martes, 30 de octubre de 2012

LA PREGUNTA HOBSBAWM

RICARDO BECERRA LAGUNA

Sabemos que ese tipo, “…de dieciocho años y medio, alto, anguloso, patoso, feo, rubio, rápido de entendimiento, con una considerable aunque superficial reserva de conocimientos… al que algunos encuentran tremendamente desagradable, otros simpático, pero la mayoría sólo ridículo…” se inició sexualmente en una burdel de París, metido en una cama rodeada por espejos, allende la Rue Sebastopol, en una estancia de trabajo revolucionario bajo las directrices de la Internacional Comunista (Tiempos interesantes, Editorial Crítica, p. 74 y 122).  

No dudo en decir que su vastísima obra de reconstrucción histórica (llena de detalles vitales como ese), publicada en varias decenas de libros, siempre poderosos y penetrantes, puede resumirse, sin embargo, en la sucesión de sus “eras” (“La era de la revolución”, 1962; “La era del capitalismo”, 1975, “La Era del Imperio”, 1987) y por supuesto en la canónica, abarcadora, universal “Edad de los extremos: historia del siglo XX”, de 1994.
La muerte de aquel muchacho –el primero de octubre pasado- casi una centuria después, a los 95 años, ha traído un montón de notas, obituarios y reseñas apresuradas –en español- que a mi modo de ver, no muerden o no despliegan como se debe, la nuez de su muy cruel hipótesis acerca de la civilización alcanzada en el siglo XX.
Y es que la pluma elegante y erudita, amena, llena de referencias, libros y autores, capaz de asociar el acontecimiento fundamental de varias décadas con la tos adquirida por su tía Gretel en su última visita a Viena, esa pluma digo, terminó plasmando en el papel una desgarrada conclusión sobre la existencia global de la sociedad contemporánea: “Vamos a necesitar mucha suerte para no sepultar la civilización bajo el ímpetu y la irracionalidad financiera, militar y ecológica del capitalismo que se regocija por el mundo sin rivales” (Historia del siglo XX).
Pues bien, el desgarbado y flaco rubio amasó la idea de haber vivido –casi testimonialmente- el siglo corto (que va del triunfo de la Revolución bolchevique en 1917 a la disolución de la Unión Soviética en 1989) pero sobre todo, la “era de los extremos”.
Se trata de una oscura y desencantada narración que comienza con la hecatombe de la primera guerra mundial y sus millones de muertos y termina con el derrumbe de los sistemas racionales que daban cierto sentido al equilibrio del mundo. En medio lo indecible: la masacre de Armenia, la caída de la República de Weimar, el ascenso del fascismo, la segunda guerra mundial, los campos de concentración nazistas, el comunismo estalinista como máquina monstruosa que trituró millones de vidas, la guerra fría que estuvo a punto de detonar el botón de la guerra nuclear, las guerras de Vietnam, Corea, Bosnia, los cruentos regímenes dictatoriales en América Latina… Una sucesión de desdichas humanas y sufrimientos colectivos que nos hizo más tristes, expulsó toda utopía del escenario pero que –encima-, no nos hizo más sabios. 
En medio, sin embargo, ocurrió un milagro que no tiene que ver con el horror. El siglo XX fue también, “el escenario del más importante avance y mejora humanos de toda la historia”. Como consecuencia directa del equilibrio catastrófico establecido por la existencia y el ejemplo de la Revolución de octubre y de la Unión Soviética, en el mundo occidental se asentaron por fin las democracias modernas pero esta vez asociadas a un periodo de crecimiento, prosperidad y reparto de la riqueza que nunca antes había ocurrido y que llamamos Estado de Bienestar. 
La pregunta relevante, la “pregunta Hobsbawm” digamos, es porqué el capital, los capitalistas, propietarios y el sector financiero, aceptaron para el largo plazo esa nueva distribución del poder económico y político; ¿por qué admitieron sujetarse a múltiples regulaciones, leyes que controlaban sus movimientos y sus recursos, y sobre todo, estructuras que los hacían pagar impuestos altos, en el periodo dorado de la posguerra? ¿Qué les sucedió a los ricos que de repente admitieron una contención de sus fortunas a favor de un nuevo equilibrio social?
Otros historiadores británicos, como Tony Judt, lo explican como producto del reformismo social que viene desde la tradición de Bismark y Disrealí; del trabajo político y ulterior hegemonía de los partidos socialdemócratas y de las elegantes soluciones económicas formuladas por Lord Keynes.
Nada de eso, dice Eric Hobsbawm. La verdadera clave del periodo dorado del capitalismo en siglo XX –democracia más prosperidad de masas- fue, sobre todo, el miedo. El miedo a octubre, a que las clases trabajadoras de occidente se animaran a emular el ejemplo soviético, cubierto aún en el manto glorioso de haber sido el gran vencedor sobre Hitler y quienes además, encarnaban la utopía practicable en la tierra.    
Después de la conflagración universal De Gaulle, en Francia; Clement Attle (vencedor de Churchill), en Inglaterra; el estadista Paul-Henry Spaak de Bélgica; las grandes cabezas, con Keynes en primer lugar, Karl Mannheim o Joseph Schumpeter, todos, en Europa y en Estados Unidos, quedaron convencidos de esta verdad: había que propiciar una masiva intervención estatal para ampliar la seguridad social, evitar el desempleo, inyectar cantidades monumentales de dinero en ayuda y mediante impuestos –no mediante afectaciones a la propiedad- (ese era el eje del pacto), redistribuir la riqueza económica como respuesta al magnético influjo de los soviéticos en esos días.
Marshall y Roosevelt, lo entendieron mejor que nadie y así salvaron y reencauzaron al capitalismo, mientras se asentaba un equilibrio nuclear, global –pero racional- de dos superpotencias para beneficio de la mayoría de la población en occidente.    
Pues bien, hoy este miedo se ha reducido a nada y las consecuencias regresivas en el reparto general de la riqueza son apabullantes, diríamos que increíbles: 537 personas concentran casi la mitad de la riqueza del mundo. ¿Por qué los más ricos deberían preocuparse por otros que no sean ellos mismos? ¿Cuáles sanciones políticas servirían para asustarlos si todos los programas dominantes apuntan a disminuir la asistencia, la protección y el fomento de su propia concentración?
En sus últimos libros, el pesimista Hobsbawm nos convocaba a estar preparados para asumir plenamente la desaparición de la paradoja que la revolución soviética instaló en occidente.
Y vivió para contarlo: sin ese miedo, sin esa autocontención histórica, el capitalismo desregulado celebró sus orgías financieras por dos décadas y ahora nos tienen al borde del regreso: otra recesión universal como la que dio bienvenida a la edad de los extremos.  

COOPTACIÓN Y RESISTENCIA


JOHN ACKERMAN

Los desesperados esfuerzos de Enrique Peña Nieto y Televisa por legitimarse mediante la cooptación de líderes de oposición no podrá borrar la profunda indignación de la sociedad mexicana por el último proceso electoral. Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador perredista del estado de Morelos, pierde toda credibilidad cuando junto a la imagen sonriente del presidente electo declara compartir con Enrique Peña Nieto la convicción de que la legalidad no es negociable. El repudio generalizado a Antonio Antolini, antiguo dirigente del movimiento #YoSoy132, por haberse incorporado a Televisa es también plenamente justificado.

Estos dos personajes no son sino las más recientes adquisiciones de un sistema acostumbrado a subir al carrito del poder a una larga lista de figuras que después de haber criticado al autoritarismo terminan sirviéndose de él. Las personas de ese perfil revelan su baja calidad moral al preferir reflectores, dinero y poder a la congruencia, la democracia y el cambio social. En lugar de cuestionar y transformar las reglas del juego, terminan participando gustosas en el negocio de la dominación.

El sistema autoritario mexicano, hoy más vigente que nunca, necesita simultáneamente tanto de instituciones cómplices como de líderes cooptados. Los poderes fácticos saben que no es suficiente con que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan hecho su parte al declarar válida la elección presidencial de 2012. Para poder gobernar de manera efectiva, también hace falta que la sociedad vea en Peña Nieto a un verdadero presidente. De otra forma se pone en riesgo el proyecto privatizador de Pemex, el pisoteo de los derechos laborales, el proyecto fiscal neoliberal y el ataque generalizado a las conquistas de la Revolución Mexicana.

Así, la anunciada asistencia de Ramírez Garrido Abreu, Ángel Aguirre, Gabino Cué, Miguel Ángel Mancera y Arturo Núñez a la toma de protesta de Peña Nieto el próximo 1º de diciembre constituye un duro golpe a las fuerzas democráticas. Con el espaldarazo al nuevo presidente, los gobernadores darán la espalda a la sociedad y consolidarán la entendible tendencia a la desconfianza de los ciudadanos en los políticos.

La sociedad necesita urgentemente ver ejemplos de congruencia y visión de Estado entre la clase política. Pero esto no se logra con falsas muestras de unidad construidas con base en negociaciones oscuras y palaciegas, sino con la defensa de valores y principios sociales y el contundente rechazo de la lógica imperante de corrupción política, mediática e institucional. Hoy por hoy, la mejor forma de dignificar la política y unir a la sociedad es tomar distancia de casi todos los políticos, y en particular del señor que compró su camino a la Presidencia.

En el encuentro del miércoles pasado con Peña Nieto el gobernador guerrerense tuvo un momento de lucidez. Aguirre aclaró de parte de los cinco gobernadores que no venimos representando a la izquierda del país. Le asiste toda la razón al señor gobernador.

