EL NUEVO EMBAJADOR

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, ofrece una total continuidad a la política de su antecesor, Carlos Pascual. Ambos funcionarios tienen un perfil similar, son diplomáticos de larga carrera con experiencia en la reconstrucción” de “estados fallidos” y en el combate al “terrorismo”. El último puesto de Wayne fue de funcionario de primera línea en la embajada de Washington en Kabul, Afganistán. La rápida ratificación, por consenso y sin debate alguno, de Wayne el pasado martes habla del acuerdo generalizado entre la clase política estadunidense en relación con México.

Aunque los estadunidenses se quejan de los pocos avances en la “guerra contra el narcotráfico”, al final de cuentas están contentos con la sólida alianza estratégica que han emprendido con Calderón. Los 50 mil muertos son lo de menos. Lo importante es que los mercados, el petróleo y el sistema policiaco-militar de nuestro país continúen intervenidos y manipulados por ellos.

Aquel pacto secreto entre Calderón y el embajador Tony Garza instaurado desde antes de las elecciones presidenciales de 2006, revelado por los cables de Wikileaks en La Jornada, sigue más vigente que nunca. El gobierno mexicano sacrifica la defensa de los intereses nacionales a cambio del apoyo simbólico del gobierno estadunidense a la legitimidad de la presidencia de Calderón.

Ello confirma que la salida de Pascual no fue motivada por diferencia alguna entre los gobiernos mexicano y estadunidense. Obama simplemente cedió al capricho de Calderón en contra de Pascual por los amoríos del diplomático con la hija de Francisco Rojas, así como por sus declaraciones reveladas por Wikileaks. A cambio, Calderón mantiene y profundiza su actitud servil y entreguista hacia los intereses estadunidenses.

Las revelaciones dadas a conocer ayer por The New York Times (http://nyti.ms/pcDBPy) demuestran los extremos a que ha llegado la “colaboración” entre los gobiernos de EU y México. El aparato de inteligencia estadunidense ya no se conforma con enviar aviones espías sobre territorio mexicano, sino que ahora ha asentado directamente un centro de inteligencia dentro de una “base militar mexicana” ubicada en el norte del país con la participación de agentes de la CIA y militares en retiro.

Este centro opera en la modalidad de los “centros de fusión de inteligencia” instalados por EU en Irak y Afganistán e implica un salto cualitativo en la abdicación de la soberanía nacional, ya que mientras Washington antes se limitaba a “compartir” información, hoy “se involucra cada vez más en levantarla de forma directa”. De acuerdo con el reportaje, el siguiente paso será contratar empresas de seguridad privadas, integradas principalmente por ex militares estadunidenses, para llevar a cabo operaciones particularmente delicadas. Funcionarios de ambos países confirmaron al diario, bajo condición de anonimato, que estos nuevos esfuerzos están diseñados específicamente para “dar la vuelta a las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operar en su territorio”.

Es cierto que el pasado 11 de julio Obama finalmente autorizó, después de más de siete meses de dilatación injustificable, una nueva medida que obliga a los más de 8 mil vendedores de armas en los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas a informar cuando una misma persona compre múltiples armas de alto calibre en una misma tienda en el periodo de una semana. Este mínimo esfuerzo por rastrear posibles compras de armas por narcotraficantes mexicanos había sido detenida por la férrea oposición de la Asociación Nacional del Rifle y debido a una notable falta de voluntad política del mismo Obama. Pero la presión de la investigación del programa Rápido y furioso obligó al presidente estadunidense a demostrar que está dispuesto a actuar en contra del tráfico de armas no solamente por vías extralegales, haciéndose de la vista gorda ante las miles de ventas de armas a narcotraficantes, sino también por vías legales.

Sin embargo, estos gestos de “buena voluntad”, o la rápida ratificación de un nuevo embajador de “alto perfil” y el nuevo acuerdo con respecto al eventual ingreso de camiones mexicanos en las carreteras estadunidenses, no cambiarán la situación estructural de fondo. Los estadunidenses están muy contentos con sus relaciones con el gobierno mexicano, porque en lugar de hacerles la vida difícil con peticiones complicadas, como la modificación de las políticas migratoria o de seguridad hemisférica, Calderón se ha convertido en un simple alfil de Washington.

Solamente una enérgica defensa de la soberanía nacional permitirá reducir los efectos nocivos de compartir una frontera de 3 mil 169 kilómetros con un imperio en decadencia, que ha demostrado ser capaz de todo con tal de asegurar su predominio mundial. La llegada del nuevo embajador estadunidense sería una buena oportunidad para que las fuerzas políticas de oposición y la sociedad civil en general expresaran su rechazo a la condenable intervención policiaca y militar en nuestro país.

La “ayuda” policiaca y militar estadunidense no es gratis. Ha llegado la hora de demandar el fin de la Iniciativa Mérida para generar el espacio político necesario que permita construir una nueva política de Estado en materia de seguridad pública que privilegie los intereses de los mexicanos por encima de las necesidades de Washington.