JAVIER CORRAL JURADO
“Las políticas públicas de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por intereses de partido. La formulación de políticas e instrumentos no funciona como punto de encuentro, consenso y soporte de decisiones de Estado… La confrontación entre partidos termina por reducir las posibilidades de la acción social colectiva, que ya es urgente”.
El anterior es uno de los considerandos fundamentales que se encuentra en el informe presentado esta semana por el doctor Jorge Carpizo McGregor como el documento final de diagnóstico y conclusiones de la Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la UNAM, de la que ha emergido una robusta propuesta denominada “Elementos para la Construcción de una Política de Estado”.
El documento presentado por Carpizo es el trabajo de una comisión de universitarios nombrada por el rector José Narro Robles, en la que se encuentran personalidades del prestigio y calidad moral como los doctores en Derecho Sergio García Ramírez, Ernesto López Portillo y Luis de la Barreda, entre otros. Se trata de un documento de gran valor que merece una amplia discusión en la vida política, académica y social de México.
Lo digo por la visión integral con la que se plantea el problema, así como por las soluciones transversales que plantea a los distintos niveles de Gobierno y a los tres Poderes de la Unión. El texto es de una claridad extraordinaria por su perspectiva propositiva y porque no está medrando política o electoralmente con el tema; delinea muy bien la asunción de responsabilidades que tanto actores públicos como privados deben tener frente al problema de seguridad en nuestro País.
Las propuestas son variadas y van desde el planteamiento de llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de dinero, como a colocar a los jóvenes, a las mujeres y a los grupos vulnerables en el centro de las políticas de prevención del delito y combate a las adicciones. Asimismo, señala la necesidad de una adecuada distribución de los recursos entre políticas de castigo al delito y las políticas de prevención.
El documento también recuerda las apremiantes necesidades de ejecutar el presupuesto de seguridad por resultados y de las autonomías tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de los ministerios públicos. Además, plantea un sistema de evaluación para el Consejo de la Judicatura y contempla en muchos de sus postulados una participación activa de la ciudadanía. El documento original e íntegro puede encontrarse en el sitio www.javiercorral.org.
En el tema de seguridad nacional, el documento llama la atención directamente del Congreso de la Unión y de la próxima conferencia parlamentaria que en esta materia se integrará por senadores y diputados pertenecientes a las comisiones de Gobernación de ambas cámaras. Dice el documento: “Aunque existen conceptos generales en el marco jurídico mexicano, hay muy pocos elementos normativos que auxilien en la determinación de los límites del uso de la fuerza en las tareas de seguridad… Debe existir un marco de principios de actuación que imponga límites al uso legítimo de la fuerza en los términos de legalidad, excepcionalidad, protección de los derechos…
“Resulta indispensable que cualquier reforma legislativa en materia de seguridad pública o de seguridad nacional tome en cuenta la necesidad de preservar íntegramente, sin concesiones ni desvíos, el marco democrático en el que debe operar el sistema de seguridad y justicia penal. En primer término, es preciso demostrar rigurosamente cuáles son las necesidades y las implicaciones de cualquier cambio que se proponga en esta materia y por qué no es posible alcanzar los objetivos perseguidos en materia de prevención y sanción del delito con las normas, procedimientos e instituciones con que ya cuenta la República”.
En esta parte se nota la pluma de don Sergio García Ramírez, quien ha insistido recientemente en que el Congreso debe justificar plenamente la ineficacia de las autoridades locales para la intervención de las Fuerzas Armadas. No hay que pasar inadvertido que también el punto 15 establece “diseñar un plan para el regreso de las Fuerzas Armadas a las funciones que les son naturales tan pronto como sea posible”.
El documento llega con una puntualidad exacta. El informe se convierte en una guía orientadora de gran valor para el proceso legislativo, pero que debe trascender a éste; es obligación en el ámbito de la academia, de la autoridad administrativa, de los gobiernos locales, del activismo social, recuperar el documento para lograr el objetivo de que la política pública en materia de seguridad sea una política de Estado
No hay comentarios:
Publicar un comentario