JAVIER CORRAL JURADO
EL UNIVERSAL convocó a diversos actores relacionados con el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones a un diálogo sobre las posibilidades de una tercera cadena de televisión abierta y las características que debiera tener el proceso licitatorio. Estuvo, como siempre, puesto y dispuesto al debate el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, y su equipo de asesores. Gabriel Sosa Plata representó el punto de vista académico e Irene Levy, el de la sociedad civil organizada —e informada —, sobre el tema. Me tocó colocar una mirada más política, y también vinculada con mi rol actual, el ángulo legislativo.
Sostuve que debiéramos apoyar con absoluta resolución la decisión de liberar el espectro para radiodifusión del largo secuestro en que el duopolio de la televisión comercial lo ha mantenido durante décadas. Que no sólo se trata de una tercera cadena, sino que en función de la disponibilidad real de espectro debiéramos hablar de una tercera, cuarta y hasta quinta cadenas nacionales, y varias de carácter regional que redunden no sólo en una mayor competencia, sino que reflejen la pluralidad y diversidad de nación que somos.
Dije que espero se concrete esa voluntad, pues las mayores afectaciones que produce la enorme concentración existente en el mercado de la televisión es política, social y cultural.
De venir, y para que realmente produzca competencia, dos acciones son ineludibles a los reguladores en la materia, y para el mismo Presidente de la república —que a final de cuentas deberá firmar o no el título de concesión por más exclusiva que sea para Cofetel—:
1.- Promover en las cámaras del Congreso la aprobación del denominado “must carry” y el “must offer”, entendido esto como la posibilidad gratuita de retransmisión simultánea e íntegra de señales abiertas en sistemas de TV restringidos. 2.- Rectificar la propuesta de nueva política digital en la que se pretende autorizar a los actuales concesionarios de televisión dar multiprogramación.
Este tema ha generado una polémica que el gobierno de la república no debiera desatender. Diversos actores hemos levantado la voz para advertir que ello significaría nuevos e inaceptables privilegios al duopolio televisivo, y es muy probable que de llevarse adelante la modificación trocará en un escándalo mayúsculo como el que, en plena campaña presidencial del 2006, significó la aprobación de la Ley Televisa, pues ni mas ni menos el Acuerdo de Televisión Digital Terrestre sometido a dictamen de impacto regulatorio ante la Cofemer el 12 de septiembre pasado pretende restaurar la parte más nociva de aquel agandalle que la Corte echó abajo.
Dirigí semanas atrás un largo documento al director general de ese organismo, Alfonso Carballo Pérez, exponiéndole las consecuencias de una eventual aprobación. Di cuenta del texto completo en una de mis colaboraciones semanales para @LaSillaRota. Varios conocen ya mi posición sobre este tema; lo novedoso a nuestros días es la posición pública que ha asumido el grupo MVS Comunicaciones mediante un boletín dado a conocer precisamente ayer, y que constituye una opinión referencial, singular para las reglas no escritas en ese sector, pero de un peso con indiscutibles consecuencias legales y políticas para el asunto.
Sin rodeos ni cobardías, la empresa que preside Joaquín Vargas Guajardo denuncia que esa propuesta de política digital “permite a los concesionarios de radiodifusión prestar servicios de telecomunicaciones ‘por suscripción’, al tiempo que impide a los concesionarios de telecomunicaciones prestar servicios de radiodifusión ‘gratuitos’, como es el caso del Canal 52 de MVS, generando inequidad de trato en contra del interés público. Una vez más, se da trato preferencial a unos y se limita, injustamente, a otros”.
Ahora sabemos que MVS presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria un documento rebatiendo la modificación, solicitando que se contenga el impacto negativo y explicitando que “el ATDT tal y como está establece una diferenciación injustificada, en favor de los concesionarios y permisionarios de canales de televisión abierta, a quienes privilegia permitiéndoles obtener concesiones en materia de telecomunicaciones, sin mediar licitación pública y sin el pago de una contraprestación, lo que vulnera el principio de igualdad, la competencia económica y la libre concurrencia al tiempo que genera nuevas barreras de entrada al mercado de la televisión abierta.
Es notorio que los actuales concesionarios de televisión abierta tienen poder sustancial en ese mercado, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones y para la prestación de servicios adicionales, así como para la multiplexación de señales, implicará la traslación de su posición preponderante en el mercado de televisión abierta al mercado de las telecomunicaciones, provocando así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones se sigan concentrando en unos cuantos agentes económicos.
El ATDT, al propiciar la concentración en manos de unos cuantos concesionarios de radiodifusión, los servicios de telecomunicaciones se contrapone a un régimen que asegure una efectiva pluralidad de concesionarios que evite la formación de grupos de poder en una actividad que tiene una influencia decisiva en la población”. Ahí nomás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario