martes, 30 de agosto de 2011

¿A DÓNDE VAN?

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

La elección de Alejandro Luna Ramos como presidente del TEPJF provocó generalizada sorpresa. Nadie esperaba que el decano de la Sala Superior ocuparía el cargo que durante los cuatro años previos había desempeñado la magistrada María del Carmen Alanís, a la que se le veía en competencia con los magistrados Pedro Esteban Penagos y Constancio Carrasco; este último declinó el lunes inmediato previo, mientras que el segundo lo hizo justo al iniciar la sesión electiva. Ambos dieron su voto al decano.
Entre los observadores de las instituciones electorales existen dos conjeturas sobre lo ocurrido. De una parte se considera que en la Sala Superior del TEPJF se formó una nueva mayoría, que no sólo obligó al relevo en la presidencia, sino también en los mandos superiores de las áreas no jurisdiccionales, como ya ha venido ocurriendo con la petición-exigencia de renuncias que se presentan, en muchos casos, como decisiones personales de los afectados.
Se entiende que los funcionarios del círculo operativo inmediato de la ex presidenta Alanís hayan presentado su renuncia, como ocurrió con su jefe de asesores; pero no se entiende, y mucho menos se justifica que, a pretexto del relevo en el mando, servidores públicos de larga data en el TEPJF hayan sido lanzados a la calle, sin más explicación que la decisión del nuevo presidente, o de quienes se asumen parte de esa nueva mayoría.
Un caso llamativo fue la obligada renuncia de tres funcionarios que eran, al mismo tiempo, aspirantes a consejeros electorales; en el boletín de prensa 79/2011, al parecer elaborado sin consentimiento de los afectados, se dice "Los funcionarios electorales solicitaron separarse de su cargo (...) para dedicarse plenamente a sus pretensiones legítimas de obtener un cargo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE)". El redactor del boletín olvidó un pequeño detalle: han pasado más de 300 días desde que los ahora ex funcionarios del TEPJF aspiran a ocupar los lugares que ahora, supuestamente, motivan su renuncia.
Como ocurre con frecuencia en otras instituciones del Estado, en el TEPJF el relevo de mandos medios y superiores no parece seguir otra lógica que la de "quítate tú para ponerme yo". Pese a las normas y principios que dan pie a la pretensión de contar con un servicio civil de carrera, que otorgue permanencia y seguridad a los servidores públicos, funcionarios con años de experiencia son obligados a renunciar sin más argumento que el cambio en la cúspide. Para la designación de quienes entran al relevo impera el criterio de afinidad, o el reparto de cuotas, no la evaluación de aptitudes.
Otra conjetura apunta a que la nueva mayoría estaría motivada por el choque de criterios jurisdiccionales; por la decisión de acentuar un perfil garantista en los criterios de la Sala Superior. Sin embargo, dos sentencias emitidas el viernes de la semana pasada parecen no validar esta segunda interpretación.
Por mayoría de votos en ambos casos, la Sala Superior resolvió confirmar la expulsión de las filas del PAN de su ex presidente nacional, Manuel Espino, por la comisión de conductas que, se afirmó, dañaron gravemente la imagen y los intereses del partido en el que militó por más de tres décadas; el afectado ha denunciado ser víctima de una supuesta maniobra palaciega. En la otra sentencia, los magistrados resolvieron invalidar acuerdos de los órganos dirigentes del PRD, incluidos los adoptados por su reciente Congreso Nacional, de forma tal que ese partido tendrá que realizar, antes del fin de noviembre de este año, la renovación de tales órganos, desde la base hasta la cúspide.
Son sentencias contradictorias, pues mientras en un caso se privilegió el interés del partido por sobre la libertad de crítica pública de uno de sus militantes; en el otro, el interés de unos cuantos dirigentes inconformes se puso por encima de las decisiones del Congreso Nacional, máximo órgano de dirección del PRD, y de los acuerdos que habían logrado establecer las tribus que configuran (y desfiguran) la estructura de ese partido. No parece haber una nueva mayoría garantista que explique lo que está ocurriendo en el TEPJF, sino que más bien podríamos estar viendo un ajuste de cuentas, a lo que sigue el reparto de posiciones.
Lo que está pasando en el TEPJF hace inevitable la pregunta: ¿A dónde van?

LA TRAGEDIA DEL CASINO ROYALE

RODRIGO MORALES MANZANARES

El jueves murieron en Monterrey 52 personas en un acto criminal condenable. Me llaman la atención al menos tres asuntos. En primer lugar, el modo tan temerario como un grupo de sicarios ejecutó la acción: a la luz del día, sin capuchas, sin preocupación. Un modo de operar con desparpajo, sin temor a las consecuencias. Afortunadamente ya han sido detenidos algunos de los que participaron en el atentado (ojalá sean los verdaderos culpables).
En segundo lugar, parece increíble que no se tenga claridad respecto a los dueños del local de apuestas. La Secretaría de Gobernación es una de las áreas que debiera contar con la información más detallada respecto a lo que ocurre en el mundo del juego. No sólo por el simple hecho de llevar un registro convencional de manera adecuada, sino porque el giro de las apuestas se presta a fenómenos como el lavado de dinero. No deja de llamar la atención lo poco alineadas que están diversas instancias de gobierno. Insisto, el problema no es quién o cómo se otorgó el permiso, sino la desactualización exhibida.
En tercer lugar, las reacciones de muchos de los actores políticos vuelven a ser decepcionantes. Repartirse culpas se ha vuelto un ejercicio tan reiterado como improductivo. Evadir responsabilidades de manera colectiva es la mejor garantía de que los cosas no van a cambiar. Insistir en que, pese a las evidencias, no hay otro camino que el emprendido, es reiterar una ruta que día a día muestra saldos más dolorosos. Por supuesto que revisar la estrategia no quiere decir fatalmente capitular con la delincuencia, pero sí parece haber avisos en el sentido de que habría que revisar el papel y el desempeño de algunas áreas.
Más allá de la confusión conceptual que quiere equiparar al terrorismo con los actos criminales que generan terror, lo destacable justamente es el incremento del pánico, y los riesgos de que se generen escenas de terror colectivo con consecuencias aún más lamentables. Ya se han vivido en plazas comerciales, recintos deportivos, eventos sociales, etcétera. Parece que, a la lista de retos que hay para restaurar la seguridad pública, habrá que sumar el de poder tranquilizar a multitudes aterrorizadas.
Habría que reconocer que los eventos asociados a los delincuentes han escalado en gravedad y frecuencia. Reconocer que tras cada nueva tragedia se actualiza el mapa de impunidad y corrupción, que las cosas no están engranadas, que estamos lejos de un diseño armónico en el que todas las instancias estén alineadas. En fin, ojalá sea posible reconocer la dimensión de la amenaza. Convocar a una unidad nacional en la que sistemáticamente las partes se acusan entre sí, es insistir en politizar un asunto tan grave como la restauración de la seguridad pública.
Ojalá que se pueda encontrar y procesar a los verdaderos culpables; que se esclarezca a cabalidad la tragedia. Ojalá que en efecto los sicarios empiecen a sentir temor de las consecuencias de sus actos. Ojalá que los sujetos extorsionados recuperen la confianza y puedan denunciar las amenazas a que se ven sometidos. En fin, ojalá que no hubiera habido jamás las condiciones para que ocurriera la tragedia del Casino Royale.

