MARÍA AMPARO CASAR
Hasta el día en que la Cámara de senadores (23 de octubre) ejerciendo su papel de Cámara revisora modificó y aprobó la minuta de reforma laboral que los diputados le habían enviado, el proceso legislativo transitó casi de manera ejemplar. Daba la impresión de que por fin se había dado vuelta a la tuerca, que por fin se operaba un cambio de conducta positivo y que los legisladores en lugar de obstruir y ocultarse en maniobras legaloides se dedicaban a eso para lo que fueron electos: legislar. Legislar, como en toda democracia, formando las mayorías que no lograron en las urnas.
Salvo el lamentable episodio de la toma de tribuna de algunos diputados del PRD-PT-MC, el proceso fue modelo de un ejercicio parlamentario institucional, plural y responsable: presenciamos un interesante debate público, los sectores afectados ventilaron sus posiciones e intereses, los legisladores razonaron sus posturas, los dictámenes y votaciones ocurrieron en el tiempo obligado y hubo respeto a la decisión de las mayorías. Los legisladores supieron ejercer el arte de la política que no es otro que el de la negociación y la formación de coaliciones ganadoras para que las políticas públicas transiten. Comprendieron y asumieron que en unas se gana y en otras se pierde.
En la Cámara de Diputados el PRI se alió con el PAN para aprobar la reforma en lo general y aprobar las disposiciones que no tenían que ver con lo que terminó por llamarse la porción sindical de la reforma. El bloque PRD-PT-MC perdió, hizo saber su inconformidad con la decisión pero la acató. Incluso actores fuera del Congreso pero con fuerza política como la de López Obrador, declararon que ante lo que consideraban una reforma contraria a la Constitución recurrirían a la vía institucional a través de la interposición de un amparo.
El PRI y el PV con la abstención del PANAL y paradójicamente gracias a la inasistencia de 48 legisladores del PRD-PT-MC lograron la mayoría para eliminar las reformas que obligarían a los sindicatos a democratizarse y rendir cuentas. Así se fue al Senado.
La Cámara revisora hizo su trabajo, se desempeñó como contrapeso y no se dejó someter a las presiones que aconsejaban tramposamente validar sin más la reforma aprobada bajo el supuesto de que era mejor tener una reforma laboral a medias que no tenerla. El PRI, PAN y PV volvieron a aliarse para aprobar la iniciativa en lo general y volvieron a ganar. El PAN y los partidos de izquierda reintrodujeron las reformas sindicales y esta vez tuvieron los votos para derrotar al PRI-PV quienes asumieron su derrota como antes lo hicieran el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados.
Hasta ese momento quedaba demostrado que la pluralidad y la aritmética legislativas abrían un mundo de posibilidades distintas a la parálisis y que como en cualquier proceso democrático se forman y rompen coaliciones de acuerdo al tema de política pública, a la distribución del poder, la disciplina, las posiciones y los intereses de cada partido con representación en el Congreso. Hasta ese momento pudimos imaginar que si los legisladores trabajaran en las reformas pendientes como lo hicieron en la laboral, quedaría demostrado que otras muchas iniciativas podían transitar.
Pero no: too good to be true.
De vuelta a la Cámara de Diputados el proceso dejó de ser ejemplar. El PRI decidió quitarle el carácter de preferente a la iniciativa y detener su aprobación o rechazo a pesar de tener a su alcance los medios para evitarlo: expedir la ley sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras -precisamente la posición que el PRI favorecía- y reservar los reformados o adicionados para su examen y votación posterior.
Esta actitud del PRI no deja más que tres interpretaciones: a) temieron no alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados para eliminar las cláusulas de democracia y rendición de cuentas sindicales; b) se empeñaron en que no fuera el presidente Calderón quien se alzara con el mérito de haber aprobado la reforma laboral; c) al igual que en el 2011, no estaban interesados en la reforma laboral ni con ni sin las cláusulas sindicales. En todos los casos quedaron exhibidos.
Cualquiera que sea la interpretación, el PRI hizo una apuesta arriesgada: comprometió el carácter de las iniciativas preferentes que en el futuro pudieran ser de utilidad a su Presidente; se mostró favorable a las decisiones de mayoría sólo cuando le favorecieron; expuso la credibilidad del PRI como un partido reformista; puso en entredicho el compromiso de Peña Nieto como un político que favorece la rendición de cuentas.
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