CALLADITOS

MARÍA AMPARO CASAR

Hasta el momento, los candidatos a la Presidencia nos han venido hablando de grandes proyectos para cambiar el país. No difieren demasiado. Entre muchas otras cosas, todos expresan querer un país en el que prive el orden público basado en el Estado de derecho, todos sitúan a la educación de calidad como uno de los detonadores de la igualdad de oportunidades y del crecimiento económico y todos dicen defender la separación entre iglesias y política.

Pero, ¿qué pasa con cuando tienen la oportunidad de fijar posición frente a eventos que vulneran cada uno de estos principios? Se quedan mudos.

En el último mes los candidatos han tenido la oportunidad, al menos en tres ocasiones, de decir a los votantes qué harían frente a sucesos que claramente atentan contra cada uno de estos valores que dicen querer respaldar, impulsar o salvaguardar. Se han quedado calladitos.

La semana pasada salieron a las calles los maestros de la CNTE y el SNTE desquiciando la Ciudad de México con sus marchas y plantones y ningún candidato dijo esta boca es mía. Los manifestantes afectaron gravemente el orden público y violaran el artículo 6o. de la Constitución que a la letra dice: "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público".

Ninguno de los candidatos dijo esta boca es mía. Ninguno tomó la oportunidad para plantear la necesidad y el compromiso de regular las marchas como hacen la mayoría de las democracias; ninguno habló del orden público o del derecho a transitar libremente como límite al ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas. Ninguno se puso del lado del ciudadano o del comerciante afectado por el caos.

Más preocupantes fueron el motivo de las manifestaciones de los maestros, las demandas asociadas a ellas y las respuestas de las autoridades. Los maestros cierran las principales arterias de la ciudad e impiden la entrada a instituciones públicas y negocios privados durante 12 horas en demanda de la cancelación de la evaluación universal de docentes. Las autoridades capitalinas señalaron que no tocaba a ellos resolver el conflicto con la disidencia magisterial y la Secretaría de Gobernación instaló una mesa para revisar el asunto y otorgó más prestaciones económicas a los maestros.

Ninguno de los candidatos reprobó la acción ni de los manifestantes ni de las autoridades. Ninguno aprovechó la oportunidad para dejar en claro que la educación no es un bien negociable sino una obligación del Estado como dice el 3o. constitucional. Ninguno dijo que actuaría de manera distinta en caso de enfrentar el mismo problema; ninguno dijo que la evaluación al magisterio no estará a discusión; ninguno contestó a la líder del magisterio cuando afirmó: "Nada me costaría pedir a los maestros que salieran a la calle"... y seguir alterando el orden público, secuestrando la educación de calidad y amenazando al Estado.

El 15 de febrero pasado el arzobispo mexicano Norberto Rivera en un documento firmado por él y sus ocho obispos auxiliares formuló claras recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de emitir el voto. Instó a los católicos a no votar por los partidarios o promotores de falsos derechos y libertades, como el aborto y el matrimonio homosexual. El exhorto viola abiertamente no solo la Ley de Asociaciones Religiosas sino el artículo 130 de la Constitución que establece que "los ministros (de cultos) no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna".

Ni las autoridades electorales ni las gubernamentales dijeron esta boca es mía. Tampoco los candidatos. Ninguno exhortó al gobierno a hacer cumplir la ley. Ninguno exigió al IFE castigar la falta. Dejaron pasar de largo el hecho aunque todos dicen respetar el Estado laico; aunque todos dicen estar a favor de la no intervención del clero en la política; aunque todos levantan la bandera de la tolerancia.

He aquí tres ejemplos de problemas bien concretitos sobre los que los candidatos podrían posicionarse frente a la ciudadanía y exponer claramente sus puntos de vista. Decirnos qué hubiesen hecho ellos y qué harían en su turno como gobernantes. Pero no. Dejan pasar los asuntos y mantienen en sus plataformas la promesa del orden público, de la revolución educativa y de la no injerencia de las iglesias en la política.

Está claro. Son más cómodas las grandes definiciones que no llevan a nada, que no arriesgan nada, que no comprometen. Que no enfrentan a sectores poderosos por miedo a perder votos. Está claro, su silencio los hace cómplices y augura que sus gobiernos serán más de lo mismo independientemente de lo que prometan.