martes, 16 de octubre de 2012

¿QUÉ SUPREMA CORTE QUEREMOS PARA EL PAÍS?


JOSÉ ANTONIO CABALLERO Y SERGIO LÓPEZ AYLLÓN

El presidente Calderón envió al Senado las ternas para sustituir a los dos ministros de la Suprema Corte. Ambas están integradas por magistrados de tribunales colegiados de circuito, es decir, por jueces profesionales, todos con carrera judicial y una trayectoria bien definida, visible a través de sus sentencias.
El Senado tiene 30 días para designar a los nuevos ministros o rechazarlas. Esta decisión importa, pues sin duda tendrá un impacto en el futuro de las reformas que propondrá el gobierno de Peña Nieto, y de manera más amplia en la viabilidad de las políticas públicas de los años por venir. Veamos por qué.
Recordemos una idea simple, aunque poco arraigada en la cultura política nacional. Desde hace un par de décadas la Suprema Corte ya no es un simple tribunal supremo, sino una corte constitucional. Esto quiere decir que es el Poder con facultades para resolver, en última instancia, los conflictos políticos del país. Es también el órgano responsable de dar contenido sustantivo a los derechos humanos, desde la libertad de expresión hasta el derecho a la salud, la educación o la vivienda. Es la institución límite del Estado mexicano que tiene la última y definitiva palabra sobre la constitucionalidad de la acción de todos los Congresos, los gobernadores, los ayuntamientos y aun sobre el presidente de la República.
Esto no es simple teoría. Los asuntos relevantes del país han acabado en el pleno de la Corte: desde las facultades del presidente para vetar el presupuesto, el alcance de los esquemas de autogeneración de energía eléctrica, la constitucionalidad de la "Ley Televisa" hasta asuntos tan sensibles como los derechos de los deudores de la banca, el aborto, los matrimonios de personas del mismo sexo o el fuero militar, entre otros, fueron resueltos en definitiva por la Corte, con profundas implicaciones en el devenir nacional. Su papel será aún más significativo luego de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo que transformaron sustancialmente la función de control constitucional y que incluso dio origen a una nueva época en la jurisprudencia. Por todo ello importa el perfil de sus integrantes, su capacidad y experiencia para tratar este tipo de cuestiones que rebasan el aliento de los conflictos individuales para incidir en la acción del Estado.
La tarea de los tribunales Colegiados de Circuito es bien distinta. Por ello, los magistrados que provienen de estos órganos no tienen per se una ventaja especial para realizar la función propia de un juez constitucional. Los criterios de cuota no son razón suficiente para justificar la exclusión de otras personas que provienen de otros horizontes (la academia, la abogacía o la función pública) y que podrían tener el perfil adecuado para desempeñarse como ministros de la Corte, tales como la independencia, el conocimiento técnico y el compromiso con los valores democráticos y constitucionales. Como en otras ocasiones, la falta de argumentación del presidente para justificar su elección es flagrante y no abona a la transparencia ni al debate informado que debería orientar la labor del Senado en un entorno plural.
Así, la integración de las ternas muestra una pobre concepción de la función de la Suprema Corte. Sin demérito alguno de la capacidad profesional de las personas que las integran, la experiencia comparada muestra inequívocamente que la integración de las cortes constitucionales requiere de personas provenientes de las diferentes esferas del quehacer jurídico.
Como lo demuestra también la experiencia mexicana, la condición que ha permitido una deliberación renovada y enriquecida del pleno es justamente el origen diverso de los ministros. Esto ha facilitado un desempeño innovador pero prudente.
Dicho sin ambigüedad, un buen juez federal no es en automático un juez constitucional idóneo. Ternas integradas de otra manera, con mayor diversidad, contribuirían sin duda a un escrutinio más amplio y facilitarían la labor del Senado para construir la Corte que necesitamos.

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