lunes, 29 de agosto de 2011

AMPLIFICANDO LA CALAMIDAD

RICARDO BECERRA LAGUNA

No termino de tragar dos de los tópicos reiterados en el discurso gubernamental: 1) no creo que vayamos a “derrotar a esas bandas de criminales sin escrúpulos”, como repitió el Presidente Calderón (al menos no en un corto plazo), y (2) no creo tampoco que dadas las condiciones que estamos creando, los grupos criminales dejen de seguir perpetrando canalladas espectaculares o acciones de “terrorismo” como la ocurrida en Monterrey. Muy rápidamente, la realidad echó por tierra ambos, buenos deseos. Me explico.
En su libro “Calamidades”, Ernesto Garzón Valdés ofrece una definición de algo así, como lo que acabamos de vivir: “usar de modo imprevisible la violencia para provocar el temor generalizado con miras a influir en el comportamiento de terceros para obtener objetivos políticos”. Es terrorismo y acciones que se le emparentan, y tres son los componentes: acto de violencia, que hace reaccionar a terceros y que produce temor generalizado.
Fíjense como de los tres ingredientes, sólo el primero depende exclusivamente del criminal. Los otros dos están mediados por comportamientos subsecuentes y colectivos. Precisamente mi desolación particular reside allí: no alcanzo a ver que exista conciencia alguna para desmontar este endemoniado mecanismo de asfixia que domina la atmósfera pública de México.
A diferencia del terrorismo de Estado o la delincuencia común, que se amparan en la no información y la oscuridad, la barbarie criminal busca deliberadamente la publicidad. Sea la banda que haya sido, la de Monterrey quiso convertir a su acción, sobre cualquier otra cosa, en un acto publicitado. La publicidad es su oxígeno dice otro libro clásico de Walter Laqueur, y todo parece indicar que nosotros estamos dispuestos a proporcionarla sin límites.
No quiero decir que los sucesos de Monterrey no tengan una trascendencia mediática inusitada; lo que digo es que tal y tanta publicidad coloca en el escenario, irremisiblemente, una de las condiciones para la reproducción y perdurabilidad de la barbarie y su calamidad.
Además, no hay duda que ha nacido entre nosotros el tercer elemento de Garzón: merced a esos y otros arranques publicitarios, hemos transitado del acto criminal, al temor generalizado de la población. De modo que nuestros canales de información, sin querer, sin meditarlo suficientemente, han prestado al crimen ese servicio inestimable llamado por los sociólogos “amplificación social del riesgo”.
Si no cobramos conciencia de este círculo, los delincuentes seguirán enseñoréandose: porque su crueldad se ha convertido en un ingrediente del destino de una ciudad importantísima, y sacan raja de la siuación por ellos creada porque, por lo visto, buscan deliberadamente llamar la atención, alterar la agenda de la política y de los gobiernos, aprovechándose de la incesante vehiculación de sus acciones por los medios.
Subrayo: creo que debemos volver a pensar la estrategia de seguridad pública, pasando por todos sus elementos de información, comunicación y amplificación, porque por desgracia, no parece haber solución a corto plazo, y por el contrario, “es probable que México sufra un estado de convulsiones criminales durante mucho tiempo” como dice Magnus Ranstorp, (Subdirector del Centro para el Estudio de la Violencia Política y el Terrorismo). “El país está cruzado y es escenario de cuatro de las cinco guerras de la globalización que los gobiernos, sin excepción, están perdiendo: el narcotráfico, el contrabando de armas, la inmigración ilegal y el lavado de dinero”.
Me temo que la respuesta al ataque en Nuevo León entreteje nuevos yerros: el Presidente simplemente reitera que seguirá el mismo libreto; el Ejército se dice listo para “proteger a los ciudadanos” y tres mil efectivos federales se van de viaje a Monterrey; partidos y legisladores se lamentan y procuran no llamar terrorsimo al asesinato colectivo; vuelve la lluvia pertinaz de recriminaciones entre niveles de gobierno; algunos medios arremeten en cruzada contra “los casinos” y el Gobernador del estado, pide sano esparcimiento, clausurar los sitios y volver a las buenas costumbres. Ominosamente, y ante la llegada del temporal electoral, el asunto se convierte moneda de cambio de la repesca electoral.
Sé que soy anticlimático y que lo que digo es bastante impopular entre tanto opinador instantáneo, pero la pervivencia de la delincuencia y sevicia publicitada no depende sólo de los mismos actos delincuenciales. En una sociedad tan anómica, tan desestructurada, tan presidida por la desigualdad; en una sociedad que además, explica tan mal sus problemas públicos y tan invadida por el crimen, es autoengaño suponer que no volveremos a padecer otros golpes y traumas propinados por las bandas delincuenciales.
Pero su peso y dimensión social, su influencia práctica en la política y en la agenda pública, depende en gran medida, de cómo los metabolizamos, de cómo los tratamos públicamente, de la respuesta individual y colectiva hacia ellos. Hechos tan inmensamente graves, como los de Monterrey, merecerían pensar también en eso: el favor que la amplificación y el tratamiento público dispensa a los asesinos y sus actos

CASINO ROYALE: NARCOTERRORISMO Y TRASTOCAMIENTO

JAVIER CORRAL JURADO

El atentado en Monterrey, Nuevo León, en el que han perdido la vida 53 personas inocentes, estrujó al país entero. El asesinato ha conmocionado de tal manera que, dos de los más reputados analistas políticos, expertos en el manejo del lenguaje, diestros en la descripción de los hechos, han confesado sensaciones que antes no habían experimentado, entre la mudez y la estupefacción. "Todos, aun los profesionales de la palabra, perdemos el habla ante la magnitud y el significado del ataque al casino de Monterrey", escribió Miguel Ángel Granados Chapa.
"Sacudidos por la tragedia, experimentamos una sensación contradictoria ante la narración de estos acontecimientos. En una primera reacción buscamos detalles, historias, pistas, que nos ayuden a entenderla. No alcanzamos a comprender que una crueldad como la que ocasionó esta tarde el asesinato en Monterrey desborda el raciocinio", comentó en la radio Raúl Trejo Delarbre.
Monterrey es una sacudida que pone delante de nosotros la dimensión inescrupulosa y bestial, por la ambición insaciable de dinero, de los narcotraficantes mexicanos. En sus fríos cálculos no hay límite alguno, y calcinar personas es el acto pensado para sembrar el miedo entre la sociedad, a la que desean fuera de la acción de la denuncia, de la protesta o de la autoprotección. Nos quieren aterrorizados.
Ese el propósito de actos como el perpetrado el pasado 25 de agosto, porque el terrorismo en general, y el narcoterrorismo mexicano en partícular, hace objetivo a la población civil y busca amedrentar, asustar y hartar a la población en general.
El narcoterrorismo comenzó en Colombia en la década de los años 80. El primer atentado de este tipo ocurrió el 13 de enero de 1988 afuera de la casa de Pablo Escobar, cabecilla del cártel de Medellín, estalló el primer coche bomba sin que se produjeran víctimas mortales. Ese ataque aparentemente perpetrado por el rival cártel de Cali, hizo que Escobar ordenara la explosión de más de 200 bombas por todo el país hasta casi lograr la claudicación de todos los poderes del Estado frente al poder del narcotráfico.
El mayor atentado de esa escalada costó la vida de 91 personas. Fue la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, en el que murieron 11 magistrados. Aquel hecho marcó en toda su dimensión la peligrosa fusión entre extremistas de izquierda y los narcotraficantes, en este caso el cártel de Pablo Escobar, a quien se acusó de financiar el atentado y pagar por él 2 millones de dólares. El grupo guerrillero de inspiración marxista conocido como el M-19 llevó a cabo el asalto de la sede del Poder Judicial, haciendo rehenes a los magistrados. El enfrentamiento entre los asaltantes y los militares provocó el incendio del edificio, que entre las llamas se llevó los archivos sobre casos de narcotráfico.
Podríamos decir que el narcoterrorismo en México apareció en junio de 1994, el cártel de los hermanos Arellano Félix colocó un coche bomba enfrente del hotel Camino Real de Guadalajara, en el estado de Jalisco, con la finalidad de matar a su rival, Ismael El Mayo Zambada, aunque el artefacto detonó antes de tiempo. Pero el hecho que más nos conmovió para su tiempo fue el del 15 de septiembre de 2008: dos hombres arrojaron una granada en el Centro Histórico de Morelia cuando se desarrollaban los festejos del Grito de Independencia. 37 personas lesionadas y 8 muertos fue el saldo de la acción perpetrada por Juan Carlos Castro Galeana, El Grande, y Julio César Mondragón, El Tierra Caliente.
Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación desestimó las acusaciones de la PGR por delincuencia organizada en modalidad de terrorismo; y terrorismo. El delito delincuencia organizada con finalidad de cometer terrorismo fue cambiado por delincuencia organizada, en su agravante de delitos contra la salud; el delito de terrorismo fue cambiado por portación de granadas; la imputación de homicidio agraviado en grado de tentativa, fue rectificado por el de homicidio agraviado; y el cuarto, posesión de granadas de uso exclusivo de las fuerzas armadas quedó en lesiones calificadas.
Junto con el terrorismo, el narcotráfico fue incorporado a la agenda de amenazas a la Seguridad Nacional desde la década de los ochenta. Por su imbricación con la corrupción política y el riesgo de desestabilización para las instituciones democráticas. Nunca como ahora habíamos visto esa dimensión y ello está provocando diversas lecturas y reacciones. Por un lado el Presidente de la República ha llamado a reforzar la estrategia de la fuerza y ha urgido al Congreso de la Unión a aprobar las reformas pendientes en materia de combate a la delincuencia organizada y, al mismo tiempo su antecesor Vicente Fox pide pactar con los narcotraficantes una tregua.
Por supuesto que este esquema de actuación de los narcotraficantes, plantea la necesidad de un marco legal para las fuerzas armadas en sus tareas de auxilio a la seguridad pública, a través de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Pero no debe circunscribirse la reacción del Estado sólo a una respuesta del uso de la fuerza, muchos menos que pueda derivar en afectación menoscabo de los derechos humanos por más crueles o cruentos que puedan ser los atentados. Ni el caos, ni la crisis de la inseguridad pública nos deben llevar a retroceder en la afirmación de libertades, derechos y sistema democrático. La respuesta debe ser en el ámbito de la justicia, penal, social, política y económica. Nunca una rendición, como parece proponerlo Fox, en la reacción más osada que generó el atentado de Monterrey.
El expresidente Vicente Fox sugiere negociar con los cárteles una tregua, "valorar la conveniencia de una ley de amnistía, promover acciones internacionales. He tomado la determinación de convertirme en una voz que convoca a México entero a un camino de paz y armonía. Lamento mucho tener que ser una voz discordante. Los hechos nos dicen que no es con violencia como se combate la violencia". No está mal plantear un esquema de negociación, pero jamás como lo plantea Fox.
En efecto, en Colombia, las autoridades plantearon esquemas de negociación con los capos, pero no en términos de una tregua, que significaría una brutal claudicación, ni mucho menos de una amnistía, porque representaría un reconocimiento político o ideológico a los que no son más que inescrupulosos delincuentes, ambiciosos asesinos.
La amnistía es un indulto, por delitos cometidos, partícularmente políticos.
Invocar ese tipo de negociación en este momento dramático, donde aparece el más absoluto desprecio por la vida con acciones de terror, sería conceder un carácter ideológico a lo que es puro negocio, afán de lucro sin límites.
Nuestro admirado paisano —de enorme y grata memoria para nosotros— , Carlos Montemayor, experto en temas de seguridad nacional y movimientos armados en México, descartó siempre una probable conexión o relación por ejemplo entre la guerrilla y los clanes del narcotráfico, como sí ocurrió en Colombia. "No sólo me parece impensable, sino ridículo. Está claro que los vínculos reales y que más interesan al narcotráfico se encuentran en las corporaciones policiales y militares, entre políticos y diversos niveles de la administración pública, con bancos y financieras en el lavado de dinero y en la inversión legal de recursos blanqueados. Éstos son los vínculos reales y útiles al narcotráfico. La guerrilla opera en otros órdenes sociales y con otros objetivos".
No es pues el caso mexicano. La negociación que se puede y, en efecto, debiera plantearse a los principales capos son los términos de "su entrega" a las autoridades y las condiciones para compurgar las sentencias no sólo en términos de seguridad personal, sino de delimitación de las culpas en el ámbito familiar. Pablo Escobar se entregó y se recluyó en una cárcel de su propiedad donde estuvo “preso” desde el 19 de junio de 1991 y hasta el 22 de julio de 1992 fecha en que se fugó antes de que se le trasladara a otra prisión menos lujosa.
Muchas son las cosas que se tienen que hacer en el corto, mediano y largo plazo para interpretar y responder adecuadamente a lo sucedido en Monterrey. Pero lo que esencialmente debiera significar el atentado al Casino Royale de Monterrey, es un trastocamiento. Etico, social, político, jurídico, pero sobre todo institucional. Además de alarmarnos o entristecernos, nos debiera alterar nuestra forma de actuar como sociedad y gobierno, en el conjunto de las responsabilidades que tenemos los actores públicos y privados frente al fenómeno delincuencial y tomar la oportunidad de redireccionar, corregir, reforzar y revisar nuestros compromisos. Y si realmente se trastocara para bien la conciencia social y la acción gubernamental, el actual orden de las cosas cambiaría como momento de quiebre en la lucha contra el narcotráfico.
Identifico este momento como definitorio para agregar al combate al narcotráfico, el combate a la corrupción y a la pobreza. Es hora de actuar en serio contra la impunidad, y revisar el injusto modelo económico que sigue concentrando los ingresos en unas cuantas manos. En la impunidad y en la miseria se anidan las más grandes frustraciones personales que luego se vuelven monstruos sociales.
No se librará la batalla contra el narcotráfico y sus bestiales crímenes, sino se atacan las causas de fondo. La corrupción que la engendra no sólo es policial, sino eminentemente política; ésta tampoco se circunscribe al ámbito de las instituciones de la seguridad o la procuración de justicia. La corrupción en México parece la gran batalla perdida de nuestra transición democrática, porque atraviesa a los distintos niveles de gobierno y a los poderes de la Unión. Se simula una cruzada contra ella, que en ninguna parte arroja una sola acción ejemplar. Los órganos de fiscalización de los Congresos Estatales, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación podrían desaparecer hoy mismo sin merma a las funciones públicas, y sí por el contrario representar un cuantioso ahorro al presupuesto nacional.
La inteligencia policial y militar que se utiliza en la guerra contra el maldito negocio de las drogas, está perfectamente enterada de los otros grandes negocios que al amparo de la corrupción gubernamental se hacen en el mundo de los buenos. El ejemplo no permea, el discurso se vuelve añicos.
El tráfico de drogas es un problema económico, no es un asunto de control territorial, ni mucho menos de patrullaje militar. Es un asunto de mercado, que adquiere para sí una cadena insospechada de producción y distribución en economías de bajos ingresos para las personas y de falta de oportunidades trabajo y educación para la población, sobre todo para los jóvenes. Por ello creo que hay que revertir por un lado la dinámica de operación de ese mercado de drogas al disminuir las ganancias y legalizar el comercio de algunas de ellas, tal y como sucede con el alcohol y el tabaco, causantes de muchas más muertes; o ponerlas bajo una regulación especial, como sucede con los inhalantes, que causan los peores efectos a la salud, y aportan el segundo lugar de muertes al año por las adicciones.
La política presupuestal y de ingresos en México debiera ser también el instrumento para modificar el actual modelo económico, y lograr una mas justa distribución de la riqueza nacional. No nos olvidemos que está ahí, la explicación de nuestro retraso social.

