colmo que un tratado diera al traste con dicho artículo. Por último, de la Constitución y leyes mexicanas se deduce sin lugar a duda que la sentencia dictada por un juez mexicano, y que es la culminación de un proceso, se debe ejecutar en México; como que es inconcebible que el proceso y la sentencia no formen un solo cuerpo. En la hipótesis de que Cassez fuera trasladada a Francia, la pena que se le impuso tendría que sujetarse a los términos de la sentencia y del Código Penal Federal. Y habida cuenta de que éste contempla en su artículo 27 el tratamiento en libertad, la semiliberación y el trabajo en favor de la comunidad, bajo ciertas condiciones y reglas, la autoridad judicial o penitenciaria francesa (ellos tienen el juez de ejecución de sentencias) podría aplicar las anteriores formas de tratamiento pero siempre con la autorización y supervisión del tribunal que sentenció; puesto que lo contrario equivaldría a que México cediera su soberanía jurisdiccional. Cassez ha clamado: "¡No es mi culpa, estuve con el tipo equivocado en el momento equivocado, yo no sabía nada de lo que él hacía!". Que lo pruebe su defensa, pero en México.