EU: EL NEGOCIO DE LA DEMOCRACIA

JOHN ACKERMAN

Las campañas presidenciales en curso en Estados Unidos confirman que el sistema político estadunidense no debe fungir como modelo de referencia para nadie. Allá no existe el voto directo para elegir presidente de la República y los dólares cuentan más que los ciudadanos. El bipartidismo institucionalizado y la interminable reelección legislativa imposibilitan debates verdaderos sobre asuntos cruciales, como la desigualdad, el racismo y la corrupción. Tampoco existen organismos autónomos o tribunales electorales que organicen y califiquen las elecciones.

Las elecciones de 2012 están destinadas a ser las más caras en la historia de Estados Unidos. De acuerdo con datos de la organización Open Secrets (http://www.opensecrets.org), se estima que una vez concluido el proceso electoral todos los candidatos y precandidatos juntos (se encuentra en disputa no sólo la Presidencia, sino además una tercera parte del Senado y toda la Cámara de Representantes) habrán gastado casi 6 mil millones de dólares (casi 80 mil millones de pesos) en sus campañas.

Por sí solo Barack Obama ya ha recaudado casi 500 millones de dólares (unos 6 mil 500 millones de pesos), y en estos últimos días Mitt Romney está rápidamente cerrando la brecha. El pasado martes el candidato republicano erogó en un solo día la friolera cantidad de 13.6 millones de dólares para una sola semana de anuncios televisivos en apenas nueve estados del país.

En los hechos no existe un tope para el gasto de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Solamente hay un límite en caso de que el candidato correspondiente acepte financiamiento público para su campaña. Pero desde 2008 Obama se negó a recibir este apoyo para poder recaudar libremente y gastar sin límite alguno. En 2012, ambos candidatos han repetido esa estrategia.

En 2010, la Suprema Corte de Estados Unidos “liberó” aún más el financiamiento privado con su controvertida decisión en el caso de Citizens United. Con esta resolución los ministros defendieron el “derecho a la libertad de expresión” de las empresas y las corporaciones, equiparándolas con personas físicas, lo cual redujo al mínimo los controles sobre sus contribuciones a las campañas políticas. Ello ha generado un importante aumento en el flujo de dinero privado y, aún más grave, una drástica reducción en la transparencia de esas contribuciones. Hoy, casi la mitad de los gastos electorales provienen de los llamados Super PACs, que no tienen obligación alguna de identificar sus fuentes de financiamiento, de acuerdo con Open Secrets.

En Estados Unidos, entonces, es simplemente imposible ganar una elección presidencial sin un enorme patrocinio privado. El resultado es que ningún candidato puede permitirse el lujo de cuestionar la estructura de poder económico o de representar a los pobres o los marginados. Las diferencias entre los candidatos se reducen a pleitos entre distintas redes de potentados. Por ejemplo, en el actual proceso electoral, que tendrá su desenlace el próximo 6 de noviembre, Romney ha recibido el apoyo de los sectores financiero y energético, y Obama, de las telecomunicaciones y de los despachos de abogados corporativos.

Aparte del factor dinero, el geográfico también reduce drásticamente el alcance de la democracia estadunidense. Dado que no existe el voto directo en las elecciones presidenciales, no gana el candidato que reciba más votos, sino el que conquiste una mayor cantidad de “electores” estatales. En el año 2000, por ejemplo, Al Gore recibió más votos que George W. Bush, pero perdió la elección presidencial porque los estados ganados por Bush tenían más “electores” que los obtenidos por Gore.

El resultado es que los candidatos deben ignorar a más de tres cuartas partes del electorado. Hoy, Obama y Romney concentran sus esfuerzos exclusivamente en los nueve estados “indecisos” (swing states) (Colorado, Florida, Iowa, Nevada, Nueva Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Virginia y Wisconsin), de los 50 que conforman el país. En cada uno de ellos el premio es grande, ya que los “electores” correspondientes se entregan en su totalidad al candidato ganador en el estado, sin “elector” alguno para el candidato que haya llegado en segundo lugar.

Mientras, la campaña presidencial es casi inexistente en los otros 41 estados donde ya existe una preferencia sólida para uno u otro candidato. Seguros de su victoria, o de la victoria de su contrincante, simplemente no tiene sentido invertir recursos en esas demarcaciones, donde ya está definido por quiénes votarán los “electores” correspondientes.

El resultado es que la vasta mayoría de los ciudadanos estadunidenses son reducidos a simples espectadores de la elección presidencial. Carecen de relevancia para los candidatos las opiniones y los votos de quienes no tienen dinero para contribuir a sus campañas, y de los habitantes de los estados dominados por un partido.

No es casualidad entonces que los debates presidenciales en Estados Unidos parezcan más talk shows que verdaderos intercambios de ideas y propuestas, y que los candidatos en campaña se comporten más como vendedores de coches usados que como estadistas. Los debates de candidatos presidenciales, por ejemplo, son organizados por una agrupación que dirigen dos expresidentes de los partidos Demócrata y Republicano y que financia principalmente la empresa cervecera Anheuser Busch. La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos tampoco cuenta con autonomía alguna de los dos principales partidos políticos.

El marco jurídico en materia electoral en México es infinitamente mejor que el de Estados Unidos. Contamos con todas las herramientas necesarias para evitar la compraventa de los cargos políticos, mientras en Estados Unidos el negocio de la democracia está institucionalizado y legalizado.

Por ello es doblemente doloroso el incumplimiento de nuestras autoridades electorales. Teniendo todo para ser un ejemplo a nivel internacional, los consejeros y los magistrados desprestigian nuestro sistema con su inacción y complicidad con los poderes fácticos y los corruptos. En lugar de seguir la trágica puesta en escena del sistema político de Estados Unidos, es urgente dignificar y defender las instituciones que hemos construido entre todos.