JAVIER CORRAL JURADO
Estamos a un mes y medio de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. En medio del fragor de la batalla electoral se desarrollará el último periodo, correspondiente a febrero, marzo y abril del 2012 y, entonces, la LXI legislatura federal habrá concluído casi en definitiva su ejercicio constitucional. Cuando ello ocurra estaremos en condiciones de hacer una evaluación definitiva de lo realizado. Pero creo que en cualquiera de los análisis que se realicen sobre el desempeño legislastivo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se colocará como la reforma de mayor calado dentro de los tres años.
La Reforma Política, que también tuvo como cámara de origen el Senado, perdió ese carácter en la colegisladora. Aunque no son menores las reformas constitucionales que ahora mismo se discuten en la Cámara de Diputados, ya aprobadas en lo general, lo cierto es que la desincorrporación en el dictamen de la figura de la reelección legislativa, le achicó la talla con la que realmente se viste una Reforma Política. Ha quedado una miscelánea de reformas a la Constitución que por supuesto es importante; habrá un nuevo 35 constitucional - derechos de los ciudadanos mexicanos -, que se homologa con el orden internacional en materia de la denominada democracia participativa, y otras previsiones constitucionales que demanda nuestra dinámica vida política y el pluralismo que la refleja.
Creo que en Noviembre, y aún en diciembre, la Cámara de Diputados puede hacer todavía cosas importantes. Sobre todo porque el balance en la cámara Baja no es tan favorable, como se advierte en la de Senadores. Para remontar esa desventaja, los diputados podríamos acometer varias reformas para consolidar dos temas que, además de relacionarse, constituyen mecanismos fundamentales para el buen funcionamiento del sistema político. Fortalecer el sistema de rendición de cuentas, de tanta exigencia ciudadana, asi como cerrar la trilogía jurídica del derecho a la información conformada por el acceso a la información pública gubernamental, luego la protección de datos personales y una legislación especializada en la protección y conservación de archivos históricos y administrativos.
La rendición de cuentas es aquello que nos legitima ante la ciudadanía y propicia que los ciudadanos tengan confianza en su gobierno y en sus legisladores.
Rendir cuentas es explicar de qué manera se cumplen las funciones legales por parte de los funcionarios públicos o representantes populares, por lo cual devengan un sueldo; la transparencia de las acciones es el instrumento principal para una óptima rendición de cuentas. Transparencia y rendición de cuentas, aunque son conceptos distintos, van de la mano confluyendo en un mismo fin.
De este ejercicio, resulta una de las principales políticas que ayudan al combate contra la corrupción, el mayor mal endémico que ha llevado a México a sufrir los niveles de pobreza e inseguridad que lamentablemente padecen millones de mexicanos.
En la Cámara de Diputados existen cuatro pendientes legislativos de relevante trascendencia en la materia que con una mínima dosis de voluntad política se podrían ver concretados en noviembre.
El primero de ellos, es una minuta del Senado que contiene una serie de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ya fue discutida, mejorada y aprobada por la Comisión de Gobernación el 29 de marzo de este año. Estas reformas dotan de mayor autonomía al IFAI convirtiéndolo en un organismo descentralizado y con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión; se convierten sus resoluciones en inatacables, de esta forma las determinaciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades. Sólo los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Los titulares de fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán invocar los secretos fiduciario, bancario o fiscal. Los beneficios, subsidios o tratamientos especiales por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal que involucren recursos públicos, deberán transparentarse.
También señala que cuando no exista algún documento con la información solicitada por el ciudadano, los comités de información y el IFAI podrán ordenar a la dependencia su elaboración. Se incluye la prueba de interés público cuando se busque transparentar una información confidencial y se acredite que hay razones de interés público para difundirla; así como la prueba de daño, para que el IFAI exponga las razones por las que no se puede otorgar determinada información.