Aguirre mismo es un priísta de hueso colorado e íntimo amigo de Peña Nieto desde hace años. Ya fue gobernador de Guerrero bajo las siglas del PRI y en 2011 primero buscó la candidatura a la gubernatura dentro de las filas del viejo partido de Estado. Solamente buscó el apoyo del PRD una vez que había perdido la candidatura priísta a manos de su primo Manuel Añorve y después de haber pactado su salida del PRI con los sectores más oportunistas del perredismo en la entidad. Recordemos que ni siquiera había cumplido un año en el poder cuando el gobierno de Aguirre enseñó su verdadero cariz al reprimir y asesinar a dos jóvenes normalistas en Ayotzinapa.

Núñez, Cué y Mancera tampoco cuentan con trayectorias de lucha alguna en la izquierda. Núñez es un viejo lobo del priísmo, quien más allá de ser leal a López Obrador no se ha distinguido por posiciones progresistas en el Congreso de la Unión. Cué es también un político que siempre ha estado más cercano a la burocracia priísta que a los movimientos progresistas. Los claroscuros de sus primeros años como gobernador no deben sorprender a nadie. Mancera tampoco ha destacado por sus ideales o convicciones de izquierda y no cuenta con experiencia política o social alguna. Aquellos que miran con esperanza su futura administración, con seguridad se llevarán una gran decepción.

Ramírez Garrido Abreu es el único de los cinco gobernadores del llamado corredor amarillo que cuenta con una trayectoria en la izquierda política. Sin embargo, su comportamiento como senador y ahora como gobernador de Morelos, con el caso de Huexca, revelan a alguien siempre dispuesto a privilegiar sus intereses por encima de cualquier principio de izquierda.

En 2001, los senadores del PRD, liderados por Jesús Ortega, traicionaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a todos los indígenas del país al votar en favor de una reforma constitucional en materia indígena que violó flagrantemente los acuerdos de San Andrés Sakam’chen que habían puesto fin al conflicto armado en Chiapas. Aquella deleznable traición ensanchó de manera peligrosa la distancia entre los políticos y los ciudadanos y preparó el clima de polarización social que hemos venido padeciendo desde hace más de una década.

Hoy, la tibia posición de la mayoría de los legisladores del PRD respecto de la reforma laboral, la urgencia de los nuevos gobernadores del PRD por acercarse a Peña Nieto, sumado a la traición de Antolini a su propia causa, una vez más dividen a la sociedad y colocan en crisis la propia gobernabilidad del sistema político.

FEDERACIÓN Y CONFLICTOS TERRITORIALES


JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

El pasado 15 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 constitucionales. De manera general, el propósito pretendido fue devolver a la Suprema Corte la facultad que tenía para resolver los conflictos de límites entre las entidades federativas. Con este cambio no se hace sino volver al modelo originario del texto constitucional de 1917 o, al menos, al que estuvo en vigor hasta el 8 de diciembre de 2005.
Esta modificación no conlleva un mero acomodo formal de competencias, sino un arreglo institucional de importantes consecuencias políticas y sociales para amplios segmentos de nuestra población. Me explico.
Al nacimiento de nuestra República, en 1823, fue necesario establecer una delimitación de los territorios que habían de corresponder a cada una de las partes de la Federación. Para tal efecto, en la Constitución de 1824 se dispuso que cuando las condiciones del país lo permitieran, el Congreso federal expediría una ley para demarcar los límites de la propia Federación. Los complejos años de nuestra naciente vida independiente impidieron la emisión de este ordenamiento y se dio paso a una situación de facto que permanece hasta nuestros días.
En la siguiente Constitución federal, la de 1857, se siguió un sistema mixto de asignación territorial. Por una parte y en el menor número de casos, se fijaron porciones territoriales específicas a diversos estados. Por otra, simplemente se dijo que la mayoría de las mismas entidades y salvo los ajustes específicos hechos por el Constituyente mantendrían la extensión y límites que hubieren tenido al momento de entrada en vigor de ese ordenamiento. Este último modelo fue el que prácticamente se siguió por el Constituyente de 1917 al establecerse que las entidades conservarían la extensión y límites que hubieran tenido, siempre que no existiese conflicto en cuanto a ello.
Es verdad que en el Constituyente se hicieron diversas propuestas de carácter geográfico, pero lo cierto es que se decidió mantener el statu quo, salvo lo que concierne al cambio del territorio de Tepic al estado de Nayarit.
En cuanto a la posibilidad de que ocurrieran conflictos territoriales, la Constitución previó un sistema doble: las partes podrían arreglarlos siempre que llegaran a un acuerdo entre sí y el Congreso federal lo aprobara; en caso de que esto no fuera posible o de plano el conflicto tuviera un origen claramente contencioso, su solución correspondía a la Suprema Corte mediante la sustanciación de un litigio.
Esta solución constitucional estuvo en vigor hasta 2005, si bien al reformarse todo el modelo de las controversias constitucionales en 1995 tuvo un importante avance. En la modalidad litigiosa, la Suprema Corte adquirió mayores competencias para instruir y resolver ese tipo de diferendos. Sin embargo, en 2005 se reformó la Constitución a efecto de que el Senado de la República resolviera de manera definitiva los conflictos de límites, suprimiendo en consecuencia, y por decirlo así, la competencia de la propia Corte. De este modo, lo que se cambió en 2005 se ha vuelto a cambiar, ahora para que los arreglos amistosos sean aprobados por el Senado (y no ya por el Congreso) y los litigios sean resueltos por la Corte dentro del proceso de controversia constitucional.
Decía antes que el tema de la extensión y límites entre las entidades federativas es un asunto importante para nuestra convivencia nacional. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no existe claridad en cuanto a varios de ellos, lo que desde luego es causa de conflictos.
En un informe del INEGI, publicado en el número 184 de la revista Este País en abril de 2006, se identificaron los problemas potenciales existentes en ese momento. Dado que ni se han aprobado convenios sobre los arreglos, ni se han resuelto los litigios por el Senado ni por la Corte, es evidente que los mismos subsisten o, tal vez y por conurbación, hasta se han exacerbado o ampliado.
La dimensión social subyacente a este tipo de disputas es importante dado su nivel disruptivo. Baste recordar los momentos álgidos que se presentaron hace unos años entre los habitantes de Campeche y Quintana Roo, y de Colima y Jalisco con motivo de ciertos actos de autoridad que consideraron invasivos u oprobiosos de su "estatalidad".
Igualmente pensemos en las dificultades que acarrea para diversos colectivos el que no haya claridad en cuanto a los límites territoriales: a algunos de ellos se les trata de imponer diversas contribuciones, mientras que a otros no se les prestan servicios públicos de muy distinto tipo.
Frente a los distintos conflictos potenciales que pueden derivarse de nuestra incompleta geografía política, sería un gran paso la elaboración de una solución general por vía legislativa. Sin embargo, ante la complejidad de hacerlo de esa manera, es una buena noticia que la competencia para conocer de ellos haya vuelto a la Corte.
Desde luego, esta solución no resuelve todo, pero sí es, al menos, una válvula de escape para enfrentar lo que individualmente se vaya presentando. Ello es una vía para lograr, con todas las dificultades que se quiera, algunos espacios de pacificación en nuestra creciente conflictividad social.

VOTO SECRETO


JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Hace años, platicando con varios amigos, hice una pregunta: ¿deben los partidos políticos estar sujetos a idénticas reglas que las establecidas en ley para la democracia electoral?

Con el paso del tiempo, la entonces impertinente pregunta ha cobrado relevancia, no solamente respecto a los partidos, sino también de cara a otras organizaciones que, como es el caso de los sindicatos, tienen como origen la agrupación de personas para la defensa de intereses comunes, o la protección de derechos comunes.

El ejercicio del derecho constitucional al voto activo no tiene más condicionantes que la edad, y otros que las leyes determinan, de entre los cuales el más importante es estar inscrito en el padrón electoral y disponer de la credencial para votar que expide el IFE. En la otra cara de la moneda, están los requisitos para ser candidato a un cargo de elección popular; de ellos los más importantes son la edad y estar en ejercicio de los derechos políticos que la Constitución establece.

Sin embargo, cada partido determina, en sus normas internas, otros requisitos, tanto de afiliación, como de postulación a cargos dirigentes o de elección popular. Pueden ser relativos a la antigüedad de militancia, u otros que, sin ser excesivos, preserven al partido en su cohesión y vida interna. Los partidos son organizaciones de ciudadanos, así dice el artículo 41 de la Constitución; no ofende a la democracia que se doten de reglas internas propias. Por ejemplo, el método de votar y los procedimientos para elegir a sus dirigentes y candidatos los determinan sus estatutos; no hay norma legal que los predetermine.

Hay partidos cuyos dirigentes acumulan décadas en sus cargos, ficción democrática de por medio. El PRD no permite la reelección de su presidente nacional, en tanto que el PAN la autoriza para un periodo adicional. En el PRI, la elección de su presidente y secretario se ha hecho tanto a mano alzada, cuando solamente se postula una fórmula de candidatos, como en consulta abierta (Madrazo vs Paredes y ésta vs Jackson).

Los sindicatos patronales eligen a sus dirigentes mediante el acuerdo de los dueños de las grandes empresas que los integran. Nunca he visto que la COPARMEX realice una asamblea con representantes acreditados de todas las empresas que dice agrupar, que se formen para depositar su voto, libre, secreto y directo, en una urna. El Consejo Coordinador Empresarial releva periódicamente a sus dirigentes por acuerdo previo, ese sí secreto, entre no más de 20 magnates.

En reciprocidad, pregunto, ¿no debería el Congreso imponer a los sindicatos patronales, en la Ley Federal de Trabajo (ver artículos 356 y 357) las mismas obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y democracia directa, que el presidente Calderón y su partido postulan para los sindicatos de trabajadores?

