lunes, 31 de octubre de 2011

EL ENEMIGO EN CASA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Así como Vicente Fox heredó a Felipe Calderón un aparato estatal debilitado y carcomido por la corrupción y el crimen organizado, Calderón heredará a su sucesor instituciones públicas infiltradas e intervenidas por el gobierno estadunidense. El próximo Presidente se enfrentará a una doble tarea de limpieza: expulsar simultáneamente a los narcotraficantes y a los intereses extranjeros.
Calderón suele representar la situación en que encontraba el gobierno como una en que los criminales no solamente entraban a robar a la casa, sino ya pernoctaban en ella y desde allí operaban su negocio y cometían todo tipo de fechorías. Aun así, el actual Presidente prefirió la salida fácil de atacar mediáticamente a algunos de sus adversarios en la calle, en lugar de declarar una verdadera “guerra” contra el enemigo en casa. Esta estrategia ciega, torpe y criminal ha sido auspiciada y apoyada de principio a fin por el gobierno de Estados Unidos.
En lugar de insistir en una verdadera limpieza interna, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama accedieron a la petición de Calderón de hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción y la constante violación de los derechos humanos. Esto a cambio de que Calderón les abriera la puerta para participar y dirigir los operativos antinarco en el territorio nacional. La “apertura” en otros ámbitos, como el económico y el energético, también se incluyó como regalo adicional a cambio de los “espejitos” del silencio y la complicidad estadunidenses ante el grave estado de la administración pública federal.
Si bien este trueque ha beneficiado a corto plazo a Calderón en su desesperada búsqueda de legitimidad y reconocimiento externos, a largo plazo tendrá efectos sumamente graves para todos los mexicanos. El constante debilitamiento de las instituciones estatales ha sido aprovechado gustosamente por los estadunidenses para aumentar cada día su intervención en los asuntos internos del país. Así como los gobiernos neoliberales abandonaron Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación con el fin de provocar su quiebra y así “justificar” su intervención, hoy Calderón sigue el mismo guión con respecto a las instituciones de seguridad pública.
En su artículo del pasado 24 de octubre, Ginger Thompson, de The New York Times, nos regala otra joya periodística al revelar la existencia de una red de informantes secretos del gobierno estadunidense dentro del territorio nacional, que incluye “integrantes de las corporaciones de seguridad pública, políticos con cargos de elección popular y operadores de cárteles” (artículo disponible aquí: http://nyti.ms/rRXKbW). Recordemos que fue la misma Thompson quien en meses recientes dio a conocer tanto los vuelos de aviones espías no tripulados sobre México (http://nyti.ms/g4y4xP) como la existencia de “centros de fusión de inteligencia” similares a los utilizados por EU en Irak y Afganistán (http://nyti.ms/pcDBPy).
En esta ocasión el mensaje es aún más preocupante, porque los informantes de la periodista afirman que el gobierno mexicano ni siquiera está enterado de la existencia de esta red secreta. No se informa a las autoridades mexicanas para evitar problemas con las “leyes que prohíben que fuerzas de seguridad americanas [sic] operen en territorio mexicano”. Es decir, funcionarios estadunidenses confiesan que violan de manera sistemática y flagrante nuestras leyes al participar en acciones de procuración de justicia y espionaje en el país.
Pero, más allá de conducir investigaciones ilegales en territorio nacional, queda claro que los agentes estadunidenses también participan de manera directa tanto en actos de corrupción de funcionarios gubernamentales como de complicidad con el crimen organizado. Aquellos políticos y policías que participan en esta red de informantes y reciben alguna remuneración por sus servicios, no solamente serían corruptos, sino también traidores a la patria. Asimismo, aquellos agentes estadunidenses que contratan y establecen relaciones de confianza con “informantes” de la delincuencia organizada a espaldas del gobierno mexicano están siendo cómplices de la comisión de los delitos cometidos por sus “contactos”.
Ahora bien, en lugar de ordenar inmediatamente una investigación sobre la posible comisión de delitos por agentes extranjeros, el gobierno mexicano ha afirmado que, supuestamente, está perfectamente informado sobre estas acciones y que todas se llevan a cabo “estrictamente de acuerdo con la normatividad nacional”. Tales declaraciones son tan poco creíbles como aquellas de la canciller Espinosa sobre los aviones espías, en las que afirmaba que el gobierno mexicano mantenía el control directo sobre todos los vuelos. Con este tipo de desinformación el Poder Ejecutivo federal encubre los actos delictivos cometidos por los agentes extranjeros en el territorio nacional.
No sorprende que el gobierno de Estados Unidos defienda sus intereses y busque operar libremente en el país, así como incidir directamente en las acciones del gobierno mexicano. Lo que sí llama la atención es la complicidad del gobierno de Calderón, así como su total desapego de los principios básicos de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

LOS PENDIENTES DE NOVIEMBRE

JAVIER CORRAL JURADO

Estamos a un mes y medio de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. En medio del fragor de la batalla electoral se desarrollará el último periodo, correspondiente a febrero, marzo y abril del 2012 y, entonces, la LXI legislatura federal habrá concluído casi en definitiva su ejercicio constitucional. Cuando ello ocurra estaremos en condiciones de hacer una evaluación definitiva de lo realizado. Pero creo que en cualquiera de los análisis que se realicen sobre el desempeño legislastivo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se colocará como la reforma de mayor calado dentro de los tres años.
La Reforma Política, que también tuvo como cámara de origen el Senado, perdió ese carácter en la colegisladora. Aunque no son menores las reformas constitucionales que ahora mismo se discuten en la Cámara de Diputados, ya aprobadas en lo general, lo cierto es que la desincorrporación en el dictamen de la figura de la reelección legislativa, le achicó la talla con la que realmente se viste una Reforma Política. Ha quedado una miscelánea de reformas a la Constitución que por supuesto es importante; habrá un nuevo 35 constitucional - derechos de los ciudadanos mexicanos -, que se homologa con el orden internacional en materia de la denominada democracia participativa, y otras previsiones constitucionales que demanda nuestra dinámica vida política y el pluralismo que la refleja.
Creo que en Noviembre, y aún en diciembre, la Cámara de Diputados puede hacer todavía cosas importantes. Sobre todo porque el balance en la cámara Baja no es tan favorable, como se advierte en la de Senadores. Para remontar esa desventaja, los diputados podríamos acometer varias reformas para consolidar dos temas que, además de relacionarse, constituyen mecanismos fundamentales para el buen funcionamiento del sistema político. Fortalecer el sistema de rendición de cuentas, de tanta exigencia ciudadana, asi como cerrar la trilogía jurídica del derecho a la información conformada por el acceso a la información pública gubernamental, luego la protección de datos personales y una legislación especializada en la protección y conservación de archivos históricos y administrativos.
La rendición de cuentas es aquello que nos legitima ante la ciudadanía y propicia que los ciudadanos tengan confianza en su gobierno y en sus legisladores.
Rendir cuentas es explicar de qué manera se cumplen las funciones legales por parte de los funcionarios públicos o representantes populares, por lo cual devengan un sueldo; la transparencia de las acciones es el instrumento principal para una óptima rendición de cuentas. Transparencia y rendición de cuentas, aunque son conceptos distintos, van de la mano confluyendo en un mismo fin.
De este ejercicio, resulta una de las principales políticas que ayudan al combate contra la corrupción, el mayor mal endémico que ha llevado a México a sufrir los niveles de pobreza e inseguridad que lamentablemente padecen millones de mexicanos.
En la Cámara de Diputados existen cuatro pendientes legislativos de relevante trascendencia en la materia que con una mínima dosis de voluntad política se podrían ver concretados en noviembre.
El primero de ellos, es una minuta del Senado que contiene una serie de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ya fue discutida, mejorada y aprobada por la Comisión de Gobernación el 29 de marzo de este año. Estas reformas dotan de mayor autonomía al IFAI convirtiéndolo en un organismo descentralizado y con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión; se convierten sus resoluciones en inatacables, de esta forma las determinaciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades. Sólo los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Los titulares de fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán invocar los secretos fiduciario, bancario o fiscal. Los beneficios, subsidios o tratamientos especiales por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal que involucren recursos públicos, deberán transparentarse.
También señala que cuando no exista algún documento con la información solicitada por el ciudadano, los comités de información y el IFAI podrán ordenar a la dependencia su elaboración. Se incluye la prueba de interés público cuando se busque transparentar una información confidencial y se acredite que hay razones de interés público para difundirla; así como la prueba de daño, para que el IFAI exponga las razones por las que no se puede otorgar determinada información.
Estas modificaciones se encuentran aprobadas en la Comisión de Gobernación, pero indebidamente detenidas en las Comisiones de Justicia y Función Pública que presiden el diputado Humberto Benítez, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde. Sería necesario que nuestro dictamen fuera aprobado por tales comisiones para después ser enviadas al pleno y finalmente devueltas a la Cámara de Senadores.
Otro pendiente legislativo que contribuiría en gran medida a la rendición de cuentas en el país, sería una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. El 26 de abril de este año, se publicó en Gaceta Parlamentaria, una iniciativa de nuestra autoría denominada Ley Federal de Comunicación Gubernamental que busca detener los excesos que funcionarios públicos comenten a costa del erario para promocionar su imagen personal.
Esta iniciativa es muy importante porque no sólo acota los gastos que se realizan en materia de comunicación, sino que da criterios para los mensajes que se transmiten por parte de las entidades públicas. Esta ley sostiene como principios de la comunicación gubernamental: el interés y la utilidad pública, la transparencia en el proceso de contratación, la equidad en la distribución y la pluralidad de medios, así como la razonabilidad en la inversión.
Esta ley en relación con los gastos en comunicación determina: establecer un monto presupuestal destinado para el ejercicio de este gasto en todas las formas de comunicación posibles (radio, televisión, prensa escrita, Internet, cine o la vía pública). Que cada entidad diseñe un programa anual de comunicación para que el gasto en esta área sea previamente avalado y así evitar gastos repentinos motivados por un contexto político, pero también para que el programa sea cumplido y con ello los objetivos planteados en el mismo. Informar la distribución del gasto que se realice en comunicación gubernamental para que la ciudadanía fiscalice que la entidad no está favoreciendo a algún medio de comunicación. Difundir los contratos que las entidades celebren, para transparentar los gastos al respecto y conocer cuánto se pago, por cuántos anuncios y a qué medios.
Esta iniciativa de ley reafirma mi convicción de que la gente necesita que los funcionarios rindamos cuentas, sí, pero que esa rendición de cuentas provea información útil para el ciudadano y que le sea dada sin desfalcar las arcas de la Nación.
El tercer pendiente legislativo es el concerniente al manejo de los recursos en las entidades federativas. Hoy en día los gobiernos estatales se han convertido en el principal referente de opacidad. Un estudio del CIDE del año 2009 (Ríos y Cejudo) afirma que en los estados “no hay vínculos sólidos entre la generación de información, la evaluación, la transparencia, el control interno y la fiscalización… son mecanismos fragmentados que no se complementan entre sí y que, de hecho, existen separadamente o se obstruyen”.
Para muestra están las grabaciones de Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, dadas a conocer la semana antepasada por la periodista Carmen Aristegui, mismas que muestran la opulencia e impunidad en la que vive este personaje. También tenemos el caso de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, actualmente ya con una denuncia penal a causa del enriquecimiento inexplicable que han experimentado sus más cercanos colaboradores como Vicente Chaires, hasta hace unos meses su administrador en el PRI, personaje a quien se le ha detectado, entre otras, una propiedad en Texas con valor de 860 mil dólares.
Otro ejemplo: La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública de 2009, detectó tan sólo en el Estado de México, y tan sólo en el análisis del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, un daño presumible por 44 millones cuatrocientos un mil setecientos noventa y nueve pesos. Este dinero o no se sabe en dónde está, o si se utilizó en otras actividades que no corresponden a mejorar la educación, como fondos turísticos, actividades de comunicación, o pagos a trabajadores que no existen. El Poder Legsdlativo necesita establecer mecanismos que garanticen un fin adecuado para los recursos que la Federación le otorga a los estados, y tambien para castigar a aquellos que desvíen el dinero a otras actividades.
El cuarto pendiente y con el que cerraríamos el ciclo legislativo del derecho de acceso a la información, es aprobar la Ley Genaral de Archivos que está de regreso en la Cámara de Diputados, pues fue y vino del Senado. La minuta es realmente muy buena, y le aclara muy bien sus funciones al archivo general de la Nación. Son pendientes que de concretarse se traducirían en indiscutibles bienes públicos.

CIUDADANIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

LEONARDO VALDÉS ZURITA

Para darle credibilidad a la democracia fue necesario ciudadanizarla. Durante varias décadas, el poder político fue determinado en las esferas gubernamentales y no por el voto de los ciudadanos. La era del partido hegemónico impregnó la forma en la que se percibía la organización de los procesos electorales y las instituciones del Estado. Más aún, una característica de estos años era que el árbitro de la elección jugaba dos roles: era juez de la contienda y parte en ella.
Por ello, nuestra transición a la democracia exigía diseñar nuevas instituciones: darle cauce al pluralismo político; establecer una base jurídica que diera mayores garantías a los contendientes y, de manera especial, crear las instituciones que posibilitaran transformar la percepción de la sociedad sobre la autenticidad de los procesos electorales, trasladando responsabilidades del gobierno hacia los ciudadanos en materia electoral.
Así ciudadanizamos la democracia. Los cambios institucionales excluyeron a las instancias gubernamentales de la organización electoral y ese poder se asignó y distribuyó entre ciudadanos. En pocas palabras, se atomizó la autoridad electoral, que anteriormente estaba en manos de representantes del gobierno, para depositarla en los ciudadanos.
Esta transferencia de autoridad a los ciudadanos en todas las etapas de la organización electoral constituye, desde mi punto de vista, uno de los arreglos institucionales que más ha contribuido a configurar nuestra democracia.
De acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los ciudadanos participan en las tareas de capacitación de quienes fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla; como supervisores electorales para garantizar el cumplimiento de los procedimientos normativos establecidos para la capacitación, y como consejeros electorales en la integración de cada uno de los 32 consejos locales y en los 300 consejos distritales.
En el caso de los consejeros electorales locales, la ley dispone los mecanismos para que sean designados, así como los plazos para que éstos, a su vez, designen a otros ciudadanos que asumirán las funciones de los consejos distritales.
En este sentido, de los 4 mil 534 aspirantes a consejeros electorales locales, el Consejo General del IFE designó por unanimidad a los 192 ciudadanos propietarios (6 en cada estado) que integrarán durante dos procesos electorales federales (2011-2012 y 2014-2015), los consejos locales del instituto en cada entidad.
Es importante señalar que logramos un equilibrio casi perfecto en materia de género en su designación: 97 hombres (50.5 por ciento) y 95 mujeres (49.5 por ciento)
Además, en beneficio de la calidad de las decisiones, se valoró de manera significativa la escolaridad y la experiencia en materia electoral de los aspirantes. Así, de los 192 designados, 37 por ciento cuentan con licenciatura; otro 37 por ciento con maestría; 21.9 por ciento con doctorado, y únicamente 3.6 por ciento son pasantes. Debo subrayar que del total, uno de cada cuatro tiene formación profesional en derecho.
En cuanto a su experiencia electoral, 44.8 por ciento ya habían participado en algún otro proceso electoral federal como consejeros locales propietarios; 21.9 por ciento como suplentes de consejos locales, y 30.7 por ciento han sido consejeros propietarios de consejos distritales.En cuanto a la edad, llama la atención que la edad mediana es de 49 años; la moda de 52; la edad mínima en los consejeros designados es de 24 años y la máxima de 69. Por lo cual es posible afirmar que contamos con consejeros electorales maduros para asumir la responsabilidad de ser autoridades electorales en sus entidades.
Para la imparcialidad del proceso electoral, es fundamental que estos 192 ciudadanos cumplan sus funciones de autoridad con imparcialidad y con apego a la ley. Estos ciudadanos son ya figuras públicas y autoridades en materia electoral, en el ámbito para el cual fueron designados. Como tales, al igual que yo y el resto de mis compañeros en el Consejo General, estamos obligados a conducirnos con apego al Código de Ética del IFE y considerando que nuestra conducta diaria hablará de nosotros, del compromiso con la democracia de todos los funcionarios y ciudadanos que intervienen en la organización de los procesos electorales en nuestro país. Estoy seguro que la ciudadanización se fortalecerá con la eliminación de los déficits de ciudadanía, pero este tema obliga una reflexión aparte.

¿SE HA RESUELTO LA GRAVE CRISIS DE LA EUROZONA?

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

La Unión Europea vive una de las más severas crisis económica y financiera -a más de una definición de su política exterior- de su larga historia desde 1957. Los hechos de septiembre 11 y la invasión a Afganistán e Irak, y más recientemente la guerra de conquista en Libia, provocaron una fractura en su posición común. El quiebre de la economía griega en el 2008 exigió de medidas extremas para rescatar a una economía periférica. Hoy, pese a los enormes intentos del timón Merkel-Sarkozy, no puede considerarse que este dramático episodio en el que están involucrados de una u otra manera la totalidad de los 27, ha encontrado una solución definitiva tras la cumbre de Jefes de Estado en Bruselas. Centrémonos por ahora en el caso griego, en donde un Gobierno con una economía asimétrica no evaluó correctamente las consecuencias de su entrada a la Unión Europea y a su espalda obtuvo enormes créditos de financieras norteamericanas, creyendo que podría rápidamente sentarse en la mesa europea en condiciones de igualdad que no correspondían a su economía real, frágil, pequeña y endeudada. Cuando ocurrió el primer colapso griego, los europeos tardaron en evaluar correctamente la gravedad de la situación y, cuando ésta era inocultable e inobjetable, recetaron medidas draconianas que el gobierno de Papandreu fue incapaz de aplicar satisfactoriamente. De ahí que en los años pasados Grecia no se pudo resolver la crisis, sino inclusive se agravó, y hoy está contaminando a otros países mediterráneos de economía más avanzada -que manejan economías de dimensiones diferentes y problemática particular- y a la propia eurozona de los 17, que ha exigido la acción directa y urgente de Bruselas.
Era entonces de esperarse que la cumbre de Jefes de Estado de esta semana lograra avanzar, en aras de una supuesta supervivencia, en medidas tanto de solución a corto y mediano plazo de las finanzas griegas, como en los otros problemas que como consecuencia de ello han surgido en el mundo europeo. Tal es el caso de la descapitalización de varios bancos importantes y la solidez de la zona euro. Con relación al acuerdo europeo por otorgar una quita a la deuda griega, resulta del todo razonable dada la inhabilidad financiera de Atenas, pero no significa, como lo vimos en el caso pasado, una garantía de solidez total ni para Grecia ni para la zona euro. Con menos recursos, el crecimiento de Grecia se verá seriamente limitado. Otro de los puntos que abordó la cumbre de Bruselas con resultados positivos fue el relativo a la recapitalización de la banca. Se logró que las grandes entidades financieras tengan un colchón suficiente de capital con un tope hacia mitad del año próximo a través de un complejo mecanismo y, de no funcionar, abrir un préstamo del fondo de rescate que se creará para los países de la eurozona.
Las medidas acordadas en Bruselas que despiertan una relativa confianza en los mercados internacionales, no hubieren sido logradas sin la participación alemana. La canciller Merkel había logrado, antes de viajar a Bruselas, el apoyo de la Cámara baja alemana, donde cuenta con una mayoría en coalición con los liberales, y todos ellos, abrumadoramente le apoyaron en el reforzamiento del fondo de estabilidad del euro, bajo la frase "si fracasa el euro, fracasará Europa".
PD: Resulta verdaderamente indignante que quien supuestamente defiende los intereses nacionales -en una silla que alguna vez ocuparon hombres de la talla de Ocampo, Lerdo, Lafragua, Mariscal, Fabela, Castañeda, Padilla Nervo, García Robles- se haya permitido públicamente confirmar la noticia del New York Times respecto a la presencia de agentes de la DEA en México. ¿Cómo hablar de que esa actividad por todos conocida "se ciñe a una serie de reglas autorizadas por el Gobierno mexicano" sin que dicha actividad esté reglamentada por el Poder Legislativo? Es con esta actitud que ufanamente los lacayos del imperio estarán presentes en Cannes en la reunión del G-20 el próximo mes, hablando de dignidad, soberanía y respeto al derecho internacional.