LA JOYA DE LA CORONA Y LA ÚLTIMA LLAMADA

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Después de la masacre del jueves pasado en Monterrey todo se vuelve oscuro, y es desde esa oscuridad que hemos de buscar las claves primeras para salir de este laberinto de sangre y crimen en que se ha convertido la República. Hay un antes sobrecargado de contumacia gubernamental, irresponsabilidad pública y amnesia colectiva. Resulta difícil, si no es que imposible, imaginar un después que no sea la reiteración del desastre como horizonte para la política, la democracia o el desarrollo económico y social.
Desde hace tiempo, el panorama social de México se ha visto marcado ominosamente por la experiencia trágica de la Sultana del Norte. La ciudad que venció al desierto y luego pudo sobreponerse a la adversidad de las crisis de los años 80 para ubicarse en la punta del aprovechamiento nacional del cambio globalizador de fines de siglo, empezó hace unos años a registrar su vernácula “rebelión de las elites”, que iniciaron un éxodo que ahora se extiende a sus grupos medios pudientes que buscan en el otro lado la fuente de alivio, con poca esperanza, frente a la debacle.
A este vaciamiento, relativo y peculiar sin duda, de los grupos dirigentes ha correspondido la acumulación de pobreza periférica pero desde luego urbana, la penetración de la criminalidad en los negocios y las zonas residenciales, incluidos sus centros de educación, y el desgajamiento progresivo del tejido y la cohesión social junto con el declive acentuado de la manera regia de hacer política. Hoy, nadie acierta a describir, no se diga a definir, los parámetros del orden estatal y lo que se nos presenta, de modo un tanto fantasmagórico; es un gobierno zombi y una burguesía en permanente punto de fuga. Los viajes de negocios que semanalmente se hacen desde Houston o Austin, no llenan este vacío que a partir del jueves parece más bien un hoyo negro.
Si atendemos los informes recientes sobre el desarrollo social neoleonés podemos detectar señales primarias poderosas del curso del derrumbe. No sólo se ha mantenido aquella injustificable concentración de ingreso y riqueza que Jesús Puente Leyva señalara pioneramente en los años 60 del siglo pasado. También se ha frenado la capilaridad social y la movilidad de personas y grupos es torpe y cansina. La capacidad productiva y de consumo se centraliza, pero los grupos marginados no se resignan a serlo y desparraman por todo el territorio conurbado la piratería y la actividad informal que más allá de las porosas fronteras de la criminalidad, se vuelca sobre ella hasta imponerle un afrentoso cambio de piel que se vuelve tragedia por la proliferación del reclutamiento juvenil como carne de cañón del crimen organizado.
Debería haberse declarado la emergencia desde hace mucho. Y debería haber sido nacional y federal por la importancia real y simbólica de la entidad y su otrora orgullosa capital, pero todo se convirtió en chalaneo de aventureros de la política y los negocios, manchado por las tragedias precedentes en el Tec de Monterrey o los bloqueos de las grandes avenidas. Y aquí llegamos, sin poder siquiera declarar la clausura de la tienda nacional para hacer el urgente balance.
La función debe proseguir, nos anuncian los Poirés de toda ocasión, y el secretario de Hacienda nos ofrece irse a correr la legua después de que le aprueben –por supuesto– su presupuesto prudente, responsable e intelectualmente honesto –y los calificativos que sigan–, con el cual encararemos con éxito la nueva tormenta de la crisis. Es esta la responsabilidad que nos prohíbe jugar a la ruleta, según apotegma presidencial, y que nos llevará a buen puerto como en 2009, es decir, por abajo del agua y con menos lastre humano que atender, gracias a la mentada prudencia fiscal.
La misión imposible de Cordero y sucesores, así como de los arrogantes jueces de plaza de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de las cámaras, debería ser evitar la recesión y explorar un nuevo curso de desarrollo, como hemos propuesto desde la UNAM quienes firmamos como grupo “Nuevo curso de desarrollo”. Sin estridencias, pensamos posible y necesario gastar más en inversión pública y financiarla sanamente con impuestos y deuda barata y autofinanciable. Proteger mínimamente a los más desprotegidos y convertir en política de todos la inserción pronta de los jóvenes en el trabajo y la educación.
Nada imposible si dejamos a un lado el dogma y la fantasía desorganizada de los monetaristas de última y desvaída generación.
Lo malo es que la joya de la corona se nos cayó y rueda sin rumbo fijo, y eso no se corrige con bravatas y regaños. Ni siquiera con leyes o reformas. Es mejor asumirlo para ver si al hacerlo se nos abren los ojos y empieza a caernos el veinte. Por lo pronto todo es extravío, llanto y rabia de los deudos y las víctimas sobrevivientes. No es una anécdota sangrienta más, sino la última llamada.