El voto ciudadano, en la elección de sus representantes y gobernantes, para ser libre, debe ser secreto. Eso es una condición aceptada por los modernos. Pero no es tan cierto que esa condición pueda y deba ser trasladada, en línea recta, a las organizaciones sociales, sean gremiales o de otra naturaleza.

Cabe preguntar sin el deplorable estado que guardan los sindicatos de trabajadores en México es resultado de la ley, o de factores diferentes que, con o sin reforma legal, seguirán presentes. Los datos sobre el número de trabajadores sindicalizados en nuestro país, citados en estas mismas páginas, dan cuenta de una situación que desborda, con mucho, la polémica en torno a la reforma laboral.

No entiendo a las izquierdas que admiten reformas legales que pueden provocar el deterioro de las condiciones contractuales de millones de trabajadores, mientras se regocijan de haber conquistado en el Senado que en la ley quede establecido el voto secreto para elegir a los dirigentes de los sindicatos.

La conciencia de clase no es producto de las leyes, sino de la organización y participación de los trabajadores. Por eso, con reforma o sin ella, seguiremos viendo más de lo mismo, mientras que el sindicalismo mexicano languidece, a la par que se extinguen, por edad, sus sempiternos líderes.

No será el Estado quien renueve al sindicalismo y a sus dirigentes; esa tarea corresponde a los trabajadores. O al dios Cronos.

'TOO GOOD BE TRUE'


MARÍA AMPARO CASAR

Hasta el día en que la Cámara de senadores (23 de octubre) ejerciendo su papel de Cámara revisora modificó y aprobó la minuta de reforma laboral que los diputados le habían enviado, el proceso legislativo transitó casi de manera ejemplar. Daba la impresión de que por fin se había dado vuelta a la tuerca, que por fin se operaba un cambio de conducta positivo y que los legisladores en lugar de obstruir y ocultarse en maniobras legaloides se dedicaban a eso para lo que fueron electos: legislar. Legislar, como en toda democracia, formando las mayorías que no lograron en las urnas.

Salvo el lamentable episodio de la toma de tribuna de algunos diputados del PRD-PT-MC, el proceso fue modelo de un ejercicio parlamentario institucional, plural y responsable: presenciamos un interesante debate público, los sectores afectados ventilaron sus posiciones e intereses, los legisladores razonaron sus posturas, los dictámenes y votaciones ocurrieron en el tiempo obligado y hubo respeto a la decisión de las mayorías. Los legisladores supieron ejercer el arte de la política que no es otro que el de la negociación y la formación de coaliciones ganadoras para que las políticas públicas transiten. Comprendieron y asumieron que en unas se gana y en otras se pierde.

En la Cámara de Diputados el PRI se alió con el PAN para aprobar la reforma en lo general y aprobar las disposiciones que no tenían que ver con lo que terminó por llamarse la porción sindical de la reforma. El bloque PRD-PT-MC perdió, hizo saber su inconformidad con la decisión pero la acató. Incluso actores fuera del Congreso pero con fuerza política como la de López Obrador, declararon que ante lo que consideraban una reforma contraria a la Constitución recurrirían a la vía institucional a través de la interposición de un amparo.

El PRI y el PV con la abstención del PANAL y paradójicamente gracias a la inasistencia de 48 legisladores del PRD-PT-MC lograron la mayoría para eliminar las reformas que obligarían a los sindicatos a democratizarse y rendir cuentas. Así se fue al Senado.

La Cámara revisora hizo su trabajo, se desempeñó como contrapeso y no se dejó someter a las presiones que aconsejaban tramposamente validar sin más la reforma aprobada bajo el supuesto de que era mejor tener una reforma laboral a medias que no tenerla. El PRI, PAN y PV volvieron a aliarse para aprobar la iniciativa en lo general y volvieron a ganar. El PAN y los partidos de izquierda reintrodujeron las reformas sindicales y esta vez tuvieron los votos para derrotar al PRI-PV quienes asumieron su derrota como antes lo hicieran el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados.

Hasta ese momento quedaba demostrado que la pluralidad y la aritmética legislativas abrían un mundo de posibilidades distintas a la parálisis y que como en cualquier proceso democrático se forman y rompen coaliciones de acuerdo al tema de política pública, a la distribución del poder, la disciplina, las posiciones y los intereses de cada partido con representación en el Congreso. Hasta ese momento pudimos imaginar que si los legisladores trabajaran en las reformas pendientes como lo hicieron en la laboral, quedaría demostrado que otras muchas iniciativas podían transitar.

Pero no: too good to be true.

De vuelta a la Cámara de Diputados el proceso dejó de ser ejemplar. El PRI decidió quitarle el carácter de preferente a la iniciativa y detener su aprobación o rechazo a pesar de tener a su alcance los medios para evitarlo: expedir la ley sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras -precisamente la posición que el PRI favorecía- y reservar los reformados o adicionados para su examen y votación posterior.

Esta actitud del PRI no deja más que tres interpretaciones: a) temieron no alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados para eliminar las cláusulas de democracia y rendición de cuentas sindicales; b) se empeñaron en que no fuera el presidente Calderón quien se alzara con el mérito de haber aprobado la reforma laboral; c) al igual que en el 2011, no estaban interesados en la reforma laboral ni con ni sin las cláusulas sindicales. En todos los casos quedaron exhibidos.

Cualquiera que sea la interpretación, el PRI hizo una apuesta arriesgada: comprometió el carácter de las iniciativas preferentes que en el futuro pudieran ser de utilidad a su Presidente; se mostró favorable a las decisiones de mayoría sólo cuando le favorecieron; expuso la credibilidad del PRI como un partido reformista; puso en entredicho el compromiso de Peña Nieto como un político que favorece la rendición de cuentas.

jueves, 25 de octubre de 2012

EL MUNDO DEL TRABAJO


JOSÉ WOLDENBERG

Por un momento hemos vuelto los ojos al mundo del trabajo. La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo ha ofrecido visibilidad a una realidad que transcurre sin reflectores, escondida, sin suscitar demasiados comentarios. Ahora, aunque sea por unas semanas, se han puesto en los primeros lugares de la agenda los temas de las relaciones laborales y el de la organización y representación de los trabajadores.

(Me) llama la atención que desde los medios la misma noción de sindicato se haya convertido en una especie de mala palabra -mucho han contribuido no pocas dirigencias sindicales-, mientras que (creo) desde el mundo del trabajo contar con un sindicato verdadero es una auténtica aspiración. Veamos.

Según datos del INEGI, organizados por Jaime Ros, para 2011, el 5.2 por ciento de la población económicamente activa se encontraba desocupada, 8.3 subocupada y 28.7 en el empleo informal; lo que representaba el 42.4 por ciento. ("El reto del empleo y el imperativo del crecimiento", en México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo. UNAM. 2012). Quiere decir que franjas enormes de trabajadores potenciales, subocupados o inmersos en la informalidad, se encuentran fuera de las regulaciones de la ley laboral. Para ellos no existen sindicatos ni contratos colectivos ni prestaciones. Viven al margen de las normas gremiales y sus condiciones de trabajo suelen ser inferiores a los mínimos que marca la ley. Para ellos, imagino, la aspiración fundamental sería la de ingresar al mundo laboral formal.

Según Ciro Murayama, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el segundo trimestre de 2012, existían en México 32 millones de trabajadores subordinados, 2.3 millones de empleadores, 11 millones de trabajadores por cuenta propia, 3.1 millones de trabajadores no remunerados. Es decir, 48.4 millones de trabajadores. De los 32 millones de subordinados -que tienen una relación salarial- sólo 16. 7 tienen contrato escrito, el 52 por ciento. Es probable que el universo de los trabajadores subordinados sin contrato escrito se encuentre también por debajo de las condiciones laborales mínimas que fija la ley. Por lo cual su ambición quizá sería arribar a una situación como la que diseña la Ley Federal del Trabajo: contar con un salario remunerador, prestaciones sociales y poder ejercer sus derechos.

¿Cuántos son entonces los trabajadores que se encuentran organizados? ¿Cuántos pertenecen a un sindicato y por ello están en posibilidades de negociar -teóricamente- de manera bilateral las condiciones de su trabajo? Javier Aguilar García nos proporciona información oficial. En el año 2008 de una población económicamente activa de 45.5 millones de personas, solamente 4.69 millones se encontraban sindicalizados, el 10.3 por ciento. De esos, 2.19 millones se encontraban en el sector privado y 2.5 en el público. (Tasa de sindicalización en México 2005-2008. Friedrich Ebert Stiftung. 2010). Se trata de una minoría que a su vez puede subdividirse: aquellos trabajadores que se encuentran "sindicalizados" sin ellos saberlo, porque pertenecen a algún tipo de organización fantasma que firma y vende contratos de protección a las empresas, y aquellos que realmente están afiliados a sindicatos que funcionan como tales. En el primer caso, se trata de una corrupción absoluta de la idea misma de sindicato, de la que se benefician líderes postizos y empresarios inescrupulosos. Son sindicatos de papel, registrados ante las autoridades del trabajo, pero que difícilmente pueden considerarse como agrupaciones en defensa de los intereses de sus agremiados.

En ese mar de desempleados, subempleados, informales, sin contrato, desorganizados y solo nominalmente sindicalizados, destacan aquellos que cuentan con una organización gremial digna de tal nombre. Se trata quizá de los "privilegiados" del mundo del trabajo, de aquellos que cuentan con estabilidad en el empleo, salario quincenal amarrado, seguro social o ISSSTE, primas vacacionales, quizá reparto de utilidades y demás prestaciones. Son la ilusión de quienes no cuentan con chamba o que tienen un empleo precario carente de cualquier tipo de apoyo permanente.