EL DRAMA DEL PRD

ARNALDO CÓRDOVA

Antonio Gramsci, el gran revolucionario italiano, apuntaba que un partido político debe ser un intelectual colectivo, con una visión de la sociedad que es y tiene que ser fruto del estudio y del análisis profundo y pormenorizado de la misma. No se trataba de un ente abstracto o figurado, sino del concepto que debe definir la organización partidista como elaboradora de conceptos que sean el resultado de la discusión de todos sus miembros y del acuerdo de los mismos, para empezar, en el conocimiento que entre todos deben producir. El partido no es sólo un órgano para la acción, sino, en primer lugar, para el conocimiento del entorno en el que debe actuar.
Si vemos lo que es hoy el PRD (en realidad siempre lo ha sido), sumido en una profunda miseria intelectual, por falta de cuadros que lo cultiven y lo desarrollen como una organización del talento y del conocimiento, lo que encontramos es la corrupción que el dinero público ha llevado a sus entrañas y la conversión de sus dirigentes en auténticos cazadores de fortuna, logreros y corrompidos que han hecho su modo de vida ocupando toda clase de puestos burocráticos o de elección, activistas ignorantes y pragmáticos que, por ejemplo, cuando llegan a ser diputados o senadores, no pueden hacer otra cosa que calentar la curul. Su tarea más frecuente es la de bloquear o anular a otros cuadros mejor preparados.
El partido gramsciano es también una organización colectiva que busca su perfeccionamiento a través del análisis y el debate. Desde luego, se trata de un partido democrático que permite la circulación de ideas y también de los oficios y los quehaceres; todo ello debe traducirse en un recambio oportuno de sus cuadros dirigentes o su sustitución cuando cometen faltas graves contra la legalidad y la vida interna del partido o, incluso, cuando se destacan nuevos cuadros. Se trata, también, por supuesto, de un partido de izquierda cuya existencia está cifrada en el debate y la discusión. Sólo así puede concebirse la vida interna y el desarrollo institucional de un partido.
El PRD es un partido que no sabe discutir, en gran medida, por una enorme ignorancia de sus cuadros, casi todos ellos activistas que sólo son duchos en la grilla y la cosecha de prebendas, pero carentes de ideas y de cultura. Y no estoy pensando en un partido ideal. A pesar de todos sus defectos, ese era el credo de los antiguos partidos de izquierda y, sobre todo, comunistas. Eran partidos de cuadros. El PRD es un partido de masas, pero con una dirección sumamente burocratizada y oportunista.
Es verdad que ningún partido puede ser en realidad democrático, como lo demostró Robert Michels, uno de los pioneros en el estudio de los partidos políticos, porque en ellos siempre se encumbran oligarquías partidistas que muchas veces es imposible cambiar o derrocar. Gramsci lo sabía y de seguro había observado lo mismo en los partidos comunistas de su época. Pero él postulaba un nuevo tipo de partido en el que, precisamente, el debate y la participación activa de sus militantes pusieran al descubierto y pudieran conjurar cualquier intento de oligarquía partidista.
El PRD ha sido un partido oligárquico desde su fundación. Los cardenistas, acostumbrados al tipo de liderazgo que conocieron en el PRI y, siendo mayoría en la nueva organización, impusieron ese tipo de liderazgo, el cual ha acabado por degenerar en dirigencias corruptas y entreguistas que buscan la liquidación del partido (como solía decirse en lenguaje leninista), entregándolo a la derecha más reaccionaria y pasando sobre toda clase de principios que el PRD haya podido enarbolar.
La esencia de un verdadero partido consiste en el debate hacia adentro y hacia afuera, no la componenda de intereses mezquinos. A través del debate se traza la línea política del partido y su táctica en el campo de la lucha política. El debate ayuda a mantener la identidad política del partido; la componenda y el oportunismo aniquilan toda formación partidista, al grado de que ve como muy natural aliarse con los peores enemigos. Resulta ridículo y grotesco, como hacen los chuchos, alegar que eso es hacer política “moderna” y superar el primitivismo de la izquierda. Aliarse con el PAN es ir al extremo del espectro político y entregarse sin ninguna ventaja a la extrema derecha.
Un partido es un ente colectivo que envuelve intereses superiores a sí mismo. Los intereses partidistas son, por su naturaleza, intereses parciales que no alcanzan para dar su verdadera identidad. Los verdaderos intereses de un partido democrático y de izquierda son los que identifica, siempre desde su particular punto de vista, como los intereses de la nación; puede estar equivocado, pero en todo caso es algo que lo debe caracterizar: su identidad con la nación, con la sociedad. Se trata de su respuesta particular a los grandes problemas nacionales. Un partido sin una visión fundada y legitimada de los intereses nacionales, es una pandilla de vividores sin más intereses que sus muy particulares, tal y como ocurre hoy en el PRD.
Un partido forma sus direcciones a través de una selección rigurosa de sus capacidades y talentos y, aunque la lucha interna, característica de todo verdadero partido, puede adolecer de una cierta ferocidad, siempre versa sobre lo más adecuado para la solución de todos los problemas, propios y de la nación. Jamás premia la corrupción ni la ineptitud, a riesgo siempre de sufrir derrotas y descalabros sin fin. Cada elección de dirigentes y de candidatos debe estar precedida de un amplio debate sobre la calidad moral y política de quienes aspiran a esos puestos. En ello no pueden permitirse sorpresas ni prácticas corruptas.
En el PRD no hay nada de eso. Anclado en la existencia de tribus y sectas cuyos intereses definen los del partido, sus debates son únicamente para fijar las cuotas que a cada grupo corresponden en los puestos o, como los animales, los mojones de sus territorios. El espectáculo que ha dado hace unos días lo descubre una vez más como una masa informe de gandallas de la peor ralea a los que la idea misma del partido les es totalmente extraña, ya no digamos los pálidos principios inscritos en sus documentos básicos de los que ninguno se acuerda, como no sea para reivindicar sus cuotas de poder y los centavos que les tocan.
Un partido que tiene como uno de sus principales campos de acción la lucha parlamentaria, busca siempre llevar sus mejores cuadros intelectuales y políticos a los órganos legislativos. En un partido enrevesado como lo es el PRD, eso es una vana ilusión. Se ha podido ver a la luz del sol en días recientes. Las dentelladas y los gruñidos son por los huesos. En ningún caso se ha visto que alguien quiera poner un poco de orden en ese panorama desolador que ofrecen las corrientes en contienda. La mayoría de los cuadros perredistas son viejos activistas que no tienen idea de lo que debe ser el partido ni mucho menos del papel que debe desempeñar en el Legislativo.
Un verdadero partido se define por su responsabilidad frente a la sociedad. Un partido así se postula como servidor de esa sociedad; existe para ser instrumento de las aspiraciones sociales y su prestigio en el seno de la misma debe depender del modo en que se ligue a ella y participe activamente en la solución de sus problemas. El PRD existe para sí mismo, lo que quiere decir para satisfacer las ambiciones de sus dirigentes. La sociedad viene a ser sólo la arena en que los perredistas se destrozan por sus mezquindades. Eso es el PRD.