viernes, 26 de agosto de 2011

CRISIS Y OPORTUNIDAD

OLGA PELLICER

Cuando parecía que la economía mexicana se estaba recuperando, las exportaciones crecían, las inversiones extranjeras subían y hasta se podía hablar de aumento del empleo, las malas noticias han hecho sonar la alarma. La recesión que comenzó en 2008 no ha terminado; sus manifestaciones actuales son aún más devastadoras. Los países del Atlántico norte, Europa occidental y Estados Unidos, se encuentran ante graves problemas derivados del aumento de su déficit público, las dificultades para pagar sus deudas y la imposibilidad de encontrar nuevos caminos para reanimar sus economías. El futuro no será halagador en esos países: habrá una disminución de sus gastos gubernamentales, los ritmos de crecimiento de su economía serán muy lentos, el desempleo seguirá al alza, sobre todo entre los jóvenes. Para México, muy vulnerable a lo que ocurre en el exterior, las perspectivas son una repetición de lo ocurrido en 2009.
Importa tener presente que el comercio exterior representa un porcentaje muy alto del PIB en México, cerca del 60%. El comportamiento del mismo, alrededor de 65% con Estados Unidos, es fundamental para el crecimiento de la economía mexicana. No es extraño que en 2009, como reflejo de la recesión en aquel país, el PIB en México cayera 6% y se perdieran más de 700 mil empleos. Las cifras desfavorables sobre la situación social en México que salieron a la luz en el censo de 2010 son, en gran medida, el resultado de esa caída.
Los problemas renovados de la situación económica externa llegan en un momento político muy complejo para México. Pronto empezarán las campañas electorales para la Presidencia y, ciertamente, no es fácil para un candidato escoger ese momento para comprometerse con medidas económicas que pueden ser impopulares entre ciertos sectores. Por ejemplo, una reforma fiscal que grave a los grupos de mayores ingresos.
Sin embargo, la dimensión de la crisis es tan seria que resulta difícil ignorarla para quienes pretenden alcanzar la conducción del país en 2012. Por ello, a pesar de sus aspectos negativos, puede convertirse en un factor que propicie que las campañas sean algo más que espectáculos televisivos y se tome como oportunidad para una reflexión más sustantiva sobre los problemas nacionales.
Ante la gravedad de éstos últimos, es difícil creer que se podrá alcanzar la Presidencia sin la voluntad y la capacidad de presentar a la ciudadanía un proyecto político serio. Como señalaba hace una semana Luis Rubio en el periódico Reforma, la victoria requiere al menos de la conjunción de tres factores: “liderazgo creíble, proyecto convincente y estructura organizacional”. La cuestión aquí es determinar qué elementos debe contener un proyecto de gobierno para ser convincente.
Una de las omisiones más dramáticas del debate nacional es reconocer el grado en que los problemas internos están sujetos a lo que ocurre en el exterior. A pesar de las experiencias recientes, la élite política y buen número de comentaristas siguen empeñados en ver la relación con el exterior como algo secundario. Al parecer hay una explicación para ese desinterés: hablar de los factores externos no sube el rating de los comunicadores. Mejor discutir hasta el cansancio sobre el pleito al interior de los partidos políticos que dedicar algunos momentos a reflexionar sobre cómo nos va a ir con la segunda etapa de la crisis económica.
Ahora bien, ese desinterés ya alcanzó un límite. Cuando los problemas tan serios que vive el país, desde los relativos a la criminalidad hasta los concernientes al futuro de la economía, están tan obviamente vinculados al exterior, ningún candidato serio puede pasar por alto esa dimensión. Si algo demuestran los problemas que estamos viviendo es que éstos no se entienden sin una clara visión de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, principalmente en Estados Unidos. Todo programa de gobierno debe partir de ese reconocimiento. Sustituirlo por frases demagógicas de defensa de la soberanía y búsqueda de independencia es la mejor manera de restar credibilidad a cualquier candidato.
El primer gran dilema que debe contemplar un proyecto es hasta dónde buscar la diversificación y hasta dónde un mejor entendimiento con Estados Unidos. En realidad, ambos objetivos no están reñidos. Hoy por hoy la relación más importante de México es con Estados Unidos, país con el cual urge buscar caminos conjuntos para la recuperación económica. Por ejemplo, la elevación de salarios en China está devolviendo atractivo a la inversión estadunidense en México por los bajos costos que supone la cercanía. De México depende, a su vez, determinar cómo aprovechar mejor esos nuevos flujos de inversión.
A su vez, la diversificación es indispensable. No se trata de sustituir a Estados Unidos, sino de alcanzar una diversificación realista, de 5% a 10% mayor de la que existe ahora. Para ese objetivo, la mirada se debe dirigir hacia los horizontes más promisorios, que en este momento se encuentran en Asia. Por lo que se refiere a otros países de América Latina, México se encuentra seriamente atrasado en sus relaciones con esa región, que se ha convertido, sin duda, en el centro más dinámico del comercio y las finanzas internacionales. Para Brasil, China ya es su primer socio comercial, además de haber acordado importantes proyectos de cooperación en cuestiones de energía y tecnología espacial.
La crisis económica en los países occidentales es el punto de partida para una profunda reconsideración de la posición de México en el mundo, sus posibilidades y los retos a que debe hacer frente. Si la élite política no lleva sus reflexiones a la altura que exigen esos retos, mantiene la superficialidad de sus pronunciamientos y no señala objetivos hacia el futuro y la forma de alcanzarlos, se habrá perdido la posibilidad de convertir esta crisis en oportunidad.

A 190 AÑOS DE LOS TRATADOS DE CORDOBA

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Corría el mes de agosto de 1821 y el movimiento de Independencia se acercaba a su fin desde el momento en que se firmó el Plan de Iguala. En él se proclamaba "la independencia de la América Septentrional" y se proponía la unión entre todos los mexicanos. Ese llamado de unión quizá es la característica del documento firmado en Iguala, unión general entre europeos y americanos, indios e indígenas, fortalecida por los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación, el idioma y la conformidad de sentimientos. Asimismo reconocía la religión católica, apostólica y romana sin tolerancia de otra alguna.
A corto plazo, dicha fórmula tenía como objetivo poner fin a las divisiones internas y promover la unión de la nación frente al exterior. Para consumar este movimiento a las órdenes de Bustamante, Quintanar e Iturbide, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, aconteció que llegó a México el último virrey Don Juan de O´Donoju, teniente general del ejército español, ministro de la guerra bajo el gobierno de la regencia, quien durante la intervención francesa en España había conspirado contra el absolutismo de Fernando VII. Pertenecía a la masonería y los hombres de la metrópoli acertaron en enviarlo a México. Sin duda que también hubo una recomendación de nuestros diputados en las cortes, entre ellos Miguel Ramos Arizpe y José Mariano Michelena. No podía este valeroso militar encontrar un panorama más difícil, dado que el dominio español se había derrumbado en la casi totalidad del territorio y las armas españolas eran detestadas por haber empapado sus manos con sangre americana.
O'Donoju percibió la situación rápidamente y así lo manifestó en su proclama a los habitantes de la Nueva España, firmado el 3 de agosto en Veracruz, a los que invitaba a la conciliación, pese a que insistía en que la independencia no la toleraría la monarquía. Se dirigió a Iturbide, a quien le reconoció el mando militar y luego le envió comisionados a Puebla con la intención de parlamentar. Señalaba a Córdoba para que se realizase allí la entrevista y, agudo y hábil, Iturbide decidió tomarle la palabra. Fue el 24 de agosto cuando el exgeneral realista, siempre pérfido en sus designios, Agustín de Iturbide y el último virrey se entrevistaron. Previamente se había convenido en el texto de un Tratado que es conocido hoy con el nombre de Tratado de Córdoba. O'Donoju por sus ideas liberales y las condiciones que encontró en el país, prefirió negociar la independencia y aceptar que en el futuro el país se gobernaría bajo la forma de un imperio monárquico constitucional moderado. A tal efecto se llamaría a reinar al propio Fernando VII o a su hermano, o a varios infantes, o finalmente al que las cortes del imperio designara. Se enviarían comisionados para informar al rey e inmediatamente se crearía una junta provisional gubernativa que elegiría a un presidente y a una regencia.
Tal fue el Tratado de Córdoba que confirmaba el Plan de Iguala, que lo modificaba sólo en cuanto a las personas que podrían ocupar el trono. Iturbide había dejado abierta la puerta de su ambición.
Al día siguiente se redactó el Acta de Independencia del imperio mexicano. "La nación mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, cada parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones, y declara solemnemente, por medio de la junta suprema del imperio: que nación, soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieren los tratados: que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas: que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del Ejército imperial de las Tres Garantías: y en fin, que sostendrá a todo trance y con sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos (si fuere necesario)".

MOREIRA

CARMEN ARISTEGUI

El PRI está en serios problemas. El asunto Moreira está a un punto de lo inmanejable. Algo tendría que hacer, pronto, el PRI con su presidente nacional; y el presidente nacional del PRI tendría que hacer algo, pronto, consigo mismo. El margen se les agota, y lo que cabe es que enfrenten la situación de forma diametralmente distinta a la que hasta ahora han adoptado para sobrellevar esta crisis que, amén del creciente escándalo, podría desembocar en el ámbito de lo penal. La escalada de información sobre el gobernador con licencia de Coahuila, Humberto Moreira, es de tal gravedad que no puede sortearse con disimulos o con chascarrillos que tratan de exorcizar los cuestionamientos, las revelaciones en la prensa y señalamientos y críticas de sus adversarios acerca de temas puntuales y señalamientos específicos: sobreendeudamiento del estado -no es el único caso, pero sí el más escandaloso-, falsificación de documentos, tergiversación y ocultamiento de información a las calificadoras de deuda -que ya se lo cobraron castigando a la entidad en sus valoraciones de deuda-, presuntos retrasos y retenciones de recursos federales para los municipios que debieron ser entregados por el entonces gobernador. Las informaciones reveladas han dejado contra las cuerdas a Moreira, que aún no atina a contestar, sino con ocurrencias, sobre los graves señalamientos de conductas que se le imputan en lo directo a su persona o a integrantes de su círculo más cercano, en lo político y en lo familiar. La carga política que, por supuesto, conlleva la exhibición de informaciones que debilitan a Moreira y comprometen al PRI, si bien es inocultable, no es, en estos momentos, lo más relevante. Al PAN y, más recientemente, al PRD el escándalo les ha servido para denostar al PRI y a Moreira. El líder priista denuncia la existencia de una "campaña perversa... bien orquestada... con la que Acción Nacional pretende desprestigiar al PRI," y dañar a sus dirigentes. La raja política, inevitable ya, no es el tema principal. El tema central, ahora, es saber qué tanto de las acusaciones corresponde a la verdad, con qué elementos de prueba se sostienen y si se hará de todo esto un procesamiento judicial. A Moreira se le considera, a estas alturas, la encarnación del modelo de poder que han ejercido los gobernadores del país en los últimos años. Más señores feudales que gobernantes autónomos de sus entidades. Más de horca y cuchillo que representación federalista. Los gobernadores que han logrado reproducir, en la escala local, muchos de los vicios del viejo autoritarismo que favorecen la insana concentración de poder en la figura del Ejecutivo. El alineamiento de una buena parte de los factores de poder en lo legislativo, judicial, electoral y mediático en torno suyo, tal y como sucedía con el viejo presidencialismo, constituye el fenómeno de poder -post alternancia presidencial- mediante el cual se explica cómo le fue posible a Moreira incrementar de 320 millones de endeudamiento a los más de 32 mil millones que han sido reconocidos y lograr una influencia extendida en el actual interinato y con la próxima gubernatura que encabezará su propio hermano. El poder Moreira alcanzó para lograr la aprobación en el Congreso local de créditos millonarios que permitirán el refinanciamiento del enorme pasivo que arrastrará Coahuila por los próximos 30 años, o más. Un poder sin contrapesos, como el de Moreira y otros gobernadores, permite que por sí mismo o por interpósita persona, el gobernante se enriquezca, oculte, tergiverse o mienta para la obtención de recursos millonarios que se ocupan en obras, carreteras o programas cuyo desarrollo no queda clarificado. A menos que demuestre lo contrario, Moreira se erige en la figura emblemática de los abusos que se pueden cometer desde un poder sin contrapesos. Hasta ahora Moreira no ha hecho una defensa de sí mismo, con datos, papeles o argumentos legales que puedan contrastarse con los ya publicados en su contra. No ha enfrentado el asunto de no ser con intermitentes declaraciones a la prensa en la que solo ha minimizado, trivializado o eludido el tema y las preguntas específicas que deberá contestar de una u otra manera. En tanto eso no ocurra, el presidente del PRI preserva y amplía la incómoda situación que compromete e incomoda a su partido, al candidato de su partido y, por supuesto, a sí mismo y a todos los que lo rodean.