Y entre los realmente sindicalizados vuelve a existir una bifurcación. Aquellos encuadrados en organizaciones sin vida interna, donde la política y la ruta de la asociación la fijan en exclusiva los dirigentes y que además jamás rinden cuentas ni de sus actos ni del dinero que manejan; y aquellos que están afiliados a sindicatos donde existe una mínima (o máxima) participación de las bases de trabajadores. En el primer caso, introducir fórmulas para crear o recuperar los lazos entre dirigentes y dirigidos, para establecer reglas de participación, para hacer que las organizaciones respondan a los intereses de sus miembros, resulta más que pertinente.

Pero como hemos tratado de ilustrar aquí, se trata de una franja minoritaria ya no digamos de los trabajadores en general, sino incluso de los asalariados.

EU: EL NEGOCIO DE LA DEMOCRACIA


JOHN ACKERMAN

Las campañas presidenciales en curso en Estados Unidos confirman que el sistema político estadunidense no debe fungir como modelo de referencia para nadie. Allá no existe el voto directo para elegir presidente de la República y los dólares cuentan más que los ciudadanos. El bipartidismo institucionalizado y la interminable reelección legislativa imposibilitan debates verdaderos sobre asuntos cruciales, como la desigualdad, el racismo y la corrupción. Tampoco existen organismos autónomos o tribunales electorales que organicen y califiquen las elecciones.

Las elecciones de 2012 están destinadas a ser las más caras en la historia de Estados Unidos. De acuerdo con datos de la organización Open Secrets (http://www.opensecrets.org), se estima que una vez concluido el proceso electoral todos los candidatos y precandidatos juntos (se encuentra en disputa no sólo la Presidencia, sino además una tercera parte del Senado y toda la Cámara de Representantes) habrán gastado casi 6 mil millones de dólares (casi 80 mil millones de pesos) en sus campañas.

Por sí solo Barack Obama ya ha recaudado casi 500 millones de dólares (unos 6 mil 500 millones de pesos), y en estos últimos días Mitt Romney está rápidamente cerrando la brecha. El pasado martes el candidato republicano erogó en un solo día la friolera cantidad de 13.6 millones de dólares para una sola semana de anuncios televisivos en apenas nueve estados del país.

En los hechos no existe un tope para el gasto de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Solamente hay un límite en caso de que el candidato correspondiente acepte financiamiento público para su campaña. Pero desde 2008 Obama se negó a recibir este apoyo para poder recaudar libremente y gastar sin límite alguno. En 2012, ambos candidatos han repetido esa estrategia.

En 2010, la Suprema Corte de Estados Unidos “liberó” aún más el financiamiento privado con su controvertida decisión en el caso de Citizens United. Con esta resolución los ministros defendieron el “derecho a la libertad de expresión” de las empresas y las corporaciones, equiparándolas con personas físicas, lo cual redujo al mínimo los controles sobre sus contribuciones a las campañas políticas. Ello ha generado un importante aumento en el flujo de dinero privado y, aún más grave, una drástica reducción en la transparencia de esas contribuciones. Hoy, casi la mitad de los gastos electorales provienen de los llamados Super PACs, que no tienen obligación alguna de identificar sus fuentes de financiamiento, de acuerdo con Open Secrets.

En Estados Unidos, entonces, es simplemente imposible ganar una elección presidencial sin un enorme patrocinio privado. El resultado es que ningún candidato puede permitirse el lujo de cuestionar la estructura de poder económico o de representar a los pobres o los marginados. Las diferencias entre los candidatos se reducen a pleitos entre distintas redes de potentados. Por ejemplo, en el actual proceso electoral, que tendrá su desenlace el próximo 6 de noviembre, Romney ha recibido el apoyo de los sectores financiero y energético, y Obama, de las telecomunicaciones y de los despachos de abogados corporativos.

Aparte del factor dinero, el geográfico también reduce drásticamente el alcance de la democracia estadunidense. Dado que no existe el voto directo en las elecciones presidenciales, no gana el candidato que reciba más votos, sino el que conquiste una mayor cantidad de “electores” estatales. En el año 2000, por ejemplo, Al Gore recibió más votos que George W. Bush, pero perdió la elección presidencial porque los estados ganados por Bush tenían más “electores” que los obtenidos por Gore.

El resultado es que los candidatos deben ignorar a más de tres cuartas partes del electorado. Hoy, Obama y Romney concentran sus esfuerzos exclusivamente en los nueve estados “indecisos” (swing states) (Colorado, Florida, Iowa, Nevada, Nueva Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Virginia y Wisconsin), de los 50 que conforman el país. En cada uno de ellos el premio es grande, ya que los “electores” correspondientes se entregan en su totalidad al candidato ganador en el estado, sin “elector” alguno para el candidato que haya llegado en segundo lugar.

Mientras, la campaña presidencial es casi inexistente en los otros 41 estados donde ya existe una preferencia sólida para uno u otro candidato. Seguros de su victoria, o de la victoria de su contrincante, simplemente no tiene sentido invertir recursos en esas demarcaciones, donde ya está definido por quiénes votarán los “electores” correspondientes.

El resultado es que la vasta mayoría de los ciudadanos estadunidenses son reducidos a simples espectadores de la elección presidencial. Carecen de relevancia para los candidatos las opiniones y los votos de quienes no tienen dinero para contribuir a sus campañas, y de los habitantes de los estados dominados por un partido.

No es casualidad entonces que los debates presidenciales en Estados Unidos parezcan más talk shows que verdaderos intercambios de ideas y propuestas, y que los candidatos en campaña se comporten más como vendedores de coches usados que como estadistas. Los debates de candidatos presidenciales, por ejemplo, son organizados por una agrupación que dirigen dos expresidentes de los partidos Demócrata y Republicano y que financia principalmente la empresa cervecera Anheuser Busch. La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos tampoco cuenta con autonomía alguna de los dos principales partidos políticos.

El marco jurídico en materia electoral en México es infinitamente mejor que el de Estados Unidos. Contamos con todas las herramientas necesarias para evitar la compraventa de los cargos políticos, mientras en Estados Unidos el negocio de la democracia está institucionalizado y legalizado.

Por ello es doblemente doloroso el incumplimiento de nuestras autoridades electorales. Teniendo todo para ser un ejemplo a nivel internacional, los consejeros y los magistrados desprestigian nuestro sistema con su inacción y complicidad con los poderes fácticos y los corruptos. En lugar de seguir la trágica puesta en escena del sistema político de Estados Unidos, es urgente dignificar y defender las instituciones que hemos construido entre todos.

ENTRE ABOGADOS TE VEAS


PEDRO SALAZAR UGARTE

Supongamos que existe un documento, un estudio -una información, pues- que contiene la planeación estratégica del gobierno para enfrentar cierta crisis (económica, criminal, ecológica, etcétera) severa. Y conjeturemos que una persona, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, exige conocerla. Y supongamos que la entidad pública que la posee rechaza la pretensión porque considera que la información merece reservarse. La pregunta cae por sí sola: ¿qué es lo que procede?
La respuesta a esta interrogante captura la razón de existencia del IFAI y de los órganos de transparencia de las entidades federativas. Dichas instancias fueron creadas, precisamente, para ponderar las variables que están en juego en esas situaciones y para determinar qué debe proceder. El dilema tiene una solución fácil en ciertos casos. Por ejemplo, en los casos que se resuelven aplicando llanamente los principios constitucionales de máxima publicidad y pro persona, básicamente. La máxima que se desprende de ambos principios es que la información sólo puede reservarse en situaciones excepcionales y que, en todo caso, toda negativa debe estar justificada. No olvidemos que el derecho de acceso a la información es un derecho humano y que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos. Así que, en general, la publicidad prevalece.
Pero la vida es complicada y las cosas se enredan en diversas coyunturas; por ejemplo, cuando los derechos colisionan (¿debe prevalecer el acceso a la información o la protección de la privacidad?); cuando los principios constitucionales se contradicen (¿impera la presunción de inocencia o el acceso a la información?); o, simplemente, cuando las normas no son claras (¿qué significa "interés público"?). Y estos dilemas se activan cuando está comprometida información relevante en áreas estratégicas. Así que, aunque parezca paradójico, la misión fundamental de los órganos de transparencia reside en identificar aquellos casos excepcionales en los que prevalecerá la reserva. Para ello, sus comisionados deben ponderar los principios en juego, valorar los efectos de la publicidad, considerar las consecuencias de la opacidad y justificar muy bien su decisión. No es tarea sencilla. Por ello tiene sentido preguntarnos sobre el perfil profesional idóneo de los funcionarios que toman las decisiones sustantivas de los órganos garantes.
Sin duda es necesario contar con abogados. Ni modo. Esas "aves negras" están adiestradas en el arte de la interpretación jurídica y comprenden los presupuestos y supuestos bajo los cuales el Derecho es una herramienta social útil para resolver conflictos. Valga la obviedad: los abogados saben qué es y cómo funciona el Derecho. Y los dilemas de la transparencia tienen una dimensión jurídica ineludible. Pero estos profesionales -incluso los que se dedican al estudio de la ciencia jurídica-, como es normal, padecen miopías conceptuales y tienen una visión limitada de los problemas sociales. Así que su utilidad es acotada.
Los abogados no cuentan con la formación necesaria para ponderar todas implicaciones que se desprenden de los dilemas que involucran los derechos y sus garantías. Algunas decisiones de autoridades como el IFAI tienen consecuencias políticas, económicas y sociales. Y por eso es necesario que los órganos que adoptan las decisiones sustantivas de esas instancias tengan una conformación multidisciplinaria. Lo mismo vale, por ejemplo, para el Consejo General del IFE. En algunos países, de hecho, esta lógica está llegando a los tribunales constitucionales. La razón parece banal, pero no lo es: los derechos son multidimensionales. Por eso no pueden ser coto exclusivo de los juristas. La advertencia es importante ahora que se reformará la ley de transparencia y algunos legisladores parecen confundir al IFAI con la Suprema Corte. Ojalá no lo hagan.

martes, 23 de octubre de 2012

PEDAGOGÍA DEL PLAGIO


PEDRO SALAZAR UGARTE

Tiene razón Fernando Escalante: el jurado del premio FIL ha galardonado a un escritor tramposo e indecente. Alfredo Bryce Echenique es un plagiario conocido. La decisión, por ello, es lamentable. Y lo mismo vale para la defensa que ha hecho Jorge Volpi de ese fallo. Dice Volpi que “el Premio FIL decidió no pronunciarse -no avalar ni condenar- las acusaciones de plagio recibidas por Bryce.” Así, sin más, como si esa afirmación no necesitara justificación alguna. Además, no entiendo por qué acusa a los críticos de la decisión de incubar el virus de la intolerancia y del autoritarismo. Según Volpi, descalificar al premio y al jurado implica pasar de la crítica a la calumnia. Otra vez, no entiendo.