LOS EMPEÑOS DE PEÑA

ROLANDO CORDERA CAMPOS

En el contexto de unas reuniones organizadas por la Fundación Colosio del PRI, el ex gobernador Enrique Peña Nieto decidió soltarse el pelo y abrir su juego en asuntos cruciales de la economía y la política mexicanas. Espoleado tal vez por el exitoso desempeño de Andrés Manuel López Obrador en Monterrey, Washington y Madrid, Peña dejó su estrategia del prudente y vago silencio” y propuso abrir la industria petrolera a la inversión privada, redefinir el sistema electoral reduciendo el número de plurinominales y, por esa vía y otras astucias reformistas de la legislación respectiva, asegurar unas mayorías sin necesidad de ganarlas en las urnas.
El aspirante mexiquense no dijo cómo imagina la traída y llevada apertura de la industria estatal, creada a partir de la expropiación petrolera hecha por el presidente Cárdenas. Luego de una cátedra sobre el peso nefasto que según él tiene la ideología, llamó a liberarnos de telarañas nacionalistas y afrontar los hechos como son, realistamente, para ser modernos y estar a la altura de lo que el resto del mundo hace en esta y otras materias. Y en lo tocante a las ansiadas mayorías, luego de recular en su proposición original de la mal llamada cláusula de gobernabilidad, insistió en la que al parecer será su consigna maestra: sólo así, con mayorías seguras, podrá México contar con un Estado eficaz, que es lo que le hace falta para abandonar el marasmo que lo caracteriza.
En el futuro sabremos lo que el aspirante, respetuoso de la legislación electoral que según él le impide ir a los cómos, entiende por apertura de Pemex. Si ello quiere decir concurrencia en todos los planos de la actividad, asociaciones público-privadas a todo lo largo de la cadena productiva o la conversión del organismo paraestatal en una empresa capaz de flotar acciones y hacerle el día al entusiasta privatizador energético que hoy oficia como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que parece estar lejos del razonamiento de Peña, es la realidad y las perspectivas de la industria misma, aquejada de reumatismo y falta de reflejos después de décadas de extravíos en su dirección y, sobre todo, de renuncia a invertir en lo que conforma el corazón de su actividad: la exploración sistemática y la explotación sostenida de los frutos de la primera.
No sabemos si esta inopinada toma de partido de Peña Nieto constituye un hilo conductor de su estrategia económica, hasta ahora celosamente guardada en los closets de su cuartel general. De ser este el caso, sus sesudos asesores tendrán que arriesgar algo más que la elemental ingeniería financiera que le permitió al gobierno mexiquense aliviar el peso de sus deudas. Sin Pemex y su permanente auxilio a las finanzas públicas, que llega a representar 40 por ciento del gasto, el país no sólo se mantendría estancado como en lo fundamental ha estado en estos 11 años de alternancia sin alternativas, sino que entraría en un franco retroceso al verse obligado a convertir la austeridad fiscal en abierta contracción del gasto y la inversión pública, con la consiguiente retracción de los servicios del Estado y la todavía mayor erosión de la infraestructura física y humana con que a pesar de todo cuenta México.
Sin un Pemex conducido por el Estado, la eficacia prometida y buscada por Peña no tendría futuro. La reforma fiscal puede proponerse una y otra vez como indispensable y formar parte de la jaculatoria de “las reformas que tanto necesitamos”, pero aún si ocurriese el milagro de la multiplicación inmediata de los panes del fisco, es claro que sin el aporte fundamental proveniente de la renta petrolera el Estado se paralizaría y su proverbial ineficacia se convertiría en costumbre patria. Sin salida alguna.
Los escarceos del (pre) candidato priísta con el petróleo y la representación política formal, parecen más bien dirigirse a la conformación de una alianza política y social definida por el peligroso juego del amigo y el enemigo. De este lado, podría decirnos, quienes quieren la modernización que no puede sino provenir de la competencia que es propia de la empresa privada; del otro, los necios sometidos a la ideología que tanto ha trabado el progreso económico y la modernidad social.
No es así y nunca lo ha. La astucia del estado mayor mexiquense tendrá que afilarse y complicarse la vida, si en efecto quiere salir al paso de un reclamo multitudinario que, por más que les pese, hoy encabezan López Obrador y su movimiento.
Pemex puede y debe convertirse en una gran empresa del Estado para ser el eje de una industrialización que esté a la altura del reto global que al calor de la crisis se reconforma. Como demandante de múltiples bienes y servicios y como sostén de una industria energética nacional digna de tal nombre, puede constituir la gran palanca de la reconfiguración del sector privado cuyo concurso es crucial para restructurar la economía mixta y empezar a trazar un nuevo curso al crecimiento y el desarrollo de México. Nada de esto implica una privatización ni acudir a la inversión privada en el desempeño de sus tareas sustanciales de exploración, explotación y transformación del petróleo.
Es desde esta perspectiva, atada al futuro posible y deseable del país, y no a un pasado imaginado por asesores áulicos pero no por ello menos ignorantes de la historia nacional, que emerge la necesidad de un Estado dotado de auténticas capacidades de conducción e intervención para darle a la eficacia un contenido terrenal. Donde le fallan los silogismos al (pre) candidato es precisamente en este terreno.
No habrá eficacia del Estado sin un fisco que la sostenga, por su pujanza, flexibilidad y dinamismo. Esta es la verdadera hora del mundo que irrumpe: Estados fuertes y dispuestos a impulsar pero también a subsanar y llenar los enormes huecos dejados por un mercado enloquecido sometido a la especulación planetaria, que no deja campo para la inversión productiva y la innovación empresarial. Difícil de imaginar el despeje de esta ecuación, sin una efectiva participación popular articulada a la movilización y el reclamo, pero con cauces amplios en una política democrática que exige no menos sino más representación genuina.
Lo que surge, es una pluralidad que no va a reducirse sino a crecer y diversificarse a medida que la disputa política avance y, a pesar de su minusvalía, se dejen ver los grandes problemas agravados por más de una década de inepcia cupular y complicidad política.
El rechazo a esa ineptitud y al regodeo cómplice con el “estancamiento estabilizador” impuesto como forma de vida inercial por Hacienda, es lo que puede despertar sentimientos y voluntades para hacer del Estado el gran matraz de una renovación económica que para serlo tiene que ser también política. Los planes esbozados por el licenciado Peña Nieto van en sentido contrario de esta ruta. Así planteados, van en contra de una economía realmente moderna y de una democracia que dé seguridad y garantice el disfrute de los derechos sociales.
La democracia que prometen los malabaristas del cambio priísta no sólo carece de adjetivos: deja al Estado sin objetivos y lo despoja de cualquier eficacia.

EL VICIO DE LEER

NÉSTOR DE BUEN

Reconozco que la lectura es mi vicio principal, lo que no excluye a otros que no hace falta citar. Tengo una amplia biblioteca dominada, como es natural, por obras de derecho, pero en la que abundan libros de historia, arte y novelas. Yo compro, como es natural, muchos de esos libros y no falta quien me regale alguno, a veces, cordialmente dedicado.
Mi hora de lectura es nocturna, entre ocho y nueve de la noche y los fines de semana, independientemente de la lectura diaria y tempranera de la prensa que me llega a casa: La Jornada y El País, que entretiene mi desayuno.
Por la noche trato de leer novelas o alguna revista, Impacto por ejemplo y también The Economist, en parte porque tiene muy buena información internacional, algunas caricaturas sensacionales y porque me sirve para mejorar mi precario inglés. Confieso que me llama más la atención leer novelas españolas o iberoamericanas que suelen ser excelentes.
Muchas veces, terminada alguna lectura, me acerco al librero novelero para iniciar otra. Hace unos días me tropecé con un libro sensacional de Arturo Azuela, Desde Saulin. Historia de la ruta de Goya, que me llamó la atención por muchas cosas. En primer lugar por el tema mismo, ya que soy admirador absoluto de ese pintor aragonés. En segundo lugar, porque Arturo amablemente me lo había dedicado y me sentí muy mal por no haber procedido a su lectura. Finalmente, porque tres de los capítulos (XI, XII y XIII) están dedicados a los De Buen, particularmente a mi abuelo, Odón de Buen, oceanógrafo excepcional, de fama internacional, nacido en Zuera, a unos cuantos kilómetros de Zaragoza. Por supuesto que también menciona a sus siete hijos entre los cuales, mi padre, Demófilo de Buen fue el mayor. Y narra Arturo lo más importante de la vida del abuelo, becado por la Alcaldía de Zuera para estudiar en Madrid ciencias naturales, punto de partida de su vocación hacia la oceanografía en la que destacó con nivel mundial.
Me emocionó ese homenaje bien merecido al abuelo. Fue un hombre de lucha. Ingresó a la Masonería y colaboró con Fernando Lozano en un periódico que se llamaba Las dominicales del libre pensamiento, reflejo evidente de su pensamiento laico. Conoció a Rafaela Lozano, hija mayor de Fernando Lozano, y se casó con ella. Lo curioso del caso es que su hijo mayor Demófilo, mi ilustre padre, se enamoró de la hermana menor de su madre Paz, y superando muchas dificultades, particularmente la oposición de doña Rafaela, a la que no le hizo gracia que su hijo se casara con su hermana, contrajeron matrimonio por lo civil, en Madrid. En ese matrimonio nacimos Paz (en Salamanca), Odón (en Madrid) y Jorge y yo, primero, en Sevilla.
En el mes de julio de 1936 los abuelos se fueron a pasar el verano a Palma de Mallorca. Al estallar la Guerra Civil, a mi abuelo los franquistas lo metieron a la cárcel por sus antecedentes políticos republicanos. Tenía entonces alrededor de 80 años. Permaneció en la cárcel más de un año hasta que mi padre consiguió que lo canjearan por Pilar Primo de Rivera y eso permitió a los abuelos trasladarse en un barco inglés a Valencia para vivir, en Godella, un hermoso pueblo cercano a Valencia con nosotros.
El final de la Guerra civil sorprendió a los abuelos en Francia. Les tocó la invasión alemana, pero el abuelo pudo trasladarse a México, donde murió. La abuela falleció antes en Francia. Sus restos descansan juntos hoy en Zuera.
Es posible imaginar mi emoción al encontrar esa historia en el libro de Arturo Azuela que además relata la vida prodigiosa de Goya, el insigne pintor aragonés. La verdad es que quisiera encontrarme con Arturo para decírselo personalmente. Y para felicitarlo porque hace honor a su ilustre abuelo don Mariano Azuela, en su espléndido estilo literario.

