LA PROCURADURÍA OLVIDADA

MIGUEL CARBONELL

Durante décadas, la punta de lanza del Gobierno Federal en su lucha contra la criminalidad fue la Procuraduría General de la República. En el sexenio del presidente Calderón, sin embargo, parece que fue la dependencia más olvidada y en consecuencia la que peores resultados tuvo.

Mientras que otras dependencias del gobierno tuvieron aumentos presupuestales superiores a 400% en estos seis años, la PGR apenas aumentó sus recursos presupuestales en 50% respecto a lo que tenía en 2006. El olvido de esa institución clave del Estado mexicano tuvo un costo altísimo que pagaremos durante décadas, con toda probabilidad. Los datos no mienten. En su último informe la PGR nos comparte unas cifras que producen sonrojo o vergüenza, o las dos cosas a la vez. Veamos.

La PGR afirma que las autoridades federales detuvieron a 27 mil 949 personas de las que se sospechaba que pertenecían a organizaciones delictivas. Pero solamente fue capaz de obtener autos de formal prisión para mil 155 de ellas y solamente se dictaron 103 sentencias condenatorias contra 244 personas. Una cifra que se puede calificar de ridícula y que refleja un preocupante "cuello de botella" precisamente en el ámbito de la procuración de justicia. No se trata de un hecho aislado, ya que se ha venido repitiendo a lo largo de todo el sexenio: muchos detenidos y pocos sentenciados.

En su sexto informe de labores la PGR afirma que las autoridades federales destruyeron 66 mil 608 plantíos de mariguana, con una superficie de más de 9 mil hectáreas. Pero la propia PGR sólo pudo lograr la destrucción de 14 plantíos, con una superficie que no alcanzó ni las ocho hectáreas. Eso demuestra hasta dónde ha llegado el proceso de militarización de la seguridad pública en el sexenio de Calderón. Antes la PGR lideraba los operativos contra el narco; ahora es apenas un pequeño e irrelevante apéndice de la Sedena y de la Marina. De la misma forma, las autoridades federales decomisaron 27 mil 593 armas, pero la PGR fue responsable del decomiso de sólo 264.

México tiene uno de los mercados de piratería más grandes en el mundo (basta asomarse a cualquier tianguis o cualquier salida de una estación de metro para darse cuenta), pero en el último año la PGR solamente pudo consignar 40 averiguaciones previas por piratería y 266 por contrabando. De nuevo: se trata de cifras ridículas.

En el tema del narcomenudeo el informe de PGR refiere la detención de 28 mil 816 personas, el aseguramiento de 78 toneladas de mariguana y 944 kilos de cocaína en el último año, pero durante ese mismo período solamente pudo consignar a 159 personas y obtener 86 autos de formal prisión.

Los datos que se podrían seguir citando apuntan todos en una misma dirección y muestran un panorama desolador. Sería muy fácil y simplista decir que la responsabilidad por ese descuido es exclusiva de quienes han sido procuradores y de su personal de apoyo. No es cierto. De hecho, desde la propia institución se han hecho grandes esfuerzos de depuración del personal y de mejoramiento de la gestión. Todavía la actual procuradora, Marisela Morales, tuvo que llegar a barrer con una estructura interna que tenía varias fallas considerables y lo hizo con gran decisión y empeño.

Me parece más bien que el problema ha estado en el máximo nivel del Estado mexicano: el presidente Calderón no entendió o no quiso entender que cuando le decíamos que su estrategia contra el crimen tenía que ser "integral" nos referíamos a que todos los órganos del Estado mexicano tenían que estar igualmente preparados para hacer su trabajo. Calderón prefirió apostar todo a la fuerza militar y al proyecto de la Policía Federal. Los resultados están a la vista y no parecen ser muy alentadores.

El próximo gobierno tendrá que poner la lupa en la PGR e invertir tiempo y dinero en reflotarla. Si no tenemos un órgano de investigación y acusación profesional, de nada servirá que se detenga a decenas de miles de personas cada año. Esos detenidos simplemente no serán consignados ante un juez ni llegarán a poner un pie en la cárcel.

El fortalecimiento de la PGR es una cuestión de seguridad nacional y debe en consecuencia estar entre las prioridades de la gestión de Enrique Peña Nieto, quien como Calderón también es abogado. Esperemos que sus conocimientos de derecho procesal penal sean mejores que los del actual presidente, cuya labor en este tema va a dejar un saldo profundamente negativo.