Todos los semestres, al iniciar mis cursos en la Facultad de Derecho de la UNAM, narro a mis nuevos alumnos dos anécdotas. La primera versa sobre la incomodidad que me causó escuchar a las autoridades de una prestigiosa universidad americana explicar porqué sometían a controles especiales los trabajos presentados por sus estudiantes mexicanos. La razón era el plagio consuetudinario. En ese entonces era un estudiante y, aunque no era la intención de los expositores (ni siquiera era alumno de esa escuela), resentí el dato como una descalificación a priori de mi propio quehacer intelectual. La segunda sucedió cuando había regresado al país y comenzaba mi carrera académica. Una institución gubernamental me había invitado a formar parte de su comité editorial junto con otros dos colegas pero solo logramos reunirnos en una ocasión. Nuestras actividades se interrumpieron porque uno de ellos fue acusado de plagiar en su tesis doctoral. Un profesor europeo encontró en la red el trabajo de ese joven mexicano que transcribía íntegro un capítulo de su propia investigación. Obvio, sin citarlo. El tema, paradójicamente, era la transparencia.


La intención pedagógica de contar los casos es doble. Por un lado, evidentemente, pretendo provocar que los alumnos sepan que plagiar está mal y que puede acarrearles consecuencias (aquel profesor fue procesado por un tribunal internacional y terminó su carrera académica). Pero también me importa que sopesen el impacto nocivo a nuestra imagen que conlleva la indolencia con la trampa. Se trata de un daño adherido al pasaporte que genera prejuicios y puede pasarnos factura a cualquiera sin deberla ni temerla. Por ejemplo, en Argentina a la acción de engañar a otro la llaman “mexicanear”. Indigna pero así es. El premio FIL a Bryce abona en esa tierra. No importa que el jurado que lo otorgó haya tenido una composición internacional ni que el propio homenajeado sea de nacionalidad peruana. Lo que cuenta es que uno de los galardones más relevantes en el ámbito literario que se otorga en México ha ido a parar a las manos de un plagiario. Y uno de los miembros del jurado, célebre –creo que merecidamente – escritor mexicano, nos pide voltear para otro lado.

Calumniar es cosa seria. En términos llanos significa acusar con falsedad para causar un daño malicioso. En el ámbito del derecho es todavía peor: supone imputar un delito a sabiendas de su falsedad. No entiendo en qué sentido las criticas a la decisión del jurado del premio FIL podrían materializar esa figura. En todo caso, la calumnia proviene de quienes contribuyen a esparcir por el mundo el estereotipo del mexicano tramposo o indolente con la trampa. Así, en cierta medida, se nos calumnia a todos. Eso sí es intolerable. Porque la idea de tolerar implica límites. Si todo se tolera, el concepto pierde sentido. Y el plagio se ubica en el terreno de lo intolerable. De hecho, lo que urge en México es cultivar una cultura de intolerancia con la trampa y la indecencia. Quienes criticamos la decisión del jurado tal vez estamos contagiados por el virus de esa clase de intolerancia pero, en definitiva, no portamos el virus del autoritarismo. Éste último, en todo caso, aqueja a los que no toleran las críticas después de adoptar decisiones impresentables.

lunes, 22 de octubre de 2012

PEÑA Y LA CONTINUIDAD CON EL SALINISMO


JESÚS CANTÚ ESCALANTE

El próximo presidente, Enrique Peña Nieto, intentará retomar el rumbo –interrumpido en 1994– de las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que la adecuación de la legislación mexicana a las condiciones impuestas por los organismos financieros internacionales con el fin de crear el escenario ideal para el modelo neoliberal.

A partir de diciembre de 1982, a escasos tres meses de la nacionalización bancaria, con la llegada a Los Pinos de Miguel de la Madrid, México emprendió las medidas correspondientes; éstas se fortalecieron y acrecentaron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero los cambios constitucionales y legales se interrumpieron en 1994, primero con el alzamiento zapatista; después, con los crímenes políticos (Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu); más adelante, con el famoso “error de diciembre”, que provocó una de las crisis económicas más severas, y, finalmente, con la pérdida de la mayoría priista en la Cámara de Diputados, en septiembre de 1997.

De la Madrid y Salinas sostenían que no se podían lograr las reformas económica y política simultáneamente, e incluso recurrían al ejemplo de lo que le pasó a Mijail Gorbachov, en la Unión Soviética, con la Perestroika y la Glasnost. Optaron entonces por la primera, la económica. Eso implicó posponer la reforma política y, por lo tanto, mantener el régimen autoritario y, en el caso de Salinas de Gortari, incluso intentar fortalecerlo, pues durante su sexenio se recrudeció la persecución de los opositores políticos y de los periodistas independientes, como ejemplo de la exacerbación de la represión.

Sin embargo, Salinas combinó la mayor represión con mayor corrupción, clientelismo y corporativismo, particularmente a través del programa Solidaridad y del proceso de privatización de las empresas públicas, en especial los bancos, la telefónica y las aerolíneas. Como un alto grado de simulación, impulsó asimismo la creación de órganos formalmente autónomos, como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, aunque de hecho seguían totalmente sometidos a su voluntad.

En síntesis, durante 12 años, pero sobre todo en los últimos seis, en lo económico se impulsó el neoliberalismo, y en lo político, el autoritarismo. Ernesto Zedillo pagó las consecuencias (aunque es innegable el pésimo manejo de la economía durante los primeros meses de su mandato) de los impactos de las políticas salinistas (tanto por las reacciones violentas que provocaron como por los efectos sobre las reservas monetarias), y eso lo obligó a dedicarse durante la primera mitad de su mandato simplemente a estabilizar la situación económica, a implementar una reforma electoral cuyos alcances no previó, y, posteriormente, en los últimos tres años, a lidiar con la primera Cámara de Diputados de oposición, lo que le impidió sacar adelante las llamadas reformas estructurales, particularmente la reforma en electricidad.

Los dos gobiernos panistas, también fieles al neoliberalismo, pretendieron impulsar dichas reformas, particularmente en los ámbitos energético, laboral y hacendario; sin embargo, la ausencia de una mayoría en el Congreso les impidió sacarlas adelante, por lo menos en los términos en que ellos y los organismos internacionales pretendían.

Pero lo más lamentable de estos dos últimos sexenios es que tampoco lograron avanzar mayormente en la reforma del Estado y, sin demérito de algunos pasos hacia adelante en algunos ámbitos específicos, como transparencia y acceso a la información, así como autonomía operativa de la Auditoría Superior de la Federación, no consiguieron sentar las bases de un régimen democrático, es decir, uno en el que la ciudadanía elija libremente a sus autoridades, incida en las políticas públicas y controle a los hacedores de esas políticas. Todavía hoy la equidad en la contienda electoral está bajo cuestionamiento, y en los demás aspectos apenas se han dado los primeros y trastabillantes pasos.

En estas condiciones se da el regreso del PRI a Los Pinos. Peña Nieto ya dejó claro su compromiso con las reformas estructurales, tanto en sus discursos de presidente electo como en las indicaciones que gira a los legisladores de su partido en relación con la reforma laboral. Así que en lo económico no hay duda: Peña Nieto pretende retomar el rumbo trazado por Salinas de Gortari, incluso con el regreso de algunos de sus operadores o, al menos, con la contratación de alumnos de sus operadores. Y todo indica que tendrá mejor suerte que sus tres antecesores inmediatos, pues el PAN sí será una oposición leal y votará favorablemente las iniciativas o, al menos, las partes de las iniciativas que favorezcan la consolidación del neoliberalismo.

La interrogante se encuentra en el lado político, pues el comportamiento de la bancada tricolor respecto a la reforma laboral (desde luego, por instrucciones del presidente electo, ya que desde ahora ni la hoja de un árbol se mueve sin su anuencia) indica claramente que mantiene su oposición a la construcción de una institucionalidad democrática.

De acuerdo con las señales emitidas hasta estos momentos, los énfasis serán los mismos que hace 24 años: en lo económico, avanzar en las reformas estructurales para atender las indicaciones de los organismos internacionales y pretender insertarnos en los círculos de las economías desarrolladas; y, en lo político, retomar la simulación con fines mediáticos, en el terreno legislativo, y, en las prácticas, fortalecer los maltrechos (pero subsistentes) soportes del autoritarismo: corrupción, corporativismo y clientelismo.