IFE: NUEVO REGLAMENTO DE RADIO Y TV

EDMUNDO JACOBO MOLINA

Luego de meses de debate, elaboración, impugnaciones, imaginación, consultas y negociaciones, el Consejo General del IFE pudo confeccionar un nuevo acuerdo sobre la reforma al Reglamento de Radio y Televisión, es decir, en torno al instrumento que rige la relación entre la autoridad electoral y 2 mil 600 emisoras de todo el país.
¿Por qué el IFE se mantuvo decidido a modificar el reglamento? Doy tres razones: el IFE cuenta con una experiencia y una tecnología que hace tres años no tenía (fecha de expedición de esa norma); porque los muchos litigios en radio y televisión han producido acuerdos, criterios y jurisprudencias que se encontraban dispersos, lo que generaba confusión e incertidumbre; y porque el esquema anterior era demasiado parsimonioso y lento, de modo que un promocional se transmite, en promedio, ¡nueve días naturales después de que se solicita! De esa suerte, las campañas resultaban muy genéricas, desapegadas de la actualidad política y social.
Estas razones llevaron a reformar en una primera ronda al reglamento, pero ante una serie de impugnaciones de la propia industria de la radio y la televisión, el Tribunal Electoral decidió revocarlo, argumentando que si el IFE decidía volver a modificarlo, debía realizar una consulta con las organizaciones del gremio y con especialistas.
Así lo hicimos. El IFE llevó a cabo un amplísimo ejercicio en el que pidió la opinión directa de mil 886 permisionarios y concesionarios, que operan 2 mil 319 señales. Respondieron 441, muchos de ellos colectivamente, pues en conjunto, representaron a 2 mil 44 emisoras de la radio y la televisión, el 88 por ciento de la industria de todo el país.
De esa suerte, el IFE emprendió una nueva redacción reglamentaria y con el conocimiento de la opinión de la industria y de otros tantos especialistas estuvo en condiciones de ofrecer un instrumento con algunas características esenciales:
1) El modelo de comunicación política dejará de ser centralizado y se apoyará mucho más en la estructura nacional del IFE. En otras palabras, nuestras juntas locales y distritales adquieren un papel clave para nuestro esquema de trabajo.
2) Se desarrolla una calendarización -dos veces por semana- para la entrega de promocionales de partidos a todas las emisoras de México. Ésa fue, con mucho, la demanda más reiterada en la consulta y el IFE responde así: con planeación, haciendo previsible y más eficaz la administración de los tiempos del Estado durante los 196 días que durará el proceso electoral federal y las 15 elecciones coincidentes.
3) Se reducen de modo notable casi todos los plazos de la operación, especialmente la sustitución de materiales de partidos y autoridades, al pasar de 5 a 3 días hábiles, como regla general.
En conjunto, se dota de una mayor flexibilidad al modelo de comunicación política, por vía doble: la radio y la televisión deben admitir un plazo menor para sustituir materiales y la autoridad electoral toma medidas diferenciadas para no afectar la programación de concesionarios y permisionarios, tanto de grandes consorcios como de comunitarias, lo mismo de estaciones culturales o emisoras en otros idiomas, sin que con ello se afecte el tiempo del que disfrutan los partidos políticos.
Creo que después de un periplo largo y de muchas discusiones en muchos ámbitos, la vida electoral de México tiene un mejor reglamento con el aprobado el jueves pasado. En él, no se exime a nadie de su obligación constitucional ni afecta la prerrogativa de los partidos, pues toda estación de radio y de televisión, a partir del 18 de diciembre, transmitirá 48 minutos diarios definidos en una pauta ordenada por el IFE. Todos sin excepción. Lo que el reglamento hace es flexibilizar las condiciones de operación para garantizar, precisamente, el cumplimiento de la Constitución. Nada más y nada menos.

TRANSPARENCIA: DEFINITIVIDAD SECUESTRADA

ERNESTO VILLANUEVA

Aunque uno de los mecanismos de garantía del acceso a la información pública reside en la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes, hoy esa definitividad se encuentra en grave riesgo en perjuicio del derecho a saber. Veamos por qué.
Primero. Una persona solicitó en Jalisco el padrón de afiliados de distintos partidos políticos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad. No se trata, en modo alguno, de una información que pudiera considerarse reservada o confidencial. No es mi interpretación, sino el mandato de la ley. En efecto, el artículo 72, numeral 2, fracción IV del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco dispone que, “sin menoscabo de lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adicionalmente se considera información pública de los partidos políticos: IV. El directorio de sus órganos estatales, municipales, y en su caso regionales y distritales, así como el padrón de sus afiliados (cursivas mías)”.
Se trata de información de oficio que debe estar disponible, incluso sin que sea requerida por un particular. De no hallarse a disposición de la sociedad, el artículo 71, numeral 4 del citado Código Electoral otorga atribuciones al Instituto Electoral para requerirla al partido político. No fue el caso. El árbitro electoral, ignorando el mandato de su propia ley en la materia, negó el acceso a la información requerida.
Ese acto de autoridad generó que la interesada interpusiera un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI). El órgano garante de la información no tuvo que hacer un análisis profundo para concluir lo evidente: la información forma parte del mínimo minimórum de lo que deben transparentar los partidos. Por esa razón ordenó al Instituto Electoral que proporcionara la información de referencia.
Segundo. En Jalisco, la Constitución del estado establece altos umbrales de protección al derecho de acceso a la información. El artículo 9 prescribe en su último párrafo: “El Instituto (de Transparencia) tendrá las atribuciones específicas que la ley le otorgue; sus resoluciones serán definitivas e inatacables, vinculantes y deberán ser cumplidas por los Poderes, entidades y dependencias públicas del estado, ayuntamientos y por todo organismo, público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos estatales o municipales”.
En otras palabras, no existe medio de impugnación constitucional contra una resolución del ITEI. El Instituto Electoral, no obstante, interpuso una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese no fue el problema, sino que el TEPJF diera entrada a esa demanda que debió ser declarada notoriamente improcedente, por tres razones:
1) No tiene competencia para conocer del asunto. En efecto, ante la imposibilidad de fundar y motivar sus atribuciones al respecto, el proyecto de resolución presentado por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar en la sentencia SUP-AG-49/2011 recurrió a un galimatías:
“Esta Sala Superior considera que tiene jurisdicción y competencia, a través del presente medio, para conocer del asunto planteado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra de la determinación del Instituto de Transparencia, de ordenar al Instituto Electoral local la entrega de la información solicitada, porque el acto y la materia en controversia son materialmente electorales, y los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales en controversia versan en torno a datos fundamentalmente electorales.”
2) El Instituto Electoral de Jalisco carece de lo que se denomina legitimación, es decir, de la potestad jurídica para recurrir al TEPJF. Pero el proyecto del magistrado Nava sostuvo que “no obsta a esta afirmación que dicho Instituto Electoral no encuadre expresamente en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece los entes que pueden presentar medios de impugnación. No es extraño a este órgano jurisdiccional expandir los supuestos de legitimación para promover los medios de impugnación a favor de autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral”. No importa que la ley no lo establezca, sostiene el magistrado Nava Gomar, y crea figuras no previstas en la ley. “La expansión” no es otra cosa que vulneración del principio de legalidad.
3) El proyecto de referencia utiliza el sistema de medios de impugnación en materia electoral diseñado para proteger a los gobernados y no a las autoridades, como advierte el magistrado Flavio Galván en su voto particular. Así, la sentencia comentada deja sin efecto la resolución del ITEI y convalida la opacidad en la información mínima de oficio.
Tercero. El precedente es muy grave. Si el TEPJF viola el principio de legalidad, ¿cómo puede defender imparcialmente las controversias que se presenten en el proceso electoral del 2012? El que no puede lo menos, no puede lo más, dice un principio del derecho. Si se diera por bueno el razonamiento del TEPJF en materia de transparencia, significaría que las funciones de inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes de la transparencia se han perdido de facto, toda vez que bajo ese criterio la información administrativa la debería conocer en el ámbito federal el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y así sucesivamente.
Se olvida que precisamente para evitar eso, el artículo 6, en su segundo párrafo, fracción V de la Constitución federal señala expresamente: “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales…”. Aquí reside la constitucionalidad de las actuaciones de los órganos garantes de transparencia para resolver controversias en materia de acceso a la información, sin importar el origen de la misma, por ser un derecho fundamental transversal. No habría que dejar pasar este hecho ominoso contra el derecho a saber.

