GUERRA DE CALDERÓN, PRINCIPIOS A LA DERIVA

ERNESTO VILLANUEVA

Algunos de los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional 2011, elaborada por el área de opinión pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son de preocupar habida cuenta de lo que revelan.

Ante todo debe decirse que es un trabajo de gran calado. Lo organizaron la maestra Julia Flores, y en su preparación participaron los doctores Héctor Fix Fierro, Sergio López Ayllón y Diego Valadés, quienes ya anteriormente, en 2003, hicieron un ejercicio similar con rigor académico y metodológico, como se muestra en esta entrega.

La encuesta aborda más de 100 rubros de la agenda nacional, y ninguno tiene desperdicio. Me interesa compartir, por ahora, la manera en que ha evolucionado la percepción de la sociedad mexicana en materia de transparencia y seguridad. Veamos.

Primero. Como es sabido, el tema de la transparencia ingresa al conocimiento público en el año 2000 y se viene identificando, en sus grandes trazos, a partir del 2003, con el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia. De entrada, la encuesta señala que el 56.2% de los entrevistados está a favor de que la prensa no se halle controlada, mientras que el 27.3% cree lo contrario. También es apreciable el dato de que el 59.8% de los mexicanos manifiesta su desacuerdo con el hecho de que a un periodista se le impida criticar al gobierno. Sobre la lucha del gobierno contra el narcotráfico, la sociedad considera ampliamente que dicha información debe ser pública. En efecto, tres de cada cuatro entrevistados (75.7%) así lo indicaron. Incluso, seis de cada 10 se pronunciaron por que los datos personales de los servidores públicos sean del conocimiento colectivo. En este rubro podrían incluirse los datos de la declaración patrimonial, teléfonos celulares y todo tipo de gasto de representación, tres temas que hoy la autoridad suele clasificar como información confidencial.

La percepción sobre el dicho mexicano que reza: “está bien que roben, pero que hagan algo”, ha dejado de tener el mayor número de adeptos, toda vez que el 38.9% de los entrevistados se expresó en contra de esta práctica, mientras que sólo el 20.6% estuvo acuerdo, lo que supone que sigue existiendo un clima de tolerancia relativa a los actos de corrupción. Paradójicamente, el principal problema del país es la corrupción, según revelan el 22% de los entrevistados (el porcentaje más alto). Es de llamar la atención que los servidores públicos y la policía estén en el penúltimo y último lugar, respectivamente, de aceptación social, con calificación de 5.4 de una escala de 0 a 10, en tanto que nadie obtuvo más del 7.5.

Segundo. La sociedad mexicana es pesimista ante su presente y su futuro. Según la encuesta, en el 2003 el 42.8% de los entrevistados pensaban que la situación era peor que la del año anterior; ahora, en el 2011, los que piensan de esa forman constituyen el 45.1%. Asimismo, si en 2003 el 22.2% opinaba que ese año era mejor que el anterior, en 2011 opinan así sólo el 14.8%. En este 2011 la sociedad percibe la situación como preocupante (45%, poco más que en el 2003, cuando se registró la cifra de 44.1%) y peligrosa (24%, contra el 16. 3% que eso creía en el 2003). En la misma línea, la mayoría de los encuestados considera que la situación del país en el 2012 va a empeorar (39.3%).

El principal temor de la comunidad no es, como uno se imagina por las noticias, ser víctima de la violencia del narcotráfico o el crimen organizado (27.2%), sino de robo con violencia (31.5%). El 19.3% teme ser víctima de fuerzas de seguridad pública. La desesperación de la sociedad por ver que cada día que pasa pierde sus espacios públicos ha generado que la mayoría prefiera la seguridad (42.5%) a la libertad (35.6%). La existencia del Estado encuentra su sustento inicial en asegurar la convivencia pacífica de los seres humanos, circunstancia que en México se está perdiendo, por lo cual la colectividad prefiere sacrificar en buena medida sus libertades para asegurar su supervivencia.

Tercero. Las cosas no han quedado ahí. La zozobra colectiva también se ha traducido en que casi siete de cada 10 entrevistados (66.3%) considere que el toque de queda ayudaría a combatir la inseguridad. Peor todavía, las campañas negras del gobierno federal de estigmatización social han distorsionado los umbrales de respeto razonables de los derechos humanos. En efecto, tres de cada 10 personas están de acuerdo en que se obtenga información bajo tortura de personas sospechosas de formar parte de grupos de narcotráfico. Quienes así piensan son varones, ubicados en las franjas de edad de 15 a 19 y de 45 a 49 años. De igual forma, tres de cada 10 personas estuvieron de acuerdo en que las fuerzas del orden priven de la vida a personas sospechosas de formar parte del crimen organizado, aunque tengan la opción de detenerlos y someterlos a un proceso judicial. ¿No es esto por sí mismo una señal inequívoca de que la guerra de Calderón tiene fallas crecientes? ¿No es una irresponsabilidad utilizar las campañas oficiales para trastocar los principios básicos de los derechos humanos y generar confusión y diluir certezas del deber ser?