jueves, 25 de agosto de 2011

UMBRAL

JOSÉ WOLDENBERG

Hace cuatro años murió Francisco Umbral -28 de agosto de 2007-. Escritor prolífico, barroco, provocador, maledicente, heterodoxo, tenía una vena lúdica, que lo convirtió en una voz singular, única (dirán las víctimas de sus petardos que por fortuna). Autor de novelas, crónicas, ensayos, estampas de situaciones y personajes, columnas de periódicos, sus fuegos artificiales otorgaban una cierta luminosidad al lado sombrío de la vida, pero sus dardos no dejaron de incomodar a más de uno. Su gracia lo salvaba, su altanería le generó enemigos a diestra y siniestra.
Umbral fue sobre todo un estilo: arrogante, impertinente, juguetón, entregado a los giros del lenguaje, a la explotación intensiva del idioma. Cronista de la estela cultural de la "Santa Transición" española (como él mismo la denominaba), no se cansó de pintar, con sarcasmo y distancia crítica, la vida, obra y milagros de sus contemporáneos. Tuvo y sostuvo relaciones con políticos, escritores, cineastas, actores, jetseters, nobles, pintores, y toda la fauna colorida y diversa que se puso en marcha en el "tardofranquismo", la transición y lo que le siguió, y da la impresión que los frecuentaba porque eran un material perfecto para sus crónicas, los insumos necesarios para su cotorreo, su iconoclastia.
Ejemplos. Entrevistó a quien fuera alcalde de Madrid con Franco, "el conde de Mayalde", sólo para escribir años después: era "menudo y afable, minutísimo y sonriente, era un fascista que no lo parecía... la mujer de Mayalde, era como John Wayne con bragas... Se encontró un Madrid de polvo y mierda y, tras largos años de regiduría, nos dejó un Madrid de mierda y polvo...". Escribía por el gusto de joder al prójimo. No lo invento: "una de las fuentes prodigiosas de mi prosa inagotable es el rencor".
También hacía homenajes. A su manera. Aquí a la cantante Ana Belén. "Nace de nombre Pilar, hija de una portera... Jamás me ha amado. Yo jamás he dejado de amarla. Una vez me dio la alegría de infarto de llamarme para almorzar juntos y solos en El Espejo. Dejé el artículo a la mitad, me puse guapo y tomé un taxi con rubor de novio maduro. Pero mientras el coche corría... vi todo Madrid empapelado de pósters de Víctor Manuel, que cantaba por lo visto al día siguiente... Comprendí que no se debe jugar con los sentimientos de un caballero. Es legítimo ignorarlos, pero no utilizarlos...". "Hace poco me decía en un cóctel: -Para dentro de cuatro años voy a hacer... -Dentro de cuatro años eres ya como Amparo Rivelles, Ana". Juguetea con amigos y enemigos, con novias reales y ficticias, con escritores y vagos, y se construye a sí mismo como un personaje: "Yo era un revolucionario light", "cronista irónico", "intemporal, o sea eterno", "escritor hosco y brillante, insolente y un poco rojo", un dandy sin vergüenza -"no me he movido para nada de Cardin, Dior y Saint-Laurent"-, urbano y vanidoso -"jamás he metido un pie en el mar, y de la fotografía sólo me interesa que me saquen favorecido, o sea que me quiten años"- elitista y "estilista", "voy de look baironiano y pantalón vaquero", pagado de sí mismo -escribe de Lázaro Carreter: "sobre mí ha escrito cosas muy hermosas, aunque menos de las que debiera"-. Es al mismo tiempo un fanfarrón y un clown, alguien que se aburre si no escribe, o que sabe que el tedio del día a día, su grisura, adquiere otra tensión emocional y otros colores si se subrayan las tintas con humor y ácido.
Políticamente incorrecto hace ostentación de conductas que no se sabe si fueron reales o auténticas ficciones, sólo para escandalizar. "Tola es... un gamberro lúcido, intelectual y surrealista... Una tarde de domingo, llena de toda la siniestrez dominical, nos fuimos a su apartamento con dos choricillas del Gijón y, como no se dejaban, Tola les pegó, las insultó, las echó de casa, y yo le ayudé en todo". Un grupo de feministas escribe en las paredes de su departamento "Umbral violador"; dice él porque se atrevió a entrevistar a un auténtico violador para el que pedía "un tratamiento clínico". De todas formas, no baja su belicosidad impostada. Califica a aquella incursión nocturna para pintar los muros de su casa como "la noche de San Bartolomé en bragas", "un aquelarre de brujas de Macbeth".
Y su galería se hincha y expande. "Marisa Borbón, elegante y sobria, con unos ojos donde crece la tristeza y una alegría Moët & Chandon que se apaga pronto"; Pat Kennedy, "la más inteligente de los Kennedy, ya ven ustedes que tiene algo de travesti que, siendo tan mujer, se disfrazase de mujer"; Sisita Milans del Bosch, "tiene el genio de la frase, la deliciosa incultura de la aristocracia militar, el spleen de vivir, las deudas que la prestigian y las mejores piernas de Madrid". Emilio Romero, "siempre ha sido el primer columnista en defensa del que manda". Y es que él sabe que "las élites siempre son las más adecuadas para decir cosas demagógicas". Y por supuesto que ejerce esa prerrogativa. Con estilo y "whiskies envenenados" (Crónica de esa guapa gente. Planeta. 1991).

SALVEMOS AL CONGRESO

MIGUEL CARBONELL

En todas las encuestas de confianza ciudadana, los diputados y senadores del Congreso de la Unión aparecen en los últimos lugares (en muchas salen incluso en el último lugar absoluto). Los ciudadanos tienen una mala imagen de las personas que, según señala la Constitución, tienen la tarea de representarlos. Se tiene la impresión de que los legisladores trabajan poco y de que velan únicamente por sus intereses personales o partidistas y no por los intereses del resto de la población.
Sin embargo, en los informes de actividades que presentan algunos de ellos, nos ofrecen unas cifras apabullantes de reuniones, iniciativas presentadas, intervenciones en tribuna, gestiones a favor de la comunidad, etcétera. No son pocos los informes que consisten en actos espectaculares y muy concurridos, en cuya organización se gastan cientos de miles o incluso varios millones de pesos. Pero nada de eso ayuda a reconstruir la deteriorada imagen de nuestro Congreso, ni la de sus integrantes.
Nadie duda que en el Congreso se presentan y discuten cientos o acaso miles de iniciativas, pero muchas de ellas son de una importancia relativamente menor. Los grandes cambios que demanda la sociedad mexicana continúan pendientes. No tenemos todavía una reforma hacendaria a la altura del desafío presupuestal que enfrentamos, no se ha avanzado en la indispensable reforma laboral y la reforma política sigue secuestrada por intereses de corto plazo que de democráticos tienen poco. Es decir, la discusión y aprobación de casi todos los temas importantes se ha estado posponiendo.
Dentro de unos días el Congreso retoma sus actividades ordinarias, luego de que el 30 de abril (sí, hace casi cuatro meses) entró en receso. Tiene frente a sí el tema del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2012, para cuyo asalto ya se preparan varios gobernadores. Tiene pendiente, además, el impostergable nombramiento de tres consejeros del IFE, la aprobación de una nueva ley de amparo, de un nuevo código federal de procedimientos penales, la Ley de Seguridad Nacional y muchos otros temas, incluyendo las reformas estructurales que ya fueron mencionadas en materia fiscal, laboral y política.
Se trata de una oportunidad fabulosa para rescatar el maltrecho prestigio con el que la ciudadanía mira a sus representantes. Hacer reformas importantes durante 2012, en pleno proceso electoral, será casi imposible, de modo que la campana de la última vuelta está sonando en estos momentos para nuestros legisladores.
Para aquellos que buscan ocupar cargos de mayor relieve el año que viene, debería existir una urgencia absoluta de rendir buenas cuentas. Estoy seguro de que la ciudadanía no apoyaría a un legislador que se haya mostrado incapaz de hacer bien su trabajo si se llegara a presentar de nuevo en una boleta electoral. Muchos ciudadanos dudarán de votar por una persona que, teniendo esa responsabilidad, no pudo siquiera llegar a un acuerdo para nombrar a los consejeros del IFE y quiere ahora ser titular del Ejecutivo. ¿Cómo podría esa persona generar desde la Presidencia grandes acuerdos como los que a México le urgen si ni siquiera pudo sacar adelante un tema tan (relativamente) menor como el nombramiento de los consejeros? se preguntarían muchos electores. La silla del águila le quedaría enorme.
Todos los partidos deberían estar interesados en impulsar las reformas que la ciudadanía reclama. Sobre todo el PRI, que abriga la esperanza de recuperar el Poder Ejecutivo federal, la mayoría del Congreso e incluso quizá (aunque parezca remoto) el gobierno del DF. Si llega a ocupar todos esos espacios necesitará contar con un margen de acción presupuestal y político que sólo se puede alcanzar mediante importantes reformas a distintas leyes y quizás a la Constitución.
Una generación completa de grandes políticos mexicanos que hoy tienen mucho poder en el Congreso está ante su oportunidad de oro. Es el momento en que tendrán que demostrarse a sí mismos y al resto del país si quieren pasar a la historia como estadistas o como pequeños gestores de la mediocridad parlamentaria. Los temas están en la mesa, las alternativas viables han sido analizadas en cientos de seminarios y coloquios, dentro y fuera del Congreso. Se acabaron las excusas. Es ahora o nunca para nuestros legisladores. Ojalá sepan estar a la altura del desafío que enfrentarán a partir del 1 de septiembre, para salvar de esa forma al Congreso y para salvarse a sí mismos del olvido con que se suele castigar a quienes no saben ejercer la política, sino solamente la mezquindad.