jueves, 27 de octubre de 2011

DE MAGOS Y EXORCISTAS

JOSÉ WOLDENBERG

El equilibrio pluralista que convive en el Congreso, y que es la expresión más decantada del proceso democratizador, sigue suscitando las más diversas reacciones. Pero la de los exorcistas me sigue llamando la atención. Con un tesón digno de causas mejores, tratan de inventar una fórmula para que, digan lo que digan los electores, una fuerza se alce con la mayoría absoluta de los representantes. Son como los magos de carpa: "ahora ven una paloma, la meto al sombrero y sale confeti"; "ahora ven una mayoría relativa de votos, le aplico unos polvos, y se convierte en una mayoría absoluta de escaños". Los niños de seis años se sorprenden ante los poderes de los magos (no conocen el truco); los exorcistas de la pluralidad no pueden esconder el truco.
Como en los chistes, Enrique Peña Nieto nos dio una buena y una mala noticia el 21 de octubre. En Querétaro, en el marco del foro organizado por la Fundación Colosio, retiró su propuesta de reintroducir una cláusula de gobernabilidad, calificada ahora por él mismo como "artificial", pero insistió en la necesidad de que exista una mayoría absoluta de legisladores aunque no haya logrado los votos suficientes.
A continuación sus palabras. "La cláusula de gobernabilidad es aquella que permite construir una mayoría de forma artificial, para que a partir de determinada votación mínima, que no mayoritaria en términos absolutos, de manera automática le permita a ese partido... alcanzar la mayoría absoluta... Es una fórmula artificial que amplía de manera significativa esa mayoría". Y correctamente criticó que en el Distrito Federal subsista esa fórmula que demanda "apenas el 30 por ciento de la votación" para que un partido se convierta en mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Es de sabios cambiar de opinión.
Pero, al parecer, no de intención. Ahora, su apuesta es la de "eliminar la cláusula de ingobernabilidad" (nótese el chascarrillo). Se trata de la norma que impide que el partido mayoritario tenga más de un 8 por ciento de asientos en relación a su porcentaje de votos, "y con ello dar lugar a que la mayoría... sea quien asuma la responsabilidad de gobernar". Y junto a ello propuso, "el mecanismo que a mí más me entusiasma... que me parece podría realmente favorecer a lograr mayorías legislativas, mayorías absolutas... la eliminación de 100 diputados plurinominales, con lo cual se garantiza la participación de las minorías, pero también se garantiza, o al menos se abre un mayor espacio a la construcción de mayorías legislativas... Hemos dado una sobre representación a las minorías, que han impedido la construcción de mayorías legislativas y absolutas en la Cámara de Diputados".
Vayamos por partes. Sobre y sub representar se usa para comparar el porcentaje de votos obtenidos con los escaños logrados. Y cuando hacemos esa operación por ningún lado encontramos sobre representación de las minorías, sino más bien de la mayoría. Tomemos los datos de la última elección (2009): el PRI obtuvo el 39.8 por ciento de los votos en las elecciones para diputados pero alcanzó 239 curules, es decir, el 47.8 por ciento de los asientos. Ocho puntos más como dice la ley. Mientras el PAN con el 30 por ciento de la votación, logró 142 escaños, el 28.5 por ciento de la Cámara. Y Convergencia, quien obtuvo sólo el 2.55 por ciento, recibió 6 curules, 1.2 por ciento de la representación. ¿De dónde sale la peregrina idea de que existe sobre representación de las minorías?
Como es fácil observar, las reglas actuales ofrecen un premio a la mayoría. Pero a Peña Nieto ese premio le parece poco, lo ve como un tope. Al proponer suprimir esa disposición lo que se pretende es que todos los votos obtenidos por un partido se apliquen en el reparto de los diputados plurinominales, independientemente del número de escaños que ese partido hubiese obtenido en la pista uninominal. ¿Qué se logra con eso? Eliminar el efecto corrector de la sobre y sub representación que deben jugar los plurinominales. Esos diputados surgieron no sólo para dar un espacio a las minorías, sino para atemperar las distorsiones en la representación que de manera "natural" acarrea la fórmula uninominal. ¿No se recuerda incluso que en su origen el partido mayoritario ni siquiera participaba en su reparto?
Pero además se pretende pasar de 200 a 100 diputados plurinominales. La propuesta explota una pulsión arraigada: el poco aprecio por los legisladores. Recoge lo que los propios senadores del PRI habían demandado y lo que el presidente de la República propuso hace unos meses: disminuir el número de diputados de 500 a 400. Pero el Presidente mantenía la proporción entre uni y plurinominales (260 y 140), para no afectar la representación.
México no requiere de magos (salvo para los circos). Menos de exorcistas para acabar con el pluralismo equilibrado que habita el Congreso y que es expresión de una sociedad diversa. Lo que se requiere son políticos capaces de asumir como un "bien" dicha diversidad y que busquen fórmulas para sumar voluntades.

LA IMPRESCINDIBLE IZQUIERDA

RAÚL CARRANCÁ

Evoco al gran escritor ecuatoriano Juan María Montalvo y a su magnífico ensayo "Geometría Moral", porque pienso en una geometría política a propósito de la clasificación que se hace de las distintas corrientes precisamente políticas: centro, izquierda y derecha. Es algo convencional pero que tiene cierta lógica en el sentido de que a partir de un punto de equilibrio, que ideológicamente no suele comprometer, siempre hay tendencias hacia un extremo u otro; lo cual, quiérase que no, permite o favorece una clasificación. Lo evidente es que en la democracia son necesarias las opciones que, aparte de matices y hasta submatices, en realidad son tres: las del centro que en un elevado porcentaje equivalen a la indiferencia acomodaticia, las de derecha que son muy a menudo identificables con la inmovilidad y el conservadurismo, y las de izquierda que implican progreso, cambio y avance. Lo que sucede, no obstante, es que en la izquierda hay diversas corrientes o tendencias porque el pensamiento liberal y progresista nunca es plano. Por eso el acuerdo o consonancia de razones es más difícil entre las izquierdas que entre las derechas. Sin embargo y políticamente hablando, conforme a un criterio electoral, es imprescindible que en México haya un pacto de las fuerzas políticas de izquierda mediante el cual se permita que una de aquellas corrientes o tendencias sea la que participe en el proceso electoral de 2012. Sin arrebatos de furor demagógico, ni majaderías, ni insultos, ni luchas o confrontaciones de intereses mezquinos, la República necesita la consolidación moral e intelectual de la izquierda. ¿Qué otro espacio es el asiento natural del liberalismo auténticamente revolucionario en el sentido de transformación social orientada por la justicia para todos? Si la izquierda se agota a sí misma perdiéndose en el vacío, saldrá perdiendo la democracia mexicana pues quedará sepultada la opinión política de millones de mexicanos. Yo como ciudadano y elector no me escandalizo de las pugnas internas en un partido, pero a condición de que armonicen ideas y programas ideológicos comunes, de que la tesis y la antítesis no anulen la síntesis.
Así las cosas sería gravísimo que en 2012 no participara una de las opciones más importantes en las democracias modernas, y que hoy va creciendo y predominando en nuestra América. A mi modo de ver no es dable ni pensable una elección presidencial en la que falte la izquierda o a la que llegue mutilada y averiada en su unidad. Hasta el día de hoy los aspirantes presidenciales del PRI y del PAN han delineado, en ocasiones con turbulencias de pensamiento que desconciertan, su plan de acción política y de gobierno. El gran peligro es que el programa de la izquierda, ya expuesto en términos generales por dos de sus más conspicuos representantes, se desmenuce en un torbellino de pasiones. ¿Qué haríamos con esos pequeños trozos de ideología progresista? La frase célebre de Julio César, "Divide y vencerás", no separaría hombres ni seguidores de ellos sino ideas. Entonces quedaría la izquierda fragmentada. ¿Es lo que se quiere para 2012? La sociedad mexicana ha crecido caóticamente en su conjunto, en medio de una inequitativa distribución de la riqueza y de oportunidades. Los ricos hablan como ricos y hasta riquísimos pero los pobres hablan su lenguaje, el de los pobres. Tampoco hay en el país lo que alguien ha llamado "cohesión ideológica social". Se protesta, se grita, se alharaquea, pero sin un rumbo claramente definido y muy a menudo en volcánicas expresiones de agresividad, que en rigor a nadie sirven ni benefician. Los llamados líderes sociales del descontento -ellos y ellas- suelen demostrar una ignorancia supina de lo que es o debe ser un auténtico Estado de Derecho, confundiendo la ley con la opresión y la libertad con la anarquía o el libertinaje. Las razones rebeldes, tan válidas, se han vuelto oportunidades para el desorden sin sentido. Y es aquí precisamente donde una izquierda democrática, inteligente, razonadora, puede hacer mucho, muchísimo, por el bien de México. ¡Que no la dejen extraviarse ni fragmentarse!

SE VENDE LA JUSTICIA O LA INJUSTICIA

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

Tal vez no haya algo más escandaloso que un juez que cede ante los intereses privados, individuales o sectorialesque constituye la corrupción, máxime cuando éste problema se encuentra profundamente arraigado en un Estado, y tal situación exceda en mucho a la simple moralidad de los funcionarios al estar vinculada a extensas redes criminales (tráfico de influencias, control de sectores económicos, protección a cárteles de las drogas, etc.) que distorsionan tanto el sistema político como el económico de un país.
Existe la expectativa social de que sea el Poder Judicial quien —además de su propia integridad— cumpla una función de equilibrio en el control de la honradez de los otros Poderes, por ello, el problema de la corrupción en el sistema judicial tiene un valor mayúsculo en nuestra sociedad, lo que implica que la administración de justicia no pueda limitarse a una visión ética del problema sino debe proveer el conjunto de información, acciones, control interno y externo, y de apoyo institucional para que verdaderamente se avance en este tema.
Dentro de éste punto cobra especial importancia la transparencia y accesibilidad de las declaraciones patrimoniales y el análisis de la evolución del patrimonio de los impartidores de justicia. Ello a pesar de que en la actualidad no es sencillo que los jueces acepten esto como una condición necesaria de su función, de ahí que exista resistencia.
No hay que perder de vista, que los jueces, por definición se encuentran en medio de intereses en conflicto, por ello, debe tenerse especial cuidado en que su imparcialidad e independencia no sean distorsionadas para presionarlos. Hay que tener en mente que la simple sospecha de la deshonestidad de un juez provoca un daño a todo el sistema, de ahí que surja la necesidad de implementar mecanismos institucionales más claros para erradicar esas sospechas.
El uso de la opinión pública para denunciar sin pruebas a los jueces, puede llevar a extremos funestos, ya que puede utilizarse en forma que permita controlar las decisiones de aquellos que deciden el derecho, con lo cual se podría perder la independencia y autonomía que les caracteriza.