Estas modificaciones se encuentran aprobadas en la Comisión de Gobernación, pero indebidamente detenidas en las Comisiones de Justicia y Función Pública que presiden el diputado Humberto Benítez, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde. Sería necesario que nuestro dictamen fuera aprobado por tales comisiones para después ser enviadas al pleno y finalmente devueltas a la Cámara de Senadores.
Otro pendiente legislativo que contribuiría en gran medida a la rendición de cuentas en el país, sería una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. El 26 de abril de este año, se publicó en Gaceta Parlamentaria, una iniciativa de nuestra autoría denominada Ley Federal de Comunicación Gubernamental que busca detener los excesos que funcionarios públicos comenten a costa del erario para promocionar su imagen personal.
Esta iniciativa es muy importante porque no sólo acota los gastos que se realizan en materia de comunicación, sino que da criterios para los mensajes que se transmiten por parte de las entidades públicas. Esta ley sostiene como principios de la comunicación gubernamental: el interés y la utilidad pública, la transparencia en el proceso de contratación, la equidad en la distribución y la pluralidad de medios, así como la razonabilidad en la inversión.
Esta ley en relación con los gastos en comunicación determina: establecer un monto presupuestal destinado para el ejercicio de este gasto en todas las formas de comunicación posibles (radio, televisión, prensa escrita, Internet, cine o la vía pública). Que cada entidad diseñe un programa anual de comunicación para que el gasto en esta área sea previamente avalado y así evitar gastos repentinos motivados por un contexto político, pero también para que el programa sea cumplido y con ello los objetivos planteados en el mismo. Informar la distribución del gasto que se realice en comunicación gubernamental para que la ciudadanía fiscalice que la entidad no está favoreciendo a algún medio de comunicación. Difundir los contratos que las entidades celebren, para transparentar los gastos al respecto y conocer cuánto se pago, por cuántos anuncios y a qué medios.
Esta iniciativa de ley reafirma mi convicción de que la gente necesita que los funcionarios rindamos cuentas, sí, pero que esa rendición de cuentas provea información útil para el ciudadano y que le sea dada sin desfalcar las arcas de la Nación.
El tercer pendiente legislativo es el concerniente al manejo de los recursos en las entidades federativas. Hoy en día los gobiernos estatales se han convertido en el principal referente de opacidad. Un estudio del CIDE del año 2009 (Ríos y Cejudo) afirma que en los estados “no hay vínculos sólidos entre la generación de información, la evaluación, la transparencia, el control interno y la fiscalización… son mecanismos fragmentados que no se complementan entre sí y que, de hecho, existen separadamente o se obstruyen”.
Para muestra están las grabaciones de Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, dadas a conocer la semana antepasada por la periodista Carmen Aristegui, mismas que muestran la opulencia e impunidad en la que vive este personaje. También tenemos el caso de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, actualmente ya con una denuncia penal a causa del enriquecimiento inexplicable que han experimentado sus más cercanos colaboradores como Vicente Chaires, hasta hace unos meses su administrador en el PRI, personaje a quien se le ha detectado, entre otras, una propiedad en Texas con valor de 860 mil dólares.
Otro ejemplo: La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública de 2009, detectó tan sólo en el Estado de México, y tan sólo en el análisis del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, un daño presumible por 44 millones cuatrocientos un mil setecientos noventa y nueve pesos. Este dinero o no se sabe en dónde está, o si se utilizó en otras actividades que no corresponden a mejorar la educación, como fondos turísticos, actividades de comunicación, o pagos a trabajadores que no existen. El Poder Legsdlativo necesita establecer mecanismos que garanticen un fin adecuado para los recursos que la Federación le otorga a los estados, y tambien para castigar a aquellos que desvíen el dinero a otras actividades.
El cuarto pendiente y con el que cerraríamos el ciclo legislativo del derecho de acceso a la información, es aprobar la Ley Genaral de Archivos que está de regreso en la Cámara de Diputados, pues fue y vino del Senado. La minuta es realmente muy buena, y le aclara muy bien sus funciones al archivo general de la Nación. Son pendientes que de concretarse se traducirían en indiscutibles bienes públicos.
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