LAS CAMPAÑAS DEL DESPERDICIO

CIRO MURAYAMA RENDÓN

El gasto en publicidad gubernamental en México alcanza volúmenes inadmisibles para un país con una severa insuficiencia de recursos públicos. Las organizaciones Fundar y Artículo 19, a través de su proyecto “Publicidad oficial”, documentaron que tan sólo en 2010 las compras de publicidad del gobierno en medios costaron 6 mil 479 millones de pesos, aun cuando el Congreso sólo había autorizado a esa partida un presupuesto de mil 670 millones. En este rubro, el Ejecutivo federal traspasó los límites fijados por el Legislativo en más de 280%.
El gasto en publicidad gubernamental en 2010 significa lo equivalente a un salario mínimo mensual para 3.8 millones de trabajadores. Peor aun, lo que se pagó a los medios supera en más de 50% el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Programa de Apoyo Alimentario en 2010. Si las cifras de gasto revelan prioridades, para el gobierno fue más importante gastar en campañas mediáticas que blindar a la población vulnerable contra el hambre.
Esos 6 mil 479 millones en medios implican lo que hubiera costado una transferencia de 300 pesos a cada uno de los 21.8 millones de mexicanos que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, tuvieron un ingreso que no les permitió adquirir una canasta alimentaria en 2010. Lo gastado en medios por el gobierno es más del doble del presupuesto aprobado por el IFE al conjunto de todos los partidos. Unos tienen la mala fama pero el verdadero dispendio está en otra parte.
Lo peor del asunto, aunque de por sí grave, no es que se distraigan montos que podrían ser invertidos en temas sustantivos, sino que es un gasto innecesario porque los poderes públicos tienen garantizado el acceso a la radio y la televisión en forma gratuita.
En México hay una regulación sui géneris en materia de medios de comunicación electrónica. Pero uno de los aciertos de la normatividad es que establece que existan tiempos oficiales, que se conforman de los llamados tiempos de Estado, que abarcan 30 minutos diarios en radio y televisión; así como del “tiempo fiscal” que desde 2002 implica 18 minutos adicionales al día en tv y 35 en radio.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), es la encargada de administrar esos espacios. En la Constitución se establece que durante los periodos electorales el IFE administrará en forma exclusiva 48 minutos de tiempos del Estado en radio y tv, y aun así el gobierno dispone de 17 minutos diarios en radio para emitir mensajes siempre que no violente la legislación electoral.
De acuerdo con la información de la propia RTC, en el último bimestre de 2010 el tiempo del Estado fue de 35 mil horas en radio y de 6 mil 200 en televisión. De ese tiempo, el Ejecutivo dispuso de 40%. En sólo dos meses, el gobierno tuvo 14 mil 400 horas gratis en radio y 2 mil 600 en tv. Esos miles de horas equivalen a un tiempo englobado de 600 días de transmisión en radio y de 109 días en tele.
Más aún, en la información de RTC sobre el primer bimestre de 2011 se aprecia que el Ejecutivo dispone de 73% de los tiempos fiscales en televisión. Equivalen a más de 4 mil 500 horas o a 189 días seguidos de transmisión si se suman los espacios que gratuitamente ocupa el gobierno en los canales de televisión que se difunden en el país.
Esto demuestra que el gobierno tiene como autoridad pública una amplia cantidad de espacio para difundir sus mensajes sin necesidad de acudir como un cliente particular ante los medios electrónicos.
Si el Ejecutivo utilizara tan sólo la cuarta parte de los tiempos oficiales, tendría 12 minutos a lo largo del día en tv y 16 en radio, unos 36 anuncios de 20 segundos en cada canal de televisión y 48 mensajes por estación de radio, más que suficientes, para que sus campañas de comunicación social llegaran a la población sin tener que pagar a los concesionarios.
Otra cosa es la calidad de los mensajes. En estos días se emite publicidad del Ejecutivo en la cual se presume que se quitó el pago de la tenencia vehicular, uno de los pocos impuestos ecológicos y progresivos que había. Así que se renuncia a tener impuestos pertinentes y se opta por un gasto mediático excesivo.
Cada peso dedicado a comprar espacios de publicidad gubernamental en radio y televisión es un peso mal gastado.

DIFERENCIA ENTRE DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES

GENARO GÓNGORA PIMENTEL

El pasado mes de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en Materia de Derechos humanos, una de las modificaciones sobresalientes es en la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución, a partir de la reforma se nombra “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, anterior a esto, su título era “De las garantías individuales”; Es de llamar nuestra atención, pues, ¿Qué acaso no son equiparables las garantías y los derechos humanos?
Por lo regular se tiende a utilizar de modo indiscriminado los términos derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales.[1]
Los derechos fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar.”[2] Por status, se debe entender la condición de un sujeto prevista por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de ciertas situaciones jurídicas.
En estricto sentido, las garantías son las obligaciones, positivas o negativas, que derivan de algún derecho.
En cambio, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que corresponden a todos los seres humanos, con independencia de cualquier título, que tienen como características su universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia. Son necesarios para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
Estos derechos humanos, que se establecen en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados no sólo por el Estado, sino a nivel internacional a través de los tratados internacionales celebrados por México.
El organismoencargado de velar dichos derechos frente al Estado Mexicano, es La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.[3]
Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas contra dichas violaciones.[4]
También, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia, le permite solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal,[5] uno de sus aspectos, consiste en determinar si algún hecho o hechos constituyen graves violaciones a las garantías y derechos humanos.
Es indispensable que todos respetemos los derechos, para lo cual hay que conocerlos, entre ellos encontramos el de igualdad, libertad, seguridad, derecho a la vida, etc.
Sin embargo, a quien le recae mayor responsabilidad de respetarlos es al Estado, es por eso que dentro del sistema jurídico deben de estar bien establecidos.
Por eso, es importante la reforma constitucional de este año, pues reconoce el pleno, libre y efectivo ejercicio de los Derechos Humanos, distinguiéndolos así de las garantías individuales.
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[1] Góngora Pimentel Genaro; Cossío Ramón, Gudiño José, Silva Juan. Las costumbres del poder, el caso Lydia Cacho. Editorial Porrúa. México 2009. P.3.
[2] Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantías. La Ley del más débil. Madrid. Trotta. 1999. P. 37.
[3] Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Derecho humanos.
[4] Artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de Derecho humanos.
[5] Artículo 97, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL DIABLO Y EL PETRÓLEO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Con razón López Velarde, que estudió la carrera de abogado en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, igual que Manuel José Othón, dijo en La Suave Patria que el diablo nos escrituró los veneros de petróleo. ¿Fue una especie de premonición? Porque sólo el diablo o su espíritu maligno, poseyendo el de algunos hombres, es capaz de cegarlos hasta el grado de impedirles ver la realidad. Lo he dicho muchas veces pero es que me asombra y alarma que se quiera volver lo cierto una cosa distinta de lo que es. Además, lo claro como la luz no admite en Derecho interpretación alguna, aparte de que los poseídos por el diablo le busquen uno y mil recovecos distintos a lo evidente. Se interpreta lo obscuro, lo sinuoso, y qué tiene de esto la afirmación categórica del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución que a la letra dice que "Tratándose del petróleo, no se otorgarán concesiones ni contratos". Es verdad que se añade que "La Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria Respectiva". Y aquí, precisamente aquí, se metió arteramente el diablo violando el texto constitucional porque la Ley Reglamentaria, mediante reforma a su artículo 6º publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre 28 de 2008, dice que "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere". Consúltelo usted, lector, y luego vienen "candados", como les llaman, pero la aseveración inicial queda impresa como premisa de la que se parte para lo subsecuente. Consúltelo y compare lo que he transcrito del párrafo sexto con la reforma legal de 2008. La conclusión es que el primero prohíbe los contratos y la segunda los permite, siendo que una ley reglamentaria sólo debe reglamentar lo manifestado en la Carta Magna y nunca modificarlo. Lo que yo me pregunto es por qué al respecto nadie pone el grito en el cielo o, mejor, por qué no lo pone en las sanciones con que la Constitución castiga a quienes la violan. ¿Por qué nadie habla o incluso grita? ¿Porque estamos en México y aquí "todo se vale"? Y después de la intromisión diabólica vienen las declaraciones altisonantes, solemnes, de conspicuos funcionarios, literalmente carcajeándose de la Constitución. Y declaran con toda tranquilidad sin la menor idea del Derecho, qué digo, de la justicia social. Por supuesto, han abundado y abundan los "corifeos académicos" de menudo disparate que prestos a endulzarle los oídos al poderoso afirman, sin sombra de pudor, que el gato tiene tres patas en vez de cuatro. En efecto, de acuerdo con información proporcionada por Juan José Suárez Coppel, Director General de PEMEX, se espera para el segundo semestre del año en curso, en el que ya entramos, una segunda entrega de "contratos integrales" a empresas privadas para la exploración y producción petrolera en "campos maduros" de la región norte del país. No hay que olvidar que la semana pasada el propio Suárez Coppel anunció la primera para la región sur. Y a futuro ya se prevé lo mismo en Chicontepec.
Ahora bien, conforme a lo explicado por el Director General de PEMEX, Doctor en Economía Monetaria y Comercio Internacional por la Universidad de Chicago, la gran ventaja es que las empresas contratadas aportarán tecnologías en las que México no está al día, lo cual implica aumentar la producción petrolera. Gran ventaja sin duda a la luz de la economía monetaria y del comercio internacional, pero no a la del Derecho en tanto la Constitución cuente con un artículo 27. Sin embargo ni el Director General de PEMEX, ni su jefe el Presidente de la República, ni los legisladores que hicieron de la Ley Reglamentaria del artículo 27 un instrumento violador de éste, han acatado y entendido las palabras claras y contundentes de la Carta Magna: "NO SE OTORGARÁN CONCESIONES NI CONTRATOS". ¿Qué sucede en México? Que los altos funcionarios, sin exclusión de ninguno, ignoran y violan paladinamente la Constitución. ¡Es terrible!