Habrá que estar atentos a las consecuencias de estas políticas en el corto y en el mediano plazos, en los ámbitos económico, social y político. Los antecedentes muestran que en los indicadores macroeconómicos los resultados pueden ser favorables en el corto, pero insostenibles en el mediano y en el largo plazo; en lo social, se ensanchan las desigualdades y simplemente se mitigan sus impactos sobre los más desprotegidos, pero sin atender sus causas y orígenes; y en lo político, basta voltear a 1994.

Después de un cuarto de siglo, las condiciones son muy distintas, pero los compromisos y las tentaciones parecen ser los mismos.

sábado, 20 de octubre de 2012

DE MÁRMOL Y BRONCE


CARMEN ARISTEGUI

¿Y éste quién es?, es lo que se escucha entre quienes pasan a pie o en automóviles frente al recién remodelado parquecillo que se encuentra entre Reforma y Ghandi, en pleno Chapultepec, en la Ciudad de México. Es la frase de los que observan o ven de reojo a un personaje a quien se erigió una monumental estatua de bronce, sentada en una silla del mismo metal que soporta una gran plancha de mármol blanco y cuyo nombre -desconocido para la mayoría- brilla al sol en letras de oro.

La ubicación se encuentra en un sitio de privilegio. Vecina, en la zona, a la de Mahatma Ghandi, a la de Winston Churchill y a la cabeza de Luis Donaldo Colosio. Acompañada por el museo Tamayo y en las inmediaciones de la polémica Estela de Luz, la estatua del hombre en la silla ha empezado a causar problemas y polémica.

La identidad corresponde a Heydar Aliyev, el fallecido ex presidente de Azerbaiyán, considerado por intelectuales, periodistas y críticos como un gobernante autoritario, antidemocrático y violador de los derechos humanos. Lo identifican, en la historia del Cáucaso, simple y llanamente, como un dictador.

Miembro activo de la KGB en los años sesenta. Secretario del Partido Comunista desde el cual gobernó hasta la disolución de la Unión Soviética. Al fin de la Guerra Fría, continuó gobernando, convertido, entonces, en presidente de Azerbaiyán.

Para describir el perfil de Aliyev, se ha recurrido, en estos días, al obituario publicado en NYT. Gobierno de 30 años, caracterizado por "frecuentes irregularidades electorales, violaciones a los derechos humanos y una prensa amordazada". Descrito como personaje autoritario, que gobernó "con mano de hierro" en medio de un clima de "corrupción, amiguismo e incompetencia", amén del culto a la personalidad registrado en "ciudades y pueblos", decoradas con retratos e imágenes del personaje.

La estatua provoca en los más curiosidad. En los menos, pero que van en aumento, indignación. Se suman voces que alertan al resto de que no es aceptable una estatua así en nuestra ciudad.

Personajes de relevancia pública han llamado la atención sobre el tema. No pueden sino ser sino escuchados.

José Sarukhán, Jean Meyer, Homero Aridjis, Jacobo Dayán, director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, Guillermo Osorno, editor de Gatopardo, y Andrés Lajous, entre otras voces, se han pronunciado y escrito sobre el tema Azerbaiyán y el activismo diplomático que se ha desplegado en México, con aportaciones millonarias de un régimen que busca ser considerado como "una joven democracia".

Son voces que se inconforman, no solo por la estatua de Reforma sino por el monumento y la placa colocados en la remodelada plaza de Tlaxcoaque dedicados a la matanza de Jodyali, a la que han llamado genocidio, abriendo -con ello- otro punto de debate.

El doctor Sarukhan, investigador emérito de la UNAM, escribió en marzo de éste año en El Universal el texto "Ignorar la historia". Si bien no aludía a la estatua ni al monumento y placa en Tlaxcoaque (cuya redacción insólita -más allá del contenido- quedó inscrita también en letras de bronce) porque aún no habían sido inaugurados ni dados a conocer, sí se pronunció acerca lo que llamo "cabildeo de la embajada azerí en las Cámaras de Diputados y Senadores", poniendo en cuestión, entre otras cosas, que se llame "genocidio" a lo de Jodyali. "Ahí murieron 613 personas azeríes, lo cual, sin duda, es desafortunado desde cualquier punto de vista. Pero igualmente murieron miles de civiles armenios en otros combates de este tiempo".

Por su parte, Jacobo Dayán, sin negar que la matanza ocurrida en febrero de 1992 es condenable, también opina que usar la palabra genocidio para Jodyali en la placa alusiva en Tlaxcoaque es, como la estatua de Aliyev en Reforma, un asunto inaceptable.

El punto es que las obras de remodelación e instalación de los monumentos fueron financiadas por el gobierno de Azerbaiyán encabezado, por cierto, por el hijo del Heyder Aliyev, el hombre de la estatua. La donación rondó los seis millones de dólares. Fácil no está, porque todo ya esta instalado.

¿Puede un gobernante rectificar después de una decisión tomada, aunque esto implique quitar o modificar la placa de un monumento y retirar una enorme estatua de bronce y mármol acompañada con letras de oro instalada ya en una avenida principal? Pues sí. Eso es lo que se le pide al gobierno de Marcelo Ebrard. No sería la primera vez en el mundo, ni en México, que se retiren estatuas y monumentos.

Lo hemos visto bajo mandato legal, tal como ocurrió en España para erradicar los símbolos del franquismo. Hay registro de asaltos airados que tumban estatuas a manos de quienes sienten agravio en lugar de veneración.

No parece ser el caso para un personaje como Heydar Aliyev -en México prácticamente desconocido.

Las voces que se han expresado lo han hecho de forma crítica y civilizada desde una revisión informada e histórica sobre lo que el personaje representa.

Lo que se pide a un gobierno es que reconsidere una decisión que ha tomado por sorpresa a la población y ha provocado estas reacciones tan adversas. Homero Aridjis se pregunta, por ejemplo, "¿por qué, sin ningún consenso o preguntas a la población, ponen esta estatua del dictador?".

Corregir el despropósito es una buena manera de concluir una gestión, en lo general exitosa, al frente de la capital. Sobre todo si, a partir de ello, se pretende forjar una candidatura presidencial.

LA FORMA ES FONDO


ANA LAURA MAGALONI

El proceso a través del cual se nombra a los máximos jueces de un país influye en el resultado y en la percepción social sobre su legitimidad. En este sentido, proceso y sustancia van de la mano. Por ello, es una buena noticia que la Comisión de Justicia del Senado haya aprobado, por primera vez desde la reforma a la Suprema Corte de 1994, un procedimiento mucho más riguroso para evaluar a los candidatos a ministros de las dos ternas que envió el Ejecutivo al Senado el pasado 10 de octubre.

Generalmente las comparecencias de los candidatos a ministros han sido más bien improvisadas y sin mucha brújula sobre cuáles son las características que debe tener un ministro de la Corte en función de los desafíos más relevantes que tiene enfrente el máximo tribunal. En esta ocasión, la Comisión de Justicia decidió hacerse de información relevante, de solicitarle a los candidatos de las ternas otra más y de delinear los grandes temas que deberán abordar los senadores durante la comparecencia de los candidatos a ministros. Ello quedó por escrito en el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, publicado en la Gaceta del Senado el pasado 18 de octubre.

Por falta de espacio, voy a resaltar algunos de los puntos que me parecen más importantes. La Comisión de Justicia solicitó a la Suprema Corte información sobre las tesis jurisprudenciales en donde los magistrados hayan participado como ponentes. Esta información permite a los senadores evaluar si los candidatos propuestos por Calderón son jueces que están articulando nuevos criterios jurisprudenciales o, más bien, son jueces que administran justicia de forma rutinaria. Además, permite conocer las posiciones ideológicas de los candidatos y el tipo de criterios que sustentan.

Asimismo, la Comisión de Justicia les solicitó a los seis magistrados de las dos ternas que seleccionara cada uno tres sentencias en donde ellos hayan sido los ponentes y que expresaran por escrito las razones que motivaron su selección. Esta información me parece crucial para evaluar la capacidad que tienen los magistrados propuestos para desempeñar el cargo de ministros en términos jurisdiccionales. La fuerza y legitimidad de los tribunales depende de las razones que ofrecen en sus sentencias. La diferencia entre un buen juez y uno malo no depende sustancialmente de a quién de las dos partes le dan la razón, sino de su capacidad para construir una arquitectura argumental en sus sentencias que resulte jurídicamente sólida y, a la vez, persuasiva en términos de justicia, razonabilidad y utilidad social de la solución propuesta. La función jurisdiccional es el arte de la persuasión. El lenguaje acartonado, formalista, poco asequible y redundante que caracteriza muchas de las sentencias de los jueces en México poco sirve para persuadir a la colectividad de que las normas constitucionales y legales que nos rigen son justas y razonables. Los candidatos a ministros, me parece, deben demostrar que tienen el talento para construir un ropaje argumental en sus sentencias que permita a la Corte liderar un cambio de paradigma en la retórica judicial mexicana. Sólo así nuestro tribunal constitucional podrá desplegar toda su potencia para enfrentar la gran asignatura pendiente de la justicia mexicana: transformar una cultura judicial autoritaria en una propia de una democracia constitucional.

La Comisión también pidió a los candidatos que eligieran las tres sentencias de la Corte que consideren las más relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. Qué tipo de sentencia de la Corte considera paradigmática cada candidato es una fuente de información valiosa para que los senadores evalúen la concepción de cada candidato respecto al papel de la Suprema Corte y si éstos tienen o no la formación para entender que lo relevante de una decisión de la Corte no es la resolución del caso concreto, sino su impacto a futuro en términos sociales, jurídicos e institucionales.