TELEVISIÓN CHAFA PARA CIUDADANOS JODIDOS

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

In memoriam de Miguel Ángel Granados Chapa

Que gran avance en materia de comunicación y rendición de cuentas parlamentaria fue el lanzamiento de un canal de televisión que transmitiera en vivo, apenas iniciado el año 2000, las sesiones del Congreso de la Unión instalado en sus dos Cámaras legislativas. Finalmente la sociedad mexicana podría ver en la pantalla las discusiones de sus representantes populares.
¿Cómo, entonces, pasamos de la prometida esfera pública al vodevil legislativo que en las últimas semanas, años, ha caracterizado las transmisiones del Canal del Congreso? Una posible respuesta es que, ante las cámaras de televisión, nuestros congresistas se transformaron en los habitantes de su propio reality show.
A principios del nuevo milenio la televisión mundial fue sacudida por un nuevo formato que cambió la manera de producir contenidos en tiempo real con el objetivo de ofrecer una rebanada cruda de realidad al televidente. Los ‘reality shows’, no importa si son producidos en Europa, África, Asia o el continente americano, se sostienen sobre la misma premisa: publicitar el conflicto inherente a las relaciones humanas.
Cómo género mediático, los realities son una fuente de entretención para el televidente. Un espacio de ocio para regodearse ante las miserias ajenas. Una telenovela sin guión. La sonda que dosifica emociones baratas pero conocidas por el televidente. Un espejo que no refleja nuestra imagen sino la de personajes patéticamente autorepresentados. Un placer culpable. Un voyeurismo egocéntrico.
Vaya coincidencia que el surgimiento mundial de los realities coincidiera con el lanzamiento del Canal del Congreso mexicano. Sobre todo cuando uno se acerca un poco al razonamiento de su creación. Como, por ejemplo, lo establecido en el Artículo 5 Párrafo e) de su Reglamento en donde se describe una de sus tantas funciones como ‘contribuir al fortalecimiento educativo y cultural que requiere el avance del país y fomentar el desarrollo de la cultura cívica y política en la sociedad; con énfasis en la población infantil y juvenil’. La ironía es el mensaje y también el traje del mensajero.
Y es que el principal problema del Canal del Congreso es la falta de talento en sus actores de reparto. Su sentido está totalmente desvirtuado por los yerros de quienes, además, dicen representar nuestros intereses. Hombres y mujeres de vivos reflejos pugilísticos. Una arena con representantes de barro. Un espejo enlodado, pero espejo al final de cuentas de todo lo que no funciona en la sociedad mexicana.
Un canal al que, sin embargo, no podemos cambiarle ya que refleja la parte más viciada de nosotros mismos: la representación simulada. Una edición especial de ‘Las mangas del chaleco’©, ‘El privilegio de mandar’©, ‘Des-hechos’© y ‘Campañeando’©. La política como accidente. El debate como una guerra de pasteles. El poder legislativo como una realidad jocosa que no tendría nada que ver con nuestra realidad salvo, claro está, que ahí se discute, acuerda y viola el contrato social que rige el fundamento legal del Estado mexicano.
La culpa no es de la directora del Canal, Leticia Salas, ni de su staff. Sus conductores y técnicos hacen lo que pueden para reportar la desenfrenada vida legislativa. Aún si el debate legislativo pierde el interés del auditorio busca llamar la atención con un gancho al hígado al televidente. La esfera pública de discusión e intercambio de ideas presta sus instalaciones para la escenificación de una farsa, una lucha de box, un concurso de albures. Descuide usted, que los gastos de producción corren cortesía del dinero de los contribuyentes.
Y pongamos en claro que participar en este reality, esto es, convertirse en representante popular de video digital, depende de los intereses cupulares de los partidos políticos para designar, por la buenas o por las malas, candidatos en distritos ‘ganadores’ y en sus listas plurinominales. Una invitación exclusiva para los elegidos. Un mecanismo de selección que representa un fuerte golpe a la incipiente vida democrática de los partidos.
Una producción chafa, de bajo perfil. Destinada a pasar el tiempo. A generar risotadas y multiplicar argumentos para descalificar a la política como un acto creativo. Hechos que reducen el poder legislativo a un porrista de las voces que, desde los poderes fácticos, descalifican la autoridad del Estado y de sus instituciones. A un animador a domicilio, vía el televisor, que fortalece la idea de que servirse con la cuchara grande no es asunto de la Constitución o nuestras leyes. Que se está mejor sin ellas, sobre todo cuando atenten contra el interés privado de los grandes capitales. Así se ve hoy la vida legislativa a través de la señal del Canal del Congreso.

miércoles, 26 de octubre de 2011

CALDERÓN A LA HAYA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Para don Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de maestros, quien me honró con su amistad y sus enseñanzas.

La denuncia en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y policiacos, así como de capos de la droga, que se presentará el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca venganza, sino justicia. Las más de 25 mil personas que respaldamos la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval (www.juicioacalderon.blogspot.com), tenemos la firme convicción de que estamos obligados moral y políticamente a utilizar todas las vías legales y pacíficas a nuestro alcance para poner un alto al baño de sangre que se vive en el país. No defendemos a los criminales, sino todo lo contrario: buscamos denunciarlos a todos, independientemente de su rango o posición dentro y fuera del gobierno.
La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” (ver el Estatuto de Roma: 
http://bit.ly/oWhn1y).
La dimensión de la violencia en México (50 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 10 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”, definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación.
Las noticias que todos los días leemos en los diarios, así como los numerosos informes de la CNDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, demuestran que no nos encontramos ante un simple incremento en la tasa de homicidios dolosos, sino que el pueblo mexicano sufre precisamente un “ataque generalizado y sistemático”. Habría que recordar que todas las víctimas civiles son inocentes, ya que nuestra Constitución consagra la presunción de inocencia. Asimismo, aunque algunos de los asesinados hubieran tenido antecedentes penales, de ninguna manera merecían ser ultimados, ya que nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte.
Acreditada la existencia del delito, la pregunta obligada es quiénes serían los responsables. Calderón supone que los únicos culpables son los narcotraficantes, y especula que el 90% de las muertes ocurren por riñas entre bandas delincuenciales. Sin embargo, como bien lo ha demostrado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una enorme proporción de las víctimas no tienen relación alguna con los cárteles de la droga. Los miles de migrantes secuestrados, desaparecidos y asesinados son apenas la punta del iceberg de esta escalofriante realidad.
El nivel de violencia que existe en el país no podría sostenerse sin la complicidad, activa y pasiva, de las autoridades gubernamentales. Como ya hemos escrito en estas mismas páginas (www.proceso.com.mx/?p=262673), al justificar la violencia como resultado de un supuesto combate entre cárteles, Calderón promueve activamente una estrategia de “limpieza social”. De manera que el surgimiento de grupos paramilitares como los “matazetas” no es una mera coincidencia, sino el resultado directo de la estrategia actual. Además, la patente inacción e inefectividad de la PGR genera una situación de impunidad generalizada que propicia mayor violencia. Esto desde luego se reproduce en los estados, donde gobernadores como Javier Duarte conducen una estrategia similar.
Los numerosos y sistemáticos ataques directos en contra de la población por parte de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas se encuentran plenamente documentados. WikiLeaks reveló recientemente que en 2007 se creó una unidad especial del Ejército Mexicano bajo el comando directo de Calderón, hecho que, de ser comprobado, elevaría aún más la responsabilidad directa del presidente. Finalmente, sería irresponsable descartar la posibilidad de que Calderón esté aliado con uno u otro cártel de la droga, tal y como han sugerido estudios conducidos por destacados medios de comunicación y expertos internacionales.
Hoy, en nuestro país es prácticamente imposible enjuiciar a altos servidores públicos o investigar crímenesde lesa humanidad. El presidente y los militares están protegidos por sus “fueros” correspondientes, y el titular de la PGR no es más que un empleado político del titular del Poder Ejecutivo. A su vez, el Código Penal ni siquiera contempla la figura de “crimen de lesa humanidad”.
Existe más que suficiente información para que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, por lo menos coloque a México bajo observación, tal y como ya ocurre con Colombia. Los denunciantes no tienen la responsabilidad de comprobar la culpabilidad de los denunciados, ni siquiera de proporcionar información “conclusiva” o “comprensiva” al fiscal. Lo único que se debe demostrar es que muy probablemente existen crímenes de lesa de humanidad en el país y que hay evidencia preliminar que implica la responsabilidad de los acusados. La investigación formal le corresponde al mismo fiscal.
Ahora bien, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Moreno Ocampo solamente podría negarse a dar entrada a la denuncia si la petición fuera “frívola” o “motivada políticamente”. Aquí es importante señalar que los que promueven la iniciativa son exclusivamente académicos, periodistas, artistas y abogados de la sociedad civil. A los políticos no les interesa el tema, porque saben perfectamente que una investigación de la CPI podría revelar la profundidad de la interrelación entre la clase política entera y el crimen organizado.
El gobierno federal ha reaccionado de manera improvisada al anuncio de la inminente denuncia. La SRE afirma que “hacer un llamado a que el fiscal de la CPI analice la situación en México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”. Sostiene que “en nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”, y que “el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable”. Pero los ciudadanos sabemos que estas son sólo palabras huecas y engañosas, y exigimos una verdadera investigación independiente que esclarezca de una vez por todas la verdad sobre la “guerra” que todos padecemos.