miércoles, 24 de agosto de 2011

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA UNA MEJOR DEMOCRACIA

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Uno de los consensos en la teoría política es que la democracia es una forma de gobierno que hace de la rendición de cuentas de los servidores públicos uno de sus rasgos distintivos. Los planos en los que la misma se articula en las democracias son múltiples y van desde el juicio político, que sobre la actuación de los gobiernos y su desempeño realizan los ciudadanos en cada cita electoral —una de las modalidades en las que la responsabilidad pública de quien toma decisiones colectivas es evaluada—, hasta la específica responsabilidad de tipo penal, administrativa y política a la que los funcionarios públicos están sujetos (dependiendo de sus funciones y jerarquía).
Es cierto que en las democracias las elecciones cumplen una función específica que es la de integrar, a partir de las preferencias electorales de los ciudadanos, los órganos de representación política en donde se procesan y se asumen las decisiones colectivas (que en cuanto tal constituye la finalidad específica primaria de los comicios); pero también lo es que aquellas son también un momento en el que, a través de su voto, los ciudadanos de un país evalúan a sus gobernantes, premiando o castigando su actuación o la adopción de ciertas políticas públicas durante un periodo de gobierno o bien una legislatura. El voto, de aprobación o de rechazo, es una manera en la que opera en las democracias una rendición de cuentas de cara a los electores.
Sin embargo, la rendición de cuentas propiamente dicha consiste en la posibilidad —siempre abierta y, por ello, siempre latente— de exigir responsabilidades a los servidores públicos por los actos realizados y las decisiones asumidas durante su función al frente de un cargo. El punto resulta crucial porque una de las características de las democracias frente a las autocracias es la responsabilidad que supone el ejercicio del gobierno frente a la irresponsabilidad, que es una de las principales características de los regímenes autocráticos.
En ese sentido, no hay constitución democrática que no implique un régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos. Así lo hace también nuestra Carta Fundamental al dedicar su cuarto título a normar precisamente ese régimen. Sin embargo, tanto la regulación normativa —incluido el plano constitucional— como la práctica real de la exigencia de las responsabilidades hace que entre nosotros la impunidad sea la regla y el fincamiento de responsabilidades ante los abusos la excepción.
Por supuesto no pretendo desconocer los avances (insuficientes, por cierto) que como consecuencia del proceso de democratización se han incorporado (como la constitución y gradual fortalecimiento de la ASF o el surgimiento del IFAI y la constitucionalización del derecho a la información) y que inevitablemente redundan en una mejor rendición de cuentas. Pero el trecho por andar en esta materia es, todavía, enorme.
Así, por ejemplo, los alcances de la figura del fuero y la cantidad de funcionarios protegidos por el mismo es inaceptable. Prácticamente no hay alto funcionario del Estado (en el plano federal y local) que no esté escudado frente a la acción penal, algo inaceptable en un régimen democrático. El fuero ha sido no pocas ocasiones utilizado como un escudo protector de conductas ilegales y como la fuente de numerosos actos de abuso de poder.
Un ominoso ejemplo de la impunidad que caracteriza a nuestro orden jurídico se presentó el año pasado cuando el Tribunal Electoral determinó que el presidente Calderón violó la Constitución al emitir mensajes en los días previos a la realización de varias elecciones locales en 2010, pero que no procedía la imposición de sanción alguna.
En el mismo sentido, dependencias como la Secretaría de la Función Pública (y su antecesora, la Secodam), son instituciones ineficaces para hacer de la rendición de cuentas una constante de la actuación de los servidores del Estado y son absolutamente inútiles frente a los eventuales abusos en el ejercicio de su función cometidos por los altos funcionarios.
Es cierto que el tema de la rendición de cuentas ha estado presente en el ya largo debate de la reforma del Estado. Numerosas iniciativas de reforma constitucional han planteado modificar el régimen de responsabilidades, pero también es cierto que nunca ha sido uno de los ejes articuladores de las propuestas que se han presentado (y mucho menos de las pocas, poquísimas, que han prosperado). En los hechos, las alusiones a este tema ha sido más de tipo discursivo, pero es algo que el repensamiento del Estado en clave democrática impone cambiar radicalmente si queremos tomarnos en serio la consolidación democrática de nuestro sistema político.

martes, 23 de agosto de 2011

EN EL MÉTODO ESTÁ EL DETALLE

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Asiste razón al director de Consulta cuando, en respuesta a los críticos que lo acusan de favorecer al PRI, señala que sus encuestas coinciden con otras, así lo demostró al presentar el comparativo de resultados; coincido con Roy Campos cuando advierte que los ejercicios demoscópicos, que miden preferencias por partido y por los aspirantes a la candidatura presidencial, no deben ser tomados como profecía. Si así fuera, bien valdría discutir una reforma para ahorrarnos los más de 15 mil millones que costará el proceso electoral federal del próximo año.
Por experiencia sabemos que las encuestas no son oráculo, ni tampoco hay prueba de que tengan influencia determinante en las preferencias de los electores, cuyo segmento mayoritario es altamente volátil a la hora de las urnas. Leamos las encuestas como lo que son: fotografías borrosas, que intentan desentrañar los humores ciudadanos en un día determinado.
Tratándose de la preferencia por aspirantes, hay que tener presente que los resultados devienen de respuestas obtenidas de muestras aleatorias que no predeterminan afiliación partidista del entrevistado, lo que resultaría imposible para los casos del PRI y PRD, que carecen de un padrón confiable de afiliados; en el caso del PAN, si bien cuenta con un listado de militantes y adherentes, éste registra un extraño y desbordado crecimiento en algunos estados.
Cuando al publicar las encuestas se advierte que las preferencias por tal o cual aspirante son solo entre priistas, panistas o perredistas, según sea el caso, supongo que primero se pregunta (al entrevistado) su intención de voto y luego, en función de esa respuesta, se le pregunta a quién prefiere como candidato presidencial del partido por el que dijo que votaría. Por tanto, el tamaño de submuestra que se obtiene por partido es significativamente menor a la muestra general, y entre menor sea la preferencia por un partido (caso del PRD) menor será el número de respuestas en torno a sus aspirantes. La consecuencia inevitable es que el margen de error se acrecienta, y en ciertos casos la preferencia reportada carece de significancia estadística.
Es cierto que desde 1994 las encuestas se instalaron en el panorama electoral mexicano, como lo es que desde entonces la mayoría de las casas encuestadoras siguen la misma pauta de presentación de sus breves "vitrinas metodológicas" que repiten los mismos defectos, por ejemplo omitir el margen de error específico para cada submuestra. En pocas palabras, la demoscopia mexicana se ha beneficiado del avance tecnológico, pero está anclada en los modelos informativos de hace tres lustros.
Cada partido, o coalición, decide conforme a sus estatutos el método para seleccionar a su candidato presidencial. No hay un método único. El PRD definió, el domingo, que sus aspirantes sostendrán, al menos, dos debates, y que encargará una "batería de encuestas (...) para conocer las preferencias del electorado sobre los aspirantes". Los debates y las encuestas deberán realizarse dentro de los plazos "que la legislación electoral establece". "El Consejo Nacional emitirá la convocatoria (...) y tomará como base los debates, la encuesta (sic) y la realización del Consejo Nacional electivo (sic) para elegir al aspirante mejor posicionado en las encuestas" (Resolutivos del XIII Congreso Nacional Extraordinario).
Hay un pequeño detalle (Cofipe, Art. 211): la convocatoria debe ser emitida, al menos, 30 días antes del inicio del proceso interno. Si la convocatoria del PRD considera lo que se dice en el punto V del Resolutivo de marras, debates, encuestas y Consejo Nacional electivo deben tener lugar antes que se emita la convocatoria, y ésta antes del inicio de la precampaña. Si hay candidato ungido, parece que no ha lugar a precampaña, ni a que el así designado aparezca en TV y radio (Tesis Jurisprudencial de la SCJN No. 57/2010).
Por su parte, el PAN tiene como método "ordinario" la consulta directa a sus militantes y adherentes; si hay un solo precandidato, podría optar por convocar a consulta abierta a todos los ciudadanos. El PRI tiene tres opciones: elección directa con militantes, o con éstos y simpatizantes, o convención de delegados; en cualquier caso puede tener dos o más precandidatos, o uno solo.
Diría Cantinflas: ¡ahí está el detalle! y en los detalles el ...Tribunal.