Finalmente, la Comisión de Justicia enumeró algunos temas clave que deben abordarse en las comparecencias de los candidatos. Entre estos temas destacan el papel de la Suprema Corte en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, justicia penal, amparo y política, así como las relaciones entre la Constitución, los tratados internacionales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos temas, me parece, constituyen el desafío más importante que tiene la Corte en los próximos años. Resulta clave que el Senado cuente con la certeza de que está nombrando a ministros que tienen la capacidad y el talento para detectar, entender y proponer buenas soluciones a los muchos problemas que subyacen en cada una de estas reformas.

Las reglas están puestas para que las comparecencias de los candidatos a ministros sean una oportunidad para debatir colectivamente el papel que debe jugar la Suprema Corte en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Ahora falta que los senadores de la Comisión de Justicia utilicen estas reglas como brújula para que el Senado pueda tomar la mejor decisión posible con relación al nombramiento de dos de los 11 máximos jueces del país.

jueves, 18 de octubre de 2012

EL HÁBITO DE LA DISCRIMINACIÓN


JOSÉ WOLDENBERG

Discriminamos porque discriminamos. Porque es natural, porque así lo aprendemos de nuestro entorno, porque siempre encontramos un motivo, porque no soportamos las diferencias o porque la existencia de las mismas nos sirve para desplegar nuestro poder. No descubro nada. La discriminación vive con nosotros como muchos otros hábitos. No es algo excéntrico, difícil de documentar o extraño. Por el contrario, impregna las relaciones sociales, las preside, las modela.

Desde los chistes misóginos, las caricaturas de los homosexuales que con tanta eficacia explotan los "cómicos", la "sabiduría popular" enferma de racismo ("no tiene la culpa el indio..."), el grito del "respetable" cada vez que el portero contrario va a despejar (puuuuuto), que pasan como fórmulas relajientas y humorísticas, hasta el maltrato a los diferentes, sea por el color de la piel, el status social, la extranjería, y súmele usted, son expresiones de un resorte más que aceitado: el que supone que unos son superiores a otros y por ello tienen el derecho de ofender, marginar o perseguir. Total, discriminamos porque discriminamos.

Ciertamente hay grados. No es lo mismo un chiste que una agresión física, pero todo acto discriminatorio se alimenta de una pulsión: la supuesta supremacía convertida en desprecio. La prepotencia como fórmula para guardar distancias y fijar jerarquías. Lo que a su vez se nutre de una sociedad profundamente desigual, en donde los individuos se identifican quizá con los de su clase, trabajo, escuela, barrio, familia, pero no con el resto a los que observan con distancia y resquemor. Esas desigualdades impiden la construcción de un "nosotros" incluyente y fomentan una constelación de grupos, grupitos y grupotes segregados del resto. Vivimos envueltos en una red espesa de discriminaciones mutuas.

Por ello, el Conapred ha diseñado una buena iniciativa: convertir el Día Nacional contra la Discriminación, que se celebra el 19 de octubre, en una fecha disparadora de una campaña permanente para prevenirla y eliminarla. Lo primero, dicen, es hacerla visible. Porque, en efecto, la discriminación se ejerce de forma inercial, rutinaria. No sacude, no escandaliza. La vemos como algo natural: el tipo que no deja entrar a un joven a un antro por su "facha", al hombre al que se aísla por ser portador de VIH, los desplazados de sus comunidades por motivos religiosos, son apenas ejemplos de la usual discriminación.

Mucho se avanzaría si en ese terreno la escuela y los medios de comunicación hicieran su tarea. La primera como el espacio de socialización por antonomasia donde los niños tienen su primer contacto con aquellos otros que no son ya de su familia. En sus aulas, laboratorios, canchas, pasillos, los niños deberían ser vacunados contra las prácticas discriminatorias. Por su parte, los medios, volcados a la diversión (o lo que ellos entienden por diversión), deberían intentar erradicar de sus rutinas aquellas expresiones y fórmulas que de alguna u otra manera reproducen estereotipos denigrantes, vejatorios, discriminatorios. (Vuelvo a leer el párrafo y me siento como un predicador naif).

Leszek Kolakowski decía que "nuestro universo mental... está formado de estereotipos... (Es decir) generalizaciones casi empíricas que surgen espontáneamente y que, una vez afirmadas en nuestra mente, son casi imposibles de cambiar a la luz de las experiencias subsiguientes". Las mujeres son... Los indígenas son... Los gays son... Los judíos son... Y si a continuación lo que se le ocurre son una serie de adjetivos, está usted generando un estereotipo (bueno o malo es otra cosa). Está convirtiendo grupos humanos masivos y contradictorios, en donde seguramente se encuentra de todo, inteligentes y brutos, audaces y medrosos, trabajadores y flojos, corteses y patanes (y sígale usted), en monolitos simplificados, es decir, estereotipos. Y cuando esos estereotipos son denigratorios estamos frente a un problema mayor. Porque como afirmaba LK "los estereotipos son indispensables para nuestra seguridad mental... y tienden a perpetuarse sin que la experiencia los descalifique" (Libertad, fortuna, mentira y traición. Paidós. 2001). Y escribía algo más: cuando nos enfrentamos a evidencias que contradicen nuestros estereotipos, lo resolvemos por la vía corta de: "bueno, siempre hay excepciones".

Visto así, a lo mejor la escuela y los medios podrían ayudar al combate de los estereotipos de grandes grupos humanos que por serlo no pueden ser reducidos a un listado de calificativos. Insisto de manera necia: suele haber de todo.

No obstante, el núcleo duro de la discriminación se encuentra no en la diversidad étnica, cultural, religiosa, ideológica, sexual, etc., per se, sino que esa se empalma con demasiada frecuencia con una marcada desigualdad económica y social. Y mientras ésta sea el caldo de cultivo en el que nos reproducimos, la diversidad (en teoría venturosa), que coincide con la desigualdad (económica), seguirá produciendo el aborrecible fenómeno de la discriminación.

LA PROCURADURÍA OLVIDADA


MIGUEL CARBONELL

Durante décadas, la punta de lanza del Gobierno Federal en su lucha contra la criminalidad fue la Procuraduría General de la República. En el sexenio del presidente Calderón, sin embargo, parece que fue la dependencia más olvidada y en consecuencia la que peores resultados tuvo.
Mientras que otras dependencias del gobierno tuvieron aumentos presupuestales superiores a 400% en estos seis años, la PGR apenas aumentó sus recursos presupuestales en 50% respecto a lo que tenía en 2006. El olvido de esa institución clave del Estado mexicano tuvo un costo altísimo que pagaremos durante décadas, con toda probabilidad. Los datos no mienten. En su último informe la PGR nos comparte unas cifras que producen sonrojo o vergüenza, o las dos cosas a la vez. Veamos.
La PGR afirma que las autoridades federales detuvieron a 27 mil 949 personas de las que se sospechaba que pertenecían a organizaciones delictivas. Pero solamente fue capaz de obtener autos de formal prisión para mil 155 de ellas y solamente se dictaron 103 sentencias condenatorias contra 244 personas. Una cifra que se puede calificar de ridícula y que refleja un preocupante "cuello de botella" precisamente en el ámbito de la procuración de justicia. No se trata de un hecho aislado, ya que se ha venido repitiendo a lo largo de todo el sexenio: muchos detenidos y pocos sentenciados.
En su sexto informe de labores la PGR afirma que las autoridades federales destruyeron 66 mil 608 plantíos de mariguana, con una superficie de más de 9 mil hectáreas. Pero la propia PGR sólo pudo lograr la destrucción de 14 plantíos, con una superficie que no alcanzó ni las ocho hectáreas. Eso demuestra hasta dónde ha llegado el proceso de militarización de la seguridad pública en el sexenio de Calderón. Antes la PGR lideraba los operativos contra el narco; ahora es apenas un pequeño e irrelevante apéndice de la Sedena y de la Marina. De la misma forma, las autoridades federales decomisaron 27 mil 593 armas, pero la PGR fue responsable del decomiso de sólo 264.
México tiene uno de los mercados de piratería más grandes en el mundo (basta asomarse a cualquier tianguis o cualquier salida de una estación de metro para darse cuenta), pero en el último año la PGR solamente pudo consignar 40 averiguaciones previas por piratería y 266 por contrabando. De nuevo: se trata de cifras ridículas.
En el tema del narcomenudeo el informe de PGR refiere la detención de 28 mil 816 personas, el aseguramiento de 78 toneladas de mariguana y 944 kilos de cocaína en el último año, pero durante ese mismo período solamente pudo consignar a 159 personas y obtener 86 autos de formal prisión.
Los datos que se podrían seguir citando apuntan todos en una misma dirección y muestran un panorama desolador. Sería muy fácil y simplista decir que la responsabilidad por ese descuido es exclusiva de quienes han sido procuradores y de su personal de apoyo. No es cierto. De hecho, desde la propia institución se han hecho grandes esfuerzos de depuración del personal y de mejoramiento de la gestión. Todavía la actual procuradora, Marisela Morales, tuvo que llegar a barrer con una estructura interna que tenía varias fallas considerables y lo hizo con gran decisión y empeño.
Me parece más bien que el problema ha estado en el máximo nivel del Estado mexicano: el presidente Calderón no entendió o no quiso entender que cuando le decíamos que su estrategia contra el crimen tenía que ser "integral" nos referíamos a que todos los órganos del Estado mexicano tenían que estar igualmente preparados para hacer su trabajo. Calderón prefirió apostar todo a la fuerza militar y al proyecto de la Policía Federal. Los resultados están a la vista y no parecen ser muy alentadores.
El próximo gobierno tendrá que poner la lupa en la PGR e invertir tiempo y dinero en reflotarla. Si no tenemos un órgano de investigación y acusación profesional, de nada servirá que se detenga a decenas de miles de personas cada año. Esos detenidos simplemente no serán consignados ante un juez ni llegarán a poner un pie en la cárcel.
El fortalecimiento de la PGR es una cuestión de seguridad nacional y debe en consecuencia estar entre las prioridades de la gestión de Enrique Peña Nieto, quien como Calderón también es abogado. Esperemos que sus conocimientos de derecho procesal penal sean mejores que los del actual presidente, cuya labor en este tema va a dejar un saldo profundamente negativo.