DATOS PERSONALES Y MÉXICO

ISSA LUNA PLA

¿Porqué discutir sobre la protección de los datos personales en México? En la última década hemos legislado sobre la protección de los datos personales en posesión del Estado y del sector privado marcando una tendencia regional; sin embargo, estamos apenas en el inicio del camino en la protección integral de los datos personales.
Uno de los éxitos legislativos de nuestros tiempos ha sido la protección de la vida privada de las personas a través de sus datos personales. Pocas reformas como estas se insertan en la agenda de la compensación de las inequidades y desbalances que se generan en el desarrollo tecnológico y el poderío del capitalismo. La protección de datos personales coloca el poder de la información en el titular de la misma, y fortalece sus derechos frente al tratamiento de los datos por terceros.
En esta materia el Estado debe estar del lado de los individuos cuyos datos son valiosos en mercados de publicidad, clonación de personalidad, y la recolección ilícita de la información de las personas o bases clandestinas. La situación de vulnerabilidad en que se deja a las personas frente a los grandes sectores con capacidad de recolectar masivamente nuestros datos, hace necesaria la intervención del Estado en una función elemental, la de protección de los derechos fundamentales.
El estado de las cosas, anterior a las leyes de la protección de datos personales, era uno en que se anteponían las libertades comerciales frente a los derechos del individuo a autodeterminar el uso y tratamiento de sus datos personales. También uno donde la autoridad tenía el poder absoluto sobre la tutela y administración de los datos personales; y uno donde los entes privados que recolectaran los datos por la vía que podían adquirían el derecho al uso y manejo de esos datos sin mayores restricciones.
Con esta lógica se desarrolló legislación por muchos años, dando por hecho que el titular de los datos ningún poder tenía sobre de ellos una vez que los otorgaba. Ese es el modelo al que obedece la Ley que regula las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito; la información de los contribuyentes en el Código Fiscal de la Federación; el expediente clínico en la Ley General de Salud; la protección de los usuarios de servicios bancarios y la protección de los consumidores en sus marcos respectivos.
Por desgracia, las personas nos acostumbramos a dicho modelo, cediendo nuestra información sin cuestionar su uso y aprovechamiento. Hoy nuestro derecho a la protección de los datos personales abre una vez más las conciencias de los ciudadanos sobre los probables abusos de los que somos objeto.
El actual sistema de protección de datos personales en México pasa de tratar al individuo como un “usuario” de servicios públicos o comerciales, que como condición de ciertos servicios proporciona su información personal, al tratamiento de la persona como la propietaria de sus datos. Esto implica que es la persona la que decide y consiente si sus datos son utilizados o no para fines distintos a los que se le informó cuando se le solicitaron.
El desafío actual está en homologar el sistema de tratamientos de datos paternalista y autoritario, donde el recolector decidía su destino y utilización, con el régimen que coloca el poder de decisión en el propio titular de los datos. Y que como parte del manto de su protección, asigna obligaciones y responsabilidades tanto a gobiernos como a empresas que vulneren su voluntad y consentimiento. Porque las personas tenemos derechos fundamentales que se sobreponen a los derechos comerciales o las libertad de competencia financiera; y porque en las democracias contemporáneas las fuerzas políticas y capitalistas no atropellan los derechos de los ciudadanos.
Por primera vez, México encabeza este noviembre la 33ra Conferencia de Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, convocada por el ahora órgano garante de los datos personales, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos. Los temas que se discutirán en esta conferencia serán de gran utilidad para sentar las bases del conocimiento común sobre la protección de los datos y los retos en México para su protección integral.

PARTIDOS EN CRISIS

RODRIGO MORALES MANZANARES

El espectáculo que han ofrecido en días recientes el PAN y el PRD era impensable hace apenas unos años. Los dos grandes referentes históricos de la oposición, que en buena medida se significaron por ser los motores de la transformación democrática del país, hoy revelan las enormes dificultades que tienen para articular procedimientos democráticos e institucionales para la toma de decisiones. Veamos.
Del lado del PAN, la determinación de reservar para el CEN la designación de un número tan elevado de diputados y senadores, puede ser en efecto la decisión más pragmática, pero sin duda denota la desestructuración de la democracia interna en dicho partido. Se aduce que el padrón de militantes y adherentes está distorsionado en algunas regiones del país y, por tanto, se determinan aquellos distritos en donde no será posible efectuar una consulta que resulte confiable. Además de que se reconocen algunos conflictos internos que hacen poco recomendable efectuar una elección.
Ahora bien, ese será el mismo padrón de militantes y adherentes que servirá para elegir a su abanderado a la Presidencia. No se entiende. Pero, insisto, lo que llama la atención es la cantidad de distritos reservados. Es posible imaginar que la estructura partidista no es homogénea, pero hoy lo excepcional serán aquellos en los que el proceso de selección de candidatos sea “normal”. Algo ha ocurrido en estos años que hace aparecer al PAN como un referente lejano de lo que fue.
Del lado del PRD recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó reponer el proceso de elección de delegados ya que detectó graves irregularidades. Lo que se vivió el domingo es de nuevo la incapacidad para conducir un proceso electivo en los cauces de la normalidad. Se actualizaron los agravios. Y no porque se haya vuelto una costumbre, es menos grave el hecho de que, entre pares, los perredistas, no sean capaces de prodigarse la más mínima de las confianzas. La pertenencia a las diversas corrientes parece generar una identidad mucho más fuerte que la identidad del propio partido.
Pero, además, la nueva correlación de fuerzas que resulte de este nuevo proceso no afectará el de selección de candidatos. La determinación de procesar mediante encuestas la designación de sus candidatos, y de manera central la de su abanderado a la Presidencia, deja fuera la voluntad de los delegados que ahora se están eligiendo. De nuevo, hay algo en la fisonomía actual del PRD que lo hace irreconocible.
En fin, hay que recordar que tanto el PAN como la izquierda supieron oponer una manera distinta de hacer política; fueron partidos políticos deliberantes, que formaron grandes cuadros. Partidos que supieron ser ejemplares en su democracia interna. Hoy, sin embargo, parecen naufragar. Que no cuenten con un registro confiable de quiénes son sus integrantes, no sólo es un obstáculo casi insalvable para realizar procesos de selección interna, sino que es una señal preocupante de cómo su crecimiento los desfiguró.
Mala noticia para la salud de nuestra democracia. Y mientras los dos referentes históricos de la oposición se desangran, el PRI reconstruye su vieja liturgia, espera su turno

martes, 25 de octubre de 2011

IZQUIERDA SINIESTRADA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Decía Alejandro Gascón Mercado que la unidad de un partido requiere que cada grupo "controle a sus locos". El problema es qué hacer cuando los locos hacen mayoría.
Pese a que las cabezas de las principales tribus perredistas tenían el acuerdo de posponer las elecciones internas de dirigentes para después del proceso electoral de 2012, la impugnación de una minoría llevó a la Sala Superior del TEPJF a intervenir, una vez más, en la vida interna del PRD, al que ordenó renovar, antes el 15 de noviembre del presente año, sus órganos de dirección en todos los ámbitos y niveles. Pero culpar a los magistrados electorales es olvidar la causa de lo causado.
Si atendemos a los testimonios publicados por la prensa, así como a las denuncias que hacen tirios y troyanos, lo ocurrido el domingo pasado desborda con mucho una confrontación partidista, por más enconada que pueda ser. Lo visto fue la puesta en acto del catálogo completo de tropelías por grupos del hampa electoral, cobijados por la bandera del partido del sol azteca.
Toma violenta de instalaciones partidistas para controlar, o evitar, la entrega de boletas y materiales electorales; suplantación de funcionarios de casillas o asalto de las mismas; robo de urnas; destrucción de papelería; enfrentamientos entre pandillas; ratón loco; acarreo generalizado; reparto de despensas. La jornada comicial interna fue suspendida en cuatro estados y en el Distrito Federal; en siete estados fue imposible instalar la totalidad de las casillas. Esto es mucho más que una crisis, es la prueba de un partido en descomposición, sin dirección ni rumbo.
De nada servirá reponer el próximo domingo la elección interna en las entidades en que no se pudo celebrar. Lo previsible es que se repitan, en escala mayor, los actos delincuenciales. Más aún, a la luz de lo ocurrido es imposible que los resultados de la jornada celebrada anteayer sean respetados por las tribus perdedoras, que acudirán ante el TEPJF para pedir la nulidad y obtener la reposición de todo el proceso.
El costo de trasladar a las autoridades electorales la solución de los conflictos internos de los partidos políticos encuentra en el caso del PRD un resultado extremo. Consejeros y magistrados electorales desconocen, por formación e inexperiencia, las dinámicas que provocan y expanden los conflictos intrapartidistas; para el TEPJF lo que debe imperar es el cumplimiento de la letra de los estatutos partidistas, elevados a rango de ley que debe acatarse. Convertir a los partidos políticos en entes públicos ha desnaturalizado su origen y función como organizaciones de ciudadanos. Al proteger a una minoría, en lugar de propiciar la normalización de la vida interna del PRD, la Sala Superior abrió la puerta a la agudización del conflicto.
La división del PRD estalló a unos días de la elección en Michoacán y a pocas semanas de que defina los detalles y plazos para la selección de sus candidatos, presidencial y para diputados y senadores, amén de los que tendrá que postular en 14 estados y en el DF. Es probable que los jefes de las tribus busquen una tregua al conflicto, como han hecho en el pasado, pero esta vez tendrán que hacerlo con sus respectivas huestes armadas y en pie de guerra. No parece haber forma de amarrar a los locos de cada bando. La perspectiva del PRD es siniestra, tanto en lo que hace a su vida interna, como en su imagen ante la sociedad y sus futuros resultados electorales.
Lo que está en la raíz del conflicto es el choque entre los partidarios de Andrés Manuel López Obrador y los de Marcelo Ebrard, detrás de los cuales se despliegan las pasiones y ambiciones para alcanzar lugares asegurados en las listas plurinominales de diputados federales y senadores, así como en congresos locales y ayuntamientos. Quien obtenga mayoría en el Consejo Nacional perredista tendrá el poder para decidir esas candidaturas, y dispondrá del control de los millonarios recursos que el PRD recibirá en 2012 por concepto de financiamiento público.
Quizá la única solución a la mano sea el acuerdo inmediato entre los dos aspirantes a la candidatura presidencial, salvo que alguno de ellos crea posible alcanzar el triunfo, parado sobre las ruinas del PRD.