IMPUESTOS Y TASAS EN UN MUNDO DESIGUAL

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

El 15 de agosto se publicó en The New York Times el artículo de Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, Stop coddling the super rich. Según Forbes, su fortuna asciende a 50 mil millones de dólares y, según Buffett, el año pasado pagó 6.9 millones de dólares de impuestos. Si bien él mismo acepta que es una cantidad importante, llama la atención sobre que la tasa efectiva a la cual se le hizo tributar fue del 17.4%, mientras que para el empleado medio de su empresa fue del 36%.
El punto central del artículo de Buffett es por demás importante. Señala que mientras la mayor parte de los estadounidenses enfrenta serios problemas económicos, el gobierno se empeña en “consentir” a los más ricos y limitar las soluciones al déficit sólo en el recorte al gasto público. Lo que propone es incrementar progresivamente las tasas de tributación, para que así paguen más quienes tengan ingresos más altos.
Las ideas de Buffett han sido tratadas de dos maneras. Algunos han señalado que sus escrúpulos personales deben resolverse de manera semejante, de modo que si quiere pagar más impuestos que lo haga. Otros consideran que sus tesis están sirviendo de ariete al Partido Demócrata frente a los embates de los republicanos y, en especial, al pequeño pero radicalizado Tea Party. En México el artículo se difundió como noticia y ha merecido, hasta donde sé, comentarios en pocas columnas, básicamente de finanzas. Creo, sin embargo, que el signo de nuestros días merece considerar el asunto más ampliamente y analizar las ideas con independencia del propio Buffett.
Si tomamos en cuenta las explicaciones que se proponen acerca de los acontecimientos en parte del mundo árabe, Chile, España, Grecia, Gran Bretaña e India, por ejemplo, o las predicciones acerca de lo que puede venir en el otoño, parece posible concluir que en las expectativas estamos ante una crisis. Mejor dicho: ante una crisis por la falta de satisfacción a muy diversas expectativas. Los movimientos contra el Estado social y de lo que en él resulta más relevante, sus posibilidades redistributivas, comenzaron en los años 70. El enfrentamiento vino, dicho con brevedad, de la idea básica de que el individuo debía alcanzar su pleno desarrollo sin intervención del Estado. Cobrar impuestos diferenciados y, en particular tasas más altas a los más ricos, era un modo de intervenir en la legítima acumulación de la riqueza. Además, se dijo, ello provocaría desincentivar los esfuerzos productivos de quienes más tenían, quienes a su vez dejarían de invertir y, a la postre, reducirían las fuentes de empleo. Desde esta perspectiva, la acumulación de riqueza resultaba intrínsecamente buena no sólo por los beneficios que debiera tener quien la llevara a cabo, sino por los beneficios sociales que llegaría a derramar.
La idea de la más pura individualidad permeó, sin embargo, en un ámbito de actividades más amplio que el económico, al extremo que determina mucho de la cultura de nuestros días. Trabajar para uno, pensar en uno, amasar bienes para uno, se entiende como una correcta manera de actuar. Quien lo haga, será exitoso socialmente. La solidaridad social, ha llegado a decirse, propicia un indebido intervencionismo de Estado, cuando no preludia regímenes autoritarios. La existencia de sujetos insatisfechos se ha considerado una consecuencia de su incapacidad de adaptarse, lo que no puede explicarse sino por una debilidad individual respecto de la cual, nuevamente, el Estado no puede ni debe intervenir.
Es en esta lógica en la que se asienta la concepción de los impuestos contra la cual alega Buffett. Fijar tasas progresivas para que los más ricos paguen más que quienes perciben menos ingresos es un tema que muchos considerarían contrario a las tesis individualistas, generaría excesivas intromisiones estatales y, a la larga y en tanto que inhibiría la inversión, dificultaría crear empleos y con ello el bienestar general. Así, se valoraría contraria toda acción estatal que tratara de quitar ingresos a quienes tienen un derecho a ellos y a quienes por su acción individual, prácticamente egoísta, lograrán aumentar los beneficios sociales.
Lo que Buffett dice es que muchos de los supuestos en que descansa la oposición a tasas progresivas son equivocados. Para él, o al menos así parece advertirse de su artículo, son moralmente cuestionables y económicamente erróneos. Este punto importante debiera dar lugar a más amplias discusiones entre nosotros, ahora que pareciera posible una nueva discusión sobre el régimen tributario nacional. Ningunear el llamado de Buffett por venir de un superrico y sólo por ello sería como negar valor a los conversos, asunto que nos privaría de muchas de las mejores ideas de la historia. Para un Estado que mantiene parte de su legitimidad en un supuesto carácter social esta discusión es desde luego impostergable

LICENCIAS

JAVIER CORRAL JURADO

Santiago Creel puso la “pica en Flandes” cuando decidió pedir licencia a su escaño de senador hace casi tres meses. Sobre todo porque colocó su decisión en el marco de la ética política, no tanto en las formalidades del derecho, que, como lo hemos podido comprobar entre la mayoría de los aspirantes presidenciales, han sido cuidadosamente burladas. Creel dijo con toda claridad que su pretensión electoral hacía incompatible mantenerse en el cargo —para el que se le pagaba—, además de deslindarse del uso de recursos públicos.
Aunque Creel ya no desempeñaba mayor responsabilidad en la Cámara Alta, ni un presupuesto adicional a su dieta, optó por ceñirse al código de ética que rige el desempeño de los servidores públicos en Acción Nacional y ese escrúpulo le trajo una buena ponderación en la opinión pública.
Ahora ha anunciado esa decisión la diputada Josefina Vázquez Mota, que habrá de formalizar el 30 de agosto, cuando concluye su encargo como presidenta de la Junta de Coordinación Política. Su licencia abre entre diputados panistas la búsqueda del nuevo coordinador, sustitución que no será sencilla, dado el referente de extraordinario trabajo político y cohesión que ella deja. Su precampaña está fincada en un mayoritario grupo de diputados que ha asumido —varios con entusiasmo inaudito— promoción y articulación de redes.
Con los dos principales aspirantes panistas liberados de responsabilidades públicas, la contienda adquirirá mayor relevancia y ese hecho puede ser una oportunidad de reposicionamiento entre la ciudadanía; el PAN es el único partido donde existe una real competencia. La oportunidad aumentaría si realiza esa elección por el método abierto.
Los cargos de legisladores —no de todos— más que la posibilidad de disponer de recursos, representan plataformas de posicionamiento mediático y proyección social. Secretarios de Estado y gobernadores sí pueden conjugar la doble ventaja sobre todo en medios para quien sabe usar esas relaciones, que no es, por ejemplo, el caso de Cordero, a quien parece aconsejarlo algún genio de la contrapropaganda en sus declaraciones de prensa.
Pero lo sepa o no aprovechar, la de Ernesto Cordero es la licencia al cargo más esperada, pues a la incompatibilidad señalada por Creel se le agrega la delicadísima función negociadora tanto de la ley de ingresos, como del presupuesto público en el Congreso. Ahí no sólo los adversarios políticos, sino sus mismos correligionarios, ven a Cordero ya mucho más como un precandidato que como secretario de Hacienda. El mayor bemol sería que Cordero nos salga el secretario de Hacienda más caro de la historia en términos de la negociación con el PRI, que si a algo le sabe es cómo sacar ventaja de las debilidades de sus contrarios.
Conocí por fuentes confiables que la salida de Cordero se perfilaba para darse a conocer por estos días y que incluso se tenía como relevo al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, quien decidió hacerse miembro adherente del PAN en el DF hace dos meses. Adhesión singular, primero por la inteligencia que se suma a nuestras filas, pero también porque proviene de una familia priísta de toda la vida.
Sin embargo, los nubarrones sobre la economía parece que han modificado ese escenario, lo cual puede dar margen a que el equipo gobernante y el mismo Presidente reconsideren su decisión en torno de la candidatura de Cordero, y viren hacia la de Alonso Lujambio, con mucho, el mejor perfil que tendría ese grupo. Y en ese caso también debiera apurarse la licencia de quien hoy se desempeña como secretario de Educación Pública y antes como presidente del IFAI, una de las banderas más importantes del PAN en la alternancia.
Además de transparentar la actuación de los aspirantes panistas, las licencias darán más movilidad y autonomía a esas biografías. Es de esperarse que también se suelten más, y se atrevan a decir cosas, a plantear ideas nuevas y relanzar un programa de cambio para México en el que se den a conocer los logros de 10 años del PAN, pero también a realizar un ejercicio autocrítico de lo que no se ha hecho bien y a comprometerse con lo que sigue pendiente por realizar.