EL MITO DEL ENORME GASTO EN EDUCACIÓN


CIRO MURAYAMA RENDÓN

La preocupación genuina por el documentado deterioro de la calidad de la educación en el país ha dado pie a una andanada mediática y “bien pensante” contra la educación pública, en donde las generalizaciones fáciles, los juicios tajantes y la falta de precisión en el análisis acaban por configurar la idea de un Frankenstein para el que no parece quedar más remedio que el aniquilamiento.

Los datos de las evaluaciones al desempeño escolar más serias, como la prueba PISA de la OCDE, revelan un panorama desolador. 

Pero esa prueba muestra los resultados, no las causas. Y lo frecuente ha sido —en un país en el que muchas áreas de la vida nacional están mal, pero donde también está muy mal la calidad del debate sobre los problemas— que del desastre educativo se responsabilice sin más a los maestros —en plural y todos en un mismo saco— de la escuela pública, como si la enseñanza privada diera buenos resultados. La sentencia que pone en la picota a la educación pública básica es tan somera que incluso trata de hacer verdad la especie de que erogamos mucho en educación pública y que, incluso, somos el país de la OCDE que más gasta en educación (“¡De panzazo!”).

El más reciente informe de la OCDE sobre la materia (“Education at a glance 2012”, publicado el mes pasado) permite desmontar el mito del gasto excesivo en educación en México. Veamos los datos duros. El gasto medio por alumno en primaria en la OCDE es de 7 mil 719 dólares y en México de 2 mil 185 dólares, el 28 por ciento del promedio. Para no hacer comparaciones abusivas, baste señalar que Argentina canaliza 2 mil 757 dólares al año por cada niño de primaria, una cuarta parte por arriba de nosotros.

Si se agregan los niveles que van de primaria a bachillerato, el gasto promedio anual por estudiante en la OCDE es de 8 mil 617 dólares y en México de 2 mil 339 (27 por ciento de la OCDE, menos de la tercera parte). En Argentina ese gasto es de 3 mil 296 dólares, por lo que supera nuestro gasto por alumno en 40 por ciento.

Visto desde otro ángulo, no es verídico que México gaste en educación un porcentaje del PIB superior al promedio de la OCDE. 

El dato en ambos casos es 6.2 por ciento pero, ojo, nuestro país alcanza ese monto no por el gasto público, sino por el peso de la educación privada. En la OCDE el gasto público promedio en educación como porcentaje del PIB es de 5.4 por ciento (y el privado 0.9 por ciento), pero en México el público cae a 5 por ciento (mientras que el privado sube a 1.2 por ciento del PIB). Dicho de otra forma: mientras en el promedio de la OCDE el gasto público significa 84 por ciento del gasto educativo total (y 16 por ciento el privado), en México los recursos públicos representan 78.8 por ciento (por 21.2 por ciento de los privados).

Si todos los indicadores revelan que México invierte menos por alumno y que la participación del gasto público en educación es inferior a la de la OCDE, ¿de dónde sale que México es el país que más eroga en educación? La respuesta es tan simple como triste: de una mala lectura acerca de una cifra. 

De entre todos los datos que brinda la OCDE, hay uno que se refiere al porcentaje del gasto público que se destina educación. En este indicador el promedio de la OCDE es de 13 por ciento, el país con el mayor porcentaje es Nueva Zelanda (21.2 por ciento) y México dedica de su gasto público 20.3 por ciento a educación. Pero, atentos, este indicador sólo expresa la relación que surge de medir el gasto en educación sobre el gasto público total. Es obvio que si un país tiene un nivel de gasto público reducido —como México— lo que canalice a educación será un porcentaje mayor que lo que dedica Alemania, que canaliza 10.5 por ciento de su gasto público. Claro, eso no obsta para que Alemania tenga un gasto por alumno de 3.6 veces más que nosotros, por lo que es absurdo sostener que canalizamos más recursos a la educación que los germanos.

Así que la próxima vez que se afirme que México es el país de la OCDE que más gasta en educación, sepamos que se trata de alguien que no sabe bien a bien de qué habla, aunque quizá sí para quién trabaja.

miércoles, 17 de octubre de 2012

PEÑA NIETO Y LA VUELTA AL PASADO


ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVA

En semanas pasadas apunté en este espacio la pertinencia y oportunidad de que Enrique Peña Nieto privilegiara la transparencia como una iniciativa inicial. Hoy, el texto de su proyecto de iniciativa contiene una serie de pasos dirigidos a mutilar los avances que se han alcanzado. Veamos por qué.

Primero. Es natural que la transparencia venda, y bien, de cara a la opinión pública y de la sociedad política. Todo mundo coincide en el qué. Lo más importante, empero, es el cómo. El proyecto de iniciativa de EPN en la materia carece de un hilo conductor sólido entre la exposición de motivos y el contenido de la propuesta de reforma. Dice defender el federalismo para justificar el centralismo. Resalta el lugar común y la retórica sobre los argumentos técnico-jurídicos. Propone modificar el artículo 6º constitucional, estableciendo de entrada en su apartado b): “El Estado contará con un organismo especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales…”. Los asesores de EPN no saben diferenciar los conceptos de órgano y organismo. El primero generalmente tiene mayores espacios de independencia, mientras que el segundo existe en función de una secretaría que coordina un sector. Al mismo tiempo, la propuesta echa por la borda a los órganos garantes previstos en el constitucionalismo local.

Agrega que: “El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que establezca la ley”.

Esta propuesta admite varias lecturas, todas ellas ajenas al interés público: a) Control político sobre lo que es público y aquello que no lo es. No hay mejora alguna del sistema actual; antes bien, genera tres instancias posibles para ejercer el derecho a saber, recurso de revisión de órganos garantes de las entidades federativas o de los Poderes de la Unión, recurso ante el IFAI y el amparo. Se garantiza que, en el mejor de los casos, para el acceso a la información se pase de 90 días promedio a 120, lo que constriñe el derecho a saber; b) No hay justificación que permita un mínimo de razonabilidad en el proyecto porque se propone un sistema idéntico de diseño institucional que el que se busca reemplazar.­ ¿Cómo se puede argumentar que trasladando la decisión de qué es público y qué no lo es de la periferia al centro es mejor per se? Por sentido común, una reforma debe implicar pasar de A a B, no de A a A.

Segundo. El proyecto propone eliminar el principio de definitividad que se encuentra en la ley federal, en disposiciones constitucionales y en el criterio reiterado de la SCJN, aunque disfraza mal su propósito: “Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera excepcional, el consejero jurídico del gobierno o los presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional”.

Esa redacción deja en la indefensión a la sociedad, por las razones siguientes: elimina la definitividad al establecer el principio y al mismo tiempo sus excepciones. Hoy no hay excepción alguna. E introduce conceptos jurídicos indeterminados, como “seguridad nacional”, “alta probabilidad”, etcétera. Lo anterior significa que el derecho a saber esté sujeto a una interpretación casuística. Se pretende que el artículo 6º constitucional establezca: “El organismo garante se integra por siete comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría…”.

La propuesta no tiene asideros doctrinales que la justifiquen, toda vez que: a) Lo que hace es trasladar el poder de decisión del derecho a saber de la periferia al centro, sin garantía alguna; b) Se propone consolidar la injerencia del presidente de la República a costa de la influencia de los gobiernos locales. Esa búsqueda de recuperar espacios del presidente, en este caso, lastima el derecho a saber de los gobernados, y c) La conformación del “organismo” garante con siete comisionados en lugar de cinco, como está actualmente conformado, no tiene explicación, justificación o defensa de idoneidad en la exposición de motivos, aparte de que la cantidad jamás ha sido sinónimo de calidad.

Tercero. No hay duda de que el camino a la transparencia tiene grandes oportunidades de mejora, pero no es con un salto al pasado como se pueden aprovechar. En el nivel primario de la ciencia se encuentra lo que se denomina “ocurrencia”, que el diccionario de la RAE define como “idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que ocurre a la imaginación”; y es eso lo que presenta EPN como primicia de su tónica de gobierno: recuperar espacios perdidos, en este caso a costa del derecho a saber.

Mi propuesta de contenido es, por el contrario, la siguiente: a) No generar más pasos burocráticos entre la solicitud de información pública y el acceso a la misma; b) Garantizar independencia real del órgano que resuelve; c) Asegurar especialidad y conocimiento de quienes integren ese órgano; d) Mantener la amigabilidad del derecho de acceso a la información, y e) Mantener el principio de definitividad en sus actuales términos. Es por lo anterior que insisto en que el IFAI debe transformarse en un tribunal especializado (como los tribunales agrarios) que mantenga la bi-instancialidad del recurso de impugnación, para evitar que la transparencia se convierta en una apariencia.

Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de la Federación. O, en todo caso, otórguese esta atribución al PJF con jueces de derecho, especializados, independientes, que retomen el principio de amigabilidad del derecho. Sería gravísimo que ese proyecto se apruebe en sus términos porque antepone la ventaja política sobre las instituciones, el afán de poder de EPN sobre el derecho a saber que se ha ganado en México con todo y sus limitaciones.